Saharauis, los ojos del desierto

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29.10.08

Argentina: Movimiento campesino

EL NORTE ARGENTINO ES UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA. LOS CAMPESINOS DENUNCIAN DECENAS DE DETENCIONES ARBITRARIAS, PALIZAS Y DESTRUCCIONES DE CASAS Y COSECHAS POR LA POLICÍA


El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC) asegura que en el último mes, al menos 35 personas fueron detenidas en tres provincias de la Argentina.


La organización de pequeños productores ha instalado una Carpa Negra frente a los Tribunales de la norteña provincia de Santiago del Estero, para reclamar por la liberación de los detenidos.
En la mayor parte de los casos, los campesinos son liberados pocas horas después de su detención, pero antes suelen ser golpeados y destruidas sus pertenencias; aunque dos miembros del Mocase-Vía Campesina, permanecen presos hace más de 40 días.

Se trata de Luís y Santos González, dos de los 29 campesinos detenidos en Santiago del Estero durante el mes de septiembre y primeros días de octubre.
Además, el Mocase dio a tiene conocimiento de al menos 50 'pedidos de captura' contra militantes campesinos que, a su vez, son sometidos a tormentos, saqueo de sus pertenencias por parte de la policía, simulacros de fusilamientos, golpes y torturas.
A la situación que viven las familias campesinas de Santiago del Estero, se suman las de las provincias de Formosa y Mendoza. En total, el número de detenciones asciende a 35, y las órdenes de detención al menos a 95.
Ricardo Cuellar, del Mocase VC, asegura que hay más de 95 'pedidos de captura', , y pide al Gobierno Nacional que acabe con esta política con los campesinos y los pueblos originarios

AUDIOS: Ricardo Cuellar, MOCASE VC (detención)22 seg. (178 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (causa inventada)40 seg. (315 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (Justicia)44 seg. (348 KB) Ricardo Cuellar, MOCASE VC (pedidos de captura)57 seg. (451 KB)


El norte argentino en una espiral de violencia


El martes pasado nada más comenzar la noche, en la localidad de Ingeniero Juarez, provincia de Formosa, un campesino comprometido con la lucha de criollos e indígenas fue nuevamente detenido. Luis Montes, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (Mo.Ca.For) y del Frente Nacional Campesino (F.N.C.) fue sólo uno de los 7 que serían privados de su libertad posteriormente. Las organizaciones campesinas venían repudiando los desalojos, infamias y atropellos que se llevan adelante contra las comunidades wichís y criollas, incluyendo la quema de sus viviendas y campos.
Para conocer mejor la situación que se vive en la región, transcribimos la conversación de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, con Benigno Lopez, militante del Mo.Ca.For y el F.N.C.



-RMR: Hay varios compañeros detenidos, ¿cuál es la razón?
-Benigno Lopez: Hay dos conflictos bien marcados, uno es contra de una comunidad wichí que tiene conflicto de viviendas que fueron construidas en tierras ancestrales que ellos reivindican, y hubo represión contra ellos de 270 efectivos de la policía de la provincia que participaron. Eso fue en la localidad de Ingeniero Juárez. Estos intensos ataques contra esa comunidad, con mucha violencia, fue resistido.

Por otro lado, primero el juez ordenó y fue detenido el compañero Gabriel Pérez, que es dirigente de los campesinos criollos del campo La Florencia. Estamos hablando de 60 mil a 90 mil hectáreas de tierras de los criollos que hace más de 150 años que habitan esa zona. Hoy apareció un empresario que reclama la propiedad de esas tierras.
El juez actúa como un empleado más del empresario, juntamente con el intendente, y la respuesta es mandar a amedrentar, a patotear, a golpear a las mujeres, a los niños, a los hombres del campo, a los criollos, y después bueno, como con eso la gente sigue resistiendo, el juez ordenó la detención de 7 compañeros, entre ellos una compañera, que están detenidos en la comisaría de Las Lomitas por orden del Juez Pedro Gustavo Schaefer. Aparte ordenó la detención de 11 compañeros más.


En estos momentos la abogada hizo la presentación de la excarcelación de los compañeros y va a presentar la eximición de prisión para el resto de los compañeros, pero el juez expresó que el no se rige mucho por la ley, sino por la orden política que puede recibir.

Es una situación muy complicada, muy tensa, más aún es llamativo cuando la Presidenta de la Nación viene a hacer anuncios a los pequeños productores acá en la provincia de Formosa, y más cuando justamente acá en el oeste los campesinos y los dirigentes del Mo.Ca.For. son perseguidos políticamente, son golpeados violentamente, son detenidos y son encarcelados. En estos últimos 8 días de cara a la visita de la presidenta se acentuó muchísimo más. Entendemos que es un problema de querer enfrentarnos con el Gobierno Nacional también de parte de algunos intereses económicos y políticos locales y provinciales.

-RMR: Esta situación de persecusión y represión la vienen sufriendo no sólo allí en Formosa, sino también en Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba los movimientos campesinos, ¿qué lectura política hacen de todo este conflicto territorial que se está dando a nivel nacional?

-Benigno: Por un lado usted sabe que el sector campesino ha ganado un pequeño paso que es la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural que fue lanzada hace muy poco tiempo, que ese es un espacio por construir, es un espacio por llenar, es un espacio por diseñar y ejecutar, pero es un espacio que el Gobierno Nacional al final apoyó. Y al mismo tiempo, desde los feudos locales y provinciales se da el paso contrario a estos pasos nacionales y se acentúa la represión y la persecución contra los campesinos, y principalmente se lo quiere expulsar de sus tierras y grandes empresas quieren quedarse con las tierras de los campesinos, criollos y de los indígenas de la Argentina.


-RMR: ¿De qué se trata el anuncio que la presidenta tiene que dar?, ¿por qué crees que está tan ligado a esta persecución política?

-Benigno: Nosotros, por lo que pudimos enterarnos, viene para anunciar líneas de crédito para los pequeños productores, y también quiere hablar de la cuestión de la tenencia y uso de la tierra. Justamente en este momento en que nosotros tenemos expectativa, y hay un sector político que evidentemente maneja la justicia, la policía y todo en estas tierras acentúa la represión contra nosotros, para que nosotros reaccionemos y nos enfrentemos al Gobierno Nacional. Creemos que buscan eso.

-RMR: En un comunicado de prensa que ustedes circularon hablaban también de quema de viviendas y campos, ¿cómo han vivido esta situación?

-Benigno: Sí, en el campo La Florencia mismo, civiles armados que son empleados del empresario o patoteros de él, estuvieron quemando casas, cercos de los campesinos, que hace más de 100 años viven en ese lugar.


-RMR: ¿Cuántos días llevan detenidos los 7 compañeros?

-Benigno: Los detuvieron en diferentes etapas. Primero fue uno detenido el martes a la tardecita en la localidad de Ingeniero Juárez, y luego el miércoles otros.

-RMR: ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr la liberación de todos sus compañeros?

-Benigno: Nosotros creemos que necesitamos que si hay leyes que rigen en la Argentina, necesitamos que se apliquen las leyes en Buenos Aires como también en Formosa. Este juez dice que no le interesan las leyes, pero nosotros creemos que si tenemos leyes hay que respetarlas. Por otro lado, creemos y le decimos al señor Gobernador Gildo Insfrán y a todas las autoridades que nosotros creemos en el diálogo. Nosotros no creemos que el garrote, la quema de casas, la tortura de mujeres y niños, traiga como fruto algo bueno, para nada. Creemos que eso puede empezar a construir una espiral de violencia, y nosotros realmente apostamos al diálogo. Nosotros queremos diálogo, queremos una mesa donde esté el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional.


-RMR: ¿Hay algo que quieras agregar?

-Benigno: Simplemente esto, esperemos que empiecen a cambiar las cosas. Nosotros estamos evaluando tomar otras medidas si hace falta.


-RMR: Benigno, gracias por la charla y esperamos que pronto se tranquilice la situación en Formosa para ustedes y sus comunidades que están resistiendo.
-Benigno: Sí, esperamos buenas noticias, así que esperaremos la visita de la Presidenta y ver qué resultados hay.

Formosa, la más pobre y atrasada de la Argentina


Por primera vez se hizo un ranking basado en la calidad de vida de las ciudades argentinas. Lo elaboró un equipo de investigadores en geografía y demografía del Conicet y de seis universidades públicas nacionales. En el primer lugar quedó la ciudad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el 78% goza de cobertura médica y menos del 3% vive sin baño.


En el otro extremo, se encuentran los que viven en General Mosconi, en el noroeste de la provincia de Formosa, donde hay una comunidad de la etnia wichí. Allí, sólo el 13% de la población accede a una cobertura social y el 97% habita en una casa sin baño.


El investigador principal que lideró el trabajo, Guillermo Velázquez, director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro en Tandil, informa que el estudio, elaborado en base al censo nacional de 2001, toma como indicadores los datos de mortalidad infantil, el acceso a la cobertura médica y el nivel de educación, las condiciones de las viviendas, e incluyeron un índice de desastres.

Entre las 5 localidades con peores datos, se situan varias del Norte argentino: General Mosconi, (Formosa), Valle Grande y Rinconada, en Jujuy, Laguna Yema (Formosa) y Santa Catalina (Jujuy).

Allí, más del 80% de la población no tiene baño en su casa y menos del 1% llegó a cursar la universidad.

"La ubicación tan baja del Norte argentino se debe a que el proceso histórico casi lo dejó al margen. No recibió las grandes inversiones en industrialización que tuvieron otras regiones como la Pampeana. También el Norte fue afectado por inundaciones y sequías", explica el investigador.Velázquez dice que hay una "distancia sideral" entre las ciudades de Punta Alta y General Mosconi. "La primera es comparable al Primer Mundo y la segunda, a las zonas más postergadas del planeta. Se debe a la fragmentación socio-territorial del país durante las décadas pasadas".


El Movimiento Campesino de Santiago del Estero



Por Patricia Durand


1. Las primeras luchas


Si bien el Movimiento Rural de la Acción Católica había actuado en la provincia de Santiago del Estero, no llegaron a formarse Ligas Agrarias en ese territorio, probablemente porque el principal conflicto que atravesaba a los campesinos de esta provincia era la lucha por la tierra, mientras que en las provincias donde las Ligas fueron más dinámicas -Chaco, Misiones y Santa Fe-, el principal problema era la comercialización con la agroindustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran “colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos “gringos” –inmigrantes europeos-. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural era “criolla”, formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales se retiraron. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero hayan tomado un camino diferente. Un primer antecedente de lucha campesina para resistir un intento de desalojo se registró en la década de 1960 y tuvo lugar en el paraje de Suncho Pozo, dentro de la Zona Este de la Santiago del Estero (1).

El origen de los pobladores de Suncho Pozo, asentados desde hacía más de dos generaciones en la zona, databa de la época en que esa zona de la provincia era el centro de la actividad obrajera para extracción de quebracho colorado y demás maderas duras para la producción de durmientes y postes. Los padres y abuelos de los miembros de la comunidad eran hacheros, trabajadores de los obrajes (Benencia, 1996). La actividad depredadora de las empresas obrajeras fue dejando a su paso desiertos y fachinales, ya que era una actividad caracterizada por la tala indiscriminada de las especies arbóreas. Además de los árboles talados para durmientes y postes, se cortaban otras especies para producir carbón y leña, que se imponían como combustible en esa época (Dargoltz, 1980).


A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a su suerte (2). Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían perdido su riqueza natural. Esto hicieron los pobladores de Suncho Pozo en la segunda mitad de la década del ´40, limpiando el fachinal para tener un lugar donde levantar su vivienda y cultivar algo para vivir. Con el tiempo estos antiguos trabajadores rurales se fueron transformando en campesinos en la medida en que el mercado les permitía la entrada como productores marginales, por ejemplo de algodón. La tarea en la propia explotación se alternaba con ocupaciones diversas en el área o fuera de ella. En la década del 60, cuando estos productores habían demostrado que en esas tierras se podía cultivar, y en un momento en que el algodón era rentable, comenzaron los reclamos por parte de una compañía que había comprado las tierras al antiguo dueño. La empresa inició un juicio por desalojo y los campesinos, ante una amenaza concreta sobre sus tierras, comenzaron a organizarse. Las familias formaron comisiones, se constituyeron en asambleas, organizaron grupos de vigilancia y de resistencia, y delegaron las acciones legales en un abogado que los mantuvo informados sobre las distintas instancias del juicio -que se extendió desde 1963 hasta 1973- (Benencia, 1996)....(SIGUE)

(PARA LEER COMPLETO AQUÍ )

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Radio Mundo Real, Diario Opinión Ciudadana-Formosa y Prensa del Frente)

24.10.08

Sáhara Occidental: ONU

LA ASAMBLEA GENERAL REAFIRMA EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI, MIENTRAS MARRUECOS MANIOBRA PARA RETRASAR EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES

La Comisión de Cuestiones Políticas Especiales y de Descolonización (IV Comisión) de la Asamblea General de la ONU, ha aprobado, por unanimidad, una resolución que reafirma el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación, de conformidad con los principios de la Carta de la ONU, en la que figura la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

Además, la Cuarta Comisión apoya la negociación entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental para lograr una solución que lleve a "la autodeterminación del pueblo saharaui". Se refiere al proceso de las negociaciones iniciadas por la resolución 1754 (2007) y reafirmado en las resoluciones 1783 (2007) y 1813 (2008) del Consejo de Seguridad "para lograr una paz justa, duradera y mutuamente aceptable que permitir la autodeterminación del Sáhara Occidental ". La Comisión elogió los esfuerzos realizados en este sentido por el Secretario General y su Enviado Personal.

Igualmente, la resolución acogió con beneplácito la celebración de las 4 rondas de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos desde junio de 2007 a marzo de 2008, en presencia de los países vecinos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el compromiso de las partes en el conflicto, a “seguir mostrando voluntad política y trabajando en una atmósfera propicia al diálogo, a fin de entrar en una fase más intensiva de las negociaciones, de buena fe y sin condiciones previas”. Y acoge con beneplácito "el compromiso de las partes de seguir demostrando voluntad política y trabajar en una atmósfera propicia para el diálogo, para entrar en una parte más intensa de las negociaciones".

La resolución pide a las partes para que cooperen con el Comité Internacional de la Cruz Roja y las exhorta a que cumplan las obligaciones que les incumben conforme al derecho internacional humanitario. Asimismo pide al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que siga examinando la situación en el Sáhara Occidental y le informe al respecto en su sexagésimo cuarto período de sesiones.


Un nuevo aliento de la comunidad internacional


La República Árabe Saharaui Democratica(RASD) subrayó, el miércoles, que a través de la resolución adoptada por la IV Comisión de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, la comunidad internacional reafirmó una vez más el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. "A través de esta resolución la comunidad internacional reafirmó que cualquier solución política debe garantizar el ejercicio del derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación y a la independencia, de conformidad con los principios y resoluciones de las Naciones Unidas sobre la descolonización”, afirmó el ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Ould Salek.

Ould Salek subrayó que la Comisión reiteró, en esta "importante" resolución, adoptada por unanimidad, la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo del Sáhara Occidental en un momento en que Marruecos sigue bloqueando los esfuerzos de la comunidad internacional para la descolonización de la última colonia en África . "El Frente POLISARIO y el Gobierno de la República Saharaui aprovechar esta oportunidad para lanzar un llamamiento urgente al Gobierno marroquí para que ponga fin a su política de hechos consumados y de obstrucción al referéndum de autodeterminación, que sigue siendo la única manera realista para lograr una solución justa y duradera ", dijo. Ould Salek también ha pedido que se ponga fin a "la represión indiscriminada llevada a cabo por las fuerzas coloniales marroquíes" contra la población saharaui en los territorios ocupados y que todos los presos saharauis fueran puestos en libertad "sin condiciones".
En una declaración escrita, Uld Salek consideró que la Cuarta Comisión recordó la responsabilidad de Naciones Unidas "en un momento en que Marruecos, con la complicidad de un miembro del Consejo de Seguridad, sigue impidiendo la descolonización de la última colonia africana".
La adopción de la resolución coincidió con el anuncio de que el líder del Polisario, Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se reunirá el 4 de noviembre en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para tratar sobre la reanudación de las negociaciones con Marruecos.

Las dos partes han celebrado cuatro rondas de negociaciones bajo la égida de Naciones Unidas, sin apenas resultados.
Marruecos insiste en que la única solución viable es su propuesta de otorgar la autonomía a la ex colonia española, mientras que el Polisario exige que, como de desprende de las resoluciones de la ONU, se celebre un referéndum de autodeterminación, en que la independencia sea una de las opciones.

La quinta ronda negociadora, que debía haberse celebrado antes del verano, se pospuso después de que el Polisario considerase que el enviado de la ONU, el holandés Peter Van Walsum, se había autoexcluido como mediador tras declarar que la independencia del Sáhara Occidental era una opción "poco realista".

Marruecos maniobra para que no se reanude el diálogo


La reanudación de las conversaciones sobre el futuro estatus del Sáhara Occidental está retrasada “por las evasivas y chantajes” de Marruecos, denuncia el representante del Frente POLISARIO en ONU, Ahmed Bujari.
De acuerdo con el diplomático de la República Árabe Saharaui, esa actitud del gobierno de Rabat está reflejada en sus objeciones para aceptar la propuesta del embajador estadounidense Christopher Ross como nuevo enviado de la ONU para el Sáhara Occidental.
“Nosotros hemos aceptado la propuesta del Secretario General de nombrar a Ross como nuevo enviado de la ONU, pero Marruecos todavía no ha dado su aprobación”, dice Bujari .
Ross deberá sustituir en ese cargo al holandés Peter Van Walsum, quien no fue ratificado para esas funciones luego de declarar que la opción de independencia defendida por el Frente POLISARIO para el Sáhara Occidental era “poco realista”.
Las declaraciones de Van Walsum sonaron a música celestial en los oídos de las autoridades en Rabat, las cuales solo consideran como válida su propuesta de autonomía para ese territorio, pero bajo la soberanía de Marruecos.
La demora en el nombramiento de Ross mantiene en vilo la celebración de la quinta ronda de conversaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado por Marruecos desde 1975, cuando que España, antigua metrópoli, abandonó el territorio sin cumplir iniciar la descolonización que pedía la ONU.
El mandato de Van Walsum concluyó el 21 de agosto y desde entonces se espera la designación oficial de Ross como nuevo enviado del organismo internacional.

Bujari se refiete también a la aprobación esta semana de una resolución sobre el Sáhara Occidental en la comisión de la ONU encargada de los casos coloniales, al destacar que ese documento “reafirma el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.
La resolución insta igualmente a proseguir negociaciones serias y sin condiciones previas entre las dos partes para alcanzar una solución al conflicto del Sáhara Occidental.
El representante del POLISARIO critica al gobierno de Marruecos por no adoptar una postura seria en las diferentes rondas negociadoras mantenidas hasta el momento.

La comunidad saharaui en España denuncia la represión marroquí en el Sáhara ocupado.


La comunidad saharaui en España ha denunciado la represión llevada a cabo, recientemente por las fuerzas de seguridad marroquíes contra los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados. La comunidadcondena igualmente las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado marroquí en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, especialmente contra los defensores de los derechos humanos y expresa su solidaridad incondicional con la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación e independencia.
En su comunicado, la Comunidad saharaui en España pide la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos saharauis que se encuentran en las prisiones marroquíes.
Por su parte, los presos políticos saharauis en la Carcel Negra de El Aaiún han denunciado “con fuerza” las recientes agresiones perpetuadas por los guardianes de la cárcel contra los presos políticos saharauis, Bachir Ben Taleb y Chikhi Brahim.
Y los ciudadanos saharauis de las ciudades ocupadas de Dajla y Bojador publicaron, el sábado, un comunicado donde denuncian la detención arbitraria de tres jóvenes por las fuerzas militares marroquíes y expresaron su apoyo al Frente POLISARIO como legítimo representante del pueblo saharaui, subrayó la misma fuente.
(Fuentes: SPS-Servicio de Prensa Saharaui, EFE y Prensa Latina)

22.10.08

Perú: Fujimori

EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PRETENDE QUE LA AMNISTÍA PARA MILITARES IMPLICADOS EN MASACRES PERDONE TAMBIÉN A FUJIMORI

El Congreso peruano estudia la iniciativa impulsada por la Comisión de Defensa para otorgar amnistía a militares y policías que violaron los Derechos Humanos. Uno de los beneficiados sería Alberto Fujimori. En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, el Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, sostiene que el proyecto de Ley pretende minimizar la sentencia al dictador Fujimori.

Pero no sería el único, ya que la iniciativa busca la amnistía para todo el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y la Policía, procesados por violaciones a los derechos Humanos.
Según explica Miguel Jugo, "El principal favorecido sería Alberto Fujimori, pues si se releva de responsabilidad a los autores materiales, el autor intelectual, obviamente tendría una pena menor".
Agrega que es una manera de "presionar a los jueces y a los magistrados" y asegura que constituye una grave responsabilidad del oficial Partido Aprista Peruano (PAP), en sus "enjuagues y contubernios" con el fujimorismo.
Miguel Jugo añade que este tipo de proyectos son inviables legalmente porque contravienen los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que el Perú ha suscrito y ratificado. Dice que las amnistías sólo son factibles si éstas consolidan la inviolabilidad de los derechos humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las amnistías deben ser para perfeccionar la justicia no para escamotearla”. De darse una amnistía a los procesados por crímenes de lesa humanidad, éstos serían perjudicados porque si salen libres por una ley, sin habérsele comprobado debidamente su inocencia, quedarían estigmatizados socialmente como culpables, según el Director de APRODEH.
Fujimori, está siendo juzgado por la autoría intelectual de crímenes como los de Barrios Altos y la Cantuta. .
Un proyecto que consagraría la impunidad


La propuesta del gobierno y del APRA para amnistiar a unos 600 militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante veinte años de conflicto interno, ha credao ya la consabida preocupación entre los grupos de defensa de los derechos humanos, que la consideran inaceptable, porque consagraría la impunidad.
El congresista oficialista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, fue el encargado de anunciar que presentará al Congreso en los próximos días un proyecto con el fin de favorecer al personal subalterno de las Fuerzas Armadas y policiales que, por haber obedecido órdenes superiores, tienen juicios abiertos.
"Es un proyecto multipartidario; estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad", dijo Núñez, al diario Perú21.
El anuncio generó de inmediato la reacción de los grupos defensores de los derechos humanos.
"Es inaceptable cualquier posibilidad de amnistía o indulto a militares que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad porque se puede consagrar la impunidad y la tolerancia frente a los abusos", dice
Ronald Gamarra, director de la Coodinadora Nacional de DDHH.
Argumenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tajante en afirmar que estos delitos no son indultables ni amnistiables.

El primer ministro, en contra; Alan, a favor



Interrogado el primer ministro Yehude Simon, más a la izquierda que el APRA dice que no cree que el Estado peruano pueda indultar o amnistiar casos de violaciones de derechos humanos.
"Lo importante es no manchar instituciones, las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante en la defensa del país y a ellas les debemos gratitud", asevera.
"Pero en nombre de esa gratitud debemos evitar que cualquiera de sus elementos pueda violar los derechos humanos; si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", añadió.
Simon, de 61 años, pasó ocho años en la cárcel condenado sin pruebas por vínculos con la guerrilla guevarista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) hasta que fue indultado en 2000. Un tribunal militar lo había condenado a 20 años de cárcel en 1992.
El proyecto de amnistía se presenta después de que Alan García dijera a comienzos de mes que hay una persecución contra las Fuerzas Armadas. "¿Qué esperan para poner fin a la persecución contra las FFAA? Ya está bueno que a quienes han ayudado a la patria a triunfar sobre el terror se les continúe persiguiendo año tras año", dijo en un acto público.
En 1994 una ley del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, dictó una controvertida ley de amnistía que benefició a los integrantes de un escuadrón de la muerte integrado por militares del Ejército, denominado Grupo Colina.
Esa ley fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida- que anuló las amnistías y ordenó se realicen nuevos juicios, que actualmente están en marcha.
La guerra interna que afrontó Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, entre 1980 y 2000, dejó un saldo de 70.000 muertos y desaparecidos, según la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Crece el rechazo a la propuesta de amnistía


La propuesta de impulsar una amnistía para militares y policías procesados por casos de derechos humanos encontró una fría respuesta. Para el Defensor del Pueblo adjunto, Eduardo Vega, "no hay razones jurídicas ni éticas que fundamenten en este momento una amnistía". Al rechazo que se sumó el presidente interino del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto, para quien, de acuerdo con la doctrina jurídica internacional, no es lícito dictar una amnistía cuando se trata de ese tipo de delitos. El proyecto ha sido rechazado además por el ex jefe del Ejército José Graham, quien dice que lo pertinente es garantizar juicios justos a los militares acusados de violaciones de derechos humanos y que los responsables paguen sus culpas.
En la prensa, además, surgieron especulaciones respecto a que el congresista proponente, Edgar Núñez, vinculado a la universidad Alas Peruanas, de propiedad de militares, podría tener interés en salvar a procesados específicos. Núñez dijo que su iniciativa obedece a que miembros de las Fuerzas Armadas le expresaron temor a participar en combates contra los grupos ultraizquierdistas armados por posibles juicios futuros, y citó como ejemplo lo ocurrido con los 142 militares que participaron en el rescate de 72 secuestrados por el MRTA en 1997, de quienes afirmó que ahora son procesados. Al respecto, en el programa de televisión "Prensa Libre" se le recordó que no hay ningún militar enjuiciado por participar en combates y que en el caso del MRTA sólo hay tres procesados, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza y un coronel, a los que se atribuyen las muertes de al menos tres secuestradores a los que testigos vieron vivos tras la operación

Como un "engañamuchachos" califica el especialistas en temas militares, José Robles Montoya, la propuesta .“Esta propuesta en un engañamuchachos para con los militares y lo único que se busca es darle un mensaje de que se está preocupado por ellos, pero resulta siendo un ofrecimiento demagógico que no ayuda a los militares”, asegura a través de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). Señala que los congresistas saben muy bien que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los delitos lesa humanidad no son ni indultables ni amnistiables; además, si eso ocurre, los familiares de las víctimas pueden ir a la Corte y reabrir nuevamente los procesos. En ese sentido, Robles Montoya recuerda que el comandante general del Ejército dijo que no buscan amnistías, sino justicia y que existen varios militares que son investigados en el Poder Judicial. Y añade que el argumento de que la propuesta de ley busca proteger a los oficiales que participaron en la operación "Chavín de Huantar"(por la que fueron eliminados varios de los guerrilleros del MRTA que ya se habían rendido en la residencia de la embajada del Japón) no es creíble porque tan sólo están denunciadas tres personas: el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos; el ex asesor presidencial del régimen fujimorista, Vladimiro Montesinos; y el coronel Jesús Zamudio Aliaga, quien lideró el grupo encargado de las ejecuciones extrajudiciales Indicó que la iniciativa del congresistas oficialista apunta más a congraciarse con algunos militares que en todo caso están comprometidos en ese tipo de procesos y que tratan de esconderse detrás de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas para salir librados.
ESCUCHAR DECLARACIONES a CNR:Real Win MP
Fujimori no podría ser amnistiado

El pasado 29 de septiembre José Peláez Bardales, fiscal en el caso los crímenes de Barrios Altos y de La Cantuta en el que el expresidente está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad y corrupción, dijo que ante una eventual condena, Alberto Fujimori no podría ser beneficiado con una ley de amnistía o con un indulto presidencial del actual o de otro régimen, pues estas figuras no se aplican en los casos de homicidio, desapariciones forzadas u otra forma de violación de los derechos humanos, según la justicia penal internacional a la cual el Perú está sujeto.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que viene juzgando a Fujimori por violaciones a los derechos humanos tiene previsto emitir su resolución, en primera instancia, antes de diciembre. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa final.
El próximo año, el ex presidente afrontará otros dos juicios: por corrupción y por peculado. La Fiscalía pediría por estos casos entre ocho 12 años de prisión.

Por su parte, el fiscal Avelino Guillén, afirmó este martes que el ex mandatario Alberto Fujimori daba ordenes verbales concretas y directas a miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en actividad durante su Gobierno.
Guillén lanzó esta acusación en la etapa de pruebas documentarias en la cual se encuentra el juicio al ex jefe de Estado. Según el representante del Ministerio Público, Fujimori tenía la potestad de emitir órdenes operativas a militares en actividad para llevar a cabo la lucha natisubversiva . Para defender esta posición, Guillén afirmó que las sentencias en primera y segunda instancia contra Alberto Fujimori por el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, pues le ordenó al teniente Manuel Ulises Ubillus hacerse pasar por fiscal para lograr este objetivo.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, CNR-Perú, AFP, El Comercio-Lima, Prensa Latina, 24 Horas Libre-Perú)

21.10.08

Argentina: Crisis Financiera

EL GOBIERNO SE DISPONE A NACIONALIZAR EL SISTEMA DE PENSIONES PARA GARANTIZAR LOS FONDOS, EN PELIGRO POR LA CRISIS DEL CAPITALISMO


El gobierno argentino se dispone a anunciar la estatización del sistema jubilatorio del país y la eliminación de los fondos de pensión privados existentes desde la década del 90. El titular de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabre, asegura que la presidenta Cristina Fernández anunciará la creación de "un sistema previsional público único e indelegable".

El anunció se realizará durante un acto en el organismo estatal que administra el sistema de jubilaciones del país (Anses) que encabezará la presidenta argentina. El acto contará también con la presencia de Hugo Moyano, titular de la central sindical CGT, la más importante del país, que se pronunció en favor de la estatización del sistema jubilatorio. "La única jubilación segura es la del Estado por lo que el sistema de capitalización se transformará en una posibilidad optativa y meramente complementaria", resaltó Fabre.

Con esta medida, el Gobierno de Argentina buscaría absorber unos 28.700 millones de dólares en manos de los fondos de pensiones privados para proteger las futuras jubilaciones de la crisis global, dijo el lunes una fuente privada, en un medida rechazada de inmediato por los mercados
La cartera de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), los mayores inversores institucionales del país, está compuesta en casi un 70 por ciento de bonos y acciones, por lo que su dramática caída mayor al 45 por ciento en lo que va del año preocupó al Gobierno.
Si el plan avanza en el Congreso, Argentina volvería a tener un único sistema previsional estatal como el que históricamente tuvo el país y que cayó en constantes ciclos de déficit frente al desorden de las cuentas públicas.
Las jubilaciones, en peligro


Las llamadas AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) han invertido el dinero de los beneficiarios mayormente en acciones, bonos del Estado y depósitos bancarios a plazo fijo con el fin de multiplicar su capital.
Pero como consecuencia del reciente colapso bursátil y crediticio en todo el mundo, los aportes de millones de argentinos han sufrido una marcada depreciación, si bien ya registraban un retroceso desde el año pasado.
El gobierno afirmó que en los últimos doce meses las AFJP han acumulado pérdidas del 20% y advirtió que en el futuro podrían verse en dificultades de pagar las jubilaciones mínimas.

La actual crisis pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado

"La actual crisis sólo pone brutalmente en evidencia que el sistema privado es conceptualmente inadecuado", dice un informe de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
"Particularmente la caída de los activos financieros hace evidente que el Estado tendrá que salir a rescatar de una forma u otra a los futuros jubilados".
El oficialismo ha calificado la medida como un "salvataje" análogo al que ha realizado Estados Unidos con su sistema financiero.
Un problema común con otros países de América Latina

La menor rentabilidad de los fondos privados de pensiones no es un fenómeno exclusivamente argentino: se observa en Estados Unidos y Europa, pero también en el resto de América Latina y el Caribe.
Numerosos países de la región poseen un régimen obligatorio de capitalización de jubilaciones, aunque algunos de ellos mantienen resabios del sistema estatal.
Según la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en esta lista figuran Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y México, además de Argentina.
"En todos estos países las pensiones privadas se han visto arrastradas por la caída de los mercados, porque las aseguradoras invierten un porcentaje de su capital en títulos y bonos", explica Martín Krause, director del
Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA).
"Sin embargo, no hay que perder de vista que las empresas administradoras plantean un ahorro a largo plazo y que el desplome actual de los fondos de jubilación puede revertirse en el futuro. Es una posibilidad, habrá que ver qué pasa"
, aclara.
En Argentina las AFJP, creadas en 1994 a semejanza de las aseguradoras chilenas (AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones), conviven hoy en día con un sistema de retiro estatal.
No hay que perder de vista que las empresas administradoras plantean un ahorro a largo plazo y que el desplome actual de los fondos de jubilación puede revertirse en el futuro
En Argentina, el sistema esquema privado suma 9,5 millones de afiliados, mientras que el público tiene más de cuatro millones y medio.
Según datos oficiales, actualmente funcionan diez AFJP que recaudan más de US$300 millones por mes. Administran unos US$30.000 millones distribuidos en distintas inversiones.
Debido a la depreciación de los fondos de pensión por crisis financiera global, cerca de medio millón de argentinos que ya cobran una jubilación privada reciben menos dinero del esperado.
Como las turbulencias internacionales amenazan con afectar, además, los aportes de millones de beneficiarios futuros, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández quiere enviar al Congreso un proyecto de ley para poner fin al sistema de capitalización.
Si la iniciativa prospera, todos los trabajadores pasarán al sistema público y quienes lo deseen podrán seguir aportando dinero extra a las AFJP, de manera voluntaria, para tener una pensión complementaria a la del Estado.
Sería un esquema similar al que tienen, por ejemplo, Brasil, España y el Reino Unido.

Algunos especialistas y críticos de la presidenta Fernández han expresado sus dudas sobre la medida. Para Martín Krause y otros economistas independientes, la gran pregunta es qué pasará en el futuro con los aportes que manejan las AFJP, teniendo en cuenta que en el pasado la gestión estatal de las pensiones "ha estado lejos de ser óptima".
"Hoy el 90% de los jubilados del sistema de reparto cobra apenas el mínimo, es decir que no tuvo la posibilidad de ver crecer sus contribuciones y obtener réditos de ellas", dice Martín Krause.
Entre tanto, la oposición cree que el gobierno quiere dar un paso más en su política de nacionalizaciones.
El fin de las AFJP tal como fueron concebidas se sumaría a una serie de reestatizaciones encaradas en los últimos años por el gobierno de Fernández y previamente por el de su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), con la intención de que el Estado tenga un rol más activo en la economía.
Muchas empresas argentinas pasaron a manos privadas durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999). De esa época data, justamente, la creación de los fondos privados de pensión.
Entre las compañías que han sido recuperadas por el Estado figuran el Correo Argentino en 2005 y Aguas Argentinas en 2006. Recientemente Fernández decidió volver a nacionalizar Aerolíneas Argentinas, también privatizada en los años 90.
(Fuentes:ANSA-Latina, Reuters, BBC-Mundo)

20.10.08

Colombia: Crímenes de Estado

MILITARES Y PARAMILITARES ENGAÑABAN A JÓVENES CON FALSOS TRABAJOS Y LOS ASESINABAN PARA PRESENTARLOS COMO 'GUERRILLEROS MUERTOS EN COMBATE'

¿Falsos positivos mortales?

Bajo este título interrogativo, la revista colombiana Semana se preguntaba recientemente si era realmente cierto que decenas de jóvenes desaparecidos de varias ciudades aparecían después muertos como guerrilleros caídos en combate. Hoy ya se sabe cómo funciona la trama y el Ejército de Colombia está metido de hoz y de coz en los terribles crímenes de Estado.


Decía Semana: "Elvira Vásquez enterró a su hijo Joaquín Castro , luego de que fue ubicado muerto en Ocaña. Él es uno de los muchachos que había desaparecido de Ciudad Bolívar, Bogotá, en enero pasado. Crece la preocupación en el gobierno por serios indicios de que decenas de muchachos que han desaparecido en varias ciudades, luego son presentados como muertos en combate.

En Ocaña se vivieron escenas de dolor cuando las madres de los 11 jóvenes desaparecidos fueron desenterrados por la Fiscalía e identificados. Flor Hilda Hernández no soportó ver el cadáver de su hijo Elkin Verano, de 25 años
“Me dicen que todavía hay reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos”, decía el ministro de Defensa Juan Manuel Santos...."
Pero la red criminal seguía operando y a los pocos días ya no eran 11 sino 19 los jóvenes desaparecidos y muertos supuestamente en combate en la región de Ocaña, Norte de Santander.
Hoy se sabe que estos extraños casos son en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza Pública y presentados como guerilleros muertos en cambate.

El asunto se ha convertido en el asunto más grave en materia de derechos humanos del gobierno de Uribe, que no sabe qué decir tras descubrirse esta red criminal-militar.


Como decía Semana, "los jóvenes bogotanos tenían edades que oscilaban entre 17 y 32 años, casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica y, según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran, en general, muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, y Bosa. Del grupo de los 11, el primero en desaparecer fue Faír Leonardo Porras, de 26 años, que trabajaba como ayudante de construcción, quien fue reportado por su familia como desaparecido el 8 de enero. Cuatro días después, el CTI y el Ejército estaban haciendo el levantamiento de su cuerpo, muerto supuestamente en combate.
Los segundos en desaparecer, el 13 de enero, fueron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, ambos empleados en un taller de campanas para carros, y amigos inseparables. Según reportes oficiales, habrían muerto en combate el 15 de enero, es decir, dos días después de su llegada. En un tercer caso, Julio César Mesa, de 24 años, y Johnatan Orlando Soto, de 17 años, que habían sido reportados como desaparecidos el 26 de enero, aparecieron como dados de baja en combate dos días después. Lo mismo le ocurrió un mes después..........

Hay varias tesis que apuntan a que casos muy similares a este se han presentado en otros lugares del país, como Barranquilla y en Toluviejo, departamento de Sucre. ¿Y donde más? Organizaciones de derechos huamaños llevan años denunciando los llamados 'falsos positivos' presentados por el ejército y el número podría ser de centenares o miles. Y todo parace indicar que ha sido una práctica sistematizada.

La muerte hoy en Colombia

Por Jorge Enrique Botero (*)

Bogotá, 16 de octubre. Son las 11 de la mañana pero parece de noche. Enormes nubes de un gris plomizo y fúnebre se han posado sobre Soacha, dando al paisaje urbano un tono muy acorde con los sentimientos que cunden entre sus habitantes: la tristeza y el miedo.
Soacha, nombre indígena de la cultura chibcha que quiere decir varón del sol, tiene casi 400 mil habitantes y una larga historia de tragedias. Inundaciones bíblicas, deslizamientos de tierra que sepultan barrios completos, alcaldes corruptos que se roban su escaso presupuesto y violencia, mucha violencia.
Por estos días llora a sus jóvenes muertos. Decenas de muchachos que comenzaron a desaparecer a comienzos de este año y cuyos cadáveres han ido saliendo a la superficie tras permanecer meses enterrados en fosas comunes de lugares remotos. En la prensa colombiana se les conoce como "los desaparecidos de Soacha" y su historia promete ser uno de los más macabros sucesos de la violencia sin fin que sacude a Colombia desde hace décadas. "Si es que no la tapan a punta de amenazas y más muertes", advierte el hermano de uno de los muchachos asesinados, único testigo de los hechos que accedió a hablar con La Jornada.
Camino a los hogares de algunas de las víctimas, ubicados en el barrio San Nicolás, se palpan el miedo y la desconfianza. Las miradas huidizas de los vecinos y su negativa a contestar cualquier pregunta se complementan con las puertas que se cierran al paso de los extraños y con una que otra advertencia pronunciada entre dientes:
–No pierda el tiempo, periodista. Aquí nadie le va a hablar de esos muchachos… esa vaina se quedó así.
"Esa vaina" comenzó a saberse en la primera semana de septiembre cuando la morgue de la ciudad de Ocaña, 610 kilómetros al nororiente de Bogotá, no pudo seguir guardando los cadáveres de jóvenes sin identificar que se amontonaban en sus bóvedas. El hecho llamó la atención de algunos periodistas locales lo cual hizo que se activaran las alarmas de un sistema gubernamental dedicado a establecer el paradero de personas desaparecidas.


Tras confirmar la identidad de Elkin Verano, Joaquín Castro y Julián Oviedo, todos menores de 20 años, sus familiares denunciaron que ellos habían salido meses atrás de sus casas atraídos por la promesa de un buen trabajo "en la costa" y nunca más había sabido de ellos. Agregaron que los cuerpos sin vida de sus seres queridos tenían impactos de bala de alto calibre y repitieron ante los medios las versiones que habían escuchado cuando fueron a recuperar los cadáveres: que las balas habían sido disparadas por soldados del ejército.

A lo largo de todo septiembre siguieron apareciendo cadáveres y con ellos se multiplicaron las denuncias de familias que exigían saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Solamente de Soacha aparecieron 12 jóvenes muertos, pero la cifra de denuncias superó rápidamente los 50. Las fotografías de las madres desgarradas de dolor recibiendo los restos mortales de sus hijos se tomaron la primera plana de los medios y el ejército tuvo que pronunciarse.
Según su primera versión, se trataba de muchachos reclutados por las FARC muertos en combate. Sin embargo, días después se aclaró que los jóvenes no habían muerto en enfrentamientos con la guerrilla sino "con bandas emergentes de paramilitares que operan en las regiones de Ocaña, Acarí y Ábrego".
El miércoles 24 de septiembre, la policía aseguró que un grupo de reclutadores pertenecientes a fuerzas paramilitares recorría zonas paupérrimas de las principales ciudades del país ofreciendo jugosos contratos a los jóvenes desocupados que deambulaban por las calles y los parques. La versión coincide con la del familiar de uno de los muertos.
"Mi hermano se mantenía por ahí, sin hacer nada. Tenía un parche de amigos que estaban en las mismas que él… Jugaban micro futbol todo el día y esperaban que les saliera cualquier trabajito. Un día me dijo: hermanito me voy, me salió camello en la costa, pagan bien y voy a conocer el mar. Al otro día se fue y nunca más supimos de él. Al principio pensamos que estaría ahorrando para poder llamar o que iba a llegar en cualquier momento, pero como al mes mi mamá comenzó a decir que le había pasado algo. Lloraba todo el día. Un día, de pura desesperada se fue para donde una señora que lee el tabaco y llegó muy triste. Decía que la señora le había confirmado sus presentimientos, que a mi hermano le había pasado algo muy malo".

A comienzos de octubre, en medio del creciente escándalo por la sucesiva aparición de cadáveres de jóvenes que el ejército presentaba como "dados de baja en combate", el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una investigación a fondo de los sucesos y pidió a la fiscalía general que tomara cartas en el asunto.



El gobierno se empeña en cerrar el caso

Unos días después, el 7 de octubre, el propio presidente Álvaro Uribe se pronunció sobre los hechos y tras calificar a los jóvenes de delincuentes "que no estaban recogiendo café en una finca", intentó poner punto final a la polémica asegurando que según el dictamen de la fiscalía general, "ellos fueron dados de baja en combate".

Con lo que no contaba Uribe era con que ese mismo día el fiscal general, Mario Iguarán, lo desmintiera, afirmando que su despacho no tenía evidencia de la forma en que habían caído los jóvenes.

Tanto interés del ejército y del presidente Uribe por cerrar el caso despertó las alarmas de numerosas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como de organizaciones juveniles que olfatearon un tenebroso escenario detrás de las versiones oficiales. Según versiones de prensa aparecidas en los últimos días, las muertes de los muchachos estarían asociadas a un tétrico negocio mediante el cual los reclutadores llevan a los jóvenes a zonas de guerra, los dotan de armas cortas y luego entregan al ejército las coordenadas geográficas de su ubicación para que las tropas ataquen el lugar y los exhiban como "trofeos de guerra".

La macabra operación funciona, según las ONG, gracias a la política interna de las fuerzas militares, que premia con recompensas y otros beneficios a los soldados y oficiales que muestren resultados en sus operaciones. Las bajas de miembros de grupos irregulares son denominadas "positivos" y estos "son el rasero para medir la efectividad en las zonas de orden público".

A la denuncia sobre las motivaciones de lucro que habría detrás de las muertes de jóvenes se suman las noticias de medios locales según las cuales por lo menos 20 miembros de la fuerza pública fueron condenados la semana pasada por "falsos positivos" en los que perdieron la vida 15 campesinos de diversas regiones del país, presentados inicialmente como integrantes de grupos irregulares.

Mientras la fiscalía general sigue las investigaciones, en Soacha todavía reina la oscuridad. Muy pocos creen que se vaya a hacer justicia "mucho menos con las amenazas que nos han hecho llegar para que guardemos silencio. Yo le he dicho a mi mamá que sigamos buscando la verdad pero ella me responde que ya perdió un hijo y no quiere vernos muertos a los que quedamos", dice el hermano de una de las víctimas, mi único testigo, no sin advertir, al terminar su frase, que no quiere ver su nombre publicado en la prensa.

(*)Jorge Enrique Botero es un prestigioso periodista colombiano. Este artículo fue publicado por el diario mexicano La Jornada el pasado 17 de octubre.
(Fuentes: Semana y La Jornada)

15.10.08

Colombia: Derechos Humanos

19 MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS Y DESAPARECIDOS EN LA REPRESIÓN DE LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA, QUE SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS

Grave situación en el Cauca, donde ejército y paramilitares rodean y amenazan a las comunidades

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas alerta a la comunidad internacional que "el Estado colombiano, administrado por el gobierno de Álvaro Uribe, es responsable de un genocidio indígena. La represión indiscriminada lanzada contra los Pueblos Indígenas colombianos ya ha causado 19 muertes en solo quince días".
La represión trata de acabar con la movilización que se extiende por toda Colombia, convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que llamó a los Pueblos Indígenas del país a desarrollar la Minga de Resistencia Indígena y Popular, para llamar la atención del mundo sobre la vulneración de sus derechos, "un llamado al mundo para que sus derechos no sean reconocidos solo a nivel formal y se conviertan en una realidad".
Según la ONIC, la sistemática violación de los derechos indígenas se implementa para favorecer la expropiación de sus territorios a fin de entregárselos a las multinacionales extractivas. "Una vez más, se prueba que los Estados 'Uninacionales' están al servicio de los intereses de las empresas transnacionales", dice la Coordinadora Indígena.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denunció que entre el 2002 y el 2008 más de mil 226 indígenas han sido asesinados, 300 desaparecidos y mil 660 encarcelados y sólo en los últimos 15 días fueron ultimados 19.

Una situación que ya fue comprobada y denunciada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que como producto de su Audiencia sobre Genocidio Indígena realizada en el resguardo indígena Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 18 y 19 de julio del 2008, emitió un veredicto acusatorio que dice textualmente: "Acusar al Estado colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los Pueblos Indígenas".

Un muerto y 30 heridos en el Cauca, 22 muertos este año

En esta zona, al menos un indígena murió y otras 30 personas resultaron heridas desde que comenzó la movilización el 12 de octubre en enfrentamientos entre la policía colombiana y aborígenes, que protestan por el asesinato de unos 22 de sus miembros en lo que va de año y reclaman sus tierras ancestrales.

La protesta está protagonizada en esta región por más de 10 mil indígenas de varias etnias que taponaron la carretera Panamericana en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, ambos en el suroeste del país. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez, trató de criminalizar el movimiento indígena y justificar la represión asegurando que los indígenas habían colocando explosivos en varios puntos de la Panamericana 'por instrucción de la guerrilla de las FARC'.Y añadió que "esta es una convivencia de indígenas con las FARC, estos indígenas no tienen conocimiento de explosivos y sin embargo en un puente cercano a donde nos encontramos nosotros están colocando cargas explosivas".



Protesta indígena se extiende por todo el país





Los bloqueos más importantes se registran entre Cali y Florida, en el Valle del Cauca, y entre las localidades de Tunia y Piendamó, y Mondomo y Santander de Quilichao, en Cauca.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló en un comunicado que la protesta deja, de momento, un saldo de 23 aborígenes heridos "y cuatro desaparecidos".
Los indígenas atravesaron troncos de árboles y piedras, y quemaron neumáticos en distintos tramos de la Panamericana, la principal vía que une a Colombia y Ecuador, mientras que la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.




Aumenta la inconformidad social





Revueltas de los pueblos indígenas, paros en varios sectores y anuncios de nuevas protestas contra el deterioro de la situación laboral y social en el país marcan el panorama interno en Colombia.

Este miércoles los más de 43 mil afiliados a la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (ASONAL) decidirán en asambleas si continúan con un paro que ya dura 45 días y que ha mantenido casi totalmente interrumpida la actividad del sector.

La decisión dependerá de si aceptan o no las últimas ofertas del gobierno que incluyen lograr cierta nivelación de los salarios y pagar los salarios y no sancionar a los empleados en huelga si se integran a sus labores.
La amenaza de sanciones disciplinarias fue una de las medidas aprobadas por el gobierno como parte del estado de conmoción interna decretado por el presidente Alvaro Uribe hace una semana.
Precisamente esa situación extrema ha sido rechazada por el movimiento sindical que anunció para mañana jueves una jornada de protestas contra el decreto y en respaldo a los trabajadores en huelga.

Otra importante protesta es la que mantienen desde hace casi tres semanas miles de cortadores de caña en el departamento de Valle del Cauca, que ha paralizado numerosas fábricas de azúcar.


Sin embargo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Mario Tovar, informó la víspera que en municipios y departamentos del país hay en estos momentos medio centenar de conflictos laborales.

Por ello las principales centrales sindicales obreras, apoyadas por importantes sindicatos convocaron a un paro nacional para el próximo 23 de octubre con marchas y concentraciones previstas en las más importantes ciudades.


Comunicado de la Comisión Regional Indígena de Cauca (CRIC)

Desde el pasado 12 de octubre salimos a caminar esta palabra, que define el objetivo de nuestra movilización pacífica:

1. No aceptamos “Tratados de Libre Comercio” como el que se ha “negociado” a puerta cerrada y sin consultarnos con los EEUU, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y cualquier otro que persiga el mismo propósito de despojarnos de nuestros derechos, culturas, saberes y territorios, explotar las riquezas y los pueblos y robarse el valor económico y el capital para someternos. Queremos tratados entre pueblos, para los pueblos y la vida y no entre patrones contra los pueblos y la Madre Tierra que están matando con su codicia.


2. Denunciamos, resistimos y exigimos la derogatoria de las reformas constitucionales y de la legislación de despojo con la que entregan lo nuestro a intereses privados y nos someten al silencio, a la estupidez, al trabajo forzado, a la exclusión y a la muerte.
Son muchas las leyes y reformas ya implementadas o en camino. Entre estas las peores incluyen el Estatuto Rural, el Código de Minas, las Leyes y Planes de Aguas, la Ley de Bosques…Lucharemos para conseguir que sean derogadas.


3. No más terror a través del Plan Colombia, la Seguridad Democrática, la parapolítica, que infestan todos nuestros territorios y los siembran de muerte y desplazamiento con la excusa falsa de alcanzar su “recuperación social”.
Que el mundo se entere de la forma en que el Gobierno de los EEUU y el Comando Sur, establecen Centros de Coordinación de Acción Integral desde donde ocupan nuestros territorios para entregarlos a las transnacionales con los recursos de los pueblos de acá y de allá.
En estas condiciones protestar no es un delito si no una obligación convertida en crimen por los que le temen a la libertad. Que se larguen los señores de la guerra que se sirven del terror para robar y matar. Queremos juzgar en nuestros territorios y desde el derecho propio a quiénes nos han convertido en víctimas sirviéndose del poder del Estado, del para Estado y de la guerra, vengan de donde vengan sin importar sus discursos y pretendidas justificaciones.




4. Exigimos el cumplimiento de normas, acuerdos y convenios que se ignoran de manera sistemática. No solamente el Decreto 982 de 1999 o los acuerdos por la Masacre de El Nilo de Diciembre de 1991 y los acuerdos de la Emperatriz de Septiembre de 2005, sino la Ley 21 de 1991 o Acuerdo 169 de la OIT. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe convertirse en Ley y ser acatada. Pero no exigimos solamente como indígenas. El Mandato Agrario, los derechos sindicales, los servicios públicos, los derechos fundamentales, los derechos de las mujeres y su larga y dolorosa lucha.


Denuncian indígenas del Cauca
Órdenes del general: Nos van a matar esta noche




"Han llegado tropas, helicópteros y tanques al sitio de bloqueo en la carretera Panamericana al mando de un general Páez Varón. A toda costa asegura que esta noche despejará la vía. Por la vía asesinan. Lo que no han hecho en 516 años por hacer valer los derechos de los pueblos, lo hacen en un día y una noche por abrir una vía para el despojo. Antes asesinan y mueven tropas por el derecho sagrado a una vía que hacer lo digno para defender la vida de pueblos cansados de la miseria, de la exclusión, del genocidio: ¡Asesinos! Son asesinos.

Asegura el general Orlando Páez Varón con la desfachatez de un mentiroso sin escrúpulos que la protesta indígena está infiltrada por las FARC. Asesino y mentiroso. Miente para asesinar. Necesita una excusa para ejecutar el genocidio. Se inventa la de siempre. General Páez, asesino obediente, su patrón el gobierno Uribe, el gobernador González Mosquera, el patrón de ellos en las transnacionales, le han ordenado despejar la vía del despojo. Quitar las moscas, los zancudos, las cucarachas, los nadie de siempre que siempre se matan y despojan para que se enriquezca el patrón.
Asesinos de ahora y de siempre. Cada indígena muerto por sus balas asesinas es su culpa. No habrá quien lave su sucia conciencia, ni la de sus hombres, ni la de sus jefes nacionales y transnacionales. Ya hoy hay más de veinte indígenas heridos. Dos falleciendo, cuatro a punto de perder los ojos, cuatro más con heridas de bala en las piernas. ¡Asesinos!

Comparemos para que quede constancia:

Comparemos los hombres escudados de “robocop”, armados hasta los dientes, con quienes con un bastón se paran delante de ellos a defender con sus cuerpos la dignidad y el territorio.

Comparemos a un generalote que llega con sus tanques y helicópteros y balas y mentiras a barrer con un pueblo inventando una alianza con las FARC que no existe para crear un enemigo que puedan asesinar impunemente. Comparémoslos con hombres, mujeres y niños que son conscientes de que los van a acusar de ser guerrilleros y los van a masacrar, pero su conciencia los hace preferir la muerte digna a la vida en humillación y en silencio.

General; ni Páez, porque esos somos nosotros, los hijos de esta tierra que usted insulta, los que llevamos la sangre que usted derrama, los que venimos de la misma madre que usted niega y asesina.

General: ¿Varón? Qué Varón va a ser un hombre que enfrenta la fuerza de las ideas con la fuerza de las armas. ¿Valiente general? Valientes nosotras y nosotros que no tenemos más que nuestras vidas y nuestras ideas y cultura para defendernos y no recurrimos a mentiras ni a acorazados ejércitos y armas para defender a quienes se roban la vida de los suyos.

Mentiroso; ni Páez, ni Varón, ni general. Usted es un siervo de los que roban y matan para enriquecerse. El problema no es usted, general, sino quienes lo mandan y mandan a sus hombres.

Esta es una orden de su Madre, de su Pueblo: Deténganse, no despejen la vía. Despejen el país de presidentes, gobernadores, gamonales y corporaciones que nos matan de humillación y de hambre. Es una orden, general: le prohibimos mentir y matarnos. Dé la vuelta y defienda su país. Expulse a los que ya han matado 516 años, no se manche de más deshonra.

Es posible que mañana haya más sangre regada en los campos del Cauca. La Madre Tierra llorará de nuevo y las mentiras serán impuestas. Eso no cambiará la verdad: los pueblos de esta tierra, sabios y dignos estamos ahora acá, listos a defender con nuestras vidas la vida de esta tierra, la justicia, la dignidad y la libertad. General, sea Páez y Varón, obedezca la voz de la Madre Tierra y de sus hijos. No vale la pena aplastar un pueblo heroico por unos pesos y un titular.

Hoy, 14 de octubre, general Páez Varón, presidente Uribe, gobernador González Mosquera, comerciantes, gamonales, terratenientes y gerentes insaciables, hoy mismo, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa-Nación al pago de una indemnización por daños morales y alteración grave de existencia a favor de 82 indígenas, como consecuencia de la masacre del Naya. Ya ustedes están condenados por la masacre de hoy. Desde hoy los condenamos por la de esta noche del 14 de octubre de 2008. Asesinos. Matan por enriquecer a algunos. Matan el ejemplo y la vida, mientras muchos, demasiados, ven las noticias por televisión y no hacen lo que hay que hacer. Paeces, nosotras y nosotros. ¿Dónde están los pueblos dignos que detengan a este asesino?

Usted trabaja para los gringos, para los dueños de este país, para la muerte y la indignidad.
Pero nosotras y nosotros, humildes y nasa, ¡ya los derrotamos! ¡Ya basta!"

(Fuentes: Adital, EFE, Codhes-Colombia, Prensa Latina y CRIC_Comisión Regional Indígena del Cauca)


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