Argentina: Movimiento campesino

EL NORTE ARGENTINO ES UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA. LOS CAMPESINOS DENUNCIAN DECENAS DE DETENCIONES ARBITRARIAS, PALIZAS Y DESTRUCCIONES DE CASAS Y COSECHAS POR LA POLICÍA

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC) asegura que en el último mes, al menos 35 personas fueron detenidas en tres provincias de la Argentina.

La organización de pequeños productores ha instalado una Carpa Negra frente a los Tribunales de la norteña provincia de Santiago del Estero, para reclamar por la liberación de los detenidos.
En la mayor parte de los casos, los campesinos son liberados pocas horas después de su detención, pero antes suelen ser golpeados y destruidas sus pertenencias; aunque dos miembros del Mocase-Vía Campesina, permanecen presos hace más de 40 días.

Se trata de Luís y Santos González, dos de los 29 campesinos detenidos en Santiago del Estero durante el mes de septiembre y primeros días de octubre.
Además, el Mocase dio a tiene conocimiento de al menos 50 'pedidos de captura' contra militantes campesinos que, a su vez, son sometidos a tormentos, saqueo de sus pertenencias por parte de la policía, simulacros de fusilamientos, golpes y torturas.
A la situación que viven las familias campesinas de Santiago del Estero, se suman las de las provincias de Formosa y Mendoza. En total, el número de detenciones asciende a 35, y las órdenes de detención al menos a 95.
Ricardo Cuellar, del Mocase VC, asegura que hay más de 95 'pedidos de captura', , y pide al Gobierno Nacional que acabe con esta política con los campesinos y los pueblos originarios

AUDIOS: Ricardo Cuellar, MOCASE VC (detención)22 seg. (178 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (causa inventada)40 seg. (315 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (Justicia)44 seg. (348 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (pedidos de captura)57 seg. (451 KB)


El norte argentino en una espiral de violencia

El martes pasado nada más comenzar la noche, en la localidad de Ingeniero Juarez, provincia de Formosa, un campesino comprometido con la lucha de criollos e indígenas fue nuevamente detenido. Luis Montes, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (Mo.Ca.For) y del Frente Nacional Campesino (F.N.C.) fue sólo uno de los 7 que serían privados de su libertad posteriormente. Las organizaciones campesinas venían repudiando los desalojos, infamias y atropellos que se llevan adelante contra las comunidades wichís y criollas, incluyendo la quema de sus viviendas y campos.
Para conocer mejor la situación que se vive en la región, transcribimos la conversación de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, con Benigno Lopez, militante del Mo.Ca.For y el F.N.C.

-RMR: Hay varios compañeros detenidos, ¿cuál es la razón?
-Benigno Lopez: Hay dos conflictos bien marcados, uno es contra de una comunidad wichí que tiene conflicto de viviendas que fueron construidas en tierras ancestrales que ellos reivindican, y hubo represión contra ellos de 270 efectivos de la policía de la provincia que participaron. Eso fue en la localidad de Ingeniero Juárez. Estos intensos ataques contra esa comunidad, con mucha violencia, fue resistido.

Por otro lado, primero el juez ordenó y fue detenido el compañero Gabriel Pérez, que es dirigente de los campesinos criollos del campo La Florencia. Estamos hablando de 60 mil a 90 mil hectáreas de tierras de los criollos que hace más de 150 años que habitan esa zona. Hoy apareció un empresario que reclama la propiedad de esas tierras.
El juez actúa como un empleado más del empresario, juntamente con el intendente, y la respuesta es mandar a amedrentar, a patotear, a golpear a las mujeres, a los niños, a los hombres del campo, a los criollos, y después bueno, como con eso la gente sigue resistiendo, el juez ordenó la detención de 7 compañeros, entre ellos una compañera, que están detenidos en la comisaría de Las Lomitas por orden del Juez Pedro Gustavo Schaefer. Aparte ordenó la detención de 11 compañeros más.

En estos momentos la abogada hizo la presentación de la excarcelación de los compañeros y va a presentar la eximición de prisión para el resto de los compañeros, pero el juez expresó que el no se rige mucho por la ley, sino por la orden política que puede recibir.

Es una situación muy complicada, muy tensa, más aún es llamativo cuando la Presidenta de la Nación viene a hacer anuncios a los pequeños productores acá en la provincia de Formosa, y más cuando justamente acá en el oeste los campesinos y los dirigentes del Mo.Ca.For. son perseguidos políticamente, son golpeados violentamente, son detenidos y son encarcelados. En estos últimos 8 días de cara a la visita de la presidenta se acentuó muchísimo más. Entendemos que es un problema de querer enfrentarnos con el Gobierno Nacional también de parte de algunos intereses económicos y políticos locales y provinciales.

-RMR: Esta situación de persecusión y represión la vienen sufriendo no sólo allí en Formosa, sino también en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba los movimientos campesinos, ¿qué lectura política hacen de todo este conflicto territorial que se está dando a nivel nacional?

-Benigno: Por un lado usted sabe que el sector campesino ha ganado un pequeño paso que es la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural que fue lanzada hace muy poco tiempo, que ese es un espacio por construir, es un espacio por llenar, es un espacio por diseñar y ejecutar, pero es un espacio que el Gobierno Nacional al final apoyó. Y al mismo tiempo, desde los feudos locales y provinciales se da el paso contrario a estos pasos nacionales y se acentúa la represión y la persecución contra los campesinos, y principalmente se lo quiere expulsar de sus tierras y grandes empresas quieren quedarse con las tierras de los campesinos, criollos y de los indígenas de la Argentina.

-RMR: ¿De qué se trata el anuncio que la presidenta tiene que dar?, ¿por qué crees que está tan ligado a esta persecución política?

-Benigno: Nosotros, por lo que pudimos enterarnos, viene para anunciar líneas de crédito para los pequeños productores, y también quiere hablar de la cuestión de la tenencia y uso de la tierra. Justamente en este momento en que nosotros tenemos expectativa, y hay un sector político que evidentemente maneja la justicia, la policía y todo en estas tierras acentúa la represión contra nosotros, para que nosotros reaccionemos y nos enfrentemos al Gobierno Nacional. Creemos que buscan eso.

-RMR: En un comunicado de prensa que ustedes circularon hablaban también de quema de viviendas y campos, ¿cómo han vivido esta situación?

-Benigno: Sí, en el campo La Florencia mismo, civiles armados que son empleados del empresario o patoteros de él, estuvieron quemando casas, cercos de los campesinos, que hace más de 100 años viven en ese lugar.

-RMR: ¿Cuántos días llevan detenidos los 7 compañeros?

-Benigno: Los detuvieron en diferentes etapas. Primero fue uno detenido el martes a la tardecita en la localidad de Ingeniero Juárez, y luego el miércoles otros.

-RMR: ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr la liberación de todos sus compañeros?

-Benigno: Nosotros creemos que necesitamos que si hay leyes que rigen en la Argentina, necesitamos que se apliquen las leyes en Buenos Aires como también en Formosa. Este juez dice que no le interesan las leyes, pero nosotros creemos que si tenemos leyes hay que respetarlas. Por otro lado, creemos y le decimos al señor Gobernador Gildo Insfrán y a todas las autoridades que nosotros creemos en el diálogo. Nosotros no creemos que el garrote, la quema de casas, la tortura de mujeres y niños, traiga como fruto algo bueno, para nada. Creemos que eso puede empezar a construir una espiral de violencia, y nosotros realmente apostamos al diálogo. Nosotros queremos diálogo, queremos una mesa donde esté el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional.

-RMR: ¿Hay algo que quieras agregar?

-Benigno: Simplemente esto, esperemos que empiecen a cambiar las cosas. Nosotros estamos evaluando tomar otras medidas si hace falta.

-RMR: Benigno, gracias por la charla y esperamos que pronto se tranquilice la situación en Formosa para ustedes y sus comunidades que están resistiendo.
-Benigno: Sí, esperamos buenas noticias, así que esperaremos la visita de la Presidenta y ver qué resultados hay.

Formosa, la más pobre y atrasada de la Argentina

Por primera vez se hizo un ranking basado en la calidad de vida de las ciudades argentinas. Lo elaboró un equipo de investigadores en geografía y demografía del Conicet y de seis universidades públicas nacionales. En el primer lugar quedó la ciudad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el 78% goza de cobertura médica y menos del 3% vive sin baño.

En el otro extremo, se encuentran los que viven en General Mosconi, en el noroeste de la provincia de Formosa, donde hay una comunidad de la etnia wichí. Allí, sólo el 13% de la población accede a una cobertura social y el 97% habita en una casa sin baño.

El investigador principal que lideró el trabajo, Guillermo Velázquez, director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, informa que el estudio, elaborado en base al censo nacional de 2001, toma como indicadores los datos de mortalidad infantil, el acceso a la cobertura médica y el nivel de educación, las condiciones de las viviendas, e incluyeron un índice de desastres.

Entre las 5 localidades con peores datos, se situan varias del Norte argentino: General Mosconi, (Formosa), Valle Grande y Rinconada, en Jujuy, Laguna Yema (Formosa) y Santa Catalina (Jujuy).

Allí, más del 80% de la población no tiene baño en su casa y menos del 1% llegó a cursar la universidad.

"La ubicación tan baja del Norte argentino se debe a que el proceso histórico casi lo dejó al margen. No recibió las grandes inversiones en industrialización que tuvieron otras regiones como la Pampeana. También el Norte fue afectado por inundaciones y sequías", explica el investigador.Velázquez dice que hay una "distancia sideral" entre las ciudades de Punta Alta y General Mosconi. "La primera es comparable al Primer Mundo y la segunda, a las zonas más postergadas del planeta. Se debe a la fragmentación socio-territorial del país durante las décadas pasadas".

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero

Por Patricia Durand

1. Las primeras luchas

Si bien el Movimiento Rural de la Acción Católica había actuado en la provincia de Santiago del Estero, no llegaron a formarse Ligas Agrarias en ese territorio, probablemente porque el principal conflicto que atravesaba a los campesinos de esta provincia era la lucha por la tierra, mientras que en las provincias donde las Ligas fueron más dinámicas -Chaco, Misiones y Santa Fe-, el principal problema era la comercialización con la agroindustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran “colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos “gringos” –inmigrantes europeos-. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural era “criolla”, formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales se retiraron. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero hayan tomado un camino diferente. Un primer antecedente de lucha campesina para resistir un intento de desalojo se registró en la década de 1960 y tuvo lugar en el paraje de Suncho Pozo, dentro de la Zona Este de la Santiago del Estero (1).

El origen de los pobladores de Suncho Pozo, asentados desde hacía más de dos generaciones en la zona, databa de la época en que esa zona de la provincia era el centro de la actividad obrajera para extracción de quebracho colorado y demás maderas duras para la producción de durmientes y postes. Los padres y abuelos de los miembros de la comunidad eran hacheros, trabajadores de los obrajes (Benencia, 1996). La actividad depredadora de las empresas obrajeras fue dejando a su paso desiertos y fachinales, ya que era una actividad caracterizada por la tala indiscriminada de las especies arbóreas. Además de los árboles talados para durmientes y postes, se cortaban otras especies para producir carbón y leña, que se imponían como combustible en esa época (Dargoltz, 1980).

A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte (2). Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían perdido su riqueza natural. Esto hicieron los pobladores de Suncho Pozo en la segunda mitad de la década del ´40, limpiando el fachinal para tener un lugar donde levantar su vivienda y cultivar algo para vivir. Con el tiempo estos antiguos trabajadores rurales se fueron transformando en campesinos en la medida en que el mercado les permitía la entrada como productores marginales, por ejemplo de algodón. La tarea en la propia explotación se alternaba con ocupaciones diversas en el área o fuera de ella. En la década del 60, cuando estos productores habían demostrado que en esas tierras se podía cultivar, y en un momento en que el algodón era rentable, comenzaron los reclamos por parte de una compañía que había comprado las tierras al antiguo dueño. La empresa inició un juicio por desalojo y los campesinos, ante una amenaza concreta sobre sus tierras, comenzaron a organizarse. Las familias formaron comisiones, se constituyeron en asambleas, organizaron grupos de vigilancia y de resistencia, y delegaron las acciones legales en un abogado que los mantuvo informados sobre las distintas instancias del juicio -que se extendió desde 1963 hasta 1973- (Benencia, 1996)....(SIGUE)

(PARA LEER COMPLETO AQUÍ )

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Radio Mundo Real, Diario Opinión Ciudadana-Formosa y Prensa del Frente)

Sáhara Occidental: ONU

LA ASAMBLEA GENERAL REAFIRMA EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI, MIENTRAS MARRUECOS MANIOBRA PARA RETRASAR EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES

La Comisión de Cuestiones Políticas Especiales y de Descolonización (IV Comisión) de la Asamblea General de la ONU, ha aprobado, por unanimidad, una resolución que reafirma el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación, de conformidad con los principios de la Carta de la ONU, en la que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

Además, la Cuarta Comisión apoya la negociación entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental para lograr una solución que lleve a "la autodeterminación del pueblo saharaui". Se refiere al proceso de las negociaciones iniciadas por la resolución 1754 (2007) y reafirmado en las resoluciones 1783 (2007) y 1813 (2008) del Consejo de Seguridad "para lograr una paz justa, duradera y mutuamente aceptable que permitir la autodeterminación del Sáhara Occidental ". La Comisión elogió los esfuerzos realizados en este sentido por el Secretario General y su Enviado Personal.

Igualmente, la resolución acogió con beneplácito la celebración de las 4 rondas de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos desde junio de 2007 a marzo de 2008, en presencia de los países vecinos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el compromiso de las partes en el conflicto, a “seguir mostrando voluntad política y trabajando en una atmósfera propicia al diálogo, a fin de entrar en una fase más intensiva de las negociaciones, de buena fe y sin condiciones previas”. Y acoge con beneplácito "el compromiso de las partes de seguir demostrando voluntad política y trabajar en una atmósfera propicia para el diálogo, para entrar en una parte más intensa de las negociaciones".

La resolución pide a las partes para que cooperen con el Comité Internacional de la Cruz Roja y las exhorta a que cumplan las obligaciones que les incumben conforme al derecho internacional humanitario. Asimismo pide al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que siga examinando la situación en el Sáhara Occidental y le informe al respecto en su sexagésimo cuarto período de sesiones.

Un nuevo aliento de la comunidad internacional

La República Árabe Saharaui Democratica(RASD) subrayó, el miércoles, que a través de la resolución adoptada por la IV Comisión de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, la comunidad internacional reafirmó una vez más el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. "A través de esta resolución la comunidad internacional reafirmó que cualquier solución política debe garantizar el ejercicio del derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación y a la independencia, de conformidad con los principios y resoluciones de las Naciones Unidas sobre la descolonización”, afirmó el ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Ould Salek.

Ould Salek subrayó que la Comisión reiteró, en esta "importante" resolución, adoptada por unanimidad, la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo del Sáhara Occidental en un momento en que Marruecos sigue bloqueando los esfuerzos de la comunidad internacional para la descolonización de la última colonia en África . "El Frente POLISARIO y el Gobierno de la República Saharaui aprovechar esta oportunidad para lanzar un llamamiento urgente al Gobierno marroquí para que ponga fin a su política de hechos consumados y de obstrucción al referéndum de autodeterminación, que sigue siendo la única manera realista para lograr una solución justa y duradera ", dijo. Ould Salek también ha pedido que se ponga fin a "la represión indiscriminada llevada a cabo por las fuerzas coloniales marroquíes" contra la población saharaui en los territorios ocupados y que todos los presos saharauis fueran puestos en libertad "sin condiciones".

En una declaración escrita, Uld Salek consideró que la Cuarta Comisión recordó la responsabilidad de Naciones Unidas "en un momento en que Marruecos, con la complicidad de un miembro del Consejo de Seguridad, sigue impidiendo la descolonización de la última colonia africana".

La adopción de la resolución coincidió con el anuncio de que el líder del Polisario, Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se reunirá el 4 de noviembre en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para tratar sobre la reanudación de las negociaciones con Marruecos.

Las dos partes han celebrado cuatro rondas de negociaciones bajo la égida de Naciones Unidas, sin apenas resultados.
Marruecos insiste en que la única solución viable es su propuesta de otorgar la autonomía a la ex colonia española, mientras que el Polisario exige que, como de desprende de las resoluciones de la ONU, se celebre un referéndum de autodeterminación, en que la independencia sea una de las opciones.

La quinta ronda negociadora, que debía haberse celebrado antes del verano, se pospuso después de que el Polisario considerase que el enviado de la ONU, el holandés Peter Van Walsum, se había autoexcluido como mediador tras declarar que la independencia del Sáhara Occidental era una opción "poco realista".

Marruecos maniobra para que no se reanude el diálogo

La reanudación de las conversaciones sobre el futuro estatus del Sáhara Occidental está retrasada “por las evasivas y chantajes” de Marruecos, denuncia el representante del Frente POLISARIO en ONU, Ahmed Bujari.

De acuerdo con el diplomático de la República Árabe Saharaui, esa actitud del gobierno de Rabat está reflejada en sus objeciones para aceptar la propuesta del embajador estadounidense Christopher Ross como nuevo enviado de la ONU para el Sáhara Occidental.

“Nosotros hemos aceptado la propuesta del Secretario General de nombrar a Ross como nuevo enviado de la ONU, pero Marruecos todavía no ha dado su aprobación”, dice Bujari .

Ross deberá sustituir en ese cargo al holandés Peter Van Walsum, quien no fue ratificado para esas funciones luego de declarar que la opción de independencia defendida por el Frente POLISARIO para el Sáhara Occidental era “poco realista”.
Las declaraciones de Van Walsum sonaron a música celestial en los oídos de las autoridades en Rabat, las cuales solo consideran como válida su propuesta de autonomía para ese territorio, pero bajo la soberanía de Marruecos.
La demora en el nombramiento de Ross mantiene en vilo la celebración de la quinta ronda de conversaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado por Marruecos desde 1975, cuando que España, antigua metrópoli, abandonó el territorio sin cumplir iniciar la descolonización que pedía la ONU.

El mandato de Van Walsum concluyó el 21 de agosto y desde entonces se espera la designación oficial de Ross como nuevo enviado del organismo internacional.

Bujari se refiete también a la aprobación esta semana de una resolución sobre el Sáhara Occidental en la comisión de la ONU encargada de los casos coloniales, al destacar que ese documento “reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.
La resolución insta igualmente a proseguir negociaciones serias y sin condiciones previas entre las dos partes para alcanzar una solución al conflicto del Sáhara Occidental.
El representante del POLISARIO critica al gobierno de Marruecos por no adoptar una postura seria en las diferentes rondas negociadoras mantenidas hasta el momento.

La comunidad saharaui en España denuncia la represión marroquí en el Sáhara ocupado.

La comunidad saharaui en España ha denunciado la represión llevada a cabo, recientemente por las fuerzas de seguridad marroquíes contra los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados. La comunidadcondena igualmente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, especialmente contra los defensores de los derechos humanos y expresa su solidaridad incondicional con la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación e independencia.

En su comunicado, la Comunidad saharaui en España pide la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos saharauis que se encuentran en las prisiones marroquíes.

Por su parte, los presos políticos saharauis en la Carcel Negra de El Aaiún han denunciado “con fuerza” las recientes agresiones perpetuadas por los guardianes de la cárcel contra los presos políticos saharauis, Bachir Ben Taleb y Chikhi Brahim.

Y los ciudadanos saharauis de las ciudades ocupadas de Dajla y Bojador publicaron, el sábado, un comunicado donde denuncian la detención arbitraria de tres jóvenes por las fuerzas militares marroquíes y expresaron su apoyo al Frente POLISARIO como legítimo representante del pueblo saharaui, subrayó la misma fuente.

(Fuentes: SPS-Servicio de Prensa Saharaui, EFE y Prensa Latina)

Perú: Fujimori

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PRETENDE QUE LA AMNISTÍA PARA MILITARES IMPLICADOS EN MASACRES PERDONE TAMBIÉN A FUJIMORI

El Congreso peruano estudia la iniciativa impulsada por la Comisión de Defensa para otorgar amnistía a militares y policías que violaron los Derechos Humanos. Uno de los beneficiados sería Alberto Fujimori. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, el Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, sostiene que el proyecto de Ley pretende minimizar la sentencia al dictador Fujimori.

Pero no sería el único, ya que la iniciativa busca la amnistía para todo el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía, procesados por violaciones a los derechos Humanos.

Según explica Miguel Jugo, "El principal favorecido sería Alberto Fujimori, pues si se releva de responsabilidad a los autores materiales, el autor intelectual, obviamente tendría una pena menor".
Agrega que es una manera de "presionar a los jueces y a los magistrados" y asegura que constituye una grave responsabilidad del oficial Partido Aprista Peruano (PAP), en sus "enjuagues y contubernios" con el fujimorismo.

Miguel Jugo añade que este tipo de proyectos son inviables legalmente porque contravienen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado. Dice que las amnistías sólo son factibles si éstas consolidan la inviolabilidad de los derechos humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amnistías deben ser para perfeccionar la justicia no para escamotearla”. De darse una amnistía a los procesados por crímenes de lesa humanidad, éstos serían perjudicados porque si salen libres por una ley, sin habérsele comprobado debidamente su inocencia, quedarían estigmatizados socialmente como culpables, según el Director de APRODEH.

AUDIO DECLARACIONES: Miguel Jugo, APRODEH (amnistía)

Fujimori, está siendo juzgado por la autoría intelectual de crímenes como los de Barrios Altos y la Cantuta. .
Un proyecto que consagraría la impunidad

La propuesta del gobierno y del APRA para amnistiar a unos 600 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante veinte años de conflicto interno, ha credao ya la consabida preocupación entre los grupos de defensa de los derechos humanos, que la consideran inaceptable, porque consagraría la impunidad.

El congresista oficialista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, fue el encargado de anunciar que presentará al Congreso en los próximos días un proyecto con el fin de favorecer al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y policiales que, por haber obedecido órdenes superiores, tienen juicios abiertos.

"Es un proyecto multipartidario; estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad", dijo Núñez, al diario Perú21.

El anuncio generó de inmediato la reacción de los grupos defensores de los derechos humanos.
"Es inaceptable cualquier posibilidad de amnistía o indulto a militares que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad porque se puede consagrar la impunidad y la tolerancia frente a los abusos", dice Ronald Gamarra, director de la Coodinadora Nacional de DDHH.
Argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en afirmar que estos delitos no son indultables ni amnistiables.

El primer ministro, en contra; Alan, a favor

Interrogado el primer ministro Yehude Simon, más a la izquierda que el APRA dice que no cree que el Estado peruano pueda indultar o amnistiar casos de violaciones de derechos humanos.
"Lo importante es no manchar instituciones, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante en la defensa del país y a ellas les debemos gratitud", asevera.
"Pero en nombre de esa gratitud debemos evitar que cualquiera de sus elementos pueda violar los derechos humanos; si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", añadió.
Simon, de 61 años, pasó ocho años en la cárcel condenado sin pruebas por vínculos con la guerrilla guevarista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) hasta que fue indultado en 2000. Un tribunal militar lo había condenado a 20 años de cárcel en 1992.

El proyecto de amnistía se presenta después de que Alan García dijera a comienzos de mes que hay una persecución contra las Fuerzas Armadas. "¿Qué esperan para poner fin a la persecución contra las FFAA? Ya está bueno que a quienes han ayudado a la patria a triunfar sobre el terror se les continúe persiguiendo año tras año", dijo en un acto público.

En 1994 una ley del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, dictó una controvertida ley de amnistía que benefició a los integrantes de un escuadrón de la muerte integrado por militares del Ejército, denominado Grupo Colina.
Esa ley fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida- que anuló las amnistías y ordenó se realicen nuevos juicios, que actualmente están en marcha.
La guerra interna que afrontó Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, entre 1980 y 2000, dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Crece el rechazo a la propuesta de amnistía

La propuesta de impulsar una amnistía para militares y policías procesados por casos de derechos humanos encontró una fría respuesta. Para el Defensor del Pueblo adjunto, Eduardo Vega, "no hay razones jurídicas ni éticas que fundamenten en este momento una amnistía". Al rechazo que se sumó el presidente interino del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto, para quien, de acuerdo con la doctrina jurídica internacional, no es lícito dictar una amnistía cuando se trata de ese tipo de delitos. El proyecto ha sido rechazado además por el ex jefe del Ejército José Graham, quien dice que lo pertinente es garantizar juicios justos a los militares acusados de violaciones de derechos humanos y que los responsables paguen sus culpas.
En la prensa, además, surgieron especulaciones respecto a que el congresista proponente, Edgar Núñez, vinculado a la universidad Alas Peruanas, de propiedad de militares, podría tener interés en salvar a procesados específicos. Núñez dijo que su iniciativa obedece a que miembros de las Fuerzas Armadas le expresaron temor a participar en combates contra los grupos ultraizquierdistas armados por posibles juicios futuros, y citó como ejemplo lo ocurrido con los 142 militares que participaron en el rescate de 72 secuestrados por el MRTA en 1997, de quienes afirmó que ahora son procesados. Al respecto, en el programa de televisión "Prensa Libre" se le recordó que no hay ningún militar enjuiciado por participar en combates y que en el caso del MRTA sólo hay tres procesados, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza y un coronel, a los que se atribuyen las muertes de al menos tres secuestradores a los que testigos vieron vivos tras la operación

Como un "engañamuchachos" califica el especialistas en temas militares, José Robles Montoya, la propuesta .“Esta propuesta en un engañamuchachos para con los militares y lo único que se busca es darle un mensaje de que se está preocupado por ellos, pero resulta siendo un ofrecimiento demagógico que no ayuda a los militares”, asegura a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). Señala que los congresistas saben muy bien que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los delitos lesa humanidad no son ni indultables ni amnistiables; además, si eso ocurre, los familiares de las víctimas pueden ir a la Corte y reabrir nuevamente los procesos. En ese sentido, Robles Montoya recuerda que el comandante general del Ejército dijo que no buscan amnistías, sino justicia y que existen varios militares que son investigados en el Poder Judicial. Y añade que el argumento de que la propuesta de ley busca proteger a los oficiales que participaron en la operación "Chavín de Huantar"(por la que fueron eliminados varios de los guerrilleros del MRTA que ya se habían rendido en la residencia de la embajada del Japón) no es creíble porque tan sólo están denunciadas tres personas: el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; el ex asesor presidencial del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos; y el coronel Jesús Zamudio Aliaga, quien lideró el grupo encargado de las ejecuciones extrajudiciales Indicó que la iniciativa del congresistas oficialista apunta más a congraciarse con algunos militares que en todo caso están comprometidos en ese tipo de procesos y que tratan de esconderse detrás de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para salir librados.

ESCUCHAR DECLARACIONES a CNR:Real Win MP

Fujimori no podría ser amnistiado

El pasado 29 de septiembre José Peláez Bardales, fiscal en el caso los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta en el que el expresidente está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción, dijo que ante una eventual condena, Alberto Fujimori no podría ser beneficiado con una ley de amnistía o con un indulto presidencial del actual o de otro régimen, pues estas figuras no se aplican en los casos de homicidio, desapariciones forzadas u otra forma de violación de los derechos humanos, según la justicia penal internacional a la cual el Perú está sujeto.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que viene juzgando a Fujimori por violaciones a los derechos humanos tiene previsto emitir su resolución, en primera instancia, antes de diciembre. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa final.

El próximo año, el ex presidente afrontará otros dos juicios: por corrupción y por peculado. La Fiscalía pediría por estos casos entre ocho 12 años de prisión.

Por su parte, el fiscal Avelino Guillén, afirmó este martes que el ex mandatario Alberto Fujimori daba ordenes verbales concretas y directas a miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en actividad durante su Gobierno.
Guillén lanzó esta acusación en la etapa de pruebas documentarias en la cual se encuentra el juicio al ex jefe de Estado. Según el representante del Ministerio Público, Fujimori tenía la potestad de emitir órdenes operativas a militares en actividad para llevar a cabo la lucha natisubversiva . Para defender esta posición, Guillén afirmó que las sentencias en primera y segunda instancia contra Alberto Fujimori por el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, pues le ordenó al teniente Manuel Ulises Ubillus hacerse pasar por fiscal para lograr este objetivo.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Perú, AFP, El Comercio-Lima, Prensa Latina, 24 Horas Libre-Perú)

Argentina: Crisis Financiera

EL GOBIERNO SE DISPONE A NACIONALIZAR EL SISTEMA DE PENSIONES PARA GARANTIZAR LOS FONDOS, EN PELIGRO POR LA CRISIS DEL CAPITALISMO

El gobierno argentino se dispone a anunciar la estatización del sistema jubilatorio del país y la eliminación de los fondos de pensión privados existentes desde la década del 90. El titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabre, asegura que la presidenta Cristina Fernández anunciará la creación de "un sistema previsional público único e indelegable".

El anunció se realizará durante un acto en el organismo estatal que administra el sistema de jubilaciones del país (Anses) que encabezará la presidenta argentina. El acto contará también con la presencia de Hugo Moyano, titular de la central sindical CGT, la más importante del país, que se pronunció en favor de la estatización del sistema jubilatorio. "La única jubilación segura es la del Estado por lo que el sistema de capitalización se transformará en una posibilidad optativa y meramente complementaria", resaltó Fabre.

Con esta medida, el Gobierno de Argentina buscaría absorber unos 28.700 millones de dólares en manos de los fondos de pensiones privados para proteger las futuras jubilaciones de la crisis global, dijo el lunes una fuente privada, en un medida rechazada de inmediato por los mercados

La cartera de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), los mayores inversores institucionales del país, está compuesta en casi un 70 por ciento de bonos y acciones, por lo que su dramática caída mayor al 45 por ciento en lo que va del año preocupó al Gobierno.
Si el plan avanza en el Congreso, Argentina volvería a tener un único sistema previsional estatal como el que históricamente tuvo el país y que cayó en constantes ciclos de déficit frente al desorden de las cuentas públicas.

Las jubilaciones, en peligro

Las llamadas AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) han invertido el dinero de los beneficiarios mayormente en acciones, bonos del Estado y depósitos bancarios a plazo fijo con el fin de multiplicar su capital.
Pero como consecuencia del reciente colapso bursátil y crediticio en todo el mundo, los aportes de millones de argentinos han sufrido una marcada depreciación, si bien ya registraban un retroceso desde el año pasado.
El gobierno afirmó que en los últimos doce meses las AFJP han acumulado pérdidas del 20% y advirtió que en el futuro podrían verse en dificultades de pagar las jubilaciones mínimas.

La actual crisis pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado

"La actual crisis sólo pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado", dice un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
"Particularmente la caída de los activos financieros hace evidente que el Estado tendrá que salir a rescatar de una forma u otra a los futuros jubilados".

El oficialismo ha calificado la medida como un "salvataje" análogo al que ha realizado Estados Unidos con su sistema financiero.

Un problema común con otros países de América Latina

La menor rentabilidad de los fondos privados de pensiones no es un fenómeno exclusivamente argentino: se observa en Estados Unidos y Europa, pero también en el resto de América Latina y el Caribe.

Numerosos países de la región poseen un régimen obligatorio de capitalización de jubilaciones, aunque algunos de ellos mantienen resabios del sistema estatal.
Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en esta lista figuran Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y México, además de Argentina.
"En todos estos países las pensiones privadas se han visto arrastradas por la caída de los mercados, porque las aseguradoras invierten un porcentaje de su capital en títulos y bonos", explica Martín Krause, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA).
"Sin embargo, no hay que perder de vista que las empresas administradoras plantean un ahorro a largo plazo y que el desplome actual de los fondos de jubilación puede revertirse en el futuro. Es una posibilidad, habrá que ver qué pasa", aclara.

En Argentina las AFJP, creadas en 1994 a semejanza de las aseguradoras chilenas (AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones), conviven hoy en día con un sistema de retiro estatal.
No hay que perder de vista que las empresas administradoras plantean un ahorro a largo plazo y que el desplome actual de los fondos de jubilación puede revertirse en el futuro

En Argentina, el sistema esquema privado suma 9,5 millones de afiliados, mientras que el público tiene más de cuatro millones y medio.

Según datos oficiales, actualmente funcionan diez AFJP que recaudan más de US$300 millones por mes. Administran unos US$30.000 millones distribuidos en distintas inversiones.
Debido a la depreciación de los fondos de pensión por crisis financiera global, cerca de medio millón de argentinos que ya cobran una jubilación privada reciben menos dinero del esperado.

Como las turbulencias internacionales amenazan con afectar, además, los aportes de millones de beneficiarios futuros, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández quiere enviar al Congreso un proyecto de ley para poner fin al sistema de capitalización.

Si la iniciativa prospera, todos los trabajadores pasarán al sistema público y quienes lo deseen podrán seguir aportando dinero extra a las AFJP, de manera voluntaria, para tener una pensión complementaria a la del Estado.

Sería un esquema similar al que tienen, por ejemplo, Brasil, España y el Reino Unido.

Algunos especialistas y críticos de la presidenta Fernández han expresado sus dudas sobre la medida. Para Martín Krause y otros economistas independientes, la gran pregunta es qué pasará en el futuro con los aportes que manejan las AFJP, teniendo en cuenta que en el pasado la gestión estatal de las pensiones "ha estado lejos de ser óptima".
"Hoy el 90% de los jubilados del sistema de reparto cobra apenas el mínimo, es decir que no tuvo la posibilidad de ver crecer sus contribuciones y obtener réditos de ellas", dice Martín Krause.
Entre tanto, la oposición cree que el gobierno quiere dar un paso más en su política de nacionalizaciones.

El fin de las AFJP tal como fueron concebidas se sumaría a una serie de reestatizaciones encaradas en los últimos años por el gobierno de Fernández y previamente por el de su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), con la intención de que el Estado tenga un rol más activo en la economía.
Muchas empresas argentinas pasaron a manos privadas durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999). De esa época data, justamente, la creación de los fondos privados de pensión.
Entre las compañías que han sido recuperadas por el Estado figuran el Correo Argentino en 2005 y Aguas Argentinas en 2006. Recientemente Fernández decidió volver a nacionalizar Aerolíneas Argentinas, también privatizada en los años 90.

(Fuentes:ANSA-Latina, Reuters, BBC-Mundo)

Colombia: Crímenes de Estado

MILITARES Y PARAMILITARES ENGAÑABAN A JÓVENES CON FALSOS TRABAJOS Y LOS ASESINABAN PARA PRESENTARLOS COMO 'GUERRILLEROS MUERTOS EN COMBATE'

¿Falsos positivos mortales?

Bajo este título interrogativo, la revista colombiana Semana se preguntaba recientemente si era realmente cierto que decenas de jóvenes desaparecidos de varias ciudades aparecían después muertos como guerrilleros caídos en combate. Hoy ya se sabe cómo funciona la trama y el Ejército de Colombia está metido de hoz y de coz en los terribles crímenes de Estado.

Decía Semana: "Elvira Vásquez enterró a su hijo Joaquín Castro , luego de que fue ubicado muerto en Ocaña. Él es uno de los muchachos que había desaparecido de Ciudad Bolívar, Bogotá, en enero pasado. Crece la preocupación en el gobierno por serios indicios de que decenas de muchachos que han desaparecido en varias ciudades, luego son presentados como muertos en combate.

En Ocaña se vivieron escenas de dolor cuando las madres de los 11 jóvenes desaparecidos fueron desenterrados por la Fiscalía e identificados. Flor Hilda Hernández no soportó ver el cadáver de su hijo Elkin Verano, de 25 años
“Me dicen que todavía hay reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos”, decía el ministro de Defensa Juan Manuel Santos...."

Pero la red criminal seguía operando y a los pocos días ya no eran 11 sino 19 los jóvenes desaparecidos y muertos supuestamente en combate en la región de Ocaña, Norte de Santander.

Hoy se sabe que estos extraños casos son en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública y presentados como guerilleros muertos en cambate.

El asunto se ha convertido en el asunto más grave en materia de derechos humanos del gobierno de Uribe, que no sabe qué decir tras descubrirse esta red criminal-militar.

Como decía Semana, "los jóvenes bogotanos tenían edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa. Del grupo de los 11, el primero en desaparecer fue Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, quien fue reportado por su familia como desaparecido el 8 de enero. Cuatro días después, el CTI y el Ejército estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo, muerto supuestamente en combate.

Los segundos en desaparecer, el 13 de enero, fueron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, ambos empleados en un taller de campanas para carros, y amigos inseparables. Según reportes oficiales, habrían muerto en combate el 15 de enero, es decir, dos días después de su llegada. En un tercer caso, Julio César Mesa, de 24 años, y Johnatan Orlando Soto, de 17 años, que habían sido reportados como desaparecidos el 26 de enero, aparecieron como dados de baja en combate dos días después. Lo mismo le ocurrió un mes después..........

Hay varias tesis que apuntan a que casos muy similares a este se han presentado en otros lugares del país, como Barranquilla y en Toluviejo, departamento de Sucre. ¿Y donde más? Organizaciones de derechos huamaños llevan años denunciando los llamados 'falsos positivos' presentados por el ejército y el número podría ser de centenares o miles. Y todo parace indicar que ha sido una práctica sistematizada.

La muerte hoy en Colombia

Por Jorge Enrique Botero (*)

Bogotá, 16 de octubre. Son las 11 de la mañana pero parece de noche. Enormes nubes de un gris plomizo y fúnebre se han posado sobre Soacha, dando al paisaje urbano un tono muy acorde con los sentimientos que cunden entre sus habitantes: la tristeza y el miedo.
Soacha, nombre indígena de la cultura chibcha que quiere decir varón del sol, tiene casi 400 mil habitantes y una larga historia de tragedias. Inundaciones bíblicas, deslizamientos de tierra que sepultan barrios completos, alcaldes corruptos que se roban su escaso presupuesto y violencia, mucha violencia.
Por estos días llora a sus jóvenes muertos. Decenas de muchachos que comenzaron a desaparecer a comienzos de este año y cuyos cadáveres han ido saliendo a la superficie tras permanecer meses enterrados en fosas comunes de lugares remotos. En la prensa colombiana se les conoce como "los desaparecidos de Soacha" y su historia promete ser uno de los más macabros sucesos de la violencia sin fin que sacude a Colombia desde hace décadas. "Si es que no la tapan a punta de amenazas y más muertes", advierte el hermano de uno de los muchachos asesinados, único testigo de los hechos que accedió a hablar con La Jornada.

Camino a los hogares de algunas de las víctimas, ubicados en el barrio San Nicolás, se palpan el miedo y la desconfianza. Las miradas huidizas de los vecinos y su negativa a contestar cualquier pregunta se complementan con las puertas que se cierran al paso de los extraños y con una que otra advertencia pronunciada entre dientes:
–No pierda el tiempo, periodista. Aquí nadie le va a hablar de esos muchachos… esa vaina se quedó así.
"Esa vaina" comenzó a saberse en la primera semana de septiembre cuando la morgue de la ciudad de Ocaña, 610 kilómetros al nororiente de Bogotá, no pudo seguir guardando los cadáveres de jóvenes sin identificar que se amontonaban en sus bóvedas. El hecho llamó la atención de algunos periodistas locales lo cual hizo que se activaran las alarmas de un sistema gubernamental dedicado a establecer el paradero de personas desaparecidas.

Tras confirmar la identidad de Elkin Verano, Joaquín Castro y Julián Oviedo, todos menores de 20 años, sus familiares denunciaron que ellos habían salido meses atrás de sus casas atraídos por la promesa de un buen trabajo "en la costa" y nunca más había sabido de ellos. Agregaron que los cuerpos sin vida de sus seres queridos tenían impactos de bala de alto calibre y repitieron ante los medios las versiones que habían escuchado cuando fueron a recuperar los cadáveres: que las balas habían sido disparadas por soldados del ejército.

A lo largo de todo septiembre siguieron apareciendo cadáveres y con ellos se multiplicaron las denuncias de familias que exigían saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Solamente de Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero la cifra de denuncias superó rápidamente los 50. Las fotografías de las madres desgarradas de dolor recibiendo los restos mortales de sus hijos se tomaron la primera plana de los medios y el ejército tuvo que pronunciarse.
Según su primera versión, se trataba de muchachos reclutados por las FARC muertos en combate. Sin embargo, días después se aclaró que los jóvenes no habían muerto en enfrentamientos con la guerrilla sino "con bandas emergentes de paramilitares que operan en las regiones de Ocaña, Acarí y Ábrego".

El miércoles 24 de septiembre, la policía aseguró que un grupo de reclutadores pertenecientes a fuerzas paramilitares recorría zonas paupérrimas de las principales ciudades del país ofreciendo jugosos contratos a los jóvenes desocupados que deambulaban por las calles y los parques. La versión coincide con la del familiar de uno de los muertos.

"Mi hermano se mantenía por ahí, sin hacer nada. Tenía un parche de amigos que estaban en las mismas que él… Jugaban micro futbol todo el día y esperaban que les saliera cualquier trabajito. Un día me dijo: hermanito me voy, me salió camello en la costa, pagan bien y voy a conocer el mar. Al otro día se fue y nunca más supimos de él. Al principio pensamos que estaría ahorrando para poder llamar o que iba a llegar en cualquier momento, pero como al mes mi mamá comenzó a decir que le había pasado algo. Lloraba todo el día. Un día, de pura desesperada se fue para donde una señora que lee el tabaco y llegó muy triste. Decía que la señora le había confirmado sus presentimientos, que a mi hermano le había pasado algo muy malo".

A comienzos de octubre, en medio del creciente escándalo por la sucesiva aparición de cadáveres de jóvenes que el ejército presentaba como "dados de baja en combate", el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una investigación a fondo de los sucesos y pidió a la fiscalía general que tomara cartas en el asunto.

El gobierno se empeña en cerrar el caso

Unos días después, el 7 de octubre, el propio presidente Álvaro Uribe se pronunció sobre los hechos y tras calificar a los jóvenes de delincuentes "que no estaban recogiendo café en una finca", intentó poner punto final a la polémica asegurando que según el dictamen de la fiscalía general, "ellos fueron dados de baja en combate".

Con lo que no contaba Uribe era con que ese mismo día el fiscal general, Mario Iguarán, lo desmintiera, afirmando que su despacho no tenía evidencia de la forma en que habían caído los jóvenes.

Tanto interés del ejército y del presidente Uribe por cerrar el caso despertó las alarmas de numerosas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones juveniles que olfatearon un tenebroso escenario detrás de las versiones oficiales. Según versiones de prensa aparecidas en los últimos días, las muertes de los muchachos estarían asociadas a un tétrico negocio mediante el cual los reclutadores llevan a los jóvenes a zonas de guerra, los dotan de armas cortas y luego entregan al ejército las coordenadas geográficas de su ubicación para que las tropas ataquen el lugar y los exhiban como "trofeos de guerra".

La macabra operación funciona, según las ONG, gracias a la política interna de las fuerzas militares, que premia con recompensas y otros beneficios a los soldados y oficiales que muestren resultados en sus operaciones. Las bajas de miembros de grupos irregulares son denominadas "positivos" y estos "son el rasero para medir la efectividad en las zonas de orden público".

A la denuncia sobre las motivaciones de lucro que habría detrás de las muertes de jóvenes se suman las noticias de medios locales según las cuales por lo menos 20 miembros de la fuerza pública fueron condenados la semana pasada por "falsos positivos" en los que perdieron la vida 15 campesinos de diversas regiones del país, presentados inicialmente como integrantes de grupos irregulares.

Mientras la fiscalía general sigue las investigaciones, en Soacha todavía reina la oscuridad. Muy pocos creen que se vaya a hacer justicia "mucho menos con las amenazas que nos han hecho llegar para que guardemos silencio. Yo le he dicho a mi mamá que sigamos buscando la verdad pero ella me responde que ya perdió un hijo y no quiere vernos muertos a los que quedamos", dice el hermano de una de las víctimas, mi único testigo, no sin advertir, al terminar su frase, que no quiere ver su nombre publicado en la prensa.

(*)Jorge Enrique Botero es un prestigioso periodista colombiano. Este artículo fue publicado por el diario mexicano La Jornada el pasado 17 de octubre.

(Fuentes: Semana y La Jornada)

Colombia: Derechos Humanos

19 MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS Y DESAPARECIDOS EN LA REPRESIÓN DE LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA, QUE SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS

Grave situación en el Cauca, donde ejército y paramilitares rodean y amenazan a las comunidades

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas alerta a la comunidad internacional que "el Estado colombiano, administrado por el gobierno de Álvaro Uribe, es responsable de un genocidio indígena. La represión indiscriminada lanzada contra los Pueblos Indígenas colombianos ya ha causado 19 muertes en solo quince días".
La represión trata de acabar con la movilización que se extiende por toda Colombia, convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que llamó a los Pueblos Indígenas del país a desarrollar la Minga de Resistencia Indígena y Popular, para llamar la atención del mundo sobre la vulneración de sus derechos, "un llamado al mundo para que sus derechos no sean reconocidos solo a nivel formal y se conviertan en una realidad".
Según la ONIC, la sistemática violación de los derechos indígenas se implementa para favorecer la expropiación de sus territorios a fin de entregárselos a las multinacionales extractivas. "Una vez más, se prueba que los Estados 'Uninacionales' están al servicio de los intereses de las empresas transnacionales", dice la Coordinadora Indígena.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denunció que entre el 2002 y el 2008 más de mil 226 indígenas han sido asesinados, 300 desaparecidos y mil 660 encarcelados y sólo en los últimos 15 días fueron ultimados 19.

Una situación que ya fue comprobada y denunciada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que como producto de su Audiencia sobre Genocidio Indígena realizada en el resguardo indígena Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 18 y 19 de julio del 2008, emitió un veredicto acusatorio que dice textualmente: "Acusar al Estado colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los Pueblos Indígenas".

Un muerto y 30 heridos en el Cauca, 22 muertos este año

En esta zona, al menos un indígena murió y otras 30 personas resultaron heridas desde que comenzó la movilización el 12 de octubre en enfrentamientos entre la policía colombiana y aborígenes, que protestan por el asesinato de unos 22 de sus miembros en lo que va de año y reclaman sus tierras ancestrales.

La protesta está protagonizada en esta región por más de 10 mil indígenas de varias etnias que taponaron la carretera Panamericana en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, ambos en el suroeste del país. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, trató de criminalizar el movimiento indígena y justificar la represión asegurando que los indígenas habían colocando explosivos en varios puntos de la Panamericana 'por instrucción de la guerrilla de las FARC'.Y añadió que "esta es una convivencia de indígenas con las FARC, estos indígenas no tienen conocimiento de explosivos y sin embargo en un puente cercano a donde nos encontramos nosotros están colocando cargas explosivas".

Protesta indígena se extiende por todo el país





Los bloqueos más importantes se registran entre Cali y Florida, en el Valle del Cauca, y entre las localidades de Tunia y Piendamó, y Mondomo y Santander de Quilichao, en Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló en un comunicado que la protesta deja, de momento, un saldo de 23 aborígenes heridos "y cuatro desaparecidos".
Los indígenas atravesaron troncos de árboles y piedras, y quemaron neumáticos en distintos tramos de la Panamericana, la principal vía que une a Colombia y Ecuador, mientras que la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.



Aumenta la inconformidad social





Revueltas de los pueblos indígenas, paros en varios sectores y anuncios de nuevas protestas contra el deterioro de la situación laboral y social en el país marcan el panorama interno en Colombia.

Este miércoles los más de 43 mil afiliados a la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) decidirán en asambleas si continúan con un paro que ya dura 45 días y que ha mantenido casi totalmente interrumpida la actividad del sector.

La decisión dependerá de si aceptan o no las últimas ofertas del gobierno que incluyen lograr cierta nivelación de los salarios y pagar los salarios y no sancionar a los empleados en huelga si se integran a sus labores.
La amenaza de sanciones disciplinarias fue una de las medidas aprobadas por el gobierno como parte del estado de conmoción interna decretado por el presidente Alvaro Uribe hace una semana.
Precisamente esa situación extrema ha sido rechazada por el movimiento sindical que anunció para mañana jueves una jornada de protestas contra el decreto y en respaldo a los trabajadores en huelga.

Otra importante protesta es la que mantienen desde hace casi tres semanas miles de cortadores de caña en el departamento de Valle del Cauca, que ha paralizado numerosas fábricas de azúcar.


Sin embargo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Mario Tovar, informó la víspera que en municipios y departamentos del país hay en estos momentos medio centenar de conflictos laborales.

Por ello las principales centrales sindicales obreras, apoyadas por importantes sindicatos convocaron a un paro nacional para el próximo 23 de octubre con marchas y concentraciones previstas en las más importantes ciudades.


Comunicado de la Comisión Regional Indígena de Cauca (CRIC)

Desde el pasado 12 de octubre salimos a caminar esta palabra, que define el objetivo de nuestra movilización pacífica:

1. No aceptamos “Tratados de Libre Comercio” como el que se ha “negociado” a puerta cerrada y sin consultarnos con los EEUU, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y cualquier otro que persiga el mismo propósito de despojarnos de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios, explotar las riquezas y los pueblos y robarse el valor económico y el capital para someternos. Queremos tratados entre pueblos, para los pueblos y la vida y no entre patrones contra los pueblos y la Madre Tierra que están matando con su codicia.


2. Denunciamos, resistimos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y de la legislación de despojo con la que entregan lo nuestro a intereses privados y nos someten al silencio, a la estupidez, al trabajo forzado, a la exclusión y a la muerte.
Son muchas las leyes y reformas ya implementadas o en camino. Entre estas las peores incluyen el Estatuto Rural, el Código de Minas, las Leyes y Planes de Aguas, la Ley de Bosques…Lucharemos para conseguir que sean derogadas.

3. No más terror a través del Plan Colombia, la Seguridad Democrática, la parapolítica, que infestan todos nuestros territorios y los siembran de muerte y desplazamiento con la excusa falsa de alcanzar su “recuperación social”.
Que el mundo se entere de la forma en que el Gobierno de los EEUU y el Comando Sur, establecen Centros de Coordinación de Acción Integral desde donde ocupan nuestros territorios para entregarlos a las transnacionales con los recursos de los pueblos de acá y de allá.
En estas condiciones protestar no es un delito si no una obligación convertida en crimen por los que le temen a la libertad. Que se larguen los señores de la guerra que se sirven del terror para robar y matar. Queremos juzgar en nuestros territorios y desde el derecho propio a quiénes nos han convertido en víctimas sirviéndose del poder del Estado, del para Estado y de la guerra, vengan de donde vengan sin importar sus discursos y pretendidas justificaciones.

4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera sistemática. No solamente el Decreto 982 de 1999 o los acuerdos por la Masacre de El Nilo de Diciembre de 1991 y los acuerdos de la Emperatriz de Septiembre de 2005, sino la Ley 21 de 1991 o Acuerdo 169 de la OIT. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe convertirse en Ley y ser acatada. Pero no exigimos solamente como indígenas. El Mandato Agrario, los derechos sindicales, los servicios públicos, los derechos fundamentales, los derechos de las mujeres y su larga y dolorosa lucha.

Denuncian indígenas del Cauca
Órdenes del general: Nos van a matar esta noche




"Han llegado tropas, helicópteros y tanques al sitio de bloqueo en la carretera Panamericana al mando de un general Páez Varón. A toda costa asegura que esta noche despejará la vía. Por la vía asesinan. Lo que no han hecho en 516 años por hacer valer los derechos de los pueblos, lo hacen en un día y una noche por abrir una vía para el despojo. Antes asesinan y mueven tropas por el derecho sagrado a una vía que hacer lo digno para defender la vida de pueblos cansados de la miseria, de la exclusión, del genocidio: ¡Asesinos! Son asesinos.

Asegura el general Orlando Páez Varón con la desfachatez de un mentiroso sin escrúpulos que la protesta indígena está infiltrada por las FARC. Asesino y mentiroso. Miente para asesinar. Necesita una excusa para ejecutar el genocidio. Se inventa la de siempre. General Páez, asesino obediente, su patrón el gobierno Uribe, el gobernador González Mosquera, el patrón de ellos en las transnacionales, le han ordenado despejar la vía del despojo. Quitar las moscas, los zancudos, las cucarachas, los nadie de siempre que siempre se matan y despojan para que se enriquezca el patrón.

Asesinos de ahora y de siempre. Cada indígena muerto por sus balas asesinas es su culpa. No habrá quien lave su sucia conciencia, ni la de sus hombres, ni la de sus jefes nacionales y transnacionales. Ya hoy hay más de veinte indígenas heridos. Dos falleciendo, cuatro a punto de perder los ojos, cuatro más con heridas de bala en las piernas. ¡Asesinos!

Comparemos para que quede constancia:

Comparemos los hombres escudados de “robocop”, armados hasta los dientes, con quienes con un bastón se paran delante de ellos a defender con sus cuerpos la dignidad y el territorio.

Comparemos a un generalote que llega con sus tanques y helicópteros y balas y mentiras a barrer con un pueblo inventando una alianza con las FARC que no existe para crear un enemigo que puedan asesinar impunemente. Comparémoslos con hombres, mujeres y niños que son conscientes de que los van a acusar de ser guerrilleros y los van a masacrar, pero su conciencia los hace preferir la muerte digna a la vida en humillación y en silencio.

General; ni Páez, porque esos somos nosotros, los hijos de esta tierra que usted insulta, los que llevamos la sangre que usted derrama, los que venimos de la misma madre que usted niega y asesina.

General: ¿Varón? Qué Varón va a ser un hombre que enfrenta la fuerza de las ideas con la fuerza de las armas. ¿Valiente general? Valientes nosotras y nosotros que no tenemos más que nuestras vidas y nuestras ideas y cultura para defendernos y no recurrimos a mentiras ni a acorazados ejércitos y armas para defender a quienes se roban la vida de los suyos.

Mentiroso; ni Páez, ni Varón, ni general. Usted es un siervo de los que roban y matan para enriquecerse. El problema no es usted, general, sino quienes lo mandan y mandan a sus hombres.

Esta es una orden de su Madre, de su Pueblo: Deténganse, no despejen la vía. Despejen el país de presidentes, gobernadores, gamonales y corporaciones que nos matan de humillación y de hambre. Es una orden, general: le prohibimos mentir y matarnos. Dé la vuelta y defienda su país. Expulse a los que ya han matado 516 años, no se manche de más deshonra.

Es posible que mañana haya más sangre regada en los campos del Cauca. La Madre Tierra llorará de nuevo y las mentiras serán impuestas. Eso no cambiará la verdad: los pueblos de esta tierra, sabios y dignos estamos ahora acá, listos a defender con nuestras vidas la vida de esta tierra, la justicia, la dignidad y la libertad. General, sea Páez y Varón, obedezca la voz de la Madre Tierra y de sus hijos. No vale la pena aplastar un pueblo heroico por unos pesos y un titular.

Hoy, 14 de octubre, general Páez Varón, presidente Uribe, gobernador González Mosquera, comerciantes, gamonales, terratenientes y gerentes insaciables, hoy mismo, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa-Nación al pago de una indemnización por daños morales y alteración grave de existencia a favor de 82 indígenas, como consecuencia de la masacre del Naya. Ya ustedes están condenados por la masacre de hoy. Desde hoy los condenamos por la de esta noche del 14 de octubre de 2008. Asesinos. Matan por enriquecer a algunos. Matan el ejemplo y la vida, mientras muchos, demasiados, ven las noticias por televisión y no hacen lo que hay que hacer. Paeces, nosotras y nosotros. ¿Dónde están los pueblos dignos que detengan a este asesino?

Usted trabaja para los gringos, para los dueños de este país, para la muerte y la indignidad.
Pero nosotras y nosotros, humildes y nasa, ¡ya los derrotamos! ¡Ya basta!"

(Fuentes: Adital, EFE, Codhes-Colombia, Prensa Latina y CRIC_Comisión Regional Indígena del Cauca)

Latinoamérica-España: 12 de Octubre

EL GOBIERNO PROHIBIÓ EN MADRID LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD NEGRA EN LOS FASTOS CONMEMORATIVOS DE LA LLEGADA A AMÉRICA DE LOS ESPAÑOLES, INICIADORES DEL TRÁFICO DE ESCLAVOS AFRICANOS

Así relata Kevin Vázquez, en el blog 'Mear fuera del tiesto' la polémica prohibición del pasado 12 de octubre en Madrid, que pasó sin pena ni gloria en los medios masivos de (?)comunicación(?), que hicieron como que no se enteraron de la desfachatez, aunque llenaron páginas y minutados de los fesfiles patrióticos del día,incluído el subvencionado festival folclórico neohispanófilo 'VivAmérica'

JORNADA PANAFRICANISTA EN MADRID

La noticia de este pasado fin de semana que no salió en los medios de comunicación fue la de la prohibición de una marcha de la comunidad negra en Madrid para el mismísimo día 12, fiesta nacional española. Al parecer, las instancias oficialistas dijeron que la fiesta del 12 celebra el “encuentro de dos mundos, no de tres”. O sea, los negros sobran. No interesa recordar que la trata de esclavos hacia América la inició y legalizó España en el siglo XVI, ni que tal trafico humano, que duró u

nos 350 años, supuso la práctica desestructuración y arrasamiento de las poblaciones y las culturas del continente africano: 15 millones de muertos y entre 25 y 35 millones de despl azados a la fuerza, a punta de látigo y fusil, camino de las plantacione s de América. Tampoco resulta de buen gusto recordar que el desarrollo capitalista europeo y americano se debe, desde los inicios del XVI, al tráfico de esclavos negros y al sistema esclavista de producción.

En España, cabe recordar, entre otras muchas cosas, que los reyes de la Casa de Austria y de sus sucesores, los Borbones (todavía hoy vigentes) se beneficiaron enormemente de la trata en términos económicos; Isabel II, inclusive, fue dueña de 800 esclavos negros en Cuba.

La esclavitud fue la base de la acumulación primitiva de capital en nuestro continente. Y la envergadura sangrienta del sistema, al que cabría añadir, como prolongación natural, el sistema colonial moderno, a partir del XVIII y hasta mediados del XX, empequeñece cualquier desmán anterior o posterior, de la clase o signo po lítico que fuere.
Fue, junto al genocidio indio del Sur, el Centro y, sobre todo el Norte de América, el auténtico holocausto histórico del occidente cristiano, jamás superad

o en brutalidad y continuidad, ni antes, ni después en la historia de la humanidad.


POR LA REPARACIÓN


El pasado 11 de octubre y para recordar todo esto, s e celebró, cas ualmente sin la presencia de un solo periodista, ni de una sola cámara de T. V., en los locales de la UNED (Universidad Nacional a Distancia), en la calle Tribulete de Madrid, barrio de Lavapiés, la V Conferencia Internacional Panafricana Tcham Bissa, que reivindicó y exigió la reparación de los afrodescendientes de la esclavitud, y el reconocimiento del daño causado por las naciones occidentales y su petición de perdón…
La reparación es una reivindicación que parece molestar enormemente a los gobiernos de los países que fueron esclavistas y se dedicaron al tráfico human o en masa. Tony Blair, por ejemplo, cuando fue primer ministro, se negó a una petición de perdón y a una declaración de reparación, ya que “lo que hoy sería un crimen contra la humanidad, enton ces era legal”.

Bueno, señores, los judíos fueron exterminados en la Alemania nazi con las leyes nazis en la mano, todo fue legal. Franco fusiló con sus leyes y con los hábitos jurídicos de sus jueces, siempre con sus leyes correspondientes en la mano. Ser legal no es patente de corso para el asesinato. Una mayoría parlamentaria puede decidir abrir la puerta al crimen, mediante leyes que lo propicien, pero eso no hace legal el crimen, sino que hace per der legitimidad a esa mayoría parlamentaria. Cla ro que tal apreciación puede ser una sutileza sin valo r para Blair y otros muchos capitostes de su calaña.

Sin embargo, los judíos del Holocausto nazi fueron indemnizados con muchos miles de millones de dólares.
Con los negros no ha pas ado lo mismo. Aun más, cuando se abolió la esclavitud a lo largo del siglo XIX, los estados indemnizaron a los propietarios de los esclavos, a tanto por esclavo, pues se entendió que tales personas perdían una propiedad por culpa de una ley del Estado. Desde luego, a los negros libertos no se les dió nada, ni la mas mínima indemnización, ni trabajo, ni un trozo de tierra…

LA PROFESORA VERENE A. SHEPHERD

Entre las personalidades expertas en el tema que participaron en la jornada panafricana, queremos destacar la de la profesora jamaicana Verene A. Shepherd . Shepherd es catedrática de la University of the West Indies, Mona, de Jamaica y habló del movimiento por la Reparación y de la historia de la esclavitud en su país.
La esclavitud fue establecida en Jamaica por los españoles, en las plantaciones de caña de azúcar, producto que se había llevado desde la península. Pero fueron los ingleses quienes mayor número de esclavos llevaron a la isla. Entre 1660 y 1808 los británicos realizaron 3.429 viajes dedicados al comercio humano. Embarcaron en África 1.082.263 negros y desembarcaron en Jamaica 915.015. El resto, 167 .248, murieron durante las travesías. Como caso específico, nos da una idea, bien que somera, de lo que aquello fue en toda América.

También se presentó en la jornada un documental sobre la presencia de los negros africanos y los afrodescendientes en España, realizado y presentado por Antumi Tousijé, del movimiento por la reparación; también pudimos escuchar al profesor Luis Beltrán, de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los africanistas más import antes de España; a la profesora cubana Gema Valle y a otros

conferenciantes, incluidos los jóvenes de la Asociación Juvenil Panteras Negras, de Madrid y el saludo de un representante de la embajada boliviana.

Al día siguiente, 12 de octubre, fiesta nacional, no fuimos al desfile. Como dijo Rajoy, eso en “un coñazo”. O la apología del nacionalismo, la prepotencia y la tergiversación histórica, como dice uno de mi barrio que ha leído mucho.

Para conmemorar como se debe el 12 de Octubre con Bartolomé de Las Casas

Y para conmemorar el 12 de octubre, nada mejor que leer antes esta cita del defensor de los pueblos originarios y develador de la “destrucción de las Yndias”.

"Verlos por una parte causaban gozo, por venir a poblar sus casas, que era lo que entonces deseaba, y por otra, lástima, y compasión grande, considerando su mansedumbre, humildad, su pobreza, su trabajo, su escándalo, su destierro, su cansancio que tan sin razón alguna se les había causado, dejando ya aparte, como olvidado, el estrago y mortandad que en sus padres y hijos y hermanos y parientes y vecinos, tan cruelmente se habían perpetrado"

(Fuentes: Mear fuera del tiesto y Sin Permiso)

Sáhara Occidental-España

GRAVES ACUSACIONES DE UN CORONEL DEL EJÉRCITO ESPAÑOL CONTRA EL REY JUAN CARLOS, EN RELACIÓN, ENTRE OTROS, CON SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LA ENTREGA DEL SÁHARA

El Coronel Amadeo Martínez Inglés (*) se ha dirigido al Presidente del Congreso de los Diputados y de las Cortes en una carta que ya ha sido publicada por varias páginas web y que reproducimos a continuación.

"AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige por segunda vez a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 4 de abril del presente año, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 77.1 de la Carta Magna española, elevé a su autoridad un escrito en el que le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria que, conforme a lo señalado en el artículo 76.1 de ese mismo texto legal, procediera de inmediato a estudiar e investigar los presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos, tanto en su juventud como en su ya largo reinado, y de los que existen abundantes indicios racionales en las exhaustivas y complejas investigaciones que como historiador militar me he permitido realizar a lo largo de los últimos veinticinco años. Presuntos delitos que le especificaba con todo detalle en el mencionado documento: homicidio imprudente, asesinato, golpismo, malversación de fondos públicos, corrupción generalizada, terrorismo de Estado…

Han pasado seis largos meses desde que le remití el escrito y VE, obviamente, no se ha molestado siquiera en acusar recibo del mismo. Puesto a analizar tamaña falta de profesionalidad, dejación de sus responsabilidades como máximo representante del pueblo soberano y auténtica falta de respeto hacia un ciudadano español que cree desenvolverse en un Estado de derecho y paga religiosamente sus impuestos (una parte alícuota de los cuales va directamente al bolsillo de su excelencia), sólo llego a atisbar tres posibles causas del desafuero institucional cometido por VE contra mi persona. Son las siguientes:

1ª.- Quizá esté equivocado y mis denuncias contra el rey Juan Carlos: asesinato, golpismo, malversación de fondos reservados, terrorismo de Estado, corrupción…no tengan la suficiente enjundia (política, jurídica, social…) como para que el Congreso de los Diputados, máximo órgano representativo del pueblo español, se vea impelido a investigarlos y, en consecuencia, su excelentísima persona urgida a mover de una vez su estúpido trasero.

2ª.- Pudiera ser también que el estado anímico de su honorable persona, señor Bono, no sea el mejor de los posibles después de su heroica decisión de congelar los emolumentos de todas las señorías que en esa Cámara calientan banco tres días a la semana. Con lo que el sueldo mensual de su presidente, el de su excelencia (mensual, no anual como es muy frecuente entre los ciudadanos españoles) deberá seguir siendo durante todo el año de crisis de 2009 de unos 15.000 euros. Desde luego, con esos ingresos puede resultar hasta comprensible su absentismo laboral...

3ª.- O tal vez la razón suprema de su falta de educación, señor Bono, tenga algo que ver con el miedo de su señoría excelentísima a que, si se crea la Comisión de Investigación solicitada, se le caigan definitivamente los palos del sombrajo a este Régimen benefactor y singular levantado con tanto esfuerzo por el franquismo para que nada cambiara de verdad en este país tras la muerte del dictador y VE se quede a la intemperie y sin ese modesto sueldo a que me refería en el apartado anterior.

De todas formas, señor Bono, por una u otras razones, usted no ha cumplido con sus deberes como presidente del Congreso de los Diputados. Yo le remití mi solicitud sobre la base de un derecho constitucional (artículo 77.1) y de ese derecho como ciudadano español se desprende una obligación por su parte: la de acusar recibo de la misma y tramitarla con arreglo a las normas pertinentes de actuación parlamentaria. Porque si usted no cumple con su obligación como presidente de esa Cámara, alegando cortedad en el sueldo o alguna otra razón que se me escapa, yo me quedo sin derecho, sin Comisión de Investigación y sin Constitución que valga. Y lo que es todavía peor: los españoles (empezando por usted) se van a quedar en la inopia para siempre en relación con las perrerías cometidas durante su ya largo reinado por el último de los Borbones.
Y ahora paso al meollo del presente escrito, es decir, a contarle algunas cosas muy graves, muy graves, muy graves… gravísimas ¡como no! del actual rey de España, Juan Carlos I de Borbón. Más que nada para que tome buena nota de ellas, añadiéndolas en lugar preferente al inventario de presuntos delitos que ya le he remitido y que deberá ser estudiado, cuando a usted le venga bien, por la todavía nonata Comisión de Investigación Borbónica Española (CIBE)

Me estoy refiriendo en concreto, señor Bono, a tres nuevos, espeluznantes, bochornosos, repugnantes… delitos, que ni la historia ni los ciudadanos españoles conocen todavía en toda su profunda dimensión (algunos historiadores, obviamente, estamos en ello) cometidos en los últimos meses del año 1975 por el entonces príncipe de España, justo cuando desempeñaba la Jefatura del Estado de una forma interina pero con todos los poderes del dictador en la mano.

Presuntos delitos que de entrada podríamos catalogar, hasta que la citada Comisión parlamentaria pueda pronunciarse, como de alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio. Sí, sí, no se me ponga nervioso, señor Bono, que enseguida paso a informarle largo y tendido sobre el asqueroso hecho político que acoge estas figuras delictivas de Juan Carlos I, que para eso soy historiador militar y, modestia aparte, creo que de todo esto sé un poquito, lo justo quizá para despertar su mente y la de algunos miles de ciudadanos españoles.

Y le voy a exponer el asunto, en principio, señor presidente, de una forma extractada y casi telegráfica (aunque creo que muy comprensible para usted, que me imagino tiene cierta culturilla histórica, y para el lector medio) pues no querría bajo ninguna circunstancia que este escrito se convirtiera, por mor de mi incontinencia profesional, en una larga y tediosa lección magistral de historia de España. Eso lo dejo, si a vuecencia le parece bien, para deleite de las señorías a las que les corresponda un día poner en su sitio, de una vez por todas, a este Borbón de medio pelo salido de las cloacas del franquismo que ha tomado la jefatura del Estado español como su finca particular y su saneado negocio.

El hecho histórico a que me refiero, señor Bono, no es otro que el de la vergonzosa entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de nada menos que 200.000 kms cuadrados del llamado Sahara español (provincia africana según Franco, territorio bajo administración española según la ONU) por miedo a tener que enfrentar una guerra con ese país (que había organizado una marcha “pacífica” de 300.000 ciudadanos marroquíes y nos amenazaba con la invasión pura y dura) y tras un pacto secreto entre el jefe de Estado español en funciones en aquellos dramáticos momentos (el príncipe Juan Carlos de Borbón), la CIA y el Departamento de Estado norteamericano (Kissinger). Pacto por el cual el heredero de Franco se quitaba de en medio una muy probable guerra colonial con nuestro vecino del sur (que podía poner en grave peligro su ansiada corona) y recibía además el inmenso apoyo político yanqui para estabilizar su tambaleante Régimen.

A cambio, claro está, de traicionar con nocturnidad y alevosía, como ha sido práctica habitual en él, al pueblo español (ajeno a todo como siempre), a sus Fuerzas Armadas (que a pesar de su abandono operativo y escasez de medios estaban dispuestas a sacrificarse por defender el honor de España y la legalidad internacional), al pueblo saharaui (que sería entregado desarmado al invasor y bárbaramente masacrado en una desigual guerra y en un oscuro genocidio que se saldarían con más de cuatro mil víctimas, y del que cualquier juez imparcial pediría responsabilidades al jefe del Estado español por cómplice y colaborador necesario) y a la ONU (que había decretado a través de su Tribunal Internacional de Justicia y de
su resolución 380 la ilegalidad de la acción unilateral de Marruecos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación).

Empecemos, pues, presidente, y que nadie desdeñe el asunto como lejano en el tiempo o meramente historicista pues estamos hablando de hechos gravísimos cometidos en su día por el actual jefe del Estado español, como son los presuntos delitos de “alta traición a la nación española” tras la acción consumada y no debatida en sus órganos institucionales de la entrega a una potencia invasora de una parte importantísima del territorio nacional sin intentar defenderlo siquiera y tras un pacto secreto con el propio enemigo y su socio geoestratégico; de “cobardía ante el enemigo” por parte del jefe del Estado español en funciones de comandante en jefe del Ejército que entrega sin combatir una parte substancial del territorio nacional tras un pacto secreto con el enemigo; y de “genocidio” contra el pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria con el ejecutor directo del mismo (el sátrapa marroquí), al haber puesto bajo la bota de su Ejército, totalmente desarmados, a los 30.000 habitantes de la antigua provincia española, a los que debería haber defendido con arreglo al Derecho Internacional y a los derechos humanos más fundamentales.

Repasemos, pues, esos lamentables hechos, próximo a cumplirse su 33 aniversario:

21 de agosto de 1975

El departamento de Estado norteamericano da luz verde a un proyecto estratégico secreto de la CIA, financiado por Arabia Saudí, para arrebatar la antigua provincia del Sahara (270.000 Kms cuadrados) a España. Un territorio vital desde el punto geoestratégico, rico en fosfatos, hierro, petróleo y gas, que EE.UU no está dispuesto a dejar en manos de España dada la situación en que se encuentra el régimen franquista. El plan consiste en invadir la zona mediante una marcha “pacífica” de unos 300.000 ciudadanos marroquíes (Marcha Verde), que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona.

6 de octubre de 1975

El servicio de Inteligencia del Ejército español informa a Franco, ya muy enfermo, de los planes de EE.UU en relación con el Sahara.

16 de octubre de 1975

La Marcha Verde es anunciada por Hasan II, al mismo tiempo que el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU rechaza las pretensiones de Maruecos sobre ese territorio.
20 de octubre de 1975

Franco empeora ostensiblemente. Sufre un nuevo ataque al corazón.

21 de octubre de 1975

El príncipe Juan Carlos de Borbón, heredero del dictador, se niega a aceptar la jefatura del Estado con carácter interino. Quiere plenos poderes para poder actuar en el Sahara.

22 de octubre de 1975

El presidente del Gobierno español, Arias Navarro, con conocimiento de Franco, manda a Solís a Rabat para tratar de parar el órdago marroquí prometiendo negociaciones sobre el tema en cuanto la situación del dictador mejore.

26 de octubre de 1975

Comienza la Marcha Verde en territorio marroquí. Toda la planificación operativa y la organización logística han corrido a cargo de técnicos norteamericanos.

30 de octubre de 1975

Juan Carlos de Borbón se hace cargo de la jefatura del Estado español (artículo 11 de la ley Orgánica del Estado). Está muy preocupado por la situación en el Sahara pues tiene muy presente el caso portugués. No quiere que la situación le desborde.

31 de octubre de 1975

El príncipe preside un Consejo de Ministros en La Zarzuela. Cuestión prioritaria: el Sahara. Asiste invitado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Fernández Vallespín. Juan Carlos manifiesta su férrea determinación de ponerse al frente de la situación. Sin embargo, no les dice a los reunidos que él ya ha enviado a su hombre de confianza, Manuel Prado y Colón de Carvajal, a Washington, para solicitar la ayuda de Henry Kissinger. Es consciente de que una guerra colonial con Marruecos en aquellos momentos podría precipitar los acontecimientos al estilo de lo acaecido en Portugal y que podría perder su corona antes de ceñirla.

El secretario de Estado norteamericano acepta la mediación solicitada por el nuevo jefe del Estado español, intercede ante Hassan II y en las siguientes horas se pergeña un pacto secreto por el que Juan Carlos se compromete a entregar el Sahara español a Marruecos (vistiendo el muñeco de la rendición con unas amañadas conversaciones políticas en Madrid), a cambio del total apoyo político americano en su próxima andadura como rey de España.

2 de noviembre de 1975

Juan Carlos de Borbón visita las tropas destacadas en El Aaiun en un viaje sorpresa. Está en tratos secretos con los americanos para la entrega del territorio, pero no tiene ningún reparo en escenificar un “teatrillo castrense” con los militares (a los que traicionará en las siguientes horas igual que al pueblo español, a los saharauis y a la propia ONU) echando mano de la extensa parafernalia castrense propia de estos actos: formación solemne, desfile, honor a los muertos, recepción en el Casino Militar… En este centro, en el curso de una bien regada copa de vino español, hasta se permite el lujo de representar el papel de un moderno “Escipión El Africano a la española”, diciéndoles a los oficiales de las tropas allí destacadas: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y también, hinchando el pecho y subiendo la barbilla: “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”
¡La cara de este hombre es de cemento! (Nota del autor)

6 de noviembre de 1975

La Marcha Verde invade la antigua provincia africana española. En virtud del pacto secreto (alta traición) entre Kissinger, Hassan II y el flamante nuevo jefe del Estado español (el viejo se está muriendo en el hospital hecho un guiñapo entre monitores y sondas) los campos de minas de la frontera han sido levantados y los legionarios españoles prudentemente retirados. España hasta se permite la desvergüenza de enviar al ministro de la Presidencia para que gire una visita de cortesía a los campamentos marroquíes. La ONU, incómoda y sin saber de qué va la cosa, urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional. España mira para otro lado ¡bastante tiene el principito con asegurar su corona! y el tirano alauí no hace el menor caso.

9 de noviembre de 1975

Hassan II da por alcanzados todos sus objetivos en el Sahara y en espera de las conversaciones de Madrid (ya tiene asegurada su presa) retira los campamentos de la Marcha Verde a Tarfaya. Argelia protesta y retira su embajador en Rabat. Los polisarios, traicionados por España, se aprestan a la lucha.

12 de noviembre de 1975

Comienza la Conferencia de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, con EE.UU de mandamás en la sombra.

14 de noviembre de 1975

Declaración de Madrid sobre el Sahara. Se entrega a Marruecos toda la parte norte de la antigua provincia española: 200.000 Kms cuadrados de gran importancia geoestratégica, muy ricos en toda clase de minerales, gas y petróleo (descubierto por petrolíferas yanquis y en reserva estratégica). A Mauritania (que los abandonará enseguida en beneficio de su poderoso vecino del norte) se le transfieren 70.000 Kms cuadrados del sur, los más pobres e improductivos. Las Cortes y el pueblo español no saben nada del asunto. Todo se ha tejido entre bastidores, con la CIA, el departamento de Estado norteamericano y los servicios secretos marroquíes como maestros de una ceremonia bochornosa en la que el príncipe Juan Carlos ha movido sus hilos a través de sus validos y hombres de confianza: Armada, Mondéjar, Torcuato Fernández Miranda… mientras el Gobierno del anonadado Arias Navarro, con Franco moribundo y su porvenir político en el alero, se ha limitado a ejercer de convidado de piedra en la mayor vergüenza política y militar de España en toda su historia. Porque sí, efectivamente, este país, después de su flash imperial, ha padecido en diferentes épocas derrotas sin cuento, descalabros memorables y renuncios espectaculares, pero nunca jamás había traicionado de una forma tan perversa a sus propios ciudadanos (los saharauis lo eran en 1975), se había humillado de tal manera ante un pueblo más débil que él pactando en secreto su rendición, y abandonado cobardemente el campo de batalla sin pegar un solo tiro y después de entregar a su envalentonado enemigo acuartelamientos, armas y bagajes.

Una vergüenza histórica sin paliativos, a cargar ¡como no! en el “debe” de un príncipe sin principios morales de ninguna clase, cargado de ambición, bufón de un dictador sin escrúpulos, ansioso de poner sobre su cabeza los ridículos oropeles de una corona trasnochada y profanada hasta la saciedad en el pasado por reyes despreciables de su propia dinastía, y que se permitió el lujo de vender a su propio país, a su pueblo, a la sacrificada minoría étnica que, bajo nuestras leyes y nuestra protección, creyó en la promesas de España y en ser libres algún día.

De todo esto que le cuento, señor Bono, poca información han recibido durante nuestra sacrosanta transición tanto el pueblo español como su clase política. Había que preservar, así lo estipula la Constitución franquista del 78, la imagen del rey que iba a salvarnos a todos y a traernos los derechos y libertades conculcados durante décadas por su amo y señor.

Termino, señor presidente del Congreso de los Diputados, y recuerde: alta traición, cobardía ante el enemigo y genocidio. ¡Casi nada! ¿No le parece a su excelencia que quizá esa Comisión de Investigación que tanto pavor le produce debería comenzar su trabajo analizando tan escalofriantes delitos?

Reciba, señor presidente del Congreso de los Diputados, un afectuoso saludo.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 8 de octubre de 2008

Vídeo: La Historia de los Borbones,

según Martínez Inglés

(*) Quién es Amadeo Martínez Inglés

Este militar es relativamente conocido por expresar opiniones que siempre han resultado extremadamente incómodas para el establishment español. Su carrera, antes de "meterse en líos", se puede decir que era prometedora: veterano de la Guerra de Ifni (1957-58), profesor de Historia Militar y Estrategia en la Escuela de Oficiales de Estado Mayor, Jefe de Movilización en el Estado Mayor durante la Transición, jefe de una brigada de infantería en Zaragoza...

Hasta que en 1989 publicó un libro, titulado España indefensa, en el que abogaba por la profesionalización de las FFAA y la abolición del Servicio Militar Obligatorio. A causa de esto pasó cinco meses en la cárcel de Alcalá de Henares, donde coincidiría con el teniente general Milans del Bosch, uno de los cabecillas (o cabezas de turco) del 23-F; fué en este momento (1990) cuando se le apartó del servicio, poco antes de que fuese ascendido a general (me imagino que por antigüedad en el escalafón).

-En 1995 encabezó en Alcalá de Henares (Madrid) una lista bautizada "Acción Local" para las elecciones municipales. En esos días era asesor de IU en cuestiones militares, participaba en las tertulias de la COPE y escribía regularmente en El Mundo.

-En 1994 publicó otro libro llamado La Transición vigilada: del sábado Santo "Rojo" al 23-F, que fué retirado de las librerías a los 15 días de ser publicado.

-El 2001 publicó su obra más famosa, 23-F. El golpe que nunca existió, basado en las notas que tomó mientras conversaba con el general Milans del Bosch en el tiempo que pasó en la cárcel. En esta obra sostuvo que el 23-F fué orquestado por Juan Carlos de Borbón con la colaboración de los generales Armada (antiguo Jefe de la Casa Militar del Rey e íntimo amigo suyo), quién andaba planeando dar un golpe de estado para encauzar en veredas más "moderadas" la política española, y el antes citado general Milans del Bosch, que planeaba por su lado un golpe para "salvar a la Monarquía", aunque significase liquidar la recién nacida democracia española. El objetivo del Borbón, según sostiene Martínez Inglés, era atajar así un "golpe peligroso" que debía tener lugar el 2 de mayo de ese mismo año (1981), organizado este por generales ultraderechistas que se proponían liquidar la propia Monarquía (y al Borbón) y reinstaurar un régimen "ortodoxo". Al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, considerado un verdadero cafre, se le encomendó la misión de ocupar el Congreso de los Diputados al mando de un destacamento de guardias civiles. La cosa acabaría torciéndose, convirtiéndose así en un vodevil. Tejero entró con un grupo de hombres que llevaban un gorro similar al de los toreros (el tricornio, para más señas) dando tiros en el Congreso, empleando un lenguaje soez ("¡Se sienten, coño!") y zaradeando de muy mala manera al general Gutiérrez Mellado, ya anciano y a la sazón Ministro de Defensa, demostrando así ante el extranjero, una vez más, que "Spain is different". Esto, evidentemente, resultó inasumible para Juan Carlos de Borbón, que decidió abandonar a los conspiradores: Armada y Milans del Bosch fueron encarcelados, pero posteriormente indultados (cinco y nueve años pasaron en la cárcel, respectivamente); Tejero (ese personajillo torpe e incompetente) pasó muchos años más en la prisión de Figueres.También tuvo lugar esa misma noche el esperpéntico episodio de la salida de los tanques por las calles de Valencia. Resulta muy ilustrativo saber que los tanques salieron a la manera de un desfile, sin munición y respetando los semáforos. A la vez, llama poderosamente la atención el hecho que el coronel no fuese llevado a los tribunales por publicar todas estas acusaciones.

Aparte del libro anteriormente citado, publicó algunos artículos relacionados con esta cuestión en el diario vasco Gara.

-En 1998 también reveló en una entrevista a una radio argentina que algunos militares y policías españoles, que posteriormente formarían parte de los Grupos Armados de Liberación (los famosos GAL), habían recibido "instrucción" entre 1976 y 1983 en la tristemente famosa Escuela Mecánica de la Armada, donde se practicaron torturas y asesinatos contra los opositores de la dictadura de Videla.

-En una manifestación contraria a la guerra de Irak que tuvo lugar el 15 de marzo del 2003 en Madrid se destacó al participar en el acto llevando su uniforme reglamentario. Eso tuvo consecuencias: el 12 de abril del 2004 fué juzgado por esos hechos, pidiendo el fiscal que le fuese impuesta una multa de 30 €. Finalmente, la causa sería sobreseída un mes más tarde. También se mostró muy crítico por la participación del Gobierno de Aznar en la invasión y posterior ocupación.La última acción "sonada" de nuestro personaje tuvo lugar durante la ceremonia que tuvo lugar en la catedral de la Almudena (Madrid) por la boda del Príncipe de Asturias Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Martínez Inglés se propuso demostrar la incompetencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado colándose en la boda. Asombrosamente, atravesó seis controles de seguridad y logró entrar en la catedral armado con una pistola que llevaba debajo del uniforme que utilizó.

Por último, publicó el 2004 El Ejército español: de poder fáctico a "ONG humanitaria" (1981-2003).

(Fuentes: La República.es, loquesomos.org, unidadcivicaporlarepublica y j'accuse)

Colombia: Estado de Excepción

URIBE APROVECHA LA HUELGA DE LA JUSTICIA PARA IMPONER UN ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD, PARA ALGUNOS UNA MANIOBRA PARA HACERSE UNA JUSTICIA A LA MEDIDA Y SEGUIR EN EL PODER

El Gobierno de Colombia decretó el estado de conmoción interior (excepción) por 90 días podría ser prorrogada hasta por 180, con la intención declarada de atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumple 37 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos, según anunció el presidente Álvaro Uribe.

El mandatario, en viejas disputas con la justicia colombiana, explicó en una alocución que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.

Uribe dijo que durante la huelga más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se realizaron más de 25.000 audiencias."Esto le causa al país una tragedia", justificó Uribe. Las fuentes oficiales apuntan además que ,después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.

La Constitución colombiana establece que , "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. A juicio de muchos expertos y de la oposición, no se da tal conmoción.

Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, explicó que el primer decreto busca restablecer el servicio público de la justicia y otorgar al Consejo Superior de la Judicatura facultades extraordinarias para ello.
En ese sentido podrá, entre otras disposiciones, nombrar funcionarios que impartan justicia, dictar medidas para descongestionar los procesos en marcha, suspender funcionarios que no vayan a trabajar.
Añadió que el gobierno expedirá todos los decretos que estime pertinentes durante los próximos 90 días para desbloquear el funcionamiento de las instancias judiciales

A propuesta de los banqueros

Los funcionarios en paro demandan al gobierno la nivelación salarial establecida por una ley aprobada en 1992 pero que nunca ha sido aplicada.
Para ello reclaman fondos mínimos por 300 mil millones de pesos (unos 160 millones de dólares) pero la oferta del gobierno solo llega a 131 mil millones de pesos (70 millones de dólares) repartidos en los próximos dos años.
La huelga ha sido apoyada por las principales centrales obreras así como por otros sindicatos del sector estatal.

El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".

Uribe aplicó por primera vez el estado de conmoción interior tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.

Uribe mantiene desde hace unos meses su particular guerra contra algunas ramas del poder judicial. Así son constantes sus ataques y descalificaciones a la Corte Suprema de Justicia y a la independencia judicial en Colombia. Coinciden con el hecho de que la Corte investigó la legalidad de la reforma constitucional que Uribe fomentó para hacer posible su reelección y con que la Justicia tiene en procesados o en la cárcel a mas de 30 congresistas de su bancada, por vínculos con el narcotráfico o con los paramilitares.

Una decisión muy discutida

El Polo Democrático Alternativo, uno de los principales partidos de la oposición, rechazó "vehementemente" la medida, sugirió que el gobierno tiene intenciones ocultas y dijo que el gobierno habría podido decretar una emergencia judicial. Para el Polo, hubiese sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial", asegura el primer grupo de la oposición en un comunicado.
"Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades", advierte la Declaración.

El Polo anuncia que acudirá ante la Corte Constitucional para "impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".
Por su parte, el columnista Ramiro Bejarano, profesor de derecho de la Universidad Externado de Colombia, considera que el estado de excepción no se justifica. "La conmoción interior es para contrarrestar problemas severos de orden público. Y el paro judicial no ha producido ni siquiera la ruptura de un vidrio", afirma Bejarano, quien es también columnista del diario El Espectador.

Bejarano advierte de que ahora el Gobierno puede otorgar facultades al Consejo de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios "que garanticen la prestación del servicio". "Ese es un zarpazo mortal a la justicia y será aprovechado por el gobierno para sacar a los jueces que no le gusten, de la mano del Consejo de la Judicatura, que está bajo su control", concluye.

Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial , el sindicato de empleados de la rama judicial, dice que "es completamente equivocada" la medida.

Los decretos que expida el gobierno con base en las facultades de excepción tendrán que ser revisados y avalados por la Corte Constitucional. En caso de que el tribunal derogue parcial o totalmente alguna de las medidas, los efectos de la decisión no serán retroactivos.

Comunicado del PDA

"El Polo Democrático Alternativo informa a la opinión pública:

Que rechaza vehementemente la declaratoria de conmoción interior y los decretos legislativos que ha anunciado el gobierno nacional en ejercicio de tal declaración, por considerarla inconstitucional e inoportuna en atención a las siguientes razones:

1.- No se presenta la hipótesis de la grave perturbación del orden público a que hace referencia el artículo 213 de la Carta Política como requisito indispensable para la declaración de tal estado, pues no es aceptable considerar que la legítima protesta que actualmente adelantan los servidores judiciales constituya una alteración del orden público, menos aún cuando el primer mandatario ha reconocido la justeza de las reclamaciones.

2.- De aceptarse - en gracia de discusión - que esta protesta ha producido una alteración del orden público, la misma podría ser conjurada mediante atribuciones que además de ser ordinarias constituyen una obligación legal. En efecto, la ley 4 de 1.992 ordenó la nivelación salarial en beneficio de los funcionarios y empleados de la rama judicial con base en criterios de equidad, disposición que ha sido incumplida lo que ha generado la legítima reacción de los afectados, por lo que su cumplimiento haría parte de los mecanismos ordinarios al alcance del gobierno, que de utilizarse correctamente pondrían fin a la supuesta perturbación del orden público.

3.-El Gobierno nacional no puede aducir como fundamento para declarar el Estado de conmoción interior su propia culpa, pues como se ha señalado es evidente que la causa real de esta problemática la constituye el incumplimiento de obligaciones para con estos servidores.

4.- No puede aceptarse que por esta vía se pretenda atentar contra el ejercicio del derecho fundamental de asociación y sus diferentes manifestaciones, como lo pretende el presidente mediante esta declaración. Los decretos legislativos anunciados tienden más a afectar este derecho que a conjurar las causas del conflicto pues ninguno de ellos pretende dar solución a la inequitativa situación de los servidores de esta rama del poder público. Además de aceptar que se trata de un cese ilegal de actividades como lo pretende dar a entender el gobierno, nuestra legislación consagra medidas ordinarias para enfrentar las consecuencias que generan dichos actos.

5.- En circunstancias como la presente, sería más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades.
Por estas razones acudiremos oportunamente ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados.

Carlos Gaviria Díaz. Presidente
Carlos Bula Camacho. Secretario General
Polo Democrático Alternativo"

(Fuentes: EFE, Prensa Latina, BBC-Mundo, Polo Democrático Alternativo)

Argentina: Desaparecidos

LA ABUELA DE PLAZA DE MAYO CHICHA MARIANI HACE UN ÚLTIMO INTENTO POR ENCONTRAR Y ABRAZAR A SU NIETA ANTES DE MORIR

Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo ya está muy viejita. Quiere alcanzar a reencontrase con su nieta. Ayudémosla a que esta carta recorra el mundo, y en una de esas, genere dudas en alguien....
¡Que llegue a todos cuantos quieran leerla, que su llamado pueda recorrer nuevos circuitos, que no quede vinculado a personas u organizaciones de derechos humanos, que pueda llegar hasta Clara Anahí!
Gracias anticipadas,

El texto de la carta de Chicha Mariani a su nieta Clara Anahí, dice:

"Querida nieta:

Soy tu abuela 'Chicha' Chorobik de Mariani, te busco desde el momento en que Etchecolatz, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30 nº 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías 3 meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que también a él lo asesinaron.

A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25. 476. 305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto.

Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas; que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de eso tendrás en tus inclinaciones de vida porque, a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior.

A mis más de 80 años mi aspiración es a abrazarte y reconocerte en tu mirada, me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos.

Clara Anahí, mientras te espero seguiré buscándote.

Te abraza, tu abuela, "Chicha Mariani".

Perú: Derechos Humanos

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA ACUSADO DE VARIAS DESAPARICIONES FORZADAS DE CAMPESINOS EN OPERACIONES ANTITERRORISTAS DEL EJÉRCITO EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

El presidente, Alan García, el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz y las Fuerzas Armadas del Perú han sido denunciados como responsables de la desaparición de unas 11 personas, entre las que habría al menos 2 niños.

Habitantes de la comunidad de Pichis Río Seco, en la provincia de Huanta, brindaron su testimonio a Radio Amauta sobre el secuestro y desaparición de personas el pasado 14 de septiembre.
Según informó la peruana Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas explicó que fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.

Después del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, y muchos de los habitantes debieron huir de la comunidad, sostuvo la testigo. Las Fuerzas Armadas y el ministerio de Defensa de Perú negaron la información y aseguraron que se trató de un enfrentamiento entre el ejército peruano y remanentes de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
Mientras tanto, en declaraciones a Radio Nederland, Yúber Alarcón, abogado representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Ayacucho, explicó que en la región hay 11 personas desaparecidas, y se ignora si alguna de ellas sigue viva.
Además, anunció que abogados de los familiares de asesinados y desaparecidos el pasado 14 de septiembre, han interpuesto un hábeas corpus contra el Presidente de la República, Alan García y el ministro de Defensa de Perú, Antero Flores-Aráoz.

Reiteran denuncia por desapariciones tras la incursión militar

El consejero regional por Huanta, Zacarías Morales reiteró las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, luego de la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.

Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, solicitando al presidente de la República, al Comandante General del Ejército, Edwin Donayre y al ministro de Defensa que expliquen lo sucedido. Así mismo, Zacarías Morales presentó una denuncia ante la segunda Suprafiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, pidiendo que se envíe personal que investigue el caso.

El representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Dávila, ha enviado representantes a la zona para investigar los sucesos denunciados por la señora Pichardo. Y el gobernador del distrito de Llochegua, Edgar Ricra ha elaborado un informe dando cuenta a la gobernación regional de los hechos.

Los pobladores de la comunidad de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco de la provincia de Huanta, denunciaron a través de Radio Amauta, la desaparición de cuatro personas y dos niños el pasado 14 de septiembre, tras una incursión militar a la zona. Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas acompañada por el teniente gobernador de la zona, llegaron hasta la provincia de Huanta para poner en conocimiento que el pasado 14 de septiembre fuerzas militares ingresaron en horas de la noche a la comunidad, con disparos al aire, presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.L uego del ingreso militar, llegaron dos helicópteros que procedieron a bombardear la zona, generando confusión y temor entre la población, donde muchos de ellos optaron por salir de la comunidad. Las personas que fueron declaradas como desaparecidas, producto de esta operación fueron identificados como: Los hermanos Máximo y Jesús Pichardo Fernández, Félix Canchanya Limache y Rosa Chávez, quien estuvo acompañada de sus dos menores hijos Moisés y Fresalinda.

(PARA ESCUCHAR LA CRÓNICA RADIAL: Real Win MP Saúl Montero - Radio Cultural Amauta)

El Gobierno y los generales, lo niegan todo y tratan de criminalizar a los pobladores

El Ministro de Defensa Antero Flores Araoz negó que hayan existido detenidos o desaparecidos durante las últimas operaciones militares en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Flores Araoz insinuó, sin pruebas, que los pobladores de las comunidades de Huanta, quienes afirman haber sido desplazados por la milicia, habrían huido del lugar porque estarían involucrados con el narcotráfico o con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Las acusaciones son negadas también por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Otto Guibovich.
"No hay detenciones arbitrarias, no hay secuestros, declaramos esto categóricamente. Lo que hay es un intento por los narcoterroristas de sacarnos de su territorio", afirma el alto militar.
Guibovich dice que existe una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas en la mente de la población local.
Aunque el Ejército peruano tiene una larga trayectoria en violaciones, incluso tan documentadas como su alta responsabilidad en las masacres y desapariciones durante la guerra interna con Sendero Luminoso en los 80 y los 90, que dejó más de 60.000 muertos, el general dice que ahora la institución sí respeta los derechos humanos.
Sin embargo, las acusaciones están siendo investigadas por el defensor del pueblo y por la oficina del fiscal regional.
Los operativos militares continúan en una valle selvático aislado que es un hervidero de narcotraficantes y uno de los últimos reductos de Sendero Luminoso.

Las FFAA deberían facilitar las investigaciones

El analista en temas de desarrollo alternativo y comunidades campesinas, Hugo Cabieses, considera que es indispensable, por la buena imagen de las Fuerzas Armadas que se investiguen las denuncias de las desapariciones en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Cabieses considera que “las Fuerzas Armadas no están libres de sospecha, toda vez que tienen, en algunos casos, actitudes de rechazo al tema de derechos humanos, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hay una fuerte presencia militar en el VRAE”. Para el especialista, la solución a los problemas en el VRAE pasan por “un verdadero relanzamiento del plan VRAE que hasta la fecha, parece no existir”.
De otro lado, Cabieses, dice que no se puede dudar de la existencia de enfrentamientos entre los militares con remanentes de Sendero Luminoso, por lo cual la denuncia de los pobladores por desapariciones resultaría valedera. Sin embargo, considera que la Defensoría del Pueblo y otros organismos deberían hacer los esfuerzos respectivos para poder llegar a la zona de la denuncia y confirmar los datos de los hechos acontecidos.

Como se recuerda, el consejero regional por Huanta, Zacarías Morales ha reiterado las denuncias de los pobladores del caserío de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco sobre la desaparición de un grupo de personas, tras la intervención del ejército en diversos caseríos del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el pasado 14 de setiembre.

Al respecto, Morales ha manifestado que los hechos ocurridos en dicha zona y la denuncia de la única sobreviviente de la intervención militar, Lucy Pichardo, es verdadera, por lo cual ha presentado un Habeas Corpus ante la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. (PARA ESCUCHAR LA NOTICIA:Real Win MP )

Sancionado un mayor que violó a una recluta

La intregrante del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán", Beatriz Ramírez saludó la decisión del ministro del Defensa, Antero Flores-Aráoz, de separar del Ejército Peruano al mayor Miguel Gómez Ormeño, por abusar sexualmente de una recluta de esa institución castrense. No obstante, aclaró que dicha decisión fue debido al incumplimiento de normas de la institución por parte de Gómez Ormeño, quien incurrió en actos de inconducta, y no por el acto de violación en sí, que aún es materia de un proceso judicial. “Es saludable que Ministerio de Defensa haya adoptado las medidas del caso como la separación por inconducta, porque ha sido por el consumo de licor y otros tipos de comportamientos inadecuados a la instancia militar, no por la violación en sí misma que se va a determinar en el proceso judicial que se sigue por este caso”, manifestó.

En declaraciones al programa “El Perú informa, San Borja y CNR Noticias”, Ramírez Huaroto lamentó la falta de interés del gobierno sobre los casos de violación, toda vez que éstos sólo son atendidos cuando son puestos en conocimiento público.“Es criticable que cuando existe la presión mediática y cuando hay actos públicos de protesta, el Ministerio de Defensa asuma esa posición. Parece que para las víctimas de violación sexual sólo cuando el hecho sale a la luz pública y genera una conmoción pública, hay resultados, entonces esa parte convendría no repetir”, refirió. En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo y a las instituciones involucradas para que presten mayor interés a los casos de abuso sexual, a fin de hallar a los responsables de estos delitos.“Ante cualquier denuncia, el Ministerio de Defensa y todas las organizaciones deberían resolver estos caso haya o no haya mediación de los medios de comunicación porque lamentablemente no se brindan sanciones oportunas”, puntualizó.

Mi detención en Perú
Por Hugo Blanco (*)

En primer lugar manifiesto mi profunda gratitud a todas las personas e instituciones que al enterarse de que me detuvieron exigieron mi liberación. Todas ellas fueron importantes, entre las que más me emocionaron menciono el pronunciamiento de los hermanos canadienses, gracias a cuyo apoyo continúa editándose Lucha Indígena; de Conacami, con quienes compartimos la ansiedad por un proyecto político emanado de las organizaciones indígenas, campesinas y populares; de Wilbert Rozas, el alcalde que instituyó el gobierno del municipio por las comunidades indígenas que al enterarse de la noticia inmediatamente viajó a Paruro. Gracias a esa solidaridad fui rápidamente liberado ….temporalmente.

Mi ligazón a este caso se remonta a mi niñez en Huanoquite, Paruro, Cusco, cuando recibí el impacto de la noticia de que el hacendado Bartolomé Paz hizo que se marcara con hierro candente en la nalga de un campesino indígena sus iniciales: BP. Naturalmente el señor Paz no fue detenido, eso no se podía hacer con una persona de respeto. Probablemente ese hecho marcó el sentido de mi vida.

Ahora su hijo, Rosendo Paz, heredero de la hacienda, arrebata las tierras del anexo Markhura de la comunidad indígena de Tantarcalla, habiendo inclusive instalado en ellas un corral que es utilizado para el depósito de ganado robado, lo que fue denunciado por el propietario.

La comunidad tiene documentos que acreditan su propiedad. En el año 2006 los comuneros acudieron a la Federación campesina del Cusco, de la que son miembros, llevando sus títulos de propiedad, a solicitar la presencia de un delegado de dicha Federación para la ceremonia de distribución de tierras para su usufructo entre los miembros. Fui designado para esta tarea por la Federación, cumplí el mandato, comunicando ello inmediatamente después de realizado al puesto policial, la policía no objetó mi actuación.


Posteriormente el hacendado ordenó a la policía de Huanoquite bajo su mando que fuera a agredir a los comuneros, orden que fue inmediatamente cumplida por los policías. Como los comuneros tuvieron la osadía de resistirse al ataque fueron conducidos a golpes al pueblo y luego a la ciudad del Cusco, incluyendo mujeres con niños que lloraban. No estuve presente en esos sucesos pero fui llamado a declarar. Naturalmente quienes fueron calificados como delincuentes no fueron los agresores, sino las víctimas de la agresión.

Cuando al detenerme me dijeron que el delito por el que fui acusado era de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” pensé que era el relativo a este suceso en el que no había estado presente. Me equivoqué, el señor juez tuvo la bondad de aclararme. El delito de “Violencia y Resistencia a la Autoridad” fue el de haber presidido la ceremonia de distribución de parcelas, en donde no hubo violencia alguna ni estuvo presente ninguna autoridad del Estado.

Entiendo, estamos en el país en que el Parlamento, abdicando de su tarea, autorizó al gobierno para legislar en su lugar contra el “Crimen organizado”. Alan García usó esa autorización para legislar contra los reclamos de la población organizada, penalizando la protesta.

Víctimas de este mágico manejo del lenguaje están presos y procesados centenares de personas que reclaman por sus derechos en todo el Perú. Compañeras y compañeros que tienen la desgracia de no ser conocidos y por lo tanto nadie levanta la voz de protesta por ellos, como afortunadamente se hizo en mi caso y por eso estoy temporalmente libre. Convoco a las voces solidarias que con su rápida acción me arrancaron de la prisión, a que juntos defendamos a todas las víctimas de la penalización de la protesta. Al parecer Conacami ya inició una campaña, participemos de ella. Conservaré las direcciones de quienes me liberaron con sus voces solidarias para invitarlos a organizarnos en defensa de las otras víctimas de la represión.
En cuanto a mi caso, no está concluido, el sistema acostumbra dejar la espada de Damocles pendiente de las cabezas de los que protestan, con la tácita amenaza de que si no corrigen su actitud y cierran la boca, la espada caerá.

El señor juez me hizo entrega de un documento ambiguo en el que se me cita para el 21 de noviembre “...que deberá concurrir indefectiblemente, quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”. Es ambiguo, no dice que se me detendría en caso de no presentarme, dice simplemente “quedando subsistente los oficios (sic) girados para su captura”, así, queda a disposición de la represión la interpretación de la nota de acuerdo a las necesidades políticas del régimen.

Este es el tipo de papeles que acostumbran dar, que significan: “Si te callas no pasará nada, pero si continúas protestando entrarás preso”.
¿Cómo se explica que a más de dos años de los sucesos me hayan capturado sorpresivamente sin haberme notificado para que comparezca, si por un suceso posterior me citaron, comparecí y declaré?

La explicación es que entonces les molestaba poco mi actuación local. En cambio ahora que todo el campo se pone en ebullición por el fuerte ataque a las comunidades indígenas, organizaciones de diversos lugares del país me invitan para debatir sobre el ataque y coordinar la defensa, ya el premier me califica como “trasnochado” y les es muy molesta mi actividad.

Me comprometo a seguir luchando hasta mi último aliento contra la opresión a nuestros pueblos instituida hace 5 siglos.
(*) Hugo Blanco, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que publica este artículo es un histórico dirigente del movimiento obrero y del movimiento campesino peruano.

(Agencia Púlsar, CNR-Coordinadora Nacional de Radio-Radio Amauta(Perú), Adital, BBC-Mundo y Sin Permiso)

Latinoamérica: Crisis económica

VIENEN TIEMPOS DIFÍCILES TAMBIÉN PARA AMÉRICA LATINA , QUE COMIENZA A CRECER MENOS Y A VISLUMBRAR QUE LA SITUACIÓN DE LAS MAYORÍAS POBRES VA A SER AUN MÁS ALARMANTE

La crisis financiera que sacude a Estados Unidos repercute en el resto del mundo y, anuncia que "vienen tiempos difíciles para América Latina", según el secretario permanente del SELA (Sistema Económico Latinoamericano, agencia intergubernamental), el mexicano José Rivera Banuet.

Los días que se avecinan "mostrarán mayores dificultades para seguir haciendo progresos, como en los últimos años, en la lucha contra la pobreza y la indigencia", dice el responsable de este organismo multilateral que reúne a 26 estados de América Latina y el Caribe con fines de coordinación y cooperación económica.

La relación regional con la economía estadounidense "se afectará en al menos cinco dimensiones: turismo, inversiones, financiamiento, remesas (de dinero enviadas por los emigrantes) y comercio", añade.

"La desaceleración económica de Estados Unidos será más aguda cuando la actual crisis financiera se traslade a la economía real (…), con los consiguientes efectos en la reducción de la demanda y en la contracción de los aspectos vinculados al financiamiento y a las inversiones", advierte.

La inversión extranjera directa de Estados Unidos en la región alcanza a 50.000 millones de dólares anuales, mientras que las remesas de dinero que envían a sus familiares los latinoamericanos que viven en ese país de América del Norte suman 45.000 millones de dólares al año, según el organismo.

Además, Estados Unidos es el destino de bienes latinoamericanos por valor de 375.000 millones de dólares anuales, la mitad de las exportaciones al mundo desde la región.

"El impacto para la región será evidente al contraerse todos estos componentes", señala el número uno del SELA. "Es preferible anticipar una reducción en el crecimiento económico de la región", añae, cuyo producto interno bruto creció en los últimos cinco años a un promedio de cinco por ciento Organismos financieros in

ternacionales preveían para 2009 un crecimiento de cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) regional, "pero un nuevo pronóstico deberá situarse en torno a tres por ciento", según Rivera Banuet. "Debemos ser realistas, es preferible anticipar esta situación a sobredimensionar los resultados favorables de los últimos años".
Rivera Banuet entiende que es "muy difícil prever la duración y profundidad de la actual crisis, pues sus vasos comunicantes con la economía real son difíciles de medir, y las políticas que se apliquen, sean las recomendadas por el gobierno estadounidense de George W. Bush u otras requerirán un período de observación y maduración".

Ya se sabe que la región se verá afectada, por ejemplo, con un menor turismo originado en Estados Unidos, al contraerse allí los créditos y el consumo. Los flujos comerciales también se resentirán en tanto es previsible que se mantengan las olas especulativas sobre alimentos y combustibles, aunque reduciéndose "en un futuro no lejano" como consecuencia de la desaceleración económica global, punta el responsable del SELA.

"La región debe insistir en la necesidad de reformar las instituciones financieras internacionales a fin de que mejoren el seguimiento de los sistemas bancarios y de financiamiento en lo que hace a su impacto sobre el resto de la economía", según Rivera.

Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional "ha debido alertar con mayor insistencia y atención sobre la falta de supervisión, control y alerta por parte de los organismos de supervisión financiera dentro de Estados Unidos, que reaccionaron tarde".

Y concluye con lo siguiente: "Las instituciones que pasaron las últimas tres décadas diciendo lo que nosotros debíamos hacer, no se lo aplicaron a sí mismas".

Latinoamérica reducirá el crecimiento desde el 4,6% al 3,3%

Se acabó la mayor expansión de la economía latinoamericana en 20 años, porque la situación económica está afectando a la inversión y a la demanda de materias primas de la región.

El crecimiento de la región en el 2009 podría bajar a menos de 3,3 por ciento, desde 4,6 por ciento este año, según economistas de Barclays Capital.

La desaceleración ya afecta a lo que llaman "el combate a la pobreza", con fondos que son los primeros en caer, incluso a niveles más bajos a los de la 'Década Perdida' de los años ochenta.

La crisis pondrá a prueba el compromiso establecido por Latinoamérica hace diez años de reducir su deuda y abrir sus mercados.

Esta semana México canceló sus planes de privatizar un aeropuerto, citando la crisis en Estados Unidos, mientras que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, advirtió que el crecimiento del país podría bajar a la mitad conforme la inversión caiga.

En Brasil, los préstamos, que han impulsado la expansión más veloz del país en más de diez años, están agotándose, según Ricardo Espírito Santo, director de la división brasileña del portugués Banco Espírito Santo.".

Los economistas brasileños bajaron las proyecciones de crecimiento para el 2009 al 3,6 por ciento el 26 de septiembre desde el 4 por ciento calculado dos meses antes, según una encuesta del banco central. Por su parte, JPMorgan Chase & co. redujo su pronóstico para la mayor economía de Latinoamérica al 3,2 por ciento desde el 3,8 por ciento.

México, la segunda economía más grande del vecindario, podría crecer un 2,5 por ciento el año 2009, según el pronóstico promedio de 33 economistas encuestados por el banco central, que presentó su informe el miércoles. Previamente pronosticaban una expansión del 3 por ciento.

La región ha tenido un crecimiento promedio de 5,5 por ciento anual en los últimos cinco años, ritmo que no se veía desde 1970 a 1974, según estadísticas del FMI.
Las remesas enviadas por latinoamericanos que viven en Estados Unidos también se prevés que podrían disminuir.
Las transferencias de dinero de mexicanos que viven en el extranjero cayó un 12,2 por ciento en agosto, según datos revelados por el banco central mexicano.

Las remesas representaron casi el 3 por ciento del producto interno bruto de México el año pasado, solo superadas en importancia por la venta de petróleo.

Los precios de las materias primas como la soya, el oro, el cobre y el petróleo, que ayudan a financiar el auge económico de la región, han caído un 28 por ciento desde el máximo alcanzado el 2 de julio, según el índice RJ/CRB Commodity Price.

Los pobres, una vez más los que peor parte llevan

Aunque los países de la región latinoamericana y caribeña sigan teniendo cifras macroeconómicas en crecimiento, la situación de los pobres y excluidos es cada vez más dramática.
Esa es la conclusión de un informe elaborado por el economista Humberto Ortiz, de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS- Perú), miembro del Departamento Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y del Observatorio Pastoral. El documento presenta las variables y los indicadores más relevantes de esa situación.

E l informe resalta que por tercer año consecutivo el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y del Caribe creció un 5,6%, en 2007; el desempleo disminuyó un poco más que medio punto porcentual (0,6%); y la inflación aumentó durante este período. Entre los países con el PIB más elevado en 2007, se encuentran: Panamá (9,5%), Argentina (8,6%), Venezuela (8,5%), Perú (8,2%) Uruguay (7,5%) y Colombia (7%). Todo según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

También de acuerdo con la Cepal, la mayoría de los países de la región registró tasas elevadas de crecimiento basadas principalmente en la demanda interna, en la cual se destacó el aumento del consumo privado y de la formación bruta de capital. La sub-región que más creció fue el Cono Sur, seguido de la Comunidad Andina, del Caribe y finalmente México-América Central.

Sobre las Inversiones Externas Directas (IED) en América Latina y el Caribe, el informe revela que llegó a la cifra de 105.925 millones de dólares, representando un volumen sin precedentes en la región y un crecimiento del 46% en relación con el año anterior. Ese aumento se registró principalmente en América de Sur, aunque las inversiones en México y en la Cuenca del Caribe también hayan aumentado considerablemente.

"En 2007, los principales inversionistas en América Latina fueron Estados Unidos, Países Bajos y España. Aunque en general esta situación no se ha modificado en más de una década, se registran notables cambios en la composición de los inversionistas de segundo nivel, lo que ha traído aparejado un pequeño aumento de la inversión intrarregional", dice el informe.

Otra cuestión abordada por el informe es respecto a la participación de las empresas transnacionales. Hubo una reducción relativa de la importancia de esas empresas en las exportaciones. De 2005 a 2006, la reducción fue del 27% al 18%. Sin embargo, las empresas extranjeras están controlando los bancos y los Fondos Privados de Pensiones. En México y Argentina controlan, respectivamente, el 76,5% y el 54,5% de los activos totales de los bancos.

En relación con el gasto social, el informe afirma que está siendo progresivo desde el punto de vista de la equidad en países como Argentina, Uruguay y Chile, y regresivo en países como Ecuador, Perú y Bolivia: "Se nota que las diferencias de gasto social están asociadas con el nivel de renta per capita, la distribución de la riqueza, la calidad institucional y los objetivos del gasto social. Hay, pues, un proceso lento y heterogéneo en relación con la progresividad del gasto en educación y salud. Se observa regresividad en la seguridad social".

De acuerdo con el informe, ante un escenario de protagonismo de inversiones transnacionales, cambios en las condiciones del comercio internacional así como los desafíos de integración, cuestiones sociales, como el de las migraciones, los Estados de la región vienen respondiendo con políticas públicas. Sin embargo, no está claro el alineamiento de las políticas económicas con esas políticas.

(Fuentes: IPS, Adital y Portafolio)

Paraguay: Entrevista al Presidente Lugo

"NUESTRO AFÁN NO ES ENFRENTARNOS A LOS ESTADOS UNIDOS, SINO RELACIONARNOS CON TODOS DE IGUAL A IGUAL...NUESTRA PRIORIDAD SON LOS INDÍGENAS Y LOS MÁS POBRES, LOS QUE SIEMPRE ESTUVIERON EXCLUÍDOS"

Los líderes mundiales se reúnieron la pasada semana en Nueva York para asistir a la 63º Asamblea General de las Naciones Unidas. Su miembro más reciente es Fernando Lugo que fue investido el mes pasado como presidente de Paraguay. Fernando Lugo ha sido sacerdote y tiene mucho conocimiento de la teología de la liberación. Lo llamaban “el obispo de los pobres” y era conocido por organizar manifestaciones contra el gobierno y luchar por los derechos de los campesinos. Tras renunciar a su cargo de obispo a finales de 2006, participó en la campaña electoral y ganó las elecciones con una plataforma orientada a la reforma agraria y a la lucha contra la corrupción. Aquí habla con Amy Goodman y Juan González, de 'Democracy Now'.

(Puedes leer la entrevista más abajo, o verla y escucharla aquí )

AMY GOODMAN: Presidente Lugo, bienvenido a Democracy Now! y bienvenido a Estados Unidos. Usted es el presidente más nuevo del mundo. ¿Cuál es el mensaje que trae a la comunidad mundial en las Naciones Unidas?

FERNANDO LUGO: Gracias por esta invitación. Creo que Paraguay está renaciendo a una nueva República, a una nueva visión del mundo. El Paraguay está cambiando porque la ciudadanía paraguaya en su mayoría, el 20 de abril, decidió cambiar el rumbo político de la historia en nuestro país. Y decirle a la comunidad mundial que Paraguay se integra totalmente a la comunidad mundial.

Deseamos una comunidad integrada, sin exclusiones; y también nuestra comunidad nacional recupera su dignidad. Nos daba vergüenza escuchar que Paraguay era uno de los países más corruptos del mundo. Hoy día, en Paraguay, vamos a dar muestras evidentes de ello y va a ser unos de los países más transparentes y honestos en su administración pública.

JUAN GONZÁLEZ: Obviamente usted enfrenta muchos desafíos, el 70% de la tierra cultivable está controlada por el 1% de la población, ¿qué piensa hacer en cuanto a reforma agraria, sobre todo cuando no tiene mayoría propia en la legislatura nacional?

FERNANDO LUGO: La sociedad paraguaya y los estamentos de la sociedad paraguaya creo que han llegado a una cierta madurez. Creo que ha llegado el momento en que los paraguayos nos sentemos alrededor de una mesa y podamos definir nuestro presente y nuestro futuro. En referencia a la reforma agraria, esta misma situación. Ya hemos tenido una primera reunión entre campesinos sin tierra, las instituciones estatales, los técnicos y los propietarios de las tierras. Nos hemos sentado a dialogar, sin muchas diferencias. No nos asustan las diferencias ni el disenso.

Yo creo que mientras haya la voluntad para poder sentarnos a conversar con la herramienta del diálogo y elaborar consenso es posible que nosotros mismos podamos diseñar una reforma agraria integral que favorezca a esa gran mayoría de sin tierra que existe en el Paraguay.

AMY GOODMAN: A usted lo llamaban “el obispo de los pobres”, ¿piensa ser el presidente de los pobres?

FERNANDO LUGO: El presidente de todos los paraguayos, en primer lugar, sin exclusiones. Pero si hay que tener preferencias, serán los indígenas y los más pobres del país que siempre estuvieron excluidos de todos los proyectos y programas de la Nación.

JUAN GONZÁLEZ: Poco después de que usted tomó posesión de la presidencia, hubo informes de un intento de golpe, un intento de derrocarlo por parte de algunos líderes clave del gobierno y de las fuerzas armadas. ¿Qué ha pasado respecto de esas acusaciones? ¿Y usted teme algún otro intento en su contra?

FERNANDO LUGO: Yo creo que actualmente a nadie se le va a ocurrir en ningún país de América Latina hacer un golpe de estado, y menos aún con la participación militar. La experiencia de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), una experiencia nueva, una experiencia solidaria de países que vivimos al Sur del continente, que tenga una agilidad para reaccionar ante eventos de esta naturaleza, dentro de la región, va a ser fundamental.

Yo creo que Paraguay, la clase política paraguaya, estuvo acostumbrada a conspirar constantemente, y a los que detentaban el poder durante más de sesenta años les cuesta hoy día decir y entender que ya no están en el poder. Les cuesta perder el privilegio, por eso intentarán de algunos modos…pero creo que es recuperar la institucionalidad y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia en el país el gran objetivo, hoy día, de nuestro gobierno.

AMY GOODMAN: Hablando de intentos de golpe, Presidente Lugo, uno de sus primeros actos después de asumir la presidencia fue ir a Chile, con los presidentes de toda América Latina, para lidiar con la situación en Bolivia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué piensa usted tiene que suceder? ¿Y qué tiene que decir respecto del papel de Estados Unidos en América Latina?

FERNANDO LUGO: Yo creo que Estados Unidos es consciente de su rol, de su papel, no solamente para América Latina sino en el mundo. Sigue siendo un país muy importante, un país poderoso, económicamente, políticamente… Ha dado muestras de democracia con sus falencias, con sus luces y sus sombras, y yo creo que los países de América Latina hoy han obtenido su madurez como para de alguna manera poder decir “somos libres”. Después de 200 años de autonomía, de independencia política hoy podemos decir que estamos recuperando el valor de la soberanía, el valor de la independencia. Y creo que el rol de Estados Unidos es un rol de relacionamiento equitativo, justo, de igual a igual con los países tanto pequeños como grandes del continente y del mundo.

JUAN GONZÁLEZ: Usted enfrenta, obviamente, no sólo al país gigantesco que es Estados unidos, sino que además tiene un país muy grande como vecino, es decir Brasil, y ha habido algunos conflictos en el pasado entre Paraguay y Brasil, concretamente en relación con la cuestión de la energía hidroeléctrica (Itaipú) y los tratados entre Paraguay y Brasil, que usted considera desiguales. ¿Qué piensa hacer en relación con eso? ¿Y piensa que podrá llegar a un acuerdo con el presidente Lula y el gobierno de Brasil?

FERNANDO LUGO: Nuestro afán no es enfrentar a ningún país pequeño o grande. Nuestro afán y nuestra tarea es simplemente relacionarnos con todos los países, tanto pequeños y grandes, pero de igual a igual. Así como hace una semana hemos conversado con Lula, el presidente Lula de Brasil, con su equipo de técnicos, de diplomáticos y de igual a igual nos hemos sentado a una mesa en donde hemos puesto sobre la mesa todas las dificultades, los problemas, los cuestionamientos…en referencia a Itaipú. De igual manera lo haremos con cualquier otro país pequeño o grande de cualquier parte del mundo si existen estas diferencias que nosotros notamos.

Con el Brasil nos unen relaciones históricas. Creemos que América Latina y, sobre todo Paraguay recuperando su dignidad como Nación, tiene la capacidad de relacionarse de igual a igual y de solucionar diplomáticamente, con las herramientas del diálogo franco, abierto y sincero, todas las diferencias que podamos tener con cualquier país del mundo.

AMY GOODMAN: Presidente Lugo, cuando nosotros entrevistamos al presidente Morales, poco después de que usted fuera elegido, le preguntamos qué tenía para decirle, y él dijo “Bienvenido al eje del mal”, bueno, en realidad, dijo “Bienvenido al eje de la Humanidad” ¿Cuál es su respuesta?

FERNANDO LUGO: Yo creo que hay expresiones como “ejes del mal” que no son muy felices hoy en calificarnos así, entre países hermanos. Yo creo que el presente y el futuro lo tenemos que mirar con optimismo y esperanza, porque la mayoría de los ciudadanos que pueblan nuestros países, los indígenas, los más pobres, los campesinos no hablan de esa confrontación sino más bien de una construcción de un mundo mucho más igualitario, mucho más equitativo, mucho más digno, mucho más humanitario. Bienvenidos, sí, a todos los mandatarios del mundo a seguir construyendo. Y por eso venimos a las Naciones Unidas, porque queremos construir juntos el planeta que nos merecemos todos los humanos en vivir en este momento actual.

JUAN GONZÁLEZ: Ya que hablamos de temas controvertidos, también ha habido mucha controversia en relación con la Teología de la Liberación. Usted llegó a tener conciencia política como sacerdote y fue un obispo que abrazaba la Teología de la Liberación, que no está bien vista por la jerarquía de la Iglesia Católica hoy día. ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica hoy en día en América Latina? ¿Es parte del cambio hacia el progreso, o todavía está limitando el progreso?

FERNANDO LUGO: La Teología de la Liberación es una teología que nace en América Latina. Es una teología pastoral que no puede ser juzgada desde una perspectiva doctrinal, ni dogmática. ¿Hay controversias? Sí, porque hay una libertad de pensamiento. La teología es elaborar un pensamiento abierto, no tiene por que estar de acuerdo con todos los otros pensamientos de la Iglesia. Ha tomado una herramienta filosófica, sociológica importante para el análisis de la realidad.

Es más, la misma Teología de la Liberación fue considerada por Juan Pablo Segundo. En su carta que escribe a los obispos de Brasil dice que la Teología de la Liberación nacida en América Latina ya forma parte del patrimonio teológico de la Iglesia universal. Hay un reconocimiento de esa teología. Puede haber diversas tendencias y dentro de esas tendencias, algunas pueden ser cuestionadas y otras criticadas.

AMY GOODMAN: Yo sé que le quedan pocos minutos, Presidente Lugo, pero le quería preguntar sobre el efecto de la guerra en Irak sobre ustedes en Paraguay, la crisis económica global, y su consejo al presidente Bush en cuanto al trato con los demás países.

FERNANDO LUGO: Algunos piensan que la guerra en Irak está muy lejos de América Latina, pero los efectos que hoy produce es un efecto planetario. Yo creo mal un país podría provocar una guerra en una parte del continente y querer provocar la paz en otra parte del continente. Yo creo que los líderes mundiales que traspasan los límites de nuestros países nos exigirán coherencia en la política, tanto interior como exterior…En ese sentido, yo creo que esas contradicciones, esas controversias, estos espacios de diálogos, de confrontación—como son las Naciones Unidas—se tienen que clarificar suficientemente y marcar una línea, la línea de la humanidad, de la paz, de la verdad, de la justicia, como la línea que se tiene que construir en el planeta, en el mundo moderno.

JUAN GONZÁLEZ: Y, finalmente, señor Presidente, le quiero preguntar sobre los grandes cambios que se han dado en América Latina, cambios políticos, ¿usted esperaba en algún momento, cuando era párroco, que iba a haber acontecimientos tan progresistas, tantos líderes de izquierda y, de hecho, rebeldes llegando al poder en América Latina?

FERNANDO LUGO: Yo creo que América Latina está cambiando. Más que gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, como se dice, yo creo que hay una conciencia ciudadana que ha crecido y que cuestiona y que marca la dirección que deben tener los líderes nacionales. Yo creo que la gran fuerza…nosotros decimos en nuestra Constitución Nacional en el Paraguay que la soberanía reside en el pueblo, y que ese gran poder popular, de alguna manera, cuando está organizado, debe marcar el rumbo de los países. Yo creo que eso es lo que está pasando en América Latina, la gran conciencia de las mujeres, por ejemplo, la gran conciencia negra en algunos países, la conciencia de los indígenas, de los jóvenes, el tema del medioambiente, son ejes fundamentales que marcan hoy la política de los líderes en América Latina.

AMY GOODMAN: El presidente Chávez le dio la espada de Bolívar en San Pedro, ¿cuál fue el significado de ese gesto? Y finalmente, ¿qué es lo que Estados Unidos está haciendo en Irak?

FERNANDO LUGO: Después de doscientos años de que hayamos conquistado la independencia en Paraguay vuelve a retomar una importancia significativa. Yo creo que lo mismo pasa con Bolívar. Cuando muchos de nuestros países se han dividido, hacemos uso de una persona que quiso unir América Latina y soñó con una patria grande. Yo creo que eso es lo que pasa en América Latina hoy, y sobre todo con Bolívar.

Y esta espada de Bolívar es una cuestión simbólica, porque hoy nadie piensa en utilizar la espada para decapitar a nadie… sí, yo decía en San Pedro, vamos a usar esta espada para decapitar la corrupción, la injusticia, la pobreza, en forma simbólica. Y volviendo un poco a la guerra de Irak, ¿verdad?… Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, provenga de donde provenga. La violencia nunca trajo solución a ningún problema dentro de la humanidad y eso los líderes tenemos que entenderlo definitivamente.

AMY GOODMAN y JUAN GONZÁLEZ: Muchas gracias

FERNANDO LUGO: A ustedes.

(Publicado en :www.democracynow.org/es)