Saharauis, los ojos del desierto

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31.3.08

Colombia:Ejecuciones extrajudiciales

EL EJÉRCITO ASESINA HABITUALMENTE CAMPESINOS Y VISTE LOS CADÁVERES DE GUERRILLEROS. EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS LOS 'FALSOS POSITIVOS' DETECTADOS SON AL MENOS MIL

Miles de campesinos colombianos han sido asesinados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según lo publicado por el diario Washington Post en un informe enviado por su corresponsal en Bogotá.
Cerca de un millar de campesinos fueron asesinados por los militares colombianos en los últimos cinco años, reveló el Washington Post, que cita informes de grupos de derechos humanos y testimonios de familias de las víctimas.
En el informe, los testimonios de familias campesinas o de bajos recursos afirmaron que vieron en fotos los cadáveres de sus familiares desaparecidos vestidos con la indumentaria de camuflaje que porta la guerrilla.
Según varias organizaciones humanitarias citadas por el diario, desde mediados de 2002 hasta mediados de 2007, unos 955 civiles han sido asesinados y clasificados como guerrilleros caídos en combate.
Estas cifras suponen un incremento del 65 por ciento sobre las cifras registradas en los cinco años anteriores.
Este incremento coincide con la ofensiva que inició el Gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, hace seis años contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que ha sido financiada en parte por los Estados Unidos.
El diario señaló que el aumento de la presión que sufren los militares colombianos para acabar con la guerrilla ha provocado un aumento en la muerte de campesinos pobres, a los que hacen pasar como guerrilleros.
El diario también destacó el gran incremento en la dotación de las fuerzas armadas colombianas, que han crecido hasta alcanzar los 270.000 miembros, la segunda más grande de América Latina.
"Antes lo veíamos (estos asesinatos) como algo aislado, como si se tratara de una patrulla militar que ha perdido el control, pero ahora vemos que es algo sistemático", declaró al diario norteamericano Bayron Gongora, de la organización Libertad Judicial, que representa en Medellín a familiares de 110 asesinados en estas circunstancias.
El diario narró que el ejercito suele abrir investigaciones sobre estos asesinatos, pero cuando se convierte en un caso criminal, pasa a los juzgados ordinarios.
Pero las organizaciones de derechos humanos denunciaron que cuando los casos llegan a los juzgados, las pruebas son manipuladas, y en muchas ocasiones los jueces sufren presiones de los militares para dictaminar a su favor.


El gobierno colombiano lo niega casi todo

El presidente Álvaro Uribe Vélez se ha defendido a sí mismo de las acusaciones y afirma que estas son parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoce muertes de civiles y ha tomado una serie de pasos que incluyen nuevas normas de combate, asignación de inspectores a las unidades de combate para aconsejar a los comandantes en el uso de la fuerza y mejorar el entrenamiento en derechos humanos de los soldados, dice el Post.
El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, acusó a organizaciones no gubernamentales (ONG) de mentir al diario The Washington Post. "De eso siempre se ha hablado. Cuando muere un guerrillero salen a decir que se trataba de un santo barón, que era un trabajador o un campesino pero en realidad son historias repetitivas", manifestó el ministro a Caracol Radio.El ministro Holguín se refirió a casos de muertos en el departamento colombiano de Córdoba y aseguró que las víctimas son parte de los enfrentamientos de narcotraficantes que se disputan el control de una zona de cultivos ilícitos
El diario norteamericano asegura que "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate", según grupos de derechos humanos y organismos de control de Colombia.

"Bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, el Ejército ha estado asesinando cada vez más en años recientes a pobres campesinos y haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate, aseguran grupos de derechos humanos y organismos de control de Colombia", escribe el Washington Post.
Esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del Ministerio de Defensa colombiano entre los generales tradicionales que están a favor de una agresiva campaña que se centre en el recuento de cuerpos y los reformistas que dicen que el Ejército necesita desarrollar otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.
"Los asesinatos, llevados a cabo por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44 años", agrega el Washington Post.
Pero con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido marcadamente desde el 2004, de acuerdo con grupos de derechos humanos, investigadores de las Naciones Unidas y la agencias del mismo Gobierno, citados por el periódico.
El aumento ha venido durante el proceso de fortalecimiento militar que han visto duplicar hasta en 270.000 efectivos su pie de fuerza durante los últimos seis años, lo que lo ha convertido en el segundo más grande América Latina.
"Hay variados recuentos del número de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de humanitarios dijo que 955 civiles fueron matados entre mediados del 2002 y el 2007 y clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que los cinco años anteriores, cuando 577 fueron reportados como muertos por las tropas", publica el diario.

La tendencia -según el Post- ha provocado la preocupación entre algunos miembros del Congreso de Estados Unidos. El senador Patrick J. Leathy (demócrata), que preside el subcomité del senado de apropiaciones para operaciones en el extranjero, dijo que está reteniendo 23 millones de dólares en ayuda militar hasta que vea progresos en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el Estado.
"Hemos tenido en seis años 5.000 millones de dólares para ayuda. La mitad de ella ha ido a los militares colombianos, y encontramos que el ejército está matando más civiles, no menos. Por todas las cuentas, todos los conteos independientes, encontramos que los civiles son tomados, ejecutados y vestidos con uniformes de forma tal que pueden reclamar los cuerpos como guerrilleros muertos", dijo al Post.
La oficina del Fiscal General dijo que más de 200 miembros de las Fuerzas Armadas han sido detenidos mientras los fiscales investigan su participación en los asesinatos de civiles, con 13 condenados el año pasado.
"He dicho esto claramente: el soldado que comete un crimen llega a ser un criminal, y debe ser tratado como tal", dijo Santos, ministro de Defensa.
Santos también ha dicho, en discursos y directivas, que las fuerzas antiguerrilla deberían estar más enfocadas en generar deserciones que en acumular muertos en combate, el método tradicional de medir el éxito. "He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero una guerrilla desmovilizada, o capturada, que a una guerrilla muerta", dijo Santos al Post.
Pero no opinan igual los generales: "
¿Cuál es resultado de las ofensivas? Combate. Si hay combate, hay muertos en combate", dice el comandante general de las Fuerzas Armadas, Mario Montoya, en una entrevista citada por el Post.
Militares igual que paramilitares

Los grupos de derechos humanos -según el Washington Post- ven una tendencia perturbadora, diciendo que las tácticas usadas por algunas unidades militares son similares a aquellas utilizadas por escuadrones de la muerte para aterrorizar civiles. Un alto investigador de las Naciones Unidas dijo que algunas unidades militares portan 'kits' que incluyen granadas y pistolas que pueden ser plantadas cerca de los cuerpos.
"El método de matar gente percibida como colaboradores de la guerrilla es todavía vista como legítima por muchos miembros del ejército", dice Lisa Haugaard, directora de Latin America Working Group, una coalición de grupos humanitarios con sede en Washington.
Después de entrevistar a un número de familiares de víctimas, determinó que en muchos de los casos soldados "parecían estar en misiones, no accidentalmente deteniendo y matando gente".


Los campesinos pobres, principales víctimas del terrorismo de estado

El vendedor ambulante Israel Rodríguez salió a pescar el mes pasado y nunca volvió. Dos días después, su familia encontró su cuerpo enterrado, envuelto en una bolsa de plástico, y clasificado por el ejército colombiano como un guerrillero muerto en combate.
Activistas de derechos humanos dicen que la muerte del 17 de febrero es parte de un mortífero fenómeno llamado "falsos positivos" en el que las fuerzas armadas asesinan a civiles, normalmente campesinos o jóvenes desempleados y los clasifican como guerrilleros de izquierda.

Un macabro aspecto de un aumento general de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ cometidas por las fuerzas armadas, los ‘falsos positivos’ son el resultado de la intensa presión de parte de Estados Unidos para que Colombia muestre progresos contra los insurgentes de izquierda, dicen los activistas.
La hermana de Rodríguez, Adelaida, dice que Israel había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. "Nunca le hizo ningún problema a nadie", dice, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para "ganar puntos".

Adelaida Rodríguez dice que pese a las iniciativas del gobierno, ella y su familia no querían insistir en que se investigara su homicidio. Refiriéndose a su hermano, dice: "Si hacemos ruido, terminaremos como él".
Estos asesinatos han sembrado el terror aquí en el departamento central de Meta. El año pasado, este departamento tuvo el récord en Colombia en casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, con 287 civiles asesinados por los militares, de acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas, un grupo de defensa de los derechos humanos. Eso es un diez por ciento de aumento con respecto al año anterior.
Aunque no hay cifras oficiales -ni independientes- de los ‘falsos positivos’, activistas de derechos humanos dicen que creen que esos incidentes están aumentando, junto con un aumento general de los asesinatos cometidos por militares, basándose en informaciones proporcionadas por las familias de las víctimas y el análisis de las circunstancias que rodean los casos individuales.
"Es probable, porque se repite el mismo esquema una y otra vez en los casos que estoy revisando", dice John Lindsay-Poland, de Fellowship of Reconciliation, de Nueva York. "Víctimas vistas por última vez con ropas civiles, son encontradas más tarde muertas y vestidas con uniformes de camuflaje y presentadas como bajas de la guerrilla".
Los asesinatos han aumentado en los últimos años junto con un énfasis en las bajas mortales de rebeldes como el principal indicador del éxito militar, dicen grupos de derechos humanos. Incluso funcionarios colombianos reconocen que los soldados y sus comandantes han estado prometiendo dinero y ascensos para aumentar el número de víctimas de sus unidades.
Desde que asumiera el presidente Álvaro Uribe en 2002, las fuerzas armadas han producido impresionantes resultados en la recuperación de territorios controlados por grupos rebeldes y mejorado la situación de seguridad, animadas por los miles de millones de dólares en ayuda militar norteamericana bajo el Plan Colombia, el programa que combate el tráfico de drogas y el terrorismo.
Pero al mismo tiempo el historial de las fuerzas armadas en cuanto al respeto a los derechos humanos ha empeorado, dice una coalición de grupos colombianos y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Y nuevas investigaciones de dos grupos pacifistas norteamericanos sobre los asesinatos plantea serias interrogantes sobre si Estados Unidos está haciendo lo suficiente, legalmente, para prohibir el financiamiento norteamericano de unidades militares colombianas que han sido acusadas de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.
Amnistía Internacional de Estados Unidos y la Fellowship of Reconciliation han descubierto que el gobierno norteamericano "autorizó" o aprobó la ayuda militar a al menos once unidades militares colombianas el año pasado pese a "acusaciones verosímiles de asesinatos, desapariciones y colaboración con las fuerzas paramilitares ilegales", dijo Renata Rendon, de Amnistía Internacional de Estados Unidos, este mes en Washington.
"Lo que está pasando es escandaloso. El gobierno norteamericano debe cerciorarse de que no está entregando ayuda a unidades renegadas", dijo Rendon.
Aunque no respondió específicamente a ninguna de las acusaciones, un funcionario de la embajada norteamericana en Bogotá dijo este mes que los asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas armadas colombianas eran "un problema grave, una preocupación grave".

Para abordar el tema de la impunidad, el fiscal general de Colombia formó el año pasado equipos de investigación especial en los departamentos de Meta y Antioquia, que tenían las cifras más altas de abusos cometidos por los militares. En noviembre, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos envió una directriz a los comandantes militares ordenando importantes cambios, incluyendo otorgar a las cortes civiles más jurisdicción para la investigación de ese tipo de incidentes.

Pero los asesinatos aun siembran el terror aquí en el estado de Meta. Ramiro Orjuela Aguilar, un abogado bogotano de derechos humanos que representa a veinte familias de posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en Meta, responsabiliza de muchos de los asesinatos al hecho de que los militares utilizan los datos de informantes pagados o guerrilleros desmovilizados. "Tienen un incentivo para denunciar a gente acusándolas de ser rebeldes debido a que son pagados independientemente de si la información es correcta", dijo Orjuela.
Varias de las víctimas en Meta el año pasado eran jóvenes que vivían en Granada y alrededores, el centro de una región agrícola-ganadera que ha sido ferozmente disputada en los últimos años por las guerrillas , las fuerzas armadas y los paramilitares. Es también la sede de la Brigada Móvil 12, una unidad que según Orjuela está implicada en muchos de los asesinatos.
Orjuela dice que el ejército está implementando una ‘limpieza social’ en Meta, la sede de cuatro de las cinco municipalidades que componen la llamada zona neutral ocupada por las guerrillas colombianas entre 1998 y 2002. Los asesinatos y desplazamientos masivos de los habitantes aquí son intentos de privar de simpatizantes a las guerrillas, dice Orjuela. "Están tratando de quitar el agua a los peces", añade.

Orjuela dice que los casos de ‘falsos positivos’ disminuyeron después de que el ejército colombiano emitiera en noviembre una directriz a todos los comandantes ordenando que oficiales y tropas debían recordar que las mediciones normales de éxito son los desmovilizaciones y la captura de guerrilleros, y sólo después el número de víctimas. Pero dijo que últimamente había observado un aumento, mencionando el asesinato de Rodríguez.

Las ONGs exigen a Uribe que frene los asesinatos

Las recientes declaraciones de un asesor cercano al Presidente de Colombia Álvaro Uribe contribuyeron a crear “un clima de intolerancia política que fomenta la violencia” poco antes de desatarse una ola de asesinatos, ataques y amenazas contra sindicalistas y activistas de derechos humanos, afirma un grupo de 22 organizaciones internacionales de derechos humanos en una carta enviada a Uribe.
Cuatro sindicalistas colombianos –algunos de los cuales participaron en una marcha el 6 de marzo en contra de violaciones de derechos humanos por parte del estado y de grupos paramilitares– fueron asesinados entre el 4 y el 11 de marzo. Miembros de organizaciones de derechos humanos han sido objeto en las últimas semanas de ataques físicos, hostigamientos, ingresos forzados a oficinas y robos de documentos.
Más de dos docenas de organizaciones y personas han recibido amenazas de muerte firmadas por supuestos grupos paramilitares operando en la capital, Bogotá. Poco antes de los ataques, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hizo una serie de declaraciones difundidas por radio a nivel nacional, vinculando al reconocido representante de víctimas, Iván Cepeda, y a otros organizadores de la marcha del 6 de marzo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 11 de febrero, un día después de las primeras declaraciones de José Obdulio Gaviria, las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) divulgaron una declaración haciendo eco a las imputaciones de Gaviria. “Comentarios sin fundamentos como éste dañan profundamente a la democracia y a los derechos humanos en Colombia, y ponen a todos aquellos contra quienes están dirigidos en peligro directo de ser víctimas de violencia”, señaló la coalición de ONGs en la carta dirigida al Presidente Uribe. “Estas declaraciones estigmatizan el trabajo legítimo de miles de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y víctimas, y pueden tener un efecto paralizante sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación”. La coalición de ONGs instó al Presidente Uribe a:
Repudiar públicamente las declaraciones de Gaviria y otros que han vinculado a los organizadores de la marcha con las guerrillas;
Rechazar la reciente ola de ataques y reafirmar el apoyo de su gobierno a la protección del trabajo legítimo de los sindicalistas y defensores de derechos humanos;
Garantizar una investigación pronta e imparcial de cada uno de los ataques recientes, juzgar a los responsables, y emprender acciones decisivas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con funcionarios gubernamentales.

La carta, de la cual se envió también una copia al gobierno de Estados Unidos, señalaba que “esta serie de amenazas y ataques pone directamente en duda la efectividad del proceso de desmovilización de los paramilitares”. Precisamente en estos días el gobierno Bush presiona al Congreso estadounidense para que ratifique el Tratado de Libre Comercio con Colombia. “En el debate sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el Presidente Uribe ha sostenido en reiteradas ocasiones que él protege los derechos de los trabajadores”, dicen las ONGs. “Pero que el Presidente Uribe haya permitido que su asesor presidencial continúe con sus acusaciones, incluso mientras sindicalistas y defensores de humanos son asesinados y amenazados, sugiere una verdadera desconexión entre el discurso de Uribe y sus acciones”.
La carta está firmada por Human Rights First, Human Rights Watch, Amnistía Internacional EEUU, Refugees International, Lutheran World Relief, Mercy Corps, Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights o el Colombia Human Rights Committee, entre otras organizaciones.
Colombia es el buque insignia de la intervención norteamericana en Sudamérica
Por Javier Sáenz Munilla (*)

Un insigne y esforzado sacerdote colombiano, destacado defensor de los derechos humanos, de visita reciente a Madrid, decía que si algo bueno había tenido la agresión militar de Colombia al Ecuador, es que había sacado a la superficie todo lo cuanto ocurría por debajo. El episodio que acabó con las vidas de los miembros de una Comisión de la guerrilla de las FARC, encabezada por Raúl Reyes y, de paso, de varios universitarios mexicanos y de un civil ecuatoriano que nada tenían que ver en el conflicto, además de poner en un brete el inestable equilibrio de la región Andina, ha dejado al descubierto, como apuntaba el sacerdote, que el llamado Plan Colombia –hoy rebautizado como Plan Patriota- no se limita al territorio estrictamente colombiano. Que el conflicto, cuya existencia misma tanto niega el presidente Álvaro Uribe, además de existir, es un polvorín que puede hacer estallar, como mínimo, todo el Norte de Sudamérica. Que los Estados Unidos, por mucho que estén bien enfrascados en sus guerras particulares de Iraq y Afganistán, no se olvidan ni un segundo de sus intereses en el traspatio del patio trasero y que no están dispuestos a que nadie, ni desde París ni, mucho menos, desde Quito o Caracas, ose plantear en él propuestas que no cuenten con el marchamo imperial.

La agresión militar lanzada desde Colombia contra el territorio ecuatoriano es, en primer lugar, una advertencia a Ecuador. Una advertencia, claro está, de los Estados Unidos, directamente relacionada con la decisión del presidente ecuatoriano Raf
ael Correa de sacar a las tropas norteamericanas de la base aéreo naval de Manta, vital para el control por Washington de la región Andina. Correa dijo al poco de llegar al poder, que el contrato de Manta, que caduca en 2009, no se va a renovar. Y no lo dijo en vano, ni para hacer un quiebro y forzar mejores condiciones en una hipotética negociación. Lo dijo para reafirmar un punto importante de su programa electoral y de la coalición que le llevó hasta la Presidencia, en la que se incluye al arraigado movimiento nacional contra las bases. Y la desaparición de las bases extranjeras está, también, en la Constitución que elabora la Asamblea Constituyente.

Lógicamente la llamada Operación Fénix, el ataque en el que fue asesinado Raúl Reyes, no se preparó en un santiamén, como pretendió colar el mentiroso Uribe en su primera explicación pública. Pudieron acelerarse sus movimientos, pero el Plan, para meter aviones y helicópteros en el Ecuador, después de lanzar un misil a 1.800 metros y en un punto determinado del lado ecuatoriano de la frontera o para hacerlo en cualquier otro punto, era parte de la planificada intervención en la región que, con la excusa de Reyes o con otra cualquiera, diseñan y actualizan de forma permanente los estrategas estadounidenses. Desde la base de Manta, en territorio ecuatoriano o desde Tres Esquinas, en el Caquetá colombiano, y seguramente desde el propio Bogotá. No en vano, Colombia se ha convertido en el buque insignia de la intervención norteamericana en Sudamérica, gracias al vasallaje al que se somete con gusto el presidente Uribe, al frente del histórico proyecto paramilitar al que nunca ha renunciado la gran burguesía de Colombia. De hecho, además, ese proyecto paramilitar, que sigue campando a sus anchas en el territorio colombiano –no sin planes expansionistas allende las fronteras- necesita como la tierra a la lluvia, de la aquiescencia y el apoyo de los gringos.

No parece, pues, una casualidad que el almirante Joseph Nimmich, director de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de los Estados Unidos, se trasladara a Colombia para reunirse en Bogotá el 28 de febrero, el mismo día que iba a comenzar la Operación Fénix, con el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante David René Moreno.

Con su golpe, ejecutado en apariencia por tropas colombianas, aunque planificado por el Pentágono y sus “contratistas” sobre el terreno -Dyncorp & CIA, entre otros-, Washington y el pequeño Uribe han querido también zanjar, de un plumazo, el camino iniciado por las FARC e impulsado por Hugo Chávez, hacia la búsqueda de una salida negociada del conflicto, esta vez con implicación internacional. En este proyecto se estaban ya alineando en el ámbito latinoamericano, además de Ecuador y Venezuela, sustancialmente Brasil y la Argentina. Y en Europa, Francia y Suiza, en razón de su papel mediador por el Acuerdo Humanitario. La Francia de Sarkozy –en busca de la libertad para Ingrid Betancourt- utilizaba ya a sus diplomáticos de forma muy activa. Así vimos cómo tres enviados franceses en la zona, que iban a entrevistarse con Raúl Reyes el mismo día de su asesinato en el campamento bombardeado, suspendieron la cita al ser avisados por el Gobierno de Bogotá del peligro que corrían. Y París parecía dispuesto a estudiar y plantear en la Unión Europea la petición de Chávez para que se considerara a los grupos guerrilleros colombianos como ‘parte beligerante’ en el conflicto y no ‘grupos terroristas’. Era el primer paso para dar un reconocimiento internacional al conflicto y, a partir de ahí, plantear su humanización, mediante la exigencia de la aplicación de los Acuerdos de Ginebra, para acabar instalando una mesa negociadora con veeduría internacional. Estados Unidos –ya se sabía- no estaba dispuesto a consentir esa ‘intromisión’ en su patio y –ya hemos visto- lo dijo de la forma más clara y contundente; como suele hacerlo.

En este sentido, es de entender que Insulza, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), saltara como un resorte para decir que no veía factible la propuesta de Correa para que una fuerza multinacional vigilara la frontera común entre Colombia y Ecuador. Eso Washington no lo va a consentir nunca.

Washington utiliza, ahora de forma casi pública, el conflicto de Colombia, para defender su poder hegemónico en la Región Andina, que ve peligrar, en primer lugar con la consolidación del proyecto bolivariano en Venezuela y con los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador. Así es que, el ataque contra el campamento fariano es un atisbo de ‘Guerra Preventiva’, una advertencia a todos esos gobiernos. Y la declaración de Bush de que está con Uribe, una proclama guerrerista en
toda regla, con el aderezo ultra que el tejano no quiere ni sabe evitar, al añadir que los suramericanos tienen que optar entre estar ‘con el terrorismo y la demagogia’, o sea con Chávez y las FARC o ‘con la libertad’, representada al parecer por Álvaro Uribe.

Aunque, tras la visita a la zona del ataque de la comisión de la OEA y la aparente firma de la paz escenificada por los presidentes en Santo Domingo y por los cancilleres en Washington pueda inducir a creerlo, la fase de guerra abierta iniciada con la agresión contra Ecuador y el asesinato de Reyes y sus compañeros no ha sido clausurada. El ‘poderoso amo del Norte’ sigue en sus trece y no va a parar.

En su reciente gira la Secretaria de Estado Condoleezza Rice trató de ganarse al presidente Lula da Silva para que aceptara una ‘flexibilización de fronteras’ a fin de que se pueda ‘combatir a la guerilla más allá de los límites territoriales colombianos’. Se lo planteó a Lula, que lo rechazó y sondeó también a Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, porque Estados Unidos quería que la OEA aprobara tal exabrupto jurídico, que anularía el artículo 21 de la Carta de la organización, uno de sus principios básicos, para dar carácter legal a las agresiones que, como en Ecuador, está dispuesto a seguir cometiendo quizás, en una próxima ocasión, contra Venezuela.

(*)Este artículo se publica en el número de abril de Mundo Obrero

(Fuentes: EFE-El Universal-Caracas, El Tiempo-Bogotá, Los Ángeles Times, y HRW-Human Rights Watch)

27.3.08

Argentina: Protestas Agrarias

LA REBELIÓN DE LOS AGROEXPORTADORES DIVIDE A LA SOCIEDAD ARGENTINA. LAS MADRES DE MAYO CONVOCAN UNA MARCHA DE APOYO AL GOBIERNO. LA CENTRAL SINDICAL C.T.A. SE OPONE AL PARO PATRONAL, PERO ADVIERTE A LA PRESIDENTA

El gobierno argentino reitera que no retrocederá en la aplicación del impuesto a las exportaciones de granos y amenaza con desalojar por la fuerza los cortes de ruta, en el pulso que mantiene con las cuatro organizaciones rurales, que inician ya el décimoquinto día de lock out patronal. El conflicto comenzó a extenderse a sectores que se suman a los ruralistas, como miles de personas que salieron a la calle el martes por la noche a hacer sonar cacerolas, y otros que lo hicieron a favor del gobierno, y que prevén una concentración el jueves. El paro es contra la decisión del gobierno de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y girasol hasta el 45%.
El ministro de Economía, Martín Lousteau, afirmó que "no hay ningún elemento que haya modificado la decisión del gobierno de no dar marcha atrás en el tema de las retenciones", pese al clima de tensión que atraviesa el país. Un proyecto de ley para derogar el incremento de las retenciones fue presentado por diputados del partido UCR de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, la Coalición Cívica de la ex candidata presidencial Elisa Carrió y el PRO del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el derechista Mauricio Macri. En el mismo proyecto se propone conformar una "mesa de diálogo" para delinear "una política de mediano y largo plazo en materia agropecuaria".

Se radicaliza el conflicto y Cristina rechaza "extorsiones"
Miles de personas marcharon en Buenos Aires a favor del sector agroexportador.
Las organizaciones del sector anunciaron que continuarán su protesta por tiempo indeterminado, con la suspensión de la comercialización de productos y bloqueos de carreteras en todo el país.
"Continuaremos con la huelga hasta que sea necesario", dijo en rueda de prensa Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), que agrupa a medianos y pequeños productores.

La intensificación de la protesta se produjo luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, endureciera su postura frente a los productores. "No me voy a someter a ninguna extorsión" Y añadió que
el campo argentino , "el sector de mayor rentabilidad desde el 2001", está realizando "piquetes de la abundancia".
Después de estas palabras, los movilizados no sólo confirmaron el paro agrario por tiempo indeterminado, sino que además hubo movilizaciones en todo el país.
Mientras numerosos agricultores protestaban en el interior, miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo y el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, contra el gobierno.

Desabastecimiento, un arma de doble filo

La falta de productos comienza a notarse en los supermercados.En algunos barrios de clase media y alta de Buenos Aires se organizaron cacerolazos y bocinazos de consumidores cansados de la escasez de productos por lo que consideran la "inflexibilidad" de la presidenta Fernández.
En algunos comercios se ven letreros con explicaciones: "Informamos que los faltantes en algunos productos vinculados a la producción del campo se deben al problema de público conocimiento respecto del abastecimiento de los mismos".


El campo ha sido el motor del crecimiento económico de Argentina tras la profunda crisis de 2001 y es actualmente el tercer productor mundial de soja y uno de los mayores exportadores de carne del planeta.


El paro agrario divide a la sociedad

Decenas de bloqueos de rutas provocaban ayer miércoles el desabastecimiento. Los productores agropecuarios en rebeldía mantenían los cortes y actos de protesta en un centenar de rutas del centro-este de Argentina, donde el cultivo de soja ocupa más de la mitad de las 30 millones de hectáreas de superficie sembrada con granos. El ministerio de Defensa ordenó el miércoles al Ejército enviar ganado vacuno a los frigoríficos, para suplir los faltantes de carne, uno de los principales productos de la dieta de los argentinos, que consumen un promedio de unos 74 kilos anuales per cápita.
El ministro de Economía, Martín Lousteau, artífice de un incremento tributario a las exportaciones de soja que desató la ira de los agricultores, calificó de irresponsables los huelguistas, y dijo que las protestas en Buenos Aires "fueron montadas por dirigentes que no están ideológicamente de acuerdo con el gobierno".
Lousteau dijo que el paro agrario "linda con lo antidemocrático", agregó que el gobierno garantizará el abastecimiento, y llamó a los productores a la cordura, tras ratificar el alza de impuestos a las exportaciones sojeras.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió a su vez que no permitirá los bloqueos carreteros y que enviará a la cárcel a los agricultores que los lleven adelante.
"Si no se mueven de las rutas, los moveremos nosotros. Quien no entienda esas razones irá preso. Se buscará la vuelta para liberar los caminos y permitir que los artículos lleguen a los lugares de consumo" para evitar el desabastecimiento, dijo Fernández .
La principal líder de la oposición, la dirigente social cristiana, Elisa Carrió, señaló que "las movilizaciones en las ciudades fueron una respuesta de unidad, de solidaridad con el campo" y acusó al Gobierno de "buscar la división de la sociedad entre peronismo y antiperonismo".
Carrió
, de la Coalición Cívica, se puso al frente de la protesta agraria, y convocó a marchas callejeras en apoyo al campo, que movilizaron a la clase media de los barrios acomodados de Buenos Aires, un distrito históricamente hostil al peronismo y gobernado por el alcalde derechista Mauricio Macri.
Un enfrentamiento entre activistas opositores y grupos de 'piqueteros' (pobres y desocupados) favorables a Kirchner que expulsaron a los primeros de la histórica Plaza de Mayo, dejó la noche del martes un saldo de al menos dos heridos leves.

Madres de Mayo, con el gobierno

La presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a movilizarse a Plaza de Mayo este jueves para respaldar al gobierno y dijo que el paro del campo, que lleva dos semanas, lo hacen "los mismos que dieron el golpe cívico-militar de 1976". "Estamos viviendo un momento muy difícil porque los que hoy protestan por las retenciones son los mismos que golpearon las puertas de los cuarteles, los mismos que dieron el golpe cívico- militar de 1976", afirmó. Sostuvo que se trata de "los mismos que se enriquecieron con la dictadura, que cambiaron el sistema económico porque no les venía bien a los ricos, a los dueños de la tierra, a las multinacionales, a Estados Unidos. Ese modelo que vino de la mano de (el ex ministro Economía de la dictadura José) Martínez de Hoz, para aplicarse hizo desaparecer a todos los que se oponían y que eran más de treinta mil. Los hombres y mujeres decididos a dar la vida por este pueblo". Además, criticó a la dirigente opositora Elisa Carrió, por su apoyo activo a la rebelión agraria.
CTA, apoyo crítico a las retenciones

La central sindical independiente CTA expresó su apoyo al impuesto a las exportaciones "como mecanismos redistributivo de la riqueza", pero advirtió que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene "una deuda pendiente" con los pequeños y medianos productores rurales. Con ese impuesto (retenciones) el gobierno "captura una parte de las extraordinarias ganancias de los sectores concentrados del capital agropecuario, representados por la Sociedad Rural y CRA", afirmó la CTA en un comunicado. La entidad sindical es integrante de la Coordinadora de Centrales Sindical del Cono Sur junto con la CUT de Brasil y la CNT-PIT de Uruguay. La central sindical argentina advirtió que ese sistema de retenciones es insuficiente "sin la reconstrucción de organismos de regulación e intervención estatal, como por ejemplo Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes". La CTA también expresó su demanda al gobierno para que adopte políticas que "protejan a los pequeños productores, a las familias agricultoras y a los trabajadores rurales".
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero(MOCASE) integrante de la Vía Campesina, expresó su rechazo a las protestas y pidió al Gobierno que aplique lo recaudado en una reforma agraria. En un comunicado el MOCASE Vía Campesina sostiene que "miles y miles de familias campesinas" no dan su representatividad ni a la Federación Agraria ni a Confederaciones Rurales Argentinas.
Deolinda Carrizo, dirigente del Movimiento Campesino añadió que están de acuerdo con las retenciones a la exportación pero que lo recaudado debe destinarse a una reforma agraria. Sostuvo además que el paro es "de los sojeros", que son los mismos que "envenenan la tierra" con fumigaciones.
El MOCASE expresa en su comunicado que la renta de hectáreas para la producción de soja en la Argentina ha crecido de manera descomunal, provocando el achicamiento del periodo laboral y la perdía de numerosas fuentes de trabajo. Es que muchos campesinos decidieron alquilar sus campos a multinacionales sojeras porque de esa manera ganan más de lo que podrían conseguir corriendo con los riesgos de la producción.
Según el MOCASE "sólo por arrendar 300 hectáreas el propietario recibe un ingreso parásito (sin invertir ni arriesgar un solo peso) de 180 mil dólares por ciclo sojero".
El comunicado explica "la necesidad casi imperiosa para la economía nacional, de apropiarse de esa renta suntuaria e ilegítima en beneficio de la nación".
Pero se pregunta "qué hará el gobierno con esa renta" y sostiene que debe ser empleada en la aplicación de una profunda reforma agraria.

Cristina le echa nafta al fuego
Por Daniel Cadabón- ARGENPRESS.info

La rebelión, que los chacareros argentinos vienen llevando adelante en todo el país, se ha constituido en un fuerte elemento de crisis que marca la situación política nacional. El paro agrario, acompañado por puebladas masivas que conmueven al interior del país, se ha transformado en un mojón que plantea, a esta altura, una discusión sobre el problema de la tierra y sus relaciones de propiedad, donde se involucren los sectores más dinámicos de la política argentina y del pensamiento social. Nadie puede pasar en medio de un conflicto de semejante envergadura sosteniéndose en un “disculpe, yo de esto no fumo”.
La movilización de los productores del campo, ha colocado en una crisis descomunal al gobierno de Cristina-Kirchner, la cual deberá recurrir a algún tipo de conjuro especial para encontrarle un posible retorno a una situación que aparece enormemente entramada. En principio, los pequeños y medianos productores, que han ocupado las rutas con sus masivos piquetes, le exigen una rendición sin condiciones al gobierno Nacional, en su intención de aumentar las retenciones a la exportación de granos. Pero, la cuestión agraria que se desenvuelve detrás de este reclamo supera por mucho el problema de las retenciones. Cristina-Kirchner no puede dar marcha atrás con la medida adoptada, en medio de una rebelión nacional, sin terminar pagando un altísimo costo político y sin demostrarle al conjunto de una sociedad, que asiste expectante a la resolución de esta pulseada, que la solidez de su gobierno se desvanece en el aire.....(Leer todo el artículo)
(Fuentes: ANSA-Latina, BBC-Mundo, AFP, Agencia PÚLSAR-FM La Tribu-Buenos Aires y ArgenPress)

26.3.08

Brasil: Trabajadores esclavos

DESCUBIERTOS Y LIBERADOS 130 ESCLAVOS EN LA MULTINACIONAL BRENCO, DE LA QUE SON ACCIONISTAS BILL CLINTON Y EL MAGNATE STEVE CASE (AOL). AÚN QUEDAN MÁS DE 40.000 TRABAJADORES ESCLAVIZADOS EN EL PAÍS

Más de 130 trabajadores en situación de esclavitud fueron liberados de una multinacional que tiene como mayores accionistas al ex presidente de EE.UU. Clinton y al magnate Steve Case.

La empresa Brenco actúa en la producción de etanol y fue condenada por la situación de sus empleados tras una inspección del Grupo Móvil de Combate al Trabajo Esclavo. El operativo se realizó en los municipios de Mineiros y Campo Alegre, en el estado de Goiás, región centro-oeste brasileña. En las dos propiedades los trabajadores se desempeñaban bajo condiciones de esclavitud en el corte de caña de azúcar. La empresa cuestionada tiene como accionistas al ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y al fundador de AOL (American On Line), Steve Case.
Los trabajadores dormían hacinados, con precarios cuidados higiénicos y debían soportar frío y hambre. El procurador del trabajo, Antônio Carlos, que acompañó el operativo contra la empresa informó que la Brenco tendrá que pagar 2,5 millones de dólares, por daños morales colectivos.

La Brenco se limita a decir, en una nota que los problemas ya fueron resueltos y que “las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones de uso”. Pero en tanto continuaron las inspecciones, siguen apareciendo irregularidades en las condiciones de trabajo de otras sedes administrados por la misma empresa.
La Comisión Pastoral de la Tierra asegura que en Brasil aproximadamente 40 mil personas viven en situación de esclavitud.

Brenco-Brasil, y el negocio del 'Bio'-combustible


En noviembre pasado, Brenco anunció su intención de invertir 1.200 millones de reales (690 millones de dólares) en la construcción de tres nuevas fábricas para producir biocombustible, que estarán operando entre el 2010 y el 2012.
Las nuevas unidades formarían el segundo polo productor de Brenco, un fondo de inversión creado este año que tiene entre sus socios a Bill Clinton y a los fundadores de Sun Microsystems, Vinod Khosla, y de America Online, Steve Case.
"Con esa inversión Brenco da un paso más en su objetivo de convertirse, hasta el 2015, en uno de los mayores productores de etanol de Brasil, con un total de 10 fábricas y una producción estimada de 1.000 millones de galones (3.800 millones de litros)," dijo la empresa en una nota.
Dos de las plantas serán construidas en Paranaíba, en el estado de Mato Grosso do Sul, mientras que la tercera será edificada en Itajá, en el central estado de Goiás, el msmo donde ahora ha sido descubierto el uso de trabajadores esclavos en una explotación de la Brenco.
Las tres unidades nuevas tendrán una capacidad de molienda de caña de azúcar de 10 millones de toneladas por temporada, produciendo cerca de 500 millones de litros de etanol por año.
Las plantas también deben generar electricidad a través de la quema de bagazo de caña.
Brenco ya había anunciado la construcción de cinco fábricas , que formarán su primer polo de producción y serán instaladas en las localidades de Costa Rica, en el estado de Mato Grosso do Sul; Alto Taquarí, en Mato Grosso; Mineiros I y II y Perolandia, las tres en Goiás.


Deforestación y trabajo esclavo crecen juntos con el agronegocio

Aproximadamente 60% de las denuncias de trabajo degradante recibidas por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) se refieren a la actividad pecuaria, seguida por la producción de soja, la de algodón, la de caña de azúcar y las carbonerías.
De acuerdo con la CPT, el trabajo esclavo en Brasil persiste, porque tiene vínculos con la expansión de estas actividades que cuentan con precios internacionales favorables.
Según la CPT, en 2007 fueron liberados por los equipos móviles del Ministerio de Trabajo 5.900 personas sometidas a condiciones semejantes a las de la esclavitud. Del total, casi tres mil en la región centro oeste y cerca de dos mil en la región norte. Zonas de frontera agrícola, donde las grandes propiedades se alían a las altas tasas de desempleo, favoreciendo la contratación de trabajadores en condiciones degradantes.

El crecimiento del agronegocio también aumenta con la deforestación. De acuerdo con el ministerio Público de Pará, en las áreas amazónicas que sufren con la deforestación, la actividad que avanza predominantemente es la pecuaria. Se señala el avance de la ganadería en dirección al sur de Rondônia y de Pará y al norte de Mato Grosso.

Acciones por la erradicación del trabajo esclavo

Cerca de mil personas participaron el pasado 10 de marzo, en el Auditorio Nereu Ramos de la Cámara de Diputados (Brasilia), en un acto público por la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del Trabajo Esclavo , que prevé la confiscación de las tierras de las haciendas en las que se encuentren trabajadores esclavos, y la erradicación de este tipo de trabajo. Las tierras confiscadas serán entonces destinadas a la reforma agraria.
El coordinador de la Campaña Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra de Combate al Trabajo Esclavo , Fray Xavier Plassat, dijo que el acto "intenso y denso" mostró el interés de la sociedad para que se apruebe la enmienda. Para él, el trabajo esclavo no afecta sólo a la víctima, sino que también "hiere la dignidad de toda la sociedad".

Los presidentes de la Cámara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), y del Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), estuvieron presentes y se comprometieron a poner la PEC, 438/2001, a votación durante este año.
Desde 1995, más de 28.000 personas fueron liberadas de la condición de esclavos en haciendas brasileñas. De ellas, seis mil -tres mil en haciendas de caña de azúcar- lo fueron solamente el año pasado. Pero a pesar de que las leyes brasileñas ya previeron dos tipos de castigo, el económico y el criminal, en relación con este último la impunidad todavía impera.
Otra forma de castigo sufrido por las haciendas y/o hacendados es la colocación de los nombres en una "lista sucia". Con esto, el mercado conoce la situación de la empresa con la cual tiene negocios y puede decidir si quiere o no continuar esa relación.

El año pasado, Petrobrás canceló las compras de etanol que hacía a la empresa Pagrisa (Pará Pastoril y Agrícola S.A.) -ubicada en el municipio de Ulianópolis (PA) a 390 km de Belem-, pues en junio de 2007 más de 1.100 trabajadores fueron encontrados en el lugar en situación de esclavos.
Los trabajadores liberados fueron encontrados en condiciones infrahumanas, sin agua potable para beber y recibiendo comida en mal estado. Ellos eran responsables de la recolección y siembra de caña de azúcar para la hacienda. De acuerdo con Fray Xavier, "este instrumento ha tenido un efecto considerable".

Más de 40.000 trabajadores esclavos

Viven en el medio de la selva, sin sanidad ni agua potable. Ingieren a veces comida podrida, restos de vacas que murieron de enfermedades. No tienen platos, comen en latas; a veces, latas que fueron envases de pesticidas
Esto se aseguraba en un Informe elaborado por la OIT(Organización Internacional del TRabajo) en el año 2004. Condiciones que siguen igual, según la Comisión Pastoral de la Tierra.

Jan Rocha, autora del informe de la OIT, detallaba las condiciones que encontró en su trabajo de investigación."Viven en tiendas rústicas bajo láminas plásticas, en el medio de la selva, sin sanidad ni agua potable. Ingieren a veces comida podrida, restos de vacas que murieron de enfermedades. No tienen platos, comen en latas; a veces, latas que fueron envases de pesticidas".
El informe también denunciaba la existencia de trabajo esclavo en la ciudad de Sao Paulo , donde llegan principalmente bolivianos en busca de trabajo y lo consiguen en fábricas clandestinas localizadas en muchos casos en casas viejas en la zona este de la ciudad, bastante cerca del centro. Allí encontraron mujeres y hombres trabajando 16, 18 y hasta 20 horas por día, ganando muy poco; viviendo muchas veces en el mismo lugar en que trabajan y con toda la familia, con niños, en esas condiciones insalubres.
En los casos de esclavitud constatados en la selva amazónica, los trabajadores "no tenían asistencia médica; muchas veces hubo accidentes en el trabajo y los propios trabajadores tuvieron que cargar al herido kilómetros y kilómetros e implorar al dueño de la hacienda que los mandara al hospital. Muchos murieron probablemente sin asistencia", decía Rocha.
Los trabajadores tampoco perciben un salario. "Trabajan todo el día en un calor muy fuerte sin protección, sombreros ni guantes, sin descanso semanal, obligados a comprar provisiones en la tienda de la hacienda, donde los precios son casi siempre mucho más altos que en la ciudad".
De acuerdo a Rocha, "son incluso obligados a pagar los equipos de trabajo, como cuchillos o machetes. Entonces acaban siempre debiendo y cuando quieren recibir un salario, la respuesta es que son ellos los que deben dinero al dueño de la hacienda".
El informe señalaba que en el estado de Pará, se registró la muerte de 534 trabajadores en 30 años hasta 2001.
El estudio de la OIT, presentado en 2004, reconocía los esfuerzos del gobierno de Luiz Inácio "Lula" da Silva por liberar esclavos y llevar a los culpables a la justicia, pero denunciaba en muchos casos una cultura de impunidad, que achacaba a que había políticos y jueces entre los dueños de haciendas responsables.

Leyes que no acaban de llegar

La reforma constitucional para expropiar a los hacendados que practiquen la esclavitud en Brasil aún no ha sido ratificada en segunda discusión por la Cámara Baja del Congreso, que desde 2004 no la incluye en su agenda.
Unas 20 organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos marcharon el pasado 12 de marzo por la capital brasileña hasta la sede del Congreso, para exigir a la Cámara de Diputados que vote en segunda vuelta una propuesta de enmienda constitucional que propone la expropiación de las haciendas donde se confirme que los trabajadores padecen condiciones análogas a la de la esclavitud.
La reforma ya ha sido aprobada en dos vueltas por el Senado, pero la Cámara Baja no la incluye dentro de su agenda de debates desde agosto de 2004.
La manifestación fue convocada por organizaciones gubernamentales como la Secretaría Especial de Derechos Humanos, subcomisiones del Congreso y movimientos sociales como el Movimientos de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) o la Comisión Pastoral de la Tierra.
Los esfuerzos del gobierno para erradicar la práctica de la esclavitud moderna datan de 2003, cuando Brasilia lanzó el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo y viene reprimiendo este tipo de delito que ocurre cuando poderosos latifundistas se provechan la necesidad de empleo para contratar de manera informal a personal que luego privan de sus más elementales derechos laborales.
Sólo en 2007, el gobierno brasilero realizó 114 operativos donde logró liberar a cerca de 6.000 trabajadores esclavos.
(Fuentes:Agencia PÚLSAR, Radioagência NP-Nóticias do Planalto, Reuter, Adital, BBC-Mundo y Telesur)

25.3.08

Bolivia: Crisis política

LOS EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE SE SUMAN A LA GUERRA DEL ACEITE Y AMENAZAN CON PARALIZAR EL PAÍS. EL EJÉRCITO ADVIERTE, ANTE EL REFERENDUM AUTONOMISTA, QUE NO PERMITIRÁ LA DIVISIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

La prohibición temporal de exportar aceite comestible se convirtió en un nuevo tema de enfrentamiento entre el gobierno de Bolivia y la oposición, que ha llamado a desobedecer la medida, mientras el transporte pesado amenaza con una huelga desde el miércoles próximo.

Los transportistas amenazan con bloquear con sus vehículos los puntos de control aduanero si no se levanta la prohibición que, según el gobierno, busca contrarrestar el alza de precios pero que los productores dicen que es sólo una represalia política. La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, en su mayoría de oposición, convocó a su vez a desacatar la prohibición y anunció que promoverá una interpelación a la ministra Susana Rivera que dictó la medida la semana pasada.
El diputado opositor Pedro Pablo Klinsky señaló que el bloque considera que la medida busca "destruir" a la economía de Santa Cruz, que se ha convertido en bastión de la oposición ideológica al presidente Evo Morales y principal promotor de las autonomías.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, dijo que el veto es "un golpe artero" a la región ante la decisión de sus dirigentes políticos, cívicos y empresariales de realizar el 4 de mayo un referéndum para aprobar sus estatutos autonómicos.
El presidente Evo Morales, quien considera que la consulta es "ilegal y separatista", ha convocado a un nuevo diálogo con la oposición --con la Iglesia Católica como facilitadora-- y ha pedido que para ello Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija frenen sus convocatorias a referendos autonomistas.
La oposición condiciona el diálogo a que el oficialismo anule su proyecto de constitución y devuelva recursos a las prefecturas recortados por el gobierno para pagar el Salario Dignidad, una renta para la tercera edad. La medida afecta fundamentalmente al sector agropecuario de Santa Cruz, principal región económica de Bolivia que es ahora bastión opositor y lidera la demanda de autonomías departamentales. El Comité Cívico de Santa Cruz encabeza los movimientos cívicos de otros cinco de los nueve departamentos que rechazan el proyecto oficial de nueva Constitución.
Pero el gobierno insiste en que mantendrá la "prohibición temporal" mientras el precio de los aceites no baje en el mercado local, al acusar a los productores de haberlos incrementado para dañar políticamente al Ejecutivo, que enfrenta un creciente brote inflacionario, y de especular para ganar más.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció que las fuerzas armadas "reforzarán" puntos de control de la policía y la aduana ante la eventualidad, insinuada por los productores, de intentos de desacatar la prohibición.
El lunes, los empresarios del transporte advirtieron al gobierno, tras una reunión de emergencia, que con sus unidades bloquearán las fronteras de Bolivia con los países vecinos y lo recintos aduaneros desde el miércoles.

El presidente de la Asociación del Transporte Nacional e Internacional, Raúl Medrano, dijo a la prensa que la decisión obedece a que el decreto del gobierno, dictado la semana pasada, "ha empezado a paralizar" al sector, que está conformado por 4.000 camiones a nivel nacional. Agregó que la protesta es "irrevisable".
Los productores de aceites, los de la soja y girasol --su materia prima--, los transportistas y los sindicatos de trabajadores del agro se reunirán este martes en la ciudad de Santa Cruz para articular sus protestas contra el gobierno, según dirigentes de los sectores afectados.
La fabricación de aceites comestibles es una de las principales actividades económicas del departamento oriental de Santa Cruz, el mayor productor de alimentos del país.


El aceite se vende en Bolivia por encima de los precios internacionales

El Gobierno boliviano denunció este lunes que los productores de aceite en el país elaboran el producto con soja barata, pero lo venden por encima de los precios internacionales, lo que considera "inadmisible" porque afecta directamente a la economía de la población.

"En resumen (los productores) compran y producen toneladas de soya baratas, a precio de Bolivia y nos venden aceite más caro que en Chicago y eso el Gobierno no lo puede permitir porque trabajamos para proteger la economía de todos los bolivianos", dijo la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, en entrevista con radio Erbol. La ministra explicó que durante esta jornada el precio referencial de la tonelada de aceite en Chicago (Estados Unidos) se encuentra en 1.295 dólares, en Rosario (Argentina) 1.243 dólares, mientras que en el país la misma tonelada de aceite se vende en 1.690 dólares. De acuerdo con estos datos, la tonelada de aceite boliviano se vende 395 dólares por encima del precio de Chicago y 447 dólares del precio de Rosario. No obstante de la ganancia que les supone a los productores la venta del aceite a precios internacionales (más caros), éstos se benefician porque la materia prima, en este caso la soja, que emplean para la fabricación corresponde a la campaña de verano e invierno 2006 -2007.
La ministra de Desarrollo Rural señaló que en la campaña de verano 2006 y 2007 la tonelada de soja costaba en Bolivia 215 dólares y en Chicago 261 dólares. En la campaña de invierno de 2007 la tonelada de soja costaba 280 dólares en Bolivia, 370 en Rosario y 356 en Chicago. Asimismo, en la última campaña la tonelada de soja costaba 420 dólares mientras que en Rosario 462. "Han cerrado negocios de exportación de absolutamente todo el cupo para exportar en la primera gestión, al año hay dos campañas de soya, una de verano y de invierno y contratos adelantada ya han cerrado cupo para todo el año", dijo. Sin embargo, pese a esta situación la ministra indicó que el diálogo con los exportadores de aceite está abierto y aclaró que no hay ningún ataque a ese sector o intenciones de destruir su economía, porque la prohibición decretada para la exportación del producto es temporal. Además indicó que el aceite sólo representa el 15 por ciento de la producción de soja, el resto no la harina, la torta de soja se continúa exportando. "No hay ningún ataque al sector exportador, ni agroindustria cruceña porque exportarán derivados de soya, apenas el 15 por ciento se convierte en aceite lo demás es harina de soya torta de soya y derivados", dijo.

El diálogo reconciliador tropieza con los intentos separatistas

El diálogo conciliador que impulsa el gobierno boliviano con la oposición tropieza con intentos separatistas de los partidos tradicionales, según denuncias del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
De acuerdo con el diputado Gustavo Torrico, es vital explicar por todas las vías los peligros que entraña la reciente propuesta del senador Roberto Ruiz, de la alianza Poder Democrático Social (PODEMOS), de crear una federación de departamentos autonómicos.
Según Torrico, el ejecutivo acepta las autonomías, pero con solidaridad, no para fraccionar a la nación.
Sin embargo, la iniciativa de PODEMOS buscaría la secesión del país al insistir que se conforme una Bolivia de siete departamentos: Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, a fin de aislar a La Paz y Oruro.
Esa estrategia de la llamada Media Luna ampliada, es vista por varios sectores como extremadamente peligrosa para la integridad territorial y la unidad nacional.

También el diputado René Martínez (MAS) manifestó que las declaraciones del senador Ruíz constituyen una actitud sediciosa contra la democracia, y debe ser sancionada, pues atenta contra Constitución Política del Estado.
Mientras, el presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, aseveró que la propuesta del senador opositor apunta hacia una posición ridícula que intenta bloquear las conversaciones iniciadas por Palacio Quemado con los nueve prefectos.
Sin embargo, el presidente del Senado, Oscar Ortiz (PODEMOS), dijo que Bolivia es una sola y seguirá unida, aunque opinó que "lo único que pasará es que los departamentos que apuesten por la autonomía se desarrollarán más".
Al respecto, la Iglesia Católica, que se brindó como facilitadora del diálogo, solicitó crear un clima favorable para el intercambio entre ambas partes, cuya agenda podría estar lista la próxima semana.
Según el documento de la secretaría general de Conferencia Episcopal Boliviana(CEB), actitudes de paciencia y serenidad de la población contribuirán significativamente a llevar adelante ese proceso.
También el propio presidente Evo Morales aceptó la participación de la Iglesia como mediadora para salir de la actual crisis política que atraviesa el país y llamó a la reflexión en Semana Santa por la unidad de todos los bolivianos.


Advertencia de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas advirtieron a la denominada "media luna" que harán respetar al gobierno legalmente constituido y no permitirán la desintegración del país a través de referéndums autonómicos al margen de la Constitución Política del Estado.
El comandante General de la Policía, General Miguel Vásquez dijo que su institución "respetará la institucionalidad, la legalidad dentro del marco de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía y otras normas que regulan su misión constitucional".
El ministro de Gobierno Alfredo Rada comentó que no corresponde a instituciones como la Policía resguardar el orden público y realizar algún tipo de apoyo a consultas populares que están fuera de la ley.
"Lo que puedo asegurar como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que seremos muy enérgicos en hacer cumplir lo que establece los artículos 208 y 210 de nuestra Constitución Política del Estado", apuntó el general Luis Trigo Antelo. El artículo 208 señala que "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país". El artículo 210 de la Carta Magna indica que "las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, y en lo técnico, del Comandante en Jefe".
Trigo aseguró que no dudará en ningún momento en hacer respetar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y preservar la unidad del país. "Para las Fuerzas Armadas la unidad del país no esta en discusión y toda persona que hable de la desintegración de Bolivia es un delito que puede ser sancionado, ya sea por la vía militar o civil".
Trigo manifestó que los militares continúan apostando por el diálogo convocado por el gobierno, pues la mejor solución a los problemas políticos es el diálogo, con el cual todos ganamos, mientras que en el enfrentamiento no existen ganadores ni perdedores.

La 'media luna', adelante con el referendum

El prefecto (gobernador) de Santa Cruz , Rubén Costas, anunció que conformará brigadas de seguridad civil para que cuiden las urnas el 4 de mayo, día del referéndum del estatuto autonómico. Convocará a universitarios, sectores sociales, trabajadores, entre otros, para que custodien un "derecho democrático"."Pedimos a nuestros universitarios, trabajadores, sectores sociales que conformen una policía civil para resguardar las ánforas el 4 de mayo, ante la posible ausencia de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló. El vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, quien emplazó a los policías a trabajar el 4 de mayo, no sólo en el orden de la seguridad ciudadana, sino también en el resguardo de las urnas. "El Gobierno de Evo Morales a toda costa quiere impedir la llegada del 4 de mayo, pido a la Policía a que no se preste a este tipo de abusos", expresó Núñez.
La representante presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, comentó que "no puede ser posible, nunca se vio en ninguna parte del mundo que el voto del ciudadano esté custodiado por un grupo de personas x ó z, quienes además están parcializados con una de las opciones a ser elegidas".
Aclaró que la Policía está llamada por ley a garantizar procesos eleccionarios que hayan sido convocados de manera legal y Constitucional, "no se le puede exigir a la verde olivo que rompa la institucionalidad yendo a proteger un proceso eleccionario que no es legal".
El ministro Rada declaró que cualquier grupo paralelo a la Policía Nacional es absolutamente ilegal.

Bolivia y el retorno de la extrema derecha
Por James Petras, Econoticiasbolivia

Durante dos años y medio (2005-2008), Bolivia pasó de un período insurreccional, en el que los movimientos sociales revolucionarios dominaron y definieron las prioridades políticas, a un período en el que la extrema derecha ha lanzado una ofensiva política importante que ha desarticulado la Asamblea Constituyente, ha dominado el gobierno y las calles en seis de las nueve provincias y ha forzando al partido MAS, de centro-izquierda, a una lamentable retirada de casi todos sus compromisos electorales socioeconómicos.
El cambio brusco y profundo en la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y la oligarquía es, en gran medida, perceptible en las políticas y prácticas del gobierno de centro-izquierda del presidente Evo Morales y su vicepresidente García Linera.
El paso de la derecha de ser una fuerza marginada, asustada y derrotada a una potente, agresiva y avanzada máquina política, fue el resultado, en gran parte, de varias políticas decisivas y contraproducentes impuestas por Evo Morales y García Linera a los movimientos sociales por medio de sus instrumentos sociopolíticos.

(Fuentes: ANSA-Latina, AP, ABI-Agencia Boliviana de Información, Prensa Latina, Bolpress, Adital y Rebelión)

24.3.08

Argentina: Aniversario del Golpe Militar

32 AÑOS DESPUÉS, SIGUE LA DEMANDA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN Y EL REPUDIO A LOS GENOCIDAS, EN EL 'DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA'

Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes y partidos políticos marcharán este lunes en las principales ciudades de Argentina, al cumplirse el 32° aniversario del golpe militar de marzo de 1976. La jornada recuerda el "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia" y es feriado nacional en Argentina, desde el año pasado. En esta ocasión, el feriado por el "Día Nacional de la Memoria" coincide con el feriado largo de Semana Santa. La principal concentración se realizará en Plaza de Mayo, centro histórico de la capital argentina, convocada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-línea Fundadora, Hijos y Hermanos de Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la central sindical independiente CTA, entre otras entidades. La consigna de la marcha de este año es "Contra la impunidad: juicio y cárcel común a todos los genocidas", en momentos en que se enjuicia a los represores de la matanza de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, cuando fueron fusilados 16 presos políticos en una base naval. También ha sido reactivado en las últimas semanas el juicio contra la banda de derecha Triple A, que funcionó entre julio de 1974 y marzo de 1976 bajo el patrocinio del gobierno de Isabel Perón.
Además, la ESMA, donde funcionó el más terrible centro de detención y torturas durante la dictadura, hoy Museo de la Memoria, será sede del acto central. El edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se realizará una ceremonia interreligiosa a las 10.30, en la que estarán el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina. Están programados actos en todas las provincias.

Actos previos en Neuquén

El jueves 20 marzo, se realizó un acto frente al Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de la ciudad de Neuquén, sobre ruta nacional 22. En ese lugar, funcionó durante la última dictadura “la Escuelita”, un centro clandestino de detenciones y exterminio.
También se realizó una “marcación”, un señalamiento con carteles viales sobre la ruta 22 para que los transeúntes puedan reconocer donde funcionó el centro clandestino.

Entre los presentes se encontraban las Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle y la A.P.D.H. de Neuquén, que es la principal querellante en el juicio contra los represores de “la Escuelita”. Al respecto, Noemí Labrune, miembro fundadora de la asociación, se mostró satisfecha durante la actividad: “porque todos los que pasaron por allí, automovilistas, turistas, han recibido el mensaje donde se explicaba la posición de los organismos”. Pero lo que más rescató de la actividad, es que se realizara frente al batallón, allí mismo, donde los militares guardan los secretos que, de ser revelados, harían que los juicios pudieran ser mucho más rápido. “Ése es el pacto social de hoy y debe reventarles vernos acá, justo frente a ellos, que estemos haciendo esta actividad”, nos dijo con agrado.

Al final de la jornada, la concurrencia marchó hacia la entrada del batallón donde se realizó un acto de cierre. Paola Panizza, de H.I.J.O.S. Alto Valle, expresó “estamos acá, (frente al batallón) porque en los fondos de este maldito lugar, funcionó uno de los 500 centros clandestinos de detención, en donde fueron trasladados, torturados, asesinados y desaparecidos miles y miles de jóvenes, mujeres y hombres muy jóvenes, que en la década del setenta intentaron cambiar el mundo. Intentaron cambiar este mundo de miseria, de hambre, de explotación, de opresión. Lo intentaron cambiar desde distintas organizaciones. Organizaciones barriales, políticas, en la universidad, en los secundarios, en las fábricas. Organización y lucha, compañeros, es la enseñanza de nuestros viejos y nuestras viejas. Vinimos para decirles a estos genocidas, que no nos vamos a olvidar y que no esperamos de ellos ninguna verdad”.Finalmente dijo “nosotros nuestra verdad la sacamos de nuestros compañeros que vivieron el cautiverio, que entraron tabicados a estos lugares y que sin embargo siguen hablando hoy de la posibilidad de cambiar el mundo. Ese es el compromiso nuestro, de todos nosotros. Seguir luchando para cambiar el mundo. Para que aparezca Julio López y para que todos los asesinos estén en la cárcel común”.



"Muchos civiles fueron tan responsables como los militares"

Así lo afirma una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani quien considera que la Justicia también debería apuntar contra el ex ministro Martínez de Hoz y varios colaboracionistas de la dictadura. A 32 años del golpe de Estado, Chicha reclama que se aceleren los juzgamientos a represores.


El 24 de noviembre de 1976, fuerzas policiales -al mando de Miguel Etchecolatz, la mano derecha de Ramón Camps, y militares atacaron en La PLata, la casa de Diana ( hoy convertida en museo), que vivía con su esposo Daniel Mariani (hijo de Chicha) y su hija de tres meses, Clara Anahí.
En el ataque fueron asesinados Diana y al menos otras tres personas, y fue secuestrada la bebé , que aún permanece desaparecida.
María Isabel habla para el Diario Hoy de La Plata.
-¿Qué evaluación puede realizar del golpe de Estado de 1976?
-El golpe de Estado de 1976 fue una verdadera tragedia para el país, aunque todo empezó antes, con la Triple A. Una buena vez por todas en la Argentina hay que administrar justicia y poner las cosas en su lugar. De lo contrario se va a producir un tétrico panorama. En definitiva, les vamos a estar enseñando muy mal a los niños. Hay que tener en cuenta que resulta falso todo lo que uno edifique sobre la mentira. Por eso, no es posible que un país tenga tantos desaparecidos sin haber dado el Estado ninguna información sobre ellos, como así tampoco sobre los niños que fueron apropiados y que ahora, muchos de ellos, están caminando sin que nadie reconozca su estado de indefección.
-¿La Justicia debería avanzar sobre la participación de los civiles que fueron cómplices o tuvieron participación como funcionarios de la dictadura?
-Por supuesto que sí. Incluso nosotros tenemos la declaración de un policía de aquel momento que llevó de excursión a las mujeres de importantes funcionarios, como la del gobernador Saint Jean y del ministro de Gobierno Jaime Smart, a la casa de calle 30, donde acababan de hacer una matanza y donde habían secuestrado a mi nieta Clara Anahí.
Si estas mujeres tuvieron el coraje de ir a presenciar la matanza que se había hecho por orden de sus maridos, eso significa que hay mucho que limpiar y aclarar. En muchos casos, fueron tan culpables los civiles como los militares, aunque los civiles luego se lavaron las manos. Los militares también intentaron hacer lo mismo, aunque ahora se los está llevando a la Justicia, con una lentitud espantosa.

-¿También se tendría que avanzar sobre funcionarios como Martínez de Hoz?
-Mi hijo era licenciado en Economía, y su vida estaba dedicada a eso. Yo me acuerdo los comentarios de él sobre lo que estaba haciendo Martínez de Hoz, sobre el genocidio económico que estaba provocando. Llevó al país a la ruina.
-¿Está conforme con el trabajo de la Justicia?
-Hay un trabajo hecho, pero todo es muy lento. Nos vamos muriendo nosotros y los represores. Va a llegar un momento en que no habrá gente que reclame ni gente que pueda ser castigada, o por lo menos juzgada. Es un mal de la Justicia. La verdad, no sé si esto es por falencias de los códigos que no funcionan, por los sistemas, por el dinero. En el fondo, yo percibo una falta de interés que le está haciendo daño a la población porque está creando un sentimiento de impunidad que, en definitiva, lo que hace es generar lo que estamos viendo todos los días con las drogas, con los ladrones, con los asesinos que están matando a las personas para quitarles dos pesos. Todo esto es fruto de la impunidad. Si seguimos haciendo un juicio por año contra los represores no vamos a terminar más. Espero que este año se haga el juicio por la comisaría Quinta. Y espero tener alguna información verdadera sobre mi nieta Clara Anahí Mariani.
-¿Cuál fue la última noticia que tuvo sobre ella?
-A través de una amiga, hice una carta a mi nieta que la difundí por internet. Y he tenido miles de respuestas por esa carta. No sólo fueron respuestas sobre niños y niñas, sobre todo de niñas, porque yo busco a mi nieta, pero me mandaron muchísima información. Y también me llegan muchas cartas de afecto y de apoyo que, a esta altura de mi vida, son importantes.
Falta la colaboración de vecinos, de los cómplices, que ojalá tengan remordimiento de conciencia y hablen. Pero falta mucho para eso.
Los nuevos habitantes de la ESMA

Andrés llegó a la ESMA hace tres años. Había militado en HIJOS sin ser hijo de desaparecido. Dice que lo que le hace el trabajo menos pesado es el contacto con los sobrevivientes. Y el tiempo. Hay días en que Sabrina tiene que ir a dormir la siesta para reponerse del día laboral. A veces le duele el cuerpo y a veces se pelea en el colectivo con cualquiera por cualquier cosa. Celeste asegura que se aprende a poner distancia, pero que ya no quiere ir al cine a ver películas que traten sobre la represión de la dictadura. Luz está feliz. Le parece “buenísimo” que la gente visite el lugar. Que se entere de lo que pasó ahí nomás y hace tan sólo 30 años.


Ellos forman el equipo de guías del Espacio para la Memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Todos lloraron, todos tuvieron pesadillas. Los sentimientos que genera el lugar no los asustan, de lo que tienen miedo es de, algún día, dejar de percibirlos.
En el edificio central de la ESMA, conocido como “cuatro columnas”, se armará en el futuro una exposición fotográfica sobre la historia de la represión en el país. El salón central, donde se colocará la muestra, espera la resolución de una licitación que permitirá que las tejas francesas dañadas por el granizo sean reparadas. En una oficina de esa construcción, los guías instalaron su bunker. En una mesa hay una maqueta del Casino de Oficiales que se usó en el fallido juicio al prefecto Héctor Febres, que apareció envenenado cuatro días antes de la sentencia. Hay también una bandera multicolor que dice “Peace” y afiches que convocan a diferentes homenajes a los desaparecidos. Y está el mate.
La naturaleza del lugar es ambigua. Corren paralelas la alegría del sitio conquistado, que estás poblando, y la compañía que hacés a las almas que pasaron por acá”, dice Daniel Schiavi, en ese refugio armado dentro de la ESMA. El es el coordinador de los guías. Llegó al lugar en 2005 contratado por el gobierno porteño después de que la Armada desalojara los ocho primeros edificios. Tiene 51 años, dos décadas más que los que integran el grupo que dirige. Su tarea es conducir a los visitantes por los cuatro pisos del Casino de Oficiales, el sitio donde estuvieron “alojados” los desaparecidos.

El Casino, según el consenso al que llegaron los organismos de derechos humanos y el gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, permanecerá vacío e inalterado. Sólo se agregaron los carteles que intentan explicar lo que sucedió. El edificio ya se puede visitar, previa cita, y sólo se puede entrar allí en compañía de un guía.

Una rosa china y altos pinos enmarcan la entrada. El recorrido pautado empieza en el sótano, que era también el primer sitio al que eran llevados los detenidos: allí estaban las salas de tortura. En la planta baja está El Dorado, el gran salón donde los marinos planeaban los secuestros y asesinatos. Arriba está “Capucha”, donde los desaparecidos eran depositados, atados y vendados, en pequeños espacios de 75 centímetros de ancho por dos metros de largo y donde el techo a dos aguas, las vigas y la poca luz que entra por las aberturas permiten transportarse treinta años atrás. “Es en Capucha donde se toma real conciencia de que el contacto con el mundo exterior ya no existe más. La soledad es total. Debe ser lo más cercano al infierno”, dice uno de los panes con testimonios de sobrevivientes. El último piso es “Capuchita”, el altillo, donde está el tanque de agua y donde permanecían los secuestrados que habían ido a parar a la ESMA pero no “pertenecían” al grupo de tareas armado por Massera.
El Casino, su presencia y su historia se impone a todo aquel que ingrese al terreno, aunque sea sólo una pequeña porción dentro de las 17 hectáreas del futuro Espacio para la Memoria.
Las personas que trabajen en los otros edificios del predio ingresarán por el otro extremo del predio, para preservar del bullicio de la burocracia cotidiana el lugar en el que se torturó y se mantuvo a los prisioneros en condiciones infrahumanas de vida antes de asesinarlos.
Cuando fui al Casino por primera vez subí a Capucha y aunque soy ateo me persigné. Parte del trabajo es tomar contacto con los testimonios y es duro. Es bueno compartirlo con un grupo de chicos de 30 años”, cuenta Schiavi. “Hay gente que no quiere venir a trabajar acá, pero cuando se fueron totalmente los militares fue una sensación de conquista, de plantar bandera. Fue una batalla invisible”, dice sobre el proceso de desalojo, que duró tres años.

Acá estaba la escalera donde Martín Grass vio a Rodolfo.” Lilia Ferreyra, mujer del periodista desaparecido Rodolfo Walsh, señalaun revestimiento de madera en el hall central del Casino de Oficiales. Es el sitio en que vieron al escritor herido, tal vez muerto, y que fue modificado por los marinos en 1979, en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lilia es asesora del Archivo Nacional de la Memoria y desde ahora la ESMA será para ella un escenario laboral. Su oficina estará lejos de la escalera que ya no está, estará lejos incluso del edificio al que Emilio Eduardo Massera llevó a Walsh. Pero estará en el mismo terreno. Para Lilia no es una carga, por el contrario. “La posibilidad de trabajar acá es importantísima. Es hacer realidad que este lugar de muerte ha sido recuperado para profundizar la causa de los derechos humanos y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado”, asegura.
A nivel personal, las reacciones son diferentes. Más allá de la discusión política sobre el destino de los edificios que componen el predio de lo que fue el centro clandestino, hubo empleados que no se “bancaron” emocionalmente la posibilidad de convertir a la ESMA en su lugar de trabajo y pidieron ser derivados a otro sitio. “Pero hay quienes sentimos que es una reparación profunda y nos lleva a imaginar la sonrisa de nuestros compañeros desaparecidos por esto que se vive como un triunfo. Creemos igualmente que el área de ‘museo’, el Casino de Oficiales y el edificio de las cuatro columnas, que es el lugar más intenso de la Memoria, no puede ser alterada por la presencia cotidiana de trabajadores o de gente que pase con una carpeta bajo el brazo”, señala Ferreyra. “Estar en la ESMA –agrega– supone convivir con el testimonio implacable del pasado pero con plena conciencia de estar trabajando en el presente para ganar la conciencia de las generaciones futuras.”
María Prince es representante de la Nación en el órgano ejecutor de la ESMA.Muchos de mis compañeros pasaron por acá. Tengo dos sensaciones permanentes. Por un lado es fuerte atravesar la reja todos los días. Pero también es una victoria. Me daría pena perder alguna de esas dos sensaciones. No es algo que se puede naturalizar”, coincide.
Eduardo Jozami es el director del centro cultural Haroldo Conti –dependiente del Archivo Nacional de la Memoria– que se levanta donde antes estuvo el anexo de la Escuela de Guerra Naval. Durante la última dictadura él estuvo preso. Su mujer fue secuestrada y llevada a “Capuchita”, el altillo del último piso del Casino de oficiales. Estuvo en la ESMA 16 meses.Es raro caminar por ahí porque si bien tiene marcas militares, no es un lugar desagradable, las calles son grandes, hay muchos árboles... es una sensación extraña. Yo lo vivo con una responsabilidad muy fuerte y es, en un sentido, gratificante. Poder estar en la función pública trabajando en estas cosas es gratificante, por lo menos para los que pensamos como nosotros y tenemos estas historias”, dice Jozami. y se le quiebra la voz. Se acuerda, comparte, de los días en prisión y de la sensación de creer que nunca más iba a volver a ver a su mujer.
(Fuentes: ANSA-Latina, Telam, RNMA-Argentina, diarioHoy-La Plata, Página12)

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