Saharauis, los ojos del desierto

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30.6.08

Colombia: Uribe, reelección y crisis política

URIBE DIVIDE A COLOMBIA CON SU
PETICION DE COMICIOS ANTICIPADOS

-Los constitucionalistas consideran inviable la propuesta de convocar un referéndum para repetir las elecciones de 2006


Por Joaquim Ibarz (*)


Colombia está desconcertada, dividida… y en ascuas. El pueblo llano cierra filas con el presidente Álvaro Uribe y le apoya de manera incondicional; otros lo tachan poco menos que de dictador. Pero todos comporten la preocupación por el choque entre el jefe de Estado y la Corte Suprema que, según un editorial del diario “El Tiempo”, “aproxima al país al borde de una ruptura constitucional”. La prensa refleja opiniones diversas sobre esta crisis institucional entre poderes fundamentales del Estado que, según la analista María Jimena Duzán, “es la más honda y más grave, está a punto de romper con el régimen político nacional”.


“El Tiempo”, el periódico de mayor influencia del país, advierte que el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema llegó al extremo de lo que se anunciaba como choque de trenes “hoy es una colisión mayor con impredecibles consecuencias para la institucionalidad del país”.


Para salir del atolladero en que se encuentra al cuestionar la Corte la legitimidad de su mandato, Uribe echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referéndum que deje atrás los sucesivos escándalos de la llamada parapolítica (nexos de dirigentes políticos con paramilitares de extrema derecha). Para Uribe, el juez de una democracia es el pueblo. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia.

El referéndum propuesto por Uribe para repetir las elecciones de 2006 no parece la receta adecuada. Más bien eleva la confrontación. La comentarista Salud Hernández subraya que “llevar a las urnas una decisión judicial es una maniobra populista más digna de Fujimori que de un mandatario serio”. Las voces de alarma llegan desde todos los sectores. Dirigentes políticos y sociales piden convocar un acuerdo nacional en el que participarían partidos uribistas, oposición, jueces y el presidente, para recuperar la gobernabilidad institucional y la independencia de poderes. Sin embargo, un pacto entre Gobierno y oposición no parece factible.


Uribe confunde su popularidad de 80 % con la legitimidad que debió rodear la reforma que permitió su reelección. . Es una manipulación de la voluntad popular utilizar un referéndum para legalizar la reforma de la Constitución comprando el voto de congresistas. María Jimena Duzán, ex cónsul de Colombia en Barcelona, pone de relieve desde las páginas de la revista ”Semana” que “es la primera vez que un presidente colombiano desconoce de manera tajante y melodramática un fallo de la justicia y demuestra un desprecio por la ley de manera tan abierta y descarnada”.


Expertos en derecho constitucional consideran inviable la propuesta de Uribe de un referéndum para repetir las elecciones de 2006. Además, dicen que el trámite para su aplicación se demoraría más de un año en el Congreso y en la Corte Constitucional. Los constitucionalistas advierten que para que pudiera repetirse la votación, jurídicamente sería necesario que se declarara nula la credencial presidencial (Uribe tendría que dejar la presidencia). Mientras eso no ocurra, repetir los comicios donde nadie discute que Uribe ganó, equivaldría a su tercera reelección


Por otra parte, los contrincantes que tuvo Uribe en 2006 ya han anunciado que no participarían en una mascarada. Una segunda elección en las condiciones planteadas por Uribe sería imposible pues su principal contrincante en 2006, Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional y candidato del Polo Democrático, anticipó que “no participaré en comicios absurdos y espúreos”. Horacio Serpa, que en 2006 fue candidato liberal, también ha señalado que no participaría en esa votación.


Uribe está siendo cuestionado incluso por los que eran sus incondicionales; diversos comentaristas señalan que un presidente democrático y responsable no puede enfrentar a fiscales, procuradores y jueces con el pueblo con el fin de ganar sus batallas. “Eso se llama populismo barato y no respeto institucional”, afirma la analista Salud Hernández.

(*)Joaquim Ibarz, veterano y prestigioso corresponsal en Latinoamérica, con sede en México, trabaja para el diario catalán La Vanguardia, donde ha sido publicada esta crónica.



RENUNCIA O MAFIOCRACIA

Por Camilo González Posso (*)

Uno de los más cercanos amigos del Presidente Uribe, el exministro Fernando Londoño, resumió el significado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yedis Medina por vender su voto para hacer posible la reelección: el hecho político está consumado, la reelección ha sido presentada ante el país como resultado de un delito de cohecho y su legitimidad está en cuestión también en la comunidad mundial. Claro que esta constatación le sirvió a Londoño (el del lio con la plata de Invercolsa) solo como preámbulo para anunciar la guerra contra la Corte que pasó a ser acusada de “narcotraficante”, agente de Mancuso y la mafia calabresa o en los términos del Presidente, “selectiva” y tolerante con el terrorismo.

La sentencia de la CSJ documenta detalladamente la forma como los ministros Sabas Prettel y Diego Palacios, con la ayuda de otros funcionarios y la intervención del propio Uribe, lograron mediante la oferta de prebendas que Yidis Medina votará a favor de la reforma que permitiría la reelección pues existía un empate en la Comisión que definía esta materia. La conclusión es coherente: debe revisarse la constitucionalidad de ese acto legislativo, pues “la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.

Si la Corte Constitucional parte de la comprobación del cohecho y revisa su sentencia, lo que se invalida es la figura de la reelección y por lo tanto no cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones sin posibilidad de reelección inmediata y por tanto sin habilitación a Uribe para ser candidato. En ese escenario, la Presidencia de la República debería asumirla transitoriamente el Congreso pues el Vicepresidente estaría igualmente impedido.

Al quedar en suspenso la legitimidad de este gobierno estamos ante una operación de impredecibles consecuencias. Desde el gabinete ministerial se dirigen las baterías para destruir la Corte Suprema y restarle credibilidad a la seriedad del fallo. Se presenta como fórmula de distracción la idea de repetir las elecciones sin reconocer la inhabilidad ética y política de Uribe Velez. Los promotores del cohecho hacen cálculos sobre los plazos para el cambio de composición de la Corte Constitucional que esta ad portas de la designación de seis magistrados por votación del Congreso y de la alianza del uribismo y la parapolítica. La estrategia de defensa de la reelección se está ejecutando por la vía de la arbitrariedad y a expensas del Estado de Derecho y de la rama judicial. Es el propio presidente quien dirige la operación para desconocer un fallo judicial con una campaña de medios y de encuestas de opinión. A la inconstitucionalidad de una reforma le oponen un referendo que intenta la legitimación de un delito.

El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe Velez. Seguirán los parapolíticos que están investigados o en la cárcel codirigiendo la coalición de gobierno y ayudando a completar la mayoría en el Congreso ahora que el gobierno hundió la reforma de la “silla vacía”. La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo.

Por lo pronto la Corte Constitucional tiene la palabra en medio de la más grave crisis institucional de Colombia. El dilema es o recuperación moral y democrática o mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria.

(*) Camilo González Posso, ex ministro de Salud de Colombia, ha participado en varias negociaciones de paz desde 1984, incluyendo la coordinación de los foros para la participación ciudadana en las negociaciones con las FARC y el ELN entre 1.998 y 2.002. Es profesor universitario y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ


EL PRESIDENTE DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, CARLOS GAVIRIA, LLAMA A LOS COLOMBIANOS A DEFENDER LA DEMOCRACIA


"Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista"

Texto de la declaración de Carlos Gaviria:

La alocución del señor Presidente Uribe en la noche del 26 de junio, reviste una gravedad suma.
En un Estado de derecho y en el marco de una democracia constitucional, que es lo que establece la Carta del 91, lo que corresponde al jefe del Estado es acatar las decisiones de los distintos organismos del Estado, y en este caso específico los fallos de los jueces o impugnarlos por los medios previstos para ese efecto, pero no desconocerlos cuando no se orientan en el mismo sentido de sus intereses políticos y mucho menos desconceptuarlos o tildar a los Magistrados de la Corte Suprema de prevaricadores y conniventes con el terrorismo. Esa sola circunstancia amerita una investigación al Presidente de la República por la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Como si el presidente Uribe hubiera al fin encontrado el camino adecuado para perpetuarse en el poder y no quisiera que la ocasión se le escapara, y aprovecharla para satisfacer su libido imperandi, invocando, a la inversa un episodio que más bien debería llevarlo a considerar su renuncia.
En tiempos pasados, los dictadores han apelado a las armas para afianzarse en el poder e imponer su voluntad sin límites en beneficio de los más mezquinos intereses. Uribe, para mantener al país en su condición de súbdito del mayor imperio que ha conocido la historia y al pueblo en su condición miserable, apela al propio pueblo para alcanzar sus objetivos perversos.
Como los de antes pensaban que con las armas todo podía lograrse, los de ahora instrumentalizan al pueblo para construir sobre él dictaduras oprobiosas. Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista.

Bogotá, junio 27 de 2008

27.6.08

Latinoamérica-UE

LATINOAMÉRICA EN PIE DE LUCHA CONTRA LA 'DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA'. LA OEA LA RECHAZA Y PIDE A LA UNIÓN EUROPEA RECAPACITAR ANTES DE APLICARLA
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó enviar una misión de "alto nivel" a Europa para negociar un trato mejor a los millones de latinoamericanos que se verán afectados por la nueva ley de deportación de inmigrantes.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien encabezará la delegación, dijo que el tema de la inmigración es "muy sensible" y "no puede ser enfocado solamente desde un punto de visto juridico", pues tambien debe ser tratado en el plano "económico-social". Insulza informó que la disposición adoptada por el Parlamento Europeo la semana pasada "es muy compleja desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos" y a modo de ejemplo criticó "los 18 meses de cárcel", llamada oficialmente por la UE "internamiento", que pueden padecer inmigrantes indocumentados "antes de su expulsión".
La resolución del Consejo Permanente de la OEA fue aprobada por aclamación y contó con el respaldo de todos los países que integran el organismo, aunque con matices. Mientras el vicecanciller de Paraguay, Antonio Rivas, y los representantes de Venezuela y Bolivia, expresaron que la medida europea es "xenófoba y racista", la delegación de Costa Rica afirmó que América Latina tiene responsabilidad por la emigración de sus ciudadanos y pidió tratar el tema con "mesura". El representante de la Unión Europea, John Bruton, dijo que la resolución trata de construir "un marco" para unificar una política hacia los inmigrantes y las personas indocumentadas en particular. "Los inmigrantes son bienvenidos en Europa", aseguró Bruton y agregó que la Unión Europea está dispuesta a dialogar con la OEA sobre su política migratoria.

La resolución de la OEA también expresa la "preocupación" de los 34 estados miembros "por las leyes y medidas adoptadas por algunos estados que pueden restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes".
La OEA pedirá a la UE recapacitar


La Directiva de Retorno ó De la Vergüenza , bautizada así por quienes consideran que acaba con la tradición europea de defensa de los derechos humanos, un concepto que nació precisamente en Europa durante la Revolución Francesa afectará 8 millones de inmigrantes, la gran mayoría procedente de América Latina.

La OEA emitió su rechazo , en una sesión extraordinaria convocada a propuesta de Perú, que congregó a los cancilleres de Colombia, Fernando Araujo, y Perú, Jose Antonio García Belaúnde.También a los vicecancilleres de Paraguay, Antonio Rivas, y de México, Lourdes Aranda, así como a un grupo de observadores de la Unión Europea. En su intervención, Belaúnde mostró su preocupación por la situación de los inmigrantes y sus familias tras la aprobación de esta norma y consideró "una contradicción" que en un mundo globalizado "se restrinja la emisión de visas, cuando la solución sería abrir las puertas a una inmigración ordenada".Además, expresó su inquietud por las "nuevas barreras" a la inmigración en Europa, en especial algunos puntos de la directiva, tales como la detención de inmigrantes irregulares sólo con una orden administrativa y por periodo de hasta 18 meses en centros penitenciarios corrientes. El ministro peruano aseguró que la OEA puede contribuir "de manera práctica a alcanzar soluciones permanentes y creativas en el tema de gestión internacional de la migración, que tengan en cuenta las perspectivas de todos los actores parte". Por eso, propuso que Insulza "se reúna con sus contrapartes en la UE para buscar vías de solución práctica que refuercen la solidaridad, el diálogo y se corrijan algunas de las disposiciones", antes de que la normativa entre en vigor en 2010.
Belaúnde apostó por una acción conjunta entre ambos continentes para intensificar la cooperación, para prevenir y combatir el tráfico de inmigrantes, con la promoción de programas de retorno voluntario y facilitando el intercambio de información.
La propuesta presentada por Perú obtuvo el apoyo de todas las delegaciones presentes.
El vicecanciller paraguayo mostró su "profunda decepción por la medida adoptada por la UE", que "no se corresponde con el espíritu de derecho humanitario, ni con el derecho internacional, y criminaliza la condición del inmigrante irregular". La experiencia demuestra que "las políticas de restricción de la inmigración no han funcionado anteriormente y sólo han provocado un clima propicio para prácticas xenófobas y trata de personas", apuntó Rivas. Por ello, invitó a las autoridades europeas a dialogar para revisar la normativa de retorno "antes de que sus efectos entren en vigor y puedan subsanarse sus deficiencias".
La vicecanciller mexicana demandó que se tenga en cuenta los derechos humanos, "con especial relevancia hacia mujeres y niños".
Más allá de las críticas en el seno de la OEA, la protesta luce más simbólica que otra cosa y nadie cree que vaya a tener algún éxito esta visita de alto nivel a Europa.
La Asamblea Nacional de Venezuela rechaza la directiva








La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, el rechazo a la disposición de retorno de inmigrantes ilegales, aprobada por el Parlamento Europeo, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. Asimismo, el parlamento se solidariza con la postura manifestada por el presidente Hugo Chávez en contra de esta resolución que "significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y en las mejores tradiciones de la política europea", además de "vulnerar el principio de reunificación familiar". La Asamblea Nacional también exige al Parlamento Europeo un "tratamiento justo" para los inmigrantes y solicita a la OEA) y a la ONU "claras definiciones ante la grave situación suscitada por la aprobación del Parlamento Europeo de esta resolución que pretende criminalizar a los inmigrantes y vulnerar sus derechos humanos".
América Latina, en pie contra la directiva de la vergüenza


Antes que la OEA los organismos comunes latinoamericanos ya habían manifestado su rechazo a la directiva.
También lo habían hecho los mandatarios. El pasado martes, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil aseguró que con esta medida "el viento frío de la xenofobia sopla otra vez (...) es el prejuicio contra la inmigración". Rafael Correa, de Ecuador, dijo que la norma era una "vergüenza", como también lo afirmó Evo Morales, de Bolivia. Felipe Calderón, presidente de México, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, en una declaración conjunta del lunes, hicieron "un llamado a evitar medidas que criminalicen a los migrantes". El nicaragüense, Daniel Ortega, la calificó de 'ley terrorista'. Hugo Chávez, de Venezuela, la llamó "la directiva del bochorno" y aseguró que el petróleo venezolano "no irá" a los países que adopten la medida.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien preside la Comunidad Andina, condicionó la negociación de ese bloque con la UE.
El Mercosur anunciará oficialmente su rechazo y las medidas a tomar la cumbre del próximo martes en la ciudad argentina de Tucumán. Se espera que la posición del bloque tenga un tono de protesta, luego de las afirmaciones del presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Carlos Álvarez, quien esta semana dijo que la medida es "abiertamente violatoria de los derechos humanos", al tiempo que recordó a los europeos cuando millones de emigrantes del Viejo Continente llegaron a Sudamérica y jamás tuvieron restricción alguna.
Los 21 países del Grupo de Río ya expresaron su "preocupación" al respecto. Para este bloque deben estar por encima la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el tema debe ser objeto de un "enfoque integral que considere las contribuciones positivas que realizan los migrantes a la economía y la cultura de los países en los que residen".Igualmente, recuerdan los recientes compromisos para que la migración sea un tema de mutuo beneficio
Según el diario bogotano El Tiempo, un ex diplomático colombiano en España, que pidió la reserva de su nombre, aseguró que el mensaje contra Europa debe ser contundente: "Toca venirse muy duro, porque no podemos tolerar ese cuento de que los latinos sirven para cuidar a los niños, pero a la hora de la verdad no les dan el tratamiento que se merecen"...Mensajes anónimos que suelen quedar en nada.
La canciller ecuatoriana María Isabel Salvador anunció que su país condicionará el Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la Unión Europea a la discusión de la 'Directiva de Retorno'."El tema migratorio es una parte fundamental de uno de los pilares que estamos negociando (...) es indispensable que, en el marco de esas negociaciones se revise esta directiva".Ayer, Ecuador pidió "la apertura urgente de un diálogo franco entre los países de origen, tránsito y destino de los procesos migratorios".

Deuda europea con la comunidades indígenas

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) pide que los Estados de Europeos reconozcan la deuda histórica que tienen con los pueblos indígenas y que se constituya un Tribunal Internacional para el juzgamiento de los delitos económicos y ambientales cometidos.
La reivindicación de la CAOI tiene como base la resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que, el 15 de mayo en Lima (Perú), dictaminó que los europeos son culpables. Durante los días 13 y 14 de mayo, el Tribunal escucho a los testigos que denunciaron las violaciones contra los derechos humanos y el medioambiente cometidas por las empresas multinacionales europeas en América Latina.
Ahora, con el dictamen del TPP, los indígenas piden que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designe un Relator Especial, lo más rápido posible, para presentar un informe en la Asamblea General de la ONU, para que debata la "propuesta de establecer el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica; así como también la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales contra las personas y los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales".
Para la CAOI, la deuda fue generada con la invasión, la conquista y la colonización de los territorios desde el siglo XV. Hace seis siglos, fueron robados las tierras, se impuso la esclavitud a los indígenas, se cometió el genocidio de los pueblos originarios, además del genocidio cultural. Según el TPP, en la actualidad la invasión la protagonizan grandes empresas transnacionales, que sirven a una minoría y destruyen la tierra, contaminan los ríos, vierten productos químicos en el suelo y contaminan las aguas.



El TPP incluyó en la lista de culpables a las siguientes empresas: Unión FENOSA (España), que actúa en Cauca (Colombia), en el río Anchicaya, Valle del Cauca. La Minera Majaz, de Gran Bretaña, que actúa en el norte de Piura (Perú); la Repsol, española, que está dañando los ecosistemas en varias regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.
El TPP acusa a las transnacionales de ser responsables también de la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, con la colaboración violenta de ejército, policía y grupos armados irregulares. En este aspecto se señala de nuevo a Unión Fenosa en operaciones en Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, por no cumplir con las compensaciones prometidas por el desalojo de indios, campesinos y afrodescendientes.
Por su parte la Shell, es considerada responsable de la represión ilegal a comunidades en Brasil y, en Argentina, en Loma de la Lata y en Neuquén. Por la misma práctica, la Sheel fue denunciada en Irlanda.
La Repsol es responsabilizada por no haber respetado los derechos de los indios Mapuche, Paynemil y Kaxipayin de Argentina, Bolivia y Ecuador.
La CAOI mantiene que la actuación de esas empresas afecta a toda la sociedad, pero los indios y los campesinos son los más perjudicados, pues la biodiversidad, su hábitat, está en peligro. El comportamiento de las empresas, para la CAOI, va a llevar a la destrucción de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que pone en riesgo a toda la biodiversidad, pues esos pueblos son sus principales protectores.
Por lo tanto, la CAOI llama a todos los Estados y Gobiernos de América Latina y del Caribe a: asegurar el acceso rápido y eficiente a la justicia; promover y apoyar, con los recursos necesarios, el sistema judicial, para que investigue y castigue los delitos; y aplicar medidas inspiradas en el principio internacionalmente reconocido de "consenso libre, previo e informado de los actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas".

(Fuentes: ANSA-Latina, EFE, BBC-Mundo, El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina y Adital)

25.6.08

Guatemala: Niños desaparecidos

DECENAS DE MUJERES RECLAMAN ANTE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EL REGRESO DE SUS HIJOS, ROBADOS Y ENTREGADOS EN ADOPCIÓN DE FORMA FRAUDULENTA

Decenas de madres guatemaltecas han participado este miércoles en un plantón frente a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala para exigir la devolución de sus hijos e hijas, otorgadas en adopción de manera irregular a familias norteamericanas. La Fundación Sobrevivientes, organizadora del acto, reclama que se agilicen los trámites paralizados de al menos dos mil expedientes, para que los niños localizados y que son reclamados por sus madres biológicas, puedan regresar con ellas. Cada año salen del país en adopción entre cinco o seis mil niños guatemaltecos, muchos de forma ilegal.
Heydi Batz, Escarleth López y Angielyn Hernández fueron robadas a sus progenitoras Raquel Par, Olga López y Loida Rodríguez, quienes las identificaron después en los expedientes de entrega a parejas estadounidenses.

Sobrevivientes, ha logrado ya localizar a los padres de adopción y el lugar exacto donde están Heydi y Escarleth. Sus madres, a través de esa organización, reclaman a las autoridades norteamericanas pruebas de ADN para verificar el parentesco con sus madres naturales y, si resultan positivas, el retorno a su nación de origen.
En nombre de la Fundación, Norma Cruz, se queja de la lentitud de los trámites.“Estados Unidos es el primer importador de bebés de todo el mundo y esperamos que sus autoridades dejen de ser sólo espectadores y asuman su responsabilidad por las irregularidades cometidas”, señala.
En abril el grupo realizó una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno para exigir la investigación de unos dos mil expedientes, en muchos de los cuales se adulteraron datos y se falsificó la identidad de los menores para ofrecerlos en adopción.



500 niños desaparecen cada año

Cada año se denuncian como desaparecidos en Guatemala unos 500 niños y la mayor parte de ellos pasan a engrosar la cifra de entre cinco mil y seis mil adoptados que salen del territorio nacional .
El Congreso de la República aprobó en diciembre pasado una ley para poner fin a esta situación y creó el Consejo Nacional de Adopciones, único ente con el mandato para autorizar la entrega de un menor a una pareja extranjera.

El robo de niños y el negocio millonario de las adopciones


Raquel Par mujer indigena maya de 42 años muestra la fotografia de su hija Heidi Sarahi Par de 3 años, robada el 4 de abril del 2006 . Raquel Par es una de las 5 mujeres en huelga de hambre frente al Palacio Nacional de la Cultura para pedir a las autoridades la investigacion de cientos de casos de robos de niños como éste que estan sin resolver en Guatemala.

La titánica lucha iniciada por cuatro mujeres guatemaltecas, cuyas hijas les fueron robadas hace dos años, supuestamente para ser dadas en adopción en el extranjero, ha puesto en evidencia las anomalías en que incurren las redes dedicadas a tramitar la adopción de niños, un "negocio" que genera ingresos por más de 150 millones de dólares al año.
Las mujeres, que durante una semana realizaron una huelga de hambre frente al Palacio Nacional de la Cultura, en el centro histórico de la capital guatemalteca, con el apoyo de la Asociación Sobrevivientes, una organización que asisten y asesora mujeres víctimas de violencia, lograron paralizar los procesos de 2.300 casos que la Procuraduría General de la Nación (PGN) estaba a punto de aprobar.
"Vamos a revisar uno a uno los procesos, para determinar si los niños que serían dados en adopción son en realidad hijos de las madres que aparecen en los documentos gestionados por los abogados", explicó el Procurador General de la Nación, Baudilio Portillo.
El funcionario admite que la presión de las madres en huelga de hambre, y las sugerencias de la Comisión de la Niñez y la Familia del Parlamento y del recién creado Consejo Nacional de Adopciones (CNA), que han denunciado posibles anomalías en esos trámites, forzaron a la institución a suspender los procesos.
Segundo país 'exportador' de niños; China, el primero


Durante años, ante la falta de una ley específica que regulara las adopciones, la PGN aprobó miles de procesos que eran tramitados por abogados particulares, por la vía notarial, los cuales estuvieron plagados de irregularidades y dudas con respecto al verdadero origen de los menores. En 2006 fueron autorizadas en Guatemala un total de 4.837 adopciones, un 10 por ciento más que en 2005, mientras que en 2007 la suma de menores guatemaltecos dados en adopción fue de 5.110, el 97 por cientos de los cuales fue adoptado por familias estadounidenses.

Esas cifras colocan a Guatemala como el segundo país "exportador" de niños en el mundo, sólo superado por China cuyo nivel demográfico supera con creces a este país centroamericano.
Aunque la nueva ley cobró vigencia en enero pasado, aún estaban pendientes de aprobarse unos 2.300 procesos iniciados con el procedimiento anterior, en los que las autoridades sospechan que varios de los niños pueden haber sido robados a sus madres biológicas para ser dados en adopción en el extranjero.

Pese a que aún no ha concluido la revisión de todos los casos, las autoridades han hallado ya varias anomalías. Elizabeth de Larios, presidenta del Consejo Nacional de Adopciones, dice que "al menos en veinte casos" se ha descubierto que los abogados que tramitan las adopciones presentaron documentos falsos "como cédulas de vecindad de las supuestas madres biológicas, así como partidas de nacimiento de los bebés".
También han detectado que "las direcciones consignadas por los abogados sobre los lugares en donde supuestamente se encuentran los niños, son falsas" y incluso, "han llegado a alterar las fotografías de los niños que serían dados en adopción, para hacer creer a las autoridades que se trata de los bebés cuyos trámites han sido aprobados, cuando en realidad son otros los niños que serían entregados a sus padres adoptivos".
Dos de las mujeres que iniciaron la denuncia, creen haber encontrado entre estos 2.300 niños, a sus hijas que les fueron robadas en 2006, y están a la espera de que una prueba de ADN -que les será practicadas a ellas a las niñas- para determinar científicamente si en realidad se trata de sus pequeñas.

Así roban los niños

Olga Angelica Lopez Lopez de 32 años de edad llora en el hogar de la Fundacion Sobrevivientes mientras declara cómo fue el robo de su hija Arlene Escarleth Lopez Lopez.
Olga Lopez paso junto a cuatro madres en una huelga de hambre al inicio de este mes para pedir al gobierno de Guatemala ayuda para encontrar a sus hija. Las dos madres, Ana Escobar y Olga López, tienen en su poder a sus presuntas hijas, Esther y Arlene, respectivamente,después de que la Procuraduría General las entregara a un tribunal de la niñez, tras recibirlas de los abogados que tramitaban sus adopciones.
Ambas madres se han aferrado a estas pequeñas y entre lágrimas esperan el fin del drama iniciado cuando, por la fuerza, personas desconocidas se las arrebataron de sus brazos.

A Olga le robaron su hija el 27 de septiembre de 2006 y a Ana el 26 de marzo del mismo año. Las dos mujeres, junto a Loyda Rodríguez y Raquel Par, a quienes también les robaron sus hijas en 2006, mantuvieron una huelga de hambre de una semana para reclamar la aparición de sus pequeñas.
"Nos sentimos satisfechas por los resultados de la huelga de hambre, porque logramos forzar al sistema a que investigara el paradero de las cuatro niñas robadas", dice Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes. Pero agrega que "aún hay cientos de casos en los que seguramente no se podrá hacer nada, porque los niños que fueron robados a sus madres ya han sido dados en adopción en el extranjero", y sus nuevos padres, "a pesar del origen ilegal e inhumano" del procedimiento "no estarán dispuestos a colaborar".

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) calcula que unos 203 niños fueron robados el año pasado por las mafias para darlos en adopción de manera ilegal en el extranjero, mientras que la Fiscalía guatemalteca asegura que la cifra puede ser superior, pero lamenta no tener datos exactos porque no todas las madres que son víctimas presentan sus denuncias por temor a represalias.
Ana Escobar de 26 años muestra la fotografia de su hija Ester Escobar cuando tenia 6 meses de edad. A Ana le robaron su hija el 26 de marzo del 2006: dos hombre y dos mujeres entraron a una zapateria donde ella se encontraba trabajando. La asaltaron y gopearón y después la encerraron y se robaron a la niña.

Cambió la ley pero sigue el 'negocio'


El pasado 29 de abril, durante una visita oficial realizada a Washington (EEUU), el presidente guatemalteco Álvaro Colom, aseguró a líderes del Congreso estadounidense que su Gobierno ha tomado medidas para que el sistema de adopción de menores sea "legal y justo".
Sin embargo, la solución de este problema es mucho más complejo debido a que el "mercado" de adopciones en Guatemala está dirigido por mafias organizadas que involucran a abogados, médicos, comadronas y niñeras, y que según denuncias de organizaciones locales que velan por los derechos de la niñez, "con facilidad compran impunidad en las instituciones del Estado", al repartir fuertes sumas de dinero entre jueces y funcionarios.
En los últimos seis meses la policía ha descubierto cinco casas-cunas clandestinas, en las que han hallado a más de un centenar de niños en espera de ser dados en adopción. En uno de estos lugares fue capturada Rosalina Rivera, hermana del diputado Gudy Rivera, del opositor Partido Patriota, quien paradójicamente preside la sala legislativa del Menor y la Familia.
La mujer recobró su libertad un día después de su detención, tras el pago de una fianza, a pesar de que no demostró el origen de los 14 bebés que tenia bajo su cuidado, mientras que el legislador se desligó al asegurar que nada tiene que ver con las actividades a las que se dedica su hermana, "de quien no se nada desde hace tres años".
Un estudio elaborado el año pasado por técnicos especializados de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Fundación Myrna Mack, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y la Fundación Sobrevivientes, denominado "Adopciones en Guatemala: ¿protección o mercado?", describe la forma en que actúan las redes dedicadas a tramitar la adopción de niños guatemaltecos.
El "negocio" de las adopciones, señala el estudio, pasa por delitos que van desde la falsificación de documentos y corrupción de funcionarios públicos, hasta robo y compra-venta de bebés.
El informe denuncia la existencia de "una economía del delito relacionado directamente con las adopciones, que involucra a un sin fin de personas y negocios, sin que las instituciones del Estado competentes accionen contra éstas".
Esa situación, denuncia el informe, "hace suponer que operadores de justicia están involucrados en las redes de adopciones", para facilitar los procedimientos ilegales. El estudio identificó a decenas de abogados, médicos, comadronas, enfermeras, trabajadoras sociales, propietarios de hoteles, traductores, registradores civiles y otros funcionarios públicos como integrantes de esas redes.


Hijos de madres pobres


Para satisfacer la demanda de niños para la adopción, las redes dedicadas a este negocio, han caído en el robo de bebés que les son arrebatados de los brazos asus madres, en su mayoría, mujeres jóvenes, pobres y desprotegidas.
Cada adopción estaría oscilando entre los 13.000 y 40.000 dólares (8.783 y 27.027 euros), el 80 por ciento de esas sumas queda en manos de los abogados y el resto es repartido entre los médicos que atienen los partos y a los recién nacidos, así como el resto de personas que cumplen diversas funciones dentro de estas redes.
Desde 1997 Guatemala ha dado en adopción a más de 28 mil niños, y más del 90 por ciento se han ido a EE.UU. Se trata de típicos niños hispanos: morenos, ojos oscuros y cabello café o negro. Se les hacen chequeos de HIV, hepatitis B y otros. Fotografías y reportes médicos están a la disposición. Casados y solteros de hasta 55 años pueden adoptar”, informaba el año pasado la agencia AdoptAbroad en su página de Internet. Esta agencia de adopciones, en ningún momento advierte sobre el robo de niños en el país.
Un documento emitido en marzo de 2007 por el Departamento de Estado de Estados Unidos indica que en la mayoría de los casos, el incentivo económico y no el bienestar de los niños es el principal motor de las adopciones.

El 80% de los guatemaltecos vive en la pobreza.

En el centro de todo se sitúa la pobreza de Guatemala, que llega a sus peores niveles entre las comunidades indígenas que todavía luchan por superar las consecuencias de una guerra civil de 36 años, que acabó hace tan sólo una década.

Al mismo tiempo, la falta de acceso a programas de control de la natalidad contribuye a las altas tasas de natalidad. La desnutrición es un hecho de la realidad cotidiana.
Y las familias estadounidenses entusiasmadas con la posibilidad de darle una mejor vida a algún niño, están dispuestas a desembolsar los 20 o 30.000 dólares necesarios para completar el proceso de adopción. Ese dinero, aun en las adopciones legales, no va al bolsillo de las madres como hemos visto.

La mayor parte va a los abogados, enre ellos los llamados "jaladores", unas figuras siniestras cuya tarea es hallar mujeres embarazadas a quienes ofrecen un pago y las coaccionan para que cedan a sus bebés tras el parto. Así, los abogados se aseguran la oferta de niños para cuando lleguen padres extranjeros deseosos de adoptar.
Unicef estima que las adopciones representan entre 100 y 150 millones de dólares anuales para Guatemala

(Fuentes:Prensa Latina, Prensa Libre-Guatemala, La Tribuna-Tegucigalpa, RadioLa Primerísima-Managua y BBC-Mundo)

Colombia: Uribe

CAMBALACHE
¿Qué se hicieron los pobres?




Por Daniel Samper Pizano (*)

Sumergido en el diario trajín informativo sobre guerrillas quebrantadas, paramilitares extraditados, políticos presos, luchas en el poder judicial, popularidad del presidente y declaraciones belicosas de sus ministros, me pregunto qué fue de los pobres.

Ya nunca se habla de ellos, no los mencionan en los discursos y ocupan rincones marginales en los medios de comunicación. ¿Se arregló el problema social? ¿Hemos solucionado la más grave injusticia colombiana, que es la desigualdad económica? ¿Murió acaso la pobreza en el territorio nacional? Si ello es así, ¿de qué planeta vienen esos negritos que venden dulces en los semáforos de Bogotá, esos desplazados a las barriadas urbanas, esos campesinos sin tierra?

Uno de los efectos más lamentables de la violencia y la zozobra política es que su estrépito acalla todo ruido proveniente de los menesterosos. Rara vez habla el Gobierno sobre la patética situación económica de millones de colombianos, y cuando lo hace es para asegurar, cual la sonriente directora de Planeación hace un año, que el número de pobres bajó del 56 al 45 por ciento en el primer cuatrienio de su jefe.

¡La administración Uribe batiendo récords mundiales de lucha contra la pobreza, y nosotros sin saberlo!



Según otras fuentes, sin embargo, la realidad es distinta. Si la pobreza ha descendido, es en proporciones mínimas. Lo que hizo el Gobierno fue modificar la metodología con que la miden. En el trueque, millones de colombianos pasaron en 24 horas de la indigencia a la clase media. La Universidad Nacional denunció estos trucos y afirmó que 'las cifras son sospechosas'. El economista Eduardo Sarmiento sostiene que, para que fueran ciertas, todo el ingreso nacional tendría que haber ido al bolsillo de los pobres: 'Entonces -se pregunta-, ¿a los ricos no les quedó nada?'.

Más probable es que, como denuncia la ONU, 64 de cada 100 colombianos estén en el umbral de la pobreza.

Hace cuatro años, entre el 26 y el 31 por ciento de la población se hallaba en la miseria (datos de ONU y Contraloría de la República).
Los índices de desarrollo que han sonreído al país este siglo benefician más que todo a los ricos. Según el especialista español Davis Castells, el crecimiento económico colombiano de los últimos tres lustros ha sido 'antipobres'. Es decir, se edificó a favor de los ricos y a expensas de los más necesitados. En los años posteriores a 2001, 'la pobreza sigue aumentando y supera ya el 60 por ciento de la población'.
En fin, nos ilusionamos en vano: los pobres no han desaparecido. Ahí están, ocultos por la bulla y el humo.

En 1958, el Frente Nacional diseñó una solución solamente política a un creciente problema social, y su error disparó la violencia armada. Desde hace un tiempo ya ni siquiera se ofrece una solución política, sino militar. Está claro que combatir la inseguridad favorece la inversión económica; pero si casi todos sus frutos quedan en manos de las clases adineradas la situación social derivará al final en inseguridad.

Colombia padece los resultados del modelo neoliberal, que, según Castells, 'ha puesto el interés privado por encima del general, ha acentuado la desigualdad y provocado más pobreza'. Tanto las acentuó, que Colombia es uno de los países del mundo con más altos coeficientes de inequidad económica.

Ahora, para agravar el panorama, surge como redentor, frente a un tercer mandato de Uribe, un segundo mandato de César Gaviria, padre del experimento neoliberal colombiano que quebró el campo y 'significó un golpe a la equidad, a la distribución del ingreso y a los estratos más bajos' (Estudio de los economistas Carlos Ramírez y Johann Rodríguez).
Al aprobar la reelección, el Congreso liberó el monstruo. Ahora, cualquier viaje al pasado parece posible. ¿Todavía viven Tomás Cipriano de Mosquera y Abadía Méndez, para lanzarlos?

Y para rematar con este correo que está circulando por ahi!!!!
Este gobierno ha logrado muchas cosas: Podemos viajar tranquilos a nuestras haciendas sin que nos secuestren, sin que nos roben, y hasta nuestras haciendas son màs grandes porque los muchachos han matado y desplazado cuanto campesino, indio o negro mugroso las ocupaban.
2. Nuestras tierritas son más productivas: porque todas ahora son de grandes empresarios, políticos y multinacionales.

3. Se han masacrado más de 50.000 terroristas, incluyendo niños, mujeres embarazadas, campesinos, sindicalistas, opositores del gobierno, estudiantes.

4. La mayoría del gobierno junto con nuestro presidente Uribe, han logrado refundar nuestra patria, una patria más linda, más tranquila, con muchos pobres (pero escondidos o asesinados): LA PARACOLOMBIA!

Y después estos desagradecidos dicen que my president y my goverment es corrupto. Desagradecidos!

En este mundo...¡Otros mundos son posibles!
¡Les autres mondes sont possibles!
¡Andere Welten sind möglich!
¡Gli altri mondi sono possibili!

(*) Daniel Samper Pisano es un periodista colombiano residente en España. Es columnista del diario bogotano El Tiempo, donde fue publicado este artículo el pasado 10 de Junio. Su hermano Ernesto Samper Pisano fue Presidente de Colombia y llegó al poder en una campaña financiada en buena parte por el Cartel de Cali, época en la que se cometieron, no de forma tan masiva pero sí el mismo tipo de tropelías que las que denuncia aquí Daniel Samper, como los habían cometido antes con Gaviria, con quien mandaban los de Medellín. Ahora, con Uribe, se cometen bajo el Imperio de otros 'carteles', como el del narcoparamilitarismo (activo y matón también en el 'samperato'), representado incluso en más del 30 % de los 'curules' del Congreso.

24.6.08

Colombia:Corrupción, Parapolítica, DD.HH.

EL EXMINISTRO DEL INTERIOR DE URIBE, PRIMERA VÍCTIMA JUDICIAL EN EL PROCESO POR EL PRESUNTO COHECHO EN LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE. SIGUEN LAS MATANZAS PARAMILITARES Y AUMENTA LA VIOLENCIA EN MEDELLÍN


La Fiscalía de Colombia ha abierto una investigación formal y ha citado a declarar al antiguo dirigente empresarial, ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, por presunto cohecho para lograr en 2005 la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe.
Firma la indagatoria el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, quien investiga si varios funcionarios, entre ellos Pretelt, ofrecieron dádivas a la ex congresista Yidis Medina, detenida desde abril , para que diera su voto para que la reforma saliera adelante .'El vicefiscal comisionó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que realice la diligencia de indagatoria por el delito de cohecho', indicó la Fiscalía en un comunicado.
Pretelt está acusado de haber ofrecido en nombre del Gobierno prebendas burocráticas a Yidis Medina a cambio de que votara a favor de la reelección presidencial, durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. También deberá aclarar si ofreció dádivas gubernamentales a otro ex miembro de la Cámara baja, Teodolindo Avendaño, preso desde mayoy quien se ausentó el día de la votación, pese a que había anunciado su voto en contra, con lo que ayudó así a aprobar la reforma.
El escándalo de la 'Yidispolítica'

Estos hechos dieron lugar al escándalo conocido como la 'yidispolítica', dentro del cual también fue detenido el ex congresista Iván Díaz Mateus por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Yidis Medina denunció que el entonces Ministro del Interior y Justicia fue uno de los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que le ofreció o entregó prebendas a cambio de su voto positivo en el proyecto de reelección presidencial.
Específicamente, Medina aseguró que un día en que el titular de la curul (escaño) que ella ocupaba en su momento, Iván Díaz Mateurs, la citó en la oficina de la Cámara de Representantes, hasta allí llegó Sabas Pretelt de la Vega, quien "le ofreció encargarse de su seguridad y la de sus hijos".
Añadió la ex congresista que en otra reunión, esta vez en la Casa de Nariño (Palacio presidencial), participó también el entonces Ministro del Interior quien junto con el secretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez, el Presidente Álvaro Uribe y varios de sus asesores quienes "le manifestaron la preocupación por su voto y le preguntaron qué quería a cambio de su apoyo al proyecto". Dice también Yidis Medina que específicamente Sabas Pretelt le habló de la posibilidad de entregarle un consulado.
Pretelt ha negado en repetidas ocasiones que se hubieran hecho ofrecimientos ilegales a los dos exparlamentarios. que funcionarios del Gobierno le ofrecieron prebendas como puestos oficiales, en tanto que el Ejecutivo la acusa de presionar para que le concedieran contratos oficiales a allegados suyos. El presidente Uribe, quien ganó los comicios generales en 2002, fue reelegido en 2006 para un segundo mandato de cuatro años, gracias a esa reforma a la Carta Magna.
El ex ministro Sabas Pretelt es economista, durante más de diez años presidió la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y fue ministro del Interior desde noviembre de 2003 hasta junio de 2006. A finales de mayo pasado Pretelt declaró en el proceso contra Yidis Medina. Entonces, dijo que 'la elección del presidente Uribe fue transparente'. El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, que en la fecha en la que se aprobó la reforma constitucional sobre reelección era viceministro de Justicia, se declaró impedido para fallar en el caso de Pretelt, quien era su superior.Dentro del mismo proceso son investigados el actual ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y asesores del presidente Uribe.
Pretelt, 'con un pie en la cárcel'. Uribe, en la mira

La decisión de la Fiscalía produce ya lecturas encontradas. Por un lado, y con cierto nerviosismo, el ex ministro Pretelt dice que espera "aclararlo todo". El consejero presidencial José Obdulio Gaviria añade que en el gobierno están "totalmente tranquilos" con la decisión. "La indagatoria es un medio de defensa judicial y él mismo (Pretelt) había pedido que lo escucharan", dice el consejero de Uribe.
En cambio, críticos del gobierno, como el abogado y columnista Ramiro Bejarano, consideran que la decisión de la Fiscalía es un hecho "gravísimo".
"Que la Fiscalía abra un proceso formal en contra de Pretelt implica que tiene indicios de que se cometió un delito", declara Bejarano y añade que el ex ministro "tiene un pie en la cárcel".

Bejarano
estima que la decisión de la Fiscalía "indirectamente siembra un manto de duda sobre el proceso de la reelección presidencial". Según este abogado, el hecho de que Uribe haya conseguido casi 7 millones de votos cuando fue reelegido en mayo de 2006 "no purga la ilegalidad de un acto que estuvo precedido por un delito".
Después de que la Fiscalía escuche en indagatoria a Pretelt, decidirá si hay méritos para detenerlo o no y si la investigación debe continuar o no.
La Corte Suprema de Justicia le había pedido a la Fiscalía que evaluara si había méritos para investigar a Pretelt y a los demás funcionarios acusados por Yidis Medina.
Entre tanto, ya la Procuraduría General de la Nación ya inició una investigación disciplinaria contra esos funcionarios.

Campesinos de Nariño denuncian ejecuciones paramilitares

Los campesinos organizados de la región sur occidental de Colombia, exigen al gobierno departamental y nacional mayor atención para la zona que sufre ataques armados y extrema pobreza. La Asociación de Porvenir Campesino (ASPORCA) y la Asociación de Comunidades de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA), se manifestaron frente a la gobernación de Nariño.
Allí reclamaron que las autoridades cumplan los compromisos asumidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
Exigen la presencia de brigadas de salud, centros educativos y la elaboración de alternativas concertadas con los campesinos frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Durante la década del 90 esas comunidades aumentaron su población por el creciente trabajo derivado del cultivo de hoja de coca, que ahora el Gobierno busca erradicar.
Los campesinos piden que se les garantice otra fuente de trabajo antes de la erradicación y denuncian que son acusados de "guerrilleros" por los paramilitares que asesinan a sus dirigentes comunales.
En diálogo con la Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano (
RPASUR), Alirio Nastacuas, poblador de la zona, denunció la muerte de un niño como consecuencia de las fumigaciones en el departamento de Nariño.
También denunció los continuos asesinatos selectivos de los que vienen siendo victimas los lideres comunitarios, a manos de los paramilitares en zonas en donde la presencia de al fuerza pública es numerosa.


Investigación trata sobre la creciente violencia en Medellín

A pesar de que el número es muy inferior al constatado a comienzos de la década del 90 -cuando, sólo en 1991, 6.349 personas fueron asesinadas-, sorprende el aumento del 14% en relación con el año pasado. Además, el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), se mostró preocupado por el hecho de que, por lo menos, 126 asesinatos tuvieron marcas de crueldad.
De esos 126 asesinatos, 102 fueron cometidos con armas de fuego de pistolas 9 milímetros con silenciador, que es de uso exclusivo de las fuerzas públicas. Para el IPC, no hay explicaciones únicas para el aumento en el número de asesinatos, pero la impunidad y la falta de explicaciones concretas y satisfactorias por parte de las autoridades locales civiles y policiales agravan el problema de la violencia.
También hay que tener en cuenta el "reacomodamiento", como las autoridades lo llaman, de las pandillas al servicio del narcotráfico y la permanencia del proyecto paramilitar. Actualmente, la violencia en la ciudad es para conquistar el monopolio de la criminalidad y dar continuidad a la delincuencia comandada por Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como don Berna, que fue extraditado hacia Estados Unidos el último mes de mayo.
Esos traficantes quieren el control territorial y el dominio de los negocios legales e ilegales, "que permiten el flujo de capitales relacionados con el narcotráfico, tanto en su relación con la producción y comercialización de coca como en la irrigación de sus lucros", dice el IPC.

En los barrios, la búsqueda es por el monopolio de recursos para el financiamiento de las estructuras ilícitas. Así, ellos cometen extorsiones a comerciantes, transportadores y vecinos, y hacen contratos comunitarios con el Estado.
"El aumento de homicidios y los modos en que se expresa la violencia requieren intervenciones no sólo de índole policial y coercitiva, sino de una verdadera política pública de convivencia ciudadana que desmonte imaginarios asociados del poder de los grupos armados ilegales y ofrezca a las poblaciones más vulnerables espacios para su transformación social, económica, política y cultural", dice el IPC.

De esta violencia que afecta a Medellín, muchos homicidios se destacan por el perfil político de las víctimas. Uno es un recién formado estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, que tuvo relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); cuatro reinsertados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y también 24 reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
ASÍ SE DESCUARTIZA LA TIERRA EN COLOMBIA:
INDÍGENAS, AFROS Y CAMPESINOS POBRES, EN LA MIRA.
Por Diego Mejía(*)

De vieja data es la lógica violenta de acumulación originaria de capital en Colombia. Desde hace muchos años, gobierno tras gobierno se ha venido descuartizando la propiedad de los campesinos, afro colombianos e indígenas.
Hoy, bajo el régimen Uribista como era de esperarse, se pretende legalizar el fruto de más de veinte años de terror paramilitar con reformas a las leyes poniendo la propiedad de los miles de desarraigados en manos de aquellos que los desplazaron e incentivaron la llegada de hordas de asesinos a sueldo que los sacaron de sus tierras a punta de motosierra.

Álvaro Uribe Vélez como gobernador del occidental departamento de Antioquia, fue el fundador de las Cooperativas Rurales de Seguridad conocidas popularmente como las tenebrosas Convivir que les dio abrigo a los “paras”. Asi, el campo colombiano se encuentra desolado. La guerra hoy se ubica principalmente en los territorios ancestrales de indígenas, afros y campesinos pobres. Sus terrenos son el objetivo de las multinacionales que van tras los recursos naturales, las plantas aromáticas y la biodiversidad con un socio ejemplar como el presidente.La seguridad alimentaria entre tanto se ve seriamente amenazada porque con la promoción e instalación de gigantescas plantaciones de palma africana, los monocultivos y la producción de biocombustibles, resulta incierto saber si habrá o no habrá suficiente comida a futuro cercano.
Las hojas de coca mimetizadas entre palmas y camaroneras en la costa pacífica, con énfasis en el departamento de Nariño, se han convertido, como hace casi 30 años, en el amortiguador económico de pago para estos grupos paramilitares que con su presencia armada garantizan la expropiación de tierras y el desalojo de cientos de indígenas, afros y campesinos pobres.
Según la Organización de Naciones Unidas, aunque no le guste a Uribe Velez, las estadísticas del último año, le demuestran en su cara que las hectáreas cultivadas de plantas de coca han aumentado en un 30 por ciento, al pasar de 68 mil a 98 mil y los desplazados internos alcanzan la nefasta cifra de los 4 millones, al lado de países como Sudan, Irak y Afganistán.

Y juran que no hay conflicto. Junto a esta problemática se presenta el abandono sistemático por parte del Estado a las comunidades campesinas, indígenas y afro colombianas, sin garantizarles al menos una forma digna de vida a quienes aun viven en los territorios afectados a la espera del retorno de sus familias y sus vecinos.Las zonas de la llanura del pacifico, los llanos orientales, el macizo colombiano y el departamento del Putumayo, entre otros, están listos de esta manera para los mega proyectos de las multinacionales además de convertirse de inmediato, en blanco de los paramilitares aupados por la presencia militar oficial, bajo el pretexto de hacer parte del llamado Plan Colombia, convertido después en Plan Patriota, remedo de los modelos montados por Bush para la supuesta lucha contra las drogas.

Muchas de estas zonas, particularmente las que están en la llanura del pacifico poseen niveles de un 95% de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI. La corrupción llega a niveles macondianos y al gobierno dichas poblaciones le interesan solo para negociar con las multinacionales con el silencio que deben guardar los gobiernos de países donde tienen sus casas matrices.Así las atrocidades quedan en la penumbra de la impunidad, las multinacionales explotan a su gusto y criterio nuestros territorios y el gobierno sigue ganando a punta de mentiras y negociaciones perversas el favor del silencio de los gobiernos de Europa y el mundo, dejando a las victimas de toda esta actividad a la vera del camino.

Entonces en Colombia, mediante el uso de la fuerza bruta como muestra clara de la concepción política y militar de la derecha y la extrema derecha, en asocio con la mafia, nació el paramilitarismo que ha conseguido expropiar alrededor de cinco millones de hectáreas a las comunidades mencionadas, todas estás hoy en manos de testaferros de los grupos paramilitares y mafiosos, lo mismo que una franja amplia de terratenientes provenientes de castas tradicionales que actúan en sociedad para proteger sus intereses.

La mejor muestra de lo anterior es el caso de la actual parapolítica fenómeno que demuestra que los dineros provenientes de la mafia sirvieron para reglamentar desde el poder legislativo las leyes que les eran cómodas a los cabecillas paramilitares para entregarse y ganar la posibilidad de legalizar sus bienes mal habidos, igual como hacen al lavar miles de millones de dólares a través de esos proyectos asociados al sector agroindustrial. La parapolitica que en el colmo del cinismo llego a poner en el congreso a aquellos que les servían a sus intereses mezquinos hizo bien la tarea, ubicando también como en realidad ha ubicado a su amigo incondicional en la Presidencia. Como anillo al dedo este gobierno ha realizado las privatizaciones de la salud y la educación, privatizaciones estratégicas como Telecom y ahora ECOPETROL.

Ni que decir del bajo presupuesto para saneamiento básico frente a los altos índices de inversión en la guerra, de gasto infructuoso en la guerra diríamos mejor, sumado al juego que hacen los medios de comunicación proclives al régimen, al decir que ahora son las águilas negras o los grupos emergentes de las AUC las que defienden esos proyectos y territorios y no que se trata de los mismos paramilitares legitimados por Uribe Velez a través de la falacia de la desmovilización.
Todas estas barbaridades y violaciones al Estado Social de Derecho, al derecho del pueblo colombiano de vivir en paz, se han dado tan solo en los dos periodos de gobierno de Uribe Vélez, y también, es en este periodo en el que más se ha polarizado el país en torno a la posible reelección. De aquello que la Constitución de 1991 llamo Estado Social de Derecho solo queda el nombre, y el sagrado derecho universal a oponerse a la locura de la dictadura actual presentada y reconocida por otros países del mundo como una democracia, se paga con el destierro o la eliminación física.
Hoy solo nos queda seguir en la lucha de mantener en alto la bandera por una Colombia distinta, esa Colombia del color de su gente, la Colombia del tamaño de nuestros sueños que camina y se arma de valor para construir un futuro distinto, la Colombia de su pueblo pluricultural indígena, mestizo, afro, blanco, honesto, luchador y trabajador. Una Colombia con justicia social y sin impunidad.
(*) Este artículo ha sido publicado por la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano en http://www.rpasur.com
(Fuentes:El Espectador, EFE-Terra, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR, Adital y rpasur.com)

23.6.08

Latinoamérica-España: Migraciones

EL INFIERNO DE LOS SIN DERECHO EN EL REINO DE ESPAÑA

Un reportaje sobre los CIE ( Centros de Internamiento para Extranjeros)

La pasada semana, el Parlamento Europeo aprobó la llamada “directiva de la vergüenza” contra la inmigración ilegal con el indecente voto a favor de todos los europarlamentarios del PSOE, a excepción de los señores Borrell y Obiols, cuya disidencia e “indisciplina” acaso habrá servido para salvar algo del honor democrático del socialismo español ante los pueblos del mundo.
No podía venir en momento más oportuno este reportaje de la periodista italiana Sara Prestianni sobre los centros de internamiento para extranjeros ilegales en España, el infierno de los sin papeles y sin derechos.
Por Sara Prestianni (*)


Barcelona, Málaga, Algeciras…Inicialmente eran 8 y han pasado a ser 10 los “centros de internamiento para extranjeros” que, en realidad, son prisiones de máxima seguridad puras y duras, en las que ningún diputado español tiene derecho de entrar. Barrotes en las ventanas, tiempos reglamentados y policías que vigilan las jornadas de los emigrantes, entre los cuales hay también menores y mujeres embarazadas.

El miércoles 28 de mayo, el ministro español del Interior, Rubalcaba, anunciaba, al calor de la discusión relativa a la directiva europea sobre repatriaciones, la modificación de la ley sobre la inmigración, con el objetivo de prolongar de 40 a 60 días el límite máximo de detención en los centros de permanencia temporal españoles. Pero pocos conocen qué es lo que está ocurriendo realmente tras los muros de los 10 centros de detención existentes en el territorio español.

Durante los últimos años, tan solo algunos parlamentarios europeos han recibido la autorización para entrar, ningún diputado nacional, y tampoco las asociaciones que desde hace tiempo luchan por que sea haga la luz sobre las cárceles para emigrantes, han podido franquear la puerta de los CIE (centros de internamiento para extranjeros) españoles.

En julio de 2007, en el ámbito de la investigación promovida por la Comisión Libe sobre las “Condiciones de los ciudadanos de terceros países hospedados en los centros (campos de detención, centros abiertos y zonas de tránsito) atendiendo en particular a los servicios disponibles por personas con necesidades específicas, en los 25 Estados de la Unión Europea”, logramos franquear el umbral.


Ante nosotros, puras y duras prisiones de máxima seguridad donde los emigrantes son “acogidos” tras el desembarco en territorio español o “aguardan” el procedimiento de expulsión. De Madrid a las Canarias, el escenario se repite: celdas cerradas con llave día y noche, instalaciones en pésimo estado, sobre todo en los centros del sur, solo personal perteneciente al cuerpo de Policía Nacional, una total incomunicación con el mundo exterior, un servicio de asistencia psicosanitario ausente o profundamente deficitario y numerosos testimonios recogidos sobre violencias perpetradas contra los emigrantes por parte de los vigilantes.

Los centros de detención en España eran inicialmente 8, después pasaron a ser 10, so pretexto de la “emergencia por invasión” durante el verano del 2006, cuando, como respuesta a la llegada a las costas de las Canarias de cayucos, que procedían de Senegal y Mauritania, dos campamentos militares de la época franquista fueron habilitados como centros de detención, Las raíces, en Tenerife, La Isleta en Gran Canaria.

Nuestras visitas comienzan en el CIE de Barcelona , centro de detención modelo, abierto en agosto de 2006, tras la clausura de otro, tristemente famoso, el de La Verneda. El nuevo centro reluce como una patena, las celdas están limpias, así como los espacios comunes y el comedor, pero se asemeja más una cárcel de máxima seguridad que a un lugar de detención por un delito administrativo, como lo es el hecho de no tener papeles.
Las rejas de los portones se cierran detrás de nosotros, y el director del centro, comandante de la Policía Nacional, comienza la visita ilustrándonos sobre los dos bloques el masculino y el femenino, que tienen una capacidad total de 226 plazas.

Continuamos con las celdas de aislamiento, previstas para quien no se comporta según el reglamento del centro, es decir, en la práctica, para quien se queja de las condiciones carcelarias o se rebela ante la expulsión. El nicho de aislamiento tiene tan solo un catre y ningún acceso a la luz exterior, solo una pequeña rejilla que da al corredor. Al lado, han sido habilitadas dos celdas especiales para núcleos familiares, que se diferencian de las otras por el hecho de estar provistas de una pequeña cama para los neonatos y de un pequeño sofá.

España, a diferencia de Italia, permite la detención de menores, aunque vayan acompañados, y de mujeres embarazadas, aunque se encuentren en avanzado estado de gestación


Los emigrantes que están detenidos deben respetar un férreo horario que jalona su jornada: despertarse a las 8, 30 y desayuno; de las 10 a las 13, 30 permanecen recluidos en el patio o en la sala común, porque las habitaciones quedan cerradas; de las 13, 30 a las 16 deben trasladarse obligatoriamente a la zona de alojamiento, que, acto seguido, es cerrada con llave; las visitas están previstas de las 17 a las 19; a las 19,30 cenan y a continuación son acompañados a las celdas, que son cerradas con llave a las 23. En algunos centros, como en el de Madrid, las celdas, cerradas durante la noche, no están provistas de servicios higiénicos y los detenidos, como nos cuenta una joven mujer embarazada, se ven obligados a orinar en el lavabo.
Al llegar a las celdas comunes nos encontramos ante una escena que se repetirá, inevitablemente, en todos los centros: los emigrantes se apretujan junto a los barrotes, gritan, llamando la atención de la única persona que no lleva uniforme que han visto entrar en el centro, para narrarle las trágicas condiciones en las que se encuentran. Uno de ellos nos cuenta que a penas acaba de desembarcar en España. Salió del Camerún dos años y seis meses antes –dice-, ha pasado un año y ocho meses viviendo en los bosques de Marruecos en condiciones de total precariedad y expuesto a persecuciones y violencias. No quiere volver a Camerún y no comprende por qué debe estar detenido, esperaba que España fuese diferente y que las vejaciones a las que ha sido sometido en Marruecos, nuevo gendarme de Europa, hubiesen terminado.

Pero para comprender lo que es un centro de detención en España es necesario bajar al sur y visitar el CIE de Málaga y el de Algeciras. Las dos ciudades andaluzas habían sido, durante los últimos años, el principal punto de llegada a España, antes de que fuese instalado el SIVE, el sistema de radar e interceptación marítima, que desplazó las puertas de Europa a las Canarias. Tras la colaboración de Senegal y Mauritania en las operaciones de control de fronteras, en el marco de acción del Frontex, el punto de partida hacia Europa se ha vuelto a desplazar nuevamente a Marruecos, a Alhucemas, y las costas de la península española vuelven a ser el primer lugar de llegada de centenares de emigrantes.

El centro de Algeciras es la antigua cárcel de la ciudad –un viejo edificio totalmente abandonado- , el de Málaga, una edificación que data de principios del siglo XX, utilizada anteriormente como convento de monjas y a continuación como cuartel militar, para quedar abandonada luego durante muchos años, antes de ser habilitada como centro de detención. En ambas edificaciones el personal pertenece a la Policía Nacional, desde el director del centro hasta el médico de turno.

El centro de Málaga, cuya clausura ha sido exigida por el mismo fiscal del estado es tristemente célebre por las denuncias sobre abusos sexuales cometidos por parte de los policías sobre las detenidas.

A pesar de las graves acusaciones, el centro sigue activo: con una nueva gestión, las detenidas violadas han sido expulsadas y los policías han sido trasladados a otro centro. Los emigrantes viven en naves comunes completamente a oscuras, porque los enrejados de las ventanas son tan tupidos que no dejan pasar la luz, el resto del tiempo lo pasan en un patio de 10 metros cuadrados al que no hemos tenido acceso, por motivos de seguridad.
Pero es en el centro de El Matorral, uno de los mayores campos de detención europeos, cuya capacidad oficial es de 1010 personas (pero que ha llegado a contener hasta 2000), situado en Fuerteventura, isla del archipiélago de las Canarias, donde las condiciones de detención se degradan más todavía. El centro está dividido en dos zonas, por un lado dos grandes naves con una capacidad para 350 personas cada una, dotadas de un baño y alguna ducha e inundadas de desperdicios acumulados durante días. Por otro lado pequeñísimas celdas, pero dotadas de una veintena de literas cada una, se alinean una tras otra. En la penumbra, las caras de los emigrantes encerrados se acercan a las rejas, todos van vestidos de igual modo y narran la misma trágica historia de la travesía del mar. Nos cuentan también que pasan los días encerrados en las celdas, y que salen una vez al día, para comer. Entre ellos, muchas caras de menores reconocidos como mayores por el test óseo al que han sido sometidos en la jefatura de policía, inmediatamente después del desembarco. Tendrán el mismo destino que los demás: la alternativa entre un vuelo a la península para después ser liberados y convertirse en nuevos clandestinos de Europa o un vuelo con destino al país de procedencia. Desgraciadamente no les está permitido elegir entre una u otra alternativa, este poder está en las manos de los gobiernos europeos y africanos, que firman acuerdos de readmisión y envían fondos para permitir la repatriación inmediata de los emigrantes que desembarcan en territorio europeo.

A muchos emigrantes los encontramos en fila ante el ambulatorio, con el cuerpo torturado por las heridas infectadas que se han causado durante los 15 días de la travesía en las carretas del mar, quemaduras de carburante o picaduras de insectos. Solo una monja voluntaria cuya presencia en el centro es intermitente, desinfecta momentáneamente las heridas, pero su contribución resulta limitada frente al número de la población presente. Al médico, dicen, no lo ven desde hace al menos una semana. No nos sorprende en consecuencia saber que a uno de los jóvenes subsaharianos llegados a Barcelona tras 40 días de internamiento en las Canarias le tuvieran que amputar una pierna. La herida producida por las condiciones de extrema precariedad del viaje hasta la costa senegalesa, infectada por el agua mezclada con carburante durante la travesía se gangrenó hasta el extremo de no dejar otra solución que la amputación.

Pero los emigrantes del Cíe y del Matoral en Fuerteventura, no solo se lamentan de la falta de asistencia. Hablan también de violencias físicas por parte de la policía que controla el centro, golpes de porra reservados a quien se sale de la fila obligatoria durante la distribución de la comida o a quien, simplemente, trata de oponerse al viaje de expulsión. Precisamente para evitar este “problema”, nos dice un policía, generalmente no se dice nunca al detenido que va a ser expulsado, sino que se prefiere hacerle creer que va a ser trasladado a la península. Esta práctica es confirmada también por el director del centro, quien, como dice la placa exhibida en su oficina, siguió un “curso de perfeccionamiento” con los carabinieri italianos durante la época del desembarco de las balsas neumáticas albanesas en Puglia, y parece sentir una gran nostalgia de aquel tiempo.
La violencia de la policía que gestiona y controla la institución, es denunciada también por los emigrantes del centro de detención de Madrid.

Cuando nos ven llegar se agolpan ante las rejas de la celda común donde se les obliga a pasar el día entero: encerrados, obligados a pedir permiso a los policías incluso para poder ir al baño.


Entramos, entre los desperdicios y el hedor a orina que penetra la garganta, las narraciones se repiten: arrestos, detenciones arbitrarias, violencias



Las visitas terminan, los centros se cierran, pero la movilización ya ha comenzado y en España se preguntan qué es lo que está sucediendo realmente tras los muros de estos centros que se parecen mucho más a una cárcel de máxima seguridad que a un centro de detención administrativa. El 21 de junio, los militantes y las asociaciones españolas se han dado cita ante el centro de detención de Málaga, para exigir, definitivamente, su clausura.

(*) Sara Prestianni es una periodista italiana que escribe para el diario de izquierdas Il Manifesto, donde se publicó este artículo el pasado 16 junio.

El canciler uruguayo, a España por las deportaciones


El canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, viajará en julio a España para tratar con su colega español, Miguel Angel Moratinos, la situación de unos 10.000 uruguayos que corren riesgo de ser deportados cuando comience a aplicarse la llamada 'directiva de la vergüenza' que aprueba la detención por hasta 18 meses y la deportación de los inmigrantes sin papeles.

"Por más que uno pueda comprender que existe una corriente inmigratoria muy grande hacia Europa, sobre todo de países de Africa, nos parece que es profundamente injusto" que se les puedan aplicar las medidas recientemente sancionadas por el Parlamento Europeo, ha declarado Fernández. "Nos comprometimos a trabajar el tema en España", dijo el canciller, quien agregó que "nuestro gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder resolver la situación, pero es difícil porque se trata de directivas de la Unión".

Por su parte, legisladores de la oposición planean en Montevideo convocar a Fernández ante la comisión de Asuntos Internacionales para analizar la cuestión. El Parlamento Europeo aprobó la resolución que establece la detención y expulsión de inmigrantes sin papeles y permite encarcelar hasta 18 meses a personas en situación irregular, normativa que generó el repudio de varios gobiernos de América Latina. Los uruguayos tienen a España como uno de sus destinos principales cuando deciden emigrar del país y estimaciones de la Centro Uruguayo en Madrid señalan que entre 3 y 4 uruguayos están siendo deportados semanalmente.
En los primeros cuatro meses del año emigraron más de 12 mil uruguayos a varios países, mientras en 2007 la cifra superó las 16 mil personas.


Venezuela castigará a Europa sin petróleo



La decisión de Venezuela de cortar el suministro petrolero a Europa si aplica la directiva anti-inmigrante es viable. Adel El Zabayar, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de su comisión de energía y minas, afirmó que países como India y China podrán asimilar cada gota de petróleo que se les ofrezca, con pago al contado y no a futuro como la Unión Europea.
El Zabayar precisa que aunque el petróleo que suministra Venezuela a los europeos no es muy alto (unos 200 mil barriles diarios), el corte tendrá un efecto psicológico.

Nosotros llamamos a la reflexión y apoyamos la decisión del Presidente Hugo Chávez de que no hay que mandarles petróleo (a los países de la UE) porque nuestra gota de petróleo no va a contribuir a esta política excluyente y de marginación”, manifestó el diputado miembro del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlatino, Emil Guevara. El legislador considera la normativa europea como “una flagrante violación a los derechos humanos” y declara que “los organismos internacionales deberían ocuparse de esto”. Y califica la Directiva del Retorno de " política excluyente, neofascista y xenófoba”.

Para Guevara, los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe 'deben pasar a una ofensiva en rechazo a este bochorno y a esta actitud fascista de la Comunidad Económica Europea en función de que se deben defender los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores latinoamericanos' que residen en las naciones del viejo continente.
(Fuentes:Sin Permiso-Il Manifesto, Prensa Latina, ANSA-Latina y ABN-Agencia Bolivariana de Noticias)

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