30.5.08

Brasil: Indígenas

UN FRENTE CÍVICO MILITAR TRATA DE IMPEDIR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DE LULA A LAS ETNIAS AMAZÓNICAS EN RORAIMA Y AMENAZA A 18.000 INDÍGENAS


El gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un grave problema en el estado amazónico de Roraima. Su intento por proteger a los indígenas de la zona de Raposa mediante la creación de una reserva, es contestado por 6 (Seis) poderosas familias arroceras que se niegan a desalojar los territorios indios. Tienen el apoyo del Gobernador y, lo que es más grave, de la cúpula militar brasileña. En 2007 fueron asesinados al menos 76 indígenas en Brasil. Y en Roraima sufren constanteds agresiones, recientemente, fue atacado y destruido el Centro Indígena.

El jefe del Estado mayor del Ejército brasileño, general Luiz Edmundo Carvalho, y sus colegas de Aeronáutica y Marina, respaldaron la creación de un frente parlamentario en "Apoyo de las Fuerzas Armadas en la Amazonia". El general Carvalho, el brigadier Paulo Brito, titular del estado mayor de la Aeronáutica y el almirante Aurelio Ribeiro, jefe de operaciones navales de la Marina, participaron en el acto de lanzamiento del bloque en el Congreso. Carvalho afirmó que "la creación de este frente podrá traer enormes beneficios al país y a la seguridad nacional". La agrupación estará integrada por legisladores que se oponen a la creación de una reserva indígena en Roraima, frontera con Venezuela y Guyana, que fue homologada por el presidente Lula da Silva. El ministro de Defensa Nelson Jobim dijo no estar molesto por la formación de esa agrupación legislativa. "Los órganos de defensa están volcados prioritariamente hacia la Amazonia" aseguró el funcionario. Recientemente, el jefe del Comando Militar de la Amazonia, general Heleno Ribeiro, criticó públicamente al gobierno por su política en esa región.

El Frente Cívico Militar contra la reserva está encabezado en Roraima por el Gobernador de ese estado del nordeste brasileño, José Anchieta Junior, un personaje pintoresco. Ayer acusó a las organizaciones no gubernamentales de utilizar a los indígenas para permitir la penetración de las potencias extranjeras en la selva amazónica. "Me preocupo más con los europeos y estadounidenses y sus centenas de ONG en la Amazonia y no con Venezuela, con el que compartimos frontera. Las ONG extranjeras quieren un cadáver indígena para decir que Brasil no sabe cuidar del tema", dijo este gobernador, opositor al presidente Lula da Silva.

El gobernador fustigó a las ONG's que actúan en su estado, durante un discurso ofrecido en el Club de la Aeronáutica de Rio de Janeiro, en un acto que forma parte de la campaña contra la homologación de tierras de tres municipios hecha en 2005 por el presidente Lula, y que crea la reserva indígena Raposa Serra do Sol, lo que implica la salida del lugar de los no indios. En la región hay temor a una escalada de violencia a raíz de que los productores arroceros se niegan a salir de la reserva indígena ubicada

Contra política indigenista de Lula
La batalla por defender la Amazonia brasileña "empezó por Roraima", según Paulo Cesar Quartiero, personaje central de los conflictos que enturbian la fronteriza tierra indígena Raposa Serra do Sol (RSS) y que están movilizando a políticos y militares en un frente opositor.
Quartiero, un agrónomo de 55 años, migró del extremo sur al norte hace 32 años, instalándose en Roraima, donde adquirió dos haciendas que suman 9.200 hectáreas, y se convirtió en gran productor de arroz. En 2004 ganó la alcaldía de Paracaima, municipio de unos 9.000 habitantes. Detenido nueve días en Brasilia a inicios de mayo, bajo cargos de posesión de explosivos y de armar a los hombres que balearon a 10 indígenas que intentaban invadir su hacienda, se afirmó como líder de los que rechazan la demarcación de la RSS como un territorio indígena único y continuo de 1,7 millones de hectáreas. "No somos mercaderes, no aceptamos indemnización" para dejar las haciendas que se encuentran comprendidas en esa área, pues eso "representaría la muerte, después de 32 años cultivando y preparando la tierra", dijo Quartiero a IPS. "Queremos sólo 4,7 por ciento de esa tierra", señaló, para "acomodar a los 200 agricultores" que siguen en el área, ya demarcada pero aún no entregada en posesión a los indígenas que la habitan y que suman entre 15.000 y 20.000.

Lo que pide Quartiero significaría dividir en "islas" la reserva RSS, cuya demarcación como área continua fue oficializada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005, después de superar cuestionamientos judiciales y debates de casi dos décadas. El proceso obedeció a los principios definidos en la Constitución de 1988.
La mayoría de los agricultores que ocupaban parte de su área aceptaron dejarla, pero el grupo encabezado por Quartiero se resiste. Policías de la Fuerza Nacional de Seguridad y del Ministerio de Justicia iniciaron el 27 de marzo la Operación Upatakon 3 para retirar a todos los habitantes "no indígenas" de la RSS, pero el Supremo Tribunal Federal la suspendió dos semanas después, ante la petición del gobierno de Roraima, para evitar víctimas. El máximo tribunal de justicia debe ahora decidir si la demarcación de la RSS como área continua, homologada por Lula, es válida o debe ser revisada.
Quartiero reconoce que la mayoría de los agricultores locales no tienen títulos legales de propiedad de las tierras ocupadas, "sólo algunos". En su caso, una de sus haciendas fue adquirida a personas que la poseían legalmente desde 1922, "mucho antes de la actual política" y de la instalación de instituciones indigenistas, destacó.
El gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, y Quartiero estuvieron este jueves en Río de Janeiro, en un seminario promovido por el Club de Aeronáutica, hablando ante centenares de personas, buena parte oficiales retirados de la fuerza aérea. La constitución de una alianza político-militar que pone en cuestión la política indigenista y ambiental del gobierno y reclama la defensa de la Amazonia ante una supuesta amenaza extranjera, avanza impulsada por esta polémica sobre la reserva RSS.
Un Frente Parlamentario de Apoyo a las Fuerzas Armadas en la Amazonia se constituyó el martes en la Cámara de Diputados, en una sesión en Brasilia a la que asistieron generales y muchos otros oficiales de las tres Fuerzas Armadas. Sus miembros se oponen a la demarcación de territorios indígenas como la RSS y a la presencia de organizaciones no gubernamentales que, desde su punto de vista, representan intereses extranjeros en la Amazonia.
Un temor más explícito a la invasión extranjera fue expuesto por João Ricardo Moderno, presidente de la Academia Brasileña de Filosofía, cuando habló en el Club de Aeronáutica. Sería una "traición a la Patria" si el presidente o el parlamento de Brasil acogen la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007. Moderno se manifestó también contra la integración sudamericana, por seguir el modelo "bolivariano" del presidente venezolano Hugo Chávez, inspirado en las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El sociólogo Helio Jaguaribe, de 84 años y miembro de la Academia Brasileña de Letras, aportó al movimiento contra el indigenismo actual sus ideas a favor de la "adaptación voluntaria y gradual" de las tribus nativas a la cultura moderna, a través de la educación, la asistencia social y la capacitación profesional de alto nivel. Es "imprescindible revisar" la política oficial, dictada por antropólogos y basada en la "falacia" de que la "cultura primitiva" debe ser preservada y es incompatible con la cultura occidental.
Esto es lo que pasa en Roraima

"Casi 18.000 indígenas de cuatro etnias diferentes en la región norte del estado de Roraima están siendo vilmente agredidos por seis familias de arroceros que se apoderaron ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí." Así comienza la carta enviada recientemente por Roberto Jaramillo, superior de los jesuitas del Amazonas. En su misiva expone una situación desesperada: "Las comunidades indígenas de la Reserva Indígena "Raposa Sierra do Sol" están en pié de lucha ocupando SU PROPIO territorio. Hoy 6 de mayo, en la mañana, diez indígenas fueron baleados por mercenarios al servicio de los invasores. "
En estos momentos el del territorio indígena Raposa Serra do Sol en Roraima es el ejemplo más emblemático en la lucha por la defensa de los territorios indígenas. El presidente Lula determinó, desde abril de 2005, la homologación en área continua de la reserva indígena. Pero, tres años después, cuando la Policía Federal fue al lugar a hacer cumplir la ley, los arroceros iniciaron una serie de agresiones contra los cuatro pueblos indígenas que viven en el área.
El sacerdote Herminio Canovo, coordinador de la CPT Nacional, dice que la situación en el lugar es de extremo conflicto. "Por lo menos ocho jóvenes indígenas fueron baleados, uno tenía 12 balas en el cuerpo". Además, los caminos continúan bloqueados; la policía y el ejército están supervisando la seguridad del lugar y sólo entra en Surumú quien está llevando productos alimenticios y remedios.
Los pequeños agricultores que ocupaban el área se retiraron con la homologación del presidente Lula. Ahora, sólo quedan en el lugar seis grandes empresarios productores de arroz, que intentan a toda costa desmovilizar a los indios, captando a los miembros de las comunidades. Según el líder indígena Jacinaldo Barbosa, ellos van a reaccionar hasta alcanzar al último indio.
Para Canovo, lo que está ocurriendo en Raposa Serra do Sol es "la resurrección del movimiento indígena de Roraima, que no va a ceder".
La situación en el área indígena está en las manos del Supremo Tribunal de Justicia. El Ministro(magistrado) del Supremo, Gilmar Mendes, quiere ir al lugar personalmente para analizar el caso. Pero, si la decisión del Supremo fuera a favor de los no-indios -con la revocación del decreto presidencial-, estará en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas las reservas indígenas del país, que pasarán a ser todavía más ambicionadas por los latifundistas.
Para proteger las reservas indígenas y, antes que nada, democratizar la tierra en Brasil, con una reforma agraria real, desde abril, organizaciones de la sociedad civil que integran el Forum Nacional por la Reforma Agraria y por la Justicia en el Campo debaten sobre el límite de la propiedad de la tierra en Brasil. El objetivo es fortalecer la organización de la Campaña por el Límite de la Propiedad de la Tierra.
Según Canovo, están preparándose videos, cartillas y carteles, para presentar a la sociedad brasilera los motivos físicos, sociales, económicos, ambientales, geográficos y éticos de ese límite. La idea inicial es formar a la sociedad sobre el tema. Mientras tanto, un equipo de especialistas que incluye abogados, geógrafos, agrónomos, está elaborando un proyecto para ser presentado al país, pero la discusión sobre el límite de la propiedad de la tierra demandará más tiempo.
La escasez de tierras detrás de los asesinatos de indígenas

En Brasil fueron asesinados por lo menos 76 indígenas en 2007, 58 por ciento más que en el año anterior. Ese aumento se concentró en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde los guaraníes viven confinados en tierras insuficientes para sostener sus tradiciones.
El total de asesinatos en 2007, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) según datos aún preliminares. Pero ya es claro que los problemas más graves están en Mato Grosso do Sul, donde se perpetraron 48 de los 76 crímenes, destacó. En 2006, en ese estado se habían cometido 20 de los 48 asesinatos registrados. La causa principal es el "confinamiento" en que vive el grupo kaiowá de los guaraníes, según los indigenistas.

En la reserva de Dourados, donde la violencia es más visible, "hay 12.000 indígenas viviendo en poco más de 3.000 hectáreas", según el padre Liebgott, presidente del CIMI. La vida en las reservas de extensión limitada es particularmente grave para los guaraníes, que son por tradición un pueblo caminante, que suele cruzar las fronteras con Paraguay y Argentina, donde también es numeroso. En consecuencia, los conflictos internos y con la sociedad circundante estallan de forma violenta.
La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano del gobierno encargado de la política hacia la población autóctona, se comprometió a crear 35 nuevos territorios indígenas en Mato Grosso do Sul, pero no cumplió y en consecuencia las tensiones prosiguen. En Mato Grosso do Sul viven más de 60.000 indígenas, casi la mitad del pueblo guaraní-kaiwoá, en el que también son numerosos los suicidios de jóvenes, en general atribuidos a la falta de perspectivas de vida por la escasez de tierras. Pero en el mismo estado viven también, según datos del CIMI, cerca de 16.000 terenas que no presentan una incidencia anormal de asesinatos y suicidios, pese a sufrir una restricción de tierras similar. "Somos un pueblo con poca tierra, tenemos una aldea de 400 personas en cuatro hectáreas", dice Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal y director del Memorial de los Pueblos Indígenas. Es muy grande la diferencia entre el kaiwoá, un pueblo que "sufre el síndrome de víctima" y que "no es agricultor", y los terenas, que cultivan la tierra en forma comunitaria y se adaptaron mejor a la vida impuesta por los blancos colonizadores, explica.
Además, los kaiwoás sufrieron mucha influencia de los jesuitas, sacerdotes católicos que se dedicaron a la evangelización desde que los portugueses llegaron a tierras sudamericanas en el siglo XVI, con el mito de la "tierra prometida, que coincide con la muerte", añade. Para Egon Heck, coordinador del CIMI en Mato Grosso do Sul, "el cuadro es aterrador por el aumento absurdo de la violencia", agravada por la combinación de varios factores.
Los agrocombustibles también matan indios

Las grandes inversiones para expandir la caña de azúcar, ante la euforia del etanol como sustituto de la gasolina, fortalecen la presencia de monocultivos y encarecen la tierra, convirtiéndola en objeto de disputas más intensas y agresivas. En lo político, los gobiernos locales están completamente "alineados con los intereses del agronegocio", afirma Heck. Esa situación en los alrededores deteriora las perspectivas de vida futura para los indígenas, "desatando la violencia interna en las aldeas", señala. Además, muchos de ellos trabajan afuera, en el corte de caña, por ejemplo, por lo que permanecen alejados de sus comunidades cerca de 70 días, "y al regresar traen problemas como el alcohol y otras drogas, lo que contribuye a hacer más frágiles las relaciones sociales internas y con la vecindad". Hay 11 centrales azucareras y destilerías de alcohol carburante operando en el estado y otras 30 en construcción, con perspectivas de que alcanzarán a ser 60 en total, según Heck.
Una empresa productora de azúcar y alcohol de Mato Grosso do Sul fue clausurada al comprobarse que sometía a más de 800 trabajadores indígenas a condiciones análogas a la esclavitud. La acción estuvo a cargo del Grupo Móvil de combate al trabajo esclavo, compuesto de inspectores del Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Policía Federal.

Otra fuente de violencia procede de los terratenientes locales, que aún tienen espíritu de "coroneles" --tradicionales exponentes de la oligarquía rural brasileña-- y recurren a la fuerza para dirimir conflictos generados por la nueva táctica de los guaraníes de ocupar tierras que consideran suyas, e instalar en ellas campamentos, siguiendo el ejemplo del Movimiento de los Sin Tierra que lucha por la reforma agraria. Es así como viejos líderes de los guaraníes han sido asesinados brutalmente, a cuchillazos y apaleados.
Con la revalorización de la tierra, ante la expansión de la soja y la caña de azúcar, "incluso cien hectáreas son motivo de mucha pelea", comenta Terena.
Raposa Sierra del Sol:
CUESTIÓN DE JUSTICIA
Por Frei Betto (*)
El 15 de abril del 2005 el presidente Lula firmó la homologación, en un área continua, de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en RORAIMA . Este año la Policía Federal, en cumplimiento de la ley, se movilizó para retirar de la reserva a seis arroceros. Los invasores de la zona, convencidos de que "el indio atrasa el progreso", reaccionaron con violencia, incluyendo bombas. Hicieron un acto político capaz de inducir al STF a suspender la medida legal y reiniciar el doloroso camino ya transitado por los tres poderes de la República. RORAIMA contiene poco más de 400 mil habitantes en un territorio de 224.298 km2 (poco menor que el Ecuador).
Raposa Serra do Sol es una zona de 1,67 millón de hectáreas situada al nordeste del estado, en la frontera con Venezuela y Guyana. La zona fue demarcada por el Ministerio de Justicia a través del protocolo 820/98, en 1998, durante el gobierno de Cardoso. Del área de RORAIMA , 46,35 % está reservada para los indígenas. Allí ellos suman 46.106, distribuidos en 152 aldeas de los pueblos yonomami (15 mil), macuxi, wapixana, wai-wai, ingaricó, taurepang, waimiri-atrari y patamona. Políticos y arroceros querían la demarcación en un área descontinua, "islas" donde pudiesen permanecer con sus tierras (invadidas) y propiedades (ilegales). Fueron creados tres municipios dentro de la reserva indígena: Normandia, Uiramutã y parte de Pacaraima. Raposa Serra do Sol no es sólo una selva salpicada de tribus. Allí actúan 251 profesores indígenas en 113 escuelas de enseñanza elemental y tres de enseñanza media. Los indígenas manejan un rebaño de 27 mil cabezas de ganado. Dentro de la reserva funciona la Escuela Agropecuaria de Surumu, que profesionaliza técnicos de nivel medio. En convenio con Funasa hay 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en microcopio, trabajando en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Se valora la medicina tradicional indígena.
Dentro del territorio demarcado seis arrozales ocupan 6 mil hectáreas, con tierras de regadío, en las márgenes de los ríos Cotingo, Tacutu y Surumu. Todos en tierras apropiadas de la Unión. Utilizan agrotóxicos, destruyen la vegetación folicular, desecan lagunas y canales, abren surcos para canalizar el agua de los ríos hacia sus tierras. La misma agua, contaminada con agrotóxicos e inutilizable para el consumo, vuelve al río, matando los peces.
En verano, impedidas de hacer uso del agua de los ríos, las comunidades indígenas se ven obligadas a cavar pozos. Con la destrucción de lagunas y de la vegetación folicular desaparece la caza. Los aldeanos dentro de la reserva dan apoyo a los ocupantes ilegales y eso hace que circulen las bebidas alcohólicas, ofrecidas muchas veces a los jóvenes indígenas… Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el artículo 231 de la Constitución, que les asegura la posesión permanente y el uso exclusivo de sus tierras. Una demarcación fraccionada de la zona favorecería la invasión de forasteros, aumentaría la incidencia de conflictos y pondría en riesgo la sobrevivencia de culturas milenarias.
En la primera semana de enero del 2004 el Jornal Nacional mostró la movilización de arroceros y latifundistas cortando carreteras en su empeño por evitar la homologación de Raposa Serra do Sol. Con el apoyo de líderes indígenas comprados, secuestraron a tres misioneros católicos de la Misión Surumu: los padres Ronildo Pinto França, brasileño, César Avellaneda, colombiano, y el hermano español Juan Carlos Martínez, todos ellos miembros del Instituto Misión Consolata. El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, advirtió al gobernador Flamarion Portela, de RORAIMA , que el gobierno federal tomaría medidas para liberar a los rehenes y desmovilizar la protesta. La Policía Federal actuó y liberó a los secuestrados. Eran las seis de la mañana del 23 de noviembre del 2004, cuando la comunidad jaguari fue despertada por tiros, gritos y ruidos de máquinas. Cuarenta hombres armados mataron gallinas, cerdos y perros y le dieron dos tiros, uno de ellos en la cabeza, al macuxi Jocivaldo Constantino. De allí se fueron a destruir las comunidades indígenas Brilho do Sol, Retiro São José y Homologação. En las cuatro aldeas derribaron con tractores 37 casas e incendiaron los escombros, sin dejar la iglesia, la escuela y el puesto de salud; aislaron la zona y cerraron los caminos. 131 personas quedaron sin vivienda.
Retrotraer la homologación de Raposa Serra do Sol a un área no continua representa un grave precedente jurídico en relación a los demás procesos demarcatorios, y podría estimular a los abusivos y oportunistas a realizar invasiones por el mismo estilo de las habidas en RORAIMA . En cuanto a la Seguridad Nacional, recuerdo que los pueblos indígenas históricamente han desempeñado un papel fundamental en la preservación y defensa de nuestros actuales límites territoriales. No son los indios quienes promueven la degradación ambiental, el contrabando, la proliferación de buscadores de oro y la tala de maderas preciosas. La hipótesis de crear una franja de 10 a 20 kms de anchura a lo largo de nuestras fronteras tiene el peligro de traer a la región un intenso movimiento migratorio de no-indios, causando degradación ambiental y social, deforestación y contaminación de los ríos. Le toca al STF hacer cumplir la Constitución, o sea confirmar la homologación en un área continua, y al gobierno trasladar la sede del municipio de Uiramutã hacia las márgenes de la autovía BR-401 (que llega a la Guyana); promover la regularización agraria de RORAIMA y reasentar a los habitantes en zonas definidas por el Incra, pagándoles justas indemnizaciones; y preservar las actuales autovías, como bienes públicos, para uso de los ciudadanos sean indígenas o no.
Dividir Raposa Serra do Sol es dividir la Constitución Brasileña, reforzar la discriminación de los indígenas y premiar la obstinación de quienes apoyan los intereses de apenas seis arroceros.
(*) Frei Betto, teólogo de la liberación brasileño, asesor de Lula da Silva, autor de "La mosca azul. Reflexión sobre el poder", entre otros libros.

(Fuentes:ANSA-Latina, Agencia IPS, Soitu.es y Adital)

29.5.08

Ecuador: Constituyente

CORREA PIDE APOYO PARA LA CONSTITUYENTE, QUE TIENE UN BAJO RESPALDO POPULAR Y RECLAMA A LA ASAMBLEA QUE ACELERE EL RITMO DE TRABAJO

aTres desaparecidos en un nuevo ataque desde Colombia

La Asamblea Constituyente ecuatoriana cumple hoy seis meses, con cerca de 60 artículos aprobados y más de 200 aun pendientes. Es decir, que apenas ha cumplido un tercio del recorrido que deberá concluir el 26 de Julio, lo que no parece muy probable. Hay que recordar, no obstante, que desde que la constituyente decidió eliminar la cámara de diputados, realiza también esa tarea legislativa. Y así, en este período fueron votados además 10 mandatos constituyentes y dos leyes.

La Constituyente tiene dos meses para finalizar su trabajo y entregar la futura Carta Magna, que entre otras novedades, establecerá un nuevo concepto de economíasocial y solidaria” y otorgará al Estado el control exclusivo de los recursos naturales, incluido el agua. Además, prohíbe la existencia de instalaciones militares extranjeras en suelo ecuatoriano, con lo que añade una razón más a la no renovación del contrato de la base militar que Estados Unidos mantiene en Manta y que cumple en 2009.

Acelerar los trabajos

Al resumir en días pasados la labor de la Constituyente, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó la atención sobre la necesidad de acelerar el trabajo, dejar a un lado temas fuera de agenda y concentrar la labor en la redacción de la Legislación.
Porque, según Correa, la Constituyente ha estado enfrascada en asuntos como el aborto, el placer sexual y la sugerencia de cambiar los símbolos patrios, que no son percibidos como prioritarios y que han afectado a la confianza de la ciudadanía en la Constituyente. El Presidente señaló que las dilatadas sesiones e intervenciones de los representantes de los partidos de oposición contribuyeron igualmente al desgaste de la Asamblea.

El mandatario se pronunció por recuperar la eficiencia y la confianza de ese órgano.
En este contexto, el vicepresidente de la Constituyente afirmó que esa institución entregará la nueva normativa nacional el 26 de julio próximo.
Una vez concluida su redacción, la Constitución deberá ser ratificada por los ecuatorianos en un referéndum, que se celebraría a principio de septiembre .

Durante el tiempo transcurrido, los asambleístas han discutido temas polémicos y picantes, que han generado intensas discusiones internas y externas.
Para este jueves se prevé la continuación del análisis en primer debate del articulado de Propiedad, elaborado por la mesa seis de Trabajo, Producción, Igualdad e Inclusión Social, que preside Pedro de la Cruz.
Según el texto propuesto, se garantizan diversas formas de propiedad, como la privada, comunitaria, estatal, social, cooperativista, pública y mixta, pero todas en su conjunto deben tener un función social y ambiental.
La inclusión de un párrafo que otorga al Estado la facultad de expropiar tierras o bienes motivó ayer el rechazo de representantes de partidos de derecha, lo cual dio lugar a amplias deliberaciones, la suspensión y aplazamiento de las discusiones para este día.

Ecuador avanza hacia una 'economía social y solidaria'

Un nuevo concepto de economía social y solidaria, que desplazará al de mercado, esta hoy listo para pasar a primer debate en el pleno de la Asamblea Constituyente. El asambleísta Norman Wray, de la mayoría gubernamental Alianza País, destacó ayer que la definición de economía social y solidaria modificará al concepto de régimen mercado vigente en la actual Constitución, elaborada en 1998. Dijo que se trata de avanzar hacia un sistema nuevo, en el cual el ser humano aparezca como sujeto y fin, y no como mercancía. Con esto, aclaró, se busca “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el buen vivir”.
Según el texto acordado, “el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”.

La discusión levantó una de las mayores polvaredas desde el inicio de las sesiones. La oposición cree que el artículo pone en peligro la propiedad privada. Así, Carlos Fadul (PSC), dijo que “Se dice que la propiedad privada debe cumplir su función social de acuerdo con la ley. Eso quiere decir que se deberá hacer una ley que regule la función social (...) a través de ese esquema se puede expropiar lo que les parezca”. Y sostiene que la nueva Constitución debe señalar en qué consiste la función social de los distintos tipos de propiedad, sin dejar rendijas para interpretaciones legales posteriores.

El oficialismo defendió el articulado, al señalar que las críticas de la minoría obedecen a una visión neoliberal del mundo, que combatirá la nueva Constitución. Así dijo Pedro de la Cruz, miembro de la Mesa 6, que las tierras cumplen su función social cuando están cultivadas y respetan el medioambiente. “Si una tierra está abandonada, el Estado tiene capacidad de expropiar para que los campesinos trabajen”.César Rodríguez (A. País) añadió que el objetivo es evitar que haya sectores de propietarios “que no cumplen la función social, mientras hay gente que no tiene un centímetro de tierra para trabajar y producir”.
Los asambleístas definieron igualmente la política fiscal, la cual “tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de adecuadas transferencias, tributos y subsidios".Establecieron asimismo 11 sectores como estratégicos, que serán controlados de manera exclusiva por el Estado y que son: energía, telecomunicaciones, vías de comunicación, recursos naturales no renovables, lminerales, hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, espectro electromagnético, espacio radioeléctrico y el agua.
La aprobación en el pleno de estos articulados constituirá un paso importante para Ecuador, que busca avanzar hacia un modelo denominado Socialismo del siglo XXI.

Bajo apoyo e indecisos


El a la nueva Carta Magna alcanza el 41% de apoyo, según una encuesta difundida por la empresa Cedatos, sobre la intención del voto para el referendun constitucional que deberá celebrarse en septiembre. Cedatos cifra el No en un 31% y los indecisos en un 78%. Según este estudio, el mayor apoyo a la Constitución se registra en Quito, con el 44% y el más bajo en el feudo opositor Guayaquil, con el 39%.
Otras consultoras dan datos parecidos. Así, Informe Confidencial reduce la cifra de indecisos al 67 por ciento, y la firma Santiago Pérez, 68 por ciento.
Sobre el , para Informe Confidencial logra el 41 por ciento y para Santiago Pérez será del 42 por ciento.
Santiago Nieto, de Informe Confidencial, atribuye el alto porcentaje de indecisos a la falta de interés de los electores en la constituyente. "La gente pensó que la asamblea iba a hacer otra cosa (dar empleo o bajar el costo de la vida) y las campañas de los asambleístas fueron ofreciendo agua, escuelas. Nadie dijo voy a hacer la constitución. Los expertos creen que la mayoría de ecuatorianos empezará a tomar una decisión a fines de julio o agosto, cuando el trabajo de la asamblea esté avanzado.
La consultora Santiago Pérez afirma que la confianza de los electores en la constituyente ha caído en los últimos meses de 22 por ciento en enero a 5 por ciento en mayo. La constituyente ocupa el tercer lugar de confianza después del gobierno y las fuerzas armadas, seguida de los consejos provinciales, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de justicia, según esta firma.
Para Informe Confidencial existe un empate de 46 por ciento entre los que aprueban y desaprueban la gestión de la asamblea.
Estado ecuatoriano tendrá control exclusivo del agua


En otro paso más destinado a desterrar el neoliberalismo, la mesa siete de la Asamblea Constituyente propuso el martes incluir en la futura Carta Magna el acceso libre de todos los ciudadanos al agua.
Tal proposición "inválida toda posibilidad de privatizar" el preciado líquido, que será controlado por el Estado, resaltó la víspera el asambleísta del movimiento Alianza País, Norman Wray. "Reconocemos al agua como un derecho humano y un bien estratégico, no por sus razones económicas, sino para la supervivencia", subrayó.
Este proyecto de artículo se incluye entre los 35 sancionados por esta mesa de Régimen de Desarrollo y que deberán ser discutidos en breve por el pleno de la Constituyente.
Con su futura aprobación por todos los asambleístas será responsabilidad del Estado la provisión del servicio de agua potable, la cual no será susceptible de privatización. De este modo, serían suspendidas las concesiones entregadas a empresas privadas para administrar este líquido en Guayaquil y Machala, capitales de las provincias de Guayas y El Oro, respectivamente.

Nueva incursión armada desde Colombia

Ecuador investiga una incursión armada a su territorio en la frontera con Colombia, después de que pobladores ecuatorianos denunciaran el ingreso violento de personas "uniformadas" a sus pequeñas propiedades.
Los habitantes de San Martín, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, denunciaron que el lunes un grupo de personas, con uniformes militares y armados con fusiles, ingresaron a la empobrecida población y se llevaron a tres personas de origen colombiano. Los testigos recordaron que la arremetida ocurrió a las 18:30 del pasado lunes. Fueron unos 30 sujetos armados los que ingresaron a la zona. Ellos cruzaron desde Colombia, por el río San Miguel, en tres botes tipo militar.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, informó que Quito envió una misión militar al pueblo fronterizo -ubicado en la ribera del río San Miguel, límite con Colombia- para verificar la denuncia de los pobladores.

La denuncia se produce en momentos en que Ecuador y Colombia mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde la agresión de m
arzo, ocurrida también en Sucumbíos. Militares y policías colombianos atacaron un campamento de la guerrilla de las FARC en el caserío de Angostura, cerca de la frontera.
La semana pasada los militares de los dos países acordaron activar temporalmente una cartilla de seguridad, para mejorar el control en la frontera.

Un ataque de militares o paramilitares colombianos


Por la forma de actuar parece un ataque de militares o paramilitares. En San Martín entraron a la casa Almer Ordóñez, un colombiano que es refugiado, y supuestamente interrogaron a sus parientes sobre la guerrilla colombiana. “Encañonaron a los varones, niños, mujeres y luego los golpearon hasta cansarse”, contó Giovanni Castillo, un testigo y hermano de uno de los desaparecidos. Los armados se llevaron retenidos a Adelmar Castillo, Jairo Santander y a un tercer hombre de quien no se conoce su nombre. Solo el primero era refugiado. Diana Rodríguez, familiar de Castillo, contó que los hombres fueron llevados a Barranca Bermeja, una comunidad cercana a San Martín. Además, dijo que los armados los golpearon hasta dejarlos inconscientes. “A Aldemar le culparon de ayudar a la guerrilla, lo golpearon y torturaron”.Ahora, sus familiares temen que hayan sido asesinados y que sus cuerpos sean arrojados al río para no dejar evidencias. Por eso, rompieron su recelo a los militares y denunciaron lo ocurrido el lunes.
San Martín es un caserío ecuatoriano se encuentra en medio de las veredas colombianas El Ají y Puerto Bello, separado por el río San Miguel. Miguel Lapo, dirigente de Barranca Bermeja, sostiene que no se trata de la primera incursión que se registra en esa zona. “Hace dos años ya atacaron a los pobladores de este sector y el pasado 8 de febrero último se registró un intenso combate entre soldados y la guerrilla colombiana que sacó corriendo a los civiles”, comentó.
Mientras tanto, el recinto de Santa Rosa (Cascales), un poblado adyacente a Barranca Bermeja, se convirtió en el punto de llegada para los desplazados que prefirieron protegerse. Allí se produjo la llegada de unos ocho habitante de Barranca, Providencia y San Martín, pero no se descarta que el número llegue a los 20. Ramiro Casanova, un finquero de Barranca, contó que ayer conoció el hecho y por ello decidió abandonar sus tierras hasta que la situación se normalice.“Existen amenazas en contra de todos los pueblos fronterizos de este sector, por cuanto nos tachan de cómplices de la guerrilla”. Antes de huir para salvar la vida, logró llevarse a su nieta y recoger dos mudas de ropa.
(Fuentes: Prensa Latina, Reuters, El Comercio-Quito y Agencia Xinhua)

28.5.08

Colombia: Corrupción, Parapolítica, DD.HH.

EL PARLAMENTO INVESTIGA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE DE LA ACUSACIÓN DE COHECHO, POR LA COMPRA DE VOTOS PARA SU REELECCIÓN

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia inició este martes una investigación preliminar contra el presidente Álvaro Uribe, por el presunto delito de cohecho después que una ex congresista lo denunciara por ofrecerle en 2004 dádivas a cambio de votar la ley de reelección presidencial. Para adelantar la investigación al Presidente, la Comisión designó a tres representantes: Edgar Ulises Torres, representante de Cambio Radical ; José Gerardo Piamba Castro, representante conservador y Jaime Enrique Durán Barrera, representante liberal . Dos de ellos son uribistas y Durán Barrera de la oposición. Los tres representantes designados determinaron convocar a los denunciantes para que la próxima semana ratifiquen y amplíen la denuncia. La querella fue formulada por una decena de congresistas del Polo Democrático.
El senador opositor Luis Carlos Avellaneda denunció ante la Comisión de Acusación al jefe de Estado por ese delito.
La prensa local llamó "Yidis-Política" a la investigación que la Corte Suprema de Justicia inició contra la ex congresista oficialista Yidis Medina, quien denunció por propia iniciativa, que había cambiado su voto cuando se discutió la reforma constitucional el dos de junio de 2004 en la Cámara, porque el gobierno le ofreció varios puestos públicos a cambio de que cambiara su voto en la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe. Además Yidis Medina entregó documentos según los cuales el Gobierno consignó dineros al congresista Teodolindo Avendaño, también detenido, para que se ausentara el día de las votaciones dada su oposición a la enmienda constitucional. Por la causa está detenido también el exparlamentario Iván Díaz Mateus.

Según la comisión investigadora, los denunciantes tendrán que ratificar la denuncia contra el jefe de Estado y serán citados en próximos días. Asimismo, no se descarta que sean escuchados en versión libre Yidis Medina y el ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado en el mismo caso.
La enmienda constitucional de 2004, que permitió la reelección de Uribe, fue aprobada por un voto de diferencia y, según la oposición, gracias a que Medina cambió de opinión en el último momento, pues se oponía a la aprobación de la norma.
La Corte Suprema de Justicia envió el pasado 8 de mayo a la Comisión de Acusación una copia de las declaraciones de Medina. La excongresista se declaró culpable de cohecho y acusó al también ex congresista Avendaño de haberse ausentado en el día de la votación de la enmienda tras haber recibido dineros del gobierno. Ambos ex legisladores están presos.
El caso salió a la luz hace varios meses, cuando Medina aseguró que vendió su voto para que el proyecto de reelección presidencial no tuviera problemas en su paso por una comisión de la Cámara de Representantes.

La investigación será pública
El representante Torres, coordinador de la terna investigadora, dijo que se adoptó que todas las determinaciones sean por consenso y que tratándose del Presidente de la República, nada será reservado, es decir que el público podrá asistir a las audiencias. También acordaron solicitarle al Procurador General de la Nación que asuma personalmente, y no a través de un delegado, el acompañamiento de ley al mencionado proceso. Torres dijo que no se descarta que en los próximos días el presidente Uribe sea llamado a rendir una versión libre, lo mismo que los ex congresistas detenidos Yidis Medina y Tedolindo Avendaño.
La querella contra Uribe fue interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda, del opositor Polo Democrático Alternativo, quien considera que si la propia Medina y dos ministros son investigados por cohecho en el caso, el jefe de estado también tiene responsabilidad por haber sido beneficiado. Avellaneda , según Radio Caracol, sustenta que el presidente es el autor intelectual del delito, por el cual se procesa a la ex parlamentaria conservadora.

En su denuncia los congresistas de oposición consideraron que además de los congresistas, también los ministros Diego Palacio, y Sabas Pretelt de la Vega, habrían sido quienes ofrecieron las prebendas, y que el presidente Uribe, habría sido en últimas, el más beneficiado de este supuesto delito y, por lo tanto, también debería ser investigado por cohecho.

Otro escándalo, en pleno lío de la 'parapolítica'
Esta nueva investigación sobre Uribe sigue al de la denominada 'parapolítica' sobre las relaciones del paramilitarismo con el Presidente colombiano, sus ministros y los partidos políticos que le apoyan. La 'parapolítica'tiene a 35 parlamentarios en la cárcel y encartados a más de 65, además de gobernadores, alcaldes, concejales y exparlamentarios. Una situación que ha abierto una crisis parlamentaria de hondo calado y que, a juicio de muchos, debería provocar la convocatoria de elecciones legislativas para sustituir a un Congreso enfangado en el narco-paramilitarismo.

Ayer mismo, el presidente Uribe se personó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para ampliar su denuncia contra ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, a quien acusa de difamación.
Valencia declaró que el mandatario lo había llamado por teléfono para reclamarle por vincular al proceso por el escándalo de la denominada "parapolítica" a su primo, el ex senador Mario Uribe.
Este hecho ocurrió a finales del año pasado cuando Mario Uribe renunció a su escaño, después de tener conocimiento de que sería investigado por la Corte Suprema.
El máximo órgano de justicia reinició recientemente las pesquisas y detuvo al ex senador después que este hizo un intento infructuoso de asilarse en la embajada de Costa Rica.
El abogado defensor de Valencia descartó que se vaya a dar una conciliación con el mandatario en el curso del proceso.
Pero teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está integrada en su mayoría por representantes de los partidos uribistas –los mismos inmersos en los escándalos-, nada se puede esperar de ellos, a menos que la facción que trata de lograr que el próximo candidato a la Presidencia no vuelva a ser Uribe sino el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, aproveche esta ocasión para encausar al que se le presenta como el rival a vencer.
Pero, por el contrario, lo que se prevé es que Uribe Vélez recurra al expediente fácil de que todo sucedió ‘a sus espaldas’ y le cargue el muerto a otros. Ahí están el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y el actual ministro de Protección Social Diego Palacio, y otros de menor rango.
Ya se dice que Sabas Pretelt de la Vega será el ‘chivo expiatorio’ de Álvaro Uribe , quien tiene además denuncias de haber prometido la no extradición a capos del narco-paramilitarismo y de haber solicitado la ‘ayuda’ de estos capos para sus aspiraciones presidenciales para el 2010.
Piden investigar a Uribe por el ataque al campamento de las Farc

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos solicitaron a la Fiscalía de Ecuador, investigar al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a altos funcionarios de su Gobierno por su responsabilidad en la incursión militar en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo.
Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), la solicitud de investigar a funcionarios colombianos se basa en las fotografías tomadas por el Ejército ecuatoriano en la zona de la masacre, en el peritazgo forense a los cadáveres y en los testimonios de las tres civiles sobrevivientes del bombardeo al campamento de las FARC. El secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra, aseveró: "Hemos sostenido que quienes perpetraron la masacre del 1 de marzo procedieron a asesinar personas heridas o rendidas en el lugar del ataque, con disparos a corta distancia con arma de mano por la espalda".
De acuerdo con uno de los testimonios aportados en marzo por la estudiante mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes del ataque, los soldados colombianos asesinaron a sangre fría a los heridos y a los guerrilleros que se habían rendido. En esa oportunidad, Moret relató: "Detrás del bombardeo llegaron personas disparando. Yo alcancé a ver mucho fuego y oí gente que contaba muertos, gente que gritaba: 'estoy herido, estoy herido, ayuda'; y otra que decía: 'denle bala, denle bala'; y detrás de ahí, disparos", relató.
En el ataque colombiano, fueron masacrados cuatro jóvenes mexicanos, cuyos familiares reclaman justicia; el ciudadano ecuatoriano, Franklin Aisalia y 19 guerrilleros. El pasado 6 de mayo, las autoridades ecuatorianas presentaron los resultados preliminares de las autopsias realizadas a cuatro de los muertos en el campamento de Angostura, bombardeado por el Ejército colombiano. Los resultados revelaron que Franklín Aisalia, no pereció durante el ataque, sino posteriormente por varios golpes en el cráneo. Mientras que las otras tres víctimas recibieron disparos por la espalda cuando aún estaban vivas.

Por estos delitos, las organizaciones no descartan impulsar una campaña para llevar al mandatario colombiano y a sus colaboradores ante tribunales internacionales.

"Con Uribe, la paz es imposible"


El ex senador nacional colombiano Carlos Gaviria, presidente del partido opositor Polo Democrático, aseguró que la paz en su país es imposible con el actual mandatario, Alvaro Uribe, cuyo prestigio fue construido "en la guerra" contra la guerrilla.
"A Uribe no le interesa el diálogo, porque su prestigio se basa en ganar la guerra" contra las FARC, afirmó Gaviria, durante una audiencia pública mantenida con legisladores, dirigentes sociales y periodistas, en la Cámara de Diputados de Argentina. El dirigente opositor enfatizó que "al prestigio de Uribe contribuyó el desprestigio de la guerrilla" y que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Plan Colombia demuestran "la sumisión a Estados Unidos y a los organismos internacionales" del actual presidente colombiano.
Gaviria hizo una escala en la capital argentina al término del Foro de Sao Paulo que aprobó en Montevideo lanzar "una campaña por la paz en Colombia", informó el diputado socialista argentino Ariel Basteiro, participante del encuentro. El ex senador Gaviria afirmó que la muerte del jefe histórico de las FARC, Manuel Marulanda, "es la oportunidad de propiciar el diálogo" entre el grupo y las fuerzas políticas colombianas. "Pero, lamentablemente, lo más probable es que el presidente Uribe interprete que es el momento de seguir golpeando a las FARC porque para él los guerrilleros deben estar desmoralizados y solo conseguirá intensificar la violencia", agregó. En consecuencia, consideró "imposible en estos momentos" que se pueda avanzar en un proceso de paz "porque la hostilidad es insalvable y se requiere de un gobierno realmente democrático".
Gaviria, miembro de la Corte Constitucional de su país entre 1993 y 2001, aseguró que "Uribe actúa por movimientos reflejos como es reprimir a los opositores, a los sindicalistas y a las ONG, con la excusa de que todos están vinculados con la lucha armada". El dirigente opositor advirtió que en su país "se está acabando el sindicalismo por el asesinato y la persecución de sus dirigentes, pero también por las leyes de Desregulación Laboral y de Seguridad Jurídica a las inversiones" que se aprobaron durante su mandato.
Los gobierno europeos, aun los socialistas, con Uribe


Gaviria se quejó de que los gobiernos europeos, incluso los de signos políticos "similares a los nuestros, lamentablemente aceptan la versión de Uribe sobre la situación colombiana, sin chistar". "Entonces, la única posibilidad de cambiar el rumbo político colombiano requiere de la solidaridad latinoamericana, cuyas sociedades deben interesarse en ayudarnos a salir de la encrucijada en que nos encontramos", reclamó el ex senador. Gaviria ejerció la autocrítica cuando afirmó que el Polo Democrático "es un partido germinal e inmaduro, hay mucha gente que simpatiza con el Polo, pero no encuentra cómo vincularse". "Además la izquierda colombiana no supo asumir a tiempo causas que deberían serle propias, como la situación de las mujeres y los indígenas, que viven en un estado lamentable", agregó.


La descomposición moral de los políticos colombianos
¿Qué pasaría si se declarara a Uribe culpable de comprar votos?
Por Álvaro Rafael de la Hoz Rosales (*)

Colombia es un país rico en diversidades naturales, en fauna, flora, materiales preciosos, agricultura, ganadería, lugares divinos para el ecoturismo, etc. Es un Estado que se puede denominar formalmente democrático. Con mucha gente pensante, capaces, estructurados mentalmente, científicos, técnicos inclusive fugados del país, genios en las artes, la literatura, trabajadoras, dispuestos a sacrificarse por nuestra nación… Gracias a esto, a pesar de tantos gobiernos malos, no la han podido "desistitucionalizar".

Ahora, siendo breve, quiero referirme a los problemas actuales. Debido a la falta de gobierno en todos los sentidos de la palabra, se crearon grupos ilegales armados de izquierda -la guerrilla- so pretexto de pelear por la reivindicación de las clases pobres. Se crearon hace aproximadamente cuarenta años y todavía persisten; uno de estos fue comandado por el ya fallecido sacerdote español Manuel Pérez. Al principio contaron con la simpatía de las clases bajas, pero abusaron de esta popularidad y eso los llevó cometer actos delictivos muy graves como secuestros, extorsiones y asesinatos de personas con poder económico. A raíz de lo anterior, algunos grupos económicos, políticos inescrupulosos, con la ayuda de resentidos, victimas de la guerrilla, crearon, grupos armados de derecha –paramilitares- para combatir a la guerrilla. Al principio cumplían aparentemente su objetivo. Posteriormente, se desbordaron hasta el extremo que solo bastaba que se dijera que alguien era posible colaborador de la guerrilla para que lo asesinaran a él y a la familia, y le hurtaran sus bienes sin que la acusación fuera cierta. La Policía nacional no intervenía. Eran colaboradores de los paramilitares. Estos disponían sobre la vida, honra y bienes de los ciudadanos; sobre todo en las provincias. Establecían quienes podían ejercer la labor de mercadeo; imponían los turnos, quienes podían pescar y cuando; tenían vigilantes en todos los caminos con radios para informa quienes se movían; intervenían en la vida privada de las familias; asesinaban para castigar a posibles colaboradores de la guerrilla, a quienes no les pagaban las cuotas que les imponían, para dar escarmiento, etc. Y en elecciones sólo podía elegirse a los candidatos de ellos, hacían que incluso los muertos les votaran. Así fueron elegidos casi la totalidad de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes y senadores en los años 2002 y 2006.
Consecuencias de la descomposición moral de los políticos

Por medio del terror, los paramilitares impusieron su poder en Colombia. Eligieron a los parlamentarios y, con esos mismos votos, fue elegido el presidente Uribe. La constitución de 1991 prohibía la reelección inmediata del presidente de la República, pero Uribe tenía mayoría en el parlamento y presentó una reforma a la constitución para que se permitiera la reelección. El trámite exigía que la reforma fuera aprobada previamente por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En un inicio, la reforma pareció imposible: 16 de los 32 parlamentarios iban a votar en contra. Pero el gobierno se movilizó y logró comprar el voto de la representante Yidis Medina (según declaración de esta misma señora ante La Corte Suprema, en donde confesó el delito, motivo por el cual está detenida). Eso dio como resultado la aprobación de la Reforma Constitucional que aprobó la famosa reelección de Uribe. Ya en ese momento se habló mucho de la compra del voto de la representante Medina por parte del Gobierno, pero no se pudo probar nada. El Gobierno, para pagarle el voto a la señora Medina le ofreció varios cargos públicos, incluyendo un consulado. Luego ella, al ver que no cumplían con todas las promesas, resolvió denunciar el hecho ante la Corte Suprema de Justicia.
Y el futuro pinta negro
La situación político-jurídica de Colombia es precaria. El presidente, cabeza del ejecutivo, está enfrentado al Órgano Judicial. El Órgano Legislativo está a las últimas: 68 miembros investigados. Pero lo que veo venir es peor. El juez natural del presidente es la Cámara de Representantes, en donde Uribe tiene mayoría. Para que se dé el delito de cohecho en Colombia, se requieren dos partes: el que ofrece y da a un Funcionario Público y el funcionario que recibe. Si la Corte condena a Ydis Medina por cohecho, será porque existen pruebas para ello. Las mismas que se necesitan para condenar a los otros ministros investigados y al propio presidente Uribe.
Pero, ¿qué pasará si, existiendo las pruebas para condenar al presidente, éste acaba siendo absuelto debido a que tiene mayoría en la Cámara de Representantes? Pues que la oposición o cualquier ciudadano podría demandar a los representantes de la Cámara por prevaricato. Y si se salen culpables, Colombia quedará sin parlamento.
Libertad de prensa relativa

Conocemos los hechos que producen las noticias, a veces incluso ni necesitamos leer la información para saber de qué habla; no obstante, cuando nos los narran diferente a como han ocurrido o simplemente nos lo dejan de narrar - porque hay intereses o porque no es rentable- nos produce la sensación de que no existe la libertad de prensa.
En Colombia, existe la libertad de expresión en forma relativa. Legalmente existe el derecho, pero para ejercerlo se necesita tener algún poder, ya sea económico o político. El 90% de los medios informan de todo lo que le conviene al Gobierno. Claro que dentro de esos medios existen periodistas independientes, capaces, rectos, honestos e insobornables; periodistas que por su autoridad bien ganada, les permiten opinar diferente a como lo desea el director o dueño del medio.
(*) Este artículo fue publicado el pasado 20 de mayo en el diario español La Vanguardia, y su autor es, según este periódico, 'lector corresponsal' en Colombia.
(Fuentes:DPA,Semana, Caracol Radio, EFE, La FM, ANNCOL, TeleSur, ANSA-Latina, ColPrensa y La Vanguardia-Barcelona)

27.5.08

Argentina: Protesta agraria

EL CONFLICTO DEL CAMPO SE REABRE, EL GOBIERNO ROMPE EL DIÁLOGO TRAS LOS DUROS DISCURSOS DE LOS EMPRESARIOS AGRARIOS EN UN ACTO CONMEMORATIVO DE LA INDEPENDENCIA

El Gobierno argentino canceló ayer la reunión con las entidades agropecuarias en la que estaba previsto tratar el tema de las retenciones móviles. Luego de la decisión, los productores afirmaron que "seguirán adelante con la movilización".El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, argumentó que era "imposible dialogar por el tono que habían mostrado los discursos de los ruralistas en el acto del domingo 25", en referencia al acto desarrollado en la ciudad de Rosario, donde los dirigentes patronales volvieron a exigir al gobierno la anulación de los impuestos a la agroexportación.

El acto de Rosario fue el más importante convocado por un sector social al margen de los partidos políticos desde el retorno de la democracia en 1983 y reunió de 200 mil a 300 mil asistentes, coincidieron los analistas políticos. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, calificó de "absolutamente agresivas e irrespetuosas para la democracia" las expresiones escuchadas desde la tribuna ruralista de Rosario. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, comunicó que "lamentablemente, los que han roto el diálogo son ellos con los discursos altisonantes" escuchados durante el acto del domingo. Fernández tildó de "amenazas" los discursos pronunciados durante el acto de Rosario, que en tono belicoso anticiparon el retorno a los piquetes si en la reunión del lunes no se conseguía una respuesta positiva a las demandas agropecuarias. Eduardo De Angeli, dirigente del sector ruralista que expresa mayor dureza con el gobierno, durante el acto de Rosario virtualmente extendió un ultimátum al gobierno y anunció que a partir del martes volverían los piquetes de fracasar la reunión prevista para el lunes

La comisión que lidera la protesta, integrada por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), respondió con un comunicado en el que señala que "deben decidir las acciones a seguir sin caer en lo que consideramos una provocación".
Esta nueva instancia del conflicto, surge luego de que los productores y el Gobierno convocaran el domingo 25 a dos actos distintos por la conmemoración de la Revolución de Mayo.
La presidenta Cristina Fernández realizó el acto en la provincia de Salta. En su discurso aseguró que "defiende los intereses del país y no de un sector". La presidenta habló ante una masiva concurrencia, en un acto en conmemoración de la formación del primer Gobierno patrio, pero sus palabras fueron moderadas.
En las últimas semanas, la puja provocó una fuerte baja en la popularidad de la presidenta Fernández e hizo caer los mercados financieros .
Vuelven los cortes


Asambleas de productores rurales "autoconvocados" ya instalaron ayer tarde piquetes en rutas del interior, mientras las dirigencias de las cámaras agropecuarias pedían "prudencia" desde Buenos Aires para evitar "provocaciones" que eventualmente favorezcan al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Al conocerse la cancelación del diálogo, productores rurales interrumpieron la circulación por el túnel subfluvial entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, 500 kilómetros al noreste de Buenos Aires, y bloquearon los accesos a la ciudad de Río Cuarto, centro del país.

Grandezas y miserias del conflicto
Por Adolfo Pérez Esquivel(*)
Las grandes empresas sojeras nacionales e internacionales están manipulando y presionando para torcer el brazo del gobierno por las retenciones fiscales.Ganan millones pero no se conforman, quieren más, más y más, no les interesa el daño ambiental, las consecuencias de los monocultivos y la reducción de los bosques naturales, el uso indiscriminado de los agro-tóxicos, para la salud y la alimentación de la población.El gobierno en todo esto fue permisivo, ambicioso con tal de lograr más retenciones del agro. Por lo tanto son socios en generar la desgracia ajena y hoy están enfrentados a ver quien se queda con el pedazo mas grande de la torta.No hay un proyecto de país que permita regular los recursos naturales y prever políticas a corto, mediano y largo plazo, en un desarrollo sostenible y de respeto a la Madre Naturaleza. Están vendiendo el país al mejor postor con total impunidad. Confunden desarrollo con explotación y son como las termitas, devoran todo lo que encuentran al paso.Si lo que digo es mentira, me gustaría que lo desmientan con hechos concretos y no con discursos vaciados de contenido. Basta ver cómo se han reducido las áreas de cultivos para alimentar al pueblo y como el 95 % de la soja es para exportar y llenar sus bolsillos. Están cerrando los tambos y las áreas de cultivos para alimentos, que se reducen día a día.Otros actores, en este escenario conflictivo, son los pequeños y medianos productores rurales que integran la Federación Agraria Argentina, a quienes siempre hemos acompañado solidariamente porque son campesinos que ponen el hombro y el alma en el trabajo del campo. Pero tenemos que decirlo, nos preocupa que hoy son aliados de los terratenientes y de las grandes empresas transnacionales que están destruyendo el medio ambiente y transformándonos en un país sojero y que su ambición va dejando un territorio devastado por la especulación financiera.En éste triste escenario el que sufre las cachetadas es el pueblo argentino, sujeto a los vaivenes del conflicto y debe soportar el desabastecimiento, el aumento de precio de los productos, las tensiones sociales y aquí no faltan quienes pretenden especular.

Arturo Jauretche decía que están aquellos que “se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha”. ¡Pucha. Cuantas verdades dice don Arturo, carajo! Hay camaleones en el país que cambian de color por conveniencia, como dirigentes de partidos políticos, sindicalistas, movimientos agropecuarios. Ahora aparecen juntos y revueltos como tortilla quemada.En ésta pulseada están los que quieren aprovechar cada espacio para atacar al gobierno y desestabilizarlo. Algunos desubicados provocaron la quema de campos, muertes, accidentes y grandes problemas a la población. Están los “cara pintadas y personajes de la dictadura militar”, como doña Cecilia Pando que busca justificar lo injustificable y se subieron al conflicto con cacerolas de acero inoxidable y cucharitas de plata, esperando espantar a la Presidenta de la Casa Rosada montada en un helicóptero, al estilo de De La Rúa. Se equivocaron y tuvieron que masticar sus broncas.

En este revoltijo las extremas izquierdas (nunca supe qué quieren y hacia donde van) lo que si sé, es que son funcionales al sistema de dominación y que en su accionar, los extremos se juntan. Me recuerdan a ese diputado que entraba en la Cámara y decía:” No sé de lo que hablan, pero me opongo”. Esos sectores son incapaces de construir alternativas, de tener creatividad y valores para compartir la vida del pueblo. Eso si, están en todas, en cada manifestación, en cada problema, en cada despelote que se presenta. Como hacen, no lo sé. Es casi un milagro del siglo XXI, algún día descubriremos el truco y chau milagro.
El gobierno se equivocó fiero, y no reconoce sus errores. Es la soberbia del poder, se sienten infalibles, autoritarios, en el Olimpo de la idiotez; juega al desgaste de la gente del campo, de aquellos que no tienen los recursos de las grandes empresas que si pueden resistir un largo tiempo de confrontación con el gobierno, en un conflicto donde el problema de las retenciones pasó a segundo plano y se juega políticamente al modelo de país que quieren a imagen y semejanza de sus intereses.Los campesinos, medianos y pequeños productores, si no trabajan, no comen. Otros juegan a querer demoler al gobierno, no les importa el “cómo”; sino cuando lo lograrán, juegan a la intriga, y los grandes medios de comunicación aportan su veneno diario al desgaste y las mentiras.No es nuevo, la historia se repite una y otra vez. Van quedando al desnudo en su hipocresía. El campo al descampado, mostrando su grandeza y su miseria. El gobierno se mira el ombligo en un diálogo de sordos. El pueblo asiste al culebrón entre el campo y el gobierno, la telenovela continúa todos los días, con cortes de ruta, declaraciones; almuerzos con la dama rica que habla de los pobres.
Hasta que salimos a hacer las compras a la hora señalada y preguntar los precios de la leche, los huevos, el kilo de carne, la verdura, la cuota del colegio de los chicos, la niebla, la temperatura, el mal olor y saber que no salen los aviones, paran los trenes, los subtes. Estamos varados en la vida.Paren muchachos y damas. Los argentinos de a pié y todos los que habitan este país surrealista estamos cansados que nos traten como marionetas y estemos recibiendo las cachetadas de todos lados. ¿Hasta cuando? ¿No tuvimos suficiente dolor y pareciera que no se ha aprendido nada?- Nos han saqueado, destruido y todavía seguimos enfrentados.Hay que hacer memoria y sumar voluntades. Los argentinos no aprendimos todavía las operaciones matemáticas básicas. Sumar y multiplicar. Sólo aprendimos a restar y dividir. Queridos compas. A estudiar que hay mucho que hacer y a no dejarse ganar por los que siempre quieren dividir y restar. Hay que resistir en la Esperanza, construyendo el país que queremos para todos.
(*)Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz. Este artículo ha sido distribuido por Alai-amlatina

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Reuters, Vientos del Sur y Alai-Amlatina)

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