Colombia: Conflictos sociales

EL GOBIERNO URIBE CRIMINALIZA LOS CONFLICTOS Y ABUSA DEL TERROR EN SU REPRESIÓN. EN AUMENTO LOS ASESINATOS DE SINDICALISTAS, UN MÉTODO MÁS DE 'PRESIÓN' DESDE EL PODER

Trabajadores de la caña de azúcar denuncian “terror estatal”

Los obreros que viven de cortar caña en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, región suroccidental de Colombia, llevan dos semanas de paro en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos. Pese a que están siendo brutalmente reprimidos, mantienen la media.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), informa que las familias cañeras exigen a los dueños de los ingenios y gobierno nacional que se aplique la legislación laboral y la constitución.
De esa manera, piden que se hagan efectivos los derechos laborales que son violados por las patronales del azúcar, tales como: contratación directa, estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros.
El paro fue iniciado el 15 de septiembre y según denunciaron los trabajadores de la caña, el "amedrentamiento y terror" se inició "mucho antes" con la presencia del policial Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del ejército colombiano.

Dieron a conocer además, que las patronales, junto al gobierno de Colombia, ejecutaron "ataques indiscriminados contra los obreros", dejando como consecuencia, al menos 48 heridos.
"El último atentado se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando en la madrugada tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional atacaron a los trabajadores en el ingenio Tumaco dejando varios heridos", con sus pertenencias y documentos de identidad destruidos, explica el comunicado de los cañeros.
También señala que "El Ministro de Protección Social, el Fiscal general de la Nación, bajo la dirección del presidente Uribe Vélez, arremeten a una sola voz contra los trabajadores y sus organizaciones, acusándolos de tener relaciones con la guerrilla"

Uribe y el Fiscal, criminalizan a los 'corteros'

Más de dos semanas y sin ninguna solución a la problemática completa el paro convocado por los 'corteros' de caña de azúcar en Colombia. El gobierno nacional no ha dado muestras de voluntad política para negociar. Por el contrario, frente a sus justos reclamos, los movilizados han tenido que resistir el ataque indiscriminado de la fuerza pública, que arguyendo la violación del derecho al trabajo de quienes no se encuentran en paro ha arremetido violentamente contra los manifestantes.

Igualmente el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán ha estigmatizado públicamente la protesta, acusando a los corteros de estar encuadrados y recibir ayuda financiera de la guerrillade las FARC y amenazando con que se abrirán procesos judiciales para investigar estos hechos.

Por su parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez, también ha tratado de criminalizarlos al decir que los huelguistas tuvieron reuniones con las FARC y fueron coaccionados por la guerrilla para realizar la movilización, y que además, a estas reuniones asistieron representantes de un senador de la republica, de quien no dijo su nombre pero insinuó apoya el paro de los trabajadores azucareros.

En el plano económico, tanto el gobierno como los empresarios han declarado inaceptables las razones reales del paro, responsabilizando a los manifestantes de cuantiosas pérdidas financieras para el gremio azucarero y de un aumento incremento injustificado en el precio de la gasolina, cuando en realidad este obedece a medidas estatales orientadas a acrecentar los ingresos de los grupos empresariales productores de etanol. Los corteros de caña han afirmado que continuaran bloqueando la entrada a los ingenios hasta tanto su pliego de exigencias sea atendido y logre llegarse a una negociación con el gobierno nacional y los empresarios del gremio.

"Detrás del paro de los cortadores de caña no hay fuerzas oscuras, sólo el hambre y la esclavitud” dijo Piedad Córdoba

El paro de los corteros de caña encuentra su explicación en el hambre y la esclavitud a la que son sometidos más de 18 mil trabajadores en los ingenios azucareros del norte del Cauca y el Valle del Cauca, así lo aseguró la senadora Piedad Córdoba al visitar a los tres corteros en huelga de hambre en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En su diálogo con la legisladora, los tres delegados de los corteros aseguraron que además de jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias, la remuneración mensual que perciben no supera los 350 mil pesos mensuales, y no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
“Esto es una infamia, no es posible que en pleno siglo 21 se encuentren trabajadores en tales condiciones, discrepo de lo que señalan algunos funcionarios del alto gobierno. Detrás del paro de los corteros de caña no hay fuerzas oscuras, detrás de ellos está el hambre y la esclavitud que los avasalla”, dijo Piedad Córdoba.
La senadora de dijo además que no entiende como el país no abre los ojos ante las paupérrimas condiciones en que estos compatriotas tienen que ganarse el sustento y aseguró que “posiblemente el fiscal y los ministros aseguran que detrás de la protesta hay fuerzas oscuras porque todos los corteros son negros y el color de su piel los convierte en sospechosos”.

La protesta de los trabajadores azucareros del Valle del Cauca y del suroccidente del país busca la mejoría de sus condiciones laborales y salariales, toda vez que en la actualidad carecen de contrato laboral, seguridad social en salud, prestaciones sociales y padecen el desconocimiento de los más elementales derechos de los que goza un trabajador en cualquier parte del mundo.

Finalmente Piedad invitó al país a abrir el debate sobre la nueva expresión de la esclavitud, que se aprovecha de la necesidad de la gente para explotarla a través de las cooperativas de trabajo asociado.

Estudiantes rechazan criminalización de la protesta social

El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad inicia una movilización en contra de la criminalización de protesta social y estudiantil promovida por el presidente Álvaro Uribe. Los grupos convocan los sectores sociales y populares del país y a la opinión pública internacional a cerrar filas en defensa al derecho a la oposición y al disentimiento de las políticas estatales
Según afirman, desde el pasado 9 de septiembre el gobierno colombiano ha iniciado una sistemática campaña de desprestigio del movimiento estudiantil, con el propósito evidente de deslegitimar las expresiones de oposición que de las políticas estatales se hacen desde distintos escenarios universitarios.
"El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado", afirman en comunicado.

El gobierno, agregan, se ha propuesto deslegitimar y descalificar las expresiones de oposición, por eso las señala temerariamente de ser apéndices de la guerrilla, contradiciendo su propio discurso, según el cual en el país no existe conflicto social y armado, y, gracias a la seguridad democrática, están viviendo "el fin del fin" del movimiento insurgente.

Ya van 41 sindicalistas asesinados en Colombia en 2008

A finales de agosto , un nuevo asesinato, de factura paramilitar, del sindicalista Alexander Blanco Rodríguez eleva a 41 el número de sindicalistas muertos en 2008 en Colombia, entre otros centenares de militantes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, desaparecidos, represaliados o perseguidos.
La CUT (principal sindicato de Colombia) se refería así al crimen en un comunicado:

"El dirigente sindical ALEXANDER BLANCO RODRIGEZ fue asesinado el martes 26 de agosto del presente año en el municipio de Cantagallo aproximadamente a las 10:00 de la noche por sicarios, quienes se acercaron al equipo donde el compañero estaba entregando su turno de trabajo y fue asesinado frente a sus compañeros.
El compañero ALEXANDER BLANCO RODRIGUEZ era miembro activo de las organizaciones sociales del municipio de Cantagallo (Bolivar), que proveen la mano de obra a las firmas contratistas al servicio de ECOPETROL quien laboraba para la empresa de perforación de pozos petroleros.
Para la dirigencia sindical y los trabajadores, la vulnerabilidad en la que se encuentran laborando en el territorio nacional en todas las actividades de la industria petrolera, frente a la instauración como política de Estado de la contratación de reinsertados de los grupos paramilitares.
Exigimos que el Estado se responsabilice por que este crimen no quede en la impunidad ya que la Central Unitaria de Trabajadores viene aportando una alta cuota de vidas por que hasta el momento hemos perdido en el presente año 41 sindicalista entre dirigentes y afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores.
Llamamos a la opinión Pública Nacional e Internacional y a todas las organizaciones Democráticas a rodear al movimiento sindical colombiano en la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las victimas del terrorismo de Estado".

Crecen los asesinatos a sindicalistas

Por Juan Carlos Hurtado Fonseca (*)

En el Gobierno de la "seguridad democrática", los derechos laborales y las garantías de vida de los trabajadores han sido los más vulnerados.

“Ni porque tienen el interés de que les aprueben el TLC con Estados Unidos, el Gobierno y los empresarios cesan la persecución para lograr el exterminio del movimiento sindical", aseguró a VOZ un dirigente de los trabajadores. Y es que las cifras sobre ejecuciones extrajudiciales; la cantidad de conflictos en empresas generados por la negativa patronal a exigencias de derechos laborales garantizados en la Constitución Política; el trabajo de los medios de comunicación que han logrado crear en el inconciente colectivo una cultura antisindical; el despido de trabajadores sindicalizados; las trabas en el Ministerio de la Protección Social para el registro sindical y el acoso laboral a quienes intentan organizarse; muestran que los empleadores saben utilizar todas las maneras posibles para negar un derecho de las sociedades democráticas y defender sus mezquinos intereses.

Algunos ejemplos

En este sentido, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, los funcionarios cuentan con una asociación de carácter cooperativo con alrededor de cuatro mil afiliados, estos contratan con trabajadores quienes crearon Sintracorfeinco, organización en proceso de registro sindical en el Ministerio de la Protección Social. Pero las personas que están en administración de la asociación, aunque fueron sindicalistas, no recibieron bien la creación de la organización de trabajadores y procedieron a perseguirlos, como cualquier patrón. Actualmente se han despedido ocho trabajadores con fuero sindical. «Los trabajadores aseguran que esto no le interesa a la entidad porque ya cuenta con el dinero para pagar las posibles indemnizaciones a que los obliguen. Pero han interpuesto una acción de tutela solicitando el reintegro y el pago de los salarios que han dejado de recibir, con sus debidas prestaciones», asegura Alfonso Ahumada de la CUT, Bogotá.

El sindicato se constituyó hace tres meses y los funcionarios fueron despedidos hace dos. Dirigentes de la CUT han realizado algunas reuniones con las partes para hacer ver que el derecho de asociación es un derecho fundamental y los ha exhortado a solucionar todo por la vía del diálogo.

Persecución oficial

Por otra parte, desde el Ministerio de la Protección Social los trabajadores sienten actitudes contrarias al derecho de asociación, especialmente hacia los sectores orientados por la CUT. Las solicitudes de registro de constitución de los sindicatos o inscripción de junta directiva que no encuentre obstáculos por parte de funcionarios de esta entidad estatal, son pocas. En la constitución del sindicato de trabajadores de la empresa de transporte urbano Rápido Pensilvania, después de reuniones en horas de la madrugada para poder constituir la organización, los conductores pasaron la documentación al Ministerio. El funcionario aceptó el registro sindical, pero en el proceso la empresa con un sindicato de carácter patronal, interpusieron un ron aceptados y valederos para luego negar el registro.

De la misma manera, en el registro del nuevo comité ejecutivo de la CUT, subdirectiva Bogotá, se presentaron todos los documentos, aparece el oficio remisorio donde se hace la relación de todos los requerimientos, pero la respuesta es que faltan papeles que ya se habían anexado. «Creemos que el Ministerio está haciendo un papel a favor de los empresarios, además, tienen comportamientos para hacerle el favor a organizaciones que han aparecido con el propósito de crear una cuarta central en Colombia, de carácter uribista. Se le da prelación a esto porque Uribe está afanado ya que todas las centrales obreras están contra él», explica Alfonso Ahumada.

Conflictos en textileras

Desde hace cuatro meses, la textilera Maquila en Bogotá, se encuentra en huelga por parte de 30 trabajadoras cabeza de familia. La empresa, como su nombre lo indica es una maquiladora para la empresa Vesta, ambas del mismo dueño.

Ocho meses atrás, Maquila tuvo alrededor de 70 operarios, pero la empresa no respondió con las necesidades de los trabajadores, hubo violación a la convención colectiva y en el último año no ha pagado los salarios de manera cumplida, una de las causas de la huelga, pues al inicio del cese de actividades a los trabajadores se les adeudaba casi ocho salarios. La administración afirma no tener posibilidades de producir la única opción que es la liquidación, pero ésta no se ha solicitado ante la Superintendencia de Sociedades. El conflicto trae graves consecuencias para los trabajadores porque son pocos los activos representados en algunas máquinas de la fábrica. Según líderes sindicales, «La empresa no está interesada en solicitar la liquidación, para tener una retaliación contra las trabajadoras que exigieron sus derechos».

Asimismo, la empresa Unihilo en Bogotá, cuenta con alrededor de 400 trabajadores de los cuales 125 están sindicalizados, aunque resistiendo la persecución de la administración que despidió a 14 de ellos, reintegrados después por sentencia vía tutela. Los trabajadores presentaron un pliego a través de Sintratextil, con puntos relacionados a la estabilidad, el sistema de contratación, primas, subsidio de transporte e incremento de salarios, entre otros. Por su parte la empresa presentó un pacto colectivo para contrarrestar las exigencias de los trabajadores, sin llegar a un acuerdo en el tiempo estipulado legalmente. Después de seis meses se conformó el tribunal de arbitramento y el conflicto está en espera.

40 sindicalistas asesinados

La forma más violenta de perseguir a los trabajadores se impone en la actualidad. Así lo deja ver el último informe de la Escuela Nacional Sindical, ENS, que registra la ejecución extrajudicial de 40 trabajadores sindicalizados. «En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007», asegura y agrega, «Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los ocho meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior».

En unos de sus apartes el informe reconoce, «El sindicato más golpeado es Fensuagro, Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria, filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutep, con cuatro homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del Inpec, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados. Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.

Preocupante situación en Santander, por amenazas. Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad del total nacional en este solo departamento. Los otros departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia, donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9 casos, y Norte de Santander con siete».

(*) Artículo aparecido en el semanario "Voz", del Partido Comunista de Colombia (PCC)

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ACSUR-Colombia, Agencia Prensa Rural-Colombia, Adital, Rojo y Negro Digital, Voz-Colombia)

Haití: Huracanes y pobreza

HAITÍ NECESITA AYUDA MASIVA Y URGENTE PARA SALIR DE LA DOLOROSA AGONÍA A LA QUE LE ARROJARON LOS ÚLTIMOS HURACANES

Haití vive situación de emergencia extrema tras los últimos huracanes y tormentas que afectaron a este país caribe. Lo asegura la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Josette Sheeran, por lo que llama al mundo a unir fuerzas para enfrentarla.

Después de una visita de 48 horas, Sheeran constata que los daños dejados por los fenómenos meteorológicos, especialmente en Gonaives (norte), la ciudad más afectada por las inundaciones, son muy graves. Las lluvias y sus consecuentes inundaciones dejaron 426 muertos, 50 desaparecidos, más de 800.000 damnificados y ocasionaron severos daños a las infraestructuras y las plantaciones agrícolas.

Sheeran afirma que nunca había visto tantos daños en el sector agrícola y que el impacto de las pérdidas es "terrible".Estima en 34 millones de dólares los recursos necesarios para suministrar alimentos a los damnificados durante los próximos 6 meses en este empobrecido país ."El periodo ciclónico no ha terminado y no llegamos a asistir a todos los que necesitan ayuda", enfatizó, precisando que solamente 285.000 personas recibieron asistencia alimentaria del PMA.

Haití necesita algo más que caridad

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Haití, René Preval, imploró a los líderes mundiales que se comprometan en soluciones de largo plazo para su país. "El daño causado por estos cuatro huracanes sucesivos en menos de dos meses ha hecho retroceder varios años a Haití", dijo Preval.
El paso de las tormentas tropicales Fay y Hanna y los huracanes Gustav e Ike entre finales de agosto y comienzos de septiembre barrió con el 60% de las cosechas, destruyó caminos, puentes y poblaciones.
La población de Haití -el país más pobre de toda América Latina- ya tenía serios problemas alimentarios incluso antes de la catástrofe
El presidente Preval dijo que no es posible poner fin a los ciclos de pobreza y desastres con "un paradigma de caridad". El presidente René Preval, insistió ante la Asamblea General, que la ayuda debe continuar: "Una vez que se agote la primera ola de compasión humanitaria quedaremos otra vez como siempre, completamente solos para enfrentar nuevas catástrofes y ver reaparecer, como si fuera un ritual, los mismos ejercicios de movilización".
Pero esta vez ni siquiera frente a la tragedia presente el dinero fluyó en ayuda de los haitianos como se esperaba. La ONU aún no ha recibido ni siquiera el 5% de los 108 millones de dólares que aspiraba a reunir.

Desesperación ante la falta de ayuda

La crudeza de los fenómenos ha hecho casi imposible llevar agua y comida a los centenares de miles de personas que están desesperadas por ayuda. En el pequeño poblado de Cabaret, al norte de la capital Puerto Príncipe, las personas, desesperadas porque no tienen alimentos ni suministros médicos.
En el pueblo de Asna están sufriendo y no reciben ayuda alguna :"No sé si alguien vino cuando yo no estaba aquí, pero la realidad es que no he recibido nada. Nada de nada. Ha sucedido lo mismo con todos mis amigos que están conmigo ahora", dice Madeline Sharl, damnificada .

Muchas organizaciones extranjeras están en el país, pero la gente piensa que no hacen lo suficiente. Sarah Wilson es parte de un equipo de evaluación de la organización humanitaria, Christian Aid, dice que necesitan tiempo para identificar las áreas que precisan de ayuda y encontrar a los más vulnerables. "Si la ayuda es lanzada desde aviones -como se ha hecho en el pasado- eso puede ocasionar migraciones masivas. Las personas pueden caminar por millas para llegar a esa comida, eso los puede agotar más y puede ser que no quede mucho cuando lleguen".

Pero en Cabaret, Madeline Sharl, otra víctima de la devastación ocasionada por el huracán, también culpa al gobierno: "Algunos fuimos afortunados al obtener un poco de agua, pero más allá de eso, nada".

Las crisis alimenticia y de salud de Haití

Por Rupa Chinai (*)

( En junio, la colaboradora del Programa de las Américas, Rupa Chinai realizó una gira por Haití como parte de un grupo de reporteros cubriendo el acceso a servicios de salud. La crisis alimenticia que ocasionó manifestaciones generalizadas en Haití saltó a los principales medios del mundo . Pero se sabe mucho menos acerca de la crisis silenciosa en los servicios de salud que está arrasando con vidas y paralizando a generaciones futuras. Ambas crisis tienen las mismas raíces: la pérdida de la soberanía alimenticia y la habilidad básica de una nación de dar de comer a su pueblo.)

Haití hoy día es un ejemplo trágico de cómo las naciones en vías de desarrollo pueden perder el derecho soberano de asegurar el acceso a servicios de salud cuando pierden el derecho a la autosuficiencia alimenticia bajo la globalización.

Según viajaba por las zonas rurales de Haití estudiando el acceso a los servicios de salud, rápidamente me di cuenta de que hay una ausencia de recursos y de voluntad política-tanto a nivel nacional como internacional-para resolver los problemas fundamentales de salud. Retos críticos para construir su infraestructura de salud básica, crear una base de conocimientos y destrezas dentro de sus recursos humanos, y producir comida nutritiva que fomenta la salud y la supervivencia de los pobres, siguen sin lograrse y en muchos casos, sin siquiera reconocerse.

Morir en Jacmel

Al examinar los servicios de salud en un hospital público en el departamento rural de Jacmel se puede apreciar la realidad de cerca. En la sala de las mujeres dentro de este hospital, las monjas-las únicas personas a la vista que están cuidando a las pacientes-ven desesperadamente a mujeres retorcerse de dolor, entrar y salir de comas, o yacer sangrando profusamente. El hospital no provee medicinas salvavidas de gratis y las mujeres son demasiado pobres para comprarlas.

El hospital público de Jacmel está situado en medio del departamento, por la costa, y sirve a una población de 500,000. Las personas que viven en las faldas orientales u occidentales o en las zonas interiores accidentadas carecen de acceso fácil a éste. No hay carreteras o transportación pública. Los pacientes que vienen de la periferia tienen que viajar hasta ocho horas por bote para llegar hasta Jacmel. El boleto cuesta $8, mientras que el HAITI ano promedio gana $50 al mes.
Incluso si los pacientes llegan al hospital de Jacmel, no hay garantía de que los servicios van a estar disponibles. El último cirujano que trabajó en este hospital partió en el 2004. No ha habido un anestesista en el hospital por más de un mes y ningún obstetra desde el 2006. A los doctores no le s pagan y muchos no están dispuestos a trabajar aquí. Los doctores carecen de salarios regulares, equipo y apoyo.

Al hacerle preguntas para una entrevista en la ciudad capital de Puerto Príncipe, el Ministro de Salud y Población de Haití, Dr. Robert Auguste dijo que el gobierno ofrece cuidado obstétrico de gratis en sus "centros de parto" y las mujeres pueden acudir a "promotores de salud" para obtener drogas gratis. Así es que, ¿por qué no están ubicados dentro del único hospital público en todo Jacmel? No he recibido contestaciones claras.

"Todavía estamos lidiando con una situación muy difícil en términos de proveer servicios de salud al pueblo", dijo el Dr. Auguste. "Pero estamos coordinando con donantes y organizaciones internacionales para mejorar el sistema de salud de Haití. Haití ha vivido con más de 20 años de desorden y estamos empezando a reconstruir nuestra nación", dijo.
De acuerdo a las ONGs HAITI anas, las agencias gubernamentales no están proporcionando medicinas básicas salvavidas. Mientras que la Organización Mundial de Salud provee algunas drogas generales, la mayoría de los donantes de Haití se enfocan exclusivamente en las medicinas VIH-SIDA.

Haití solo tiene un doctor por cada 10,000 personas en su población entera. Una gran cantidad de los profesionales médicos de Haití han dejado el país para trabajar en otros lugares y Haití ahora depende de Cuba para sus doctores adiestrados. Haití y Cuba tienen un acuerdo de cooperación de 10 años para el desarrollo de los profesionales médicos de Haití. Los doctores HAITI anos entrenados allá tienen que prometer ofrecer 10 años de servicio gubernamental pero hasta la mitad rehúsan regresar o se van a trabajar en Estados Unidos.

Por tres semanas corridas, el hospital de Jacmel ha estado sin electricidad tras haberse quebrado el generador sobrecargado y no tener mecanismo de respaldo alguno. El suministro de electricidad del pueblo, con base en la gasolina, se ha deteriorado-los consumidores no pueden pagar por el aumento en el costo de combustibles y por lo tanto el suministro se limita a apenas dos horas al día-con suerte. Durante nuestros cuatro días en Jacmel, la ciudad nunca tuvo electricidad. Sólo hay una ambulancia en el Hospital de Jacmel, el cual se supone que sirva al departamento completo.

Los problemas principales de salud de Haití tienen que ver con la alta mortalidad materna e infantil; la tuberculosis, VIH-SIDA, malaria, enfermedades infecciosas, alta presión de la sangre y problemas dentales, nota Deslouches Gaston, el Director de Servicios de Salud de Jacmel.
"Los recursos humanos y todo lo demás está en Puerto Príncipe", admite Gaston. Pero los pacientes no pueden viajar directamente a la capital para el tratamiento. A pesar de que están severamente enfermos, se ven forzados a perder dos días de viaje para venir primero al Hospital de Jacmel y ser referidos. La elite de Haití procura servicios en el país vecino de la República Dominicana o en Estados Unidos. El resto, como las mujeres en la sala de las mujeres del Hospital en Jacmel, no tienen más remedio que esperar a morir.

La relación entre la crisis alimenticia y la de la salud Los pacientes procuran atención médica profesional como última medida. Aparte de las dificultades en el acceso, sólo aquellos con dinero pueden tomar decisiones oportunas para ir a una instalación de salud. El alto índice de mortalidad materna-630 de cada 100,000-mayormente se debe a la anemia, la cual ocasiona complicaciones relacionadas al embarazo tales como la eclampsia y las hemorragias y el nacimiento de bebés de bajo peso, y se puede tratar fácilmente si se detecta a tiempo.
El índice de mortalidad infantil de Haití es de 87 de cada 1,000 para los niños de menos de cinco años de edad; 53 de cada 1,000 para aquellos de menos de un año, dice la oficina de UNICEF de Haití. Las causas principales de muerte son la pulmonía y la diarrea.

"En el contexto regional, la situación está muy mala", dice una portavoz de UNICEF en Haití, la Dra. Teresa de la Torre, directora de salud y nutrición. "No hay país en la región de las Américas que tenga indicadores comparables. El índice de mortalidad materna es comparable a los peores países africanos. La vulnerabilidad es extrema debido a la mala nutrición", dice.
UNICEF señala estudios que demuestran que 23% de los niños en Haití sufren de desnutrición "crónica" mientras que el 9% están "sumamente" desnutridos. En algunas zonas de Haití la desnutrición aguda ha llegado al 10%, una marca que exige apretar "el gatillo de emergencia" de acuerdo a los estándares internacionales, dice UNICEF.

La desnutrición crónica está muy generalizada en Haití y es una causa subyacente de otras enfermedades. Afecta el desarrollo a largo plazo y el potencial del niño. Para la edad de dos, su impacto en el niño es permanente. La desnutrición aguda se reconoce por las piernas torcidas en arcos, y las piernas y brazos hinchados y delgados. Esto surge de la falta de comida nutritiva-alimentos básicos y micronutrientes. Las mujeres jóvenes necesitan tener acceso a tales comidas mucho antes de que salgan embarazadas. Las intervenciones durante el embarazo son demasiado tarde. Se ha revelado en estudios internacionales el vínculo entre bebés de bajo peso y las enfermedades del corazón una vez llegan a ser adultos.

Incluso el Banco Mundial (el cual no se conoce por preocuparse de los indicadores sociales) se refiere a la desnutrición crónica en Haití como el "obstáculo principal" que impide sacar al país de la pobreza, señaló el portavoz de UNICEF.

Los esfuerzos de UNICEF en pro de los niños en Haití tienen que ver con las vacunas, y con llevar a cabo inspecciones y preparaciones para promover la "comida terapéutica". Este suplemento listo para consumir en el instante está elaborado de leche, cacahuates y micronutrientes químicos añadidos. "Se considera una droga y se debe utilizar de cierta forma-en cantidades específicas y a cierto ritmo. Es un tratamiento y es importante que permanezca como tal", clarificó UNICEF.

Las agencias de salud laborando en Haití, incluyendo a UNICEF, saben claramente que las drogas y las terapias alimenticias no abordan asuntos claves-la producción nacional de comida y la restauración de la autosuficiencia agrícola.

"No estamos prestándole atención a la producción nacional de alimentos. Estamos importando todo, incluyendo plátanos y frutas cítricas de la República Dominicana. Durante la década de 1950 Haití le daba de comer a otras islas del Caribe. No le hemos dado importancia a desarrollar su potencial durante los últimos años", dijo Elisabeth Augustin, una HAITI ana que trabaja con una agencia de ayuda internacional.

Aparte de los cubanos, las agencias de ayuda europeas y canadienses han procurado enfrentar el desarrollo a largo plazo de los servicios de salud de Haití enfocándose en la salud materna y del niño. Han donado al desarrollo de la atención médica primaria, salarios, adiestramiento de trabajadores comunitarios de salud y parteras locales, y materiales para la educación preventiva.

Este esfuerzo sin embargo se limita a cinco proyectos de escala menor esparcidos por el país. No cubre a Jacmel. Mientras tanto, algunos filántropos individuales en EEUU le brindan apoyo a los orfelinatos de Haití, pero la mayoría de los 200,000 niños huérfanos no reciben apoyo organizado, de acuerdo a UNICEF.

VIH-SIDA en el contexto de la crisis de salud La mayoría del dinero de ayuda que está entrando a Haití tiene como enfoque en VIH/SIDA y tiene que ver con "protagonistas muy grandes" para quienes "el dinero no es un problema", dice UNICEF. A la cabeza está el gobierno de EEUU, el cual es el donante más grande de Haití, y un suplidor mayor de drogas farmacéuticas. Mucho de este dinero, sin embargo, se encuentra dirigido de vuelta a las industrias estadounidenses, las cuales han invertido grandemente en las medicinas y diagnósticos del VIH/SIDA.

El gobierno de George W. Bush inició el "Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA" (PEPFAR por sus siglas en inglés). El programa provee medicinas antiretrovirales (ARV) y estuches diagnósticos para la detección del VIH/SIDA. Mientras que el número de personas afectadas por el VIH/SIDA en Haití se proyectaba ser 5% en 1989, recientemente ha disminuido a 2.3% tras estudios comunitarios más comprehensivos.

El régimen vitalicio ARV requiere apoyo de laboratorio vigoroso para vigilar de forma regular a los pacientes que están tomando la medicina. También se necesitan técnicos altamente entrenados que puedan asegurar resultados precisos. Ambos son extremadamente escasos es Haití. Y mientras la medicina ARV ayuda a prolongar la vida, no ofrece una cura y no hay evidencia de cómo ayuda a las poblaciones desnutridas con una carga pesada de enfermedades que no pueden sobrevivir sólo de tabletas. EEUU mientras tanto no provee garantías de que el suministro gratis de estas medicinas costosas ARV van a continuar indefinidamente para pacientes que ya están en pleno tratamiento.

"El programa de planificación familiar de Haití también comenzó así", dice Marie Mercy Zevllos, Directora del Hope Centre, el cual provee consejería sobre el SIDA. "Inicialmente recibíamos todo el apoyo necesario-técnico y financiero. Pero cuando el gobierno cambió en EEUU el programa se acabó. El acercamiento actual es bueno para la industria farmacéutica en EEUU. Está ayudando a HAITI anos, pero también procura ayudarse a sí mismos".

La preocupación evidente con suministrarle medicinas para la SIDA a Haití no se ha extendido a otras medicinas salvavidas que afectan a la gran mayoría de la población. Incluso a las medicinas para las "infecciones oportunistas" relacionadas al SIDA como la tuberculosis o diarrea no les han prestado atención. Y mientras las cifras crecientes de enfermedades señalan una gama completa de problemas de salud y el sistema de salud se está desmoronado, el gobierno junto con los cabilderos del SIDA auspiciados por EEUU cantan victoria en disminuir el VIH/SIDA en Haití.

Otro caso omiso del discurso dominado por el SIDA sobre la salud HAITI ana es el papel vital de la comida nutritiva producida localmente, el agua limpia y la sanidad, y la diferencia que haría en todas las enfermedades de forma general. Una HAITI ana que trabaja en el departamento de visados de la Embajada de EEUU reportó que está viendo un número creciente de personas pobres que están sufriendo de "enfermedades extrañas debido a la nutrición pobre". Están siendo ayudados por algunas ONGs con base en EEUU para obtener tratamiento en su país. Tienen síntomas tales como cáncer o lesiones de la piel o retención del agua en el cerebro. Los que no pueden conseguir ayuda no tienen otra opción aparte de morir, dijo.

La solución puede radicar en alternativas tradicionales y comunitarias El vudú, una práctica de cura y religión tradicional traída a Haití por los primeros esclavos africanos, es una fuerza de gran envergadura en las vidas de los HAITI anos. A pesar de que se reconoce oficialmente, no ha recibido mucho apoyo del gobierno, se queja Celestin Saummervil, un sacerdote del vudú. De acuerdo a él, el vudú junto con el uso de medicinas tradicionales realiza un papel importante en curar ciertos problemas de salud y se debe tratar antes de procurar la medicina moderna.

Saummervil dice que los curanderos tradicionales han recibido adiestramiento de doctores profesionales y que ellos refieren a pacientes a hospitales, pero que la colaboración es unidireccional porque la iglesia cristiana se opone al vudú. Mientras que el vudú puede usar la "magia negra" para causar daño, la mayoría de los sacerdotes vudús creen que se debe usar para proteger y ayudar a las personas y esforzarse por hacer el bien, enfatizó.

"La situación a la cual se enfrentan los pacientes rurales da pena porque no tienen acceso a la medicina moderna y el gobierno no los está ayudando. Nos sentimos mal porque no podemos hacer todo lo que queremos por ellos", añadió Saummervil. Mientras que el gobierno HAITI ano reconoce la importancia de elaborar medicinas herbales, no ha podido brindar apoyo substancial para su desarrollo, dada la plétora de sus prioridades.

Escasos de personal médico adiestrado y sujetos a la inestabilidad política constante, el gobierno HAITI ano no ha podido planificar más allá del "estado de emergencia". En esta situación, algo de esperanza radica en el surgimiento de organizaciones de base comunitarias que están empezando a tomar el mando al entender los factores que pudieran sostener su propia salud y medio ambiente.

Una de estas iniciativas se puede apreciar en Marigot. Allí organizaciones locales de jóvenes están sembrando árboles. La reforestación es clave para salvaguardar la capa superior del suelo y rejuvenecer su fertilidad con el fin de restaurar la autosuficiencia alimenticia local. En Puerto Príncipe, una barriada revela cómo el apoyo técnico y financiero de la India, Brasil y Sudáfrica está ayudándolos a llevar a cabo un proyecto piloto para la creación de ladrillos combustibles hechos de desperdicios. Esta iniciativa está satisfaciendo las necesidades de energía doméstica y generando ingresos, y además ha disminuido la violencia en la comunidad.

Otra fuente de esperanza es el desarrollo de asociaciones entre los países del sur global que pueden compartir experiencias relevantes a nuestras condiciones y construir redes de apoyo para desarrollar destrezas y conocimientos. Los periodistas HAITI anos hablaron sobre la necesidad de desarrollar vínculos con los países africanos y asiáticos que les permitan aprender de las experiencias de los países desarrollados que son relevantes para sus necesidades.

(*) Rupa Chinai es un periodista independiente con base en Mumbai. Su viaje a Haití fue auspiciado por Media 21, una red global de periodistas, e Infosud, una agencia noticiera suiza rupachinai68@yahoo.com Versión original: HAITI 's Compounding Food and Health Crises. Traducción por: Annette Ramos

(Fuentes: El Financiero-México, Radio Cooperativa-Chile, BBC-Mundo y Adital)

EE.UU: Crisis bancaria

¿ESTAMOS ASISTIENDO AL FINAL DE LA REPÚBLICA?
Por Jesse Jackson (*)

¿Estamos asistiendo al final de la República? ¿Suena histérico? Pues miren cómo el secretario del Tesoro, Hank Paulson, propone administrar los 700 mil millones de dólares –unos 2 mil dólares por cada hombre, mujer y niño de los EEUU— que precisa para rescatar a los bancos.

Exige poder para comprar "los activos en dificultades de todas las instituciones financieras… en los términos y bajo las condiciones que determine el Secretario", y sus decisiones "no podrán ser revisadas por ningún tribunal de justicia ni por agencia pública alguna", de acuerdo con el texto de la propuesta legislativa del Departamento del Tesoro de los EEUU. En otras palabras, dadle 700 mil millones de dólares para que los gaste según le acomode y cerrad el pico.

La ocasión propiciatoria de este insulto a la Constitución republicana es la peor catástrofe financiera desde los tiempos de la Gran Depresión. En sustancia, se nos mantiene bajo chantaje: o nos dais el dinero en los términos exigidos, o los bancos se cargarán la economía global.

Sabemos cómo se ha llegado hasta aquí. Décadas de políticas económicas temerarias y de ideas insensatas —desregulación, desmantelamiento de las agencias reguladoras, aparición de un sistema bancario en la sombra al que se consintió desarrollarse sin límite alguno, fundamentalistas de mercado sermoneando sinsentidos sobre mercados siempre eficientes y siempre autocorrectores— dejaron a los tahúres de Wall Street vía libre para especular a sus anchas. Tomaron a préstamo cantidades ingentes, inventaron nuevos y complejos instrumentos y, de paso, se metieron millones en los bolsillos. Buena parte de todo eso dependía del alza de los precios inmobiliarios. Prestamistas predadores perpetraron préstamos a gentes que carecían de medio alguno para devolverlos.

Cuando los precios de la vivienda llegaron a su punto máximo, los bancos se encontraron con miles de millones de papel tóxico y con billones atrapados en créditos de permuta financiera. Ahora exigen disponer libremente de 700 mil millones de dólares que, dicen, permitirán controlar la crisis.

El secretario del Tesoro Paulson dice que el Congreso debe actuar sin dilación. Bien, un momento. Si se precisan 700 mil millones para rescatar a los antiguos colegas de Paulson en Wall Street, antes hay que plantearse algunas cuestiones:

-¿Quién paga? Los beneficios del crecimiento económico en la pasada década han ido a parar abrumadoramente a los norteamericanos más ricos. Pásele la factura a los que tuvieron la fiesta. Necesitamos un impuesto extra sobre los ingresos altos para deshacer el entuerto.

-¿Quién decide? No podemos permitir que las gentes que han originado esta catástrofe se encarguen de arreglarla. Necesitamos una entidad independiente, gobernada por una comisión de la que formen parte representantes sindicales y de los consumidores y con capacidad para fijar las reglas de cualquier rescate.

-¿Quién se beneficia? Si el contribuyente tiene que rescatar a los bancos, el contribuyente debería acceder, ya fuera parcialmente, a la propiedad de los mismos: así, si los bancos vuelven a ser rentables, recuperaríamos parte de nuestro dinero.

-¿A quién se ayuda? No podemos limitarnos a rescatar Wall Street e ignorar al resto de la población. El rescate debe ser de abajo arriba, no de arriba abajo. Cualquier rescate debe incluir cláusulas de renegociación de las hipotecas, frenando las ejecuciones hipotecarias y los embargos y manteniendo a la gente en sus casas.

-¿A dónde va la economía? No basta con rescatar a los bancos. Necesitamos inversión seria en la economía real: para reconstruir nuestras escuelas y nuestras alcantarillas, para crear puestos de trabajo verdes y conservar el medio ambiente de forma que se incorpore de nuevo a la gente al trabajo.

-¿Quién es independiente? Los comités de control y los supervisores no pueden estar a sueldo de Wall Street. Los lobistas del sector financiero deberían quedar fuera de circuito por lo menos durante un año. Los legisladores deberían rechazar honorarios y donativos de Wall Street durante al menos los dos próximos años.

- ¿A quién hay que exigir responsabilidades? Ningún ejecutivo de una empresa rescatada debería poder cobrar más que el Presidente de los EEUU.

-¿Actuará el Congreso con sabiduría bastante como para reencarrilarnos? ¿O despilfarrará más dinero todavía en Wall Street sin que los EEUU mejoren? Más nos valdría a todos que el Congreso no se equivocara esta vez.

(*) Artículo publicado en Counterpuch, el 23 de septiembre de 2008. El Reverendo Jesse Jackson es un conocido dirigente político afroamericano que compitió varias veces en los 80 para su nominación como candidato Demócrata a la Presidencia de los EEUU.
(Fuente: Sin Permiso)

Puerto Rico: Movimiento por la Independencia

MILES DE PERSONAS EXIGEN JUSTICIA EN EL TERCER ANIVERSARIO DEL ASESINATO POR EL FBI DEL INDEPENDENTISTA FILIBERTO OJEDA RÍOS

En un acto convocado por diversas organizaciones sociales de Puerto Rico se rindió homenaje el 23 de septiembre a Filiberto Ojeda Ríos, líder y fundador del clandestino Ejército Popular Boricua “Los Macheteros”, muerto hace tres años a manos de un agente del FBI. Su cuerpo se desangró el 23 de septiembre de 2005, después de ser herido por el agente policial. Ojeda era el puertorriqueño más buscado por la policía estadounidense, después de que en 1990 se liberó de un grillete electrónico que le habían colocado en un tobillo, para controlar su libertad condicional en espera de un juicio. El dirigente independentista había sido liberado en 1988 después de pagar un millón de dólares de fianza y tras estar tres años en prisión por el robo de 7.2 millones de dólares a un camión blindado de la compañía Wells Fargo en 1983. El dinero, robado en Estados Unidos, fue distribuido en regalos a niños pobres en Puerto Rico y para promover la independencia dela isla. Su muerte se produjo en un masivo operativo especial de la FBI para capturarlo, en su residencia de un barrio del occidental municipio de puertorriqueño de Hormigueros.

Esta es la crónica del homenaje publicada en el blog 'Mear fuera del tiesto'.

Por Norma Valle (Desde la isla Caribe) (*)

Los miles de independentistas puertorriqueños que asistieron el 23 a la conmemoración del 140 aniversario del Grito de Lares, también exigieron que se responsabilice formalmente al FBI del asesinato del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, ocurrido el 23 de septiembre de 2005. A los gritos de “todo boricua machetero” militantes de diferentes organizaciones que luchan por la independencia de Puerto Rico demandaron que el Federal Bureau of Investigations (FBI) entregue a los agentes que asesinaron a Ojeda Ríos, el líder del Ejército Popular Boricua-Macheteros.

Ojeda Ríos fue el ideólogo y uno de los fundadores de Los Macheteros, la organización clandestina independentista que hizo numerosas acciones de guerra contra el gobierno invasor de los Estados Unidos en Puerto Rico. Entre las acciones por las cuales Los Macheteros se responsabilizaron están el ataque a la Base Aérea Muñiz, en la que se volaron 11 aviones de las fuerzas aéreas (considerado por EEUU como el ataque más importante en su contra en tiempos de paz); ataque a la Base Naval de Sábana Seca, dónde murieron dos marines y nueve quedaron heridos y el espectacular robo de la compañía Wells Fargo en Hartford (1983), Conecticut, en el cual cargaron con un botín de $7 millones de dólares .

Desde temprano en la década de los ochenta Filiberto Ojeda, quien continuamente envió comunicados explicativos a los medios y a las organizaciones independentistas, estuvo entre los más buscados del FBI, que ofrecía millones por su captura. Cuestionado sobre si se consideraba un “terrorista”, Ojeda Ríos contestó en una entrevista que “aquí el único terrorismo es el de los Estados Unidos. Puerto Rico es un país intervenido y la ley internacional reconoce el derecho de los pueblos a luchar por su independencia”. En otra ocasión afirmó que “el clandestinaje no es una situación romántica, es un producto de la necesidad”.

El 30 de agosto de 1985, de madrugada, el FBI arrestó a varios allegados miembros de Los Macheteros. La casa donde se alojaba Filiberto fue rodeada por decenas de agentes; pero Ojeda Ríos salió disparando e hirió a varios agentes. En el juicio que se le hizo a raíz de ese incidente fue absuelto por el jurado, que entendió que “actuó en defensa propia”. Sin embargo, se le acusó formalmente del robo de la Wells Fargo, por lo que se le puso un grillete electrónico.

Antes del juicio en Hartford, Ojeda Ríos fue entrevistado en varios medios, asistió a conferencias y múltiples reuniones, la gente lo escuchaba, lo tocaba y lo admiraba. El 23 de septiembre de 1990, la histórica fecha del Grito de Lares, Ojeda Ríos en un acto simbólico dejó su grillete electrónico frente a las puertas de 'Claridad', el periódico que desde hace 49 años defiende la independencia para Puerto Rico. Ojeda Ríos se sumergió entonces en la clandestinidad sin presentarse al juicio en los Estados Unidos. Durante 15 años vivió entre su pueblo, que lo protegió, siempre enviando comunicados que los medios publicaron y que se conocieron a través de la radio.

El FBI también escogió la fecha del 23 de septiembre, esta vez del 2005, para asaltar con más de 200 agentes, que fueron traídos en aviones directamente desde EEUU (no se contó con los agentes de Puerto Rico ni con la Policía) la casita de madera en el campo de un pequeño pueblo del oeste de Puerto Rico, donde vivía Filiberto Ojeda Ríos con su esposa. Cuando lo sorprendieron el líder machetero tenía 72 años de edad. Pero vestido de fatiga logró sacar de la casa a su esposa y ponerla a salvo, para luego batirse a tiros con los agentes. Otra vez hirió a varios. Con miras telescópicas y armas largas los agentes lograron herir a Ojeda Ríos y mientras los militantes independentistas que conmemoraban Lares escuchaban su voz, el mensaje grabado que enviaba todos los 23 de septiembre a Lares, el líder revolucionario se desangró.

A pesar de la censura que rigen los documentos del FBI, solicitados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, se supo que durante varias horas ya los agentes sabían que Ojeda Ríos yacía en el suelo, pero permitieron que se desangrara y muriera lentamente.

El tiroteo de los agentes del FBI alertó a los vecinos del barrio rural donde vivía el Machetero, y como pólvora se regó la noticia “han atrapado a Filiberto”. Miles de personas se tiraron a la calle a protestar: frente a los portones de la finca, dónde el FBI acordonaba el terreno, ante el Tribunal de EEUU en Puerto Rico. Su velorio duró tres días, el silencio que había reinado sobre el líder se levantó y miles asistieron a su entierro. Y hoy, al grito de “todo boricua machetero” los puertorriqueños, de todas las tendencias políticas, siguen exigiendo justicia para el líder revolucionario Filiberto Ojeda Ríos.

(*) Norma Valle, periodista, doctora en Historia y catedrática de la Universidad de Puerto Rico

Aumenta persecución contra independentistas

El FBI considera a los Macheteros como una organización terrorista. Por su parte, el movimiento independentista ha acusado a Estados Unidos de persecución política durante décadas.

Los independentistas denuncian un aumento en la persecución de las autoridades federales contra las personas que respaldan ese ideal. Liliana Laboy, quien fue objeto de un allanamiento a su casa en febrero de 2006, asegura que los agentes federales han retomado las prácticas intimidatorias de las décadas de 1960 y 1970, cuando visitaban las comunidades en las que residían los independentistas y pedían colaboración de los vecinos para sus investigaciones.
"A partir del 23 de septiembre de 2005 (cuando un agente federal mató de un disparo a Filiberto Ojeda Ríos durante un operativo) la persecusión continuó... Hay todo tipo de hostigamiento, hay visitas a los vecinos, y se les dice que (los independentistas) son terroristas", denuncia Laboy, portavoz de la Mesa de la Solidaridad contra la Represión.

La justicia norteamericana viene citando en las últimas semanas, tanto en Nueva York, como en Puerto Rico, a independentistas. Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, cuestiona las intenciones de las autoridades federales para citarlos ante un gran jurado. "El FBI conoce de sobra que la posición histórica del independentismo ha sido la no cooperación... utilizan la citación para que, a sabiendas de que no va a haber cooperación, tener la excusa para encarcelarlos", manifesta Pesquera. La no comparecencia ante un gran jurado puede resultar en por lo menos 18 meses de prisión por desacato.

Tras la muerte a manos de un agente federal de Ojeda Ríos, el sector independentista ha denunciado el incremento de las acciones en su contra. Así, en febrero de 2006, cinco meses después de la muerte, agentes del FBI allanaron seis inmuebles de independentistas en distintos puntos de la isla. En los pasados meses, varios activistas por la independencia de Puerto Rico han sido objeto de visitas a sus casas y de intervenciones en la calle por parte de agentes federales. Sobre la posición de algunos de que las autoridades federales no sólo intervienen contra los independentistas y que muestra de ello son las 24 acusaciones contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y los allanamientos contra el senador novoprogresista Jorge de Castro Font, el ex preso político Rafael Candel Miranda afirma que "a aquellos los acusan de fraude, robo; a los independentistas nos acusan de ser independentistas". "El FBI considera a los Macheteros como una organización terrorista. Por su parte, el movimiento independentista ha acusado a Estados Unidos de persecución política durante décadas".

(Fuentes: SDP-México, Mear fuera del tiesto-blog- y ABP-Agencia Bolivariana de Prensa)

Bolivia: Crisis Política

IGNACIO RAMONET: “EL PARTO QUE ESTÁ TENIENDO BOLIVIA NO ES POSIBLE SIN DOLOR”

- “Es normal lo que está pasando, porque es normal que las clases sociales que dominaron el país se resistan a admitir que ese período tan feliz para ellos se terminó”

Por Grover Cardozo (*)

-¿Qué lectura tiene Ignacio Ramonet de los problemas políticos y de violencia que sacudieron a Bolivia en las últimas semanas?

A pesar de las tergiversaciones que introdujeron los medios, yo diría que en definitiva es normal lo que está pasando en Bolivia porque es normal que las clases sociales que han dominado el país, que se han apropiado la riqueza y que explotaron a los trabajadores de Bolivia durante siglos se resistan a admitir que ese período tan feliz para ellos se terminó.

Les cuesta reconocer que el gobierno actual tiene toda la legalidad porque ha sido elegido democráticamente y que ese apoyo ha sido reiterado en el referéndum con un resultado que no admite discusión.

Por consiguiente Bolivia es un país que está en busca de justicia social hace mucho tiempo. El gobierno de Evo Morales aporta la esperanza de responder a esas aspiraciones de las masas bolivianas. No se trata de hacer nada extraordinario, sino sencillamente de repartir un poco mejor la riqueza, establecer avances que la mayoría de los países desarrollados conocen hace siglos: alfabetización generalizada, cuidado médico generalizado, derecho para los ancianos de tener una vejez igualmente digna, justicia para todos y fin de la discriminación étnica en particular hacia la mayoría indígena.

-¿El gobierno se mueve en los márgenes de la ley y entre aquello que le permite el estado de derecho?

Todos estos proyectos son perfectamente legítimos. Son proyectos que el pueblo boliviano está reclamando hace muchos anos y que el gobierno lo está aplicando tranquilamente con la fuerza que le da la legalidad democrática. Como siempre este es el enfrentamiento de los que llevan tanto tiempo reclamando justicia y los que no quieren perder sus privilegios.

-¿Hablas de que es normal lo que está haciendo el gobierno, y en esa consideración incluyes el costo de 30 muertos y muchos heridos?

Cuando digo normal, estoy señalando que no se puede poner en marcha un proceso de esta envergadura -dando por fin justicia a los reclamos de la sociedad boliviana- sin que ese proceso suscite reticencias, reservas y protestas por parte de aquellos que pierden sus privilegios de manera histórica y definitivamente, porque Bolivia está viviendo un momento en que la historia bascula, en que la historia cambia, porque ahora la historia se divide en dos. Antes de Evo Morales y después de él y por consiguiente ese parto no se puede hacer sin dolor. Es un parto que cuesta. El gobierno de Evo Morales y la autoridades que están llevando a cabo este cambio saben que habrá obstáculos en la marcha de semejante proyecto.

Lo que pasa es que se trata de un cambio histórico que tendría que ser pacífico porque es legal, porque no ha transgredido ninguna legalidad y tampoco ningún principio fundamental. El gobierno está aplicando el programa para que el que ha sido elegido, que es un programa de reposición de la soberanía nacional. Un programa de repartición de la riqueza nacional un poco más equitativo y busca reducir el nivel de discriminación y racismo que existe en la sociedad boliviana. Todas estas, son aspiraciones perfectamente legítimas y normales que tendrían que haberse producido mucho antes. Eran las raíces de la Revolución del 52 abortadas por todo lo que paso después y se producen con 50 años de retraso.

Por consiguiente la voluntad de la mayoría de la población de que esta vez no se falle, también es muy fuerte. Entonces la responsabilidad de estas muertes (30 campesinos) la tienen las fuerzas sociales que se resisten a este cambio y lo hacen utilizando métodos que no son compatibles con el debate democrático.

-¿Es un problema que se produce en Bolivia, pero alentado desde dentro y fuera de Bolivia?

Las fuerzas que se resisten el cambio tienen apoyos en el exterior del país. Muchas oligarquías latinoamericanas apoyan a estas fuerzas conservadoras porque otras oligarquías también están conociendo este proceso en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y en cierta medida en Brasil, Uruguay y Argentina. Estas oligarquías se dan cuenta que hay un fenómeno histórico poderoso que está moviendo a los ciudadanos latinoamericanos a que por fin se dé paso hacia un tipo de sociedad que los latinoamericanos merecen. Una sociedad de justicia, desarrollo, crecimiento y oportunidades para todos. El problema es que algunas personas, porque nacen en un tipo de familia o clase social, tienen más oportunidad que otras y eso no es normal.

-¿Que la desigualdad en América Latina va desde el punto de partida, lo que no es nada justo ni razonable?

Como punto de partida ya hay una desigualdad que no es normal. Eso no ocurre en una democracia verdadera, por lo menos no tan acentuadamente porque no se debe olvidar que en América Latina el abismo que separa a los más ricos de los más pobres es el más grande como en ninguna parte del mundo.

-¿Lo que sucede en Bolivia no sólo es efecto de fuerzas internas, sino también del exterior?

Todas las fuerzas progresistas y muchos ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad, esperan que Evo Morales prosiga con cambios pacíficos sin que ninguna fuerza exterior contribuya a agravar y envenenar las cosas y desestabilizar a este gobierno.

-¿Algunos sectores en Bolivia, en la prensa y en la política, incluidos los prefectos opositores, afirman que quienes antes eran excluidos en Bolivia, ahora tienen la tentación de excluir a otros.

A eso atribuyen sus movilizaciones incluida la que acabó en una tragedia?
Para que una democracia funcione democráticamente, la minoría debe respetar a la mayoría, porque en eso consiste el pacto sobre el que funciona la democracia. Las minorías no tienen el poder, no ejercen el poder pero tienen el respeto del poder, entonces las mayorías siempre tienen que tener el cuidado de guardar respeto a las minorías.

Por otro lado el argumento que consiste en decir que aquellos que han sido discriminados durante siglos y siglos y que ahora están en el poder, “ahora nos van a discriminar a nosotros”, es un argumento clásico de todos los cambios históricos. Lo que ocurre es que antes estaban en mayoría y ahora son minoría y de repente estiman y piensan que los que llegan ahora al poder los van a discriminar, porque piensan que se van a comportar como ellos. Lo que están haciendo con ese tipo de pensamiento y lógica es confesar que cuando ellos tenían la mayoría no respetaban a la minoría y los discriminaban porque eran mayorías electorales en situaciones donde muchas personas no votaban, como sucedía en Bolivia.

Entonces ese tipo de argumentación no se puede recibir porque nadie puede acusar a una personalidad como Evo Morales, cuya integridad moral, ética y tradición de lucha indican bien que es una personalidad muy respetuosa con todo lo que pueden ser minorías y personas. El sentimiento al que pertenece Evo Morales es un sentimiento humanista de respeto al ser humano. Entonces no lo pueden acusar de eso. Mas que acusaciones parecen acusaciones preventivas, como hay guerras preventivas, porque no se ha producido un racismo al revés. Lo que Bolivia ha conocido es el racismo de siempre y en particular contra los de siempre.

-¿La Cumbre de Unasur dio un sólido respaldo a la democracia boliviana y a Evo Morales, pero también recomendó que se instale el diálogo entre oficialismo y oposición? ¿Qué otros elementos debería tener ese diálogo que ayuden a superar la situación que se vive en Bolivia?

Yo creo que la reunión de Unasur ha sido un éxito para el gobierno boliviano porque el voto fue unánime. En América Latina nadie desea una desestabilización política o una intervención exterior. Eso pasó a la historia, a la historia de los gorilatos y América Latina afortunadamente está en otras vías y otras direcciones. Ahora la necesidad de dialogo es importante porque no se puede estar en contra y el hecho de que el presidente Lula haya estado de moderador es una garantía para todo el mundo de manera que se pueda avanzar dentro de la serenidad y la cordura. Bolivia no necesita más tragedias humanas porque ha conocido mucho de eso en su historia. Más bien necesita que de manera pacífica y solo con justicia social se llegue a la paz y sólo la paz permitirá la prosperidad para todos.

(*) Ignacio Ramonet es periodista y escritor español residente en Francia, Director de Le Monde Diplomatique. Grover Cardozo Alcalá es periodista boliviano. La entrevista ha sido públicada en la página 'América Latina en Movimiento' de la ALAI (Agencia Latinoamericana de Información).

Ecuador: Constituyente

EL SÍ GANARÁ SIN DIFICULTADES EN EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL DEL DOMINGO. LA DERECHA TANTEA LA VÍA BOLIVIANA DEL AUTONOMISMO PARA ENFRENTARSE A CORREA

El SÍ se impondrá, según las últimas encuestas. Los resultados arrojan un 56 por ciento de votos a favor de la nueva Carta Magna. El domingo 28 de septiembre se realizará la consulta popular que resolverá sobre la puesta en marcha del nuevo texto constitucional.

Se trata de un proyecto elaborado a partir de una consulta impulsada por el Gobierno de Rafael Correa en abril de 2007, en el que con un apoyo masivo, la población aceptó iniciar este proceso.

La consulta estableció que el plazo para la elaboración del nuevo texto sería hasta el 26 de julio de este año y fue elegida Asamblea Constituyente que ha elaborado el texto que ahora se somete a referéndum, al que están convocados más de nueve millones y medio de ecuatorianos

El nuevo texto constitucional, en caso de ser aprobado, reemplazará a la Constitución de 1998 qu
y sería la vigésima de un país afectado por una inestabilidad política que expulsó del poder a tres presidentes en la última década.

Será el cuarto triunfo consecutivo de Correa

Será la cuarta vez en dos años que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con una popularidad que ronda un 70%, se enfrenta a las urnas . Lo hace, pues, con el apoyo de la poblacióny sin una oposición que le haga sombra..

La nueva Carta Política, de 444 artículos, elaborada por una Asamblea Constituyente de mayoría oficialista, prohíbe la presencia de tropas extranjeras y le otorga al presidente el poder de regular y planificar la economía.
También le permite a Correa buscar la reelección inmediata, por lo que el mandatario podría continuar en su cargo hasta el 2017 y sentar las bases del llamado Socialismo del siglo XXI.

El presidente ecuatoriano aspira igualmente a que las reformas devuelvan la estabilidad al país, ya que incorporan el sistema de "muerte cruzada", que le permite a los poderes Ejecutivo y Legislativo destituirse bajo la condición de anticipar elecciones.

Los analistas creen que más que por la Constitución los electores votarán a favor y en contra de Correa, principal impulsor de la propuesta y quien de salir victorioso acumularía el cuarto triunfo electoral en línea tras su elección en noviembre de 2006.
La oposición lucha a contracorriente para evitar la aprobación de un proyecto que juzga a la medida del jefe de Estado, y que según sus críticas concentra el poder, amenaza la propiedad privada y es favorable al aborto, el consumo de drogas y al matrimonio entre homosexuales.

Aun cuando ninguno de esos puntos aparece explícito, la Iglesia Católica irrumpió en esta coyuntura para advertir a sus fieles sobre los riesgos de que muchos de sus tabú sean legalizados, en una posición que Correa -un profeso católico de izquierda- tachó de traición. Los obispos parecieron entonces ser los únicos adversarios fuertes de Correa, pero conforme avanzó la campaña y la oposición perdió influencia, la Iglesia se replegó mientras recibía los mordaces comentarios de Correa, quien centró su campaña en contradecir las interpretaciones del clero.

Correa alerta de intentos separatistas

El presidente ecuatoriano Rafael Correa alertósobre la posibilidad de que intentos separatistas como los ocurridos en Bolivia puedan repetirse en Ecuador, específicamente en la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada y nudo económico del país.

Correa, oriundo de Guayaquil, dijo que la élite de esa ciudad, el sector de la derecha, no apoya el cambio, y predijo que intentarán emular lo que ocurre en Bolivia después del referendo constitucional del próximo 28 de septiembre.

A juicio del mandatario ecuatoriano "quienes apoyan el no en la consulta son los 'pelucones' (ricos) que por muchos años no han pagado impuestos. Ahora se les acabó la fiesta", comentó. El mandatario se mostró convencido del triunfo del "sí" en el referendo: "Vamos a triunfar en todo el país, inclusive en Guayaquil" (bastión del opositor partido social cristiano), aseguró el dignatario. Correa saludó también la reunión de los presidentes miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la crisis boliviana, al defender la democracia y mostrar su respaldo al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales. "La Unasur dio muestras de que la integración puede ser eficaz y que sin medias tintas se dio respaldo al presidente Evo Morales, la democracia de Bolivia y se condenó cualquier intento separatista en esa nación", dijo Correa.

La nueva Constitución cambia el modelo económico

“La Constitución cierra las puertas del modelo neoliberal”, según el ministro ecuatoriano Pedro Páez, coordinador de políticas económicas , para quien "nunca antes hubo un proceso tan participativo de la población" como el visto en el trabajo que concluyó con el texto constitucional. "El nuevo principio rector de la economía es la economía social y solidaria, síntesis de desarrollos de la economía popular y de estructuras financieras locales", explicó el ministro ecuatoriano al programa Al dorso, de FM La Tribu de Argentina.
Páez indicó que la nueva carta magna supone "la recuperación del papel del Estado, de la planificación y de la noción de los sectores financieros".
El funcionario abogó por un Banco del Sur como corazón de la banca del desarrollo del nuevo tipo que permita lanzar espacios de soberanía supranacional en la cuestión energética y la cuestión alimentaria.
En ese sentido, Páez indicó que "la integración latinoamericana ahora se convierte en una urgencia y necesidad de los pueblos para no sufrir el costo de la crisis financiera, energética y alimentaria internacional"

Puntos importantes de la Nueva Constitución de Ecuador

La Constitución que será puesta a consideración del pueblo ecuatoriano el próximo 28 de septiembre cuenta con 444 artículos y 30 disposiciones transitorias. Estos son algunos aspectos destacados del texto.

-Sectores estratégicos
La Constitución señala que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”.
“Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioléctrico, el agua”.
El texto sostiene que “los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado”.
“El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”.
“El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria”.
“El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”.
“Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”. En este sentido, el proyecto establece que “la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria”.

-La economía y las finanzas
Es facultad exclusiva del poder ejecutivo “la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera”.
También “la creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva”.
“Las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
“Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas”.
El proyecto reconoce que “se priorizarán los impuestos directos y progresivos”.

-Poderes del Estado
El periodo presidencial es de cuatro años y puede ser renovado por un mandato consecutivo.
A las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, se agregan la Electoral y la de Transparencia y Control Social.
“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público”.
“El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.

Sin embargo, el texto aclara que “esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato”.
Por el otro lado, con el acuerdo de la Corte Constitucional, el Congreso podrá enjuiciar al presidente y revocar su mandato.
“Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo”.

-Salud y Educación
Otro pasaje de la iniciativa señala que “Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto”.
También señala que “el Presupuesto General del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto, hasta alcanzar al menos el cuatro por ciento.
Soberanía e integración"
El texto clarifica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. Así como “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
“La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado”.
“La erradicación del analfabetismo constituirá política de Estado”.
A demás, del español, se reconocen como lenguas oficiales al quechua y al shuar.

-Medios de comunicación
El proyecto contempla la conformación de “una comisión para realizar una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión”.
Además, “las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación en el capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
El texto completo de la Constitución ecuatoriana está disponible en la página digital de la Asamblea Constituyente.

El “fantasma boliviano” toma vuelo en Ecuador
Por Sebastián Pellegrino desde la Redacción de APM

A días del referéndum constitucional, la oposición separatista de la pujante ciudad prevé un “proceso cívico” similar al de Santa Cruz en Bolivia. Aumentan los roces entre Correa y la Iglesia.
Mientras el complejo escenario interno de Bolivia parece encaminarse a buen puerto (por lo menos hasta el momento), la tesis autonomista comienza a cobrar protagonismo en Ecuador. Casualmente en el país que -según las últimas encuestas- el próximo 28 de septiembre se convertirá en el primer caso sudamericano de recuperación de la función social del Estado de derecho y desarticulación del modelo de desarrollo neoliberal por la vía constitucional.

Quien lidera el proceso secesionista es el alcalde de la ciudad costera de Guayaquil, Jaime Nebot, principal opositor al Gobierno de Acuerdo País y a las resoluciones de la Asamblea Constituyente que hace pocas semanas terminó la redacción de la nueva Carta Magna.

El pasado 18 de septiembre el Presidente de Ecuador, Rafael Correa señaló las consecuencias que traerían para el país una eventual derrota del referendo constitucional en el distrito separatista: “Si gana el No en Guayaquil (...) tendríamos un permanente foco de desestabilización como está ocurriendo en la Media Luna boliviana", declaró Correa, quien sostuvo que "las élites guayaquileñas tienen un proyecto Singapur para ser otra República”.

Por su parte, Nebot declaró que de ser aprobado el texto legal tras el referendo, será responsabilidad de Correa si Guayaquil sigue los pasos del departamento de Santa Cruz de la Sierra (región de Bolivia que encabeza los procesos autonomistas de cinco departamentos orientales del país). Y acusó al primer mandatario de ser quien “realmente divide al país enfrentando a cristianos entre sí, ricos contra pobres, ciudades chicas con ciudades grandes”.

El Alcalde funda su postura contra la Asamblea mediante la tesis de presunta centralización política propiciada por el proyecto constitucional. Según Nebot, el artículo 261 -correspondiente a la Organización territorial del Estado- otorgaría excesivas competencias de carácter exclusivo al

Estado Central.

El precepto cuestionado otorga al máximo órgano político las funciones de defensa nacional, protección interna y orden público; el registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio; las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento; Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda; el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos; entre otras.

Evidentemente tales atribuciones para el Estado Central resultarían excesivas, y perjudiciales para los procesos de desarrollo regionales, a no ser que un atento lector del proyecto constitucional repare en la disposición que antecede al precepto comentado.
En efecto, el artículo 260 establece que “el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”.

Cabe mencionar, que respecto a la descentralización política que plantea la nueva Carta Magna, se contemplan seis niveles de Gobierno. Cada uno con sus facultades exclusivas y sin dejar de recibir el sustento económico que reciben del estado Central. Actualmente, esos recursos alcanzan el 15 por ciento del Presupuesto nacional y se prevé elevarlos al 20 por ciento.

Por lo tanto, las causas del descontento de los seguidores de Nebot deben buscarse por otro lado: Guayaquil es considerada la capital económica de Ecuador. De su conocido puerto (que lleva el nombre de la ciudad) ingresan y salen las mercaderías del país. Además, en dicha jurisdicción tienen su asiento las principales casas financieras y banqueras de Ecuador.

El comercio, la agricultura y la exportación conforman el ambicioso escenario de Guayaquil, territorio de grandes grupos económicos. Sin caer en la tentación de paralelismos fundamentalistas, puede decirse que con Santa Cruz de la Sierra existen algunas semejanzas que van más allá de los reclamos por demandas de potestades políticas.

Lo que en realidad está en juego es el proceso de transformación del Estado de derecho ecuatoriano que se inició formalmente a fines del 2007 con los constituyentes reunidos en ciudad Alfaro, Montecristi.

Las restricciones a la matriz económica determinada por las fuerzas del mercado y el capital, la inclusión de la ciudadanía en las instancias gubernamentales y en la toma de decisiones políticas, y la fuerte impronta social y activa de la institución Estatal (principalmente en torno a las políticas de Soberanía Alimentaria), representan un desafío único e inminente para la sociedad ecuatoriana. (Ver: “La recta final de la nueva Carta Magna”. APM 27/06/2008).

La postura intransigente de los autonomistas de Guayaquil evidenciada en las últimas semanas no es un fenómeno reciente.
En enero de 2008, el alcalde de la ciudad convocó no solo una marcha sino también a la irracionalidad e imprudencia política: “¿cuál es el apellido del enemigo de Guayaquil?” Interpeló Nebot a sus fieles, los que respondieron con facilidad: “¡Correa!”. Claro que el libreto era imposible de olvidar para los marchantes. Sin embargo, sorprendido, el alcalde concluyó: “No lo he dicho yo, lo han dicho ustedes”.

No es este el estilo político que es dable esperar de un mandatario municipal que pretenda desligarse de las identificaciones partidarias del pasado y de los tradicionales sectores de poder de Guayaquil. La arenga transcripta refleja los vicios de intolerancia de las viejas prácticas políticas.
Además de los episodios de confrontación entre el Gobierno nacional y el municipio de Guayaquil, otros episodios agitaron el ambiente político en la antesala de la consulta popular. Las diferencias ideológicas y las acusaciones cruzadas entre el Presidente y la Iglesia Católica no cesan de profundizarse. Incluso dicha confrontación ha tomado carácter político.

Desde hace algunos meses la cúpula eclesiástica se opone al producto final de la Asamblea Constituyente, por considerar que fomenta y abre la posibilidad de legalizar el matrimonio entre homosexuales y el aborto.

El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Antonio Arregui se ha convertido en el principal orador de la institución eclesiástica en Ecuador.
Ante un grupo de fieles en la llamada convocatoria “por la vida y la familia”, el domingo 14 de septiembre (en Guayaquil, bastión de la oposición) Arregui dijo: “Pedimos que siempre se reconozca el designio de Dios nuestro creador cuando hizo al varón y a la mujer igualmente dignos y exactamente complementarios para que se convirtieran en fuentes de nuevas familias”, en relación a lo que -según la cúpula eclesiástica supone una legalización del matrimonio homosexual y el aborto-, sería una amenaza a la moral cristiana y a los valores de la familia.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Nicolás Dousdebés dirigió una carta al presidente Correa en la cual le solicita “que respete, aunque no comparta, las opiniones de los obispos y sacerdotes de la Iglesia a la que usted pertenece”.

Más allá de las variadas interpretaciones que pueden surgir del análisis de las disposiciones de Familia en el texto constitucional, lo cierto es que resulta extraña, o por lo menos excesiva la posición de la Institución religiosa que apela a votar por el NO en el referendo del próximo 28 de septiembre.

En la actual situación histórica la mayoría de los países, aun los más conservadores, admiten los cambios que en materia legislativa se presentan como inevitables, teniendo en cuenta que el Derecho y la Religión (cualquiera sea ésta) se transforman de la misma forma que lo hacen las costumbres, hábitos, valores morales, y hasta las instituciones más arraigadas en un amplio período histórico.

En doctrina jurídica, se acepta que el Derecho va por detrás de la realidad, ajustándose a las necesidades humanas y elaborando las normas que otorgan los medios aptos para la consecución de los fines también humanos.

En este orden de ideas, es dable considerar la aceptación de la unión de hecho de personas del mismo sexo en la gran mayoría de las sociedades.

De ahí que, por lo menos, sea necesario un amplio debate en torno al matrimonio de homosexuales. De ahí el carácter excesivo y extrañamente absoluto de la postura de la cúpula eclesiástica de Ecuador. Aun más: el texto legal no dice nada sobre ese tipo peculiar de vínculo civil.

Resta hacer mención de las raras expresiones que utilizan los partidos políticos de oposición (Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Sociedad Patriótica -SP- y otros) para la campaña por el NO: “No al negociado de sus ñaños” y “No a la mariconada” se lee en las pancartas del SP, ciertamente opositor a la nueva constitución y al Gobierno de Correa pero sin arrojar ni siquiera una pista de tales consignas.

Autonomía, ideología y rechazo (sin demasiados fundamentos) de la Carta Magna sintetizan los puntos de tensión entre la coalición oficial Acuerdo País y los sectores e instituciones que se oponen al cambio en Ecuador, el que fue propiciado e impulsado por la mayoría necesaria en las urnas presidenciales de 2006.

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de varias consultoras de opinión pública que señalaban el triunfo del NO y por consiguiente el rechazo de la obra legislativa, los últimos sondeos que fueron publicados antes del 8 de septiembre (último día para la realización de encuestas), señalan que el SI será quien domine la jornada popular y soberana.

Según la empresa SP Investigaciones y Estudios, El 57 por ciento de los consultados votaría a favor de la propuesta de Constitución de Ecuador, el 23 en contra y el 20 lo haría nulo o en blanco. El director de la firma, Santiago Pérez, explicó en el canal Ecuavisa las razones de tal resultado previsto: “Hay un clarísimo anhelo de cambio de la población”.

Anhelo, cambio y ciudadanía. Conceptos que engloban el proceso político por el que atraviesa Ecuador. Claro que no son los únicos: Soberanía Alimentaria y Territorial, Derechos Humanos y cívicos, Equidad en la distribución de la riqueza nacional, Democracia real (y no formal o de baja intensidad), y Justicia social, son los principios claves de la voluntad pionera de la nación ecuatoriana.

Mientras tanto, el fantasma boliviano intenta aunar fuerzas para una nueva expedición. Los separatistas de Guayaquil pretenden copiar el modelo de Santa Cruz de la Sierra, que por poco hace caer a la nación boliviana en una crisis sin salida.
Claro que, por ahora, el fantasma sólo toma vuelo en Ecuador. Resta esperar algunos días para saber hasta dónde llegará.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, Prensa Latina, Xinhua, APM-Agencia Prensa Mercosur)

Colombia: Derechos Humanos

EL ESTADO COLOMBIANO ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, DESASISTIDAS POR EL GOBIERNO

La audiencia del Tribunal Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica, entre el 15 y el 17 de septiembre ha acusado al presidente colombiano Álvaro Uribe y al Estado colombiano de violar los derechos humanos. La instancia también critica a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano.

El Tribunal de Opinión es una de las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos, convocada por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas. Durante la audiencia, se escucharon las declaraciones de decenas de personas que denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos. La presidencia del Tribunal quedó a cargo del padre François Houtart, de Bélgica.

El Estado colombiano es condenado por acción, permiso y omisión en la violación de Derechos Humanos. Álvaro Uribe es tenido como el responsable del desplazamiento forzado, por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que se practica en su país, según los testimonios y pruebas aportados. De acuerdo con las declaraciones, esos delitos son realizados por militares y fuerza pública en colaboración con paramilitares, empresarios y compañías transnacionales, bajo la tutela o complicidad de funcionarios públicos.

La Unión Europea también es blanco de críticas por la actuación de las multinacionales europeas en Colombia y por la actitud de los gobiernos de la UE, que también son considerados "responsables" de la situación a causa de su apoyo a las empresas y al gobierno de Uribe.

El drama de los desplazados, en aumento

Son entre 3 y 4 millones en todo el país y siguen aumentando, como en el caso del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Cerca de 2500 campesinos han llegado estos días al casco urbano de Anorí, para protestar contra las fumigaciones. El grupo comenzó el martes pasado para protestar por las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, coca y amapola. Pero las autoridades consideran que la movilización responde a presiones del frente 36 de las Farc, que ha corrido la voz en las veredas de que quien no participe en la protesta será asesinado. “ La gente asegura que los hombres de las Farc les ordenaron no regresar hasta que el gobierno detenga las fumigaciones y pedir indemnización por los daños ocasionados por el glifosato”.

En otros lugares, las víctimas son las mujeres. Así, las mujeres desplazadas denunciaron ante la Corte Constitucional que persisten abusos sexuales, discriminación y desatención del Gobierno y exigieron atención inmediata.
Las mujeres desplazadas aseguraron nate dos magistrados de la Corte Constitucional que sus comunidades continúan siendo víctimas de ataques sistemáticos de grupos armados ilegales para arrebatarles las tierras asignadas por el Gobierno, para favorecer intereses de empresas multinacionales y grupos de narcotráfico.
En esos ataques, ellas son atacadas sexualmente, al ser consideradas un botín de guerra y como una manera de intimidar a la población civil para que se desplace. Las denuncias de las mujeres abordaron también las enormes deficiencias en la atención que les prestan las entidades del Estado encargadas de recibir sus declaraciones, evaluar y atender su situación de desplazamiento. Las representantes afro colombianas pidieron protección especial para evitar abusos sexuales ya que “en Colombia la mujer negra es vista como un objeto de placer y esto aumenta el riesgo de abusos sexuales”.
Por su parte las representantes indígenas reclamaron en su propuesta el reconocimiento de sus territorios, la participación de sus autoridades en los procesos de atención a los casos de desplazamiento y acompañamiento especial en las ciudades de llegada.

Indígenas denuncian abusos del Ejército en el Cauca

Allanamientos a viviendas, disparos en un colegio y detenciones injustificadas realizadas por hombres del Batallón Pichincha del Ejército y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, son las acciones abusivas que denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN.
Según la carta enviada a diferentes medios de comunicación y organizaciones humanitarias, el más reciente episodio se presentó en la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando hombres de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha apoyado por el CTI, ingresaron sin aviso a las casas de los comuneros indígenas del Resguardo de López Adentro, en Corinto, Cauca, para hacer un allanamiento en busca de armas y artefactos explosivos.
Una hora después, y sin haber encontrado nada, los militares partieron hacia el colegio Dxipande, en la vereda vecina de El Pílamo, al que ingresaron sin aviso e hicieron varios disparos sin tener en cuenta que 45 estudiantes asistían a clases.
Aunque no se produjeron heridos, el hecho causó pánico entre los miembros de esa comunidad, que aseguran además estar recibiendo constantes amenazas de parte de los militares que los acusan de ser auxiliadores de la guerrilla y han anunciado un “barrido entre las comunidades para sacar guerrilleros”.

Otros hechos como las intimidaciones de que han sido víctimas José Quitumbo y su esposa Blacenia Ipia, a quienes las tropas han visitado en su vivienda en tres ocasiones entre los meses de mayo y junio pasados, acusándolos se pertenecer a la guerrilla, y la explosión de un artefacto en el resguardo indígena que dejó tres heridos, completan el panorama de violaciones que denuncian los indígenas por parte de la Fuerza Pública.
Los indígenas aseguran que se encuentran entre el fuego cruzado, pues este tipo de intimidaciones se reciben también a diario por parte de la guerrilla y hacen un llamamiento urgente de ayuda a organizaciones colombianas y a la comunidad internacional.

Víctimas contra el miedo

Medio millar de víctimas de la región de la Costa Caribe de Colombia han participado en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso , autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país.

La cita era en el estadio de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares y guerrilleros en los últimos años.

500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación.
A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social.
El gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, reconoció las atrocidades que se han cometido en la región. "Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", dijo el gobernador. Su antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares.

Habló Juan Carlos, un hombre que dijo que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios". Así muchas de las personas que asistieron al acto no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales.

En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?".

El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia.

El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. El representante a la Cámara Guillermo Rivera declara que él cree que la iniciativa saldrá adelante. "Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dice.

Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación.
Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares. Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta.

¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados? (*)

Es urgente una salida excepcional. Así como la seguridad democrática o la Ley de Justicia y Paz, se necesita un proyecto de Nación para los desplazados.

En toda guerra hay vencedores y vencidos. Pero en el caso de Colombia, aunque la guerra no ha terminado, una inmensa cantidad de derrotados ha llegado a las capitales para colgarse, como si fueran salvavidas, de sus barriadas más pobres. El drama del destierro va más allá de la cifra oficial de 2,6 millones de colombianos que tuvieron que escapar de su pedazo de territorio. Son una nueva clase social. Y los indicadores muestran que viven en condiciones más críticas que los indigentes urbanos.

Los efectos sicológicos, sociales y culturales del destierro sobre toda una generación de colombianos son parte de una historia que ni se ha contado, ni se ha dimensionado, ni se ha padecido en su verdadera intensidad. ¿Cuántos pueblos murieron por completo tras una brutal masacre? ¿Cuánta memoria se perdió? ¿Cuántos vínculos de comunidad se rompieron para siempre? ¿Con qué recuerdos crecerán los hijos de los desterrados? ¿Qué puede ser, por ejemplo, de un municipio como el Carmen de Bolívar al cual 56.000 de sus 80.700 habitantes se ven obligados a huir por temor a la muerte? Es como si de Bogotá de repente tuvieran que huir cinco millones de personas.

Llegan a otros lugares, arrastrando sus cuerpos cansados, con el estómago vacío y miran aturdidos unas calles que nunca antes habían visto. Sin nada y sin nadie. Llegan como a otro planeta. En la jungla de cemento no les sirve para nada lo que saben: sembrar la tierra o levantar ganado. Muchos no saben leer y escribir y la vida se les vuelve una pesadilla. Y traen con ellos un recuerdo atrofiado de lo que era su familia y los lazos de comunidad que dejaron atrás y que nunca más se van a reparar. Sufren de tres enfermedades, para las que no hay cura: el destierro, el desarraigo y el ser descastados.

El costo para el país no se puede reducir simplemente a los casi seis billones de pesos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe –puesto contra la pared por la Corte Constitucional– ha destinado para ellos de 2003 a 2010. Las consecuencias son inmensas: la tierra, la memoria, la cultura, la historia, el núcleo familiar, en fin, los pilares de una sociedad.

¿Qué pasó? Hay quienes dicen que la legítima defensa que invocaron los paramilitares fue sólo una distracción o un pretexto para tomar el control de las tierras. Y la realidad les da la razón. Para otros, la captura de las tierras fue el resultado de la guerra: quienes ganan se quedan con el botín.

En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son el epicentro del conflicto armado. A finales de los años 30, el agotamiento de la frontera agrícola y el crecimiento de las exportaciones provocaron que los grandes terratenientes expulsaran a los colonos y arrendatarios y los reemplazaran por trabajadores asalariados.

Hace apenas ocho años, cuando comenzó el siglo XXI, Colombia era una Nación altamente vulnerable. En el 60 por ciento de los municipios del país no había Fuerza Pública y en muchos de ellos no había nada ni nadie que representara al Estado. La guerrilla imponía sus impuestos, extorsionaba y secuestraba. Los paramilitares, asesinaban y robaban las tierras. Cada cual trataba de quedarse con el poder local y regional. Y para asumir el poder, el control territorial era esencial.

Se dio un fenómeno inverso a la modernidad. Al contrario de lo que significó el avance al Estado Nación que en el siglo XVIII destruyó las viejas formas feudales y construyó la idea de un ciudadano con derechos que reconoce al Estado como su ámbito legal, Colombia, en el ocaso del siglo XX estaba destruyendo ese Estado moderno para volver a un esquema feudal. Los señores de la guerra eran la autoridad: se dieron zonas donde la guerrilla impuso sus cartillas y otras donde los paramilitares ‘esclavizaron’ pueblos enteros.

En menos de 10 años el mapa del país cambió. Desaparecieron veredas y caseríos. Muchas regiones del campo se desocuparon, los cordones de miseria de las ciudades se ensancharon y la tenaza de los narcos con los paramilitares y la guerrilla impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes en el país.

Nadie tiene aún los datos globales de lo que ocurrió. Cálculos académicos indican que si se fueran a restituir las tierras de los desplazados se tendrían que entregar cerca de siete millones de hectáreas. Los ejemplos de la concentración de tierras pululan (en un sector de Urabá, en el que en 1986 existían más de 600 propietarios de tierra, para el año 2000 ya no eran más de 50) y los del despojo también (en Tulapas, Turbo, alias el ‘Alemán’ desalojó a más de 350 familias y se quedó con sus tierras).

Frente a esta descomunal tragedia, frente al desafío más importante que tiene el país, el Estado ha sido tan negligente como indolente. Por momentos, se evidencia una mayor preferencia por el victimario que por la víctima. Mientras los unos reciben un apoyo de 520.000 pesos durante año y medio, estas reciben 280.000 pesos por tres meses.

Pero no es sólo la eventualidad de un pago. Servidores públicos de varias entidades, en especial en la región Caribe, sometieron al Estado al yugo de los paramilitares. Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera.

El Ministerio de Agricultura es el que más desdén ha mostrado por los desplazados. La ley de Desarrollo Rural, que los pudo haber tenido a ellos como protagonistas, por el contrario fue aprovechada para que los institutos que dependen del ministerio se descargaran de responsabilidades que tenían con los desterrados. Y ha sido el gran mentor del ‘modelo Carimagua’, toda una doctrina de desarrollo rural de grandes proyectos agrícolas en los cuales los desplazados no son protagonistas sino mano de obra barata contratada a destajo.

En el año 2004 fue tan evidente la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, que aún hoy, cuatro años después de la declaratoria, no se supera.

La única dependencia que parece estar haciendo un gran esfuerzo es Acción Social y ministerios como el de Educación y Salud, que han logrado importantes coberturas para la población desplazada. Pero a pesar de la envergadura del proyecto y de la inyección de nuevos recursos, ellos mismos admiten que todavía falta mucho para cambiar la historia. Es una realidad abrumadora y a pesar de todos los esfuerzos no será suficiente mientras que no se diseñe una salida extraordinaria para el fenómeno de los desplazados ¿Por qué un gobierno que propone como proyecto de Nación la seguridad democrática para acabar con la guerra, o un Estado que propone un proyecto jurídicamente tan ambicioso como el de Justicia y Paz para desarmar a 35.000 paramilitares, no propone un proyecto de Estado para rescatar a los desterrados?

La Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado propone la creación de una comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras. Hay otros que van a impulsar algo de mayor impacto: una justicia transicional –tipo Ley de Justicia y Paz– en materia civil para enfrentar el tema.

En la historia de la humanidad la tierra es mucho más que un pedazo de territorio. La tierra encarna la identidad, la cultura, el imaginario de Nación, la historia y la construcción de una sociedad a través del núcleo familiar. Grandes guerras de la humanidad y grandes revoluciones se ha dado por la emancipación, la libertad y la tierra.

Si 20.000 kilómetros cuadrados que los palestinos le reclaman a Israel han tenido en vilo al mundo y han marcado 60 años de guerra en Oriente Medio, el despojo de cinco millones de hectáreas tienen que sacudir el alma de Colombia.

(*)Informe publicado el 15 de septiembre de 2008 por la revista colombiana Semana

(Fuentes: CODHES-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, DPA, Adital, BBC-Mundo y Semana)

Cuba: Huracanes

LOS ROSTROS, LOS HECHOS Y LOS NÚMEROS DE LA TRAGEDIA

.Ike Y Gustav dejaron una cuenta de 5.000 millones de dólares en daños y 200.000 personas sin vivienda

-Crónica de Jorge Gómez Barata ( ARGENPRESS.info)

Para el país los hechos se prolongaron por unos diez días, en algunas localidades, horas y para muchas familias apenas minutos. Los huracanes con vientos que alcanzaron 340 kilómetros por hora, olas que superaban edificios de cinco plantas, mareas que llegaban a cotas insospechadas, lluvias torrenciales que lo inundaron todo y brutales penetraciones del mar abatieron la obra humana y a la naturaleza de Cuba.

A lo largo y ancho de la Isla fueron sensiblemente afectadas todas las actividades y todas las personas. Ningún cubano quedó al margen, ninguna zona, pueblo o ciudad escapó a las amenazas o al impacto de los meteoros. Organizada, preparada, bien dirigida y curtida, la Nación cerró filas y tensó sus fuerzas. Los Consejos de Defensa fueron activados y tomaron el mando. La Defensa Civil y el Instituto de Meteorología asumieron la orientación y las tareas de protección. Las fuerzas armadas y del Ministerio del interior alistaron su técnica y sus efectivos. Todo fue previsto.

Rápida y eficazmente se evacuaron o protegieron 3 millones 179 mil 846 personas, 176 mil 113 estudiantes de centros internos fueron retornados a sus viviendas y se reubicaron 2 mil 818 turistas. En esas acciones se utilizaron más de 10 mil medios de transporte, se habilitaron cientos de albergues, centros de elaboración de alimentos, facilidades para servicios médicos y se utilizaron las comunicaciones de diseño militar. La radio y la televisión crearon cadenas. En la más grande operación de defensa civil registrada en el hemisferio participaron 87 mil personas. Hubo que lamentar la muerte de siete ciudadanos.

Nada podía sin embargo detener las fuerzas desatadas. Más de 444 mil viviendas resultaron afectadas, 63 mil 249 de ellas, en las que vivían más de 200 000 personas fueron totalmente destruidas.

Con diferentes períodos de duración, todo el país estuvo a oscuras. Las afectaciones a la infraestructura eléctrica incluyen la destrucción de 150 torres de alta tensión, 4 500 postes, 530 transformadores y 5 mil luminarias. En algunas localidades el 100% de las líneas eléctricas resultaron dañadas. Se perdieron millones de kilómetros de cables y miles de conexiones, anclajes y otros elementos del sistema electro energético nacional. Algunas plantas generadoras detuvieron sus operaciones y muchas de las mini y micro hidroeléctricas resultaron averiadas.

Fueron destruidas varias torres para la transmisión y recepción de la radio, la televisión y la telefonía. Casi 10 000 servicios de telecomunicaciones fueron afectados.

Sufrieron pérdidas totales más de 65 mil 700 hectáreas de diferentes cultivos, 877 organopónicos y 392 huertos intensivos. 205 casas de cultivos protegidos y la mayoría de las instalaciones de cultivos semiprotegidos fueron dañadas. 180 mil hectáreas de plantaciones forestales resultaron desvastadas.

Por su fragilidad la apicultura resultó barrida y la avicultura fue quebrantada en un 80 %, más de medio millón de gallinas ponedoras y pollos perecieron. Resultaron destruidas 3 mil 414 casas de curar tabaco y se dañaron 1 590. Más de 800 toneladas en proceso resultaron afectadas.

Las áreas de cultivo de café fueron mutiladas y en los municipios más productores, virtualmente se perdió toda la cosecha, igual suerte corrieron 42 mil 305 hectáreas de plátano y más de 10 mil hectáreas de otros cultivos. En las plantaciones de caña de azúcar se reportan 156 mil 600 hectáreas encamadas, 518 mil 879 inundadas y 3 mil 895 de caña nueva perdidas. Aproximadamente 40 mil toneladas de azúcar se mojaron.

Las afectaciones en las instalaciones industriales son generalizadas, todas las fábricas, minas, talleres, oficinas de diseño, obras de la construcción, viales y acueductos paralizaron sus producciones y muchas no han podido reanudarlas. 28 panaderías, 8 dulcerías y una empresa de conservas de frutas y vegetales perdieron sus techos. En almacenes y establecimientos se dañaron 4 mil 355 toneladas de alimentos. En las capacidades de almacenamiento se reportan afectaciones por cerca de 50 000 toneladas. Sólo en la base de almacenes de Holguín se registran daños en 12 mil 750 toneladas de productos. Todos los puertos reportaron averías y todavía 7 permanecen cerrados.

La red vial fue golpeada, además de miles de kilómetros de caminos y carreteras dañadas en todo el país, se reportan afectaciones en puentes y accesos y considerables daños en arterias principales como el pedraplén de Cayo Coco, el viaducto de La Farola y la Autopista Nacional.

En el área de salud pública sufrieron considerables daños: 26 hospitales, 18 policlínicos, 191 consultorios, 14 hogares de ancianos y casas de abuelos y 42 farmacias. Las instalaciones de varios grandes hospitales fueron golpeadas. En hospitales, policlínicas y escuelas se dañaron 794 computadoras.

En el sector educacional se afectaron 1160 escuelas y 2 mil 642 sufrieron daños considerables, 186 círculos infantiles fueron afectados y se registraron daños severos en los Institutos Pedagógicos de Holguín, Las Tunas y Camagüey. Las universidades de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Matanzas, Villa Clara, Holguín, la sede municipal de Puerto Padre en Las Tunas y el Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana fueron fuertemente azotadas.

146 instituciones culturales y 82 instalaciones deportivas, entre ellas 6 Escuelas de Iniciación Deportiva, 13 Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético, dos facultades de cultura física, cinco estadios provinciales de pelota y 32 municipales, ocho salas polivalentes, 13 escuelas comunitarias y dos complejos de piscinas registran afectaciones considerables.

Una idea de la lluvia caída durante esos días se obtiene al saber que sin contar el agua que fue al mar y la que permanece inundando los campos, en 239 embalses, ingresaron 1 791 millones de metros cúbicos del preciado líquido.

En 10 de las 14 provincias cubanas y en el Municipio Especial Isla de la juventud es más fácil enumerar aquello que los huracanes no afectaron que relacionar lo dañado o destruido. Cuba protagoniza un desastre cuyas dimensiones materiales, culturales y humanas son inconmensurables. Las aguas, los vientos y las mareas arrasaron con años de tesoneros esfuerzos, no sólo asociados al bien común y al desarrollo económico y social de las regiones y del país, sino a los planes de los individuos y las familias.

En instantes colapsaron realizaciones y sueños, joyas arquitectónicas que habían soportado el paso de los siglos y árboles centenarios, incluso localidades, parajes y paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad. Entre las ruinas yacen también teatros, bibliotecas, monumentos, elementos decorativos, carpas e instalaciones deportivas y recreativas.

La naturaleza resultó duramente golpeada desaparecieron decenas de miles de árboles, jardines y bosques habitados por una exuberante biodiversidad, muchas ciudades y poblados quedaron sin áreas verdes, hubo playas que dejaron de existir y poblados borrados de los mapas y en algunos sitios, la geografía fue modificada.

Nadie podrá cuantificar el patrimonio intangible que asume forma de sueños e ilusiones que es preciso aplazar o cancelar. Para quienes les falte sensibilidad para comprenderlo, tal vez baste decir que, calculado en dinero, a precios convencionales, y no con los valores del mercado internacional actual, los daños preliminares ascienden a más de 5 mil millones de dólares.

Cuba necesita ayuda con urgencia

DESDE ESPAÑA:

-La Asociación Pablo de la Torriente Brau ha abierto una cuenta para quien quiera enviar ayuda en metálico.

Estos son los datos: Caja Madrid c/c 2038 2408 10 6000100429 Titular: Asociación Pablo de la Torriente Brau

-El Comité de Solidaridad con los Cinco en Madrid acordó habilitar también una cuenta cuyos datos son los siguientes: Caja Rural de Toledo, cuenta No. 3081 0021 36 2383407927 Titular: María Teresa Pantoja Bargueño

Especificar en el ingreso o transferencia nombre y apellidos y como concepto: "Ayuda humanitaria daños huracán"

Bolivia: Crisis Política

LA DERECHA SE VE OBLIGADA A NEGOCIAR, DESPUÉS DE LA MASACRE PERPETRADA CONTRA LA POBLACIÓN DESARMADA POR GRUPOS PARAMILITARES AUTONOMISTAS

.Pruebas y testimonios de la matanza y los ataques racistas.

Zaida: “Disparaban al agua para matarnos”

Vanesa: "Lloraban niños, tenían ametralladoras”


“Nos amanecimos en una zanja profunda toda la noche”, cuenta Zaida del municipio de Filadelfia. “Había una mujer que no sabía nadar con sus niños, como lloraban… ¡mamá no quiero que te maten! No tenían compasión de nosotros”, señala Vanesa Yubacero. “Nosotros íbamos en una camioneta, y escuchamos el tiroteo en contra nuestra”, narra un estudiante de la Normal de Maestros de Filadelfia.

Estas frases corresponden a los testimonios de los sobrevivientes de la Masacre de Pando, recopilados por la cadena radial boliviana Red Erbol durante tres días.

-La señora Zaida una campesina del municipio de Filadelfia relata la odisea que vivió el pasado jueves:(AUDIO)“Ahí nos amanecimos en una zanja profunda que la abrió a las tres de la mañana, estaban las volquetas del Servicio Departamental de Caminos (SEDECAM), nos han traicionado los policías, ellos no nos han protegido, nos pedían que nos quedemos, y nos alcanzó una volqueta que desde ella nos dispararon…intentamos escapar por el río, pero disparaban al agua para matarnos”.

-Vanesa Yubacero, campesina, con su voz entrecortada por las lágrimas recordó la emboscada de la que fue víctma : (AUDIO)“Yo estuve de la comunidad Nuevo Triunfo, llegamos al Puente Pozo menor de cinco metros, ahí estábamos cuando amaneció nos dijeron mejor que retrocedan y nos siguieron… seguimos adelante y los policías nos detuvieron, vamos a ver cómo pueden, esperamos nadie nos regalaba agua, nos rodearon no nos dio tiempo, dispararon a los niños, cómo morían, con tiros en el corazón como lloraban esos niños, con esas ametralladoras. Escapaban por el monte y ahí se largaban los tiros, había una mujer que no sabía nadar con sus niños, como lloraban… ¡mamá no quiero que te maten! no tenían compasión de nosotros”, concluyó una de la sobrevivientes.

-Otro testimonio de una señora que vive en Cobija quien no quiso idntificarse por temor a las represalías (AUDIO) señaló a los funcionarios de la Prefectura como los culpables del asesinato de los campesinos en El Porvenir.

-Una mujer que vive en Cobija denunció ante los micrófonos de Erbol que los grupos que dominan Pando son muy violentos:(AUDIO) “Son dos grupos, han saqueado, han robado no es posible que entre los bolivianos nos matemos”

-Un campesino de Filadelfia, municipio que sigue siendo "blanco" de los ataques de los sicarios, agradecio la presencia militar que para él es una garantía para poder circular libremente:(AUDIO) “Cobija ya está tranquila por la presencia de los militares, pero ahora la guerra se ha trasladado a los municipio, tenemos entendido que hay mucha gente que está malherida en el monte, y hay compañeros que siguen en el camino pero no podemos retornar al campo porque no tenemos seguridad”.

-Oscar estudiante de la Normal de Filadelfia, quien notablemente nervioso relató relató:(AUDIO) “Nosotros íbamos en una camioneta, y por nuestro lado se apareció una volqueta de la Prefectura y nos empezaron a disparar en contra de nosotros". Oscar ahora está escondido en Cobija porque tome por su vida.

-A 25 sube el número de muertos, 25 son los heridos y hay 106 desaparecidos tras la brutal masacre del pasado jueves en el municipio de El Porvenir, según los datos de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando.

Así opera la Unión Juvenil Cruceñista

Varios sicarios al servicio del prefecto de Pando, huyeron a Brasil tras las matanzas


El gobierno boliviano informó este domingo que varios sicarios que masacraron a campesinos en la población pandina del Porvenir, presuntamente por órdenes del prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández, huyeron al Brasil, por lo que gestiona su detención y extradición inmediata ante las autoridades brasileñas. "Se han ido al lado brasileño , estamos haciendo las gestiones con Brasil para que puedan detener allí a las personas que estén portando armas, por supuesto eso de portar armas es ilegal en cualquier lugar del mundo", dijo ministro de Defensa, Walter San Miguel, al referirse a los matones que acribillaron a varios campesinos en Pando.

En la madrugada del domingo sin necesidad de hacer uso de armas letales, las Fuerzas Armadas ingresaron en la ciudad de Cobija y luego se dirigieron a otras poblaciones conflictivas como Filadelfia y Porvenir para restablecer el orden y frenar la violencia criminal desatada por paramilitares y sicarios promovidos por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. La matanza, se produjo cuando campesinos e indígenas que se dirigían a Cobija para realizar un cabildo, fueron embocados en el sector Tres Barracas, cerca de Porvenir, luego masacrados y acribillados por sicarios al servicio de principal acusado de genocidio, el prefecto Leopoldo Fernández.
El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, y el viceministro de Descentralización, confirmaron a su turno, que el ejército ha retomado de forma paulatina la capital pandina y que un destacamento se dirigió al lugar de la masacre campesina para pacificar el lugar y prestar ayuda a humanitaria a los familiares de las víctimas y a las decenas de heridos.
La masacre campesina más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, dejó cerca a 20 muertos, decenas de heridos y desaparecidos.
El Ministro de Defensa añadió que muchos 'cívicos' (como se denominan los grupos autonomistas) que actuaron en calidad de sicarios contra campesinos huyeron al Brasil, ante la llegada de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del estado de sitio dictado por el Ejecutivo el último viernes.

La derecha obligada a dialogar tras las masacres y el pillaje autonomista

Los opositores de derecha agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) suspenden temporalmente las violentas movilizaciones callejeras y comienzan a negociar en desventaja con el gobierno de Evo Morales, estigmatizados dentro y fuera del país como articuladores de un movimiento delincuencial y "golpista".

Los dirigentes políticos, cívicos y empresariales del Conalde encargaron al prefecto tarijeño Mario Cossío abrir el diálogo con el gobierno con el desafío urgente de pacificar el país y preparar el terreno para un acuerdo nacional de reconciliación.
El dirigente cívico cruceño Branco Marinkovic instruyó a sus grupos de choque a levantar el bloqueo de carreteras en el departamento para pacificar el país, pero no aclaró si devolverá al Estado las instituciones tomadas o si se designará a nuevas autoridades al mando del prefecto Rubén Costas.

El Ejecutivo se abre al diálogo pero al mismo tiempo el Presidente Evo Morales inicia la campaña oficial para aprobar la nueva Constitución Política del Estado, rechazada por la oposición derechista.

Además, el Vicepresidente, Álvaro García Linera, recalcó que las negociaciones se enmarcan sólo en las demandas regionales de autonomía y que los crímenes no son parte de la agenda del diálogo: "Con el crimen no vamos a negociar, con la masacre no vamos a transar". El Vicepresidente dijo que "los asesinos no son interlocutores"; que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández debe ser detenido y juzgado. Y que, de momento, los demás prefectos de los departamentos indsurrectos "son interlocutores válidos mientras se demuestre su responsabilidad en los actos delictivos", precisó García Linera.

El movimiento autonomista se ha desprestigiado en Santa Cruz.

El saqueo impune y la destrucción de oficinas públicas indigna a gran parte de la población cruceña, sobre todo del Plan 3000, populosa barriada de indígenas pobres.

En esta barriada varias veces fueron derrotados unionistas armados con palos, hondas, bombas molotov y armas de fuego que intentaron saquear y golpear a los collas rebeldes. Activistas de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista, de ideología fascista) huyeron con las cabezas partidas del combativo el Plan 3000 en los últimos días.
El sábado, el clan cívico empresarial movilizó a grupos de choque hacia la localidad de Tiquipaya, a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, con el fin de romper el bloqueo de cientos de opositores. Los activistas de la Unión Juvenil Cruceñista fueron duramente castigados y expulsados.

Las organizaciones sociales que forman el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) suspendieron la marcha nacional que debía partir el martes 16 de Caracollo (Oruro) hacia La Paz para sitiar el Congreso hasta que se apruebe la ley de convocatoria al referéndum constitucional.

Cerco a Santa Cruz y movilización nacional

El Conalcam decidió mantener el cerco a Santa Cruz para hacer fracasar la Expoferia de los empresarios.

Organizaciones sociales afines al gobierno bloquean caminos en Yapacaní y San Julián en el departamento de Santa Cruz. Cocaleros y campesinos cortaron rutas en Bulo Bulo y Pojo, departamento de Cochabamba. También están bloqueadas la ruta en Puerto Suárez, fronteriza con Brasil, y el ingreso a San Matías. En Quillacollo, campesinos impiden el paso de alimentos destinados a la ciudad de Santa Cruz.
El cerco a Santa Cruz comenzó el martes de la semana pasada exigiendo la convocatoria a un referéndum por el nuevo texto constitucional. En un ampliado de emergencia, colonizadores de Yapacaní, Santa Cruz, decidieron iniciar el bloqueo en las carreteras hacia Cochabamba y Trinidad, con el apoyo de regantes, campesinos y cocaleros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una movilización nacional el martes 16 contra los prefectos fascistas y no se descartó una marcha hacia la ciudad de Santa Cruz para realizar un ampliado nacional de los trabajadores, campesinos y pueblo pobre en general.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declaró en estado de emergencia y anunció movilización en defensa de la democracia y la unidad del país. No se permitirá que se repita la masacre que se desató en contra de los campesinos y colonizadores.
Organizaciones sociales ya piensan en acciones de hecho para recuperar las tierras usurpadas por los terratenientes. El líder de los colonizadores y presidente del Conalcam ,Fidel Surco amenazó "ahora sí con tomar tierras si los prefectos no devuelven las instituciones estatales tomadas".

(Fuentes: Red Erbol, Bolpress y ABI-Agencia Boliviana de Información)

Bolivia: Crisis Política

WASHINGTON EXPULSA AL EMBAJADOR BOLIVIANO, LA PAZ HABLA DE 'GOLPE DE ESTADO ATÍPICO EN MARCHA'. LOS SABOTAJES OBLIGAN A SUSPENDER EL ENVÍO DE GAS A ARGENTINA Y A REDUCIRLO HACIA BRASIL. 14 CAMPESINOS MASACRADOS EN PANDO POR GRUPOS PARAMILITARES DE LA REBELIÓN AUTONOMISTA


Un golpe de Estado “atípico” está en marcha en Bolivia por parte de “grupos paramilitares fascistas y terroristas” de las prefecturas y los comités cívicos de la llamada Media Luna (los departamentos 'ricos' de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), denunciaba el gobierno del presidente Evo Morales, quien también calificó de 'non grato' y pidió la salida del embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, después de acusarle de conspirar contra la democracia, apoyar a la oposición y alentar la división del país.

Con la declaración de “persona non grata” a Goldberg culminaba una serie de reiteradas acusaciones por parte del gobierno boliviano contra el diplomático, en el sentido de que utilizaba la ayuda de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional para financiar a la oposición política boliviana.

Evo Morales condenó los violentos disturbios que se iniciaron el martes en Santa Cruz, Beni y Pando con la ocupación y saqueo de varias oficinas públicas, y que continuaron en Tarija con la toma del aeropuerto y el saqueo de la aduana.. El presidente se refirió al ataque contra el gasoducto por el que se exporta el producto a Brasil y Argentina, y calificó de “inaceptable atentar contra el patrimonio del pueblo boliviano, atentar (contra) la nacionalización de los hidrocarburos, que ha permitido mejorar la economía nacional”.
“Aquí hay una autoridad externa que encabeza la división de Bolivia y conspira contra la democracia”, señaló el mandatario en referencia al embajador estadounidense, de quien, dijo, es un experto en alentar conflictos separatistas, al recordar el caso de Kosovo y donde Goldberg estuvo en un anterior misión diplomática. Morales dijo que ahora “está en juego la democracia” boliviana pero ya no al estilo de las dictaduras militares de los años 60 y 70. “Ahora hay otra forma de golpe, un golpe de Estado civil, cívico y prefectural en algunos departamentos”, apuntó durante un acto en el palacio de gobierno.

Evo llama al pueblo a defender la democracia

Por esto, llamó al pueblo boliviano a organizarse para defender la democracia y la unidad del país. “Lo que está en juego –dijo– no es Evo o el gobierno sino dos modelos económicos, uno del pueblo recuperando nuestras empresas y recursos naturales, y otro que quiere hacer retornar el neoliberalismo, la privatización de las empresas, la privatización de los servicios básicos, el saqueo permanente de nuestros recursos”.

Horas antes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, denunciaron que un golpe de Estado “atípico” está en marcha en Bolivia por parte de “grupos paramilitares fascistas y terroristas” de las prefecturas y comités cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

Los productores cocaleros y los campesinos de Cochabamba iniciaron cortes en una carretera que une el oeste –Cochabamba y La Paz– con Santa Cruz, por donde fluye el grueso de las exportaciones de esa región. El cerco a la capital cruceña fue acordada por la Coordinadora Nacional para el Cambio.

Suspendido el bombeo hacia Argentina

Bolivia suspendió desde el mediodía del jueves su exportación de gas a Argentina, como consecuencia de la toma de una estación fronteriza del gasoducto binacional,según la petrolera estatal YPFB. El corte afecta a un volumen de por lo menos 1 millón de metros cúbicos diarios de gas que Bolivia exportaba a su vecino sureño, dijo un portavoz de YPFB.

"El ducto fue cerrado por razones de seguridad por técnicos de YPFB, luego de que manifestantes tomaron la estación de bombeo de la ciudad de Yacuiba," dice la empresa, tras asegurar que no hubo choques entre los civiles que forzaron el corte y militares que custodiaban la planta.

Horas antes, Bolivia anunció que sus exportaciones de gas a Brasil fueron recortadas en por lo menos 14 millones de metros cúbicos diarios, o la mitad del volumen regular, como consecuencia de la violencia de las protestas de los opositores al gobierno.


EE.UU. expulsa al embajador boliviano

Washington ha decidido expulsar al embajador boliviano, en reciprocidad por el señalamiento al embajador norteamericano en La Paz como 'persona non grata' . Con anterioridad, el Departamento de Estado calificó la decisión del gobierno de Bolivia de pedir la salida del embajador estadounidense Philip Goldberg como un "grave error," y amenazaba con 'reconsiderar' la ayuda estadounidense al país sudamericano.
"La acción del presidente Morales es un grave error que ha dañado seriamente las relaciones bilaterales," dice el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, quien añade que las acusaciones de que Goldberg ha instigado las violentas protestas contra el Gobierno de Bolivia son "infundadas."

"Estamos revisando todos los aspectos de la relación bilateral," ha dicho McCormack quien advierte que habrá medidas concretas en los próximos días y semanas. El portavoz recordaba que Estados Unidos es el mayor proveedor de ayuda para el desarrollo en Bolivia y el primer importador de productos bolivianos.

"Lamentamos que el presidente Morales haya elegido este curso. Perjudicará los intereses de ambos países, socavará la lucha en curso contra el tráfico de drogas y tendrá serias implicancias regionales," ha dicho McCormack.

Acusaciones y pruebas contra el embajador Goldberg

En un acto en Palacio Quemado para presentar un nuevo programa de empleo, el mandatario explicó los vínculos del diplomático y la legación que encabeza con los disturbios en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca, cuyas autoridades se oponen al proceso de cambio:"El embajador de los Estados Unidos está conspirando contra la democracia y quiere que Bolivia se rompa", remarcó.
En este sentido, denunció reuniones secretas de Goldberg con dirigentes de la oposición , las más recientes con los prefectos (gobernadores) Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Rubén Costas (Santa Cruz). También denunció que dirigentes territoriales como los cruceños Rubén Costas y el acaudalado empresario Branko Marinkovic, lejos de aceptar el diálogo que impulsa el Ejecutivo, incitan a más violencia y a pasar a sus manos la administración de esas dependencias ocupadas, lo que es ilegal. Morales aseveró que en Bolivia está en juego la decisión por uno de dos modelos de Estado y desarrollo: el que enarbola el pueblo con la nacionalización de sus recursos naturales, o el neoliberalismo que estimula la privatización. El miércoles, el Ejecutivo había anunciado que reforzaría la seguridad en las plantas energéticas frente a la escalada de atentados contra esas instalaciones. Según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la decisión se tomó tras el ataque perpetrado en un gasoducto en la localidad de Villamontes, en el sureño departamento de Tarija. Ese sabotaje, según fuentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectará los envíos de gas natural a Brasil, ingresos equivalentes a ocho millones de dólares diarios.

El gobierno boliviano había presentado ya pruebas contra que la representación de Washington en La Paz y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Así, en Noviembre de 2007, el presidente Evo Morales denunció en la XVII Cumbre Iberoamericana que "la oligarquía y la embajada de Estados Unidos" conspiraban contra los cambios estructurales que impulsa su Gobierno. Y el mandatario mostró a los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno una foto en la que se aparecían el embajador estadounidense Philip Goldberg, el narcotraficante y paramilitar colombiano Jhon Jairo Vanegas y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Gabriel Dabdoub.

“No se puede entender una fotografía con un paramilitar de Colombia y eso es una abierta conspiración. No se puede entender esa conspiración interna, seguramente les molesta la recuperación de los recursos naturales para redistribuir al pueblo”, manifestó Evo Morales ante sus colegas.

El mandatario informó que el colombiano, Jhon Jairo Vanegas, fue detenido y encarcelado en Bolivia los primeros días de octubre de 2007, después de haber realizado varios asaltos y muertes. Además, recordó que una funcionaria estadounidenses fue detenida por la aduana boliviana por pretender ingresar a Bolivia de contrabando 500

Asciende a catorce el número de muertos en Pando

A las ocho víctimas confirmadas en la noche del jueves, se sumaron seis personas más, asesinadas a balazos y machetazos en El Porvenir, municipio ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija. Según informó la Red ERBOL, el senador de Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar, sostuvo que hay muchos más muertos y heridos en inmediaciones de El Porvenir, Filadelfia y otras regiones del lugar.

El parlamentario aseguró que "hay más muertos en el monte, la selva y orillas de los ríos, porque los emboscadores ingresaron hasta las poblaciones para seguir persiguiendo a los campesinos".

Agregó además que él mismo fue amenazado de muerte, e indicó que los grupos cívicos y funcionarios de la prefectura estarían recorriendo por diferentes comunidades en búsqueda de dirigentes y concejales que no están en la línea de los autonomistas radicales para continuar la masacre.
El Gobierno acusa de la masacre a grupos armados por la prefectura de Pando para impedir que los campesinos acudieran a una reunión convocada para sumar fuerzas en defensa del presidente Morales ante la rebelión de los departamentos ricos de la llamada Media Luna.

Mientras tanto, el presidente Evo Morales, volvió a llamar al diálogo a los prefectos que no participaron de la convocatoria confirmada para el pasado 8 de septiembre.
En este caso, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, aceptó la invitación y se espera que viaje a La Paz para iniciar el diálogo

"REPUDIAMOS LAS AGRESIONES FASCISTAS CONTRA EL PUEBLO BOLIVIANO"

(COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS-CAOI- Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina)



"Invocamos a la solidaridad urgente para derrotar la arremetida del imperialismo y las oligarquías locales .
El Imperio norteamericano y la oligarquía boliviana no aceptan su derrota en el Referéndum Revocatorio del domingo 10 de agosto pasado. Temen recibir el mismo rechazo del pueblo en el referéndum convocado para aprobar la nueva Constitución. Y por eso persisten en su objetivo de arrastrar a Bolivia a la violencia descontrolada para truncar el proceso de cambios emprendido por el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.

La situación se ha agravado en los últimos días, principalmente en los departamentos cuyos prefectos convocaron a inconstitucionales referendos autonómicos, donde bandas de paramilitares escondidas bajo el nombre de 'comités cívicos', al mejor estilo de las hordas hitlerianas de la Alemania nazi, han desatado violentos ataques contra diversas instituciones, las que han sido objeto de saqueo, destrucción e incendios. Utilizando el racismo como una herramienta para defender sus intereses lesionados y tratar de recuperar el poder que están perdiendo gracias al proceso de cambios, los ataques han dirigido su puntería especialmente contra los pueblos indígenas, sus organizaciones y las instituciones que trabajan con ellos.

Destaca por ello el caso del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), cuya sede en Santa Cruz de la Sierra fue asaltada el martes 9 de setiembre a las 6 de la tarde por medio centenar de vándalos, quienes llegaron en tres vehículos 4x4 y otros autos, armados de palos, cuchillos, petardos y piedras, e irrumpieron para destruir muebles, equipos de cómputo y documentación, y encendieron hogueras dentro y fuera del local.

No es la primera vez. Las oficinas de CEJIS y su personal han sido atacadas más de 15 veces en los últimos cinco años. En los últimos meses la institución sufrió dos ataques con bombas molotov (en noviembre 2007 y en agosto pasado). Y esto porque, en sus 30 años de trabajo, CEJIS ha acompañado jurídicamente a las organizaciones indígenas, campesinas y sin tierra en los procesos de titulación de sus tierras y territorios.
Ha sido un aliado permanente de los movimientos sociales en la consecución jurídica de sus derechos en la legislación nacional, asesorado y acompañando el seguimiento de las organizaciones sociales a la Asamblea Constituyente.
Esta labor ha implicado permanente riesgo para las personas y en las oficinas del CEJIS, amenazadas por los sectores de poder que históricamente controlaron la región del Oriente boliviano, quienes se sienten ahora amenazados por el avance en los derechos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.


Frente a estos graves hechos, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, una vez más: Expresa su repudio a las agresiones fascistas contra el pueblo boliviano y su Gobierno por parte del imperialismo norteamericano y las oligarquías locales.

Alerta a la comunidad internacional, en particular a las organizaciones de Pueblos Indígenas e instituciones que trabajan con los Derechos Humanos, a estar atentos a los acontecimientos en Bolivia y tomar acciones para impedir que se consume un golpe de Estado que frustre el proceso de cambios que se desarrolla en ese país.

Expresa su más activa solidaridad con el pueblo de Bolivia, con el gobierno constitucional del Presidente Evo Morales Ayma, la nueva Constitución de ese país y en, general, el proceso de cambios allí emprendido.

Exige al gobierno de Estados Unidos, cuyo embajador en Bolivia ha sido, con toda justicia, declarado 'persona no grata' por el gobierno boliviano, que cese su descarada intervención en el país altiplánico. Exige a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como a la Comunidad Andina, pronunciarse de inmediato en defensa del orden constitucional y el derecho de Bolivia a decidir su propio destino."

Lima, 10 de septiembre de 2008.
Miguel Palacín Quispe Coordinador General CAOI

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Red Erbol, Reuters, La Jornada-México, Prensa Latina ANSA-Latina y ABI-Agencia Boliviana de Información)

Bolivia: Crisis política

EL GOBIERNO MANTIENE EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL Y CALIFICA DE ILEGAL LA DECISIÓN DE LA CORTE ELECTORAL, QUE TAMPOCO AVALA LAS ELECCIONES A GOBERNADORES DE LA PAZ Y COCHABAMBA

El gobierno boliviano ratificó este lunes la realización en diciembre próximo del referendo popular sobre la nueva Constitución, según decreto presidencial.
El Ejecutivo también catalogó de ilegal la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) que desiste de administrar ese proceso. La Corte anunció el lunes su decisión de no avalar frenó los referendos convocados por decreto por el presidente Evo Morales para validar el 7 de diciembre el proyecto de una nueva Constitución.

La decisión de la CNE, se convierte en un nuevo elemento que contribuye a agudizar la crisis política que vive el país.

José Luis Exeni, presidente del organismo electoral boliviano, justificó la decisión en conferencia de prensa al señalar que para llevar adelante los plebiscitos "se requiere una convocatoria por parte del Congreso Nacional mediante una ley de la República" y no, como se hizo, mediante decreto del Ejecutivo.

"Mientras existan estos impedimentos de orden legal no vamos a poder administrar estos procesos", agregó, al difundir una resolución de sala plena que respalda esa determinación.

Para el ministro sin cartera, responsable de la Defensa Legal de la Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, las cartas enviadas por la CNE con los argumentos que le impiden gestionar esa consulta el próximo 7 de diciembre no tienen valor jurídico.
Arce señaló que la postura de la Corte no tiene efecto vinculante para suspender el plebiscito, según el Decreto Presidencial del 28 de agosto, que cuenta además con el sustento de dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado.

Por su parte, el viceministro de Coordinación Con los Sectores Sociales y la Sociedad Civil, Sacha Llorenti, aseguró que no existe argumento legal y legítimo que impida que el decreto supremo sea cumplido. "El decreto que ha sido trabajado minuciosamente no solamente responde a una necesidad histórica para que el pueblo boliviano decida si quiere una nueva Constitución Política, sino que además está sustentado en los principios constitucionales y las leyes de la República", aseguró Llorenti.

La oposición 'cívica' llama a la 'resistencia civil'

Los decretos firmados la semana pasada por Evo Morales y ahora cuestionados por la CNE, convocan también a la elección de subprefectos (subgobernadores) y a decidir si se acepta o no la nueva ley que impone un límite máximo al tamaño de las fincas privadas. Además, Morales llamó a las urnas para elegir a los nuevos gobernadores de los departamentos de Cochabamba (centro) y La Paz (oeste), cuyos titulares fueron revocados en el referendo del 10 de agosto. El jefe de Estado recibió allí un amplio respaldo, del 67,4%.

Las convocatorias de Morales fueron criticada por los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que anunciaron una "resistencia civil". Entre las medidas que barajan está no permitir que el referendo se realice en esos territorios, donde se ubican las principales propiedades latifundistas, cuestionadas por una de las leyes sometidas a referendum.

El país vive días de tensión desde el lunes de la semana pasada, cuando se inició un bloqueo de caminos en las zonas petroleras.
Los líderes regionales, con ese bloqueo, rechazan la realización del referendo constitucional, pero también exigen la restitución de los ingresos gasíferos que son descontados para el pago de una renta a los ancianos.

Bloqueada la región petrolera del Gran Chaco

La región petrolera en el sureste de Bolivia quedó paralizada este lunes y aislada del resto del país por las protestas opositoras . La protesta en la región del Gran Chaco recibió el apoyo de prefectos opositores y dirigentes de cinco departamentos que preparan otras medidas de presión para impedir el referendo constitucional convocado por el gobierno.

El gobierno, por su parte, se declara seguro de ganar el referendo del 7 de diciembre y ofreció concertar después un pacto fiscal para redistribuir los ingresos por hidrocarburos y legislar los estatutos autonómicos departamentales. Pero la oposición rechazó la propuesta que formuló el domingo el vicepresidente Alvaro García Linera y anunció nuevas acciones de resistencia.

"Todo el Gran Chaco está de pie. No permitiremos que de la noche a la mañana se nos quite los recursos que costaron tanta sangre a nuestra gente", declaró Jorge Valdivieso, presidente del comité cívico de Yacuiba. En la región del Gran Chaco, en el sureste, están los yacimientos de petróleo y gas del país. La conforman provincias de los departamentos Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija cuyas autoridades, junto a las de Beni y Pando, rechazan el proyectode nueva Constitución. En Yacuiba, Villamontes, Caraparí (Tarija), Macharetti (Chuquisaca), Boyuibe, Camiri y Abapó (Santa Cruz) comenzó un paro que se suma al bloqueo de caminos que cumplió siete días e impide la comunicación vial con Argentina y Paraguay.

Los dirigentes cívicos de los departamentos ricos no sólo están contra la nueva constitución y contra la llamada 'Salario Dignidad' en favor de ancianos pobres y financiada con recortes en las regalìas por hidrocarburos que reciben las regiones productoras. También piden que Brasil y Argentina paguen al menos el doble por el gas natural que compran a Bolivia (en la actualidad entre 7 y 9 dólares el millón de BTU, unidad térmica británica) .

El corte de rutas ha afectado el suministro de diésel a la rica región de Santa Cruz, que se abastece de las importaciones que llegan por el norte argentino en camiones cisterna. La maquinaria agrícola y el transporte público son los más perjudicados por la falta de combustible.

Ese clima de posiciones irreconciliables alejan cada vez más un escenario de diálogo, que tanto el presidente aymara Morales como los prefectos (gobernadores) de las cinco regiones dicen querer, aunque hasta ahora no ha cuajado en un acercamiento en serio. Los prefectos han llamado hace una semana a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Iglesia Católica a mediar en un diálogo con el poder Ejecutivo para zanjar la crisis política pero las iniciativas sólo se han quedado en deseos. Incluso el secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, dijo estar listo para mediar, pero que esperaba una invitación oficial del gobierno de La Paz.

¿ QUE NO HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA BOLIVIA DE EVO MORALES ?

Para hacerse una idea del 'climax' político que vive Bolivia y del nivel de su libertad de expresión , pepitorias reproduce el siguiente artículo, publicado el pasado 26 de Agosto por el diario 'La Razón' de La Paz, propiedad del grupo español PRISA, de inocultable tendencia anti-Evo Morales. Probablemente los insultos contenidos sólo en los primeros párrafos del texto serían suficientes, en cualquier otro país 'menos liberal', pero quizá más protector de sus ciudadanos y representantes populares, como la misma España, para que el autor de semejante bazofia, acabara dando con sus huesos en la cárcel, junto al pago de una sustanciosa multa. Hay que destacar, además, que el autor fue responsable del control de la información desde el palacio presidencial de La Paz durante el mandato del tándem Paz Zamora-General Hugo Bánzer

Nosotros, los sucios

Por Humberto Vacaflor (*)


Bueno, el presidente Evo Morales ha aludido a mi gremio, al de los periodistas. Dijo que los periodistas somos sucios. Yo, que llevo 50 años en el oficio, quisiera contestarle.
He sido presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz dos veces y primer presidente de la Asociación Nacional de Periodistas. También he sido secretario general de la Federación Nacional de la Prensa, en 1971.
En ninguno de esos casos he tolerado, ni ocultado ni aceptado que ninguno de mis afiliados asesine a nadie, como en cambio ocurrió con el Presidente cuando protegió a sus cocaleros que asesinaron a los esposos Andrade. Ningún dirigente de los periodistas ha premiado a quienes cometen un crimen, como el Presidente hizo con la responsable de aquel asesinato.

Nosotros, los sucios periodistas, no somos narcotraficantes, como en cambio lo es el presidente Evo Morales. El actual Presidente envía pasta de coca a su colega Hugo Chávez, quien lo dijo el 6 de enero de este año en un discurso. Dijo que consume pasta de coca que le provee Evo Morales todos los días. Enviar droga al exterior es hacer tráfico de drogas. Y quien hace tráfico de drogas es un narcotraficante.

Nosotros, los sucios periodistas, no somos en cambio narcotraficantes.
Nosotros, los sucios periodistas, no hemos pedido a las Fuerzas Armadas que usen a sus oficiales como terroristas para atacar un medio de comunicación. En cambio, el Presidente lo hizo al ordenar que dos de los oficiales del Ejército que están a cargo de su seguridad vayan a matar bolivianos en Yacuiba el 21 de junio pasado. El anterior presidente que usó a las Fuerzas Armadas para atacar medios de comunicación y afectar a la democracia fue Luis García Meza, el anterior presidente acusado de ser narcotraficante.

Nosotros, los sucios periodistas, no hemos hecho comentarios sobre las dudas que tiene la gente acerca de los hijos del Presidente, que sólo se prestan a aparecer cuando hay una campaña proselitista en que se quiere demostrar que a Morales le gustan las mujeres. Ni se ha hecho comentario alguno sobre todo lo que se dice acerca de su también afeminado vicepresidente.

Nosotros, los sucios periodistas, no especulamos con nuestra pobreza, con nuestros orígenes humildes. No explotamos eso como una veta, ni pedimos que nos respeten porque fuimos pobres. El Presidente, en cambio, especula y cobra por sus hermanos muertos.

La pobreza ha matado también a hermanos de periodistas, pero ninguno usa ese dato como chantaje étnico. No nos ayuda el ejército de pobretólogos que, en cambio, secunda al Presidente.

Nosotros, los sucios periodistas, damos la cara en toda circunstancia. No nos ocultamos cuando estallan los problemas, como hace el presidente Morales. Nunca estuvo en los días de protesta de los alteños, por miedo. No se aproximó a Huanuni cuando ese distrito minero ardía en violencia.

Cuando deje de ser ladino en la política, cuando finalmente dé la cara a los problemas del país, pero en serio y no sólo como campaña, quizá pueda llamar sucios a algunos bolivianos. Por mi parte, como periodista, yo le digo a Evo Morales que se lave las manos antes de hablar de los periodistas.

(*)Humberto Vacaflor G., periodista boliviano muy ligado, en su momento, al MIR durante la presidencia de Paz Zamora, su amigo personal y director-editor de 'SIGLO XXI', boletín económico propiedad del oligarca Samuel Doria Medina.

(Fuentes: Prensa Latina, ABI-Agencia Boliviana de Información, AFP, BBC-Mundo, ANSA-Latina, 24 Horas Libre-Lima y La Razón-La Paz)

Nicaragua: Caso Ernesto Cardenal

EL ACOSO JUDICIAL AL POETA Y EXMINISTRO SANDINISTA, A LA COMISIÓN INTERAMERICANA. SARAMAGO, GALEANO, GIOCONDA BELLI, MEJÍA GODOY, SKÁRMETA... SE UNEN EN SU APOYO

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunciará el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las intenciones de la justicia nicaragüense de restringir la libertad del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, a causa de una cuestionada condena por injurias.

El caso será elevado "porque al padre cardenal -de forma ilegal y arbitraria- se le quiere restringir su derecho a movilizarse", anuncióla presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
El poeta Cardenal, de 83 años, fue condenado el martes por un juez de Managua a pagar una multa de más de 1.000 dólares por el delito de injurias y calumnias. El poeta, sacerdote y exministro sandinista anunció que no acatará la sanción, declarándose en rebeldía, por considerar que el juez se excedió en sus funciones al sentenciarlo por un delito del cual ya había sido absuelto hace tres años. El juez reabrió el porceso por injurias y calumnias iniciado a instancias de un empresario alemán en 2005.
En respuesta, el juez resolvió declarar al octogenario poeta "reo valetudinario" (decrépito y enfermizo), lo que le permite dictar medidas cautelares en su contra. Como las leyes nicaragüenses prohíben encarcelar a personas mayores de 75 años, el juez podría imponerle un arresto domiciliario o limitaciones de movilización.

Ernesto Cardenal, nominado en 2007 al Nobel de Literatura, atribuyó la reactivación del juicio a supuestas represalias políticas del gobierno de Daniel Ortega por haberlo acusado de "ladrón" durante su visita a Paraguay, la segunda semana de agosto, para asistir a la toma de posesión presidencial del exobispo Fernando Lugo.
El autor de reconocidas obras literarias como 'Cántico Cósmico' y 'Epigramas' dedicó gran parte de su vida a trabajar y defender los ideales sandinistas durante la revolución y tras la llegada al poder del FSLN en 1979 y fue Ministro de Cultura en el primer gobierno de Ortega (1979-1989). El padre Cardenal adquirió relevancia mundial cuando en la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, en febrero de 1983, se arrodilló ante el Papa en el aeropuerto de Managua, cuando éste le recriminó públicamente por ser miembro de un gobierno revolucionario, al que también pertenecían otros sacerdores, como su hermano Fernando Cardenal y Miguel D'Escotto.

Sus posiciones críticas hacia el liderazgo de Daniel Ortega dentro del Frente Sandinista lo llevaron a renunciar en 1990 al partido para formar parte de las filas de la disidencia sandinista, que actualmente está agrupada en el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS).

Tras las acusaciones a Ortega, se reabrió el caso

La querella había sido presentada hace tres años por el ciudadano alemán Inmanuel Zerger, con quien Cardenal mantuvo un litigio de propiedad en la isla de Solentiname (sur) donde el religioso fundó una comunidad de poetas campesinos hace muchos años.
Pero el caso se reabrió tras las duras declaraciones de Ernesto Cardenal en Asunción contra Daniel Ortega y el gobernante FSLN, lo que hace un día fue descalificado por la esposa del presidente nicaragüense Rosario Murillo.

Pero la respuesta más dura a Cardenal llegó en una carta divulgada por Nubia Arcia -campesina y pintora originaria de Solentiname-, madre de muchachos que murieron en las guerrillas inspirados por el sacerdote y poeta. "Mientras muchos que dicen ser verdaderos revolucionarios como Ernesto Cardenal, han vivido su vida disfrazados de corderos cuando han sido lobos peligrosos que se comen a los hijos de la revolución", dice la carta de Arcia. Arcia y otros vecinos de Solentiname, además de un empresario alemán ex amigo de Cardenal, acusaron en los tribunales de justicia al sacerdote por presuntamente haberle "robado" propiedades y utilizar influencias para reprimir a campesinos pobres.

Movimiento de solidaridad con Cardenal

El movimiento de apoyo a Cardenal se inició en Nicaragua, nada más conocerse la sentencia. En una carta pública distribuida el martes, el poeta calificó de “injusta e ilegal” la sentencia y anunció que no la acatará:“Si me quieren echar preso estoy listo para ir a la cárcel.

Las muestras de afecto llegan a Nicaragua de todas las partes del mundo y se ha puesto en marcha un movimiento internacional de escritores e intelectuales en el que participan autores de prestigio como el Nobel portugués José Saramago, Eduardo Galeano, Gioconda Belli, Antonio Skármeta, o los nicaragüenses Mejía Godoy y Sergio Ramírez.

José Saramago instó a Daniel Ortega a “que tenga la valentía de pedir perdón” al poeta. “Ernesto Cardenal, uno de los más extraordinarios hombres que el sol calienta, ha sido víctima de la mala conciencia de un Ortega indigno de su propio pasado, incapaz ahora de reconocer la grandeza de alguien a quien hasta un papa, en vano, intentó humillar. Si Ortega no tiene la valentía de pedir perdón a Cardenal, sabremos que sus méritos humanos y políticos han caído a cero”. Saramago afirma que en Nicaragua la justicia “se dejó corromper por los rencores y las envidias del poder”, y advirtió: “Una vez más una revolución ha sido traicionada desde dentro”, sentenció.

En su mensaje a Cardenal, Eduardo Galeano, uno de los autores más comprometidos de la izquierda latinoamericana, escribe: “Mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida persona, hermano mío del alma, contra esta infame condena de un juez infame al servicio de un infame gobierno. Estas infamias te elogian, Ernesto”.

La escritora cubana Celia Hart Santamaría, hija del ex ministro castrista de Cultura Armando Hart, unió su voz en apoyo al sacerdote nicaragüense. “¿Cómo puede un gobierno sandinista acusar a un sacerdote que fue la voz de los pobres en Nicaragua y emblema cultural de América Latina?”, se preguntó Celia Hart. “Siento vergüenza ajena de que algún dirigente sandinista quiera acusarlo de cualquier cosa”, añadió la escritora cubana.

El escritor chileno Antonio Skármeta advirtió a Ortega: “No se atreva a tocar a Cardenal”.

Poeta Ernesto Cardenal, con cariño, amistad y solidaridad

Por Luis Enrique Mejía Godoy

¡Somos un millón de hombrescon la cabeza a pájaros!

Pablo Antonio Cuadra (PAC)

Ayer, como todas las noches

las Cocorocas y los Pocoyos

con las Quiebraplatas,los Búhos, los Grillos

y demás animales nocturnos

bajo la luna menguante

en el caluroso mes de la patria

allá en la isla de Macarrón

en el bello Archipiélago de Solentiname

cielo encapotado y nada que llueve…

¿Supiste? -le dijo el Búho al Grillo

que afinaba su violín para el concierto de esa noche

Dicen que se llevarán preso al poeta Cardenal

¡Shhhht, callate! –le dijo la Cocoroca–

¡no ves que te pueden escuchar los sapos

que están en aquella rotonda de agua estancada!

Y la cocoroca nerviosa,¿Co co co co co co co cómo decís? repetímelo

¿que un cierto güis amenazó a Ernesto Cardenalcon mandarlo a la cárcel?

Les voy a dar una luz–interrrumpió la quiebraplata,

metiéndose en medio de la conversación.

Yo sé, por mis amigos los chocoyos

que vienen con frecuencia del lado de Rivas

que hay un grupo de Cuervos

¡que le quieren sacar los ojos al Poeta!

Al día siguiente, las Pijules, los Zenzontles

y toda la pajarería de Macarrón

se organizó para enviar mensajes a todo el mundo

pidiendo solidaridad para el Poeta

Imagínense, decía una bella Garza blanca, qué sería de nosotras

si el poeta no nos hubiera dado a conocer

en todo el mundo con sus esculturas

y sus poemas.

Lo mismo digo yo –agregó el Tucán–

que posaba para que un artesano copiara los colores de su plumaje

en un paisaje primitivista lleno de Ceibas, Madroños

y peces de colores.

Gracias al Poeta Cardenal, nosotros,

que somos proletarios,–dijeron los zanates al unísono–

fuimos incluidos en la Misa Campesina

junto al Chichiltote y al Saltapiñuelas.

El Alcaraván dio la hora y comentó:

Dicen que han empezado a llegar

manifestaciones de solidaridad

para el Poeta y Sacerdote

de pájaros de todo el mundo.

De Uruguay, México, España, Argentina, Chile,Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos.

El Salvador, Perú…

¡Hasta una Palomita mensajera

dicen que trajo una carta bien linda de Cuba!

La verdad, concluyó el Zenzontle,

que conversaba con un Guardabarranco,

mientras el Pájaro Carpintero silbaba en su taller,

es que tenemos que unirnos todos los pájaros de Nicaragua y del mundo

para hacer un coro solidario de pájaros y poetas

porque si encarcelan al Padre Cardenal, encarcelan la Poesía

¡y ningún país del mundo puede ser libre

si encarcelan la palabra…!

Managua, Nicaragua, 28 de Agosto, 2008

(Fuentes: AFP, DPA-La Jornada, ANSA-Latina, La Vanguardia-Barcelona y Radio La Primerísima-Managua)