Colombia: Amenazas a Periodistas

EL AÑO COMIENZA CON MÁS PRESIONES A LOS MEDIOS Y NUEVOS INFORMADORES QUE TIENEN QUE HUIR O BUSCAR PROTECCIÓN. LAS REDES DE CORRUPCIÓN Y LOS PARAMILITARES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS

Reporteros sin Fronteras expresa preocupación al saber que, el 15 de enero de 2008, Alexander Guerrero, del diario local 'Magangué Hoy' en Magangué (Bolívar), en el norte de Colombia, tuvo que huir tras ser avisado de que existe un plan para eliminarle.

La organización lamenta también las repetidas amenazas de muerte recibidas, en el mismo período, por Humberto Bedoya Henao, de la radio 'Ondas del Meta' en Villavicencio, y Clodomiro Castilla Ospino, director de la revista 'Pulso del Tiempo' y presentador de la emisora 'Voz de Montería', en la ciudad del mismo nombre (Noroeste). Los tres periodistas denunciaron recientemente casos de corrupción o abuso de poder, en los que están implicados funcionaros municipales.

"Siete periodistas colombianos tuvieron que abandonar la región, o el país, en 2006; seis más hicieron lo mismo en 2007. La corrupción y la, supuesta o confirmada, cercanía de un determinado número de funcionarios regionales con el paramilitarismo, hacen casi imposible el ejercicio de la profesión. Es cierto que a los periodistas amenazados se les proporciona vigilancia del Ministerio del Interior. Sin embargo, el hecho de que hagan esfuerzos para protegerles no debe servir de pantalla, y aun menos de excusa, para dejar que los asuntos sensibles se queden donde los dejaron los periodistas. La protección no sirve de nada sin la lucha contra la impunidad y la restauración del Estado de derecho", afirma en un comunicado RsF.

Alexander Guerrero venía recibiendo repetidas intimidaciones desde que, el 31 de diciembre de 2007, dio cuenta de que unos algunos partidarios del ex alcalde Jorge Luis Alfonso López acusado, y después absuelto, de malversación y blanqueo de dinero, y cuya familia al parecer mantiene relaciones con algunos paramilitares, habían robado en la oficina central de la alcaldía. El 1 de enero, cuando el periodista ya había enviado imágenes del saqueo de la alcaldía a sus interlocutores de los canales nacionales Caracol y RCN, uno de los guardaespaldas de Jorge Luis Alfonso López le aprehendió en la calle, y le amenazó de muerte. Cuatro días más tarde, Alexander Guerrero notó que le estaban vigilando unos individuos, subidos en una moto, aparcados delante de su residencia. Más tarde, el actual alcalde de Magangué, Anuar Arana Gechem, que pensaba nombrar a Alexander Guerrero director de su servicio de prensa, le advirtió que se había hecho un contrato por su cabeza, y que iban a asesinarle el 18 de enero. Escoltado por la policía, el periodista decidió marcharse de la ciudad el día 15.

Corruptos y paramilitares

Por otra parte, Humberto Bedoya Henao, director del programa informativo "Hechos y Opiniones" en la emisora 'Ondas del Meta' en Villavicencio (Meta), en el centro del país, fue amenazado por teléfono el 22 de enero de 2008. El anónimo interlocutor invitó al periodista a asistir a su propio entierro. La intimidación se produjo pocas después de que el periodista revelara un fraudulento traspaso de un mercado público, llevado a cabo entre la alcaldía y el empresario Leonado Pérez. Al periodista ya le habían amenazado en octubre de 2007, después de que hiciera público el expediente judicial de un candidato a la alcaldía de Villavicencio. Según la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), la situación de Humberto Bedoya Henao se ha puesto en conocimiento del Ministerio de Interior y Justicia.

Finalmente, el 17 de enero de 2008, Clodomiro Castilla Ospino, colaborador del programa "Bloque Radial" en la radio 'Voz de Montería' y director de la revista 'Pulso del Tiempo', denunció en las ondas de 'W Radio' haber recibido amenazas de muerte, la última de las cuales la atribuye el coronel Francisco Miranda, un oficial de la policía local. El periodista relacionó esas amenazas con sus recientes investigaciones sobre algunos casos de desvío de fondos públicos por parte de funcionarios, sospechosos de connivencia con los paramilitares. El Ministerio de Interior y Justicia ha puesto protección a Clodomiro Castilla Ospino.

Aumenta la violencia contra el periodismo

Colombia es el segundo país más peligroso para el periodismo en Latinoamérica, después de México, por el número de informadores asesinados. La situación ha empeorado durante 2007, entre otra razones porque algunos periodistas han sido colocados en la diana de los asesinos por las propias autoridades. Así, las organizaciones nacionales e internacionales de prensa han expresaron su enérgica repulsa por las declaraciones del propio presidente Álvaro Uribe, quien ha legado a acusar públicamente a dos periodistas de relevante trayectoria. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que sus comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra de ambos, provocando además el exilio de uno de ellos. El CPJ denunció la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación. Los afectados fueron los periodistas Daniel Coronell, director de noticias del Canal 1 y columnista de la prestigiosa revista “Semana”, al que el presidente en un diálogo radial calificó de "cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional"; y Gonzalo Guillén, corresponsal de diario “El Nuevo Herald” de Miami, que se vio obligado a abandonar Colombia tras recibir más de veinte amenazas de muerte. Uribe le había llamado "difamador de baja calidad".

La Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER), también llamó la atención al presidente Uribe, para que atemperase su lenguaje . La FELCOPER denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos o inexactos.

Curiosamente los señalamientos del Presidente Uribe han sido, siempre, seguidos de amenazas de los paramilitares, los más activos contra la prensa crítica.

Así, destacan los sucesos ocurridos en el municipio de Chinú (Córdoba), zona norte del país y uno de los departamentos de mayor actividad paramilitar. Allí una turba de simpatizantes de Colombia Democrática, la organización política que mayor número de dirigentes detenidos tiene por la llamada “parapolítica”, golpeó a los periodistas Milton Otero y Julio Daniel Otero, reportero gráfico y director del quincenario “El Observador”.Milton Otero denunció que el intento de linchamiento podría estar relacionado con las denuncias publicadas en “El Observador” sobre casos de corrupción que alcanzan al ex alcalde y a los posibles vínculos de políticos de esa coalición con los grupos paramilitares de la región.

Medios contra la violencia

La situación de grave inseguridad que viven los y las periodistas colombianas desde hace muchos años ha llevado a multitud de denuncias tanto nacionales como internacionales, que tuvieron su cenit en las acciones que se realizaron en la ciudad de Arauca, donde se produjo el lanzamiento del “Código de Protección para el Cubrimiento de los Actos Electorales” y se distribuyó la segunda edición en español del “Manuel de Protección para Periodistas: Noticias en vivo” de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

El programa de capacitación se realiza merced al trabajo conjunto del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia, la Corporación de Medios para la Paz y la Agencia Sueca de Cooperación.

En los últimos 16 años, solo en Colombia, 39 periodistas han sido asesinados en cumplimiento de su trabajo profesional.

(Fuentes: Periodistas-es y Revista Pueblos)

Latinoamérica: Mujeres

CINCO MILLONES DE LATINOAMERICANAS SON VÍCTIMAS DEL TRÁFICO DE PERSONAS.

aUnas 800.000 personas caen en redes de trata para su explotación sexual, laboral o la extracción de órganos.

aLos traficantes actúan al amparo de la corrupción de las autoridades en México, Colombia o Argentina.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo más afectadas por esta lacra. Un drama colectivo, una verdadera explotación de género que no tiene reflejo, habitualmente, en los grandes medios de comunicación, que mantienen un silencio que los hace cómplices de esta situación.

Según un informe realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, más de cinco millones de mujeres y niñas son víctimas de tráfico de personas en América Latina y el Caribe. Así lo declaró Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la organización, quién, además, agregó, en el marco del foro Experiencias exitosas de atención a víctimas, celebrado recientemente, que más de 500 mil de todos esos casos tienen lugar en México. El tráfico de personas es algo muy poco aireado dentro de la sociedad latinoamericana, pero en todo un drama que azota sobre todo en las zonas más pobres de la región y que afecta entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de trata.

De acuerdo a lo establecido durante el foro, en el país azteca las protagonistas de estos secuestros son utilizadas con fines de explotación sexual y laboral, pornografía y tráfico de órganos humanos.
A pesar de que en muchos casos el tráfico de órganos sea considerado una fantasía que se halla en el imaginario de la sociedad, existen hechos comprobados de desapariciones repentinas de hombres y mujeres que luego son convertidos en donantes de órganos ilegales.
No obstante, este entramado mafioso que conjuga prostitución, drogas, venta de órganos y demás tiene como común denominador, según se expuso en el foro organizado por el Instituto Coahuilense de las Mujeres, al poder político y policial, convirtiendo a la trata de personas en la tercera industria ilícita más poderosa del mundo.

Colombia, punto de distribución de la red

Colombia, está considerada por los expertos como el país latinoamericano más utilizado como puerto de tránsito de mujeres secuestradas con fines sexuales de los países vecinos, como Ecuador, Perú y Bolivia.

Durante la "Conferencia Regional Trata de Personas: Teoría y Práctica en la Cooperación Regional e Internacional", realizada en Bogotá y organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito (UNODC) y la Embajada de Suecia en Colombia, se llegó a la conclusión de que el conflicto interno colombiano contribuye al crecimiento del tráfico de personas.
Sandra Valle, representante regional de la UNODC, destacó que el delito de tráfico de personas es "el negocio de más rápido crecimiento del crimen organizado, con ingresos de entre 7.000 millones y 12.000 millones de dólares al año".
Si bien las cifras de las que se habla llaman la atención, se debería entender a la cuestión de la “trata de blancas” y del tráfico de personas no sólo desde el punto de vista monetario sino , sobre todo, porque se trata de una clara violación de los derechos humanos. Para entenderlo, basta con escuchar alguno de los crudos testimonios de las personas que son recuperadas luego de años de cautiverio.
Estos delitos transnacionales -ya que en la mayoría de los casos las personas sometidas a los traficantes son llevadas por fuera de las fronteras de sus países de origen- son considerados como crímenes de lesa humanidad por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de niños y mujeres.
Muchos de las individuos obligados a abandonar sus países y llevados a regiones lejanas para ser vendidos como mercancías, son devueltos por los proxenetas en la medida en que dejan de serles útiles. Es así la lógica capitalista la que se impone y que hace que se use a las personas como mera mercancía, en una práctia en la que entra en juego la dignidad y la propia vida de seres humanos.

México, centro de explotación sexual de centroamericanas

La asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) ha cuantificado en más de 2.000 las centroamericanas, en su gran parte menores de edad, que son obligadas a prostituirse en 1.552 bares y burdeles de Tapachula, México.
La coordinadora subregional sobre Tráfico y Trata de personas de Save the Children-Suecia, Ana Salvadó, asegura que la pobreza, la falta de trabajo o la búsqueda de una vida mejor, son algunas de las causas que exponen a miles de personas a la posibilidad de caer en redes de traficantes.
Éstas jóvenes son vendidas por unos pocos dólares y, tal como lo mostró la revista mexicana Contralínea, las redes mafiosas actúan al amparo de la corrupción de autoridades locales y federales del país azteca.

El Noroeste argentino y el caso de Marita Verón

Algo similar ocurre en Argentina, dónde, sobre todo, el noroeste del país se encuentra repleto de prostíbulos que explotan a las jóvenes recluidas allí en contra de su voluntad y sometidas no sólo a la humillación sexual, sino también a la violencia extrema y al consumo de sustancias tóxicas, para que sean más “serviciales” con el cliente.

Este parece ser el caso conocido públicamente de Marita Verón, una joven tucumana que con sólo 23 años fue raptada y ya lleva 5 años desaparecida. Desde el primer día de su desaparición, sus padres comenzaron una búsqueda incansable hasta llegar a la hipótesis -ya confirmada- de que a su hija se la llevó una red encargada de secuestrar jóvenes para prostituirlas en el noroeste argentino o venderlas a países como España.
Este entramado mafioso fue denunciado por la madre de la chica, Susana Trimarco, quién se infiltró en ese mundo, simulando ser una prostituta, para llegar a la verdad sobre la desaparición forzada de Marita. Desde ese lugar, pudo recuperar a 19 adolescentes que eran obligadas a trabajar vendiendo su cuerpo, luego de haber sido extraídas de sus hogares y de sus vidas cotidianas.
Tal como lo denuncia la página web oficial del Caso Verón, a pesar de que la trata de blancas en el norte argentino es de “conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema”.
Además, agrega que “cuando un funcionario puso crudamente el tema a la consideración pública, fue echado del Gobierno mientras los regentes de los lupanares eran recibidos en los despachos oficiales para buscar una solución al ´grave problema social´ que implicaba la clausura de los prostíbulos, por dejar a mucha gente sin su fuente de trabajo”.
En este sitio, la familia Verón recibe a diario miles de mensajes de apoyo, de denuncia y de aporte de datos sobre la situación de Marita. Susana Trimarco desde el primer día de la desaparición de su hija no cesó en su esfuerzo por rastrearla y no dudó en poner en peligro su propia vida y sufrió varias amenazas de muerte por parte de los regentes de los prostíbulos denunciados y de los traficantes.
Una de las jóvenes rescatadas por Trimarco de la casa de la regente, Fátima Mansilla, de 16 años, denunció: "Yo dormí a la par de Marita". Otra de las chicas devueltas a su hogar, Andrea Romero (15), declaró que mataron a una de sus compañeras y como castigo pusieron el cadáver acostado a su lado. A su vez, otras jóvenes en la misma situación afirmaron que las obligaban a tomar cocaína y vodka puro antes de estar con los clientes.

Y también en Centroamérica

También en Honduras, existe un caso muy resonante, al igual que el de Verón: el de Jacqueline Jirón, una joven que fue secuestrada y aún no ha sido rescatada. Sin embargo, su familia ha podido rastrear la ruta usada por sus captores para prostituirla en varios países.
Tal como sucedió con Marita, Jacqueline fue llevada al extranjero para ser explotada sexualmente y, continuando con las similitudes entre ambos casos, tanto a Marita como a Jacqueline y a miles de jóvenes que son raptadas le cortaron el cabello y lo tiñeron.
Las mujeres son sometidas a estos cambios físicos para cambiar su fisonomía y no ser reconocidas. A su vez, son obligadas a consumir drogas y alcohol y, en los casos en lo que quedan embarazadas se les practican métodos muy violentos y sumamente peligrosos para hacerlas abortar.

Tanto la madre de Jacqueline como la de Marita pasaron por los lugares dónde fueron llevadas sus hijas para prostituirse. A partir de esa experiencia, la mamá de Jacqueline relató: “Vi cosas que no pensé que existieran. Lo peor, hice cosas que no pensé que haría. Los prostíbulos están llenos de niñas, vendidas por traficantes y abandonadas por sus padres”.
(Fuente: APM-Agencia de pensa del Mercosur)

Brasil: Operación Cóndor

EL GOBIERNO BRASILEÑO ADMITE COMO VÁLIDO EL TESTIMONIO DEL AGENTE URUGUAYO QUE CULPA A LA DICTADURA DE GEISEL Y A LA C.I.A. DEL ASESINATO DEL EX-PRESIDENTE JOAO GOULART

Los documentos desclasificados en los últimos años permitieron demostrar la implicación de Estados Unidos y del entonces Presidente Lindon B. Johnson en el golpe militar contra el presidente constitucional brasileño Joao Goulart en 1964. Lo que ahora se revela, tras la declaraciones de un ex-agente uruguayo es que su asesinato en Argentina por agentes del Uruguay formaba parte de esos mismo planes y de la Operación Cóndor. Ayer el ministro de Justicia brasileño Tarso Genro amitió que el contenido de esas declaraciones sea cierto.

Geisel y la CIA dieron la orden

El ex miembro de los servicios de inteligencia uruguayo Mario Neira Barreiro afirmó que el ex presidente brasileño Joao Goulart fue asesinado por un comando uruguayo siguiendo instrucciones del entonces dictador brasileño Ernesto Geisel y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA). Neira Barreiro declaró, en entrevista al diario Folha de Sao Paulo , que el ex presidente de facto Geisel (1974-1979) fue el responsable político de la ejecución, mediante envenenamiento, de Goulart, quien según la versión oficial falleció de un paro cardíaco el 6 de diciembre de 1976 en la localidad argentina de Mercedes, provincia de Corrientes, próxima a la frontera con Brasil. La orden de ejecutar a Goulart fue impartida al grupo de tareas represivas uruguayo "Centauro", por Sergio Paranhos Fleury, ex jefe de la policía política, la DOPS (Dirección de Orden Político y Social) de Sao Paulo.

Fleury "dijo en una reunión en Uruguay (en que yo no estuve) que había conversado con Geisel" y que éste le dio la orden de asesinar a Goulart. "La CIA pagó fortunas para saber lo que Jango (Goulart) hablaba (en el exilio) y fue responsable por muchas cosas, pero no quiero hablar sobre eso porque tengo miedo" declaró Barreiro durante el diálogo con el diario Folha en el presidio Charqueadas, del estado de Rio Grande do Sul. El hijo del ex presidente Goulart (1961-1964), Joao Vicente, que el año pasado entrevistó a ex agente, dijo que su vida corre peligro.

El ministro de Justicia admite que podría ser válida la declaración

El ministro brasileño de Justicia, Tarso Genro, admitió la "posibilidad" de que el ex presidente Joao Goulart hubiese sido asesinado, como afirma el ex agente secreto uruguayo Mario Neira Barreiro, preso en Brasil y quien asegura haber participado del crimen.

Genro, en declaraciones también a la edición digital del diario Folha de Sao Paulo, reconoce que un eventual ataque contra la vida de Goulart, depuesto en un golpe militar en 1964, "era posible", pues el ex mandatario vivió durante su exilio en Argentina y Uruguay sin ninguna protección. El responsable de la cartera ministerial de Justicia recordó que estuvo durante treinta días en una de las haciendas de Goulart en Uruguay, aprovechando la amistad entre el ex presidente y el padre del ministro. "En ese período me di cuenta que él (Goulart) vivía de modo muy simple y sin la presencia de guardaespaldas. Él recibía visitas de amigos, políticos uruguayos y brasileiros en la hacienda. Es posible que haya ocurrido un atentado, no lo dudo. Pero no se tienen informaciones correctas, algún dato técnico", apuntó.

Tarso Genro agregó que "si se presenta algún dato de que el gobierno brasileño (de la dictadura militar entre 1964-1985) haya articulado eso , el Ministerio de Justicia va a investigar". Genro, sin embargo, señaló que la declaración de Neira Barreiro, quien asegura haber espiado a Goulart entre 1973 y 1976 y participado del supuesto envenenamiento en una de sus haciendas en Argentina y ordenado por los gobiernos de Brasil y Uruguay, "no es confiable".

Neira Barreiro, quien afirmó que Goulart murió por ingerir medicamentos envenenados y no por infarto como informaron las autoridades forenses argentinas, cumple pena en la cárcel de máxima seguridad de Charqueadas, en las afueras de Porto Alegre, por narcotráfico, falsificación de documentos, robo y agavillamiento.

El domingo en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo el ex agente uruguayo dio detalles de esa historia, que ya había adelantado a Joao Vicente Goulart durante la grabación de un documental para la TV del Senado brasileño en la que el hijo del ex presidente se hizo pasar por periodista. Después de la declaración, la familia de Goulart denunció el caso ante el Ministerio Público brasileño, que hasta ahora no se ha pronunciado argumentando que está estudiando todavía la demanda y las pruebas presentadas.

El hijo del ex mandatario, expresó su temor por la vida de Neira Barreira, principal testigo en un eventual juicio por el supuesto asesinato de su padre, y en declaraciones a la TV Globo manifestó que si la Justicia brasileña no se pronuncia llevará el caso a los tribunales internacionales.

El ex policial uruguayo, en tanto, reafirmó al mismo canal que participó del complot para envenenar a Goulart y reiteró que el médico uruguayo Carlos Milles, asesinado después, fue el encargado de cambiar las píldoras que el ex presidente tomaba para sus problemas cardíacos por otras envenenadas.

El asesinato de Goulart forma parte de la Operación Cóndor

En la entrevista diario Folha de Sao Paulo, el agente uruguayo Mario Neira Barreiro da detalles de lo que aparece como una suerte de “tercerización” del Cóndor, en la que la policía política brasileña encomendó a un grupo de tareas uruguayo, el autodenominado Grupo de Acciones Militares Antisubversivas (Gamma) vigilar y, posteriormente, ejecutar a Joao Goulart, derrocado por el golpe militar de 1964, que implantó una de las dictaduras más largas de la región. Los militaresentregaron el poder en 1985, pero a condición de que ninguno de sus hombres fuera investigado, y menos aún, procesado o condenado. Imposición respetada a rajatabla por los seis gobiernos civiles que se sucedieron hasta ahora.

Neira Barreiro, confiesa haber seguido a Goulart a sol y sombra durante tres años (1973-1976). Fue en el Hotel Liberty, de Buenos Aires, donde solía hospedarse Goulart, donde un miembro de la banda Gamma logró acceder a los frascos de medicinas de Goulart, un enfermo cardíaco que había sufrido un infarto en 1974, y allí introdujo las píldoras que lo habrían matado el 6 de diciembre de 1976, en su estancia correntina de La Villa.

Quien elaboró el presunto preparado mortal fue el médico uruguayo Carlos Milles, jefe del grupo Gamma y a quien también se le imputa haber envenenado, en 1978, a Cecilia Fontana de Heber, madre de un ex senador del Partido Blanco de Uruguay.

“Operación Escorpión” fue el nombre de la conspiración que tenía como objetivo la muerte de Goulart, amigo y heredero político del ex presidente Getulio Vargas.

Goulart, el también ex presidente Juscelino Kubitscheck y otros dirigentes democráticos inclinados por una salida negociada de los militares eran vistos como una amenaza por los estrategas de éstos, que por esa razón habrían decidido eliminarlo.

El ex agente uruguayo comparte esa teoría según la cual la dictadura brasileña estaba más preocupada con los líderes moderados que con los grupos armados, totalmente aniquilados en 1976. Neira Barreiro explicó que la “Operación Escorpión” no es hija directa del Plan Cóndor, sacramentado en 1975 en Chile por las dictaduras regionales, sino de las operaciones Jacarta y Bandeirantes, que persiguieron opositores brasileños en la región antes de 1975.Es una afirmación que se empata con informaciones publicadas el año pasado según las cuales los militares y diplomáticos brasileños montaron una red internacional represiva antes de que el Plan Cóndor comenzara a tomar vuelo.

Sin embargo, para muchos las revelaciones del agente uruguayo demostrarían que el crimen formó parte de la Operación Cóndor y el testimonio podría incluirse en un próximo juicio oral que se realizará aquí para juzgar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras.

Los familiares del ex presidente Goulart han presentado ante la Fiscalía General de Brasil una denuncia sobre su posible asesinato. El ex mandatario habría sido envenenado por agentes de inteligencia de Brasil, Uruguay y Argentina, ya que en la provincia de Corrientes, donde ocurrió el presunto asesinato, operaban las fuerzas conjuntas de las dictaduras de estos países. En las investigaciones sobre la Operación Cóndor se descubrió que Goulart pudo haber sido envenenado con “gas sarín”, elaborado en los laboratorios químicos de la policía política del ex dictador chileno Augusto Pinochet por el químico Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay en 1992. En mayo de 2000, la Cámara de Diputados de Brasil nombró una comisión para investigar el posible asesinato de Goulart.

EE.UU. instigó la dictadura en Brasil de 1964 a 1986.

La intervención de Washington en el golpe al presidente brasileño Joao Goulart ya había sido denunciada, pero en noviembre de 2006 fue confirmada por un documento. El historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Carlos Fico descubrió en un archivo en Washington los documentos que confirman la participación de la embajada estadounidense y el Departamento de Estado en el golpe militar. Entre ellos, el informe redactado por el entonces embajador estadounidense, Lincoln Gordon, titulado "Un plan de contingencia para Brasil". Escrito a finales de 1963, en él se planteaban posibles escenarios políticos. Por un lado, Gordon describía el riesgo de una revuelta "de extrema izquierda" e, inclusive, de una "intervención comunista" en el país con el apoyo de la Unión Soviética y Cuba. Por el otro lado, el diplomático planteaba la posibilidad de que Goulart fuera "convencido" de dejar el poder por fuerzas "constructivas".
Tres meses y medio después de que Gordon enviara este informe al entonces consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, estalló un golpe de estado en Brasil.
La historia es conocida. Después de dos días de sublevaciones, miles de soldados tomaron Río de Janeiro en la madrugada del 2 de abril, mientras el presidente del Congreso se preparaba a anunciar que Goulart había dejado la Presidencia. El mandatario, un seguidor del ex presidente Getulio Vargas, no ofreció resistencia a las Fuerzas Armadas y se exilió en Argentina, donde permaneció hasta su muerte, en 1976.
. Dos semanas después del golpe de 1964, asumió la presidencia el jefe del Estado Mayor del Ejército, Castello Branco, marcando el inicio de veinte años de dictadura.
De la ayuda de Washington en los días posteriores al golpe de Estado tam`poco hay dudas. El historiador también encontró un telegrama enviado desde el Departamento de Estado al embajador Gordon el mismo día en que los militares se levantaron contra el gobierno de Goulart. En él se detallaba la ayuda que enviarían a las fuerzas golpistas : cuatro barcos petroleros, un portaaviones, seis barcos de guerra, 110 toneladas de municiones y gases lacrimógenos para controlar a las multitudes, diez aviones de carga, seis de guerra y seis de reabastecimiento.
Washington negó siempre su participación en el golpe militar. En 2003 la prensa brasileña volvió a preguntarle al ex embajador Gordon si habían estado involucrados en algún aspecto del derrocamiento de Goulart. "La participación activa fue absolutamente nula", reiteró una vez más el diplomático.

Con la caída de Goulart comenzó una dictadura que se prolongó en el poder hasta 1985. Fue uno de los períodos más nefastos de la historia brasileña y también uno de los menos discutidos. Recién en los últimos años y con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se comenzaron a abrir algunos de los archivos secretos del Estado.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, EFE, Página 12 y La Jornada)

Colombia: Masacres paramilitares

FOSAS Y MÁS FOSAS. LOS 'NUEVOS' ESCUADRONES SIGUEN SEMBRANDO LOS RESTOS DE SUS MASACRES EN CAMPOS Y CIUDADES. EL CONFLICTO ALCANZA YA LOS 4 MILLONES DE MUERTOS

La laguna y las montañas de tres barrios de Cazucá, junto a Soacha, una ciudad-dormitorio del Sur de Bogotá, son los lugares donde la desarticulada banda de 'Tomasito', un capo paramilitar, escondía los cuerpos de sus víctimas, no menos de 100 asesinatos.

Según los habitantes del sector, hay cuerpos enterrados por toda la zona. La gente estaba callada, pero tras la captura de los 'paracos', familias de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis han comenzado a hablar sobre sus parientes desaparecidos, enterrados en el monte o lanzados a una laguna llamada 'El lago'.
Un mujer que debió abandonar su casa el año pasado, después del asesinato de su esposo, contó: "Él tenía 35 años. El 16 de octubre del 2006, a las 10 de la noche, llegaron dos hombres y una mujer enviados por 'Tomasito' para asesinarlo". Después de golpearlos, incluso a su hija de 13 años, sacaron al hombre de la casa y le recriminaron que no estaba pagando la 'vacuna'."Nos pedían una cuota alta y no la podíamos pagar y por eso nos buscaron. Cuando lo sacaron escuché los tiros y sus lamentos. No podía salir porque me tenían adentro amenazada. Escuché que lo botaron al lago y cuando se iban a ir alcancé a ver las linternas allá cerca..., él está ahí en la laguna", asegura la mujer. Dice que nunca denunció los hechos porque le dijeron que si lo hacía le pasaba lo mismo o a su hija. Dos días después se fue del barrio y dejó abandonada su casa.

Hace dos años y medio, Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sacó de su casa a una joven de 16 años que estaba haciendo el bachillerato y después de matarla la lanzó al lago. Su caso tampoco fue denunciado por miedo a las represalias.
Un hombre que pide la reserva de su nombre, cuenta que dos de sus primos podrían estar enterrados. Otra persona habla de la desaparición de su hermano de 37 años, un vigilante que trabajaba en Bogotá. "El 9 de febrero del 2006 llegaron tres tipos al mando de 'Tomasito' y esperaron a que saliera de la casa a las 4 de la mañana, cuando él se iba a cumplir el turno. Cuando lo vieron le dijeron que los acompañara, que le tenían una mejor oferta de trabajo. Lo único que sé es que lo llevaron hasta la parte de abajo en el lago. Hasta ahora no he tenido conocimiento de si está con vida o no", afirma.

Uno de los antiguos integrantes de la banda y quien fue detenido por la Sijín (policía judicial) de Soacha, contó que sí enterraron a varias de sus víctimas en el sector: "Yo digo que donde vayan a hacer una búsqueda en esa loma los encuentran. También unos fusiles que tenían. Ellos me decían de eso, pero nunca supe en qué parte".

El Comandante de la Policía de Soacha anunció que seguirán con las investigaciones porque desaparecieron muchas personas y se cree que sí hay fosas comunes. La búsqueda será difícil, pues hay versiones que indican que algunas víctimas fueron lanzadas a las alcantarillas.

Años de terror por 'Tomasito'

Fredy Tovar Rodríguez, alias 'Tomasito', sembró el terror en el sur de Bogotá. Desde el 2004, cuando llegó a los altos de Cazucá, dijo que era líder de las autodefensas.
Cometió asesinatos, extorsiones, desplazó a familias enteras y tenía amenazados a los habitantes de Casaloma primer sector, La Capilla y El Oasis, entre otros barrios de la localidad de Soacha. Este hombre fue capturado el pasado 5 de octubre y actualmente está en una cárcel de Boyacá.
Su detención provocó la división entre los hombres a su mando y eso ayudó a que la Sijín de Soacha y la Policía de Cundinamarca los fuera capturando.
El pasado 15 de enero terminó un operativo masivo, con el que fue desarticulada la banda .

Huye la banda de ex-militares de 'Don Diego'

Diego Montoya cayó el 10 de septiembre pasado y desde entonces sus hombres pasaron a la clandestinidad. 'Don Diego' es un alto capo del narcotráfico relacionado con el paramilitarismo y a quien se trata también de involucrar en la masacre de Jamundí, en mayo de 2006, perpetrada por el ejército que atacó una patrulla policial que actuaba contra el narcotráfico.

Así tras la caída, hace unos días de 'Cazador 6', se produjo la desbandada del grupo. En una semana se han entregado 56 integrantes, la mayoría de origen antioqueño y ex soldados.
'Cazador 6', cuya verdadera identidad es Gilberto Carmona, conocido también como 'Míster', tenía mando sobre 160 hombres de seis 'compañías' que cuidaban cultivos de coca o palma y repelían a otros 'narcos', 'paras' o guerrilleros.
Las autoridades investigan versiones según las cuales castigaba con muerte y descuartizamiento a quienes querían desertar o no cumplían tareas. Carmona, de 29 años, de Bello (Antioquia), quien le decía 'Federico' a su revólver y 'Rintín' a su cuchillo, quedó detenido por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El día de su captura en la finca La Zulia de Versalles (Valle) se entregaron nueve hombres. Dos días después hicieron lo mismo cinco más.
El sábado fueron otros 42 y tenían todo u arsenal. Llevaban 156 granadas, 69 fusiles, 2 ametralladoras, 3 morteros y 28.115 proyectiles. Los que desertaron y se acogieron a las medidas de gracia del gobierno dicen que los contrataron para cuidar fincas. Muchos jóvenes del departamento del Norte del Valle murieron en el pasado en esas filas.
En la región continúan activos otros grupos como 'Los Machos' y 'Los Rastrojos' .

Masacre de Jamundi: Se investiga, por orden de Washington

El 22 de mayo de 2006, seis días antes de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, la prensa colombiana informaba de la masacre de Jamundí: “Doce personas muertas, entre ellos, 11 agentes de la Dijin y un civil, dejó como saldo un presunto error militar cuando tropas del Ejército se enfrentaron con una la misión de hombres de la Policía en la vereda Potreritos, de Jamundí en el Valle del Cauca”
Los once policías fueron masacrados por 28 soldados cuando se dirigían a realizar un allanamiento a la Hacienda La Margarita. La masacre fue cometida por el Batallón de Alta Montaña que opera en Los Farallones de la cordillera occidental, al sur occidente de Colombia.
La creación de esos batallones de alta montaña fue una de las primeras medidas que tomó Uribe como presidente cuando comenzó su primer periodo y que fueron anunciados como grupos altamente entrenados, seleccionados y especializados que derrotarían a la guerrilla.
‘Son cinco torcidos de la Sijín y otros cinco hampones’, fue la versión inicial que los militares del Batallón de Alta Montaña dieron después de aniquilar a 10 miembros de la policía judicial conocida como Dijín.
Alvaro Uribe, como ya se ha vuelto costumbre, salió a ofrecer una millonaria recompensa para quien diera información que ayudara a esclarecer el caso. El máximo comandante de la fuerzas militares, general Carlos Alberto Ospina, aseguró que fue un error y Alvaro Uribe condenó el hecho como una masacre.

Los policías asesinados formaban parte de una la unidad que había sido especialmente financiada y entrenada por los Estados Unidos para labores antinarcóticos, y ésta parece ser la razón para que el caso no halla pasado al olvido completamente, como sucedió con el Caso Guaitarilla, en el que siete policías y cuatro paramilitares fueron asesinados por unidades del Ejército, o en los casos de los 16 agentes del DAS, que fueron asesinados presuntamente por militares en abril de 2006 entre los municipios de Hacarí y Playa de Belén, una matanza que fue endilgada a las FARC.

En el Caso Jamundí, el asesinato de toda una escuadra antimafia dependiente directamente de la DEA, causo la ira imperial y su embajador en Bogotá le hizo conocer su malestar al presidente Uribe. En las investigaciones abiertas, los implicados señalan hacia diferentes culpables, tratando de ocultar los verdaderos responsables intelectuales, pero casi todos coinciden en que los narcotraficantes estuvieron de por medio.

Pero hay sospechosos que nunca han sido señalados y que debido a sus antecedentes y relaciones, muchos creen que hacia ellos deberían dirigirse las miradas de los investigadores. Uno de ellos, es el propio jefe de los policías masacrados, el general Oscar Naranjo Trujillo, director de la Policía Judicial, (Dijin), hermano del capo del narcotráfico, Juan David Naranjo, capturado en Alemania en mayo de 2006. Al general Naranjo se le vincula con el narco-paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ y con el narcotraficante Wílber Varela, alias ‘Jabón’. Los fiscales que luego fueron despedidos de sus puestos, aseguraron que el general Naranjo brindaba protección a Wílber Varela. Y precisamente en las muchas hipótesis que se manejan sobre la causa de la masacre de los policías de la Dijin, es una guerra abierta entre Wílber Varela, el protegido del general Oscar Naranjo y Diego Montoya"Don Diego", por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares.

Y el otro hombre a investigar sería nada menos que Álvaro Uribe Vélez.

En el caso de la masacre de Jamundi, la comisión de la policía de Oscar Naranjo al parecer tenia como objetivo la incautación de un cargamento de droga y se dirigían precisamente a la finca “La Margarita” de propiedad del “Clan de los Ochoa”, con el que Uribe ha tenido mucha relación, el menos de tipo familiar.
Alvaro Uribe Vélez es hijo del narcotraficante Alberto Uribe Sierra y de Doña Laura Vélez, prima hermana del patriarca del narcotráfico, el antioqueño, Fabio Ochoa.
El parentesco del “Clan Ochoa” y la familia del actual presidente es bien conocido y la relación de amistad mantenida entre Uribe y Fabio Ochoa también son suficientemente conocidos.

Al conocer de la masacre de Jamundí, el Fiscal Mario Iguarán, habló ante los medios de comunicación y no dudo en calificar la masacre de “un mandado al narcotráfico”.
En contraste con la actitud del Fiscal General de la Nación, Uribe, con voz vacilante en una ceremonia militar dijo que “mi afán no es el afectar carreras militares”, lo cual se tradujo en que no sólo el comandante del Ejército conservó su cargo, sino que no se atrevió a tocar a los supuestos autores del ‘acierto criminal’, a quienes el país estremecido vio entrar a una guarnición militar con paso desafiante, en calidad de supuestos detenidos.

El conflicto se ha cobrado ya la vida de cuatro millones de personas

En el Día de Movilización y Acción Global celebrado este sábado en todo el mundo, en Bogotá, varios expertos que participaron en esta jornada organiada por el Foro Social Mundial (FSM), alertaron con esa cifra.A su juicio, el conflicto colombiano ya ha cobrado la vida a cuatro millones de personas.
En la progresiva internacionalización del conflicto armado interno colombiano y sus secuelas de crisis humanitaria el FSM está llamado a acentuar la movilización social y a ejercer presión sobre las partes en contienda para buscar una salida negociada, según coinciden diversos analistas.
Con matices, pero concordantes en valorar la incidencia que podría tener del FSM en la actual coyuntura, se pronunciaron Pedro Santana, director de Viva la Ciudadanía, organización que ejerce la secretaría técnica del capitulo colombiano del Foro, Luís Fernando Arias, secretario de la Organización Nacional Indígena ONIC, y Marco Romero, director de la Consultoría de Derechos Humanos y desplazamiento, Codhes.
La reciente liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González, rehenes de las FARC, resultado de la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez, y las pruebas de vida de ocho de los 43 rehenes "canjeables" -políticos, policías, soldados y tres ciudadanos estadounidenses- que permanecen en la selva, parecen marcar un punto de inflexión en la guerra larvada de medio siglo.
Los relatos desgarradores sobre las condiciones de cautiverio enviadas por algunos de los rehenes y las fotografías que los muestran encadenados, enfermos y tristes, marcaron el comienzo de 2008, superponiéndose a la galería del horror que a lo largo de 2007 constituyeron las primeras confesiones de los jefes paramilitares desmovilizados, con más de 30 mil crímenes, 973 fosas comunes descubiertas, 1.153 restos humanos exhumados y 901 procesos abiertos.
"El FSM puede contribuir de manera eficaz, desde la sociedad civil continental, en la presión a sus gobiernos y a instancias multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para buscar que tanto las FARC como el Gobierno lleguen a un acuerdo humanitario", opinó Pedro Santana.
Para quien "urge una presión muy grande" sobre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las FARC para que cedan en cuanto a los llamados "inamovibles" a fin de que se produzca en canje de los 43 rehenes por unos 500 guerrilleros presos.

Las FARC exigen desmilitarizar, por 45 días, los municipios de Pradera y Florida, en el occidental departamento del Valle del Cauca, a lo que el gobierno contrapropone una ‘zona de encuentro’ por 30 días, en una región despoblada, sin despeje militar y con la iglesia católica como intermediaria.
La insurgencia, como referente histórico constante desde mediados del siglo XX es apenas uno de múltiples factores de la actual crisis de violencia en este país de 40 millones de habitantes, concentrados en centros urbanos (70 por ciento), cuya población campesina soporta los rigores del conflicto con el desplazamiento forzado como su expresión más notable.
En la última década, unos cuatro millones de campesinos pobres han sido sacados de sus parcelas a causa de la confrontación por el control territorial que enfrenta a guerrilla, bandas armadas del narcotráfico y grupos paramilitares –actualmente desmovilizados mediante acuerdos con el Gobierno-, y sus sucedáneos Águilas Negras y otros emergentes que los relevan.
El pueblo colombiano, y en particular los indígenas, necesitan solidaridad y acompañamiento para explorar salidas políticas humanitarias a los retenidos por las FARC y a las secuelas del conflicto en nuestros territorios, afirmó Luís Fernando Arias, de la ONIC. "Nuestras comunidades sufren estigmatización, efectos sicológicos y organizativos severos y queremos generar en la comunidad internacional conciencia de la situación que padecen los pueblos indígenas, cuyo deseo es que perviva su historia y cultura milenarias", agregó.
Este miembro de la comunidad kankuamo, de la noreste Sierra Nevada de Santa Marta, asolada por frentes paramilitares y presencia de guerrilla, opina que por Colombia pasan las tensiones regionales, derivadas de los modelos que proponen Chávez y Uribe y sus respectivos entornos ideológicos.
"La vida de los pueblos debe estar por encima. Ese debe ser un derrotero que ojala el FSM le plantee a la sociedad. "Somos los ciudadanos quienes debemos trazar cuál es ese ‘otro mundo posible’, que queremos y que lleva como lema el FSM": para la ONIC es un mundo diverso, incluyente, pacifico, participativo, puntualiza, Arias.
Dado que no es tiempo de dictaduras en América Latina, ni de conflictos armados y que Colombia es una excepción, "éste país no ha estado en el centro de la discusión del Foro que se ha preocupado más por los temas sociales que por los humanitarios", afirma Marco Romero, de Codhes.
Romero define la actual etapa del conflicto como "de pulso militar" en la que el Estado aumenta su presencia militar en el territorio y la guerrilla es cada vez más una fuerza irregular, con menos capacidad de golpear grandes objetivos militares y de concentrar fuerza en territorios, pero con alta capacidad de resistencia.
En ese escenario, es que el desplazamiento forzado, que siempre va de la mano de las lógicas de la guerra, se exacerbó en los últimos años, aún bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, con un promedio anual de 200 mil nuevos desplazados, sin contar que la Procuraduría advierte un subregistro cercano al 40 por ciento.
El director de Codhes cree a manera de espejo para Colombia, el FSM debería propiciar que se reediten las luchas que dieron organizaciones del Cono Sur con sus movimientos antiautoritarios, semilla de partidos políticos. Además, ofrecer canales para reflexionar sobre experiencias centroamericanas como las de las patrullas campesinas de Guatemala, similares a las redes de informantes que implanto el Gobierno en Colombia, y evaluar los alcances y correctivos.
"Así como el FSM cumplió un rol decisivo en la movilización de la protesta mundial frente a la invasión estadounidense a Irak, el caso de Colombia debe ocupar un lugar".
"El mundo no puede pasar por alto un conflicto de 40 o más años y cuatro millones de víctimas y debe contribuir a que no sólo se reconozcan los derechos de estas personas sino a garantizar el principio de no repetición de las masacres y de la dimensión de la tragedia humanitaria que tenemos", pero con una salvedad:
"La sociedad colombiana no puede delegar en otras su propia responsabilidad; si no podemos resolver el problema de los desplazados y otros derivados de la guerra, es que hemos perdido la posibilidad de tener una sociedad democrática donde valen los derechos humanos y está en cuestión si somos o no estructuralmente una nación", precisa Romero.
O como dijo el Nobel de Literatura José Saramago, a su paso por Bogotá en 2007: "El día en que la tierra colombiana comience a parir sus muertos, quizá ese día, se sensibilice a la sociedad del mundo".

(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, APIA-Radio Café Estereo y Agencia IPS)

México-España: Sucesos de San Salvador Atenco

EL GOBIERNO MEXICANO DENUNCIADO POR TORTURA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID, POR LA REPRESIÓN DE UNA PROTESTA POPULAR QUE CAUSÓ DOS MUERTOS, MUJERES VIOLADAS Y DECENAS DE DETENIDOS

a26 personas siguen en prisión y hay más de 200 procesos aun abiertos.

Este viernes (25), se presentaba en la Audiencia Nacional española una denuncia por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco (Mexico) en mayo de 2006.

En mayo de 2006, más de 200 personas fueron detenidas, entre los días 3 y 4, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas sucedidas tras el desalojo de unos vendedores de flores.
En la intervención policial, de la que participaron más de 3.000 agentes, murieron dos personas: Javier Cortés, de 14 años, por herida de bala de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y Alexis Benhumea, al que le fue negada la atención médica imprescindible tras el impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno.

En Atenco hubo detenciones ilegales y registros irregulares de domicilios. Los policías ejercieron contra toda la población, no solo contra las personas detenidas, tratos crueles y degradantes, tortura psicológica y física, incluyendo la tortura sexual y la violación a la mayoría de las mujeres. Cinco personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país.
A día de hoy sigue manteniéndose la impunidad de los responsables de dichos sucesos. Mientras tanto, de las personas detenidas dichos días, 26 siguen en prisión, 3 de ellas en un penal de máxima seguridad, con una sentencia de 67 años, y más de 200 procesos judiciales continúan abiertos, plagados de anomalías y carentes de las mínimas garantías jurídicas.
Hace más de un año el equipo jurídico Women´s Link Worldwide ha estado construyendo la denuncia jurídica de este hecho. Este último año se ha creado el grupo 'Atenco somos Todas' con el deseo de que la denuncia vaya más allá de lo jurídico y sea una denuncia colectiva, política y social, de la represión sobre los movimientos y luchadores sociales.
"Sin embargo, nos parecía importante estar allí ese día para expresar lo que queremos, para que se vea que este tema está en la cabeza y los corazones de mucha gente, y reafirmar que no nos van a callar. Sentimos esto como parte de un proceso de reflexión y acción a largo plazo, que queremos construir con otras, apoyándonos y reforzando las redes de movimientos sociales existente", dijeron los organizadores del acto convocado ante la Audiencia Nacional en Madrid (España).

Amnistía Internacional denunció la impunidad

En Mayo pasado, al cumplirse un año de los hechos, Amnistía Internacional emitió un imforme que tituló: "El primer aniversario de San Salvador Atenco. ¿Impunidad intocable?", aun, desgraciadamente, de validez plena. Este es el texto:

"A un año del operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y violaciones al derecho a un juicio justo, la impunidad sigue rampante.

Amnistía Internacional expresa su honda preocupación por la falta de avances en la investigación y sanción de los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Estas violaciones, que han sido incluso reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aún no han sido debidamente investigadas.Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público y la necesidad de procesar a las personas responsables por los actos de violencia que ocurrieron en los disturbios en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006.

Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en estos hechos de violencia. En este sentido, el caso de la indígena Mazahua Magdalena García Durán es emblemático. A pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo Magdalena García Durán sigue encarcelada injustamente.

La actuación del Ministerio Público y el poder judicial del Estado de México en este caso, así como en otros, indica una alarmante tendencia a instrumentalizar la justicia sin sustento legal. Según la información constada por Amnistía Internacional, Magdalena García Duran no ha promovido ni participado en actos de violencia, por lo tanto la organización la considera un preso de consciencia.La conducta del Estado y sus funcionarios siempre debería ser acorde a las normas internacionales de derechos humanos adscritas por México. El gobierno federal debería demostrar su liderazgo y cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, garantizando la investigación de funcionarios federales, estatales y municipales de manera pronta, imparcial y exhaustiva.

Los pocos avances en las investigaciones para esclarecer las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea son motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres debería ejercer la acción penal en los casos de las varias mujeres que, como Bárbara Italia Méndez, con gran valor denunciaron haber sido objeto de tortura, incluyendo violencia sexual, por parte de policías. Estas mujeres aún no han recibido contestación adecuada.

Amnistía Internacional ve con preocupación que a pesar de la evidencia de las violaciones de derechos humanos cometidas contra detenidos/as, las autoridades estatales sólo han acusado a un policía de actos libidinoso y a otros 20 de abuso de autoridad, todos estos delitos menores. Tales acusaciones no reflejan ni la magnitud ni gravedad de las violaciones sufridas por mujeres y hombres detenidos.

La impunidad por violaciones de derechos humanos es uno de los factores más arraigados en México que obstaculiza la mejora en la protección de estos derechos. Los hechos de San Salvador Atenco no deberían ser otro caso más en esta larga historia de impunidad.

Informacion general

El 3 y 4 de mayo 2006 cerca de 3000 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por varias de las detenidas. Al menos 165 de las personas detenidas siguen enfrentando procesos por el delito agravado de ataques a las vías de comunicación, 24 de los cuales siguen detenidas con el cargo adicional de secuestro equiparado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento está llevando acabo una investigación no jurisdiccional acerca de lo ocurrido."

Para obtener más información de éste u otros casos, se puede visitar el Centro de Documentación de AI
(Fuentes: Adital, Amnistía Internacional)

Ecuador: Base de Manta

UN INFORME SEÑALA EL PAPEL DE ESTA INSTALACIÓN MILITAR EN EL RECRUDECIMIENTO DEL CONFLICTO COLOMBIANO, SU RELACIÓN CON IRAQ Y LA PRESENCIA DE DYNCORP
Y OTRAS EMPRESAS DE MERCENARIOS

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Coalición NO BASES - Ecuador, presentará el próximo miércoles 30 de enero en Montecristi, sede de la Asamblea Constituyente, el libro titulado "¿Operaciones de Avanzada o base militar operativa?: un análisis de la Base de Manta".La investigación fue desarrollada durante los ocho años de presencia militar estadounidense en Manta y abarca temas relacionados a la geopolítica regional, la militarización de la Región Andina, las consecuencias económicas, sociales y culturales en la ciudad de Manta y la injerencia en la soberanía nacional.

El trabajo de investigación se basa en testimonios de decenas de personas, recogidos a lo largos de estos 8 años; así como en encuestas realizadas a la población local, y la presentación de una serie de datos técnicos sobre la capacidad operativa de la Base de Manta. Este trabajo se inscribe en la campaña por la no renovación del Convenio de la Base de Manta y por la salida de los militares estadounidenses una vez cumplido el contrato que caduca en noviembre de 2009.

El informe considera, además, que es ilegal la presencia militar de los Estados Unidos en Manta y así fundamenta la demana que la Coalición NO BASES – Ecuador ha realizado a la Asamblea Nacional Constituyente, para que se incorpore en la Nueva Constitución una definición del Estado ecuatoriano como territorio de paz, en base al siguiente texto: “El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios militares con otros Estados”.

Una base al servicio del Plan Colombia, entre otros

En la Conferencia Internacional contra las bases militares, celebrada hace casi un año en Ecuador, el investigador y miembro de la Ong FOR (Fellowship of Reconciliation) John Lindsay recordaba que “Cada día, catorce personas colombianas se mueren por causa del conflicto armado interno. Cada día más de 700 personas son desplazadas forzadamente por razones de violencia política". Y añadía que el gobierno de “Estados Unidos continúa con la ayuda militar de 600 millones de dólares para capacitar a militares colombianos para enfrentar al propio pueblo colombiano”. “Nosotros tenemos otra idea y esa idea es apoyar a la población desplazada que hoy mismo supera más de 3.7 millones de personas”. Una 'inversión' que, a juicio de Lindsay va en la dirección opuesta a los deseos de paz de la sociedad colombiana que busca una solución negociada al conflicto armado:" Ahí están los grupos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de afro-colombianos, de campesinos y pobladores para no apoyar ni la guerrilla, ni el ejército, ni los paramilitares".

Nieves Solórzano de INREDH señaló que la Base de Manta sirve geopolíticamente para continuar con el Plan Colombia y contrarrestar a la guerrilla colombiana, que se mantiene por más de cuarenta años. La abogada de INREDH recordó que el Convenio de la Base de Manta que se termina en el año 2009 es ilegal porque no fue aprobado por el Congreso Nacional en pleno e ilegítimo porque no fue consultado al pueblo ecuatoriano. La Base de Manta que reemplaza a la Base de Panamá, por su posición estratégica, ejerce un mayor control de Latinoamérica y El Caribe. Como añade eñl informe de INREDH, toda base militar extranjera sirve para el control de los recursos naturales como el petróleo, la minería, el agua; pero, también para controlar a los movimientos sociales.

El propio comandante De Luca dijo: “la base de Manta esta ahí para apoyar el Plan Colombia”. Lo que equivale a reconocer que esas instalaciones son una violación absoluta a la soberanía del pueblo ecuatoriano, porque impone la intervención desde territorio ecuatorian en una guerra y eso involucra al Ecuador en un conflicto que no le pertenece.

Informe para el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios

En agosto de 2006 un equipo de expertos elaboró ya un informe para la ONU, que pone de manifiesto la presencia de las llamadas 'Empresas de contratistas', es decir de mercenarios en la Base Aérea Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. La principal la ya trístemente y mundialmente famosa compañía DYNCORP. En Manta, además, uno de sus representantes, montó un sistema de contratación-reclutamiento de mercenarios.

El informe añade que la empresa EPI Security & Investigators, realiza desde Manta contrataciones de colombianos para que presten servicios en la ocupación norteamericana de Iraq. ambién se refiere a la implicación del Ejército ecuatoriano, en especial a las actividades de seguridad privada que le vincula con los intereses de grandes transnacionales y que, con el tiempo podrían generar una oferta laboral para el mercado del mercenarismo. También se refiere a la participación de compañías de seguridad privada y a grupos de autodefensas organizados por los terratenientes locales.
A este respecto, se recoge un informe realizado por el Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ) en el que se analiza la conformación de los cuerpos privados de seguridad, como posible fuente de oferta laboral para el mercado de mercenarios.

La base, una fuente constante de problemas para la población

El complejo militar al que pueden acceder las fuerzas militares estadounidenses comprenden 24.000 hectáreas y afectan a cinco cantones de la provincia de Manabí: Manta, Jaramijó, Montecristi, Rocafuerte y Portoviejo de los que fueron expulsados los campesinos locales. Inicialmente más de 10.000 hectáreas de tierras en los alrededores de la Base Naval de Jaramijó fueron expropiadas a campesinos en los últimos 30 años para adjudicarlas a la Armada del Ecuador, pero sin establecer los linderos. Nunca se les pagó indemnización alguna ni se los reubicó. Y hace ya 10 años.

La práctica diaria demuestra que las principales actividades de los militares estadounidenses en Manta están encaminadas al control migratorio y apoyo logístico a la guerra contrainsurgente de Colombia, proporcionado información en tiempo real, sobre los desplazamientos de las fuerzas guerrilleras que operan en ese país.

Los programas de seguridad implementados a raíz del acantonamiento de militares estadounidenses han generado conflictos con la sociedad civil, pues éstas medidas afectan las formas tradicionales de sobrevivencia de la población de los alrededores basadas fundamentalmente en la pesca y la agricultura. De igual forma, la militarización del puerto de Manta impide el ingreso a los botes de pescadores artesanales, aduciendo que pueden ser parte de un ataque terrorista a la infraestructura del puerto; en tanto que las alambradas colocadas alrededor del complejo militar han modificado las actividades cotidianas de Jaramijó -localidad que ha quedado enclavada entre la base naval y la base aérea- por lo que se ha producido una migración masiva que amenaza con dejar desolada a esta población.

Desde la firma del Convenio, el día 12 de Noviembre de 1999, comenzó la interdicción marítima tanto en aguas territoriales del Ecuador como en aguas internacionales, prueba de ello es que de acuerdo al reporte de la propia pagina web de la Guardia Costera de los Estados Unidos se informa que, en las interdicciones marítimas entre 1999 y 2004, han sido detenidos más de una veintena de embarcaciones que transportaban emigrantes ilegales, en la mayoría de estos casos, dichas embarcaciones jamás regresaron a Ecuador para ser recibidas por las autoridades del país, éstas fueron hundidas. ALDHU denuncio el hundimiento y destrucción de 8 embarcaciones de pabellón ecuatoriano, entre ellas algunas que transportaban emigrantes y otras se encontraban en plenas faenas de pesca en aguas territoriales. Un ejemplo de esto fue el buque pesquero "Santa Maria" hundido el día 3 de marzo del 2004 en faenas de pesca en aguas territoriales del Ecuador.

Con posterioridad a la denuncia efectuada por ALDHU han ocurrido hechos adicionales, como con el buque pesquero "Ochos Sí" interceptado para inspección por supuesto narcotráfico, ésta embarcación se encontraba en faenas de pesca al momento de ser abordada por la fragata 'USS Rentz', la tripulación fue detenida durante cerca de 20 horas y la embarcación sufrió cuantiosos daños por la destrucción provocada durante la inspección, entre éstos la perdida de sus líneas de pesca que no les permitieron recoger; por suerte no se siguió la ilegal y habitual practica de proceder al hundimiento. A cambio se recibió un "disculpe nos equivocamos", dejando en abandono a la tripulación y al buque semidestruido sin prestarles la menor asistencia para retornar a puerto.

Inmunidad de los soldados estadounidenses y de la Dyncorp

Los Estados Unidos han pedido y presionado al Ecuador en reiteradas ocasiones para obtener inmunidad para sus soldados. El entonces Presidente Palacio rechazó esa demanda y Estados Unidos decidió reducir la ayuda militar al Ecuador.

Pero, dentro del Acuerdo de la Base de Manta de 1999 queda establecida la inmunidad para el personal norteamericano, en el Articulo VII numeral 1 del Acuerdo dice: "El Gobierno de la República del Ecuador concederá al personal estadounidense, y a sus dependientes en el país, una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal administrativo y técnico de la Embajada de los Estados Unidos, conforme a la Convención de Viena de 18 de Abril de 1961.

Esta inmunidad fue la que utilizó Estados Unidos para liberar y sacar del país a Peter Karmilowicz, miembro de seguridad de la Embajada, que asesinó a tiros a Pablo Vicente Jaramillo en Quito. El asesino trabaja hoy para el Departamento de Estado.
Esta misma inmunidad es la que ha permitido que Damon Plyler, funcionario norteamericano de la Base, haya evadido la justicia del Ecuador por la muerte de Víctor Manuel Mieles, comerciante de Portoviejo. El Juez ecuatoriano de la causa, ante la imposibilidad de detención por inmunidad, se vio obligado a inhibirse.

La base no ha beneficiado a la economía local. Casi los únicos beneficiados han sido bares y cantinas, algunos de ellos de propietarios norteamericanos ex miembros de Dyncorp, y unos cuantos trabajadores ecuatorianos que realizan tareas de jardinería, mantenimiento y cocina.
(Fuente: INREDH-Ecuador-Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos)

Chile: Los Mapuche

AMNISTÍA INTERNACIONAL INTERCEDE ANTE LA PRESIDENTA BACHELET, PARA EVITAR LA MUERTE DE LA DIRIGENTE MAPUCHE PATRICIA TRONCOSO, MÁS DE 100 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

La organización humanitaria Amnistía Internacional intercedió ayer ante la presidenta chilena, Michelle Bachelet, por la comunera mapuche Patricia Troncoso, de 37 años de edad, en huelga de hambre desde el 10 de octubre pasado, cuya vida corre riesgo vital y en cualquier minuto puede morir. "Apelamos a su alta investidura y sensibilidad para que actúe inmediatamente para prevenir el agravamiento y situaciones que acentúen el deteriorado escenario de violencia de la que han sido objeto individuos y comunidades mapuche en años recientes", escribió la entidad en la carta enviada a Bachelet. La misiva fue firmada por Karl Böhmer y Sergio Laurenti, presidente y director ejecutivo del organismo. Troncoso es la única dirigente que se mantiene en huelga de hambre luego de que los otros condenados con ella por la ocupación de una finca que los indígenas consideran que pertenece a sus tierras ancestrales. José Huenchunao, Jaime Marileo, Juan Millalen y Héctor Llaitul desistieran en razón de su deteriorado estado de salud. Amnistía Internacional expresó al gobierno de Bachelet su preocupación por la situación de riesgo vital de la activista y pidió a las autoridades que garanticen el resguardo de su salud y su situación jurídica sea revisada.

Las Madres de Mayo, también interceden ante la Presidenta Bachelet

También la organización argentina Madres de Plaza de Mayo pidió este lunes a la presidenta Michelle Bachelet, que interceda por la vida de Patricia Troncoso.
"Nos solidarizamos con Patricia Troncoso y esperamos que la doctora Bachelet tenga sensibilidad como mujer que pasó por los campos de concentración chilenos y que no puede olvidar", señaló un comunicado de prensa que lleva la firma de la presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini.
En el texto, las Madres se dirigen a la presidenta chilena "para pedirle que interceda, se preocupe, se ocupe de la vida de la mujer indígena que tiene derechos como ciudadana chilena a exigir y a pedir lo que pide".
Patricia Troncoso, fue condenada en 2001 a 10 años de prisión por un acto de recuperación de tierras en una finca forestal en la que se produjo un incendio. Inició el 12 de octubre una huelga de hambre para reclamar su liberación y la de una decena presos mapuches que fueron condenados por la Ley Antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y triplica las penas en relación a la justicia ordinaria. La huelguista reclama el traslado de estos detenidos a granjas cárceles, la reducción de penas y la desmilitarización de zonas rurales en la región de la Araucanía, en el sur chileno.

Se encuentra en gravísimo estado y denuncia negligencias médicas

Patricia Troncoso, detenida y en huelga de hambre, "puede morir en cualquier momento". Eso aseguró este domingo Berna Castro, su médica privada , quien agregó que "está en grave, grave riesgo vital". La doctora pudo visitarla en el Hospital de Chillán por una vez, ya que está incomunicada por orden del gobierno y allí señaló que "Patricia Troncoso en cualquier momento puede morir. Ella está en la etapa tres, el máximo nivel de gravedad, muy, muy grave".

Desde su habitación en el cuarto piso del pensionado del Hospital Herminda Martin de la ciudad de Chillán al cumplir ayer los 104 días en huelga emitió una carta denuncia donde enumera las negligencias e irregularidades médicas, que achaca a una 'orden del gobierno de Chile'.

Este es el texto de la denuncia:
"1. Los médicos están de vacaciones. Uno de los profesionales más importantes que debieran estar entre el equipo médico, el nefrólogo, quien debe examinarle los riñones se encuantra con sus días libres administrativos, por tanto viene uno desde la ciudad de Concepción (90 kms al sudeste de Chillán) cada 15 días.
2. No disponen del aparato de respiración artificial. El precario hospital no cuenta con un equipo adecuado ya que el aparato de respiración artificial no está disponible para ella, en el caso de usarlo deben solicitarlo a la Unidad de tratamiento intensivo U.T.I. ya que ahí lo utiliza una alta demanda de pacientes.
3. El suero no lo tienen en Chillán. Las soluciones protéicas y vitamínicas (SUERO) que necesita Patricia para poder mantenerse viva, no se encuentran en el hospital de Chillán, deben mandar a pedirlo a Santiago, solo en esa ciudad se fabrica.
4. El silencio de los médicos. Por todo lo anterior, es imprescindible que Patricia Troncoso sea trasladada con carácter de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Santiago, los médicos deben asumir una postura ética profesional y a la vez humanitaria.
El gobierno chileno se encuentra fraguando una estrategia mayor, de la que todos hemos sido testigos. Un cerco comunicacional para silenciar el desgaste físico y psicológico de la familia Troncoso y principalmente de nuestra lamuen que sigue luchando por la Libertad y la Vida."(Texto distribuido por Redchem)

Familia de la presa presentó recurso contra Bachelet

Un día después de ir al Colegio Médico de Chile para pedir que la entidad se pronuncie sobre el estado de salud de Patricia Troncoso, su padre, Roberto Troncoso, presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de amparo contra la presidente chilena Michelle Bachelet, por la 'omisión del Estado' ante la grave situación de salud de la activista mapuche.
El abogado del caso, Hugo Gutiérrez, dijo que la "responsabilidad final de lo que está ocurriendo con la situación de salud y con la integridad física y psíquica, es decir, con la vida, es responsabilidad de un gobierno que no toma decisiones para resolver la problemática que está afectando a los prisioneros mapuches, y sin duda que la responsabilidad primera y última es de la presidenta de la República".
En el Colegio Médico, Roberto Troncoso fue recibido por su presidente, doctor Juan Luis Castro, que se comprometió a designar una comisión de confianza del Colegio, para evaluar el caso en un plazo prudente, teniendo en cuenta el grave riesgo de vida, la situación de la salud y la protección de los derechos humanos de la líder mapuche.

Otro hecho importante en el caso, conforme lo destaca su familia, fue la transferencia de Patricia desde el hospital de Temuco hacia el Hospital de Chillán. Según la familia de Patricia, eso fue realizado con la evidente intención de detenerla en Chillán, para, de este modo, silenciar su caso. Y, al contrario de lo que dicen las autoridades, de que la transferencia fue solicitada por la familia, esa decisión fue tomada sin siquiera comunicárselos.
Los parientes afirman que Patricia está gravemente debilitada y que durante el traslado sufrió desmayos. "No es creíble que la hayan transferido con la disculpa de que en Chillán tendrá más apoyo familiar, sobre todo porque ni la dejan recibir visitas de la propia familia", dijeron los familiares. La seguridad del lugar, inclusive, prohibió las visitas a Patricia, que sigue incomunicada.
Gutiérrez dijo que "el gobierno de Chile sin duda está cometiendo un acto arbitrario e ilegal, al transferir a Patricia de Temuco, donde estaba en un hospital, hacia la ciudad de Chillán, donde creemos que está en peligro su vida de manera explícita". La familia de Patricia Troncoso divulgó un comunicado, en el cual exige su inmediato traslado a Santiago.

El día 14 de enero, historiadores y estudiantes de Historia comenzaron a reunirse al pié del monumento del Presidente Salvador Allende para ir al Palacio de la Moneda a entregar una Declaración de apoyo al pueblo mapuche.

Guerra fría en Arauco

Esta es la crónica de Felipe Saleh enviado del diario La Nación de Chile a la región. El títúlo "Guerra Fría en Arauco" está tomado también de ese día, que publicó el texto que sigue el domingo pasado.

"Temuco no es una ciudad sitiada y tampoco sus habitantes viven atemorizados esperando el próximo atentado mapuche, el tema apenas les quita el sueño. Los estudiantes, en vez de entrenarse para la lucha armada, trabajan de temporeros para pagar sus matrículas. Pero el despliegue policial y la tensión de las autoridades alimentan el mito de que en el sur manda la guerrilla. Un conflicto de baja intensidad que está lejos de acabarse.
La inteligencia policial dice que el principal centro de reclutamiento de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) está aquí, en el hogar de estudiantes mapuche Pelontuwe. No es difícil imaginarlo. La residencia universitaria está al lado de otra para estudiantes secundarios.
Juntos forman un hermoso predio que ocupa una manzana completa en calle Las Encinas de Temuco. En una de las esquinas está rayado con letras negras: “Estado fascista, esto recién comienza”, y a la entrada se ve una bandera negra que ondea en la puerta. La pared tiene escritas consignas en mapudungun con letras rojas, lo único que entiendo es “marrichiwew” (“diez veces venceremos”).
La cara de Matías Catrileo(estudiante mapuche recientemente muerto a tiros por un carabinero, que ha sido proceado-ver Pepitorias) está estampada en el cemento bajo la cuneta con una leyenda que dice: “Tu lucha no será en vano”. Una frase archiescrita en contextos similares, pero que en este lugar suena un poco más creíble.

El apoyo metodista

En 1997 los universitarios de la zona se tomaron estos terrenos, donde funcionaba un edificio del Indap en estado de semiabandono. Después de forcejeos, fricciones y detenidos, que duraron meses, finalmente el recinto se quedó como albergue para los hijos de las familias campesinas que vienen a la universidad. Pelontuwe se convirtió en el hogar más grande de la zona. En una época donde había muchos en todo el “wallmapu”, el territorio mapuche que actualmente se concibe desde el Biobío hasta Chiloé.
A partir de los años sesenta y setenta nace la Federación de Estudiantes Mapuches como espacio de poder, y “se entiende la educación superior como forma de proyectarse y ayudar a la restitución del pueblo mapuche desde esta plataforma”, dice el historiador Sergio Caniuqueo. Los hogares se cierran en la dictadura y sólo quedan los de estudiantes secundarios.
La vuelta a la democracia significó que la causa mapuche empezara a hervir. Muchos hogares se formaron incluso en pequeñas viviendas donde los estudiantes viven hacinados, pero comienza a incubarse el movimiento de reivindicación como lo conocemos hoy.
“Muchas organizaciones de derechos humanos apoyan la conformación de hogares”, dice Caniuqueo. Entre 1992 y 1996 en el hogar mapuche Pegun Dungun, amparado por la Iglesia Metodista de Concepción, nace la CAM. Primero empezaron con escuelas abiertas en distintas comunidades rurales, promoviendo estrategias de recuperación. La coordinadora se instala desde el principio como la organización más radical.
“A nosotros nos gusta hablar con los hechos, con las acciones prácticas. Nos interesa lograr la autodeterminación del pueblo mapuche, el control territorial de las zonas en conflicto”, dice Óscar Ancatripai, vocero en reemplazo de José Huenchunao, prófugo hasta marzo del año pasado y hoy preso en la cárcel de Angol, acusado del incendio al fundo Poluco Pidenco de la Forestal Mininco, ocurrido en 2001.

Buscando una pistola

Hoy el hogar Pelontuwe se divide en cuatro pabellones de madera azul en los que viven 97 estudiantes. La dirección y administración del establecimiento la ejercen ellos mismos y gracias a recursos aportados por fondos concursables del Gobierno regional, las instalaciones están completamente renovadas. Hasta el 2000 los estudiantes vivieron hacinados, hoy las vacantes sobrepasan la demanda.
Adentro, los únicos elementos visibles que podrían asociar este lugar con una escuela de cuadros son los lienzos y las pancartas alusivas a la muerte de Matías Catrileo y la causa mapuche. En el comedor recibo saludos cordiales, pero la tónica es el silencio.
Algunos estudiantes terminan sus raciones de almuerzo y forman un grupo compacto frente al televisor para ver las noticias, donde muestran un video de Catrileo hablando. Luego vuelve cada uno a lo suyo. Minutos antes se han ido los que fueron detenidos durante una marcha pacífica el miércoles. En rigor, este lugar alberga activistas proindígenas, pero el barniz que lo sitúa al nivel de una escuela islámica donde se diseñan atentados se lo ha dado Carabineros.
A principios de diciembre, la policía lo allanó en busca de un arma perdida por un policía durante una manifestación a favor de los presos políticos mapuches. No encontraron nada. “
Los hogares son una plataforma de discusión, pero han perdido poder, están penetrados por los intelectualoides; las acciones se arman dentro de las comunidades”, dice Óscar Ancatripai, de la CAM. La mayoría de los estudiantes que podrían participar en “acciones militares” se van a trabajar de temporeros en la zona exportadora de frutas, el modo más popular de juntar plata para las matrículas del año siguiente.
“Los hogares son sitios de preparación de profesionales que rompan el círculo de pobreza y vuelvan a las comunidades a ayudar a nuestra gente, pero mientras pasa eso tenemos que resistir a los megaproyectos y estamos todos inmersos en las reivindicaciones de nuestras comunidades”, dice Andrea Reuca, de origen lafquenche, una de las pocas etnias que ha logrado una ley a punto de promulgarse para proteger su territorio en el borde costero desde Biobío a Palena, pero que siguen en contra del ducto de Celco en la caleta de Mehuín. La Identidad Territorial Lafquenche, que los agrupa, es financiada por la Ayuda Popular Noruega (APN).

El embajador

Desde fuera, el movimiento mapuche se ve con el potencial explosivo de ETA, las FARC o el Ejército Zapatista. Al menos tiene un magnetismo a la altura. La prueba está en las decenas de extranjeros que llegan buscando mezclarse en la zona, como estudiantes o simpatizantes de la causa, que por lo demás tiene en Aucán Huilcamán a su embajador autodesignado.
“Yo me inserté en la alianza global de los pueblos indígenas del mundo y empecé a ser parte de la diplomacia, hace dos semanas estuve en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El Alto Comisionado me invitó”, dice.
Aucán, al frente del Consejo de Todas las Tierras (CTT), que según él representa a unas 300 comunidades. El CTT proviene de una escisión de Admapu, un movimiento indígena de inspiración socialista al que también perteneció el subdirector de Conadi, Daniel Neculpán.

Temuco sitiado

Aunque los bandos en conflicto se apuren en negar que exista una lucha sin cuartel, todos los involucrados ayudan un poco a engordar el mito. Desde la propia CAM hasta los medios, pasando por la policía y el Gobierno.
“No hay entrenamiento militar de ninguna especie. La tradición del weichafe [guerrero] viene de la época de Lautaro y tiene que ver con caminar, reconocer el terreno, saber esconderse. Efectivamente, la tradición ha renacido en las comunidades. Es una opción de vida”, explica Óscar Ancatripai.
Con este discurso, que construye versiones modernas de las hordas que defendían la Frontera en el siglo XVI, el mando policial se alimenta bastante. De otra forma cuesta explicarse dos guanacos, tres micros y dos “zorrillos” para contener una manifestación de 30 personas empeñadas en llegar a la Intendencia pacíficamente para protestar por la muerte de Matías Catrileo. Más alboroto genera la prensa, que ha llegado en masa. Apenas avanzan una cuadra y la marcha se acaba.
El resto de la gente está metida en sus cosas de día miércoles a las siete de la tarde, y nadie ve alterada su rutina y tampoco presta atención. El despliegue queda como un intento infructuoso de hacer parecer a Temuco nublado y con lluvia intermitente parecido a la Belfast sitiada de fines de los setenta.

Un Cajón de tomates

El resultado fue un contenedor de basura volcado. Pero los detenidos tardan en salir. Ya se sabe que parte de la familia del comunero asesinado está arrestada. De noche, Ximena Oñate, seremi de Gobierno, es la primera autoridad política en llegar.
Camina evitando a la prensa en voz alta, tan apurada como si estuviera presionada por una banda de secuestradores. La intendenta, Nora Barrientos, y el subdirector de la Conadi, Daniel Neculpán, entran por una puerta trasera. Carabineros hace labor de inteligencia, graba a la gente apostada afuera desde el segundo piso. Minutos después una pareja de policías confisca al grupo un cajón de tomates. La escena de los efectivos corriendo a botar la fruta provoca aplausos espontáneos
El incidente ha caído en el ridículo hace rato. Cerca de la una de la madrugada el mayor Fernando Bywaters se acerca a pedir disculpas a la madre y hermana de Matías Catrileo y les dice que no salgan por la puerta principal para no toparse con los periodistas. María Quezada no obedece y habla para todos los noticiarios de medianoche.

La paz en el diario

En la Conadi me piden que no deje a Temuco como si fuera Sudáfrica, pero ellos están tan tensos como si el próximo atentado fuera a verse desde el ventanal que da al cerro Ñielol. “Es que el ambiente está muy complicado; después de la muerte de Matías hay mucha rabia”, dicen.
Pero la rabia se entiende mejor en el mapa que hay en la oficina, donde se ve que sólo un 5% de la Araucanía pertenece a los mapuches. Daniel Neculpán se defiende dando a conocer los logros de la institución, que en 14 años ha entregado 90 mil hectáreas de terreno (este año fueron cinco mil) y se encarga de entregar la asignación de becas universitarias, unos 50 mil pesos mensuales por estudiante, entre otros beneficios.
“Mapuches ofrecen paz”, decía la tapa del “Diario Austral” del jueves. La noticia fue un golpe de efecto. Jorge Huenchullán, werkén de la conflictiva comunidad de Temucuicui en Ercilla, acusada de esconder a un lautarista y cercada por un numeroso contingente policial, ofreció diálogo, igual que todas las organizaciones; incluso la CAM lo ha hecho en su momento.
Según cifras extraoficiales entregadas por las distintas organizaciones, unas 600 mil personas viven en comunidades mapuches. Y de ellas, poco más de un tercio tiene participación activa en el movimiento de restitución de tierras. El resto se ha incorporado a la comunidad de Temuco.
“Los mapuches son gente buena, sana, pero hay que incorporarlos y demostrar un interés sincero por ellos, entregarles tierras con orientación para explotarlas, porque ellos no saben y es fácil hacerlos tontos y cuando se dan cuenta les da rabia y actúan”, dice un taxista vehemente, y recuerda a un viejo militante RN que en su campaña a senador repartió en distintas comunidades un caballo para comer y 30 litros de vino. El político, ya retirado, ganó la elección.

El Comandante Héctor

Al final del día queda más clara una verdad menos sofisticada de la que parece envolver las noticias sobre lo que ocurre en la zona. Las acciones de fuerza no son parte de una táctica sistemática. Los nativos aplican la “recuperación productiva”; es decir, apropiarse de los territorios que ellos consideran usurpados, llevando sus animales y sembrando en ellos.
Jorge Luchsinger ha mandado construir zanjas para evitar el avance de los comuneros, y eso, más las expresiones racistas de las que lo acusan, lo han convertido en ejemplo de lo que ocurre a lo largo y ancho del mundo mapuche (Wallmapu), que se extiende, según su demarcación actual, desde el Biobío hasta Chiloé.
La realidad del aparato militar es que sus líderes están todos en la cárcel. Una de ellas, Patricia Troncoso, va a cumplir 100 días en huelga de hambre. Su poder de fuego se reduce a lo que cada comunidad determine según sea su conflicto. A pesar de que la policía identifica a Héctor Llaitul como el jefe operativo de la organización (el “comandante Héctor”, para los servicios de inteligencia), la coordinadora no tiene comité central ni líderes, sino reuniones y comunicaciones esporádicas.
La última vez que se reunió un contingente amplio fue durante el funeral de Matías Catrileo. El financiamiento es con “aportes de los simpatizantes y el tarreo , dice Óscar Ancatripai, que siembra en las tierras de su comunidad en el Alto Biobío o trabaja como obrero de la construcción cuando para en la ciudad.
La señora Fresia Huillipán no conoce a la familia del joven muerto, pero lloró de rabia cuando se enteró del crimen, porque pudo pasarle a sus hijos y corrió a la comisería cuando supo que había detenidos. “Los padres no vivimos tranquilos en el campo pensando en lo que puede pasarle a nuestros hijos, que no son como el resto de los de su edad; ellos, en el verano, no descansan, sino que salen a trabajar para pagar sus estudios. Ojalá tuvieran el tiempo de poder luchar así como dicen en la televisión”, afirma.
Cuatro de los suyos van a la universidad, a pesar de que egresaron del único liceo que hay en el pueblo. Todos viven en el hogar de calle Las Encinas, dos trabajan de temporeros y sus hijas hacen la práctica en kinesiología y contabilidad. La familia vive en tres hectáreas, espacio de sobra para un citadino condenado a un departamento de un ambiente, pero no para un mapuche acostumbrado a que toda una generación de su familia viva y muera en la tierra que les pertenece.
“Vivimos en tres hectáreas de tierra de mala calidad, donde no se da el trigo, que es lo que mejor sabemos cultivar. Quisimos criar ovejas y no se puede mucho por el espacio, y hay que pagar los préstamos. Ahora vamos a criar abejas a ver si nos va mejor. Tal vez me dirán que soy floja porque no tengo más en ese espacio. Pero no se puede; además, las forestales nos secan las tierras”.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, ADITAL-Mapuexpress, Piensa Chile, AFP y La Nación-Chile)

Colombia-Venezuela: Acuerdo Humanitario

LAS FARC SE DISPONDRÍAN A LIBERAR MÁS REHENES, ENTRE ELLOS UNO DE LOS TRES 'CONTRATISTAS' NORTEAMERICANOS. EL CONGRESO VENEZOLANO OTORGA "ESTATUS POLÍTICO" A LAS GUERRILLAS COLOMBIANAS

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se dispondrían a anunciar muy pronto la entrega de nuevos secuestrados y el anuncio se haría desde Venezuela. Entre los liberados podría estar uno de los tres contratistas estadounidenses secuestrados en 2003, así como otros cuatro cautivos cuyo estado de salud sería delicado. La emisora de radio colombiana "La W" lanzó ayer la primicia, que se relaciona con las gestiones de la Conferencia Espiscopal colombiana y la Cruz Roja Internacional por acelerar las liberaciones de cautivos enfermos así como de las 'negociaciones' entre las FARC y distintas instancias de la Administración y el Congreso de los EE.UU. para lograr la puesta en libertad de los tres norteamericanos en manos de las FARC. Los asesores militares estadounidenses Thomas Howe, Marc Gonsalves, Keith Stannsen fueron capturados el 13 de febrero de 2003 , después del derribo de su avioneta Cessna, que efectuaba vuelos de observación sobre territorio controlado por la guerilla.

El Gobierno de Colombia dice que no sabe nada

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer que "hasta el momento" su gobierno desconoce cualquier versión sobre la posible liberación de más rehenes en poder de la guerrilla de las FARC. "Estamos a la expectativa para ver si eso tiene asidero o son simples especulaciones", respondió Santos en conferencia de prensa en Bogotá, sobre la versión de que las FARC se aprestan a liberar a otro grupo de rehenes.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Luis Augusto Castro, aseguró ayer que ya inició contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en torno a una propuesta para que ese grupo y el gobierno negocien un canje humanitario.“De diversas maneras hemos tomado contacto con ellos (las FARC), y todo lo demás lo estamos llevando adelante con una discreción que es fundamental en estos casos”, precisó el prelado católico a periodistas en el contexto de una reunión con empresarios que apoyan esta gestión de la Iglesia católica.
Tras señalar que también buscará que la Cruz Roja pueda visitar a los rehenes, se mostró esperanzado en que la mayor guerrilla del país llegue acepte negociar con el gobierno en una “zona de encuentro” sobre el canje de unos 44 rehenes en poder de la guerrilla por unos 500 rebeldes encarcelados.
Y el Gobierno de Ecuador abogó por una comisión de gobiernos latinoamericanos, Francia y Suiza para recuperar a más rehenes de las FARC. A su vez, la OEA también pidió la unidad regional en busca del mismo objetivo.

Asamblea venezolana reconoce a las FARC y al ELN

La Asamblea Nacional de Venezuela expresó el jueves su apoyo a la petición del gobierno para conceder estatus político a los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La medida adoptada por el cuerpo legislativo venezolano responde a la solicitud hecha por el presidente Hugo Chávez al gobierno colombiano y a la comunidad internacional de reconocer el carácter beligerante de ambas organizaciones.
Según indicó el diputado oficialista Saúl Ortega, el reconocimiento político de las FARC y el ELN forma parte de "la salida al conflicto colombiano".
La resolución de la Asamblea reconoce "el carácter beligerante de los movimientos insurgentes (FARC y ELN) como señal de voluntad para darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones, en el camino a la paz en Colombia".
Los legisladores también rechazaron las "listas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos".
Según el texto aprobado, esas listas califican como "terroristas" a los "movimientos de liberación y a los Estados no subordinados a la dominación".
No obstante, la medida no contó con el apoyo del Partido Podemos, un grupo de siete legisladores disidentes, que se abstuvo de votar y expreso su rechazo a los "métodos violentos" de los grupos guerrilleros. "Si el problema es ideológico, las ideas se combaten con discusiones, no con terrorismo, secuestro, bombas, cobro de vacuna (extorsión)", declaró el diputado Juan José Medina, de Podemos, al diario El Nacional.

El Gobierno de Venezuela ratifica su voluntad de contribuir a nuevas liberaciones

El Gobierno de Venezuela, ratifica al pueblo de Colombia, en un comunicado público, su voluntadde seguir contribuyendo en la búsqueda de nuevas liberaciones, del acuerdo humanitario y de la paz. El escrito trasmitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, destaca que 'el Gobierno colombiano busca cualquier pretexto para justificar su lógica militarista.'
Estos son algunos extractos del comunicado:
"El Gobierno colombiano no está comprometido con la paz, sino obsesionado con derrotar militarmente a las fuerzas insurgentes, obsesionado con la guerra. En lugar de poner todo su empeño en construir una solución política viable y duradera al conflicto armado, el Gobierno colombiano busca cualquier pretexto para justificar su lógica militarista."
" El presidente Uribe no está comprometido con el intercambio humanitario, sino ciegamente empecinado en demostrar sus argumentos de guerra. Más preocupado por salvar las apariencias que por salvar las vidas de sus conciudadanos, el Gobierno colombiano arremete contra el presidente Chávez, porque es el único que ha tenido éxito en la liberación de rehenes, y ha explorado el único camino hacia la paz y la unidad que necesita nuestro pueblo hermano: el camino del diálogo y el entendimiento."

"El Gobierno colombiano no está comprometido con la soberanía de Colombia, sino desesperado por desviar la atención de su opinión pública de la masiva presencia de tropas estadounidenses en su territorio."

"Mientras el presidente Uribe se desvive por salvar el proceso de guerra, en el cual ha sumido a su propio país, la historia nos enseña que la paz está al alcance de la mano, cuando existe una voluntad política independiente y soberana"
" Encontrar la salida al conflicto colombiano es una responsabilidad que atañe a todos los hombres y mujeres que no se resignan a ser espectadores pasivos del sufrimiento y del dolor de un pueblo hermano. El pueblo venezolano ha sido, durante décadas, víctima del conflicto colombiano."

" El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica su propuesta, apegada al derecho internacional humanitario, de avanzar en una fórmula que regularice y humanice el conflicto armado colombiano, que cumplirá 60 años el 9 de abril, día en el que recordaremos al gran líder de la justicia, la igualdad y la paz, Jorge Eliécer Gaitán"

"El Gobierno del presidente Chávez ratifica al pueblo de Colombia su voluntad irreductible de seguir contribuyendo en la búsqueda de nuevas liberaciones, del acuerdo humanitario y de la paz, siempre inspirados por el espíritu eterno del padre Libertador quien con su sabiduría nos sigue guiando: “En las guerras civiles es política el ser generosos, porque la venganza progresivamente se aumenta”. “De la paz debe esperar todos los bienes y de la guerra nada más que desastres”. Caracas, 17 de enero de 2008'."

(Fuentes: ANSA-Latina, La Jornada-México, BBC-Mundo y ABN-Agencia Bolivariana de Noticias)

Brasil: Derechos Humanos, pobreza e indígenas

NUEVA MASACRE DE LA POLICÍA MILITAR DE RÍO. SIETE MUERTOS, ENTRE ELLOS UN NIÑO DE TRES AÑOS. EN 2007 MATÓ A 1.260 PERSONAS, UN `RÉCORD' HISTÓRICO

Una acción de la Policía Militar de Río de Janeiro el pasado 10 de enero en la favela Jacarezinho terminó con siete personas muertas y varias acusaciones de tortura y otras violaciones. Aún no ha sido esclarecido el objetivo de la operación, aunque algunos medios sugieren que la policía cumplía ordenes judiciales en busca de vehículos robados y para combatir el narcotráfico.
La Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia informó que la operación fue muy violenta y destacó la muerte de Wesley Damião da Silva, quien tenía apenas tres años. La Red denuncia también que la policia obligó a un joven a beber cloro antes de ser ejecutado y que se produjeron irrupciones violentas de los agentes en muchos domicilios, sin mandato judicial alguno y con agresiones contra los moradores.
Los departamentos de la Policía de Rio de Janeiro responsables por este nuevo caso de violación de derechos humanos son el llamado "Bope" y dos batallones regulares.

Aumentan las matanzas policiales durante el gobierno de Cabral

El primer año del gobierno de Sergio Cabral (PMDB) al frente al estado de Río de Janeiro, registra el mayor número de muertos por la policía federal desde 1998. Fueron contabilizadas aproximadamente mil trescientas muertes en supuestos enfrentamientos con la policía , los llamados "actos de resistencia". Sin embargo, este dato podría ser au mayor ya que las jefaturas policiales no informatizadas, que representan cerca de 30% del total, aún no han contabilizado los últimos cuatro meses de 2007.

El número parcial de este año ya supera el antiguo récord – casi 1,2 mil muertos – registrado en 2003, primer año de gobierno de Rosinha Matheus (PMDB). Si se compara con las cifras de 2006 de todas las jefaturas de Río, los datos parciales de 2007 son un 18% mayores.

Estos datos fueron divulgados el último martes, día 08, por el Instituto de Seguridad Pública del estado. Y reflejan, junto a un aumento de las bajas causadas por la policía, una caída del 26% en la captura de armas y drogas.

En el año de 2007 el gobierno de Cabral puso en marcha la llamada “policía de enfrentamiento”, conocida por sus grandes y violentas operaciones, como las ocupaciones de la favela de Coréia y del Complejo del Alemán. El día 27 de junio de 2007, la policía mató a 19 personas en el Complejo en una supuesta operación contra narcotraficantes. Un laudo realizado por la Secretaría Especial de los Derechos Humanos concluyó que “fueron encontradas evidencias de muerte por ejecución sumaria y arbitraria” en al menos dos de esas 19 muertes.

La reacción del gobernador Sergio Cabral, quien asumió el año pasado, ha sido decir que los medios están más preocupados por los criminales que por sus víctimas.
"¿Cuantas personas murieron a manos de criminales el año pasado?", le preguntó al sitio de internet del diario O Globo, de Río de Janeiro. "Consideremos los derechos de las víctimas, que están sufriendo".
Por su parte el jefe de la policía de Río de Janeiro, Gilberto Ribeiro, le dijo a la radiodifusora CBN que las muertes eran reflejo de las nuevas acciones de la policía en contra de los narcotraficantes que controlan los más de 600 barrios marginales de la ciudad. "El 2007 fue el año en que la policía empezó a recuperar las comunidades históricamente ocupadas por los traficantes", dijo Ribeiro. "Estas cifras reflejan el mayor número de operaciones. No es que la policía sea más violenta, pero no podemos perder ante los narcotraficantes".

También aumenta la violencia contra los indígenas

Según el informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) sobre Violencia contra Pueblos Indígenas en Brasil en 2006 y 2007, que será divulgado en abril, la violencia contra esos pueblos aumentó casi un 40%. En ese periodo fueron asesinados 124 indígenas, 76 en 2007 y 48 en 2006 .

El número de asesinatos en 2007 fue el mayor que haya registrado el Cimi. Solamente en Mato Grosso do Sul fueron 48 los asesinatos. El número de asesinatos en el estado creció casi un 150% si se compara con los dados registrados en 2006, cuando tuvieron lugar allí 20 asesinatos. El estado con el segundo mayor número de registros es Pernambuco, con 8 asesinatos.
El vicepresidente del Cimi, Roberto Liebgott, evalúa que el endurecimiento de la violencia contra los indígenas y el aumento de los asesinatos se dio, fundamentalmente, por dos razones: negligencia del Gobierno Federal frente a la realidad indígena, que no se estructura para demarcar, proteger las tierras de esos pueblos, ni para retirar a los invasores.
Además, según el vicepresidente del Cimi, en el estado de Mato Grosso do Sul -en el cual ocurrieron más de la mitad de las muertes- existe una realidad de gran densidad poblacional en dos reservas: Dourado y Guaraní Kaiowá.
En la primera, más de 12 mil indígenas comparten un área de cerca de tres mil hectáreas. El poco espacio, provoca una situación de confinamiento que potencializa los conflictos internos. De los 48 asesinatos en el estado, 14 ocurrieron en Dourado. Para Liebgott, el gobierno tiene que demarcar nuevas áreas, que ya son tradicionalmente del pueblo de Dourado, para disminuir la densidad poblacional.

En relación con el pueblo Guaraní Kaiowá, el vicepresidente del Cimi reclama que la Fundación Nacional del Indio (Funai) demarque las 32 áreas, de acuerdo con lo que se comprometió a realizar a través de un 'Término de Ajuste de Conducta'. Sin embargo, los grupos de trabajo responsables para realizar el estudio de las demarcaciones, que deberían haber sido formados antes de diciembre de 2007, todavía no existen.
De acuerdo con el Cimi, se mantienen los asesinatos en situaciones de conflicto con grandes hacendados.

En 2007, dos líderes de un mismo grupo Guaraní fueron asesinados por luchar para reocupar sus tierras (Kurussu Ambá). En enero, la rezadora-adivinadora Xurete Lopes, de 70 años, fue asesinada por guardias de seguridad particular durante una reocupación de tierra. En julio Ortiz Lopes, del mismo grupo, fue asesinado en la puerta de su carpa, según testigos, por un grupo al mando de un hacendado.
Según Liebgott, el Cimi está preocupado también por los grandes impactos que el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que está siendo implementado por el Gobierno Federal, va a tener sobre las tierras indígenas. La construcción de las hidroeléctricas del Río Madeira (Rondonia) y de Belo Monte (Pará) y los financiamientos al agronegocio y a la agroindustria para la siembra de soja y eucalipto van a afectar territorios de pueblos indígenas.

Además, en la región Amazónica existen más de 40 pueblos indígenas que todavía viven aislados, sin ningún contacto con la sociedad brasilera, y van a ser desterrados a las fronteras por esos proyectos; sin embargo, el gobierno no demuestra ninguna preocupación por ellos.
El informe que el Cimi difundirá en abril traerá números sobre amenazas, intentos de asesinato, muertes por falta de asistencia (suicidio, falta de atención médica...), invasiones de tierras indígenas, entre otros. El informe también analizará el crecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas. El estudio está basado en informaciones reseñadas en las comunidades indígenas y en el seguimiento de periódicos de todo el país.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AP, Radioagência Notícias do Planalto y Adital)

Chile: Los Mapuche

LA DIRIGENTE MAPUCHE PATRICIA TRONCOSO, EN ESTADO MUY GRAVE DESPUÉS DE 96 DÍAS DE HUELGA

La activista mapuche Patricia Troncoso, ha sido finalmente trasladada a un hospital de su ciudad natal, Chillán, por orden de la Gendarmería, que ha interrumpido su huelga de hambre de 96 días, como lo había recomendado un equipo de médicos que había constatado su deteriorado estado de salud, pese a que el día anterior, el portavoz del Gobierno chileno, Francisco Vidal, asegurara que la vida de la indígena no corría peligro.

La dirigente mapuche salió desde el Hospital Regional de Temuco en una ambulancia, bajo estrictas medidas de seguridad, y fue llevada hasta el aeropuerto Maquehue, desde donde fue trasladada en avioneta hasta Chillán. De este modo quedaron descartadas las versiones preliminares que señalaban que sería llevada a la capital chilena, como lo había recomendado el equipo interdisciplinario de médicos que la examinó y constató su deteriorado estado de salud.

A través de un comunicado la Gendarmería indicó que se resolvió llevarla a la ciudad de la Octava Región "teniendo especialmente presente el domicilio y arraigo familiar de la interna en dicha ciudad, lo cual puede ser un elemento positivo en relación con los significativos trastornos del ánimo que presenta, según señala el informe de la comisión médica que la examinó el pasado fin de semana". La Corte de Apelaciones de Temuco había ordenado que se realizaran "todas las acciones conducentes a preservar la vida de la interna". La institución aseguró que el objetivo es que la mujer continúe cumpliendo la condena que le impusieron los tribunales en el "Centro de Cumplimiento Penitenciario" de Chillán, tras el tratamiento y custodia que reciba en el hospital . Patricia Troncoso inició el ayuno junto a otros dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco, todos condenados por infracción a la ley Antiterrorista por el delito de incendio. El resto dejó la huelga, pero Troncoso continuaba en ella en demanda de la libertad de los indígenas mapuche encarcelados, el traslado de los detenidos a granjas cárceles, la reducción de penas y la desmilitarización de zonas rurales en la región de la Araucanía, en el sur chileno.

Troncoso lleva cinco años detenida junto a un grupo de comuneros mapuches, condenados bajo una Ley Antiterrorista a 10 años de prisión por realizar acciones de protesta en fincas que consideran propiedad ancestral de pueblos indígenas.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, afirma que la situación de Troncoso se suma al asesinato del estudiante indígena Matías Catrileo y "constituye un síntoma alarmante de un conflicto que no (se ha) abordado en profundidad apuntando a las causas de fondo"

(Más datos sobre el caso Troncoso y las comunidades mapuche en Pepitorias)

Llamamiento de Patricia Troncoso

Las comunidades piden diálogo a la Presidenta Bachelet

Esta es una parte del comunicado emitido por miembros de la nación Mapuche desde el Wallmapu, como denominan a su territorio ancestral y distribuido a través de Enlace Mapuche Internacional. El comunicado es anterior al traslado de Patricia Troncoso al hospital de Chillán.

" Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el estado de salud de Patricia Troncoso Robles quien se encuentra en estado agonizante en la Unidad de Cuidado Intensivos (U.C.I.) del Hospital Regional de Temuco. Patricia Troncoso es trasladada engrillada al Hospital de Angol
Patricia Troncoso fue trasladada en horas de la madrugada del día, domingo 13 de enero desde el hospital Mauricio Hagermann de Angol hasta el Hospital Regional de Temuco en cuyas dependencias existe un foco infeccioso, que pone en peligro inminente su vida. Deploramos la falta de sensibilidad de las autoridades chilenas que, a pesar del estado moribundo y los fuertes dolores que ella padece, los carceleros la mantienen engrillada presumiblemente para aumentarle su tormento.
Los familiares y personas cercanas a la familia están pidiendo a las autoridades pertinentes ordenar su urgente traslado a Santiago. Esta petición se basa en las recomendaciones hecha por el equipo medico que suscribieron el Informe Medico el día 12 de enero de 2008 en Angol.
Sin embargo, el Informe Medico emitido en el Hospital de Temuco el día 13 de enero por el equipo enviado por el Gobierno se mantiene estrictamente en secreto. No obstante el Dr. Luís Ravanal, integrante del equipo, en entrevista con ciertos medios de comunicación de la región de la Araucanía coincidió en la necesidad de trasladar a su paciente a un centro asistencial de Santiago, la capital de Chile, así como “mantenerla liberada y no tenerla atada”. La gravedad de su estado de salud es tan crítica que ya el pasado 7 de enero, la medico psiquiatra Berna Castro Rojas recomendaba en su Informe “la inmediata internación en un centro que garantice la vida de Patricia con acceso a médicos que resguarden sus derechos”.
Fuentes asociada a los médicos y familiares de la afectada señalan estar confrontando una fuerte presión gubernamental para que se abstengan entregar informaciones a la opinión pública sobre el crítico estado de salud de Patricia. Se sospecha que con esta estrategia el Gobierno Chileno trata de evitar la presión nacional e internacional y dilatar aun más los resultados de un posible acuerdo con los delegados que interceden por Patricia Troncoso.

Esta actitud de las autoridades chilenas se ajusta a sus métodos hasta ahora utilizados, donde el desprecio por la vida y el sufrimiento de los mapuche ha sido y son ignoradas permanentemente, un ejemplo claro es el vil asesinato de nuestro hermano Matias Catrileo Quezada el pasado 3 de enero, quien fuera cobardemente acribillado por la espalda con una metralleta de un policía chileno, durante un acto de protesta pacifica por la recuperación de tierras usurpadas por el latifundista y empresario Jorge Luchsinger, ubicada en los alrededores de Vilcun.

Instamos a las comunidades y organizaciones mapuche que luchan por la recuperación de su territorio ancestral incrementar las movilizaciones, invitamos también a las organizaciones y personas no-mapuche que nos han venido acompañando tanto en Chile como en el exterior a continuar con la campaña por el respeto de los derechos humanos, seguir exigiendo justicia y libertad a todos los presos políticos mapuche y poner fin a la persecución política, judicial y policial en contra de las autoridades y dirigentes del pueblo Mapuche.

Hacemos un llamado al Gobierno de Michelle Bachelet, cumplir con su promesa de establecer una mesa de dialogo con los familiares de Patricia Troncoso y atender urgentemente y de manera favorable el Petitorio de Patricia Troncoso emitido el 2 de enero 2008, prerrequisito para que deponga su huelga de hambre que consume su vida y que ya se aproxima a los 100 días.

Un desenlace fatal será responsabilidad total y absoluta de quienes le aplicaron leyes ilegales, introducida por la dictadura de Pinochet, con testigos pagados y “sin rostro” donde en todo momento se le violo el derecho al debido proceso. La fuerza que la impulsa a nuestra hermana Patricia Troncoso a dar su vida si fuese necesario, es la percepción del sentido de injusticia a su condena, que tarde o temprano alguien deberá asumir la responsabilidad por todo el daño causado a esta valiente hija del pueblo Mapuche.

¡Marhichiweu!
Flor Rayen Calfunao Paillalef Comunera, Comunidad Juan Paillalef
Reynaldo Mariqueo Werken Mapuche ante la Unión Europea

(Fuentes: Agencia Púlsar, El Mostrador y Enlace Mapuche Internacional)

Costa Rica-Nicaragua-México:Migraciones

COSTA RICA EXPULSA A MÁS DE NUEVE MIL NICARAGÜENSES DESPLAZADOS PARA TRABAJAR EN LAS RECOLECCIONES DE LA TEMPORADA AGRÍCOLA

La Policía de Costa Rica expulsó a más de nueve mil nicaragüenses que intentaron ingresar sin documentos entre el 21 de diciembre pasado y el 6 de enero. Los inmigrantes llegan a Costa Rica en busca de empleo en cosechas. Es habitual en estas fechas que miles de nicaragüenses intenten emigrar temporalmente al país vecino para conseguir trabajo en las cosechas de café, cítricos y caña de azúcar que se inician en enero y febrero. El Ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, afirmó que Costa Rica necesita el aporte de la mano de obra nicaragüense, pero que el país tiene que hacer respetar sus leyes migratorias.
La información oficial indica que hubo 530 rechazos diarios en las puestos fronterizos de Peñas Blancas y Los Chiles durante el periodo indicado.
Muchos de los nicaragüenses expulsados volvían a Costa Rica tras los festejos de fin de año. Al comienzo del año, el consulado de Cosa Rica en Managua, negó la visa de ingreso a muchos inmigrantes por considerar que permanecieron en el país más tiempo del autorizado.

En Costa Rica residen miles de nicaragüenses que han emigrado de su país, debido a la escasez de fuentes de empleo y la pobreza, que afecta a un elevado porcentaje de la población. No existe una cuantificación precisa de la poblacióan real nicaragüense en Costa Rica, porque buena parte ha entrado sin documentos, algo bastante habital en Centroamérica, pero algunas fuentes oficiales y no oficiales estiman que la cifra podría estar entre 500,000 y un millón.

Lo que sí está claro es que se trata de un fenómeno en aumento.Según registros de la Migración de Nicaragua, por el puesto de Peñas Blancas, en el mes de diciembre del 2007 ingresaron 55 mil 147 nicaragüenses, mientras que en diciembre del 2006 fueron muchos menos: 40 mil 662. En los días navideños, los ingresos de nicaragüenses desde Costa Rica también fueron muy altos. Así, durante los días 22 y 23 de diciembre , entraron más de diez mil personas cada uno de esos dos días.

México usa al ejército para detener inmigrantes

Soldados mexicanos participaron la pasada semana en dos amplios operativos para detener a más de 250 inmigrantes centroamericanos indocumentados, algunos de los cuales denunciaron la violencia empleada por los militares, informó el diario mexicano Reforma en su página de internet. Según este periódico, el lunes y el sábado efectivos del Ejército y de la Marina participaron en sendos operativos en el estado de Oaxaca (sur) en los que detuvieron a 269 ciudadanos centroamericanos que viajaban ocultos en trenes de mercancías hacia el norte del país.Un hondureño que logró escapar del operativo del sábado, Daniel Antonio Figueroa, denunció que los soldados golpearon a los indocumentados tras parar el tren por la noche en el municipio de Tapanatepec. "Pareciera que somos perros o conejos, nos andaban lampareando (cazar con ayuda de una lámpara). Los niños lloraban, las mujeres gritaban y los hombres mayores que no pudieron correr fueron agarrados. Fue horrible escuchar los gritos de los niños y las mujeres cuando los golpeaban los del Ejército, parecía una masacre", relató.El empleo del Ejército en labores de detención de inmigrantes indocumentados ha sido rechazado por organizaciones de derechos humanos y a principios de esta década propició incluso las protestas de los gobiernos de Centroamérica y del Defensor del Pueblo.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, La Prensa-Managua y Radio La Primerísima)

Ecuador

CORREA CUMPLE UN AÑO EN EL PODER CON EL APOYO DE LA MAYORÍA Y UNA OPOSICIÓN DESPRESTIGIADA QUE INTENTA PONER EN MARCHA UN PLAN CONTRA LA CONSTITUYENTE

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumple este martes un año en el poder, con una popularidad alta y tras haber alcanzado su oferta de campaña de instalar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. Correa asumió el 15 de enero de 2007 tras imponerse en la segunda vuelta al millonario derechista Alvaro Noboa.

"El primer año de la revolución ciudadana ha sido sumamente exitoso", dijo el sábado Correa en su cadena programa semanal de radio. Aunque añadió que "ha sido un año durísimo" debido a una "oposición feroz" contra la instalación de la Asamblea Constituyente y la concreción de sus proyectos políticos. "Sin un solo diputado, en tres meses logramos la consulta popular para la Asamblea y le ganamos 7 a 1 al No. En ocho meses ya teníamos las elecciones para asambleístas y ganamos 80 de 130 puestos", dijo Correa.

En un hecho inédito en la historia del Ecuador, Rafael Correa sumó tres victorias electorales en menos de un año: ganó en el balotaje presidencial, luego con el SI en el referendum para la Asamblea Constituyente, y triunfó en las elecciones para esa Asamblea, al lograr 80 de los 130 escaños. Después de todos esos procesos, Correa mantiene una popularidad que llega al 55 por ciento, según los últimos sondeos, debido a que concentró su discurso político en contra del congreso unicameral y los partidos políticos tradicionales. También criticó a varios medios locales y presentadores de televisión, a quienes llamó "mediocres y corruptos".

La oposición quedó casi anulada al caer derrotada en las elecciones a la Asamblea y tras la decisión de la Constituyente de asumir plenos poderes , de suspender la labor del Congreso.

El mandatario comenzó a implementar su programa con acciones de claro contenido social como la duplicación de los bonos de pobreza y de vivienda, la creación de subsidios para agricultores, las tarifas eléctricas y al mantener la subvención para los combustibles.

Correa ahora tiene una amplia mayorìa en la Asamblea, con la que aprobar las reformas legales que requiere, para consolidar su proyecto político y económico. Y el primer paso lo dió antes de terminar 2007, cuando los asambleístas aprobaron la nueva Ley de Justicia Tributaria que intenta redistribuir la riqueza e impedir la evasión.

La oposición, asoma la cabeza

Sin embargo, la oposición no se ha quedado callada: algunos jefes políticos, como el alcalde de la ciudad costera de Guayaquil, Jaime Nebot, gremios como las cámaras de la producción, medios locales y analistas critican las acciones de Correa y su estilo que califican de "intolerante" y "grosero". La oposición empezó a organizarse y atacar al gobierno desde la instalación de la Asamblea Constituyente y la suspensión del Congreso, pero tomó fuerza tras la aprobación de la nueva ley tributaria, a la que calificó de "paquetazo económico".
Jaime Nebot, ya ha convocado para el 24 de enero a la primera movilización contra Correa, cinco días después de la marcha oficialista. Nebot se ha puesto al frente de un movimiento opositor en ascenso que acusa a Correa de recortar las autonomías municipales, atacar a los gremios empresariales e ir tras una Constitución que concentre todo el poder en sus manos."Cuando las visiones de desarrollo regional, que son la unidad en la diversidad ecuatoriana, no se respetan, entonces allí sí se divide Ecuador, sí se dividen los países", afirmó Nebot en un encendido discurso.

El millonario Noboa, se queda sin escaño

El empresario bananero Álvaro Noboa, candidato a la Presidencia por el derechista PRIAN y perdedor en la segunda vuelta frente a Correa, miembro después de la Asamblea Constituyente , perdió su escaño en ese cuerpo, por no presentar a tiempo la declaración de bienes. Los asambleístas tenían plazo para entregar la declaración juramentada de bienes hasta la medianoche del viernes pasado, como estipula el reglamento de funcionamiento de la Constituyente. El vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, del partido oficialista Acuerdo País, dijo que la "situación es automática" y anunció que Noboa "perdió su cargo". Al llegar la medianoche del viernes, el secretario de la Asamblea Constituyente, Francisco Vergara, cerró la puerta de la secretaría y no esperó más a Noboa ni a su contador privado para que presentaran la declaración juramentada de bienes. Según la esposa de Noboa, Anabella Acín, no presentó su declaración jurada de bienes, ni levantó el secreto bancario, por temor a que le 'inventen un delito'. La esposa de Noboa dijo que 'si hubiese presentado su declaración de bienes jurada, habrían buscado una forma para inventarse un delito para perseguirlo y meterlo preso'.

De los 130 asambleístas, Noboa fue el único que no presentó la documentación, pues incluso su esposa, que también tiene un escaño en la Asamblea, entregó un certificado patrimonial y autorizó el levantamiento del secreto bancario.Pese a que el reglamento indica que si algún asambleísta no presenta la declaración de los bienes automáticamente tiene que dejar el cargo para que asuma su suplente, aún se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la Asamblea. Álvaro Noboa está pendiente de un juicio ante el Tribunal Supremo Electoral , que le exige el pago de una multa de 6,3 millones de dólares que le impuso, por el exceso de gasto en la campaña electoral para las presidenciales.

Los desafíos en Ecuador de la nueva Asamblea Constituyente y de la deuda
por Eric Toussaint-Rebelión

Entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007, Rafael Correa ha ganado en cuatro citas electorales (elecciones presidenciales de finales de 2006 a dos vueltas, referéndum a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente en abril de 2007 y elección de los miembros de dicha asamblea el 30 de septiembre de 2007). Mientras tanto, realizó varios cambios importante: acercamiento a Venezuela y Bolivia; rechazo de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y anuncio de la evacuación de la base militar estadounidense en Manta, en el 2009; afirmación de la necesidad del socialismo del siglo XXI; medidas económicas contra las empresas petroleras privadas extranjeras; medidas sociales tendientes a mejorar las condiciones de vida de los más pobres.
A pesar de que toda la derecha hizo campaña para frenar a los partidarios de Rafael Correa, agitando la amenaza comunista, su movimiento «Alianza País» logró 80 de los 130 escaños, lo que dio una cómoda mayoría para la redacción y la aprobación de la nueva Constitución. Por otra parte, el MPD y Pachakutik, movimientos políticos de izquierda, tendrían que llegar a establecer una alianza con el movimiento de Correa, a fin de poder reformar profundamente y de un modo democrático la estructura política del país. El resultado de las elecciones de la Asamblea Constituyente es netamente más favorable al cambio que en Bolivia, donde el movimiento político del presidente Evo Morales y sus aliados, aunque con mayoría en la Asamblea, no reúnen los dos tercios de votos necesarios para aprobar una nueva Constitución. Esto explica la lentitud de los trabajos de la Asamblea Constituyente boliviana, continuamente saboteada por la derecha. Felizmente, la situación se desbloqueó en diciembre de 2007. La nueva Constitución boliviana fue aprobada finalmente por dos tercios de los constituyentes presentes, gracias a la política de la silla vacía adoptada por la derecha más dura. Por lo demás, la situación de Venezuela es diferente: el dos de diciembre de 2007, la nueva constitución promovida por Hugo Chávez fue rechazada por el 51 % del No (contra el 49 % del Sí). Una de las causas de la victoria de No fue la precipitación del presidente venezolano, que no convocó una nueva asamblea constituyente que elaborara el nuevo proyecto, como había hecho con éxito en 1999. Aquel año, la Constitución apoyada por Chávez logró el 81,7 % de votos favorables. Por lo tanto, ésta sigue vigente, y constituye, junto con la nueva Constitución boliviana, un modelo democrático frente a las constituciones de los demás países del planeta.

Los grandes medios tomaron partido, decididamente, contra Rafael Correa durante la campaña electoral de septiembre de 2007. A pesar de ello, los partidos de derecha, así como los de centro-derecha (democratacristianos de ID) fueron arrasados. El PRIAN, partido del magnate de la banana Álvaro Noboa, derrotado el año anterior en la segunda vuelta de las presidenciales por Rafael Correa, no consiguió más que el 5 % de los escaños de la Constituyente. El Partido Social Cristiano, puntal de la derecha, está en declive. El ex presidente Lucio Gutiérrez, apenas logró salvar los muebles (su partido obtuvo 18 escaños). Fueron tomados desprevenidos dado que los sondeos arrojaban modestos resultados a los candidatos que apoyaban a Correa.

El calendario de la Constituyente es apretado.

Inaugurada el 30de noviembre de 2007, debe elaborar una propuesta de nueva Constitución en seis meses (plazo que puede prolongarse otros dos meses si fuese necesario). A continuación, el proyecto se someterá a referéndum 45 días más tarde. El año 2008 será rico en nuevas instancias electorales: referéndum sobre la Constitución, elección de un nuevo parlamento y nueva elección presidencial. En efecto, antes del término de su mandato, que normalmente sería a finales del 2010, Rafael Correa pondrá en juego su cargo después de la aprobación de la nueva Constitución a fin de reforzar su base popular. Si este calendario se confirma, si la democracia ecuatoriana no es terrada por un golpe militar, a finales del año 2008 Ecuador debe haberse dotado de una nueva Constitución democrática, de un nuevo parlamento (en el cual, a diferencia del actual, Rafael Correa dispondrá de la mayoría) y un presidente elegido para un nuevo mandato. Esto abrirá la vía a unas reformas económicas y sociales que podrían ser profundas.
El economista Alberto Acosta, uno de los veteranos dirigentes de la campaña por la anulación de la deuda, preside la nueva Asamblea Constituyente. Propone que ésta trabaje en comisiones temáticas y en asamblea plenaria. En materia de deuda pública, su intención es asociar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito (CAIC), creada en julio de 2007, a los trabajos de la comisión económica de la Constituyente. La nueva Constitución podría contener una definición clara de las condiciones en las que el Estado y los poderes públicos locales contraigan deuda pública, proscribiendo las deudas odiosas y fijando un límite máximo al pago de la deuda. Por ejemplo, la Constitución podría prever que jamás la parte del presupuesto del Estado destinada a dicho pago pueda ser superior a los gastos acumulados en materia de educación y sanidad pública.
Unos días después de la victoria electoral del 30 de septiembre de 2007, el gobierno de Rafael Correa anunció que en adelante las empresas petroleras que operan en el país deberán aportar al Estado una parte más elevada de sus beneficios. Esto significaría un ingreso de un poco más de mil millones de dólares suplementarios a las arcas del Estado, que éste podría invertir en el aumento de los gastos sociales.
Esta medida es muy bien recibida por la población. Además, el gobierno de Rafael Correa quiere que los bancos bajen los tipos de interés, que son muy altos. Hace unos meses, el parlamento, con mayoría de derecha, rechazó un proyecto de ley que bajaba los tipos de interés. Este cuerpo colegiado se ha vuelto absolutamente impopular. La gran mayoría de la población aprueba a la Asamblea Constituyente, que, reunida el 30 de noviembre de 2007, suspendió sin límite el parlamento.(Leer artículo completo)

(Fuentes:ANSA-Latina, AFP, EFE y Rebelión)

Colombia-Venezuela:Liberación rehenes

LAS FARC, FINALMENTE, LIBERARON A LAS REHENES CUANDO EL EJÉRCITO DE COLOMBIA LEVANTÓ SUS OPERATIVOS EN LA ZONA

FARC CUMPLEN PROMESA DE LIBERACIÓN-Colombia / ACSUR

Después de varias semanas de espera, en el día de hoy (10 de Enero de 2008), en horas de la mañana, fueron liberadas por la guerrilla colombiana de las FARC, Clara Rojas y Fabiola González de Perdomo, en gesto unilateral prometido por el grupo armado desde fecha atrás, y cuya entrega a los delegados internacionales se encontraba pendiente desde el mes de diciembre del año anterior.Este acto, que se constituye en una esperanza latente para las familias de todos los secuestrados en el país y para todos los colombianos que permanencen a la expectativa de la consecución de un avance real en el tema del intercambio humanitario, fue posible gracias a la persistente mediación del gobierno venezolano, en cabeza de su presidente Hugo Chávez Frías y de la senadora colombiana Piedad Córdoba, los cuales persistieron en la necesidad de continuar los diálogos con las FARC, pese a la negativa reacción del gobierno colombiano en cuanto al tema del Intercambio Humanitario y las gestiones que desde meses atrás ellos se encontraban adelantando.Esta liberación, realizada en en las montañas del departamento del Guaviare, territorio colombiano, contó con la colaboración de delegados del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, entre los que se resalta la presencia del ministro del Interior, Ramón Rodriguez Chasín, al igual que con la participación de delegados de la Cruz Roja Internacional y un delegado internacional proveniente de Cuba.Los familiares de las dos mujeres liberadas por las FARC, expresaron ante los medios su satisfacción por la buena noticia y se encuentran actualmente a la espera del reencuentro con ellas en el vecino país de Venenzuela. Mientras tanto, familiares de los otros secuestrados, entre los que se encuentran la madre de la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancur, Yolanda Pulecio y su hermana Astrid Betancur, manifestaron a la Cadena Radial Colombiana( CARACOL), su felicidad ante el cumplimiento de las FARC sobre su promesa de liberar unilatermente a las dos secuestradas y afirmaron que esta gestión no hubiese sido posible sin la intervención del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba, los cuales, según ellas, desde un comienzo demostraron su persistencia para sostener los acercamientos con las FARC, pese a los continuos ataques proferidos por el gobierno colombiano en contra de sus gestiones y la continua estigmatización mediática hacia la figura del presidente del vecino país.

Apesar de lo que representa esta noticia en el panorama político nacional e internacional y las expectativas que aparecen en torno a este hecho, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, luego de recibir la noticia de la liberación, en diálogo con medios nacionales reiteró la negativa del gobierno ante la posibilidad de habilitar una zona de despeje exigida por las FARC para realizar el proceso de Intercambio Humanitario y lo inecesario de la presencia de delegados internacionales para el logro de este tipo de acciones por parte de la guerrilla.
Igualmente, un delegado del gobierno estadounidense que prefirió reservar su nombre, emitió para medios nacionales un pronunciamiento, según el cual, a pesar de la buena noticia por la liberación de la señora Rojas y la Señora Perdomo, se reafirma el carácter "terrorista" de las FARC y se mantiene, asi mismo, en una postura de confrontación y ataque permanente contra esta guerrilla, en desarrollo de sus políticas de guerra.
A pesar de la postura gubernamental, que busca a como de lugar la legitimación de su política de combate "a sangre y fuego" dentro de la cual se inscribe el rescate de los secuestrados vía militar y la desviación de la atención internacional, que actualmente se posa en los frutos obtenidos por la gestión del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba. La opinión pública colombiana continúa a la expectativa de futuros pronunciamientos, tanto de las 2 personas liberadas como de los facilitadores de este proceso, esperanzados en verdaderas respuestas ante esta muestra de voluntad por una de las partes para seguir avanzando hacia un posible acuerdo de intercambio humanitario.


Imágenes del momento de la liberación





Declaraciones de las liberadas y de la mediadora y senadora colombiana Piedad Córdoba





Comunicado de las FARC
1. Honrando la palabra y el compromiso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, entregan hoy al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la senadora Piedad Córdoba y a la comunidad internacional, a Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Si el niño Emmanuel no está en brazos de su madre, es porque el Presidente Uribe Vélez lo tiene secuestrado en Bogotá. Que lo libere para que podamos celebrar todos, este suceso.
2. Esta liberación humanitaria y unilateral, se da a pesar de los palos atravesados en la rueda por el propio Presidente Uribe, enemigo jurado del canje de prisioneros y enemigo de la paz con justicia social, siguiendo los lineamientos de Washington. Por encima de las intensas operaciones bélicas del Plan Patriota, de la incautación de las pruebas de supervivencia, de la captura de los correos humanitarios que las portaban, del secuestro del pequeño Emmanuel en Bogotá, y de la absurda pretensión de excluir de la facilitación a la comisión humanitaria internacional, hemos dado este primer paso esperanzador que invita a pensar en la posibilidad de la paz en Colombia.3. Los esfuerzos deben dirigirse ahora a lograr el despeje militar de Pradera y Florida como escenario del diálogo gobierno-FARC para el acuerdo y la materialización del canje que haga posible la liberación de todos los prisioneros en poder de las fuerzas contendientes, de los cautivos en la montaña y de los guerrilleros presos en las cárceles del régimen, incluidos Sonia y Simón. Nuestra voluntad es incuestionable. Sin olvidar que en el pasado reciente liberamos unilateralmente a 304 militares y policías, capturados en combate, esta entrega que hoy hacemos de Clara y Consuelo, reafirma nuestra disposición.4. En realidad, somos una fuerza beligerante a la espera de ser reconocida por los gobiernos del mundo. Este paso allanaría el tortuoso camino del pueblo de Colombia en busca de la paz. Nuestra lucha es legítima. Se sustenta en el derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo a alzarse contra la opresión. Nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar nos enseña que, cuando el poder es opresor la virtud tiene derecho a anonadarlo, y que el hombre virtuoso se levanta contra la autoridad opresora e inaguantable para sustituirla por otra respetada y amable. Y este es, precisamente, el empeño de las FARC. 5. Presidente Chávez, muchas gracias. El mundo no duda que su inmenso corazón, palpita sinceramente, por la paz de Colombia y por la redención de los pueblos. Agradecemos también a los gobiernos y personalidades del mundo que lo han rodeado sin reserva en este noble esfuerzo. Y sobre todo, gracias al bravo pueblo de Venezuela por su apoyo y hermandad. A los familiares de los prisioneros y a los amigos del canje humanitario nuestro llamado a persistir. Lograremos el canje.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, enero 10 de 2008
(Fuentes:ACSUR-Colombia, ABP-Agencia Bolivariana de Prensa y Telesur)

Sáhara Occidental

LA ONU ANUNCIA PARA MARZO UNA CUARTA REUNIÓN, DESPUÉS DE AGOTAR SIN AVANCES LA ÚLTIMA RONDA NEGOCIADORA. EL POLISARIO ADVIERTE QUE LA GUERRA ES LA ALTERNATIVA SI FRACASA EL DIÁLOGO

aHuman Rights Watch pide a Marruecos que respete los Derechos Humanos de los saharauis.

aVarios heridos en Dajla por la brutal represión marroquí

Después de tres días de negociaciones en Manhasset, cerca de Nueva York, con la mediación del representante del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, el holandés Peter Van Walsum, de nuevo Marruecos ha impedido cualquier avance sobre el conflicto aceptable para el purblo saharaui, representado por el Frente Polisario. Se anuncia una cuarta ronda para Marzo, pero el tiempo corre en contra de la salida negociada. No obstante, la nota oficial emitida por el señor Van Walsum podría hacer pensar que aun se mantiene la esperana de que no se cierre la vía del diálogo. Dice el texto que " las partes han vuelto a expresar sus fuertes divergencias sobre las cuestiones fundamentales" y que, "al mismo tiempo las partes han reafirmado el compromiso y la voluntad política de negociar de buena fé....y han coincidido en que es necesario que el proceso entre en una fase de negociación más intensa" y llegar al fondo del conflicto.

"Las partes -continúa el comunicado- acuerdan volver a verse del 11 al 13 de Marzo de 2008 en Greentree Estate (New York)". Para preparar esa nueva rona, "las partes se felicitan" de la próxima visita a la región del señor Van Walsum.

Nadie quiere la guerra, pero...

En declaraciones a la prensa posteriores a la reunión, el delegado del Frente Polisario en España, Brahim Gali, calificó la tercera ronda de negociaciones de 'importante y positiva' y aseguró que el movimiento independentista saharaui 'está dispuesto a participar en la cuarta ronda' de un proceso negociador que comenzó en junio de 2007. Pero, el propio Ibrahim Gali, decía horas antes, al salir ayer de una de las reuinones que "Marruecos mantiene una postura intransigente para tratar de imponer los hechos consumados".
"Al parecer, el objetivo (de Marruecos) es hacer fracasar el proceso negociador".

Hay que recordar que , esta tercera cita se ha producido pocas semanas después de que el Polisario en su XII Congreso ad viirtiera que está dispuesto a librar 'una larga guerra' si fracasaban las negociaciones.

La tercera ronda de negociaciones ha conad también con representantes de Argelia y Mauritania. Al igual que en las rondas celebradas en junio y agosto de 2007, la delegación de Marruecos estuvo encabezada por el ministro del Interior, Chakib Benmusa, mientras que la del Frente Polisario lo estuvo por uno de sus representantes más destacados, Mahfud Ali Veiba.

Marruecos continúa aferrado a su propuesta de conceder la autonomía a la población saharaui, pero con la condición de que ese territorio, que fue colonia de España hasta 1975, permanezca bajo su soberanía.
El Frente Polisario, insiste en que se cumplan las resluciones de la ONU y, por tanto, que se celebre un referendum de autodeterminación en el que se incluya, también, la oferta marroquí de autonomía, pero que no se excluya como pretende Marruecos, la opción de la independencia..

Prueba de la inamovilidad marroquí son las declaraciones del jefe de su delegación, el Ministro del Interior de Marruecos, Chakib Benmoussa, quien volvió a decir ante la prensa que no aceptará ningún intento de imponer una política "que afecte la integridad territorial o la soberanía de Marruecos".
El jefe de la delegación saharaui, Mahfud Alí Veiba, defendió el derecho de los saharauis a ejercer la libre determinación y elegir lo mejor para su futuro."Sería una torpeza y un error grave empujarlo a situaciones extremas", advirtió Veiba.
El actual proceso de discusiones directas entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos responde a lo establecido en una resolución del Consejo de Seguridad aprobada a fines de abril de 2007.
Estas tres rondas de conversaciones son las primeras que ambas partes sostienen desde 2000, cuando Rabat manifestó su renuencia a celebrar un referéndum de autodeterminación propuesto por la ONU.
Tras la vergonzosa retirada de España en 1975, el territorio del Sáhara Occidental fue ocupado por Marruecos y, una parte, hasta 1979, también por Mauritania. La resietencia primero y la guerra después, al lograr el Polisario conformar un ejército regular, duró hasta 1991, cuando la ONU logró un cese al fuego, que supervisa una misión conocida como MINURSO, entre cuyas funciones está, también, la de gestionar una iniciativa de paz que contempla la celebración de un referendum de autodeterminación.

El Polisario se esfuerza por mantener la vía negociadora

"Estamos presentes en Manhasset III con toda la esperanza del mundo enque esta tercera ronda pueda constituir un nuevo paso en dirección a la paz en el Sáhara Occidental y en nuestra región", declaraba antes de concluir la ronda Mhamed Jadad , miembro de la delegación saharaui a la agencia argelina APS. Y reafirmaba que el objetivo y la preocupación mayor de la delegación del Frente Polisario "siguen siendo encontrar una solución política del conflicto, una solución pacífica que pasa por la puesta en práctica de las resoluciones de la ONU que defienden el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación".Rechazando la posición unilateral de Marruecos que pretende imponer la autonomía bajo su soberanía como única opción por negociar, el diplomático saharaui dirá que ésta debe seguir siendo solamente una de las tres opciones, es decir, la independencia, la integración o la autonomía, sobre las que deberá pronunciarse el pueblo saharaui en un referéndum de autodeterminación."El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación ha sido reafirmado muchas veces por la comunidad internacional. Es un derecho que acaba de reafirmar el pasado diciembre, en Tifariti, el XII Congreso del Frente Polisario y es el único principio que guía nuestras negociaciones con Marruecos. No conocemos ninguna excepción a la condición de que la última palabra le corresponde al pueblo saharaui", volvió a afirmar ante la prensa, mientras las dos delegaciones se preparaban para reiniciar, a puerta cerrada, las conversaciones.

La diplomacia saharaui recuerda que hay actualmente sobre la mesa de negociaciones dos propuestas, una del Frente Polisario y la segunda marroquí, que fueron transmitidas el pasado abril al Secretario General de la ONU, y "sobre la base de esos dos documentos, de igual valor, es como deben desarrollarse las negociaciones para encontrar juntos un camino hacia la paz, la seguridad y la estabilidad dándole al pueblo saharaui le posibilidad de decidir su porvenir"."La negociación sigue siendo una herramienta privilegiada en la búsqueda de una solución política al conflicto del Sáhara Occidental. Seguiremos negociando mientras que Marruecos no haya vuelto la espalda a la búsqueda de una solución justa y pacífica", dijo Mhamed Jadad, señalando que la negociación "no puede durar indefinidamente".

Por su parte, Bujari Ahmed, representante saharaui ante la ONU añadió: "Nosotros, los saharauis, seguimos diciendo que la proposición marroquí del plan de autonomía es una proposición unilateral que pretende engañar a la comunidad internacional intentando consolidar el hecho colonial en el Sáhara Occidental. Puede ser un elemento en un paquete en el que el pueblo saharaui, durante un referéndum de autodeterminación, tenga la posibilidad de escoger entre la independencia o la autonomía. Es la única visión objetiva, flexible yrealista que puede sacarnos del callejón sin salida en que nos encontramos a causa de la política de bloqueo practicada desde hace más de diez años por Marruecos"

."Desde hace más de dieciséis años, hemos aportado a la comunidadinternacional la prueba de que estamos por la paz. Le hemos dadopreferencia a la vía diplomática hasta ahora. Amamos la paz y lo hemosdemostrado desde 1991 aceptando todos los acuerdos que se han sucedidohasta el momento. Pero si Marruecos nos obliga a volver a la lucha, no dudaremos en defender así el ideal del pueblo saharaui por las armas",insistió Mhamed Jadad.

Seis meses para decidir sobre la vuelta a la guerra

El Polisario adviertió de la vuelta a la guerra en caso de fracasar las negociaciones , en su XII Congreso celebrado en el territorio liberado desde marzo de 1979 de Tifariti, Sahara Occidental, y aplazó la votación para volver a las armas seis meses.
Las negociaciones “no pueden eternizarse y constituir un fin en sí mismas al servicio de intereses coloniales que los saharauis nunca aceptarán”, según la declaración final del XII Congreso del Polisario.

Los delegados pidieron a la nueva directiva del Polisario que proceda a una “evaluación exhaustiva” de esas negociaciones, que saque las conclusiones que se impongan y que tomen “las medidas y decisiones apropiadas en defensa de los derechos legítimos de nuestro pueblo a la independencia”.

Los representantes saharauis pidieron a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad que desempeñen plenamente su papel y asuman su responsabilidad ejerciendo las presiones y aplicando las sanciones que sean necesarias a Marruecos para “poner fin a su intransigencia, a sus múltiples provocaciones y a sus vanos intentos encaminados a imponer pseudo soluciones en total contradicción con el derecho internacional”. Considerando que Marruecos “sigue reprimiendo encarnizadamente a la población civil en los territorios ocupados y al sur de Marruecos” e imponiendo allí “un asedio permanente y un bloqueo militar y mediático”, la declaración reclama que termine estas violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos” (…) “el saqueo y expoliación de los recursos naturales saharauis” y exige“la liberación de todos los presos políticos saharauis y que se haga la luz sobre la suerte de más de 500 civiles desaparecidos y 151 prisioneros de guerra saharauis aún en manos de Marruecos".

La asamblea condenó además “la inercia” de la MINURSO “ante las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos por Marruecos en los territorios saharauis ocupados”..
El Congreso también recordó a España “sus responsabilidades históricas, morales y jurídicas ante la descolonización del Sahara Occidental y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”, y le hizo un llamamiento para que “las asuma plenamente”.

Y la represión, continúa

Al menos siete pescadores saharauis resultaron gravemente heridos durante la salvaje intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes que dispersaron una manifestación en la que se reclamaba el derecho de estos pescadores a ejercer su oficio en la playa de Luberda, más conocida como "Tchica", en la ciudad ocupada de Dajla. Los manifestantes corearon frases pidiendo la retirada inmediata del ocupante marroquí y la independencia del Sáhara Occidental, y denunciando la continua expoliación de los recursos del territorio por parte de las autoridades coloniales marroquíes, indica un comunicado del Comité Saharaui de Acción Contra la Tortura en Dajla..Las fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron brutalmente para dispersar a los manifestantes, añade la misma fuente, que da cuenta de siete personas gravemente heridas, según un primer balance.Se trata de Ahmed Mahmud Amor, Ebba Menni, Mohamed Lamin Mussa, Sidahmed Meichan, Kemal Brahim, Selama Lehbib y Meyara Ely. Además, a los vehículos que los transportaban al hospital se les impidió entrar en la ciudad, lamenta la misma fuente.El Comité Saharaui de Acción Contra la Tortura en Dajla ha expresado su preocupación ante las violaciones de los derechos de los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en el sur de Marruecos, a causa de la violenta represión de las manifestaciones en las que se reclama el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia.

El Presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, reclamó el pasado viernes al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, que intervenga para proteger a los saharauis que recientemente han sido víctimas de la represión en las ciudades ocupadas de Smara, El Aaiun y Bojador como consecuencia de manifestaciones pacíficas organizadas en dichas poblaciones."Atraemos vuestra atención sobre las prácticas marroquíes que colocanobstáculos suplementarios ante los esfuerzos de la comunidad internacional y que amenazan el proceso de arreglo pacífico (del conflicto), de igual forma que revelan la completa falta de voluntad del Gobierno marroquí para entablar negociaciones de buena fe", advertía Abdelaziz en su misival

Human Rights Watch pide a Marruecos que respete los Derechos Humanos

Human Rights Watch declaró el lunes que"las negociaciones que han comenzado en Manhasset, junto a Nueva York, sobre el futuro estatuto del Sáhara Occidental deben ser acompañadas por compromisos del Gobierno marroquí sobre el respeto a los Derechos Humanos en ese territorio".

La organización internacional de Derechos Humanos reafirmó en un informe hecho público tras terminar la visita de su misión de dos semanas a los campamentos de refugiados saharauis y al Sáhara Occidental con el fin de informarse sobre la situación de los Derechos Humanos en ambas partes, que "las autoridades marroquíes reprimen las manifestaciones a favor de la independencia del Sáhara Occidental".Concretó igualmente que "los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente o que prefieren el referéndum de autodeterminación para la independencia del Sáhara Occidental son reprimidos por la administración y la policía marroquíes, torturados y condenados ilegalmente a penas de cárcel. Las autoridades marroquíes les niegan la formación de organizaciones y de reunión por estar a favor de la independencia, mientras que la policía usa la fuerza para dispersarlas sentadas y las manifestaciones".

Según la directora de Derechos Humanos encargada de Oriente Medio y África del Norte, Sarah Leah Whitson, "el tabú impuesto en torno al asunto del Sáhara Occidental frena todo avance real de Marruecos en el campo de los Derechos Humanos", dijo, reafirmando que "la gente tiene que tener derecho a manifestarse pacíficamente por la independencia del Sáhara Occidental". La organización internacional de Derechos Humanos ha hecho análisis sobre el terreno del 2 al 13 de noviembre de 2007 en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis en los que habitan decenas de miles de personas, añadió la Sra. Sarah Leah Whitson.

La misión de Human Rights Watch se ha reunido en los territorios ocupados con víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, abogados, organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos, periodistas y víctimas de la represión contra los manifestantes. Además se desplazóa los campamentos de refugiados saharauis, donde habló con la población alojada allí, inclidos responsables del Frente Polisario y con representantes de las organizaciones no gubernamentales e internacionales.

(Fuentes: Arso.org, Prensa Latina, Agencia EFE, SPS-Servicio de Prensa Saharaui, SCSC-Servicio de Comunicación Saharaui de Canarias)

Mario Benedetti

EL ESCRITOR URUGUAYO SE RECUPERA FAVORABLEMENTE EN UN HOSPITAL DE MONTEVIDEO. EN SEPTIEMBRE CUMPLIÓ 87 AÑOS

El escritor uruguayo Mario Benedetti, de 87 años, permanece hospitalizado en un sanatorio de Montevideo con síntomas de deshidratación pero evoluciona favorablemente y está "lo más bien", según fuentes próximas al poeta. Benedetti quedó ingresado el jueves en el sanatorio Impasa, dijo hoy a la agencia ANSA su secretario personal Ariel Silva, quien aclaró que está "lo más bien" y que "ya pidió los lentes y el diario". "Tuvo una gastroenterocolitis con estos calores, es una deshidratación. El médico decidió que era preferible que estuviera controlado y se decidió internarlo para seguir los estudios aquí. Está evolucionando favorablemente", precisó Silva. La capital uruguaya soporta altas temperaturas veraniegas en los últimos días que rondan los 40 grados.

Entrevista, al cumplir los 87

El popular escritor uruguayo, cumplió 87 años el 14 de septiembre. Brindó una cálida entrevista al canal Telesur, que reproducimos a continuación.

Biografía de Mario Benedetti

Mario Benedetti (1920- ), escritor uruguayo, autor de una extensa obra literaria que abarca la crítica literaria, la poesía, el ensayo y la narrativa.
Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Estudió en el Colegio Alemán de Montevideo y en el Liceo Miranda. Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires. En 1945 regresó a Montevideo y entró a formar parte del semanario Marcha. En la década de 1970, después de la ascensión al poder de una criminal dictadura militar se vio obligado a exiliarse por sus ideas políticas de izquierda en Buenos Aires, Lima, La Habana y España.
En la actualidad alterna su residencia entre Madrid y Montevideo. Ha cultivado todos los géneros, con iniciación en la poesía en libros como Poemas de la oficina (1956), de tono cotidiano y existencial. Con los cuentos Montevideanos (1959) incursionó en el realismo, asociado al costumbrismo, centrado en las clases modestas de la ciudad. En 1960 ensayó la crítica político-social con El país de la cola de paja. Sus novelas La tregua (1960) y Gracias por el fuego (1965) amplían el realismo a la observación de vicios sociales de la clase media y la sociedad de consumo. Luego, su narrativa se politizó en favor de las opciones de la guerrilla urbana con El cumpleaños de Juan Ángel (1971) y Primavera con una esquina rota (1982), incorporando el tema del exilio y el retorno en La casa y el ladrillo (1977), Viento del exilio (1981), Geografías (1984) y Las soledades de Babel (1991). Su obra de teatro Pedro y el capitán (1979) aborda la problemática moral de la tortura. Ha recogido su tarea crítica en varias misceláneas, como Letras del continente mestizo (1967), Sobre artes y oficios (1968), El desexilio y otras conjeturas (1984), así como la evocación autobiográfica en La borra del café (1993). En 1986 publicó sus Cuentos completos, y en 1995, el libro de poesías El olvido está lleno de memoria. En 1996, publicó Andamios, otra novela en clave autobiográfica. Otras recientes obras suyas son los libros de poemas La vida, ese paréntesis (1997), Rincón de haikus (1999), El mundo que respiro (2001) e Insomnios y duermevelas (2002), así como las colecciones de cuentos Buzón de tiempo (1999) y El porvenir de mi pasado (2003). En 2001 Benedetti recibió el Premio Iberoamericano José Martí

(Fuentes: ANSA-Latina, Telesur y terrorfileonline.org)

Bolivia:Crisis política

EVO MORALES OFRECE A LOS PREFECTOS UN ACUERDO NACIONAL. LOS DEPARTAMENTOS 'REBELDES' Y EL GOBIERNO MANTIENEN SUS POSICIONES

El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso este lunes a los nueve prefectos(gobernadores) del país un acuerdo nacional para conjurar la crisis que recrudeció en el último medio año.
Los nueve prefectos ­cinco de los cuales son opositores­ dijeron estar de acuerdo con avanzar hacia un pacto nacional, pero las negociaciones apenas comenzaron.
"Quiero plantear un acuerdo nacional por el nuevo país", dijo Morales en la primera intervención, que fue secundada por los nueve gobernadores regionales.

Una comisión trabajará ese acuerdo sobre los siguientes temas: defensa de la unidad del país, respeto a la democracia, primacía de la legalidad, estatización de la economía, adhesión al proceso de cambio social, autonomías departamentales, renta dignidad para los ancianos, transparencia de la gestión, respeto a la propiedad privada y referéndum revocatorio.

Temas en los que hay coincidencias

Los nueve prefectos del país y el Gobierno identificaron seis ejes de interés para el debate que permita allanar un acuerdo nacional, planteado por el presidente, Evo Morales, que pasan por la unidad del país, la legalidad de la nueva Constitución y estatuto autonómico, el régimen económico, el cambio, las autonomías y el Impuesto Directo de los Hidrocarburos(IDH). "En Bolivia no hay dos proyectos de país confrontados. Prefectos y Gobierno comparten seis principios del país", señaló el vicepresidente, Álvaro García Linera, tras escuchar las intervenciones de los nueve prefectos y el Presidente de la República. El primer punto convergente es la unidad del país "no es un tema en debate, es un tema de compromiso reafirmado por el Gobierno y en acompañamiento con los prefectos", afirmó García Linera. El segundo tema referido a la democracia, el respeto a la institucionalidad y legalidad en torno a la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos. Un tercero, es sobre el papel rector que debe ejercer el Estado en el campo económico y con el cual las prefecturas están siendo favorecidas. Un cuarto tema identificado es que los prefectos reafirman su compromiso por el cambio, "nadie quiere retroceder", añadió. Un quinto punto referido al referéndum sobre autonomías departamentales. "Ni el Gobierno ni las prefecturas han puesto en debate a la democracia y reafirmaron que se debe respetar el voto ciudadano tanto en los departamentos que se votó por el sí y por el no", agregó el Vicepresidente. Un sexto tema en cuestión es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado al pago de la renta Dignidad para mayores de 60 años a partir de febrero próximo.

Y las mayores divergencias

Los prefectos opositores al Gobierno mostraron divergencias principalmente en el IDH para el pago de la renta Dignidad, la nueva Constitución y las autonomías departamentales. Por su parte, el ejecutivo mantuvo la posició de la ilegalidad de los estatutos autonómicos, sino se sujetan a la nueva Carta Magna, pues la actual no contempla este régimen. Ante esta posición, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que con esas posiciones no se pueden avanzar, pues ellos siempre defenderán la legalidad de los estatutos autonómicos y observarán la ilegalidad de la nueva Carta Magna.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, explicó la viabilidad del pago de la renta Dignidad con la nueva distribución del IDH, además demostró el mantenimiento de importantes ingresos de recursos para las regiones. Este hecho también fue rebatido por los prefectos opositores que lamentaron la explicación del titular de Hacienda y la calificaron de mentirosa, además de ilegal por asumir una medida de esa naturaleza.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aclaró que la Constitución vigente respalda el pago de la renta Dignidad como medida social para proteger el capital humano. La autoridad gubernamental explicó que por primera vez, después de muchos años, este sector del pueblo (ancianos) forma parte de un beneficio vitalicio que siempre se les negó.

"El país nos quiere ver juntos", dijo un Evo Morales conciliador. Sus opositores también bajaron las armas verbales y acudieron con ideas para resolver la crisis.
Más de siete horas de debate fueron transmitadas por televisión abierta y, para afinar los anuncios y elaborar la metodología, los medios fueron invitados a abandonar el salón.

El gobierno está empeñado en consolidar el proyecto de Constitución que aprobó la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente, para lo cual inició el sábado la campaña por el Sí, con miras al referéndum constitucional a convocarse recién para este semestre. Los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando reivindican las autonomías regionales por las que se pronunciaron sus habitantes en el referéndum de 2006. Esos cuatro prefectos, junto a los de La Paz y Cochabamba, rechazan el proyecto oficialista de nueva Constitución y exigen la devolución del 70 por ciento de un impuesto sobre hidrocarburos que el gobierno les recortó para financiar una renta de vejez.

(Fuentes: BBC-Mundo, ANSA-Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información)

UNA GUERRA ENTRE RICOS Y POBRES

Por Javier Sáenz Munilla(*)

Latinoamérica es la región de mayor desigualdad social de la Tierra y Bolivia, junto a Brasil y Colombia, el país más desigual -injusto- de América Latina. Por mucho que crezcan estos países y toda la región, en las condiciones de producción actuales serán necesarias décadas para reducir algo esa desigualdad. Lo que pretende el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, mediante la elaboración de una nueva Constitución o con leyes como la de los Hidrocarburos es, precisamente, revertir esa ecuación maléfica, que mantiene en la exclusión a la mayor parte de la población boliviana. Y lo que busca la derecha, agrupada en PODEMOS o en la llamada 'media luna'-los departamentos ricos que lideran los terratenientes de Santa Cruz-, es evitarlo; por todos los medios, además, como demuestran los recientes acontecimientos. Pero, ¿desde cuando la burguesía -supongo que podemos llamar así aún a los grandes propietarios- cede la más mínima parte de sus beneficios a cambio de nada y de forma voluntaria y pacífica?

En Latinoamérica un 10 por ciento de ricos se lleva, de media, el 36 por ciento de la renta. Pero en Bolivia, Brasil y Colombia, se queda con más del 40 por ciento. Ni que decir tiene que esos privilegiados propietarios, viven como dioses, mientras las grandes mayorías se mueren de asco o de hambre. Muchos de ellos se mueren antes de cumplir los cinco años. Y eso que se ahorran.
El 60 por ciento de los bolivianos son pobres, pese a que el país tiene suficientes riquezas naturales para dar y tomar: Hidrocarburos, tierras agrícolas de alto valor, bosques madereros y una gran biodiversidad. No es de extrañar, pues, que el que no pertenezca a las clases pudientes -abrumadoramente de origen europeo y piel blanca- considere muy a menudo la posibilidad de largarse. Y así, Bolivia tiene al 16 por ciento de su población en el extranjero.

Pero llegó Evo y mandó a parar

El MAS, con Evo Morales, ganó las elecciones el 18 de Diciembre de 2005, con una clara mayoría del 54 por ciento, algo inusual en la democracia boliviana. El pueblo, tras las desastrosas gestiones de los anteriores presidentes, clamaba por un cambio real que llevara al país por otros derroteros, que le sacara del pozo sin fondo en el que se hallaba. En palabras de Eduardo Galeano, Bolivia se manifestó como “el país que quiere existir”.

Pero desde el momento que el MAS comenzó a cumplir sus promesas electorales, se le echaron encima los poderosos, los interesados en no ceder ni siquiera lo que no es suyo, dijeran lo que dijeran las grandes mayorías.

La nacionalización de los hidrocarburos fue votada favorablemente por el 90 por ciento de quienes participaron en el referéndum. Y además, era, junto con la Asamblea Constituyente, la estrella del programa electoral del MAS. “Nacionalizaciones, no expropiaciones”, como advertía el Vicepresidente boliviano García Linera.

Los cambios reales han sido y son demandados por las mayorías de Bolivia -recordamos, 60 por ciento de pobres- en los últimos 25 años. No sólo el levantamiento contra el Presidente-criminal, el agringado Sánchez de Lozada 'Goni', quien antes de huir a su patria pecuniaria de Norte dejó una estela de 80 muertos detrás. Ahí están también las movilizaciones de los mineros desalojados de las cuencas del estaño, las 35.000 familias de cocaleros en defensa de sus cultivos o las masivas ocupaciones de latifundios por los campesinos sin tierras.
¡Y la guerra del agua en el 2000! que concluyó con la expulsión de la compañía extranjera que incumplía su obligación de suministrar agua potable a la población, entre otros municipios, de El Alto.
El gobierno del MAS tiene un Ministerio del Agua, algo casi único en el mundo, lo que da una idea de la importancia que le otorga a este asunto, un verdadero problema nacional. Hay que tener en cuenta que hay dos millones de bolivianos sin “agua de boca” y cinco millones sin saneamiento. Y ello en un país que cuenta con uno de los mayores caudales del continente.
Y no deben olvidarse las movilizaciones de las mayorías indígenas y sus organizaciones, en un movimiento coordinado, que han contribuido a las presiones para modificar y lograr avances en la descentralización y que ha reforzado la participación comunal en la gestión de los municipios. Por ahí comenzó a construirse un nuevo país. Además, el movimiento indígena ha sido crucial en la reactivación de la reforma agraria y el rescate de tierras. Y es la principal fuerza de base del gobierno socialista boliviano.

Son las grandes mayorías indígenas, que llevan 500 años desalojadas del poder, las que ahora, con uno de los suyos en la Presidencia de la República, tienen la intención de recuperarlo.

El proyecto democrático del MAS plantea refundar el Estado para construir un modelo de economía mixta y de cultura plurinacional, que el Vicepresidente García Linera denominó “Capitalismo Andino-Amazónico en un estado multicultural”.

¿Y cómo lo hacemos?

En Bolivia hay unos cinco millones de hectáreas de tierras de alto potencial agrícola, que no son explotadas. Y sólo dos millones que sí lo son. Esos, repito ¡cinco millones de hectáreas! o bien es que sus dueños son traficantes de tierras que no las quieren explotar (la mayor parte) o son tierras en disputa entre indígenas, colonos, latifundistas....

El problema de la tierra, también en Bolivia, es grave. Menos de 100 familias tienen la propiedad de 25 millones de hectáreas. Mientras que 2 millones de familias campesinas apenas tienen 5 millones de hectáreas.
La mayor parte de las grandes propiedades se concentra en el Oriente del país. Precisamente donde se encuentra la llamada “Media Luna”, los departamentos ricos y 'rebeldes', que se levantan estos días contra Evo Morales, contra la Asamblea Constituyente y contra el llamado 'Salario Dignidad' establecido por el Gobierno para los ancianos. Y que están proclamando sus 'autonomías' de forma extralegal, dispuestos, como los franquistas en España, a imponer una Bolivia rota antes que roja. El 95 por ciento de esas grandes propiedades están en manos de especuladores de la tierra, que disponen a su antojo de ese 'neolatifundio' improductivo, en un país, repitamos una y mil veces, con un 60 por ciento de la población en la pobreza.

Pero la actual Constitución y el régimen agrario de Bolivia, no sólo no reconocen el latifundio, sino que además establecen el 'empleo sostenible' de la tierra y definen su 'función económico social' y dictan que las propiedades que no cumplan esa función, deben ser expropiadas o revertidas al Estado, para que las redistribuya a campesinos e indígenas sin tierras. Esto es así desde la llamada Revolución Nacional de 1953 que, como vemos, se quedó en los papeles y nunca ha sido aplicada...hasta hoy.
Y ahora el Gobierno del MAS está desarrollando aquella Reforma Agraria, mediante la entrega de títulos y propiedades comunales a campesinos sin tierra. Una razón más para que las airadas huestes latifundistas, especialmente en Santa Cruz, se movilicen contra La Paz. Y lo hacen no sólo con algaradas, también con la activación de grupos paramilitares que asaltan y destrozan pequeñas propiedades y atemorizan a los campesinos.

Recuperar los recursos naturales

Bolivia fue expoliada por la metrópoli española, que vació sus minas de plata (¡vale un Potosí!) en las que dejaron la vida miles de indios. Y otros chupasangres criollos (¡Patiño!) se ventilaron el estaño. Ahora a Bolivia le estaban succionando el gas y el crudo y no daban ni las gracias. Por eso la revolución democrática que llevó 'al Evo' hasta el Palacio Quemado, tenía que evitar que el latrocinio culminara, dejando a Bolivia completamente exangüe.

La Ley de Hidrocarburos es el instrumento. Este es uno de los sectores más importantes del país. Bolivia ocupa el segundo puesto en Sudamérica en producción de hidrocarburos. Sus yacimientos de gas natural alcanzaron a producir en 2005 cerca de 443.000 millones de pies cúbicos.
Pero a su llegada al poder, el MAS se encontró con que las empresas concesionarias, pese a trabajar en unas condiciones de contratación claramente lesivas para el Estado, apenas si efectuaban las escasas inversiones que les exigía la ley. La inversión había caído sustancialmente y el mantenimiento de los yacimiento era muy precario. Alegaban, como explicación, que las convulsiones sociales que vivía el país, les impedía creer en su estabilidad y no confiaban en la recuperación de sus inversiones.

Y en realidad, no sólo no se cumplía lo que dispone la Constitución en vigor respecto a la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, sino que los contratos de concesión permitían que las empresas fueran dueñas del 100 por 100 de la producción de gas y de petróleo. En consecuencia, durante años, Bolivia había estado entregando sus hidrocarburos, simplemente por el pago de las regalías y los impuestos, apenas por la actividad extractora, sin beneficiarse de sus propios recursos.

La nueva Ley ha recuperado la propiedad de los hidrocarburos y establece la forma en que el país participará en el mercado regional. Además precisa el papel del Estado en todo el proceso productivo, desde la explotación de los yacimientos al transporte, el refinado o la exportación y establece nuevos márgenes de impuestos y regalías, en condiciones favorables para ambas partes, con el fin de no desincentivar las inversiones extranjeras.

El proceso en marcha incluye un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, que ya ha comenzado a revertir los datos negativos que en siglos han dejado atroces estadísticas en salud, alimentación, educación....El marco político legal que debe impulsar definitivamente los cambios es la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que los enemigos de esos cambios tan necesarios para Bolivia, lancen sobre esta diana casi todos sus dardos.

(*)Este artículo se publica en la edición de Enero de Mundo Obrero

Perú: Operación Cóndor

LOS GENERALES MORALES BERMÚDEZ Y RICHTER PRADA SE DECLARAN INOCENTES, ALAN GARCÍA LES DEFIENDE Y LAS ASOCIACIONES PRO DERECHOS HUMANOS APOYAN LA EXTRADICIÓN A ITALIA

"La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresó su respaldo al pedido de la justicia italiana que solicitó la extradición del ex presidente Francisco Morales Bermúdez, por su responsabilidad en la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el marco de la “Operación Cóndor”. Consideramos que este pedido constituye un hito importante dentro del desarrollo de la justicia global y, a su vez, representa una oportunidad para que el Estado peruano demuestre claramente su compromiso en materia de derechos humanos. Es importante además considerar que, en el marco de las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, el Perú deberá manifestar su disposición a colaborar no solo en este ámbito sino también en materia de justicia y respeto a las normas internacionales que protegen los derechos humanos. En ese sentido, a un mundo globalizado en lo económico y en lo social, corresponde también una justicia global. Desde APRODEH y el movimiento de derechos humanos alentamos estos procesos que representan un paso alentador en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia a nivel mundial. Invocamos a las autoridades correspondientes a atender el requerimiento de la justicia italiana y facilitar la extradición de los funcionarios requeridos, considerando los tratados existentes entre Perú e Italia. Con ello se logrará encaminar el caso hacia un debido proceso que permita acceder a la verdad, a la justicia y a la sanción de todo hecho que atente contra los derechos humanos. Datos:La jueza de Roma, Luisianna Figliolia, solicitó la extradición del ex presidente Morales Bermúdez, entre otros funcionarios de su gobierno, a fin de que respondan por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno a fines de la década del setenta. Según el Equipo Nizkor, la Operación Cóndor fue una conspiración entre los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú) cuyo objeto fue el intercambio de información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países partes a la Operación, y la colaboración en la persecución de estas personas. La operación le permitió a operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes a desplazarse libremente en el territorio de los otros, para así secuestrar, desaparecer o asesinar a sus conciudadanos. Se estima que los resultados de este plan ocasionaron la muerte de aproximadamente 50 mil personas, la desaparición de otras 30 mil y el encarcelamiento de más de 400 mil.

(Información de: Peru.punto.com)

La justicia tarda, pero llega
Por Javier Diez Canseco (*)

Dicen que la justicia tarda, pero llega; que se puede ocultar la verdad un tiempo, pero no todo el tiempo. Parece ser cierto, si nos guiamos por la denuncia de la jueza italiana Luisianna Figliola, que ha reabierto la investigación de la detención–desaparición, tortura y asesinato de 25 ciudadanos italianos en aplicación del Plan Cóndor, pactado entre FFAA sudamericanas en las décadas del 70 y 80. Ha abierto proceso a Jefes de Estado, ministros y jefes militares de la región, incluyendo a los generales Francisco Morales Bermúdez y Pedro Richter Prada del Perú por el secuestro hace casi 28 años y posterior asesinato en manos de militares argentinos, de 4 personas.
La Operación Cóndor ha sido motivo de libros de periodistas e investigadores, evidenciada en informes secretos desclasificados del gobierno estadounidense y de las FFAA argentinas, denunciada en artículos de prensa en España, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú hace décadas, denunciada por organismos de DDHH y fue parte del proceso que enfrentó el dictador chileno Pinochet en Londres por denuncia del juez Baltasar Garzón de España. Nadie duda que el Perú y Ecuador se integraron al Plan unos años después de su inicio, bajo el gobierno de Morales Bermúdez, pues Velasco no formaba parte de la red de dictaduras militares sanguinarias que imperaban entonces en esta parte del continente.
Cuando menos tres hechos ocurridos con Morales Bermúdez están vinculados al Plan Cóndor: el secuestro y desaparición del argentino Juan Carlos Maguid en abril de 1977, la entrega –en un avión militar peruano– a manos del ejercito argentino de 13 peruanos (sin documentos, sin dinero y ni información a sus familiares) que, en su mayoría impulsamos el Paro Nacional de mayo del 78 y estábamos presos en Seguridad de Estado; y, finalmente, el secuestro de Noemí Esther Gianotti de Molfino y otros dos argentinos (además del que trajeron desde Argentina para identificarlos y capturarlos) en junio del 80. Su detención fue parte de un operativo en el que intervino una unidad militar argentina, los retuvieron en un local militar en la Playa Hondable y los llevaron hasta la frontera con Bolivia para "expulsarlos" a manos de los argentinos en complicidad con militares bolivianos. Todos murieron, incluyendo la Sra. Gianotti, cuyo cadáver apareció envuelto en una frazada –en pleno verano– en Madrid, en julio, aparentando que no había sido detenida sino que viajaba por España y murió libre allá.
Los capitostes de la alianza en el poder han reaccionado rápidamente, cubriéndole las espaldas a Morales Bermúdez. Alan García, desbocado y sin que siquiera la Corte Suprema haya recibido la solicitud de extradición italiana y evaluado el caso, ya dijo que no entregaría militares encausados por DDHH y presentó a Morales Bermúdez como el militar de la transición democrática. ¿Ya se olvidó que fue el Paro Nacional del 19 de Julio de 1977 el que cambió el rumbo del país, obligando a la convocatoria de una Constituyente y que Morales mantenía la tesis del "no partido" sin ningún compromiso con una transición democrática? ¿Olvidó que ese mismo general quiso imponer una modificación de la Carta del 79 a la Asamblea Constituyente cuando esta clausuraba sus funciones?
Lo que pasa es que García quiere establecer una política de Estado respecto a estos casos de DDHH, blindando a los acusados frente a procesos internacionales. Sabe que le esperan –al acabar su mandato– los juicios por las matanzas durante su primer gobierno: las del Grupo Scorpio, el Batallón Patriota y el Comando Rodrigo Franco (que le recordó el propio Fujimori), la de Cayara –donde se asesinó hasta a los testigos que declararon al fiscal sobre la masacre- o la masacre de Penales (casi 250 muertos ejecutados a sangre fría y desarmados, operaciones bajo el mando de su vicepresidente Giampietri y su viceministro Mantilla). Hoy por ti, mañana por mi, ¿no?
El arzobispo Cipriani, que estando en Ayacucho –cuando las desapariciones y crímenes masivos– declaró que los DDHH eran una cojudez, ahora considera que estos son "abusos en nombre de la justicia" que "no tienen nada que ver con la verdad". El flamante ministro de Defensa y abogado de grandes empresas considera "un exceso" –"no atendible"– la demanda de la jueza italiana, sobre la que no le compete pronunciarse pues sería materia de la Corte Su-prema y no de su portafolio. El gallinero del poder está alterado, cuando a Fujimori se le juzga por cosas parecidas ocurridas en el Perú.
Pero los hechos son macizos y las evidencias contundentes. Desde fines de la década del 70, las FFAA latinoamericanas –con asesoría norteamericana y bajo la sombra del TIAR– aplicaron estrategias antisubversivas y de inteligencia que incluyeron los secuestros, la detención–desaparición de personas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales– utilizando equipos y destacamentos militares para el efecto. Es cierto, la justicia y la verdad tardan, pero llegan aunque los gobernantes prefieren la amnesia y la impunidad.
(*)Javier Diez Canseco es secretario general del Partido Socialista peruano. Este artículo fue publicado por el diario limeño La República el pasado 31 de diciembre.

¡Sí! El Perú fue parte del criminal "Plan Cóndor" Por Hugo Blanco(*)

Una jueza italiana, Luisiana Figlioli, ha ordenado la captura de Francisco Morales Bermúdez por haber contribuido como miembro del «Plan Cóndor» (Alianza entre dictaduras sudamericanas para la represión) al asesinato de personas argentino-italianas. Según dicha jueza y el fiscal Giancarlo Capaldo, el secuestro de los montoneros argentinos en Lima es el ejemplo más claro sobre cómo funcionaba el Plan Cóndor. Por esta razón considera pertinente el testimonio de los generales peruanos.
La CIA, agencia de espionaje de Estados Unidos, muestra:
1.- En el documento «Una breve mirada a la Operación Cóndor» del 22 de agosto de 1978 señala: que los miembros originales fueron Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia y añade «Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros».
2.- La Central Nacional de Información de Chile, organismo promotor del «Plan Cóndor», informa en abril de 1978: «La información llegó a Chile a través del consejero peruano de la embajada peruana en Chile, señor Montagne, quien atiende los asuntos de ‘Cóndor’, el cual comunicó la conformidad sobre la designación de nuestro representante en Lima».
La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.
NOTA: (1) Cojudez.- Palabra que en jerga significa “nimio”, “sin importancia”. Deriva de “cojón” (testículo).
(*)Hugo Blanco es un escritor, político de izquierdas y miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso (www.sinpermiso.info), que publica este artículo fechado el 6 enero de 2008

Chile: Los Mapuche

LOS CARABINEROS MATAN A TIROS A UN ESTUDIANTE INDÍGENA AL REPRIMIR UNA ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN DE TIERRAS DE LA COMUNIDAD MAPUCHE

Los Carabineros chilenos mataron en la mañana de este jueves a un joven mapuche en el marco de una represión en una finca de la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía.

Matías Catrileo Quezada, estudiante universitario y miembro de la Coordinadora Arauco Malleco, fue asesinado mientras realizaba un reclamo por la propiedad de un campo en manos de un empresario.
La Policía de Investigaciones y los Carabineros se presentaron en el campo Santa Margarita, propiedad del empresario Jorge Luchsinger, donde reprimieron con balas de metralla.
"Intentamos hacer una recuperación pacífica e ingresamos al fundo. Ibamos andando y carabineros reprimió con disparos de ametralladoras, resultando un hermano muerto", manifestó un portavoz de la organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco. Uno de los integrantes del grupo mapuche, identificado como "Rodrigo", quien se enfrentó a la policía, dijo a Radio Bío Bío que "Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras. En eso, nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías".

"Pretendíamos declarar el conflicto abiertamente, pero llegó carabineros y nos comenzó a disparar con ametralladoras", agrego el portavoz.

La muerte del joven mapuche elevó la tensión en la región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago.

Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la universidad de La Frontera de Temuco, participaba junto a otros 30 indígenas en esa acción dentro de la llamada "recuperación de tierras ancestrales", impulsada por la Coordinadora Arauco Malleco. El grupo mapuche logró huir del lugar, evitó el cerco policial y llevó consigo el cadáver de Catrileo, que no quieren entregar ni a la policía ni a las autoridades. Sixto Parsinger, obispo de la Araucanía, inició un trabajo de "garante" para conseguir la entrega de los restos de Catrileo.

El Gobierno amenaza

El gobierno rechazó la decisión de los comuneros de exigir la mediación de la Iglesia Católica, para devolver el cuerpo e iniciar la investigación del fallecimiento.“Nosotros agradecemos todas las mediaciones que se hacen históricamente y que han ayudado a muchas cosas, pero en Chile existe un estado de derecho y aquí no se puede entrar a negociar la entrega de un cadáver”, enfatizó el subsecretario del Interior, Felipe Harboe.

Mientras los diálogos para la devolución del cadáver se mantienen en la escuela San Martín de Porres, en el límite de las comunas de Vilcún y Padre las Casas, en la zona se concentran operativos policiales por tierra y aire.

Este hecho se suma a la muerte del comunero mapuche Edmundo Alex Lemún Saavedra, registrado el 7 de noviembre de 2003 que se registró en el fundo Santa Alicia perteneciente a la foestal Mininco. Lemún fue herido por un balín metálico disparado con una escopeta antidisturbios en un enfrentamiento entre comuneros y la policía uniformada, también durante una ocupación de terrenos por parte de un grupo mapuche. Tras permanecer cinco días internado en Temuco, Lemún murió.

Tras los atentados incendiarios provocados las últimas semanas contra dos camiones, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, indicó que los autores de cualquier incidente deben atenerse a las consecuencias, infomó la radsioemisora."Una vez capturados y procesados, como corresponde en un estado de derecho, después no me vengan con huelgas de hambre", fustigó el ministro.

Huelga de hambre y solidaridad

El pasado 19 de diciembre, unos cien manifestantes llevaron a cabo una marcha por el centro de Santiago, en solidaridad con las personas que aun se mantienen en huelga de hambre en Angol, en la provincia de Malleco. Además de la liberación de los presos políticos mapuche, los manifestantes solicitan la desmilitarización de las comunidades en el sur del país.
Los manifestantes marcharon repartiendo volantes, con pancartas y gritando consignas como: "En huelga de hambre, están los comuneros, porque el estado los tiene prisioneros", "liberar liberar, al mapuche por luchar". Lienzos de color negro con letras blancas señalaban: "Resistencia, no es terrorismo", y un blanca de letras negras con el texto: "Fin a la ley antiterrorista".
Una de las huelguistas, Patricia Troncoso fue trasladada de urgencia desde la cárcel a un hospital no determinado de la zona, con una grave descompensación originada por los efectos de 72 días de huelga de hambre. Su padre, don Roberto Troncoso y la esposa de Llaitul - quien continúa hoy en huelga en la cárcel de Angol - regresaron al sur luego de permanecer en Santiago sin que se concretara el diálogo comprometido por el gobierno a través del obispo de Temuco, Camilo Vial.
En carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, Patricia Troncoso culpa el gobierno chileno por las injusticias cometidas contra los dirigentes: "El gobierno es el único culpable de todas las injusticias que ha cometido a lo largo de todo este período, no solamente el encarcelamiento de los dirigentes sino que la persecución a través de las violentas represiones que ha hecho en nuestras comunidades, utilizando todo tipo de medidas y artimañas para hacerlo".

La democracia también reprime a los mapuche

Amnistía Internacional (AI) expresaba en 2006 al gobierno chileno su preocupación por las detenciones de mapuches y la gravísima situación de Juana Calfunao Paillalef y la Comunidad Juan Paillalef, en la comuna de Cunco, de la Novena Región.

El 21 de diciembre de 2005, un grupo de mapuches bloqueó un camino del sector Laureles, en la comuna de Cunco, en protesta por la construcción estatal de un camino privado que cruza los terrenos donde está asentada la Comunidad Paillalef. Los carabineros arremetieron contra los comuneros mapuches usando bombas lacrimógenas y disparando balas a quemarropa contra de manifestantes desarmados. Varias personas resultaron heridas.

Apenas dos días después -23 de diciembre-, unos doscientos efectivos de Carabineros ingresaron nuevamente a la comunidad disparando bombas lacrimógenas y balines. Esta vez, allanaron las viviendas sin que existiera una orden judicial. La casa de Juana Calfunao fue prácticamente destruida. Durante el allanamiento ilegal la policía causó destrozos en las viviendas y enseres, destruyó alimentos, generadores y confiscó herramientas de uso agrícola. Juana Calfunao y su hermana Ana Luisa fueron golpeadas y trasladadas, en calidad de detenidas, a la Tercera Comisaría de la localidad de Padre Las Casas.
Al día siguiente -24 de diciembre-, se les dejó en libertad por orden de la jueza del Tribunal de Garantía de Temuco, quien señaló que "el procedimiento de la detención se había realizado en forma ilegal e irracional". La jueza Luz Mónica Madariaga observó las heridas que presentan las hermanas Calfunao en el rostro y extremidades, lesiones que fueron constatadas ante el Servicio Médico Legal (SML) por disposición de la jueza, quien ordenó iniciar una investigación.
En una misiva enviada al gobierno chileno Amnistía Internacional señala: "Nuestro organismo se ha dirigido a las autoridades en varias ocasiones respecto a las situaciones de amenazas, hostigamiento y malos tratos denunciados a las autoridades por Juana Calfunao. Ha sido motivo de grave preocupación para la organización el que, según la información recibida por parte de las autoridades chilenas, las investigaciones no han concluido a pesar de que algunas de esas denuncias datan desde el 2000". Agrega: "Preocupa que agentes encargados de controlar el orden, en este caso Carabineros de Chile de la IX Región, hagan uso de armas de fuego para dispersar protestas en bloqueos de caminos. Es importante que las autoridades pongan en práctica la aplicación de normas internacionales a este respecto. Igualmente, Amnistía considera que el accionar de las fuerzas de seguridad se debe apegar a las disposiciones del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas internacionales señalan límites estrictos sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y establecen que la fuerza solo podrá ser usada cuando sea estrictamente necesario y en proporción al objetivo o amenaza que se presente, y que el uso de fuerza letal solo deberá emplearse cuando sea inevitable para proteger vidas".

Antiguas y nuevas denuncias y los terratenientes en medio

Durante los meses de octubre y noviembre de 2005, Juana Calfunao visitó varios países europeos, en el marco de una gira de denuncia pública y presentación de su caso ante organismos internacionales, con el objetivo de denunciar la persistente campaña de persecución política de que sería objeto por parte de la institucionalidad chilena, además de las amenazas de muerte y hostigamientos cotidianos de parte de latifundistas locales que se empeñan -según denuncia- en arrebatarle las reducidas tierras de su comunidad. Uno de los puntos de su visita fue Ginebra, Suiza, y desde allí el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Estos organismos solicitaron al gobierno chileno "tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de la Sra. Juana Calfunao, de su esposo, sus hijos y todos lo miembros de su familia, incluyendo la asistencia médica urgente, apropiada y gratuita que ella y su familia necesiten". La petición internacional ha sido completamente desechada por las autoridades chilenas.
A pesar de la preocupación manifestada por los organismos internacionales y otras organizaciones de derechos humanos, el 4 de enero de 2006, nuevamente funcionarios de Carabineros -esta vez con orden judicial de detención, registro y allanamiento- detuvieron a Juana Calfunao y a otras seis mujeres, incluyendo a su hija, Relmutray Cadin Calfunao, de siete años, y las menores Carolina Landero Calfunao -17 años-, Rosnelia Neculmán Calfunao -17 años-, Catalina Ramírez Calfunao -tres años-, y Mercedes Paillalef Moraga, de 71 años. Después de un control de identidad, se les dejó en libertad, mientras que Juana Calfunao era trasladada bajo "prisión preventiva" al Centro de Reclusión Femenino de Temuco, acusada de "desórdenes públicos" y "amenazas a Carabineros".
Según Amnistía Internacional "la detención de Juana Calfunao puede estar vinculada al uso de su legítimo derecho de protesta pacífica y por lo tanto sería una presa de conciencia. Amnistía Internacional considera presos de conciencia a aquellas personas privadas de su libertad en cualquier parte del mundo a causa de la expresión de sus convicciones, sin utilizar la violencia".

En junio de 2004, Juana Calfunao denunció el asesinato de su tío Basilio Coñoenao y el incendio provocado en su vivienda. Las comunidades Juan Paillalef y Juan Pichunlaf mantienen disputas con terratenientes locales, las familias: García, Ríos y Muñoz. La madrugada del 26 de junio de 2004, se desencadenó un incendio en la casa de Juana Calfunao, que se quemó totalmente. En su interior se descubrió el cadáver calcinado de su tío, Basilio Coñoenao, lonko de la vecina comunidad Juan Pichunlaf. Ambas comunidades creen que fue asesinado en otro lugar y, posteriormente, dejaron su cuerpo en la casa para encubrir el crimen. Días antes, Basilio Coñoenao y su sobrino recibieron amenazas de terratenientes que les exigían que abandonara la propiedad. Coñoenao denunció los hechos ante la Fiscalía Regional.

AI señala: "No existe información acerca de alguna investigación que hayan realizado las autoridades por las amenazas o el incendio. Juana Calfunao y su familia fueron objeto de amenazas e intimidación en cuatro ocasiones durante el mes de julio de 2004. Arrojaron piedras contra su casa provisoria y efectuaron disparos al aire frente a ella. Los afectados denunciaron estos hechos a los Carabineros de la ciudad de Los Laureles, a ocho kilómetros de Juan Paillalef".

La lucha de los mapuche por sus tierras

Las comunidades y los terratenientes mantienen desde hace tiempo una disputa por la demarcación de las tierras. Según informes de organismos de derechos humanos, los terratenientes han intimidado a mapuches de las comunidades en reiteradas ocasiones. Una demanda contra varios terratenientes locales se tramita el Primer Juzgado Civil de Temuco. Juana Calfunao también denunció que en mayo de 2000, fue detenida por carabineros de civil. Durante los tres días que permaneció en el cuartel de la policía sufrió agresiones que le provocaron un aborto. "Tampoco se sabe si ha habido avances en las investigaciones sobre este caso, que está en manos de la fiscalía militar de Valdivia", señala AI.
En una misiva desde el interior de la prisión, Calfunao anunciaba el inició de una huelga de hambre desde el 10 de enero de 2006: "Fui encarcelada por la jueza de garantía María Elena Llanos a petición del fiscal Alberto Chiffelle. Se considera que soy un 'peligro para la sociedad' como supuesta autora de los delitos de desórdenes públicos y amenazas a carabineros de servicio. En la audiencia realizada el día señalado el fiscal se atrevió a llamar a mi comunidad indígena como una 'pandilla' y a mí como 'la jefa de ella'. Ese es el respeto que muestran los representantes del Estado de Chile por sus habitantes de origen mapuche que reclaman y luchan por sus legítimos derechos".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Crónica Digital-Radio Cooperativa y La Insignia)

México: TLCAN

LOS CAMPESINOS MEXICANOS, INERMES DESDE EL UNO DE ENERO ANTE MÁS DE 100 PRODUCTOS DEL NORTE SIN ARANCELES, PROMETEN EXTENDER LA PROTESTA A TODO EL PAÍS

Tras las protestas de este jueves, las organizaciones campesinas de México anuncian movilizaciones permanentes durante todo el año que comienza contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), con el fin de lograr la renegociación de su capítulo agropecuario.
Los trabajadores rurales de organizaciones nacionales y regionales refrendaron el Plan de El Chamizal como eje de lucha para excluir del tratado comercial a los granos estratégicos como el maíz y el frijol.
Los grupos campesinos aseguraron que durante este año realizarán distintas acciones de protesta que comenzarán el próximo 31 de enero con una marcha en la Ciudad de México y que repetirán en Jalisco, Morelos y Michoacán.
"Los campesinos nos negamos a desaparecer y a morir por decreto de los poderosos", expresó Gabino Gómez, productor de El Barzón.

Agricultores y sindicatos mexicanos piden al Congreso cancelar TLCAN

Organizaciones agrícolas y sindicatos mexicanos, apoyados por agrupaciones políticas, marcharán hoy hasta el Congreso para reclamar la inmediata cancelación del TLCAN.
Los manifestantes, integrados en el denominado Diálogo Nacional y quienes ya protestaron por la misma causa el pasado miércoles frente a la embajada de Estados Unidos, difundieron un documento en el cual recuerdan que el Tratado, en vigor desde 1994, no trajo nada bueno al país.
El desempleo, el aumento de la emigración, la destrucción de las actividades agrícolas, la concentración y acumulación de la riqueza, la extrema pobreza y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios se agudizaron desde su firma, puntualizaron.
El documento que entregarán a los congresistas dice que no es posible hablar de justicia social en el campo si no se garantizan los derechos sociales de millones de indígenas y campesinos, y anuncia un proceso de lucha colectiva para defenderlos.
La apelación al Congreso tuvo eco en las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, quien demandó la formación de un frente común con el Senado para exigir al gobierno la renegociación del TLCAN.
Zavaleta consideró que uno de los puntos fundamentales de esa acción debe ser la eliminación de la desgravación arancelaria a los subsidiados alimentos y otros productos procedentes de Estados Unidos y Canadá, por el daño que causa al agro mexicano.
Por otra parte, el Frente Democrático Campesino, integrado por unas 300 organizaciones y autor del bloqueo de 36 horas hecho en la frontera entre Ciudad Juárez y Texas, anunció que realizará manifestaciones y otras protestas en los próximos días.
Entre ellas cuenta una caravana de centenares de tractores que, partiendo desde el estado de Chihuahua, arribará a esta capital para demandar la renegociación del TLCAN para evitar la ruina del campo mexicano.

Más de mil 100 productos agropecuarios libres de impuestos por TLCAN

Desde el primer minuto de 2008 entró en vigor el anexo 302 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que libera de impuestos la comercialización de productos agropecuarios entre México, Canadá y Estados Unidos. El anexo dispone la liberalización arancelaria de productos agropecuarios, entre ellos, el maíz, el frijol, el azúcar y la leche.
El Frente Democrático Campesino (FDC) presentó este martes el denominado "Plan del Chamizal" que llama "a la nación para comenzar una nueva etepa de lucha para preservar la soberanía alimentaria".
El FDC exige al gobierno federal que renegocie el tratado para excluir de la desgravación impositiva a los productos estratégicos de la canasta alimentaria, como el maíz y el fríjol.
El FDC explicó que el "gobierno no tomó las previsiones ni adoptó los cambios necesarios para poder contrarrestar la entrada de la producción de estos dos gigantes norteamericanos".
Por su parte, la Confederación Nacional Campesina explicó que mientras un agricultor de Estados Unidos es apoyado en el año con unos 20 mil dólares, un trabajador rural mexicano recibe en el mismo tiempo unos 770 dólares.
Para el dirigente del PRD, Alejandro Encinas con la apertura a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se evidenciará la “enorme asimetría entre las economías de los países asociados en el TLC, y la discrecionalidad con la que Estados Unidos, México y Canadá subsidian a sus productores agrícolas". Y añadió que esto redundará en el incremento de la desigualdad, y en una mayor brecha económica que, “lejos de integrar a los países de la región, los divide”.

El Gobierno ofrece diálogo a los campesinos.

El gobierno de México ofreció hoy "diálogo" a los campesinos, pero les pidió más esfuerzos para mejorar la productividad. "Hoy la tarea fundamental que tenemos en este país en todos los rubros es elevar la productividad", declaró el ministro de Agricultura, Alberto Cárdenas.

En tanto, el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda, calificó de "leonino" al tratado comercial signado por México, Estados Unidos y Canadá desde enero de 1994 y pidió solicitar su nulidad ante instancias internacionales. Miranda explicó que la petición de nulidad, además de presentarse ante la justicia local, debe consignarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener más posibilidad de conseguir un fallo positivo.
El TLCAN vulnera los conceptos de soberanía alimentaria, autodeterminación e independencia económica consagrados en la constitución mexicana, sentenció.
Desde el martes 1º de enero se han intensificado las protestas de los agricultores mexicanos por la apertura comercial total desde esa fecha a las importaciones de maíz, frijoles, leche y azúcar, entre otro productos agrícolas. Pequeños productores cerraron por horas el cruce de la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y la estadounidense El Paso, Texas. Además amenazaron con tomar puertos y ferrocarriles como protesta por la apertura pactada en el TLCAN.

Los campesinos interpondrán amparos contra TLCAN

El próximo lunes se presentarán, de manera masiva, las primeras demandas de amparo en el palacio de justicia federal de San Lázaro, para intentar frenar por un tiempo indefinido la aplicación del capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo informó Román Díaz, integrante del grupo de abogados que elaboran los documentos jurídicos y que colaboran para apoyar a agrupaciones campesinas de todo el país.
Los litigantes coinciden en que el TLCAN viola principalmente el artículo 27 de la Constitución, fracción vigésima, el cual obliga al Estado a otorgar apoyos al sector campesino.
Ante la preocupación del sector campesino por la entrada de maíz, frijol y leche libre de aranceles que inició el pasado primero de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentará mañana viernes un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón para que “plantee de manera urgente” una revisión a dicho acuerdo.
También incluye un llamado a las secretarias de Economía, Agricultura, Desarrollo Social y de Hacienda para que instalen una mesa de negociación con autoridades estatales y organizaciones campesinas, para definir apoyos urgentes a los productores.
De acuerdo con el dirigente del Partido del Trabajo, José Narro, los productores mexicanos no están en condiciones de competir con sus homólogos del norte, entre otras razones, porque los apoyos federales han servido sólo para su supervivencia y no para mejorar su competitividad.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Prensa Latina, ANSA-Latina, La Jornada y Proceso)

Colombia-Venezuela: Acuerdo Humanitario

LAS FARC REMITEN A UNA PÁGINA WEB DEL EJÉRCITO COMO PRUEBA DE QUE LOS COMBATES IMPIDIERON LA ENTREGA DE LOS REHENES. TELESUR PRESENTA UN VÍDEO QUE DESMIENTE LA HISTORIA DE URIBE SOBRE EL NIÑO EMMANUEL

La Cruz Roja Internacional y el presidente venezolano Hugo Chávez, siguen a la espera de las coordenadas para acudir a recoger a los tres rehenes cuya liberación fue anunciada por las FARC. La principal guerrilla de Colombia insiste en que la operació no ha sido sino aplazada, porque el ejército colombiano no ha cumplido lo anunciado por Uribe y mantiene fuertes operativos en las regiones fronterizas de los LLanos Orientales y del Casanare. La agencia de noticias ABP, remite a la página web de la Cuarta División del Ejército Colombiano, en la que se detalla la información de esas operaciones militares en la zona de los llanos en las últimas semanas.(Ver página Cuarta División)

Operaciones en Los Llanos

Con fecha 26 de diciembre, la oficina de prensa de la Cuarta División, presenta el siguiente informe:

"En las últimas horas y como producto de las operaciones que adelantan tropas de la Cuarta División del Ejército para garantizar la seguridad en las festividades navideñas y de fin de año, fue muerto en combate un terrorista de la cuadrilla 39 de las Farc y capturados dos integrantes de las bandas criminales.
La primera acción militar se registró en la vereda San Ignacio del municipio de Mapiripan, Meta, escenario de operaciones ofensivas desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería No 19 “General Joaquín Paris” de la Brigada de Selva 22, contra estructuras de la cuadrilla 39 de las Farc, en el enfrentamiento armado murió un terrorista, quien tenía en su poder un fusil calibre 7.62mm y una pistola. Por otra parte en el Puerto del municipio de Barrancominas, Guania, dos personas que manifestaron pertenecer a la cuadrilla 16 de las Farc, se entregaron voluntariamente ante tropas del Batallón de Infantería No 45 “General Próspero Pinzón” de la Brigada de Selva No 28. Los desmovilizados entregaron 2 pistolas, 2 proveedores para la misma, un radio base ICOM y 7 cartuchos 9mm.Posteriormente en la Virgen del municipio de Cumaribo, Vichada, soldados del Batallón de Contraguerrillas No 58 “Carlos Maldonado Gutiérrez” capturaron a Arlet Perdomo y a Mario Vargas Peña presuntos integrantes de las bandas criminales a quienes en el momento de la captura les fueron decomisados $16.340.000 millones de pesos, un revolver calibre 38mm, un teléfono satelital y 16 cartuchos calibre 16mm. Finalmente en operaciones contra el narcotráfico fueron erradicadas 7 hectáreas de coca en los departamentos del Meta y Vichada, las cuales 4 en el sector finca Jamury del municipio de Cumaribo, Vichada, por soldados del Batallón de Infantería No 43 “Efraín Rojas Acevedo de la Brigada de Selva No 28 y 3 en las veredas la Cooperativa y Santo Domingo del municipio de Vistahermosa por soldados de la Brigada Móvil No 12.El Comandante de la Cuarta División manifestó que los resultados obtenidos son el reflejo del compromiso de los hombres y mujeres que conforman el Ejército y la integración entre la población, autoridades, gremios y Fuerza Pública para neutralizar los terroristas que atentan contra los recursos de la nación y el bienestar general del pueblo Colombiano."

Y operaciones también en el Casanare

La misma oficina de prensa presentaba, el 20 de Diciembre, la siguiente información:

"Ejército sostiene combate contra las Bandas Criminales en el Casanare
Tropas de la Cuarta División del Ejército propinaron un contundente golpe a las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico que delinquen en el departamento del Casanare al lograr la muerte en combate de tres terroristas e incautar armamento y material de intendencia.
El enfrentamiento armado se presentó en la vereda Villarosa del municipio de Tauramena “Casanare”, escenario de las operaciones ofensivas desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería No. 44 “Ramon Nonato Pérez” de la Decimasexta Brigada contra terroristas del grupo denominado “Bloque Llaneros de Casanare” donde se dio muerte en combate a tres terroristas. Quienes tenían en su poder 3 fusiles AK-47, una mina kleimore, 249 cartuchos de diferentes calibres, una pistola 9 mm, 2 proveedores para la misma, 6 proveedores para fusil y un chaleco multipropósito. Los terroristas muertos habían llegado al área a mantener el control del comercio de alcaloides, extorsionar e intimidar a los habitantes del sector, pero su presencia fue detectada lo que permitió a las tropas neutralizarlos en combate así como incautar el material de armamento. Por otra parte en la Y vereda Rubiales del municipio de Puerto Gaitan, Meta, soldados del Batallón de Infantería No 20 “General Roergas Serviez” de la Séptima Brigada en desarrollo de la operación “Emperador” capturaron a Wilfran Fernando Mora y a Oscar Hernán Céspedes Mora presuntos narcotraficantes, a quienes en el momento de la captura les fueron decomisados $142.000.000 millones de pesos dinero producto del narcotráfico al igual que les fue inmovilizada una camioneta Hilux color gris de placas BZX-518.Posteriormente en la vereda Sabana Larga del municipio de Aguazul, Casanare, tropas del Batallón de Contraguerrillas No 29 “Héroes del alto Llano” localizaron un fusil AK-47, 78 cartuchos para el mismo, 29 metros de cordón detonante y 3 proveedores para fusil en una caleta perteneciente a la cuadrilla José David Suarez del Eln. El Comandante de la Cuarta División manifestó que las operaciones continúan para desvertebrar esta organización criminal dedicada al control del narcotráfico, la intimidación y extorsión de la población de la zona. De la misma manera motivó a los ciudadanos a continuar colaborando con el Ejército y las otras Instituciones con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del oriente colombiano y de quienes nos visitan
Oficina de Prensa Cuarta División, jueves 20 de diciembre de 2007

Los familiares de los rehenes mantienen la esperanza

La Federación internacional de Comités Ingrid Betancourt (Ficib) expresó ayer desde París que mantiene su esperanza de una pronta liberación. "Mantenemos la esperanza porque todas las puertas no han sido cerradas. Las FARC lo dicen, no es posible en lo inmediato, esto quiere decir que será posible en los días o las semanas próximas", declaró el portavoz de la Ficib, Olivier Roubi, en una entrevista con la radio France-Inter. Con esperanzas. "Si bien esto nos preocupa porque llevará más tiempo del previsto, mantenemos la esperanza y las familias mantienen la esperanza", agregó Roubi, destacando que la mediación de Chávez dio sus frutos y que la comunidad internacional sigue movilizada. "El Comité Internacional de la Cruz Roja permanece en el lugar y deja abierta la puerta a las FARC, si lo desean, para que la liberación pueda efectuarse inmediatamente", señaló Roubi. También expresó su sorpresa y conmoción por la hipótesis adelantada por Uribe en el sentido que las FARC no liberaban a los rehenes porque no tenían al niño en su poder: "Esto nos ha chocado tremendamente y nos ha sorprendido que haga este tipo de declaración sin haber advertido a las familias". "Lo que lamentamos es que la familia de Clara no haya sido puesta al tanto, que no se haya asegurado (tener) las pruebas, porque ahora se habla de test ADN". Esto debería haber sido hecho antes", afirmó. "Imagínense lo que puede pasar por la cabeza de la mamá de Clara (Rojas) cuando escucha decir esto...", agregó. "No llegamos a definir lo que pasó por la cabeza del presidente Uribe para hacer esta declaración, dijo Roubi. "¿Era una manera de llamar la atención de los medios informativos?", se preguntó.

Vídeos que desmienten las historias de Uribe sobre el niño Emmanuel

La cadena Telesur ha presentado dos vídeos de sendos rehenes de las FARC, que ponen en entredicho las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe sobre el hijo que la rehén Clara Rojas tuvo en cautiverio.(Ver Vídeos Telesur)

En las grabaciones, emitidas ya en su momento y rescatadas ahora por Telesur, el soldado William Johany Domínguez y el sub intentente John Pinchao (Ya en libertad tras huir de su cautiverio) dan detalles que desmontan la hipótesis de que el hijo de Clara Rojas, fue acogido en un orfanato en 2005.

William Johany Domínguez, un soldado retenido por las FARC en febrero de 2007, aseguró en un video de supervivencia que conocía a Emmanuel y que incluso caminó en "dos marchas" por la selva junto a su madre y a la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt.
"Me he encontrado dentro del campamento donde hay más prisioneros de guerra y hasta hay unos políticos retenidos, como es el caso de la doctora Ingrid (Betancourt), la señora Clara (Rojas) y un niño que siempre anda con ellas para todos lados (...) Esto es para mi es muy extraño, pues el tiempo que llevo acá, nunca he visto un niño y en esta oportunidad lo he podido observar. Tiene muchos juguetes que le hacen los guerrilleros y le gusta jugar mucho con ellos, pero más que todo siempre anda con la señoras (Ingrid y Clara) para todo lado (...) He tenido la oportunidad de estar en dos marchas con ellas. Cuando la señora se cansa de cargar al niño un guerrillero se ofrece amablemente a ayudarle y esto le gusta mucho a él, pues le gusta jugar mucho al caballito. Aunque no nos dejan acercar mucho a ellos quisiera algún día poder hablar con ella. Pero esto es imposible ya que nos tienen muy distantes", relataba Domínguez este mismo año .
Estas declaraciones contrastan con la teoría de Uribe que habla de una separación de Clara Rojas y su hijo Emmanuel desde 2005.
En su discurso, Uribe también aseguró que el infante había sido torturado y que tenía múltiples problemas de salud.
"El niño tiene afectado un bracito, el niño tiene cicatrices de tortura. Cuando el sub intendente Pinchao se fugó del secuestro contó que el niño Emmanuel tenía afectado un bracito y había sufrido maltratos, torturas, que tenía quemaduras en todo su cuerpo", dijo Uribe el lunes pasado.
Sin embargo, John Pinchao, un sub intendente que logró escapar de las FARC en abril de 2007, tras ocho años y medio de cautiverio, asegura que Emmanuel se encontraba "muy saludable".
"Están en el campamento ese que les digo de las dos casas. Ahí nació el niño y yo tuve la oportunidad de alzarlo en mis brazos y después, ya en la caminata, ya había crecido un poquito más, ya estaba como de un añito creo, más o menos (...) muy saludable", explicó.
La hipótesis del gobierno colombiano es verificada actualmente mediante pruebas de ADN, aunque el proceso de obtención de muestras y el anuncio de resultados dentro de dos semanas, ya ha generado serios cuestionamientos.

El gobierno colombiano pudo realizar verificación genética dos días antes de lanzar hipótesis

El investigador Emilio Yunis, el genetista más respetado de Colombia, afirmó al diario El Tiempo que el Gobierno tuvo suficiente tiempo para establecer si el niño Juan David Gómez Tapiero es hijo de Clara Rojas o no, antes de dar a conocer públicamente la hipótesis.
"Los procesos de identificación por ADN bien orientados duran unas pocas horas, así que dos días habrían sido más que suficientes si se hubiera optado por alguna de las diversas alternativas disponibles", aseguró el doctor Yunis.
El genetista señala que, para ofrecer altos niveles de confiabilidad, las pruebas deben realizarse bajo estrictos parámetros científicos y jurídicos, lo cual implica que desde la toma de las muestras deben practicarse en sitios especializados y con los equipos adecuados.
Estas son las cuatro pruebas que se habrían podido hacer entre el 29 y el 31 de diciembre:

-Análisis del supuesto padre. Una prueba genética del niño y de José Cristancio Gómez Tovar, quien lo entregó a la regional del ICBF de San José del Guaviare e intentó recuperarlo recientemente alegando ser el padre, habría determinado claramente si este es el padre, y esto descartaría que Clara Rojas es la madre.

-Pruebas con la supuesta abuela y con un tío. Las mujeres transmiten una clase de ADN llamada ADN mitocondrial, a toda la familia. Identificando este elemento de la mamá de Clara Rojas, en su hermano Iván y en otros de sus hermanos, así como el del niño, se definiría un linaje -un grupo familiar específico-, que se compararía con el ADN mitocondrial del niño, para ver si guardan una relación (la posibilidad de que personas de diferente familia pertenezcan al mismo linaje genético es muy remota).

-Pruebas de elementos de Clara Rojas. Generalmente, los familiares de los secuestrados guardan objetos que pueden ser analizados genéticamente como cepillos de dientes y cepillos del pelo, de los que se pueden obtener células de su dueño, así como dientes de leche y algodones untados de sangre. Estos elementos, después de avalarse jurídicamente, remplazarían biológicamente a Clara Rojas, y su análisis genético se podría cotejar con el del niño, indicaría con altos niveles de confiabilidad si se trata de madre e hijo.

-Reconstrucción del perfil genético de los supuestos abuelos. El análisis genético de todos los hermanos de Clara Rojas permitiría reconstruir el perfil genético del padre de ellos, que ya falleció y que sería el abuelo del niño. Este perfil genético y el de doña Clara de Rojas, así como el de sus hijos, al compararse el del niño permitiría establecer con alta certeza si alguno de los hijos o hijas de esta familia es padre del niño analizado.

(Fuentes: ABP-Agencia Bolivariana de Prensa,Oficina de prensa Cuarta División Ejército Colombiano,Telesur, El Tiempo-Bogotá,ANNCOL y AFP)

Ecuador: Economía

"Las políticas económicas del pasado no han dado resultado en Latinoamérica"
Entrevista a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001(*)


"Stiglitz pasó del servicio en el establishment (fue funcionario del Banco Mundial) a protagonista del pensamiento antisistema. De paso por Ecuador (en Cuenca), analizó la coyuntura nacional ecuatoriana.

-¿Usted vino invitado por el Gobierno?
Sí. Y por la Asociación de Cámaras de la Producción.

-¿Es especial la situación actual del Ecuador?
Es especial en toda Latinoamérica. Hay un reconocimiento de que las políticas económicas del pasado no han dado resultado. Fracasaron en su cometido de producir crecimiento, pero fracasaron aún más en términos de equidad. En este momento se buscan alternativas y en varios países hay un cambio en la política. Se escuchan con más claridad las voces que antes no han estado directamente involucradas en el proceso político.

-¿Gobierno, industria y comerciantes están entendiendo cómo negociar acuerdos comerciales en el mundo?
El problema de los industriales es que cada uno de ellos ve su propia ganancia. Y la responsabilidad del Gobierno es más amplia, porque debe reconocer que lo que puede negociar no es un tratado de libre comercio, ese es solo un nombre. Los TLC no son libres y no son solamente de comercio. Son acuerdos económicos manipulados, porque incluyen toda clase de condiciones que nada tienen que ver con el comercio, como los derechos de propiedad intelectual.

-¿Qué recomendaría?
Medio en broma he dicho que, tal vez, Ecuador debería ofrecer a los EEUU un tratado real de libre comercio, en el que se reconocería que ese país no puede abolir sus subsidios, pero Ecuador tendría el derecho a contrarrestarlos. Sospecho que ellos no estarían interesados.

-¿No somos lo suficientemente fuertes para imponerlo?
Tal vez el próximo presidente de los EEUU considere esto un experimento interesante. Podría buscarse una relación económica más profunda con los EEUU y Europa.¿Un Gobierno demócrata en los EEUU será más abierto a negociaciones con Ecuador?La respuesta es complicada. Posiblemente sea más abierto al multilateralismo y a una relación más amistosa con Latinoamérica, así como más preocupado de las cuestiones sociales. Probablemente más sensible a los escollos de los tratados de libre comercio. Y por otro lado, los demócratas se preocupan más por la pérdida de empleos en los EEUU, por lo que son más proteccionistas.

-¿Cómo ve las relaciones de Rafael Correa con China e Indonesia?

La primera obligación de un Gobierno es maximizar los réditos de sus recursos. La señal que puede dar el interés de China e Indonesia a las multinacionales es que hay otra oferta. Eso puede ser parte de la evidencia de que Ecuador ha sido explotado. La ventaja de la globalización es que no se necesita ser dependiente de un solo país, porque hay un mercado global.

-¿El país debería dejar el petróleo bajo suelo en Yasuní?
El petróleo bajo tierra es una riqueza que, si se explota, se gasta. La cuestión es cuál es el mejor momento de explotarlo. Conseguir una compensación por dejarlo bajo tierra podría ser el mejor negocio. Y posiblemente, algún rato, significará explotarlo con tecnologías menos contaminantes".
(*)Publicada en Diciembre en la Revista Dinero (Quito)

Colombia: Violaciones a los derechos humanos

DENUNCIAS CONTRA EL EJÉRCITO POR DESAPARECER A UN CAMPESINO EN EL MAGDALENA MEDIO Y TORTURAR, APALEAR Y ROBAR ALIMENTOS, ANIMALES Y DINERO A LOS POBLADORES EN LA COSTA PACÍFICA DE TUMACO


Se trata de la primera denuncia del nuevo año, con fecha primero de enero, contra los uniformados colombianos. La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio, una región muy golpeada desde decenios por los paramilitares, denuncia la desaparición de un campesino y acusa al ejército.

La denuncia detalla que "a las cinco de la mañana del 28 de diciembre de 2007 tropas del Batallón Calibío del Ejército Nacional bajo el mando del teniente Páez allanaron ilegalmente la casa del señor Manuel Parminio Hernández Anaya, ubicada en la vereda La Poza, zona rural del municipio de Cantagallo (Bolívar). Los soldados sacaron a su familia de su vivienda y los amenazaron con que los iban a matar. Se los llevaron a todos y pasadas varias horas soltaron a su esposa e hijos, reteniendo únicamente al señor Manuel. Hasta el momento no se sabe de su paradero, su familia teme por él.
Exigimos que sea liberado y que sea respetada su vida. La integridad del señor Manuel es responsabilidad del Ejército Nacional y del Estado colombiano.
Denunciamos y reprochamos los actos de barbarie que cometen las tropas del Ejército en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, pues han venido amenazando, desplazando y asesinando varios campesinos, quienes son presentados como "guerrilleros dados de baja en combate".


Bloqueo económico sobre los pobladores de Guamocó



La misma asociación afirma que, en el municipio de El Bagre (Antioquia) el ejércitro mantiene 'bloqueos de alimentos y combustible' sobre los sectores rurales, obligando a los campesinos a sacar un permiso en la base militar de la zona, para poder pasar sus mercancias.
Así, se les prohíbe transportar productos enlatados y medicinas, porque el Ejército dice que son víveres para las guerrillas que operan allí. El Ejército determina asimismo el valor del mercado y el combustible que el campesino puede comprar.


Los habitantes de la región de Guamocó, en el sur del departamento de Bolívar, se están viendo muy afectados por estas nuevas limitaciones que el Ejército impoe también en la región. Si las personas llevan una cantidad de mercado que al parecer de los militares es excesivo, se les hurta y nadie le responde a estas familias por lo que le los soldados decomisan.
Los habitantes de Guamocó hacen el esfuerzo de salir cada mes al municipio de El Bagre para adquirir el mercado destinado a la alimentación de sus familias, ya que las vías de entrada en la zona son pésimas.

Estas prácticas, violatorias del Derecho Internacional Humanitario, generan más desplazamientos. Al quitarles sus alimentos, los campesinos optan por huir de la región la región y convertirse en desplazados. E Colombia se elevan ya a tres millones los desplazados por el conflicto. Esas personas huyen dejando sus tierras atrás, que les son arrebatadas. En muchas ocasiones las presiones militares o paramilitares tienen como objetivo robar las tierras.


En el Suroccidente, torturas y robos a mano armada


En la frontera colombo-ecuatoriana, los militares desarrollan operativos antiguerrilla, pero quien paga son los campesinos, apaleados, torturados y robados por los soldados que debían defenderlos, según las denuncias de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Isaías Cifuentes". Los hechos se desarrollan en la región de la Costa Pacífica cercana a la ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, una zona habitada por ind´`igenas, mestizos y comunidades afroamericanas. Las vejaciones y robos dennciados por la Red afectan al corregimiento de Llorente en las veredas de Corosala, Mugui y El Azúcar, en la rivera del río Mira
Allí, desde el mes de Marzo de 2007, las operaciones antiguerrilla no dejan de afectar negativamente a las poblaciones. Una situación que no cesa pese a las denuncias presentadas tras la visita a la zona de ua Comisión Interinstitucional el pasado 13 de Agosto.
Los actores en la zona son los Batallones Contraguerrillas números 113 y 116, pertenecientes a la Brigada Móvil nº19 y del Escuadrón Escorpión del Batallón Antinarcóticos, adscritos a la III División del Ejército de Colombia

La Red Isaías Cifuentes asegura que los componentes de esas unidades: "Torturan campesinos", les acusan indiscriminadamente de "pertenecer a la insurgencia", "roban alimentos, animales y dinero propiedad de las familias asentadas en la zona", destruyen sus bienes "muebles e inmuebles, dan malos tratos y golpean campesinos"



Denuncias detalladas en la región de Tumaco
Esta es la lista de agravios presentada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano:

-Lunes 17 de diciembre de 2007: Hace presencia un grupo de militares Colombianos al mando del coronel Jerez, pertenecientes a los Batallones de contraguerrillas No.113 y 116, de la Brigada Móvil No. 19, y del Escuadrón Escorpión del Batallón Antinarcóticos, adscritos a la III División del Ejército de Colombia.

-Martes 18 de diciembre de 2007: Cerca de las 4:00 de la tarde un grupo de militares colombianos pertenecientes al Escuadrón Escorpión del Batallón Antinarcóticos , hacen presencia en el lugar de habitación de los ciudadanos colombianos JORGE LUIS CUAJIBIOY e IVAN VELAZCO. Posteriormente los señalaron de pertenecer a las FARC-EP, y procedieron a golpearlos y a quitarles y destruirles sus prendas de vestir. Minutos mas tarde los obligaron a abrir un hueco y los encañonaron con fusiles Galil y les dijeron que los iban a matar. Finalmente se burlaron de su condición de indefensión, les tomaron fotografías y se les comieron 7 gallinas de su propiedad.

-Miércoles 19 a sábado 29 de diciembre de 2007: Continúan las agresiones y extralimitaciones del grupo de militares colombianos en contra de campesinos e indígenas asentados en la zona, en abierta violación a la normatividad Colombiana, a tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.


-Del accionar del grupo de Militares Colombianos, se destacan:
1. Señalan indiscriminadamente a humildes campesinos de pertenecer a la insurgencia colombiana de las FARC-EP.
2. Se roban alimentos, animales y dinero de propiedad de las familias asentadas en la zona.
3. Destruyen bienes muebles e inmuebles de propiedad de los campesinos.
4. Dan malos tratos y golpean campesinos.
5. En ocasiones sacan a campesinos de su lugar de residencia a altas horas de la noche, los ubican en filas y realizan disparos cerca de la humanidad de los campesinos. Con el pretexto de buscar información sobre el paradero de la insurgencia colombiana.
6. En algunas ocasiones hacen presencia en la zona sin distintivos ni insignias (apellidos y rango).
7. Recopilan material fotográfico de comuneros sin autorización.
8. Realizan censos ilegales.
9. Amenazan con "que pronto llegaran los paras, que la gente no se preocupe, que continúe sin colaborar".

Demandas a la ONU y al Estado colombiano
Los defensores de los derechos humanos del Soroccidente de Colombia pide a la Oficina en Colombia del Alto Cominisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "El cumplimiento de su mandato como veedores de que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los derechos internacionales de los derechos Humanos"

Al Estado Colombiano le solicitan, "El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco Departamento de Nariño por parte de las Fuerzas Militares.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos del Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano".
(Fuentes: Prensarural.org y Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano)