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27.2.09

EE.UU.-Latinoamérica

ARGENTINA, VENEZUELA, BOLIVIA Y MÉXICO PROTESTAN POR EL INTERVENCIONISMO DE WASHINGTON TRAS RECIENTES INFORMES DE LA CIA , EL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DE DEFENSA

Varios gobiernos de América Latina lamentan lo que consideran casos claros de nuevas injerencias de Estados Unidos. Las principales críticas apuntan a la Agencia Central de inteligencia (CIA) y al informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado. El presidente venezolano, Hugo Chávez, le pidió a su par estadounidense, Barak Obama, que rectifique las acusaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos. "No hay que hacerse grandes esperanzas con este nuevo gobierno de Estados Unidos; seguirá siendo un imperio, y el imperio atropella a los pueblos", sostuvo el mandatario en una entrevista con la televisión venezolana.

También el gobierno boliviano reaccionó al informe publicado por el Departamento de Estado en Washington, que el viceministro de la Presidencia de Bolivia, Sacha Llorenti, calificó de "sesgado" y "parcializado". Días antes, el presidente Evo Morales denunció la infiltración de la CIA en la petrolera estatal boliviana YPFB.

Por su parte, el gobierno argentino mostró su malestar por un inform de la agencia de la CIA que señala Argentina como uno de los países más vulnerables ante la crisis. El canciller Jorge Taiana califica de "irresponsables" e "infundadas" esas opiniones y la presidenta Cristina Fernández, llamó al embajador estadounidense para quepedirle explicaciones.

También el presidente mexicano, Felipe Calderón, se sumó a la ola de repudio a las acusaciones de Estados Unidos que señaló a México como un país que corre peligro de transformarse en un 'estado fallido' , según la CIA, debido a la violencia del narcotráfico.
Anteriormente, el gobierno de Ecuador expulsó al diplomático norteamericano Armando Astorga, por tratar de controlar los nombramientos en la policía ecuatoriana.

"México no es un estado fallido"


El presidente de México, Felipe Calderón, rechaza la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos y en una entrevista con la agencia de noticias norteamericana AP asegura que su gobierno no ha perdido el control del territorio a manos de los carteles de la droga. "Decir que México es un estado fallido es absolutamente falso". Calderón afirma también que "no he perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio mexicano".

En un reciente informe del Departamento de Defensa de EE.UU. plantea un caótico escenario en México, provocado por la violencia del crimen organizado.
El capítulo del informe "Estados débiles y fallidos", se refiere específicamente a México y Pakistán, y dice que el narcotráfico y el crimen organizado podrían generar un escenario de caos en el territorio mexicano, y que el ejército de EE.UU. estaría obligado a responder por las consecuencias a su seguridad interna.

El presidente mexicano afirma que su gobierno tiene toda una estrategia para combatir al crimen organizado que ha incluido una operación para limpiar las instituciones ligadas a la seguridad. Y añade que para combatir el narcotráfico también "hace falta una buena limpieza del otro lado de la frontera".

No obstante, este mismo jueves, altos funcionarios de EE.UU. volvieron a mostrar su preocupación por la situación de orden público en México. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo en una rueda de prensa en Washington junto al Secretario de Defensa, Robert Gates, que México "es ciertamente más que una preocupación para mí" y agregó que añadió que visitará la frontera entre los dos países en los próximos días.

Argentina pide explicaciones


El gobierno argentino convocó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, para pedirle "explicaciones" por un informe de la CIA , difundido por el jefe del organismo, León Panetta que incluyó a Argentina entre los países que afrontarán una presunta "inestabilidad" política a causa de la crisis internacional.

El canciller Jorge Taiana acusa a la CIA de "inaceptable ingerencia" en los asuntos internos del país. “Las informaciones son irresponsables e infundadas", afirma el ministro de Relaciones Exteriores argentino. "Mucho más proviniendo de una agencia (la CIA) que tiene una triste historia de interferencia en los asuntos internos de los países de la región", subrayó. Taiana dijo que esas afirmaciones "no muestran la seriedad que debe haber en la relación de ambos países", y aseguró que "esa no es la visión que existe sobre el país, según las conversaciones con el Departamento de Estado" que se han mantenido. Por lo tanto, y "por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", el canciller anunció que citó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, para "pedirle las explicaciones correspondientes por las lamentables declaraciones".

Taiana asegura que si bien "la crisis es mundial, Argentina ciertamente es de los países que está mejor para enfrentar el chubasco". "La CIA no es un centro de estudios económicos, sino una agencia de inteligencia, que tiene una triste historia de injerencia", remarca.

Washington trata ahora de salir de la metedura de pata del Director de la CIA. El embajador Wayne declara que "el reportaje en la prensa fue incorrecto, el señor Panetta habló de la opinión de un extranjero que lo visitó en Washington". "Esto no fue para señalar una preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre los otros países". Previamente, la jefa de Prensa de la Embajada norteamericana, Mara Tekach, había declarado que lo dicho por Panetta "no tenían la intención de transmitir preocupación del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Argentina".

Las relaciones Bolivia-EEUU vuelven a calentarse


Estados Unidos ha vuelto a tensar las relaciones con Bolivia a causa del informe sobre Derechos Humanos, del Departamento de Estado, muy crítico con el gobierno del presidente Evo Morales. La tensión vuelve, además, cuan aun es latente la crisis por las acusaciones de La Paz sobre una supuesta infiltración de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la principal empresa pública boliviana. En setiembre el presidente Morales expulsó al embajador de EEUU, Philip Golberg, acusándole de conspirar contra la democracia boliviana.

El Departamento de Estado presentó el miércoles un informe en el que destaca que "aunque el gobierno en general respetó los derechos humanos de los ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas". Plantea supuestos "abusos por parte de fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias", habla de "ataques contra el Poder Judicial; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos; corrupción y falta de transparencia en el Gobierno".

Tras el informe el viceministro de la Presidencia de Bolivia, Sacha Llorenti, instó a Washington a mirar "la biga en el ojo propio", en alusión a las torturas en Guantánamo, el bloqueo a Cuba y las muertes de civiles en las guerras de Irakq y Afganistán. Lorrenti insistió en que Estados Unidos busca debilitar la imagen del Gobierno de Morales: "Leyendo detenidamente se puede concluir que es un informe sesgado, parcializado que simplifica la realidad nacional en un documento tendencioso y que lo que intenta es atacar y mellar la imagen del Gobierno nacional".

Llorenti recordó también que Estados Unidos protege actualmente al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusados por genocidio en los hechos violentos ocurridos entre septiembre y octubre de 2003 en Bolivia.

En la misma línea crítica, el portavoz boliviano Iván Canelas tachó la autoridad moral de Estados Unidos para juzgar la situación de los derechos humanos en el país andino. "Cómo podríamos darle valor a un informe de esta naturaleza, un informe parcializado que no pregunta la opinión del país al que se está refiriendo y, segundo, cómo le podemos dar valor a este informe si nosotros tenemos información pública que se generaban grandes violaciones a los derechos humano en Guantánamo", contrarrestó. Canelas esgrimió la protección que EEUU otorga al cubano Alfredo Posada Carriles, acusado de volar un avión comercial cubano con más de 100 pasajeros a bordo y que actualmente vive en libertad en Miami. El Viceministro considera que este documento forma parte de la lógica imperial de Washington. "Es una serie de datos falsos, mentiras de las que habla el informe. A nosotros nos sorprende cómo, supuestamente, se hace público este tipo de informes sin tener una base documental seria, sin trabajos detallados, sin la posibilidad de que haya un contraste de información", denunció.

El nuevo episodio se registró después que Evo Morales denunciara y presentara documentos sobre la infiltración de la CIA en la empresa estatal de petróleos bolivianos (YPFB). La Embajada de EEUU en La Paz negó la acusación y el presidente boliviano dio el nombre de un supuesto agente de la CIA de origen mexicano. "Si algún funcionario de la embajada de Estados Unidos dice que no hay ninguna infiltración, que me diga públicamente quién es Francisco Martínez, un mexicano que entra y sale de Bolivia, que me diga con quiénes se contacta".

Antes Evo Morales había señalado al ex policía boliviano Rodrigo Carrasco como el infiltrado de la agencia de inteligencia de EEUU en YPFB. "Decirle a los representante de la embajada de Estados Unidos: sabemos exactamente qué quieren". "Que alguien niegue que este ex capitán de la policía nacional no es de la CIA, que no hay infiltración de la CIA en las estructuras del Estado", insitió el gobernante que informó de que Carrasco recibió durante una década formación en inteligencia, seguridad y comunicaciones en centros estadounidenses.

"EE.UU. no tiene fuerza moral para enjuciar"


El embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado, aseguró en una entrevista en la cadena TeleSur que EE.UU. practica una doble moral en su informe sobre Derechos Humanos.

"Esta es una doble moral de EE.UU. (...) ¿Acaso la expulsión de sus fuentes de trabajo a millones de ciudadanos no es un atentado contra los derechos humanos?, ¿Acaso no es un atentado contra los derechos humanos construir una pared en la frontera con México, y los ciudadanos mexicanos cuando tratan de atravesar esa pared los toman presos y los tratan mal devolviéndolos a su país como delincuentes? "
Asimismo, Alvarado señaló que EE.UU. no tiene fuerza moral para establecer que en los países latinoamericanos no existe la libertad. "¿Qué moral tiene Estados Unidos de reclamar o de decir de que en nuestros países no hay libertad y se está atentando contra los derechos humanos cuando EE.UU. es el primer propiciador de la violación de los derechos humanos, inclusive en nuestros países? ". Como ejemplo de la injerencia de EE.UU. en la región para propiciar crímenes contra el derecho internacional, Alvarado recordó que la Juventud Cruceñista, un movimiento opositor de extrema derecha, del departamento Santa Cruz, al este de la geografía boliviana, y que La Paz ha relacionado con graves incidentes de violencia callejera, es financiado y entrenado por la embajada estadounidense . "Ahí está esa Juventud Cruceñista de corte netamente nazifacista que ha sido entrenada y financiada por la embajada norteamericana y esa juventud nazifacista era la que estaba atentando, ha atentado contra los derechos humanos de un pueblo humilde de los pueblos indígenas".
El embajador boliviano se confesó sorprendido por el informe sobre Bolivia, un país en el que por vez primera el Ejecutivo ha dado la orden a las fuerzas públicas de no disparar ni un sólo tiro al pueblo, cuando en gobiernos anteriores esto era un práctica muy común. "Me sorprende que el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. tenga que opinar sobre países como Bolivia donde por primera vez en la historia un presidente da órdenes a las Fuerzas Armadas, a la Policía, que no den un solo tiro a sus compatriotas, sea cual sea la razón. Es por primera vez que vemos una decisión de esta naturaleza en la historia de Bolivia (...) Siempre habíamos estado acostumbrados a que por ejemplo el ministerio de Gobierno, era el brazo represivo de todos los gobiernos. Cuando el Ejército por órdenes del Poder Ejecutivo mataban a centenares de compatriotas".Criticó que cuando se ha detenido a personas responsables de crímenes , entonces Washington califica estas acciones como "detenciones arbitrarias".
Venezuela también rechaza el informe


El gobierno de Venezuela repudió el informe unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el respeto de los derechos humanos en el país y cuestionó la legitimidad de Washington para elaborarlo. En un comunicado, la cancillería consideró "inadmisible" ese tipo de "práctica recurrente" de la burocrática de Washington que pretende "erigirse sin mandato ni legitimidad alguna en jueces de otros Estados". Añadió además que quien elabora el informe es un Estado "con el más oscuro record de violaciones y atropellos a la dignidad humana en la historia contemporánea". "El gobierno bolivariano de Venezuela rechaza el contenido falso, malintencionado e injerencista del informe en cuestión, cuyos alegatos carecen de fundamentos", dice el texto de la cancillería venezolana.

El informe anual presentado el miércoles por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, al Congreso denuncia lo que califica de "politización del sistema judicial y el acoso oficial de la oposición política y los medios de comunicación", entre algunas presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. En el comunicado, Caracas se exige a Estados Unidos a poner fin a estas "prácticas que siguen lesionando" las relaciones entre ambos países y a mantener respeto y "no injerencia" en asuntos internos.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, 26Noticias.com, BBC-Mundo, ABI, Bolpress y TeleSur)

26.2.09

Guatemala:Genocidio e impunidad

DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS CRÍMENES, PERPETRADOS MAYORITARIAMENTE POR LAS FUERZAS ARMADAS, LOS HECHOS SIGUEN IMPUNES Y LOS AUTORES SIN RESPONDER ANTE LA JUSTICIA



El académico alemán Christian Tomuschat, aseguraba el martes que “falta voluntad política” para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna. El jurista dirigió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, que recogió datos sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala, en su mayoría, un 93%, atribuidas a las fuerzas armadas.
"La Fiscalía no ha tomado nota de la información dada en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Siento que no hay voluntad política para procesar a los responsables”, indicó Tomuschat.
El jurista recordó que el informe señaló casos de genocidio y aportó valiosos datos sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala entre 1960 y 1996.
Tomuschat lamentó la falta de voluntad política de la Fiscalía de Guatemala para avanzar con el procesamiento de los atropellos cometidos.

"Nosotros en el informe señalamos que en ciertos sitios fueron cometidos genocidios, por lo tanto es un deber de las autoridades de Guatemala perseguir a las presuntas personas culpables", afirmó Toumoschat quien subrayó el hecho de que hasta el momento ningún alto funcionario ha sido sentado en el banquillo de acusados, pese a que el documento proporcionó fechas y nombres de los autores del genocidio.
"Parece que actualmente hay progresos y nuevamente toca a la justicia del país afectado tomar las medidas y la justicia universal es una medida subsidiaria, que solamente entra en juego si en el país mismo no se toman las medidas que se impongan", agregó. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la guerra que padeció Guatemala dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 50.000 viudas, más 150.000 refugiados y un millón de desplazados. El 93 por ciento de las masacres fueron perpetradas por el Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado.
Nadie ha sido condenado aun

Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Congreso de Guatemala que apruebe la ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente.
Con dicha legislación se busca llevar ante la justicia a los responsables por decenas de miles de casos de homicidio y tortura perpetrados durante la guerra civil.
La organización de derechos humanos considera que la creación de la comisión es fundamental para poner en marcha las recomendaciones formuladas -hace exactamente diez años- por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, creada por las Naciones Unidas.
"Creemos que este décimo aniversario es una excelente oportunidad para que el gobierno de Guatemala renueve su compromiso con los derechos humanos y creemos también que la sociedad civil guatemalteca está pronunciándose muy enérgicamente para que haga lo mismo", dice Sebastián Elgueta, investigador para Guatemala de AI.
Según la ONG, la comisión había concluido que el ejército y sus aliados fueron responsables de la inmensa mayoría de los abusos y que algunos de esos casos eran considerados genocidio.
Sin embargo hasta el momento nadie ha sido procesado por los crímenes.
"Eso ha creado un efecto de un estado de impunidad donde la norma es que los crímenes no se investiguen ni son llevados ante la justicia los responsables", añade Elgueta.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), aboga por la continuación de su labor ante la grave situación del país. "Parece que la tarea es ingente, que estamos ante situaciones de instituciones gravemente disfuncionales y que dos años es insuficiente. El diplomático señala que depende de las partes del contrato que le dio el mandato en Guatemala, el cual expirará en septiembre, el que se prolongue el período pues "pese a que las dificultades son enormes, puede hacerse. Y advierte que organizaciones criminales han logrado infiltrarse en el gobierno, la política, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Según la ONU, en el país centroamericano se registran más de 6.000 asesinatos anuales y que los casos impunes ascienden al 98%, uno de los más altos del mundo.

El Presidente Colom pidió perdón a la víctimas

Este miércoles , Día Nacional de Dignificación de las Víctimas de la guerra civil, se cumplió el décimo aniversario de la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que recoge las atrocidades del conflicto. El informe, auspiciado por la ONU, atribuye un 93% de las masacres cometidas durante la guerra al Ejército de Guatemala, un 3% a la ex guerrilla izquierdista y 4% a actores que no pudieron ser identificados. En los actos en Ciudad de Guatemala, el presidente guatemalteco pedía perdón a las víctimas. "Como presidente de la República, como jefe del Estado y como comandante en jefe del Ejército les pido perdón, porque fue el sistema. Cómo llegó tan lejos, no sé, cómo llegamos tan lejos como sociedad, no lo sé, pero llegamos lejísimo".
"Si genocidio es la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, en Guatemala hubo genocidio, hubo etnocidio y hubo también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios, indígenas", dijo Colom. "Ojalá hoy, en este día de conmemoración de las víctimas iniciemos un esfuerzo de organización del país, para la unidad de Guatemala, para que el perdón sea producto de un verdadero amor y no solo de un compromiso", subrayó Colom.
Este mismo día, el Ejército entregó a la justicia sus archivos sobre planes contrainsurgentes entre 1978 y 1983, tal como lo demandaban entidades de derechos humanos, mientras miles de personas marcharon por las calles pidiendo justicia. Los documentos fueron entregados por el ministro de la Defensa, general Abraham Valenzuela. No hacía sino cumplir con bastante retraso por una orden judicial emitida hace más de cuatro años y retrasada por diferentes recursos de amparo contra los que falló en marzo pasado la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de Guatemala.
Según organizaciones de derechos humanos, en dichos archivos están las órdenes emitidas a las diferentes unidades militares por el alto mando del Ejército, para combatir a las guerrillas, que contemplaban también operaciones contra civiles.
Entre los militares señalados se encuentran los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Victores; así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García.
Estos mismos militares son procesados ante la Audiencia Nacional de España, que desde diciembre de 1999 conoce un caso de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, promovido por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.
La violencia impune continúa


El inicio del año fue muy violento en Guatemala según el Informe sobre la situación de los derechos humanos y actos de violencia durante el mes de enero de 2009, elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). El mes de enero fue considerado más violento que todos los meses de 2008, evidenciando un comienzo de año con impunidad. El GAM cree que la violencia debe ser combatida estructuralmente y no por medio de declaraciones de autoridades o de "publicidad".

Según el informe, durante los 12 últimos meses de 2008 la violencia aumentó, produciendo una media de 275 muertes por mes. Las muertes violentas en enero de 2009 subieron a 358, de las cuales 315 fueron de hombres, 39 de mujeres y 4 de niños. Este número sobrepasó el de diciembre de 2008 que fue de 349 personas, lo que corresponde a un aumento del 2% en enero de 2009.
El informe resalta además que los índices de criminalidad aumentaron considerablemente comparando los meses de enero de 2008 y 2009, revelando un incremento del 22%: "La característica común en los casos de los meses comparados, es la impunidad, que a pesar de ser conocidos públicamente por informes como el presente o por noticias dadas a conocer por los medios de comunicación, no se realizan las acciones de denuncia, investigación o inicio de procesos legales en contra de responsables".
Las personas heridas por causas violentas también representan un número mayor, con un 13% más que el mes de diciembre de 2008, totalizando 148 personas, caracterizando el mes de enero de 2009 como el más violento en relación con personas heridas durante los 12 meses anteriores.
"La mala distribución de efectivos de la Policía Nacional Civil continúa siendo un problema para la seguridad ciudadana, además de que no hay suficiente personal para cubrir todo el país, reconocemos que hay agentes honestos, trabajadores y responsables, sin embargo, muchos son ineficientes, o se presume que están involucrados en actos de corrupción, lo cual ha constituido el declive de la confianza de los y las guatemaltecas en este servicio en particular", denuncia el informe del GAM.
En lo que concierne a la seguridad del país, el GAM propone que el Congreso Nacional apruebe urgentemente el paquete de leyes en materia de seguridad. Recomienda que la Policía Nacional Civil expulse a los agentes involucrados en actos de violencia o que falten al deber de defender a los ciudadanos, así como a aquellos ligados a procesos penales.
Sobre la justicia, la impunidad y la corrupción, el Grupo pide que la población guatemalteca se comprometa a denunciar cualquier acto de corrupción que tuviere conocimiento. Sugiere además que los funcionarios públicos que se encuentren involucrados en actos de corrupción o permitiendo que los casos queden en la impunidad, no solamente sean despedidos sino que también sean sometidos a persecución penal.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, ElInformador.com, EFE, AFP y Adital)

24.2.09

Colombia:Espionaje

URIBE Y SU GOBIERNO TRATAN DE QUEDAR AL MARGEN DEL ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL D.A.S. -QUE DEPENDE DE LA PRESIDENCIA- A POLÍTICOS, MAGISTRADOS Y PERIODISTAS


El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia colombiano que depende directamento del Presidente de la República, ha quedado una vez más tocado por la sospecha, tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados del gobierno, lo que ha obligado al presidente, Alvaro Uribe, a desmentir que haya sido él quien ha dado una orden en ese sentido."Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", dijo el lunes Uribe. El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de agentes del DAS que calificó de "banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno". Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares y espionaje a la oposición.

En octubre, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, debió dimitir tras conocerse una orden interna para hacer seguimientos al senador Petro y otros dirigentes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
El primer director del organismo bajo la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, también debió renunciar y es investigado por nexos con los paramilitares .Según una de esas denuncias, el DAS entregó a los escuadrones que operan en la costa Caribe los nombres de sindicalistas que debían ser asesinados por supuesta relación con la guerrilla.
En esta ocasión, el caso fue descubierto y revelado por la revista Semana y ya ha provocado la renuncia del subdirector de contrainteligencia del DAS, ,Jorge Alberto Lagos quien inmediatamente habría concentrado las grabaciones y documentos interceptados para destruirlos y así eliminar las pruebas.
Las escuchas, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.
La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.
Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro, y la liberal, Piedad Córdoba. El diario El Espectador añadió este lunes nuevos nombres a la lista, incluyendo al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quien no ha descartado competir por la presidencia en 2010-, y el director de la Policía, general Oscar Naranjo.
La Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados se encuentran entre los afectados, califica el escandalo de " atentado contra la democracia y la libertad de opinión", y pide al fiscal general que las investigaciones den resultados rápidos.
¿Quién controla la red?


El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Rafael Pardo, , dice que "Hay que saber quién es el Montesinos colombiano o los Montesinos colombianos". Este dirigente del opositor Partido Liberal cree que el DAS se convirtió en una entidad "al servicio del régimen", es decir, del 'uribismo'.
Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directamente afectados ya que varios magistrados de ese tribunal fueron interceptados ilegalmente, apuntan en cierta dirección al recordar que uno de los jueces espiados, el que coordina el grupo que investiga las relaciones entre la clase política y los paramilitares, le escucharon por lo menos 1.900 llamadas telefónicas.

Y un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, en declaraciones a la revista Semana, indica que los informantes de la Presidencia de la República, tenían como objetivo controlar al congresista opositor Gustavo Petro y la senadora Piedad Córdoba.
Sólo hay que recordar los casos anteriores en los que el DAS se vio envuelto, dentro del actual régimen 'uribista'
En 2005, fue detenido Rafael García, primer director de informática del DAS durante el actual gobierno. García fue condenado a 11 años de prisión tras aceptar que trabajaba para las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que borraba antecedentes criminales en la entidad y que entregaba información para ser usada por grupos al margen de la ley.
A raíz de las confesiones de García, el primer director del DAS nombrado por Uribe, Jorge Noguera, fue sancionado disciplinariamente e inhabilitado por la Procuraduría General y ahora está en la cárcel. La Fiscalía investiga a Noguera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Se cree que los paramilitares asesinaron a varios dirigentes sindicales y militantes de izquierda por la información que le dio el DAS.
En medio de ese escándalo, en octubre de 2008, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, y uno de los más enconados opositores del gobierno, mostró memorandos del DAS que ordenaban hacerle seguimientos e investigarlo. La entonces directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, tuvo que renunciar al cargo.

La Investigación de "Semana":
El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.


Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.
La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad. Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos. La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista. Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Todos son enemigos
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.

Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. (PARA SEGUIR LEYENDO-PULSAR AQUÍ)

(Fuentes: AFP, Agencia PÚLSAR, EFE, Madrid Digital, BBC-Mundo, Prensa Latina, TeleSur y Semana)

20.2.09

México:Militares y DD.HH.

LAS PROTESTAS CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL EJÉRCITO, INSTRUMENTALIZADAS O NO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTÁN BASADAS EN HECHOS CIERTOS Y EN DENUNCIAS COMPROBADAS


Las protestas para exigir la retirada de las calles del Ejército federal, que participa en el combate al narcotráfico, se han multiplicado esta semana en México y llegaron a perturbar el paso hasta los puentes fronterizos con Estados Unidos. El gobierno del Presidente Calderón lanzó la especie de que las protestas estaban organizadas al servicio del narcotráfico. Pero las denuncias contra el accionar de los militares en su despliegue para luchar contra el narco, se acumulan con datos concretos: cerca de tres mil durante los últimos ocho años, con 6.874 violaciones documentadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Además, según un informe recien emitido por la ONU, la corrupción, pese al despliegue del ejército, sigue siendo el principal obstáculo a la lucha contra el narcotráfico.

Cientos de personas participaron en las protestas en el estado de Tamaulipas, donde fueron bloqueados cruces con Estados Unidos en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al igual que en la fronteriza Ciudad Juárez, perteneciente al estado de Chihuahua. Las llamadas manifestaciones de "tapados", debido a que la mayoría de sus participantes cubren sus rostros, se repitieron por sexto día consecutivo en Monterrey, capital de Nuevo León, y surgieron en varios puntos del estado de Veracruz, frente al Golfo de México.


Las autoridades mexicanas dicen que organizaciones de delincuentes están detrás de los bloqueos de carreteras y cruces internacionales en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad Juárez, en el norte del país, así como en otras localidades de Veracruz, en el sureste del país. "Sería difícil que ciudadanos comunes y corrientes de varias ciudades se pusieran de acuerdo y coincidieran en manifestarse contra el Ejército", dice José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez. En la misma línea, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Montt, las califica como un síntoma del "grado de desesperación" de los grupos criminales ante la estrategia del gobierno de combatir los carteles de la droga con más de 40.000 militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que detrás de las manifestaciones hay una "inconformidad" real de la ciudadanía. En los últimos dos años esta organización documentó 50 casos de violaciones contra civiles cometidas por soldados durante operativos dirigidos a frenar el crimen organizado. Estos casos se suman a las 637 denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró entre 2006 y 2008. El miércoles el CNDH pidió a las autoridades mexicanas actuar "con gran cuidado y discernimiento" frente a las jornadas de protestas.

En los últimos dos años la CNDH ha emitido 20 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte del Ejército. Entre ellas se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y homicidios.

La presencia de la policía y el Ejército en las calles de ciudades mexicanas se ha hecho común. De hecho, gran parte de las denuncias por maltrato han sido realizadas precisamente en las ciudades donde se concentraron las manifestaciones ocurridas esta semana. En este sentido, el alcalde de Ciudad Juárez estima que han recibido al menos cien quejas.

El alcalde Reynosa, Oscar Luebbert,dice que se tuvo que instalar una mesa de diálogo para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha planteado que existe una estrategia del Cartel del Golfo para utilizar el malestar social como mecanismo de presión contra el gobierno. "Los carteles aprovechan todo el ruido acerca del Ejército por violaciones a los derechos humanos para usarlo como argumento propio", dice Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma de México, UNAM.
Según Benítez los carteles estarían usando las protestas para negociar con el gobierno la retirad de los militares de las calles. "Le están mandando una señal al Ejército y al gobierno. Hipotéticamente podrían estar diciendo: se salen los militares, no hay violencia y se calma la cosa".

Calderón pide apoyo para al Ejército y criminaliza las protestas


El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a los ciudadanos no confundirse de bando en la lucha contra el narcotráfico, dos días después de las manifestaciones registradas en varias ciudades contra la presencia del Ejército en las calles, que supuestamente fueron impulsadas por el narcotráfico.
En la celebración del día del Ejército mexicano, y en medio de un gran operativo de seguridad, Calderón visitó la norteña ciudad de Monterrey, uno de los centros de las protestas que comenzaron el martes. Aquí cientos de encapuchados bloquearon las avenidas más importantes para rechazar la presencia de las tropas.
"Fieles a su condición de cobardes han utilizado incluso mujeres y niños para sus mezquinos propósitos", denunciaba el jefe de Estado en un acto vigilado por helicópteros artillados y francotiradores celebrado en la explanada del XXII Batallón de Infantería.
Calderón indicó que los militares dejarán de liderar el combate al crimen organizado en México, que en los últimos dos años se cobró la vida de 78 soldados, "cuando se haya recuperado el Estado de Derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia".
En Monterrey , previamente a esta ceremonia, fueron detenidas el martes 50 personas por participar en las protestas. Una de ellas fue presentada como el conductor de un autobús de manifestantes, quien según las autoridades confesó que los organizadores de las protestas ofrecían dinero y teléfonos móviles a personas de barrios pobres. Además, el Ejército presentó a un presunto miembro de Los Zetas, grupo de pistoleros del cártel del Golfo, quien en lugar de andar matando por ahí, según los militares se dedicó a "reclutar con dinero y regalos como útiles escolares a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños".
Sin embargo, las manifestaciones contra el Ejército se celebraro también en ciudades como Veracruz, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, en algunos casos con el cierre de puentes fronterizos con Estados Unidos y carreteras.

Miles de denuncias contra los militares


Como ya publicó Pepitorias, en enero (VER AQUÍ) los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y ante el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.
Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.
También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre 2008, también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.
En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.
El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos".
HRW asevera que "la tortura continúa siendo un problema generalizado" y que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

ONU: La corrupción, principal freno a lucha antinarco

La corrupción es el principal obstáculo para combatir el tráfico de drogas en México, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas.
El documento, publicado este jueves, señala que a pesar de los operativos del gobierno federal y el uso del ejército, los grupos delictivos organizados continúan ejerciendo gran poder en partes del país.

El documento de la ONU áñade que el abuso de drogas sigue siendo alto en México. “A pesar de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas”, indica el documento. Tras reconocer los esfuerzos del Gobierno, la JIFE expresa su confianza en que Méxicosiga adoptando medidas contra los cultivos ilícitos para la producción y el tráfico de drogas, la desviación de sustancias fiscalizadas y el consumo indebido de drogas en el país”.

Por otra parte, el organismo con sede en Viena elogia a México por haber fortalecido las reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores como la efedrina y la seudoefedrina, pero deplora un control poco estricto en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de metanfetamina en la región centroamericana. La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, Infodemex, La Jornada-México y Notisistema)

18.2.09

Uruguay:Ley de Caducidad

EL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ ABRE EL CAMINO AL PROCESAMIENTO DE TODOS LOS MILITARES IMPLICADOS EN LA GUERRA SUCIA Y AL FIN DE LA LEY QUE PERMITE LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS


El gobierno uruguayo abrió este martes la vía a la poersecución de los militares implicados en la Guerra Sucia, al declarar inconstitucionales varios artículos de la ley que en 1986 amnistió a violadores de los derechos humanos durante la última dictadura en el Uruguay (1972-1985). El ejecutivo de Tabaré Vázquez respondió así en el marco de una acción promovida por la muerte a manos de militares de una militante comunista en 1974.

La Suprema Corte de Justicia había solicitado al Ejecutivo su opinión sobre la ley sancionada en 1986, bajo el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y ratificada en un plebiscito en 1989, en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze porel asesinato de Nibia Sabalsagaray en 1974, en una unidad militar. Hasta ahora la Justicia sólo ha interrogado a civiles en torno al asesinato de la militante Blanca Sabalsagaray.

El Ejecutivo "acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 22/12/86, en los autos caratulados: 'Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela'", señaló la resolución. El pronunciamiento será ahora elevado a la Corte de Justicia, que dará su veredicto, tras el cual "se habilitará la investigación". Según la fiscal Guianze, "el fallo del Poder Ejecutivo sienta un precedente, lo que hace que a raíz del mismo puedan presentarse excepciones de inconstitucionalidad a otros casos".

El gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de esta controvertida norma, permitiendo investigar lo sucedido. En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco. También se habilitó la búsqueda de restos de opositores al régimen que se encuentran desaparecidos. Mientras, sectores políticos de izquierda y sindicatos de trabajadores están recolectando firmas para que se someta a referéndum la anulación de esa amnistía junto con las próximas elecciones nacionales en Uruguay, previstas para octubre de este año.

La Ley de Caducidad no es constitucional


La norma "viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional", subraya el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Nin Novoa sostieneo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía. Y advierte que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".

De su lado, el presidente Tabaré Vázquez, quien ha reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en sesión de Consejo de Ministros, que "para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional".

Continuará la campaña contra la Ley


La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad anuncia que proseguirá recolectando firmas contra esa normativa aun cuando el Poder Ejecutivo apunte a declararla anticonstitucional.
Integrado por varias organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos, la Coordinadora tiene la meta recoger más de 250 mil firmas (el 10 por ciento del padrón electoral) para demandar un referendo sobre la ley junto con las elecciones nacionales de octubre. La habilitación de un referendo sobre la normativa requiere recaudar un número de firmas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral (251 mil 847). Hasta ahora ha logrado màs de 200.000.
Uno de sus dirigentes, Carlos Coitiño del Partido por la Victoria apunta que en esta etapa los esfuerzos se concentrarán en Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento del electorado nacional, “sin descuidar la tarea en el resto del país”.
Por estar en curso la temporada veraniega, la Coordinadora también seguirá instalando mesas de recolección de firmas en la faja costera y otros sitios con alta afluencia de vacacionistas, así como en los escenarios vinculados a la celebración de los carnavales.
Otra iniciativa, puesta en práctica con éxito, consistirá en organizar un remate de obras de arte para recaudar fondos con que financiar la campaña.
"Todas las encuestas dicen que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con anular la ley y no tenemos dudas de que llegaremos a las 300 mil firmas", apunta Coitiño. De certificarse esa suma, la consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales del próximo 25 de octubre.
rmh/asg

Ex presos políticos exigen la Ley de Reparación para todas las víctimas


La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) reclama al Gobierno la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple a "todas las víctimas" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El secretario de CRYSOL, Gastón Grisoni, dice que "la necesidad de que se apruebe una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas del terrorismo de Estado como un paso imprescindible para avanzar en la justicia y en la transición democrática". Grisoni señala que el Gobierno comenzó hace tres meses la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia, que "aparentemente no contempla los grandes temas" que la normativa de Naciones Unidas establece respecto a la reparación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

CRYSOL destaca los principios de "restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos" que, según la ONU, debe observar una ley sobre la materia.

Según CRYSOL, el proyecto de ley sólo incluye a los ex presos políticos y "debería incluir e indemnizar a todos los universos de víctimas", entre las que Grisoni inclue a "los detenidos desaparecidos, los asesinados, los presos políticos, los exiliados y los clandestinos". Asimismo, los niños nacidos en cautiverio, aquellos a los que se cambió la identidad y los niños y adolescentes que son familiares directos (en su mayoría, hijos) de ex presos políticos deben reconocerse como víctimas y "ser indemnizados por el conjunto de daños.

Grisoni consideró que "el Estado tiene que hacerse cargo de las víctimas que sufrieron represión en Argentina por las acciones cometidas por Uruguay en el marco del Plan Cóndor, pues decenas de uruguayos fueron procesados y encarcelados".

El secretario de CRYSOL asegura que el proyecto de ley del Gobierno tampoco incluye "la disculpa oficial" del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura, como marca Naciones Unidas. Considera que el Estado además "
tiene que asegurar una amplia cobertura médica a las víctimas del terrorismo de Estado y establecer los derechos jubilatorios de todos los sectores".
La Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay apoya la campaña de recolección de firmas en todo el país para someter a referéndum la anulación de la citada Ley de Caducidad.
"Es inconstitucional y viola los Derechos Humanos", asegura Grisoni.

Busca de desaparecidos en un cuartel


El juez del departamento uruguayo de Maldonado, Federico Alvarez Petraglia, y el jefe del equipo de antropólogos que busca restos de detenidos desaparecidos, José López Mazz, ingresaroneste martes a un cuartel de Laguna del Sauce, a 130 kilómetros de Montevideo, tras recibir denuncias de un ex soldado sobre enterramientos clandestinos durante la dictadura militar (1973-1985).

Álvarez Petraglia y López Mass realizaron una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros de Combate número 4 y tras indicaciones del denunciante "se ubicó rápidamente el lugar", donde se presume fueron sepultados los cuerpos, dijo el magistrado . El juez informó que las características del predio coinciden con lo que declaró el testigo, a pesar del paso del tiempo, y agregó que "el lugar presenta muchas similitudes con la declaración".
El lugar, cercano a un viejo polvorín que se encuentra en la unidad militar, presenta varias irregularidades y mucha maleza. Alvarez Petraglia dispuso no innovar sobre el terreno, a la espera del inicio de excavaciones. Alvarez Patraglia recibió días atrás una denuncia de un presunto enterramiento clandestino de dos cadáveres, a fines de 1975, por parte de un empleado de la Intendencia (alcaldía) de Maldonado. El denunciante, hoy de 55 años, cumplía una guardia nocturna al momento del episodio, del que fue testigo, como soldado en la unidad militar.
Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se han realizado excavaciones en el Batallón 13 de Montevideo, en el 14 de la vecina localidad de Toledo y en una chacra de la ciudad de Pando, a 30 kilómetros de la capital. En esos trabajos, aparecieron el 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 los cuerpos del obrero metalúrgico Ubagesner Chávez Sosa y del profesor Fernando Miranda, asesinados por la dictadura en 1976 y 1974, respectivamente.

(Fuentes:ANSA-Latina , DPA, AFP, Prensa Latina y EFE)

17.2.09

México:Energía eólica

ECOLOGISTAS Y COMUNIDADES ACUSAN A UNIÓN FENOSA,ENDESA, IBERDROLA Y OTRAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE EXPULSAR A LOS POBLADORES CON ENGAÑOS Y DE CONSTRUIR PLANTAS EÓLICAS MUY CONTAMINANTES


La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Aquí , las empresas españolas Iberdrola, Endesa y la mixta Eurus (alianza entre la española Acciona y la mexicana Cemex) tienen parques para producir energía generada por el viento. Los habitantes de esa región han denunciado reiteradamente el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños por parte las empresas que construyen el llamado corredor eólico.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Istmo denuncian que la implantación de grandes parques eólicos en su territorio no promueven el progreso y el respeto al medio ambiente como aseguran en su publicidad.

En el Istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más extensos y de mayor biodiversidad de México: Chimalapas, Uxpanapa, Mixe baja. En ellas se albergan entre el 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del planeta. En estos parajes, se están construyendo campos eólicos que ocuparán 130.000 hectáreas del territorio, para instalar 5.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa más de media hectárea de tierra y 150 toneladas de cemento y varilla que afectan a los mantos freáticos y las siembras.
Las organizaciones recuerdan que las multinacionales y los gobiernos de México, del estado de Oaxaca y del municipio de Juchitan prometieron que los campos eólicos traerían inversiones millonarias que favorecerían a los campesinos y que habría un proceso de negociación que favorecería a ambas partes, pero esto ha sido falso. En un comunicado aseguran : "Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años, no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas, ni tampoco de las restricciones que pondrían las multinacionales para que los campesinos accedieran a sus tierras. No se les ha entregado, a muchos de ellos, copias del contrato, y el alquiler que pagan las compañías a los ejidatarios es de 150 pesos al año, cuando las ganancias de las multinacionales van a ser millonarias". La puesta en marcha de estos proyectos tampoco ha repercutido en una mejora y abaratamiento del servicio eléctrico en la región.


Aunque han iniciado procesos judiciales contra esas empresas , las comunidades ven que es muy difícil derrotar por esa vía a enemigos tan poderosos. "Las multinacionales
españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos"
.

Por esta razón los ejidatarios y comuneros instan al gobierno español a que evalúe el impacto que están teniendo estas empresas en territorio mexicano, que no les ofrezcan ningún tipo de apoyo económico, político y diplomático mientras su actividad se desarrolle en un contexto de denuncias por violación a derechos fundamentales y que velen por el cumplimiento de la legislación que en España deben cumplir esas empresas, pero que violan en países como México, con escasas garantías jurídicas. Piden también, que elaboren con urgencia nuevas proposiciones de Ley que tengan como objetivo poner límite a las vulneraciones de derechos fundamentales que las empresas españolas están cometiendo fuera de sus fronteras



Energía “limpia” europea para México


La población ve en el Proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec como una nueva conquista española que significa la entrega de sus recursos y su soberanía a las empresas multinacionales.

Lo único que les queda a las comunidades locales es el despojo y la privatización de su territorio por parte de empresas extranjeras. Ya históricamente, la población indígena y campesina del Istmo ha sido altamente discriminada y marginada por el modelo socioeconómico vigente, en beneficio de los sectores dominantes y las transnacionales, con el beneplácito y entreguismo de las autoridades mexicanas. Estas llegan con la promesa de inversiones millonarias, empleo y progreso.

Fuentes de energía como la eólica se presentan como renovables y por eso limpias y aceptables. Pero para la construcción de estos parques eólicos, se necesitarán 130 mil hectáreas del territorio para instalar 5000 aerogeneradores. Cada aerogenerador ocupa casi media hectárea y se rellena con 120 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras, con losl consiguientes procesos de desertificación , anegación, etc.

Los contratos de renta por la tierra que se les hizo firmar a los pequeños propietarios fueron leoninos: van de 40 a 60 años y los pagos son de 100 a 150 pesos anuales. Copias de los contratos firmados no les fueron entregadas. Procedimientos legales ante los juzgados civiles ya han sido iniciados, pidiendo la nulidad de dichos contratos.

Las empresas que negociaron estos contratos son las españolas Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal, Iberdrola; la alemana Siemens, las estadounidenses General Electric y Enron; así como Energía de Francia. Estas empresas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico, el apoyo de sus gobiernos y una cobertura diplomática en caso de que se vean dañados sus intereses económicos. El marco para ello lo proporcionan tratados como el de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLC UE-México) que favorece los intereses comerciales europeos en México.

Contrastando con los millones de dólares que las empresas van a obtener del territorio del Istmo, los empleos que prometen son escasos y miserables. Por el contrario, el proyecto sólo beneficiará a los empresarios, con la importación de la tecnología sin pagar impuestos, la venta de la energía generada a Centroamérica y los Estados Unidos , como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, SIEPAC.
Cabe destacar que la población local sigue pagando altos precios por la energía que consume y que viene de otros lugares.


Greenpeace-España se une a las denuncias


Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace-España, afirma que es necesario que en México se establezca un marco normativo para impulsar la generación de energías renovables y garantizar a la vez justicia social a las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.
En una entrevista en el diario mexicano La Jornada, el representante de la organización ambientalista advierte que las empresas españolas como Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, Gamesa y Repsol practican una doble moral porque por un lado se manifiestan como líderes en el desarrollo de energías limpias, pero por otro lado mantienen centrales muy contaminantes.
Para el caso de México, López Uralde indica que debe haber una responsabilidad por parte de las autoridades energéticas que elaboran la normatividad para que establezcan parámetros justos de remuneración para los lugares donde se ubican esas instalaciones .
Recuerda que en el caso español, los pobladores de los lugares en los que se han establecido los parques eólicos se han visto muy beneficiados porque las empresas eléctricas les pagan precios justos que incluso permiten a los pobladores tener vacaciones pagadas por el alquiler de sus tierras. “Este modelo se debería aplicar aquí ”, dice.
Una de las ventajas de las energías renovables debe ser necesariamente que quede un beneficio para la población local”. De hecho, dice que en España ese modelo ha funcionado y es lo que ha permitido el desarrollo de la energía eólica. “Evidentemente no se puede ni se debe producir este desarrollo a las espaldas de las comunidades y eso por un lado los que hacen la norma deben establecer esas garantías y no permitir abusos. Debe haber un establecimiento claro de las reglas del juego porque indudablemente estas energías van a desarrollarse cada vez más”.

El director ejecutivo de Greenpeace en España asegura: “Nosotros creemos que el tema de la energía es el gran tema del siglo XXI por razones como el cambio climático que nos obliga a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.

En su informe (R)evolución Energética. Una perspectiva de energía sustentable para México, elaborado por el Consejo Europeo para las Energías Renovables (EREC) y Greenpeace, se destaca que el desarrollo de energías renovables debe llevarse a cabo cuidando los aspectos ambientales y las premisas sociales. Por ello debe acompañarse de otros programas gubernamentales de ordenamiento ecológico integral, el fortalecimiento de las capacidades locales y de resolución de conflictos.
“Asimismo, los contratos entre compañías y comunidades donde de construyan plantas generadoras de electricidad con energías renovables deben ser transparentes, contar con una perspectiva de respeto y fortalecer las estructuras comunitarias”.
Juan López Uralde, advierte que los conflictos entre comunidades y compañías eléctricas pueden retrasar la implementación y desarrollo tan necesario de las energías renovables en México.
(Fuentes: La Jornada-México, Salva la Selva, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y Paz con Dignidad)

Uruguay:Dictadura Militar

SOLICITAN INFORMACIÓN SOBRE LA MUERTE DEL SOCIALISTA MANUEL TOLEDO EN EL HOSPITAL MILITAR DE URUGUAY EN 1978



MANUEL TOLEDO nació en el departamento de Treinta y Tres en el año 1933. Era maestro y más tarde fue docente. Militaba en el Partido Socialista siendo el Secretario General por su departamento. Militó en los arrozales sindicalizando a los obreros.
Fue detenido en el año 1972. Muere en el Hospital Militar el 23 de setiembre de 1978, el certificado de defunción indica "cáncer". Su familia no tenía permiso para verlo en el hospital. En barracas del Penal tenía el Nº 907
Su hija quiere iniciar la investigación de los hechos. Necesita testigos que hayan compartido barraca en el último tiempo. Se considera que no tuvo asistencia médica.
Por cualquier información: MIRTA TOLEDO mirtatole@gmail.com cel. 099-104445
Semblanza de Manuel Toledo

"Pude apreciar, cuando lo visité en Treinta y Tres después de su primera prisión, las consecuencias de los maltratos y las torturas que padeció.
Es de imaginar cómo habrá repercutido sobre su salud física y psíquica el trato recibido durante la extensa prisión que sufrió luego, hasta su muerte en la cárcel.
Murió según se informó, con un diagnóstico de tumor maligno. La malignidad estaba en el azote que había caído sobre el país. De ella habían sido víctimas Ramón Angel y Manuel, dos nobles paradigmas humanos como docentes, reconocidamente aptos en la organización pedagógica, docentes también, maestros, en la línea de su vida y de su conducta."
(Por José Pedro Cardoso Presidente del Partido Socialista. Montevideo, julio de 1994)
Excavaciones en busca de desaparecidos


Un equipo de antropólogos ingresará esta semana a un predio militar para inspeccionar y eventualmente iniciar tareas de excavación en el lugar tras denuncias sobre supuestos enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, entre 1973 y 1985. Fuentes judiciales confirmaron al diario Ultimas Noticias que los antropólogos, liderados por José López Mazz, ingresarán al predio del Batallón de Ingenieros de Combate número 4 para comenzar seguramente las tareas de excavación a partir de la decisión de no innovar que presentará el juez federal Federico Alvarez Petraglia.

Patraglia recibió días atrás una denuncia de un presunto enterramiento clandestino de dos cádaveres, a fines de 1975, por parte de un empleado de la Intendencia del departamento de Maldonado, a unos 135 kilómetros de Montevideo. El denunciante, hoy de 55 años, cumplía una guardia nocturna al momento del episodio, del que fue testigo, como soldado en el Batallón de Ingenieros de Combate 4 de Laguna del Sauce. Paralelamente trascendió que Ariel Cancela fue designado nuevo fiscal titular de la causa que investiga la desaparición en 1976 de María Claudia García, madre de Macarena Gelman y nuera del poeta argentino Juan Gelman.
(Fuentes: Centro Uruguayo en Madrid, Partido Socialista del Uruguay y ANSA-Latina)

16.2.09

Venezuela:Sí a la reelección de cargos

LOS VENEZOLANOS APOYAN LAS ENMIENDAS PROPUESTAS POR HUGO CHÁVEZ Y LE DAN EL TRIUNFO NÚMERO 14 EN LAS URNAS EN 10 AÑOS DE 'REVOLUCIÓN BOLIVARIANA'


El SÍ ganó este domingo con una clara mayoría. Los venezolanos aprobaron en referendo la posibilidad de reelección de los cargos de Presidente de la República, gobernadores, alcaldes y diputados. El SÍ obtuvo el 54,36 % , algo más de 6 millones de votos, frente al NO que sacó un 45,63 %, más de cinco millones. La abstención fue del 32,95 por ciento.

El mandato actual de Hugo Chávez, que lleva diez años en el cargo, vence en 2012 y podrá volver a presentarse . Este referéndum es un nuevo triunfo electoral de Chávez, el número 14 de 15 votaciones. Y el triunfo del SÍ supone nueva fuerza para el proceso de profundas reformas emprendidas por los bolivarianos.
El artículo siguiente, escrito antes del triunfo del SÍ, explica el porqué era tan importante el resultado de este referéndum para la continuidad del proceso bolivariano.
La encrucijada venezolana
Por Guillermo Almeyra (*)

Creo, espero, que las urnas den un nuevo triunfo al gobierno de Hugo Chávez para que pueda enfrentar mejor las grandes dificultades que Venezuela deberá superar en los próximos años. Porque lo que está en juego no es el problema de si se puede reelegir o no un presidente (Franklin D. Roosevelt, Thatcher, Reagan, Mitterrand, Bush, fueron reelegidos sin que nadie hablase de “dictadura”), entre otras cosas porque en Venezuela existe la posibilidad constitucional de realizar un referéndum revocatorio a mitad del mandato presidencial, sacándolo del gobierno si el pueblo así lo decidiese. Lo que en realidad la derecha quiere sabotear por todos los medios, electorales o no, es la propiedad estatal de las palancas fundamentales de la economía venezolana, el carácter antiimperialista de una política exterior dirigida a formar un bloque latinoamericano para lograr un desarrollo regional independiente de Estados Unidos y la política de alianzas que de eso se desprende (con los sectores obreros, campesinos y populares, en lo interno, y con los adversarios de su enemigo de Washington, en lo internacional). La disputa, por lo tanto, expresa un agudo conflicto político y de clases entre, por una parte, los sectores ligados al capital financiero internacional o de él dependientes y, por otra, los que confusamente intentan utilizar el Estado para llevar a cabo un capitalismo de Estado con políticas de transformación social e incluso de organización de gérmenes de poder popular basados en la democracia directa.
Conviene tener presente que, en primer lugar, Venezuela depende del precio del petróleo en el mercado mundial y que la estatización de Pdvsa (1) no rompió esa dependencia aunque le dio al Estado la renta que antes se llevaban las trasnacionales. Los planes de Chávez en América del Sur, en el Caribe, con Cuba, para el propio desarrollo nacional venezolano, dependen de este modo de precios que, dada la crisis mundial, seguirán estancados o bajarán aún más. La fuga de divisas y la guerra de las grandes compañías contra el estatismo agravarán la situación económica. En esas condiciones se votará la reforma de la Constitución para posibilitar la reelección de Chávez (y de los gobernadores, muchos de ellos opositores), y en el 2010 se elegirán los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, que hoy es chavista pero que mañana podría no serlo, al menos en la proporción actual.

Por otra parte, el conflicto es aún más agudo porque Venezuela –además de tener una posición de rentista petrolera que permitía a una amplia clase media no productiva importar lo que quisiera y desalentaba la producción y la productividad en todos los sectores–, debido a las dictaduras o al pacto corrupto de Punto Fijo entre los partidos que falsamente decían ser “socialdemócratas”, nunca conoció la educación democrática y, menos aún, la participación popular organizada en la toma de decisiones.
Tampoco hay una orientación clara: si hacia una alianza con el sector “patriótico” de los empresarios, o con los intereses de los sectores populares. Chávez, por ejemplo, otorgó créditos baratísimos para favorecer a los empresarios nacionales, pero el grueso del capital está en manos de las trasnacionales, que lo odian y lo desprecian al igual que los escuálidos de la oposición, y la mayoría de los empresarios es, por razones de clase, antichavista, y los pocos de ellos que están ligados al régimen –la famosa boliburguesía o burguesía bolivariana– lo están porque aprovechan las brechas en el Estado para practicar y fomentar la corrupción y enriquecerse sin escrúpulos ni principios sociales.
Por otra parte, los grandes progresos de la democratización en el campo de los derechos (referéndum revocatorio, propuesta de creación o revocación de leyes por medio de referendos populares), las estatizaciones de las empresas fundamentales, los planes y acciones masivos de educación y salud, dependen en buena medida de la organización del apoyo popular a Chávez y no solamente del aparato estatal. Pero esa organización es incipiente, el mismo Partido Socialista Unido Venezolano ha sido creado recientemente, lo fue desde el poder estatal y sus dirigentes reciben la presión de éste pero también la de la base (que le da un margen de independencia). Además, los consejos comunales, misiones y organismos de poder popular, así como los sindicatos, se enfrentan a la oposición del poder militar, centralizado y vertical por definición, y de la excesiva centralización estatal, que dificulta enormemente su desarrollo. Existe incluso el peligro de que ese verticalismo aumente para tratar de afrontar con métodos burocrático-militares la crisis económica, los éxitos electorales de la derecha antichavista y la creciente y tremenda ineficiencia y corrupción en diversos sectores estatales, dejando en segundo plano lo único eficaz, o sea, el desarrollo de la autonomía y la autogestión obrera y campesina.

Para colmo, como todos los gobiernos llamados “progresistas” de América Latina, el de Chávez se guía por indicadores económicos capitalistas, como el aumento del producto interno bruto o de la producción, y por la cantidad de divisas en el banco central, en vez de utilizar la crisis como un reto a la creatividad, desarrollando experiencias de producción en armonía con el ambiente en las zonas campesinas y de autogestión en la producción de viviendas y en la producción industrial, y no utiliza el control estatal para dar golpes mortales a los especuladores y a los importadores de productos innecesarios y muchas veces inútiles y dañinos, despilfarrando divisas cada vez más escasas. Por eso, repito, espero que gane Chávez, pero preveo que la elección será difícil, porque lo esencial –el reforzamiento de la organización y de la conciencia de los sectores populares– aún está por hacerse.

(*) Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Este artículo fue publicado en el diario mexicano La Jornada, este domingo 15 de febrero de 2009
1-Pdvsa:Petróleos de Venezuela, S.A.

13.2.09

Colombia:Conflicto interno

INDIGNACIÓN POR LA DOS MATANZAS CONSECUTIVAS DE INDÍGENAS AWÁ PERPETRADAS POR GUERRILLEROS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LOGRAR UNA SALIDA NEGOCIADA A LA GUERRA PIDEN EXPLICACIONES A LAS FARC


En total serían 27 los indígenas awá asesinados presuntamente por las FARC en el sureño departamento de Nariño, según denuncia la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La última masacre fue perpetrada contra diez indígenas que huían tras la matanza de 17 de sus compañeros a manos de las FARC.
"Recibimos información de autoridades de la región que en el día de ayer diez personas que venían desplazadas, huyendo de la masacre anterior, fueron asesinadas a la altura de la comunidad de Guangarial", denunció este jueves Luis Evelis Andrade, líder de la ONIC.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, antiguo dirigente de la guerrilla del M-19, confirmó que miembros de la etnia Awá le comunicaron "que en la madrugada del miércoles habían matado a diez personas" en el municipio de Ricaurte, detallando "el sitio exacto de la matanza y el nombre del dueño de la casa donde se produjo".
"Nos dicen que fueron las FARC las que igualmente cometieron estos crímenes", indicó Andrade, mientras que Navarro afirmó no tener aun información sobre los responsables del hecho, cuyas circunstancias se desconocen.

"No sé si fueron las FARC, la persona que me dio la información no me lo dijo, pero fue en el área general donde se cometió la primera masacre", el 4 de febrero en la localidad de Barbacoas, declaró el gobernador a radio Caracol.
"De la primera (matanza) estoy totalmente seguro que fueron las FARC, en este segundo caso no puedo todavía confirmar el autor material", subrayó Navarro.
La ONIC y las autoridades civiles de Nariño denunciaron que los guerrilleros torturaron y asesinaron el 4 de febrero a por lo menos 17 indígenas Awá, acusándolos de cooperar con el Ejército al no comunicar a los rebeldes la presencia de militares en la zona.
Con alrededor de 21.000 personas, los Awá son el pueblo indígena más numeroso de Nariño, un departamento del suroeste de Colombia que sufre una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado.
En los últimos dos años, desde Nariño se han registrado más de un 10 por ciento de los casos de nuevos desplazamientos forzados en este país de alrededor de 44 millones de habitantes que enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas.
Los Awá son unos de los 87 pueblos indígenas de Colombia y está entre los que enfrentan peligro de extinción como resultado del conflicto armado y el desplazamiento forzado, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La crisis humanitaria y territorial del pueblo Awá


“El arraigo a su territorio, el concebirse como un pueblo con autonomía, con gobierno propio y su identidad son los pilares de la cosmovisión del Pueblo Awá; no estar sometidos a ninguna ideología, a ningún actor armado, sino basados en la autodeterminación”. Son palabras de Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC, pronunciadas en la conferencia de prensa en la que denunció estas matanzas.

Luis Evelis Andrade, considera estos actos de las FARC como 'demenciales' y lamenta que aunque era algo que se venía denunciando, el gobierno no haya tomado las medidas de prevención para salvaguardar la vida y la integridad de este pueblo que desde hace décadas viene padeciendo el rigor del conflicto armado que vive Colombia.
Sólo al pueblo Awá, desde septiembre del 2008, que comenzó la movilización de los indígenas colombianos en la denominada Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, les han asesinado 44 de sus miembros, cifra que puede aumentar con las masacres de esta semana. En los 43 primeros días del 2009, han sido asesinados más de 58 indígenas en todo el país.
Los más recientes ocurrieron este miércoles 11 de febrero, cuando en la comunidad de Tangarial, entre los resguardos El Sande y Tortugaña, a dos días de camino del municipio de Samaniego, fueron masacrados más de 10 indígenas cuando se aprestaban a desplazarse, del territorio. “No es fácil el acceso, son dos días de camino de herradura hasta Tangarial, y otras dos comunidades más que hacen parte del resguardo El Sande, como El Recodo y Charco Largo, donde viven más de 400hermanos, de quienes no sabemos su suerte”, según el informe de una autoridad indígena de la zona. Por lo que ninguna comisión ha podido llegar al lugar para conocer con certeza la dimensión de la masacre. Tampoco han sido rescatados los cadáveres ni de los 10 últimos ni de 17 primeros. Además hay 5 desaparecidos, "tres indígenas que se arriesgaron a entrar al territorio en busca de sus familiares y que no han regresado”.

El consejero Mayor de la ONIC, afirma que el exterminio 'de los hermanos Awá', ocurre , “en el marco de la Política de Seguridad Democrática que no protege a los indígenas, sino que ha llevado la guerra a sus territorios ancestrales. El Pueblo Awá ha sido además sometido a bombardeos, ametrallamientos por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, a fumigaciones aéreas sin aviso, cuyos comandantes niegan incluso los combates previos y posteriores a la masacre cometidas por las FARC, o por otro actor armado en la zona”. Así mismo, denuncia que “los militares violan los derechos humanos de las comunidades Awa y en general de los pueblos indígenas y el DerechoInternacional Humanitario. Violan el principio a la proporcionalidad de fuerzas y el principio del respeto por la población civil, incluso sus propias directivas diferenciales”.

¿ Qué hay detrás de esta masacre?


Luis Evelis Andrade explica que el departamento de Nariño es una zona estratégica de frontera donde están en marcha muchos proyectos económicos y de infraestructura, además del control territorial que se disputan los actores armados legales e ilegales, y que también es corredor de tráfico de drogas.

Por la zona, donde viven los indígenas se proyecta incluso el paso de una línea de infraestructura como es el IIRSA, un ambicioso megaproyecto que vendría desde el Caribe, “una serie de intereses sobre los recursos naturales existentes se juegan allí y esto hace que haya una fuerte militarización para proteger la entrada de las multinacionales que vienen a explotar las riquezas. A esto se suma los constantes enfrentamientos entre guerrillasde las FARC y ELN, entre estas y el Ejercito nacional, entre guerrillas y paramilitares, entre narcotraficantes, que cada cual quiere controlar elterritorio, irrespetando la Autonomía y el Gobierno Propio de los Indígenas, violando así sus derechos como pueblos, los humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

La ONIC le exige a las FARC que entreguen los responsables materiales e intelectuales de estas masacres para ser juzgados por la Justicia Indígena y pide la solidaridad nacional e internacional , para que se pronuncie sobre estos hechos y adopte las mediadas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y territorial del pueblo Awá. También exige que todos los actores armados sin excepción desmilitaricen y acaben con la ocupación de sus territorios indígenas.
El ACNUR se muestra conmocionado


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pide una rigurosa investigación de los hechos, el respeto a todas las partes involucradas del Derecho Internacional Humanitario y exhorta al gobierno colombiano a cumplir su obligación de proteger a los civiles y tomar medidas especiales para preservar la población indígena.
El ACNUR informa que en la zona de Nariño donde se produjeron los crímens, la población se encuentra extremadamente atemorizada, lo cual incrementa la preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo en los próximos días. La zona, ubicada a lo largo del río Telembi, entre los pueblos de Ricaurte y Barbacoas, se encuentra considerablemente aislada y es dedifícil acceso, con presencia de minas antipersonales.

La oficina del ACNUR en la zona ha venido trabajando de cerca con la comunidad Awá, que como muchos grupos indígenas colombianos han luchado por años para mantenerse fuera del conflicto. Esta oficina considera que el pueblo Awá, ubicado en el departamento de Nariño, aunque vive en un territorio protegido, eso no ha impedido el ingreso de los grupos armados a sus tierras. Y los indígenas Awá han sufrido graves violaciones de sus derechos , incluyendo constante presión y persecución, reiterados asesinatos y desplazamientos forzados. En los últimos años, ellos han sido forzados a abandonar sus tierras enrepetidas ocasiones. Algunos indígenas han cruzado la frontera para buscar refugio en Ecuador.

"El ACNUR se encuentra conmocionado, lamentamos profundamente los asesinatos y ofrecemos las más sinceras condolencias al pueblo Awá, reiterando nuestro apoyo a su derecho a vivir en paz en su territorio y reafirmando nuestro compromiso para continuar trabajando con ellos. Además, hacemos un llamado para realizar una investigación urgente e independiente a cerca de los hechos ocurridos, y a tomar medidas deprevención, rápidas y efectivas, como seguir las alertas tempranas que repetidamente emite la Defensoría del Pueblo del departamento deNariño", dice esta organizacón de la ONU en un comunicado.
Con 12 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su deber de protección, y con las organizaciones indígenasa lo largo del país. Parte del esfuerzo que se esta llevando a cabo consiste en aumentar la conciencia acerca de la magnitud de la crisis que vive el país .

La senadora Piedad Córdoba pide el esclarecimiento de los hechos



El grupo de intelectuales "Colombianos y Colombianas por la Paz" pide a la jefatura de las FARC que se pronuncie sobre el asesinato de indígenas de la comunidad Awá presuntamente por guerrilleros de esa agrupación.

En un comunicado, exigen a las autoridades el "esclarecimiento total de los hechos" y al Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "un pronunciamiento publico respecto de ese vergonzoso" suceso.
El documento, suscrito por 125.000 personas, entre ellas la senadora de oposición Piedad Córdoba, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el sur de Colombia.
El grupo de intelectuales y las FARC mantienen un intercambio epistolar desde hace varios meses y, gracias a él, la guerrilla liberó de forma incondicional a dos políticos, tres policías y un militar entre el 1 y el 5 de febrero.
Por petición de esa guerrilla, la senadora Córdoba encabezó la comisión humanitaria, en la que también participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Brasil.
(Fuentes: AFP, Reuters, ONIC, EFE y Codhes)

12.2.09

Ecuador:Relaciones con EE.UU.

LA EMBAJADA NORTEAMERICANA OBLIGADA A DEVOLVER INFORMACIÓN RESERVADA EXTRAÍDA DE LOS ARCHIVOS DE LA POLICÍA, DÍAS DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE UN DIPLOMÁTICO POR SU INJERENCIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL ECUATORIANO

El Gobierno ecuatoriano denuncia que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Quito sustrajeron información de los computadores de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional. La denuncia fue revelada por el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien calificó el hecho como “inaceptable”. El incidente, según Carvajal, afecta la seguridad nacional

El gobierno también exigirá una explicación a la Policía sobre los convenios relacionados con la lucha contra el narcotráfico, investigaciones especiales y otras áreas.
Si esa ha sido una práctica durante algunos años, exigimos a la Policía que nos diga desde cuándo y a base de qué aprobaciones de nivel político se han ejecutado estos convenios”, dijo Carvajal.
El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que “se presentarán los reclamos dignos” a los funcionarios extranjeros que “osaron y tuvieron la audacia de realizar aquello”.
Correa denunció que la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando de los Estados Unidos sustrajo la información entre el miércoles y jueves de la semana pasada.
Por esta razón, el gobierno del Ecuador expulsó esta semana al funcionario de la embajada norteamericana Armando Astroga.

Finalmente, este miércoles, personal de la Embajada de Estados Unidos entregó a la Policía de Ecuador la información sustraída de unos ordenadores de la unidad contra el contrabando, que obtuvo luego de que suspendiera la financiación que entregaba a esa oficina. Así lo confirmó el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien señaló que la información recibida por la Policía ecuatoriana será revisada para descartar una posible manipulación.
"La Policía nacional está haciendo una investigación informática sobre lo que se ha entregado", señaló Carvajal ."Esperamos que no haya sido manipulada" dicha información, añadió Carvajal, quien recordó que la embajada de EE.UU. obtuvo los ordenadores tras decidir suspender la ayuda financiera a la unidad contra el contrabando.

La embajada participaba en el nombramiento de policías


La situación trae cola. Previamente, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, Armando Astorga, había escrito una carta al comandante de Policía Jaime Hurtado, haciéndole conocer que su gobierno suspendía el convenio de apoyo logístico y operativo a la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando del Ecuador. Esta unidad pertenece, a su vez, a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. El argumento que esgrimió el funcionario de los Estados Unidos fue que no funcionaba satisfactoriamente la coordinación entre la Embajada y la Policía para decidir el personal que se asignaba al Centro de Operaciones Anticontrabando.

La comunicación del diplomático estadounidense da a conocer un hecho sorprendente, que los EE.UU. han tenido injerencia en el nombramiento de policías ecuatorianos. Para Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el asunto es tan dramático que permite la existencia de un convenio que otorga esa posibilidad. "No solamente la relación fue política e informal, sino que fue tan grave que el gobierno ecuatoriano suscribió por error, por descuido o voluntariamente un convenio que permitió esa barbaridad".

Por esta acción, el domingo pasado el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodges, para informarle "la indignación del Gobierno ecuatoriano y el rechazo a los términos con que Astorga se dirigió al comandante de Policía".

Para Adrián Bonilla, lo que existe es un convenio que revela una relación de subordinación histórica por parte de ciertos organismos del Estado ecuatoriano a entidades de fuera del país, que ha marcado las formas de procesar los temas de seguridad a lo largo de los últimos 30 años. Este convenio, según Bonilla, estaba en vigencia y fue renovado recientemente.

Según el comandante general de Policía, Jaime Hurtado, dicho convenio era verbal, no escrito. Sobre esto, el ministro Carvajal expresó que, en adelante, todo tipo de acuerdo tiene que realizarse por escrito sobre la base del respeto a la soberanía. También manifestó que la Policía tendrá que dar explicaciones sobre este tipo de prácticas.

Bonilla opina que si el convenio, en efecto, fue verbal, hay responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales en aquellas personas que transfirieron la información. "Esto, sin embargo, tiene que verificarse, porque tanto el presidente de la República, Rafael Correa, como la Policía y los funcionarios de la Embajada norteamericana mencionaron siempre la existencia de un convenio ".

Correa ordena investigar y despedir a los policía implicados


El Presidente Rafael Correa, arremetió ayer contra la Policía y ordenó a su nuevo Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, que averigüe los nombres de los oficiales que entregaron información de inteligencia a la Embajada de Estados Unidos, para sacarlos de la institución. El diplomático estadounidense Armando Astorga solicitó al comandante de Policía, Jaime Hurtado, el 8 de enero pasado, que devuelva los equipos, vehículos y computadoras que donó su gobierno al Centro de Operaciones de Contrabando (COAC), por no ser consultado en la designación del comandante de esta unidad.

El gobierno expulsó el sábado pasado del país a Astorga por considerar su misiva una ofensa a la soberanía. El presidente Correa dijo entonces que “Policías obsecuentemente se prestaron para eso. Tal vez están confundidos y creen que trabajan para una embajada y no para su propia patria; entregaron todos esos equipos e información de quince años de unidades especiales sobre redes delictivas, etcétera. Eso no lo vamos a tolerar. Quiero saber quiénes son los policías que se prestaron para inmediatamente separarlos de la institución". Calificó de “un hecho gravísimo” que la Policía no haya informado que en las computadoras había información clasificada:“Hay enemigos desde adentro que están enquistados tratando de torpedear este cambio para boicotearlo y desestabilizar al Gobierno. Se acostumbraron a vivir de la limosna del poderoso”, denunció.

Por su parte, el Ministro de Gobierno ,Gustavo Jalkh ,calificó al hecho como un acto de traición a la Policía y se comprometió a cumplir con la disposición presidencial. Dijo que revisará el informe de la Comisión civil-militar, creada por el Gobierno para que investigue la supuesta infiltración de la CIA en las Fuerzas Armadas y Policía, en cuyo informe final sugiere la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía. A finales de 2008, el gobierno de Correa denunció una infiltración de la CIA en los servicios de inteligencia del Ecuador. También denunció que la CIA conocía previa y detalladamente el bombardeo y la invasión colombiana del 1º de marzo contra una base clandestina de las FARC en territorio ecuatoriano. Este incidente provocó una crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Entre tanto, el Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, confirmó que la Embajada de EE.UU. devolvió la información robada tras una enérgica protesta diplomática. “Esta información fue devuelta ayer (martes) al mediodía, pero evidentemente es un hecho que tiene que ser explicado”, aseguró el ministro.

La ruptura del conveno policial



Rafael Correa, explicó la expulsión del agregado de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Armando Astorga Junior, quien dirigió una carta al Comandante General de la Policía, Jaime Hurtado Vaca, dando por terminado “el entendimiento de apoyo logístico brindado a la Unidad del Centro de Operaciones Anticontrabando de la Dirección Nacional del Inteligencia de la Policía Nacional”.

Según el Presidente de Ecuador el agregado estadouniense actuó con insolencia al pretender que Ecuador es “colonia de Estados Unidos”, al no permitir que se designe al personal que dirige esa Unidad. Según Correa, Astorga dio por terminado el convenio porque “ellos ya no seleccionan el personal, sino que lo seleccionamos como país soberano” y que antes quien lo hacía era la Embajada.

La conclusión del convenio suspende la financiación de 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo; y 160.000 dólares anuales que se iban a entregar a la Unidad Nacional de Trata de Personas.“Señor Astorga quédese con su sucio dinero. No lo necesitamos. Aquí hay soberanía y dignidad”, dijo el mandatario, tras ordenar al Comandante de la Policía entregar “inmediatamente” todos los equipos que hayan recibido. “Que se queden con sus cosas. Ecuador no necesita de caridad de nadie”, afirmó Correa. Visiblemente molesto, el Presidente añadió que propondrá la donación de los 160.000 d´lares anuales para que Estados Unidos financie proyectos para evitar la tortura en cárceles como la de Guantánamo.


Una base en Colombia para sustituir a la de Manta


El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, confirmó que ha conversado con el gobierno colombiano sobre la posibilidad de trasladar a ese país la base militar estadounidense ubicada en el puerto ecuatoriano de Manta. El convenio sobre esta instalación concluye este año y el gobierno del Ecuador no aceptó renovarlo. La nueva Constitución ecuatoriana prohíbe las instalaciones militares extranjeras en suelo nacional.

"Estamos en conversaciones para ver cuales son las opciones y alternativas para el futuro . Colombia es uno los gobiernos con los cuales estamos conversando", declaró Brownfield a la prensa. Brownfield anticipó que la iniciativa podría definirse en el encuentro entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas de abril próximo en Trinidad y Tobago; aunque no existe confirmación del encuentro. Anteriormente se filtró la posibilidad de que fuera Perú el país que albergará las instalaciones que sustituyan a las de Manta.

Al respecto, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa reveló que la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges le pidió que, tras la salida norteamericana este año de la Base de Manta, se permita el aterrizaje de aviones de control antidrogas. Correa aseguró que Ecuador aceptará los aterrizajes, pero con una condición: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país” "Nosotros calificaremos a los pilotos si no, no me aterriza ningún avión norteamericano", afirmó.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, El Universo-Guayaquil, Radio Nederland, El Ciudadano-Ecuador, El Comercio-Quito y Confirmado.net)

10.2.09

Perú:Corrupción

OLLANTA HUMALA ACUSA AL PRESIDENTE ALAN GARCÍA DE ESTAR IMPLICADO EN DOS GRANDES ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN Y ESPIONAJE. EL VICEPRESIDENTE GIAMPIETRI YA HABÍA SIDO SEÑALADO



El Presidente de Perú, Alan García, estaría vinculado a dos grandes escándalos que ocupan hace semanas la atención de los medios peruanos: dos casos de corrupción y espionaje electrónico. Lo denuncia el líder opositor nacionalista, Ollanta Humala.
En declaraciones públicas, el presidente del Partido Nacionalista Peruano (PNP) señala que en ambos casos “todo apunta al presidente de la República”.

Se refiere a la red de corrupción encabezada por Rómulo León, quien fue ministro del primer gobiernode Alan García (1985-90) , y al llamado caso de 'chuponeo' (escuchas y grabaciones ilegales) efectuado por la empresa Business Track integrada por agentes activos y retirados de la Armada y que, precisamente, grabó y filtró a la prensa las grabaciones a miembros de la red de corrupción encabezada por el citado ex ministro.
Según Ollanta Humala, en el primer caso, el de la red de corrupción oficial, la trama habría comenzado con la reunión del empresario dominicano Fortunato Canaán con Alan García en el Palacio de Gobierno en el año 2007. Alan García aseguró en su momento que recibió al empresaro por recomendación de la dirigente socialdemócrata dominicana Peggy Cabral, como hace con frecuencia con empresarios interesados en invertir en el país.
En el otro caso, Humala recuerda que el ex oficial de inteligencia de la Armada Carlos Tomasio, preso por el caso de espionaje realizado por la empresa Business Track, declaró que es amigo del Jefe del Estado y que informó al gobernante, al alto mando militar y otras instancias, sobre un presunto atentado contra García, a fines de 2006, y sobre supuestos aprestos conspirativos de organizaciones radicales de izquierda, que jamás fueron probados. “Entonces el Presidente debió preguntar: Si Usted no pertenece a un sistema de inteligencia cómo sabe eso. Es obvio que el Presidente sabía que esa empresa se dedicaba a actividades clandestinas no permitidas por la ley”.
Según Humala, el mandatario y el gobierno sabían perfectamente desde hace tiempo que Business Track realizaba actividades ilegales de inteligencia que sólo corresponden a los servicios de las fuerzas armadas y al Ministerio del Interior.
Humala considera que la corrupción ha llegado a los más altos niveles, al propio presidente, quien tiene al menos responsabilidad política en ambos casos y que el gobierno no da garantías para esclarecerlos.

Una mafia de la Marina, dedicada al 'chuponeo'


Cuando el pasado 24 de enero Elías Ponce Feijoo fue trasladado al penal limeño de Castro Castro, amenazó con destapar un nuevo paquete de audios. Un as bajo la manga para presionar en su favor.

La mafia de interceptación dirigida por el marino retirado Elías Ponce Feijoo es ya uno de los casos más graves de espionaje industrial jamás descubierto en el Perú. Quizás a la altura del desarrollado bajo la dirección del 'asesor presidencial' Vladimiro Montesinos, en tiempos de Fujimori.
Según el atestado judicial , una idea de la dimensión del caso, lo dan las grabaciones halladas en los 29 PCs, tres portátiles, 26 discos duros, 246 diskettes, 672 CDs y 25 USBs incautados. Hasta ahora sólo se ha revisado el 8% del material, y se calcula que el equipo de expertos que lo analiza tardará aun tres meses en conocer el contenido para poder determinar quiénes pagaron por el material.
La lista de interceptados supera el medio centenar de personas entre ellas políticos, lobistas, abogados, periodistas, secretarias, etc.
En las grabaciones, aparecen dos casos de primera línea, que afectan a sendos casos de alta corrupción gubernamental. El primero es Petro-Tech (los llamados 'petroaudios'. El segundo gran frente abierto es el del cemento.
El jefe de la trama, Elías Ponce tiene pedigrí en la Marina. Ingresó a la Armada en 1970 y fue capacitado en inteligencia operativa, contrainteligencia, análisis de información y criptografia. Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) ocupó cargos de importancia en la Dirección de Inteligencia Naval y contó con la protección y amistad del almirante Antonio Ibárcena Amico, ex Comandante General de la Marina, procesado por espionaje. Ponce fue involucrado en crímenes contra los derechos humanos y pasó al retiro en el 2001.
A diferencia de algunos de sus empleados, se ha negado a colaborar. En cambio advirtió a la Policía que tiene escondido otro paquete de audios que considera su as bajo la manga y que utilizará en el momento conveniente.

El otro miembro destacado de esta macrored de escuchas ilegales es el capitán de navío Carlos Tomasio de Lambarri. Es socio fundador, junto a Elías Ponce, de Business Track. Fue Agregado Naval en Washington, y calidad de tal adquirió dos equipos de interceptación Triggerfish 4080 por el valor de 110.000 dólares. En julio del 2000, Tomasio pagó 8.000 dólares a la empresa Harris Corporation por una “capacitación para operación de equipos Triggerfish”. Al ser descubiera la trama, el Ministro de Defensa Antero Flores , que asegura - y nadie le cree- que la Marina no tuvo ni tiene equipos de 'chuponeo', alegó que esa fue una adquisición personal de Tomasio, pese a que las facturas de la compra descubiertas por la revista limeña 'Caretas' tienen los sellos oficiales de la Agregaduría Naval y a que el propio Tomasio declaró a la Policía que “este tipo de adquisiciones solo se hacen con autorización del gobierno” y añadió: “La coordinación se hizo con la funcionaria Debbie Carriere, de Harris, y todo se hizo desde la Agregaduría Naval”.

Las primeras sospechas cayeron sobre el Vicepresidente Giampetri
Las sospechas en el escándalo de espionaje , apuntaron al comienzo al vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, y a la Compañía Telefónica española. Las evidencias de relaciones entre Giampietri y el gerente de Business Track, Elías Ponce coincidían con los comentarios sobre el papel que podría haber jugado en el espionaje la filial local de Telefónica.
Giampietri, según diversas fuentes, tenía entre sus hombres de confianza a Ponce, promovió su ascenso a contralmirante por el presidente Alan García, pese a estar acusado por la desaparición de dos estudiantes, y quería que fuera nombrado director nacional de Inteligencia. Al estallar el escándalo, el Palacio de Gobierno anunció un decreto presidencial por el que quedó anulado el nombramiento.

Además, Giampietri introdujo a Giselle Gianotti, ejecutiva de Business Track, hoy detenida, para que presentara sus productos ante el Comando Conjunto de las fuerzas armadas, como especialista, entonces, de la empresa de seguridad Forza, también de ex marinos.
Un agente naval de inteligencia que trabajaba para Business Track ha admitido haber hecho las grabaciones de conversaciones de miembros de una red gbernamental de corrupción, que en octubre difundió un canal de televisión peruano, lo que desató una crisis ministerial. La prensa peruana considera que dada la cercanía del vicepresidente Giampietri con Ponce, es difícil que el vicepresidente no estuviera al tanto de esa operación y se pregunta si, en tal caso, ocultó la información al jefe de Estado.

Uno de los agentes de inteligencia en actividad que trabajaban para Business Track ha admitido que la operación contó con el apoyo de dos empresas técnicas que dan servicio a la Telefónica.

El APRA considera "precipitadas" las acusaciones de Humala

Hoy mismo, Mercedes Cabanillas (APRA) ha respondido a las críticas hechas por el líder nacionalista, Ollanta Humala, sobre las tramas de corrupción, incluida la venta de Petrotech. En declaraciones a la salida del Congreso comenta también las declaraciones de algunos parlamentarios nacionalistas respecto al contrato de Bussiness Track para que hiciera un 'barrido electrónico' que en el Congreso en 2006, cuando Cabanillas era la Presidenta de la cámara. VER DECLARACIONES AQUÍ

Sospechoso atentado a la fiscal peruana



La trama de espionaje monada por los servicios de inteligencia de la Armada peruana son también los principales sospechosos del atentado extraño atentado sufrido a comienzos de año por la fiscal de la Nación , Gladys Echaíz, quien salió indemne. La fiscal, que participa activamente en la investigación de Business Track , dijo que si alguien buscaba amedrentarla cometió un error. Y la mayoría de los analistas se inclinan por considerar el atentado fue una acción de amedrentamiento sin intención de matar.
El porte militar y el desenvolvimiento propio de quienes tienen entrenamiento castrense destaca en la declaración hecha a la policía, por el jefe de la escolta de Echaíz, suboficial Manuel Silva, quien acompañaba a la fiscal y quien repelió el ataque.
La versión añade la certeza de que los atacantes no tenían intenciones de matar a la fiscal, pues por la sorpresa, la superioridad en número y la capacidad de los agresores, no había posibilidad de que fallaran.
Fuentes del Ministerio Público insisten en pedir que se investigue la posibilidad del magnicidio, pues el automóvil que acababa de abordar Echaíz al producirse el atentado, tiene al menos 10 impactos de bala, pese a lo cual nadie salió herido.

El escolta Silva aseguró haberse cerciorado de que nadie siguió al auto de la fiscal en el trayecto de su casa a la peluquería ante la cual se produjo el ataque, por lo que los agresores habrían usado la escucha telefónica para saber dónde estaba y que sólo iba con su chofer y un custodio.
(Fuentes: Peru.com, Prensa Latina, Caretas, @genciaperu.tv)

9.2.09

Venezuela:Referéndum constitucional

EL ESCOLTA DEL RABINO DIRIGIÓ EL ATAQUE CONTRA LA SINAGOGA DE CARACAS. UN ATENTADO QUE SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN PREVIA AL REFERÉNDUM DEL DOMINGO, CON EL 'SÍ' GANANDO EN LAS ENCUESTAS



El presidente de Venezuela , Hugo Chávez, explicó ayer que el líder de la banda de policías y civiles imputados por el ataque a la sinagoga de Maripérez es un funcionario de la Policía Metropolitana que estuvo durante los últimos 4 años como escolta personal del rabino de esa sinagoga. En una entrevista al canal Venevisión este domingo, Chávez explicó que el policía Víctor Eduardo Escalona Lovera cortó el sistema eléctrico desde adentro, no desde afuera. 'Les facilitó el ingreso, le pagaron. Incluso ya sabemos cuánto le pagaron', añadió . 'Hay 11 personas detenidas y nada tiene que ver el Gobierno con esto. Hubo voceros de la oposición y algún canal de televisión que de inmediato apuntó al Gobierno: 'ese es Chávez el culpable'. Bueno, resulta que ya hay 11 personas detenidas y no tiene nada que ver el Gobierno con esto'.

'Esto es un mensaje para la familia judía, que vive con nosotros y es parte de la gran familia venezolana, para que no se dejen manipular. No es el gobierno de Chávez, este no es un gobierno antisemita o antijudío o antinada'. El Presidente no quiso ofrecer más detalles para no entorpecer las investigaciones.

11 detenidos; ocho policías y tres civiles

La Fiscalía de Venezuela informó que fueron detenidas 11 personas presuntamente involucradas en la profanación de lasinagoga Tiferet Israel -la principal de Caracas y sede de la Asociación Israelita de Venezuela (AIV).

La Fiscalía señaló que los detenidos "fueron aprehendidos durante allanamientos realizados el sábado y madrugada de este domingo en distintas zonas de Caracas". Entre los apresados se encuentra una detective del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC), un subinspector de la Policía de Caracas, tres agentes pertenecientes a la Policía Metropolitana y el oficial de seguridad de la Sinagoga; además de otros 3 ciudadanos.

En la noche del sábado 31 de enero, la sinagoga de Caracas fue atacada por una docena de desconocidos que destrozaron objetos de culto y pintaron en las paredes frases como "Israel, malditos" y "Fuera los judíos".
Anteriormente, Venezuela había roto relaciones diplomáticas con Israel por los bombardeos


Chávez pidió a los judíos no dejarse utilizar por la oposición


Al día siguiente, el Presidente negó que fuera antisemita y le pidió a la comunidad hebrea no ser parte del 'laboratorio de guerra' contra su Gobierno.

"Yo no odio a los judíos y yo le hago un llamado a los judíos-venezolanos que no se dejen utilizar", dijo Chávez al rechazar los señalamientos de opositores que han responsabilizado a su gobierno del ataque al templo.
"El gobierno como siempre les extiende la mano y rechaza cualquier agresión contra cualquier templo sea judío, católico, protestante o lo que sea", afirmó el mandatario en un desfile cívico-militar que se realizó en la ciudad centro costera de Maracay como parte de las celebraciones del fallido golpe que encabezó Chávez en 1992. Chávez pidió a losjudíos venezolanos que "sean inteligentes, como siempre lo han sido, y no se dejen utilizar por estos laboratorios de guerra de la burguesía venezolana que lo que pretende es generar violencia como una forma de tratar de impedir la victoria del sí el 15 de febrero o tratar de desconocer los resultados".
La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela dijo en un comunicado que "los continuos ataques antijudíos expresados en diferentes medios de comunicación pertenecientes o simpatizantes del gobierno nacional".
También rechazaron "los señalamientos que pretenden involucrar a la comunidad judía en Venezuela en un plan de conspiración contra el gobierno nacional, así como cualquier intento de convertir este repudiable acto en un hecho político". Solicitaron al gobierno "evitar declaraciones relacionadas con el conflicto del Medio Oriente que induzcan a un clima hostil hacia los miembros de la comunidad judía".

Chávez criticó severamente la ofensiva militar que lanzó el mes pasado Israel contra la Franja de Gaza y que dejó un millar de muertos, en su mayoría civiles palestinos.

Venezuela en tensión a una semana de referendo


A una semana de un referendo constitucional sobre la reelección continua a cargos de elección popular, las fuerzas políticas venezolanas refuerzan las campañas por la movilización de partidarios y la atracción de los indecisos. Aunque la mayoría de las encuestas favorecen la opción del “Sí”, que permitiría al presidente Hugo Chávez postularse nuevamente en 2012, sus partidarios advierten que sondeos no ganan elecciones y convocan a no ceder en la movilización.
La estrategia busca llevar a las urnas a unos tres millones de personas que votaron por Chávez en las elecciones presidenciales, pero no asistieron a los comicios pasados, por causas diversas, entre ellas mecanismos movilizadores poco eficientes.
En el campo opositor, el optimismo inicial cedió hasta admitir que el “Sí" lleva ventaja, aunque sus expertos estiman que por un margen de 100 mil a 200 mil votos, en un universo de 17 millones de venezolanos con derecho al voto y puede revertirse con votación masiva.
Los opositores, igualmente, buscan movilizar a los indecisos apelando a cualquier vía desde la violencia callejera hasta la amenaza. "Si se aprueba la enmienda se eliminará la propiedad privada, así que quien tenga una bicicleta debe votar “No”, afirmaba este domingo en una manifestación en Caracas el alcalde de Maracaibo y líder opositor, Manuel Rosales, en un intento desesperado por revertir la tendencia.

Hasta hoy, lo cierto es que Chávez, con una incansable actividad personal que le ha llevado hasta a tres estados en un mismo día, está logrando aglutinar a sus partidarios en un nivel superior a las elecciones anteriores.

La campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados también logró desmentir en gran medida la propaganda que presentaba la enmienda como “reelección indefinida”, es decir un presidente a perpetuidad, sin postulaciones ni comicios.
Los socialistas, en una labor casa por casa de más de 130 mil comités de activistas en todo el país, aclaran que se trata de eliminar el tope de mandatos para que un gobernante pueda postularse sin limitaciones.

La iniciativa, si es aprobada, permitirá que un gobernante permanezca en el poder tantas veces como se postule y la población le reelija ante otros candidatos en las elecciones correspondientes.
Esta propuesta no abarca únicamente al Presidente de la República, sino también a gobernadores, alcaldes y diputados, lo que los socialistas promueven como una ampliación de la democracia.
Frente a la estrategia de movilización y contacto personal del PSUV, la oposición presenta una fuerte campaña en la mayoría de los medios de comunicación privados, mayoritarios en el país, convertidos en su principal arma.

Junto a ello, según denuncias de las autoridades, se plantea un boicot de desabastecimiento de productos básicos, algo que ya viene siendo normal ante de cada período electoral.
Productos como arroz, café, papel higiénico y otros prácticamente desaparecieron de los anaqueles sin explicación alguna, pues el país cuenta con 692 mil toneladas de reservas de alimentos, de acuerdo con el Ministerio de Alimentación.
La maniobra, que en opinión de autoridades busca crear zozobra y culpar al gobierno por ineficiente, siguió a intentos fracasados de crear un clima de violencia callejera, atribuido a los sectores opositores radicales.


El 'SÍ' gana en las encuestas

Las últimas encuestas que podrán publicarse antes del referendo constitucional del 15 de febrero en Venezuela reflejan hoy una tendencia a favor de la aprobación de una enmienda constitucional para establecer la reelección continua.

Una investigación de la empresa IVAD del 28 de enero al 2 de febrero entre mil 400 personas indican que el 47,5 por ciento favorece le “Sí” y 39,5 el “No”, mientras 13 por ciento no sabe o no responde.
Asimismo el 63,5 por ciento consideró el desempeño del presidente Hugo Chávez de bueno y 28,8 por ciento como malo.
En relación con el anterior sondeo de la misma firma el “Sí” obtuvo 0,5 por ciento de incremento, igual proporción descendió el “No”.
Por simpatía el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 41,6 por ciento, seguido de los opositores Un Nuevo Tiempo (5,1), Acción Democrática (4,6), Primero Justicia (4,2), Proyecto Venezuela (2,1) y COPEI (2,1).

Para el mismo período GIS XXI otorga al “Sí” 53 por ciento y al “No” 41 por ciento, con seis por ciento que no sabe o no responde. Un sondeo anterior de la empresa otorgaba 55,9 por ciento a favor de la iniciativa y 40 por ciento en contra.

Al revelar las encuestas el periodista y ex vicepresidente del país José Vicente Rangel indicó que los restantes sondeos de los últimos días confirman un crecimiento favorable a la tendencia del “Sí” y reducción de los indecisos.
La diferencia, indicó, oscila dependiendo de la encuestadora entre ocho y 12 por ciento favorable a la aprobación de la propuesta para eliminar el límite de mandatos a cargos de Presidente de la República, gobernadores, alcaldes y diputados.

Ayer la North American Opinion Research estimó que el 54 por ciento apoya la enmienda, frente a un 38 por ciento que se opone, coincidentemente con Datanálisis con pronósticos de 51,5 por ciento a favor y 48,1 por ciento de rechazo.

Solo la empresa Hinterlaces favorece el "No" con estimado de 48 por 43 por ciento, aunque con con pérdida de 11 puntos para esa opción en las última semanas.
En el proselitismo a favor de la enmienda participan más de 130 mil comités de activistas, mientras la oposición cuenta con el respaldo de la mayoría de los medios de difusión privados, dominantes en el contexto informativo nacional.

(Fuentes: ABN, ANSA-Latina, BBC-Mundo, El Nacional-Caracas y Prensa Latina )

6.2.09

Argentina:Obispo negacionista

LA CONFERENCIA EPISCOPAL DICE QUE NO SANCIONARÁ AL OBISPO RICHARD WILLIAMSON, TRAS ASEGURAR QUE DESCONOCÍA QUE VIVIERA EN ARGENTINA. EN EL SANTUARIO DE LA REJA DICEN QUE ESTÁ ALLÍ 'DESCANSANDO'


Una semana después de que se supiera que el obispo negacionista y pro nazi Richard Williamson vive en Argentina , la Conferencia Episcopal de este país ha anunciado mediante su portavoz, Jorge Oesterheld, que “no tomará ninguna acción respecto al religioso y la Fraternidad Pío X”.

El diario on-line Crítica de la Argentina reveló que Williamson da clases en el seminario ultraconservador del santuario de Nuestra Señora Corredentora, de La Reja, Moreno. Sin embargo, el portavoz del Episcopado negó el contacto de la iglesia 'oficial' con el obispo que niega el holocausto. "No sabíamos que estaba el obispo en la Argentina”.
La Conferencia episcopal argentina ahora , tras el cambio de rumbo del Vaticano, que primero apoyó al obispo pro nazi y, tras la protesta del gobierno de Alemania, le instó a rectificar, ha tomado distancia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X a la que pertenece Williamson. "Acompañamos al Vaticano en la decisión de pedirle que se retracte y que acepte el Concilio Vaticano II", dice ahora Oesterheld.

Williamson dirige el único seminario tradicionalista lefebvrista de la Argentina, ubicado en la localidad de La Reja, en el oeste del Gran Buenos Aires. El obispo británico se encuentra recluido en el seminario, sin atender a la prensa ni tomar contacto con el exterior, desde que se desató el escándalo con la difusión de sus polémicas declaraciones.

En una entrevista grabada en Alemania en noviembre de 2008, Williamson afirmó: "No existieron las cámaras de gas", aseguró mientras explicaba que: "Las evidencias históricas están inmensamente en contra de que seis millones de judíos murieran asesinados en cámaras de gas como parte de una política de Adolfo Hitler". Williamson sostuvo además que sólo "2 o 3 mil judíos murieron en ese período en campos de concentración, y ninguno de ellos en cámaras de gas". Las palabras sonaban aún más crueles justo cuando el mundo recordaba a las 6 millones de víctimas del Holocausto.

La entrevista fue emitida por la televisión sueca el 21 de enero. Ese mismo día, el papa Benedicto XVI firmó los decretos que revocaban la excomunión automática en la que habían incurrido Williamson y otros tres sacerdotes al ser ordenados obispos sin las licencias del Vaticano de manos del arzobispo tradicionalista Marcel Lefevre, lo que generó en su día el mayor cisma de tiempos modernos dentro de la Iglesia católica.


El obispo pro-nazi, 'descansa' en La Reja



"Si está, no va a hablar", con estas palabras en las puertas del Seminario Nuestra Señora Corredentora, el cura francés Jacques Barrou confirmó que monseñor Richard Williamson -el obispo que niega el Holocausto. "El padre Williamson está descansando, ya que en este momento no hay clases". El padre Barrou confirma que Williamson vive allí -a unos 40 kilómetros de Buenos Aires- de manera estable.

En el seminario donde da clases el obispo más criticado del momento varios jóvenes ultraconservadores, ahora de vacaciones, estudian. El sitio fue elegido por el fundador de la congregación, el arzobispo francés Marcel Lefebvre, quien protagonizó hace dos décadas el cisma católico por sus posturas reaccionarias. El cura murió en 1991 pero sus seguidores siguen siendo casi 600 mil en el mundo. El sitio, donde ayer "descansaba" fue elegido por Williamson porque "sería el país más adecuado en Latinoamérica para lanzar la misión de la sociedad de formar curas".

"Estamos a la defensiva con todo lo que pasó", dice el sacerdote Álvaro Calderón Viste, como los demás curas , una sotana negra hasta el suelo y nervioso, recponoce la orden de no hacer comentarios sobre el tema recibida de sus superiores. "Está todo muy turbulento. Supongo que Williamson y la Fraternidad estarán elaborando una declaración sobre lo que pasó, no lo sé", dice el clérigo, quien es profesor del seminario. No quiere dar detalles sobre el británico, aunque revela que éste cumple con sus rutinas y da misa "como siempre".
Tres veces al día, la iglesia del seminario Nuestra Señora Corredentora abre sus puertas para oficiar misa en latín y , según el rito tridentino, de espaldas al pueblo, el sacerdote se planta frente a varias decenas de devotos, que los domingos suman un centenar. La mayoría de los asistentes son mujeres que visten falda y mantillas sobre la cabeza, para cumplir con la petición de "velar por la decencia" que figura en un cartel a la entrada.

Es una misa silenciosa, en un templo descomunalmente grande para el número de asistentes . Se escucha sólo el murmullo del sacerdote leyendo del misal en latín, y el tintineo incesante de la campanilla, a cargo de un monaguillo.

El seminario tiene también una escuela, en la que el orden y la disciplina son pilares básicos de la educación de los niños. Según un vecino de este barrio de casas bajas y calles de tierra, la acción de "los curas" marca una diferencia.
"Dan clases de guitarra, por ejemplo... y los chicos que asisten a su escuela parecen salidos de una película. Son mucho más educados, uno lo nota enseguida.

Cuando Lefrebvre ordenó como obispos a Williamson, a Bernard Fellay, Bernard Tissier de Maillerais y a Alfonso de Galarreta, Juan Pablo II los excomulgó en 1988. El decreto de Benedicto XVI del sábado pasado perdona la excomunión en pos de "estabilizar las relaciones con la hermanad". Desde Suiza, y tras el cambio forzado del Vaticano, La Fraternidad de San Pío X prohíbe al prelado que haga cualquier manifestación pública sobre temas políticos o históricos y se despega de Williamson: "Las afirmaciones de Williamson no reflejan en ningún caso la posición de nuestra Fraternidad", dijo el superior de la orden, el obispo Bernard Fellay.

Argentina, refugio de criminales nazis




En los caóticos días que siguieron al fin del imperio de Hitler en Europa, por lo menos 180 criminales de guerra lograron obtener refugio en la Argentina, ya sea utilizando pasaportes del país o de la Cruz Roja, o recibiendo la ayuda del gobierno del filo nazi Juan Domingo Perón o de miembros de la Iglesia Católica.
Esta es la conclusión a la que llegó un informe realizado por la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (Ceana).

Argentina fue refugio de criminales nazis de la talla de Adolf Eichmann o Joseph Mengele, con la complicidad activa de sus autoridades. Pero subsiste el empeño de ocultar el antisemitismo imperante en círculos oficiales, que llevó a la muerte a un centenar de judíos argentinos.

Todavía hoy la cancillería argentina rehuye demandas interpuestos desde 2001 por varias organizaciones para que se difunda una circular secreta firmada en 1938 por el titular de ese ministerio, ordenando a cónsules argentinos en Europa negar visados a ”indeseables o expulsados”, en alusión a ciudadanos judíos de ese continente. Esas entidades, el Centro Simon Wiesenthal y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, reclaman además infructuosamente a la cancillería que fundamente la decisión adoptada en 2001 de colocar una placa en la sede del ministerio en honor a 12 diplomáticos argentinos por haber sido ”solidarios con las víctimas del nazismo”. Investigaciones recientes revelaron que al menos uno de esos honrados ignoró reiteradamente la suerte de un centenar de judíos argentinos que vivían en Grecia, Holanda y Polonia. Los demás funcionarios, en el mejor de los casos, se limitaron a cumplir con su labor consular de facilitar trámites de salida para ciudadanos de su país, afirman los denunciantes. Desde hace años, las dos organizaciones piden a sucesivas autoridades diplomáticas que difundan la circular ”reservada y estrictamente confidencial”,firmada por el canciller José María Cantilo en 1938, y hallada 60 años después en la sede de la embajada en Suecia por la investigadora argentina Beatriz Gurevich.

Según Sergio Widder, del Centro Simon Wiesenthal que trabaja por la captura de criminales de guerra nazis en todo el mundo, podría haber aún unos 15 oficiales del nazismo ocultos en Argentina, pero la morosidad de la investigación impide avanzar en las capturas.
En el libro ”La auténtica Odessa”, del periodista argentino Uki Goñi en 1942 el jefe de la Oficina Principal de Seguridad del régimen alemán, Reinhard Heydrich, reunido con otros jerarcas nazis para abordar la llamada ”solución final a la cuestión judía”, planteó que la deportación masiva era imposible por el cierre de fronteras de terceros países a la inmigración judía, lo que determinó el destino de millones de personas exterminadas en campos de concentración. El autor afirma que ”probablemente ningún país tomó medidas tan extraordinarias para cancelar sus permisos de entrada a los judíos como Argentina”. El libro relata además los detalles de la red de rescate de funcionarios nazis alemanes y de regímenes afines --tras la derrota de Alemania--, organizada por el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), que facilitó su huida de Europa. Según Goñi, la circular de la cancillería argentina --anterior al gobierno de Perón-- ”estaba destinada a que ninguno de los judíos que huían de Adolf Hitler llegaran a Argentina y, por tanto, confirma la justificación esgrimida por Heydrich de que la cancelación de permisos de entrada por parte de países extranjeros había demostrado que la emigración no era una solución viable para la cuestión judía”.


En cuanto a los diplomáticos argentinos cuestionados, Goñi aporta en su libro testimonios documentales que incriminan a uno de los homenajeados, el secretario de la embajada argentina en Berlín en los años 40, Luis Irigoyen. A pesar de los intentos de oficiales alemanes para que Buenos Aires, neutral en la guerra, repatriara a judíos argentinos de los países bajo dominación nazi, el diplomático negó visas a un centenar de compatriotas que residían por entonces en Polonia, Holanda y Grecia, luego trasladados a los campos de exterminio de Auschwitz y Bergen-Belsen.

La red de protección a nazis fue establecida por Perón, fundador y líder del Partido Justicialista, el mismo que gobierna Argentina desde 1989, con un breve interregno de dos años, entre fines de 1999 y fines de 2001. El presidente peronista Néstor Kirchner viajó a Alemania y recorrió junto a su esposa, la hoy presidenta senadora Cristina Fernández, el campo de concentración de Dachau, por el que pasaron unos 200.000 prisioneros, 45.000 asesinados en las cámaras de gas. Kirchner y Fernández recibieron al menos dos cartas de la fundación Wallenberg, reclamando la difusión y derogación de la circular de 1938 y la remoción de la placa, si no se hallara documentación para fundar el homenaje. Las cartas no han sido contestadas. Al retirarse de Dachau, Kirchner lamentó que el Holocausto hubiera ocurrido ”con el silencio y la complicidad” de civiles, y consideró que Alemania, al exponer abiertamente de aquellos campos de exterminio, es ”un modelo a seguir para hacer que una sociedad avance sin olvidar ni negar su pasado”.

(Fuentes: Crítica de la Argentina, Diario La Prensa-Buenos Aires, Clarín,BBC-Mundo e IPS )

Colombia:Liberación de rehenes

ALAN JARA, UN SECUESTRADO POLÍTICAMENTE INCORRECTO
Por Juan Cendales (*)

Las liberaciones o los rescates de los secuestrados en el marco de guerras y conflictos internos son un espectáculo cargado de emociones que las partes confrontadas o involucradas buscan capitalizar de alguna manera a su favor. Unos lo hacen con la astucia del manejo certero de la propaganda. Otros con mejores intenciones.
En el caso colombiano es evidente que las Farc han buscado recuperar imagen y reconocimiento político con las liberaciones unilaterales que ha realizado. Uribe utilizó a fondo la operación jaque con la que liberaron a Ingrid Betancur para sortear uno de los momentos más difíciles que atravesaba por los escándalos de la parapolitica que carcome a todo su movimiento político.
Los políticos liberados o rescatados, a pesar del drama vivido llegan preparados al momento de las luces y los flashes para reencaucharse en sus naturales aspiraciones políticas. Ingrid Betancur es a distancia la maestra. Cada palabra y cada gesto los tenía muy bien estudiados para que el acto sublime de la liberación, cuando se llega a los enjambres de periodistas esperando, fuera la plataforma de lanzamiento. A una candidatura presidencial, un premio nobel de paz o una canonización. La expectativa o la morbosidad carcomen a todos en las horas previas a la aparición. Y las primeras palabras, sonrisas y miradas son especialmente esperadas por los lentes y las cámaras de reporteros y periodistas cada día más especializados en el tema. El recibimiento de un liberado es semejante a los que se prodigan en sus países y pueblos a los campeones olímpicos. Además de los carros de bomberos nuestra tropicalidad incluye bandas de guerras, papayeras, voladores y harina. El sufrimiento convertido en heroísmo y en proeza. En carnaval. El periodista que transmitía para la Cadena Caracol relató la llegada de Alan Jara con el mismo tono y emoción latina con que se canta un gol o a la llegada del vencedor a la etapa más dura del tour de Francia.

Alan Jara, ex gobernador del departamento del Meta, fue liberado por las Farc luego de permanecer siete años y siete meses secuestrado. Su liberación y la de un ex diputado y cuatro militares fue un acto unilateral de la guerrilla como resultado de las peticiones planteadas en el marco del intercambio epistolar con el grupo de “Colombianos y colombianas por la Paz”, movimiento de la intelectualidad, la academia y los defensores de los derechos humanos y la paz.
Jara fue gobernador de su departamento por el Partido Liberal. El mismo de Álvaro Uribe Vélez. El Meta es una de las regiones donde mayor presencia hicieron los grupos paramilitares y donde cometieron algunas de las más sangrientas masacres. Miles de campesinos fueron asesinados, decenas de miles fueron forzados al desplazamiento y sus tierras arrebatadas. Es una de las regiones donde más se sintió el Genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista quienes llegaron a tener el 30% del electorado de la región. Allí fueron asesinados dos parlamentarios, dos diputados, tres alcaldes, decenas de concejales y más de mil dirigentes regionales y veredales. Los sobrevivientes han seguido siendo perseguidos.
Hasta Bogotá han ido a amenazar e intentar asesinar a quienes alcanzaron a salir de la región. El Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional ubicado en el municipio de Granada fue uno de los centros de detención, tortura y muerte. Víctor Carranza, ganadero y esmeraldero liberal, ha sido señalado como el más tradicional de los jefes paramilitares de la región. Y como uno de los más sanguinarios. Es un intocable. Uno de los más grandes beneficiarios de las licitaciones y concesiones esmeraldiferas.
El Castillo, Lejanías, Vista Hermosa, Granada, Medellín del Ariari, Mesetas y Puerto Esperanza son algunos de los pueblos que fundados por los desplazados de la violencia de los años cincuenta se convirtieron en prosperas regiones agrarias donde abundaba el plátano, el maíz, la yuca y el ganado. En este departamento, en la Uribe, se firmaron los acuerdos de paz de 1985 que dieron origen a la Unión Patriótica.

La larga rueda de prensa que dio Alan Jara tan pronto se bajó del helicóptero que lo traía de la selva han generado un gran debate y una gran polarización. Agradeció a mucha gente por su libertad. No nombraba para nada a Uribe. Reconoció que una vez estando secuestrado el temor a morir venía de las bombas y las balas del gobierno. Dijo que no le parecía que la guerrilla estuviera derrotada y que vio que muchos jóvenes están ingresando ante la ausencia de oportunidades. Se pronunció contra los rescates y cercos humanitarios y por el Acuerdo Humanitario y la paz. Al fin le preguntaron por Uribe y fue contundente en condenar su política de seguridad democrática y de guerra. Pidió ingresar al Movimiento de colombianos y colombianas por la Paz y dejó claro que aspira a llegar al Congreso de la República.
Fue un mal día para Uribe. Además de las duras declaraciones de Jara, el Comisionado de Paz le presentó renuncia pues había sido desautorizado en su idea de impedir que los periodistas estuvieran dentro del aeropuerto. Uribe lleno de ira y de soberbia se fue inmediatamente para Villavicencio a reclamarle a Jara por sus palabras. Y en un gesto de arrogancia infinita y de desprecio por todo, en la propia puerta de la casa de Alan Jara dio una rueda de prensa reafirmando su negativa a la paz, a los acuerdos humanitarios y de continuidad de los bombardeos a las zonas donde están ubicados los secuestrados.
. . . Ensalzando la soga en casa de alguien que casi muere ahorcado!

Rápidamente Jara está pasando de héroe a villano. De gobernador liberal y amigo de ganaderos, latifundistas y contratistas pasó a secuestrado. Del secuestro salió furioso por las negativas de Uribe a propiciar su libertad y por las bombas y balas del Ejército que muchas veces pusieron en peligro su vida. Probablemente será una nueva piedra en los cada día más incómodos zapatos del príncipe.
Hasta de loco lo están tildando ahora. Un supuesto especialista propone que los recién liberados no den declaraciones públicas hasta no pasar por lo menos ocho días en manos de psiquiatras. Seguro que es una recomendación del psiquiatra fracasado que trabaja como fracasado comisionado de paz especialista en rumores y renuncias. Ya van cuatro. ¡Pobres secuestrados!
De las cadenas y el silencio del horror del secuestro y del temor de las bombas de los cercos humanitarios deben pasar ahora a elogiar a Uribe o a quedarse callados, a la mordaza humanitaria. O correr el riesgo de ser satanizados, de ser señalados de haber sido adoctrinados, de tener el síndrome de Estocolmo, de estar amenazados o simplemente de ser .secuestrados políticamente incorrectos.

(*) Juan Cendales, es el seudónimo con el que Jaime Cedano Roldán, periodista y escritor colombiano, publica sus colaboraciones en el semanario Voz y en rebelión.org Fue Secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Patriotica y es miembro del C.C. del Partido Comunista de Colombia.
(Fuente: Rebelión )

4.2.09

Bolivia:La guerra del litio

JAPÓN TOMA LA DELANTERA EN LA DISPUTA CON EE.UU, EUROPA Y CHINA POR LA EXPLOTACIÓN DE LA PRIMERA RESERVA MUNDIAL DEL MINERAL ESTRATÉGICO, ABUNDANTE EN EL INMENSO SALAR DE UYUNI. LA NUEVA CONSTITUCIÓN RECIÉN REFRENDADA DA A LAS COMUNIDADES EL CONTROL DE LOS RECURSOS

Una delegación de la transnacional Sumitomo y legisladores japoneses visita Bolivia para mostrar su interés en participar en el proyecto para la explotación del litio, que adelanta ya el gobierno del presidente Evo Morales.

Sumitomo Corp. anunció que comprará todas las acciones de la estadounidense Apex Silver en San Cristóbal, la mina de plata más grande del país, ubicada a 40 kilómetros del Salar de Uyuni donde las reservas de litio se estima que llegan 40.0000 millones de toneladas. "Ellos (Sumitomo) están a un paso del yacimiento", dijo este miércoles el Director General de Minería, Freddy Beltrán.

"Lo que hace correr a las empresas es la visión del gobierno de industrializar el litio en el país" pero tanto Sumitomo, Mitsubishi, como la francesa Bolloré aceptaron participar en un "comité científico" y apoyar los planes oficiales bolivianos, aseguró Beltrán.
También Brasil, Japón, China, Corea del Sur, Francia y Rusia manifestaron su interés en el nuevo y prometedor proyecto boliviano.
El poder del litio, para Bolivia


Pero el gobierno de Evo Morales apuesta por tratar de que esta riqueza revierta de forma mayoritaria en el desarrollo del país y pretene fabricar en Bolivia las baterías de litio para la telefonía celular, como un primer paso, aunque el uso en la industria automotriz como sustituto del petróleo representa el mayor potencial para el litio.
Bolivia figura entre las naciones más pobres del hemisferio a pesar de sus ingentes recursos naturales y los bolivianos atribuyen el atraso a la condición de exportador sin apenas beneficios de materia prima: primero fue la plata, después el estaño y ahora el gas natural.
"Esa historia tiene que cambiar, no es posible que no fabriquemos ni un alfiler", señaló Beltrán.
Con una inversión de 6 millones de dólares, el mandatario puso en marcha en abril del año pasado la construcción de una planta piloto que comenzará a producir de forma experimental carbonato de litio en 2010.
"Es la primera de seis fases, queremos experimentar con tecnologías para obtener litio de las salmueras. Después se montará una planta industrial a mayor escala que podría estar operando en 2014", aseguró. "El momento en que se necesario apoyo para la industrialización buscaremos socios".
La planta piloto en Río Grande, cerca del Salar de Uyuni, a 380 kilómetros al sur de La Paz, tiene un avance del 30% y estará finalizada a fin de año.

Con 12.000 kilómetros cuadrados, el Salar de Uyuni es uno de los mayores desiertos de sal del mundo, situado cerca de la frontera con Chile. También es uno de los mayores destinos turísticos.
Los precios del litio en el mercado se dispararon de 200 dólares la tonelada hace unos años a 3.000 en la actualidad.
La nueva Constitución aprobada en referendo el 25 de enero otorga al Estado el control de los recursos estratégicos.
Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos en 2006 y su mayor apuesta ahora es la industrialización del gas y busca socios para ello.

Aumenta el interés por el litio de Bolivia

El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Hugo Miranda, resalta el interés mostrado por empresarios de Asia, Europa y Estados Unidos de adquirir futuras producciones de litio.
"Ellos están enterados de nuestros proyectos en el Salar de Uyuni y manifiestan su disposición de comprar ese importante recurso", explica a la prensa.
De acuerdo con el dirigente, en noviembre debe comenzar operaciones una planta piloto ubicada en el desierto de sal más grande del mundo, de unos 12 mil kilómetros cuadrados, considerado la primera reserva mundial de litio , de alta demanda para fabricar baterías.
La inversión inicial de la obra ronda los seis millones de dólares, los cuales dada la demanda se recuperarán en poco tiempo, precisó el máximo ejecutivo de la COMIBOL.
Según Miranda, las naciones con mayor interés son hasta el momento Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos.
A finales del mes pasado el ministro boliviano de Minería, Alberto Echazú, dio a conocer en Chile el proyecto, que en su etapa inicial rendirá unas 40 toneladas de carbonato de litio para la exportación.
Para el presidente Evo Morales, la industria del litio es una prioridad en aras del desarrollo del país. "Los gobiernos neoliberales intentaron subastar a las transnacionales el enorme potencial existente en el Salar de Uyuni, pero nosotros queremos socios y no patrones", aseguró el jefe de Estado al referirse a la presencia extranjera en la explotación de los recursos naturales.
El Salar de Uyuni, una inmensa riqueza


Más de 10 mil kilómetros cuadrados que albergan unas 800 millones de toneladas de litio, convierten a buena parte del Potosí boliviano en una zona más que apetitosa para la industria automotriz del mundo. El mineral que yace bajo su subsuelo podría abastecer al creciente mercado de las baterías de litio. Los habitantes de la región han ganado la pelea para evitar que las multinacionales exploten el mineral, pero también consideran que esta enorme riqueza debe beneficiar a todo el país.

El valle del Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, ubicado a 3.650 metros de altitud sobre el nivel del mar, se ha convertido para sus habitantes y para influyentes empresarios de la industria automotriz en la gallina de los huevos de oro. El litio que yace bajo las salmueras de su subsuelo podría abastecer al creciente mercado de las baterías de litio, que permitiría a las empresas de automóviles del mundo producir coches eléctricos con una mayor autonomía.

Alrededor de este mar de sal habitan unas 60 mil personas. Durante décadas, la explotación de la sal y los recursos que se derivan de la llegada de 60 mil turistas al año, han sido su forma de subsistencia. Sin embargo, desde hace más de 15 años emprendieron una lucha por evitar que los valiosos recursos naturales que alberga elvalle, fueran a parar a las manos de las empresas multinacionales.
Es así como en 1992 impidieron la adjudicación de una licitación a la empresa estadounidense Lithium Corporation (Litco) que pretendía ocuparse de la explotación de este recurso. Ante el boom de la demanda mundial de este mineral , las comunidades de la zona diseñaron un proyecto de extracción que fue presentado al presidente Evo Morales. El mandatario decidió apoyar la iniciativa, y destinó los recursos necesarios para emprender la construcción de una planta piloto de procesamiento que pretende producir unas 40 toneladas al mes y que está a cargo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Todo este proyecto se ha dado en el contexto del proceso de la aprobación de la Nueva Constitución de Bolivia, que otorga la propiedad del subsuelo a las comunidades y no al Estado como ocurría antes, aunque sea éste, en última instancia, el que se encargue de la administración de los recursos naturales.

Una propiedad que reivindica la población de la región, pero que en palabras del Secretario Ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores del Altiplano Sur, Francisco Quisbert, se distancia de la posición asumida por las provincias de la Media Luna, ricas en gas. "Se van a generar regalías, y estas regalías van a ser distribuidas mediante una ley. Vamos a crear una empresa social pública que las regulará, pero principalmente tiene que quedar para beneficio de la región, el departamento y el país. Somos diferentes a las propuestas que se hacen desde la Media Luna en Santa Cruz, en donde sólo quieren la riqueza para ellos. Lo que nosotros planteamos es que esto tiene que servir para la región, el departamento y el país"


En Bolivia la riqueza sin explotar choca con el nacionalismo

SIMON ROMERO (*)
The New York Times

( Este artículo fue publicado por el -¿'progresista'?- diario norteamericano el pasado 2 de Febrero y es una muestra de la cortedad de miras y la capacidad de manipular de los grandes medios, cuando de defender el indefendible derecho de rapiña de sus transnacionales se trata)

Uyuni, Bolivia - En la carrera para construir la próxima generación de coches eléctricos o híbridos, una triste realidad opone a los fabricantes de automóviles con los gobiernos que tratan de reducir su dependencia del petróleo extranjero: casi la mitad de las existencias mundiales de litio, el mineral necesario para movilizar los futuros vehículos, se encuentra aquí en Bolivia, un país que puede no estar dispuesto a renunciar a él tan fácilmente.

Empresas japonesas y europeas están muy ocupadas tratando de presentar ofertas competitivas que les permitan obtener concesiones para aprovechar esos recursos, pero un sentimiento nacionalista en torno del litio está creciendo rápidamente en el gobierno del Presidente Evo Morales, un férreo crítico de los Estados Unidos que ya ha nacionalizado el petróleo y el gas natural bolivianos.

De momento el gobierno habla de controlar estrechamente el litio manteniendo a los extranjeros al margen. Por añadidura, los grupos indígenas del remoto desierto de sal de Uyuni donde descansa esa inmensa reserva del mineral estratégico, están reclamando su derecho a participar de la todavía hipotética riqueza.

"Sabemos que Bolivia puede convertirse en la Arabia Saudita del litio", nos dijo Francisco Quisbert, 64 años de edad, el líder de Frutcas, un grupo de recolectores de sal y agricultores de quinua que trabajan en el borde del Salar de Uyuni, el más grande del mundo. "Somos campesinos pobres, pero no estúpidos. El litio puede ser de Bolivia, pero también es de nuestra propiedad. "

La nueva Constitución que el Sr. Morales logró que fuera mayoritariamente aprobada por los votantes el mes pasado ha reforzado esas reivindicaciones. Una de sus disposiciones confiere a los indios el control sobre los recursos naturales de su territorio, fortalece su capacidad para obtener concesiones de las autoridades o de empresas privadas, e incluso les faculta a bloquear proyectos mineros.

Nada de esto, sin embargo, condiciona los esfuerzos de los extranjeros incluidos los holdings japoneses Mitsubishi y Sumitomo y un grupo liderado por el empresario industrial francés, Vincent Bolloré. En los últimos meses, los tres han enviado representantes a La Paz, la capital, para estudiar con el gobierno del Sr. Morales sus posibilidades de acceder a la explotación del litio, un componente imprescindible para el funcionamiento de las baterías o fuentes de poder para vehículos y otros aparatos electrónicos.


"Hay lagos de sal en Chile y Argentina y un prometedor depósito de litio en el Tíbet, pero la joya está en Bolivia," nos dijo en LaPaz Oji Baba, un ejecutivo de la Unidad de Metales Base, de Mitsubishi. "Si queremos liderar la próxima generación de automóviles y de las baterías que los moverán, entonces tenemos que estar aquí".

Mitsubishi no está planificando en solitario la producción de coches cargados con baterías de litio-ion. También los convalecientes fabricantes estadounidenses de automóviles tienen puestas sus esperanzas en el litio.

Uno de ellos es la General Motors, con sus planes para desarrollar el próximo año Volt, un coche que incorpora una batería de iones de litio junto con un motor de gas. Nissan, Ford y BMW, entre otros fabricantes, también tienen proyectos similares.

La demanda de litio, el mineral usado en pequeñas dosis en la elaboración de medicamentos para la estabilidad emocional, así como para fabricar armas termonucleares, ha crecido significativamente por la demanda de fabricantes de baterías para teléfonos-palm Blackberrys y otros dispositivos electrónicos que utilizan ese mineral. Pero, según los analistas, la industria del automóvil tiene el mayor potencial de uso del litio. Al pesar menos que el níquel, que también se utiliza en las baterías, el litio -o las baterías de litio- permitirían a los coches eléctricos almacenar más energía y recorrer grandes distancias.

Al igual que la administración Obama y otros gobiernos que tratan de aumentar la eficacia del combustible y reducir su dependencia del petróleo importado, las empresas privadas (estadounidenses) están poniendo su atención en este desolado rincón de los Andes, donde los indígenas de habla quechua subsisten en un antiguo mar interior con el trueque de la sal que transportan sobre las caravanas de llamas.

Según un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos 5,4 millones de toneladas de litio podrían ser extraídas en Bolivia, en comparación con 3 millones en Chile, 1,1 millones en China y sólo 410.000 en los Estados Unidos. Por su parte, geólogos independientes estiman mucho más grandes las reservas de litio que Bolivia podría tener en el salar de Uyuni y en sus otras superficies salinas, a pesar de que la altitud sobre el nivel del mar y la calidad de las reservas podría dificultar el acceso a esos yacimientos minerales.

Si bien las estimaciones varían ampliamente, algunos geólogos opinan que la fabricación de coches eléctricos en las próximas décadas podría basarse casi exclusivamente en las reservas de litio de Bolivia.

Pero en medio de ese potencial, los empresarios extranjeros deseosos de aprovechar las reservas de litio de Bolivia deben sortear la política del Sr. Morales, de 49 años de edad, que ha chocado repetidamente con las de Estados Unidos de América, con las de Europa e incluso con las de inversores de América del Sur.

En 2006 el Sr. Morales conmocionó al vecino Brasil, al que Bolivia tenía concedidas condiciones favorables, con la nacionalización del gas natural y la consiguiente fuerte subida de los precios. Morales llevó a cabo su más reciente nacionalización antes del referéndum sobre la Constitución celebrado en enero, con el envío de soldados para ocupar las plantas de operación de la gigante petrolera británica BP (British Petroleum).

En la sede que la Comibol, la agencia estatal que supervisa los proyectos mineros, tiene en La Paz la política del Sr. Morales de combinar el socialismo con la defensa de los indios de su país aparece ampliamente destacada. Copias de “Cambio”, un nuevo periódico gubernamental, están disponibles en el lobby mientras que los carteles del Ché Guevara, el icono de izquierda muerto en Bolivia en 1967, aparecen en la entrada de las oficinas de esa compañía.

"El anterior modelo imperialista de explotación de nuestros recursos naturales no se repetirá nunca en Bolivia", nos dijo Saúl Villegas, jefe de una división de Comibol que supervisa la extracción de litio. "Quizás podría haber la posibilidad de aceptar a empresas extranjeras como socios minoritarios, o mejor aún, como nuestros clientes".

Con ese fin, Comibol está invirtiendo cerca de 6 millones de dólares en una planta pequeña, cerca de la aldea de Río Grande en el borde del Salar de Uyuni. En ese paraje semejante a un blanco paisaje lunar se espera comenzar el primer esfuerzo boliviano a escala industrial para explotar una mina de litio transformando el mineral en carbonato para baterías.

El primer paso ejecutado por los técnicos es obtener una salmuera o agua saturada con sal que se encuentra en las profundidades del desierto de sal y trasladarla a bateas o piscinas en la superficie. Ahí el líquido se evapora y queda el litio como materia residual. El Presidente Morales quiere que la planta de acabado esté lista a finales de este año.

A finales de enero los obreros se dedicaban con frenesí a cumplir ese objetivo trabajando bajo el sol en espacios demarcados por pequeñas paredes de ladrillo. Durante una comida de estofado de llama y una Pepsi, Marcelo Castro, de 48 años de edad, el administrador supervisor del proyecto, explicó que, además de la transformación del litio, la planta tenía otro objetivo.

"Por supuesto, el litio es el mineral que nos llevará a la época post-petróleo", dijo el Sr. Castro. "Pero para ir por ese camino, debemos aumentar la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo, a partir de la constitución de esta fábrica."

Más allá de esta pequeña planta, algunos analistas de la industria del litio sostienen que Bolivia, una de las naciones menos desarrolladas de América Latina, debe invertir mucho más para empezar a producir carbonato. Porque con un crecimiento económico lento y una disminución de los precios del petróleo que limita la ayuda que recibe de su principal mecenas, Venezuela, no queda claro cómo Bolivia podrá desarrollar por sí sola este proyecto.

Sin embargo, aunque el Sr. Morales defiende el derecho estatal de un mayor control de la economía así como de todos los proyectos de petróleo y gas, algunos especialistas de esa industria son optimistas de que finalmente el Gobierno concederá a algunas empresas extranjeras permiso para permanecer en el país como socios minoritarios.

La minería del litio en Bolivia tiene su propia historia de ajustes e inicios. En el decenio de 1990, la oposición nacionalista encabezada por Gonzalo Sánchez de Lozada, un millonario propietario de concesiones mineras que más tarde devino presidente de Bolivia, vio frustrado un plan de Lithco, una empresa estadounidense, para aprovechar los depósitos de litio bolivianos.

Esa historia, junto a las actuales tensiones del Presidente Morales con Washington, podría ayudar a explicar por qué las empresas estadounidenses parecen estar al margen de las compañías extranjeras que buscan aquí oportunidades para explotar litio.

Sánchez de Lozada fue finalmente obligado a dimitir como presidente en 2003 después de que el Sr. Morales encabezara las protestas contra sus esfuerzos para exportar gas natural con la ayuda de capital extranjero.

Mientras Bolivia reflexiona sobre la mejor forma de aprovechar sus reservas de litio, las naciones con existencias más pequeñas del mineral están aumentando sus reservas. China ha emergido como una de las principales productoras de litio, aprovechando las reservas descubiertas en unas salinas del Tíbet.

Por su parte los geólogos y economistas están debatiendo si las reservas mundiales de litio, exceptuadas las de Bolivia, son suficientes para satisfacer una escalada en la demanda mundial. Keith Evans, un geólogo con sede en California, sostiene que los recursos accesibles de litio fuera de Bolivia son significativamente mayores de lo estimado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Juan Carlos Zuleta, un economista en La Paz, dijo: "Tenemos la más hermosa reserva de litio del planeta, pero si no entramos ahora en la carrera para explotarla perderemos esta oportunidad. El mercado está buscando otras soluciones para las necesidades mundiales de baterías.”

En el inmenso desierto salino de Uyuni, ese debate les parece lejano y ajeno a los que aún trabajan como sus antepasados acumulando la sal manualmente, fuera de la tierra, en montones cónicos que dibujan el horizonte como un espejismo geométrico. El litio encontrado bajo la superficie de este desierto parece aún más remoto para estos recolectores de sal del siglo XXI.

"He oído hablar del litio, pero yo sólo espero que pueda crear trabajo para nosotros", dijo Pedro Camata, de 19 años de edad, con su rostro protegido del sol implacable por un pasamontañas y con unos lentes de sol baratos cubriéndole los ojos. "Sin trabajo aquí uno está muerto."

(*) La traducción de este artículo es una gentileza del periodista boliviano Enrique Araoz Cuéllar

(Fuentes: AP, Red Erbol, AFP, Prensa Latina, Radio Nederland y The New York Times)

3.2.09

Latinoamérica:Crisis perpetua

MILLONES DE NIÑOS TRABAJAN EN LA REGIÓN A CAMBIO DE COMIDA Y ALOJAMIENTO. EL 20 % DE LA POBLACIÓN HABITA VIVIENDAS INDIGNAS O PRECARIAS. LA CUMBRE DE ALBA PONE EN MARCHA UNA EMPRESA PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, dieron a conocer los resultados de una investigación sobre trabajo doméstico de niñas y niños en América Latina, que muestra el grave problema que, en algunos países, afecta a más del 10 por ciento de la población infantil. El informe aparece en el boletín Desafíos Nº 8, publicación conjunta de la Cepal y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Unicef.
La investigación estuvo centrada en las tareas domésticas no remuneradas, y da cuenta que las niñas son las más afectadas, con consecuencias negativas incluso en sus trayectorias laborales futuras. El estudio concluye que en la mayoría de los países la proporción de niñas que dice dedicarse principalmente a los quehaceres domésticos, triplica a los niños.
Según la investigación, que lleva por nombre El Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe:su cara invisible , los niños son quienes están más expuestos al trabajo remunerado fuera del hogar, mientras que las niñas realizan las tareas domésticas, ya sea en sus hogares o en los ajenos.
“A menudo, el trabajo no remunerado en los hogares no se reconoce ni se califica como intolerable o inaceptable, pues se sabe menos sobre él. Además, su invisibilidad estriba en que no califica como producción tradicional y por lo tanto no se mide por los indicadores económicos tradicionales ”, señala el estudio.

El documento presenta testimonios de niñas y adolescentes de varios países de la región, quienes cuentan su experiencia como trabajadoras domésticas.

Guatemala es el país con más niñas dedicadas al trabajo doméstico (14,4%), seguido por Honduras (10,3%), Nicaragua (9,8%) y El Salvador (6,7%). Además, el estudio señala que muchas niñas ejercen trabajo no remunerado dentro de sus propios hogares, asumiendo responsabilidades inadecuadas para su edad.

Frecuentemente, el trabajo no remunerado en los hogares se acepta mientras no interfiera con el acceso a la escuela y sea compatible con los horarios de colegio. "En el Ecuador, la población infantil femenina trabaja en quehaceres domésticos 3,8 horas semanales más que la masculina y en México, en la población de 12 a 14 años, esta brecha aumenta a 11,4 horas semanales. En síntesis, en cualquier situación las niñas trabajan más que los niños en tareas domésticas no remuneradas", resalta el informe.

El documento destaca datos que expresan la gravedad de la situación en la América Latina. En Argentina, cerca de 8 de cada 10 niños y niñas de 14 a 17 años realizan trabajo doméstico no remunerado y que la mayor participación de las niñas se torna decisiva a partir de los 13 años, volviéndose aún mayor entre las adolescentes.
En Paraguay, el trabajo doméstico infantil continúa siendo una actividad realizada por la población rural y las mujeres y los niños de 5 a 14 años trabajan poco más de la mitad de la carga horaria de un adulto (54,4%), especialmente las niñas quienes llegan a completar 44 horas sin descanso en su condición de criadas o empleadas domésticas.

Trabajo en casa, abandono escolar

Además, el informe revela que, en Chile, el 33% de los niños y niñas que trabajan para el propio hogar han desertado del colegio y en el Brasil esta cifra alcanza al 21%, en el año 2000. Así, las organizaciones recomiendan promover políticas educativas y laborales que transformen el pacto familiar de subordinación de las niñas en otro de derechos y responsabilidades compartidas.

Pese a que los niveles de trabajo infantil en Chile son más bajos que en el resto de Latinoamérica, un 33% de los niños y niñas que trabajan para el propio hogar han desertado del colegio. En comparación con el resto de América Latina, Chile posee la tasa más baja de trabajo juvenil de mujeres (cercanas al 17%), es seguido por Argentina (22% aproximadamente) y Ecuador (38% aproximadamente). En el caso de los hombres, del mismo rango etario que trabajan, la cifra alcanza el 11%, le sigue Argentina con un 12%.
Respecto a las mujeres entre 15 y 19 años que estudian, Chile posee la tasa más alta, con un 69% del total, le sigue Argentina con un 67% y Ecuador con un 52%. En el caso de los hombres, Chile ocupa el segundo lugar siendo superado por Argentina.

El 20% de la población de AL sufre problemas habitacionales


En América Latina el 20% de la población vive en condiciones de inseguridad habitacional y sufre por los desalojos y la falta de políticas para la vivienda digna. La información ha sido revelada por el dominicano Pedro Franco, coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes y de la Campaña "Cero Desalojos" para América Latina, durante el Forum Social Mundial 2009, que se clausuró el domingo, en Belem (Pará), Brasil.
"En América Latina la situación habitacional, de la vivienda, de la tierra, es muy difícil. Estudios nos indican con claridad que los desalojos forzados constituyen el indicador más relevante de las violaciones de los derechos a la vivienda y habitación en la región", dijo el dirigente.
Según afirmó, todos los países -con diferentes situaciones- presentan cuadros de deficiencia de viviendas para sus habitantes. Tomando como ejemplo el caso brasilero, Franco resalta el fenómeno de la favelización (migración hacia las favelas o villas miserias), uno de los casos más graves de la región. "Son cerca de ocho millones de personas en condiciones de vivienda no favorables", dijo.

Para él, las imposiciones de las políticas neoliberales en la región contribuyeron a que los problemas de vivienda fueran agravándose rápidamente.
En México, que tiene un déficit habitacional de casi seis millones de personas, los casos de "Libretas de Empleo Vencidas" son muy graves, así como en Argentina. En Ciudad de Panamá, explicó Franco, la modernización del Centro Histórico está realizándose perjudicando a los habitantes del área. "Si nos desplazamos hacia la cuestión ambiental, en Panamá existe la presencia de varias transnacionales que expulsan a las personas de sus hogares".

En América Central, continúa el Plan Puebla-Panamá que es una amenaza latente al derecho habitacional. Dentro del modelo neoliberal, la idea de abrir caminos para el transporte de mercaderías desde el océano Atlántico hacia el Pacífico implicaría el desalojo de más de 200 mil familias en Guatemala, El Salvador y Honduras.
"En República Dominicana, mi país, el 70% de la población tiene problemas con la titularidad. En fin, los problemas son diversos, pero convergen hacia uno único: la falta de respeto de los derechos humanos básicos", afirmó.
Para él, es necesario tener una noción más comprometida con la propiedad, que debe tener función social. "En vez de ser el boom inmobiliario que sea el derecho a vivir con dignidad. Tenemos que implantar la idea de que la propiedad es comunitaria, también es cooperativa, también es colectiva. Los estados tienen que tener un rol importante en esto. Por eso los movimientos sociales en Bolivia y Ecuador se hicieron eco y alcanzaron propuestas que se están discutiendo, exponiendo la necesidad que todos los estados se comprometan con esa función social de la propiedad".
En todo el mundo, se estima que existen 1.200 millones de personas que viven en situación habitacional difícil. La perspectiva es que, para 2020, si no se realizan acciones serias, este número se multiplique.
Seguridad alimentaria con el ALBA


Los países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) acordaron ayer en la cumbre presidencial extraordinaria de Caracas, la constitución de una empresa grannacional de alimentos, para promover la seguridad alimentaria regional.

Esa empresa "va a nacer con un aporte de 50 millones de dólares" proveniente de un fondo creado en 2008 y que será administrado a través del Banco del ALBA. El ALBA es un foro de integración política, económica y cultural formado por Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, y sus empresas son llamadas "grannacionales" porque son desplegadas en todos los países. Sus gobiernos rechazan los tratados de libre comercio, sobre todo con los países más poderosos, y promueven en cambio una integración que supere ampliamente la compra-venta de productos.
El presidente anfitrión, Hugo Chávez, informó que en el encuentro de pocas horas se acordó impulsar la iniciativa ALBA-alimentos, que busca incrementar la producción sustentable de alimentos entre los seis países miembros. La reunión, convocada también para celebrar los diez años de gobierno de Chávez y revisar la marcha de los proyectos comunes, no abordó el tema de una moneda única, denominada Sucre, como estaba previsto, y su estudio quedó pendiente para una reunión que se efectuará en Cuba el 26 de febrero, explicó el mandatario.
Durante la reunión, los mandatarios Evo Morales, de Bolivia, Manuel Zelaya, de Honduras, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Chávez, así como el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y el primer vicepresidente cubano, José Ramón Machado, alabaron los avances del grupo creado en 2004 por Caracas y La Habana y ponderaron su vigencia. "El ALBA es expresión del nuevo espacio geopolítico, el amanecer de una nueva era", destacó Chávez al inaugurar las deliberaciones. Añadió que la cumbre conmemora "el día que abrió una época no sólo en Venezuela, sino en América Latina, comenzó el alba de la nueva época de liberación, de desarrollo de los pueblos de América Latina".

El vicepresidente de Cuba declaró que el ALBA "ha beneficiado a millones de personas" con sus programas de atención médica, alfabetización, producción de alimentos y cooperación energética. Aseguró que el ALBA "es la única opción viable en estos momentos de crisis y turbulencia económica" y será "el instrumento de nuestra nueva independencia". El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró que "la solidaridad de nuestros pueblos" a través del modelo de integración que promueve el organismo, "resulta imprescindible para enfrentar los efectos de la crisis". Mientras, Skerrit llamó a trabajar juntos en el ALBA para garantizar así la permanencia de programas educativos, de salud y de vivienda frente a la crisis económica mundial. A la reunión también asistió el ministro de Trabajo de Uruguay, Eduardo Bonomi.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital, La Tercera-Chile y ANSA-Latina )

2.2.09

Colombia:Liberación rehenes

URIBE PONE EN PELIGRO LAS ENTREGAS AUN PENDIENTES DE DOS POLÍTICOS AL PROHIBIR QUE CONTINÚE LA MISIÓN HUMANITARIA. EL EJÉRCITO TRATÓ DE OBSTACULIZAR LA OPERACIÓN QUE CONCLUYÓ CON LA LIBERACIÓN DE TRES POLICÍAS Y UN SOLDADO


El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, suspendió este lunes la participación de una misión humanitaria en la liberación de dos políticos secuestrados por las FARC, una decisión que podría dificultar la entrega inmediata de los rehenes.


El mandatario anunció la decisión después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron este domingo en la selva a tres policías y un soldado secuestrados desde hacia meses, en la primera entrega unilateral en casi un año que se retrasó por un supuesto intento de sabotaje del Gobierno, según denunció la misión que recibió a los rehenes.
"La necesidad humanitaria de liberar a los secuestrados ha sido utilizada, en contra de lo acordado, en incitación y estímulo al grupo secuestrador, narcotraficante y terrorista de las FARC", dijo Uribe.
"Se autoriza exclusivamente al Comité Internacional de la Cruz Roja y a su apoyo logístico otorgado por la República de Brasil, para continuar en esta operación, lo cual es suficiente para un acto humanitario", aseguró el mandatario.

La misión humanitaria encabezada por la senadora Piedad Córdoba, que tenía previsto este lunes recibir la liberación del ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara y el miércoles al ex diputado del departamento del Valle Sigifredo López.


Uribe anunció la suspensión de la misión humanitaria poco después de la explosión de un coche- bomba contra una instalación de la Policía en la ciudad de Cali, al suroeste del país, que dejó dos muertos, incluido uno de los atacantes. Según el presidente colombiano, se trata de un atentado de las FARC.


El ejército intentó boicotear la entrega



Ayer se cumplió, aunque con algunos inconvenientes, la entrega a una misión humanitaria, de tres policías y un militar, en un punto de la selva del departamento de Caquetá, al sur de Colombia. La larga jornada concluyó cuando tocó pista en el aeropuerto La Vanguardia, en la ciudad de Villavicencio, el helicóptero que llevaba a la comisión humanitaria y los cuatro liberados.
Según se conoció la entrega estaba prevista para la mañana, pero se postergó hasta entrada la tarde porque aviones de la fuerza aérea colombiana sobrevolaron durante más de dos horas el área donde debía realizarse el encuentro.
Así lo denunció a su llegada a Villavicencio el periodista Jorge Enrique Botero, miembro de la misión humanitaria, quien aseguro tener imágenes de video y audio que demuestran el accionar de los militares.
La denuncia fue desmentida por el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien dijo que no había presencia militar en la zona e insistió en que el gobierno dará todas las garantías para las liberaciones. Sin embargo, fue corroborado por la directora de la organización no gubernamental Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez, también miembro de la misión humanitaria.
Sánchez aseguro que aviones militares sobrevolaron de forma insistente en el momento en que el helicóptero se dirigía al lugar donde recogerían a los cuatro liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que eso puso en riesgo la misión y obligó a cambiar el lugar en donde iban a recoger a los prisioneros, por lo cual la operación se retrasó varias horas.


Jorge Enrique Botero, informó que la senadora colombiana Piedad Córdoba hará la denuncia de las acciones del Ejército colombiano y presentará el video respectivo. "Vamos a poner en conocimiento de la opinión pública estas grabaciones que están en nuestro poder donde se detecta con claridad el seguimiento que estaban haciendo del helicópetero que nos estaba transportando, las coordenadas que ibamos atravezando, dan órdenes, incluso dicen hay que ubicarlos por tierra, en fin, mientras tanto llegamos a otro punto donde escuchábamos claramente los sobrevuelos que hacían en círculos". Botero añade que el Comité Internacional de la Cruz Roja, se comunicó de inmediato desde Bogotá y confirmó que había ordenes de mandos militares para realizar ese seguimiento. "Esa grabación que acontenció hace unas horas las tenemos y la senadora Piedad Córdoba las denunciará apenas lleguemos", reiteró.

Por su parte Jairo Martínez, Comandante de las FARC encargado de la entrega de los rehenes denunció que un guerrillero murió y otro está desaparecido, por combates con el ejército: "Nosotros perdimos a un guerrillero, de nombre Saúl, y el Ejército nos tiene desaparecido a otro que ha sido parte de la guardia de los prisioneros de guerra", declaró desde una zona que identificó como Cartagena en el Río Caguán, paraje Cristales. Ante el asedio del ejército colombiano Martínez recordó que la responsabilidad asumida por las FARC es entregar a los retenidos por esta guerrilla con vida.


En esta primera etapa de liberaciones,fueron puestos en libertad los miembros de la fuerza pública Juan Fernando Galicia Uribe, Alexis Torres Zapata, Wálter José Lozano Guarnizo y William Giovanny Domínguez Castro.


Uno de ellos, el patrullero de la Policía Juan Fernando Galicia, desde junio de 2007 en poder de las FARC, dijo que lo más duro del cautiverio fue la presión de las tropas militares. "Sentíamos presión todos los días", dijo el policía al realizar unas breves declaraciones a la prensa. El uniformado llegó al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio vestido con ropa sport y botas de caucho. Galicia fue secuestrado junto a otros dos uniformados liberados ayer, en momentos en que se dirigían a cumplir una misión en el departamento de Caquetá.

El grupo humanitario que gestionó las liberaciones y que encabeza la senadora Piedad Córdoba está integrado por miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper y la defensora de derechos humanos Olga Amparo Sánchez.

Nuevos datos sobre la muerte de Manuel Marulanda


El fundador de las FARC, Manuel Marulanda, falleció en medio del asedio de los militares y su entierro se produjo en un lugar selvático del sur del país, en un ceremonia a la que sólo asistieron los máximos jefes de esas organización. Así lo reveló una joven desertora de las FARC al diario regional El Nacional, de la ciudad de Neiva, que además de publicar hoy la versión de la guerrillera, divulgó una foto de Marulanda muerto. "No podía comunicarse con sus comandantes y el ejército nos pisaba los talones", dice la supuesta guerrillera, llamada por el diario como "Anayibe" (nombre ficticio). Asegura que era integrante del Bloque Oriental de las FARC y compañera sentimental de uno de los escoltas de Marulanda.
Según la mujer, el 26 de marzo de 2008 a "las nueve de la mañana cuando el camarada Manuel se desvaneció, Sandra, su eterna compañera lloraba. Algunas guerrilleras también lo sintieron". Anayibe contó al rotativo que "El camarada Manuel quedó hinchado, tenía el cabello largo. Su cabeza quedó sostenida de una toalla azul con una franja blanca. Sus brazos permanecían cruzados sobre su estómago y su cuerpo fue vestido con un camuflado americano nuevo".
De acuerdo a la versión de la mujer, las ropas militares que le pusieron al legendario jefe guerrillero no eran de su talla "pero no encontramos otro igual. Por eso el uniforme aparece arremangado" en la fotografía del cuerpo. "Alfonso Cano, ideólogo y hoy comandante máximo de la guerrilla, lo acompañó hasta el último momento", aseguró Anayibe a La Nación. Y afirmó que Marulanda, cuyo verdadero nombre era Pedro Antonio Marín, fue trasladado bajo la custodia de 250 hombres desde algún lugar del departamento del Guaviare, sur del país, hasta un sitio ubicado entre los ríos Pato y Guayabero, entre los departamento de Caquetá y Meta. Según la mujer al sepelio de líder guerrillero sólo asistieron los jefes del grupo y no se permitió "la presencia de guerrilleros rasos. Aislaron la zona para evitar la llegada de milicianos que pudieran conocer el lugar exacto de la tumba",según la supuesta guerrillera.

Editorial de La Jornada (México)
Colombia: rehenes liberados


La liberación de tres soldados y un policía cautivos por las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia (FARC), así como lo que parece ser la inminente puesta en libertad de dos civiles por ese mismo grupo guerrillero, son datos esperanzadores que apuntan a la posibilidad de una reactivación de las vías políticas para resolver el añejo problema de la insurgencia colombiana.
Es pertinente tener en cuenta que las liberaciones mencionadas fueron producto de una determinación unilateral de la organización armada y que en esta ocasión, a diferencia de episodios anteriores relacionados con los secuestrados por las FARC, el gobierno de Álvaro Uribe no ha tenido injerencia significativa y no ha podido, en consecuencia, trocar una operación humanitaria en una escalada de guerra, como ha hecho en diversas ocasiones. En otros términos, la entrega de los cuatro rehenes tuvo éxito, en buena medida, porque la Casa de Nariño fue marginada de la operación y porque fue posible contener su obsesión por ejecutar una movilización militar de “rescate” o una maniobra de soborno de efectivos guerrilleros mediante recompensas en efectivo.

En consecuencia, las más recientes liberaciones muestran la improcedencia de la receta del aplastamiento bélico de la guerrilla, preconizada por Uribe, y confirman que hay otras maneras de obtener la libertad de los secuestrados. Tal vez sean también indicativas de una voluntad de dirigentes de las FARC para alentar una negociación que ponga fin al conflicto.
Se ha señalado la posibilidad de que, en el seno de la organización guerrillera, factores de debilidad por los golpes militares recibidos, la muerte del legendario dirigente Manuel Marulanda, Tirofijo, y el asesinato o la deserción de otros dirigentes guerrilleros hayan llevado a un cambio de actitud y a la búsqueda de un espacio político para ensayar un proceso de paz.

Es necesario tener en cuenta también que el régimen de Álvaro Uribe acusa el desgaste político causado por su belicismo, por los incidentes diplomáticos que ha causado y por los severos señalamientos de la comunidad internacional sobre las masivas y atroces violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado. Pero la mayor debilidad de Uribe en el momento actual es haber perdido a su principal aliado y patrocinador, George W. Bush, y la incertidumbre sobre las posturas que adoptará el gobierno de Barack Obama ante el conflicto colombiano.
En tales circunstancias, es claro que ambas partes –la Casa de Nariño y la organización guerrillera– deben abrirse a la perspectiva de una negociación que ponga fin al más antiguo conflicto armado en el continente. Es claro que hoy en día las causas de transformación social no tienen nada que ganar por medio de la violencia y que ésta termina por pervertir y distorsionar las reivindicaciones políticas y económicas originales y por acercar a los movimientos sociales que la practican a los inciertos linderos de la delincuencia común. Pero también es cierto que la represión y la fuerza bruta no resuelven las causas profundas que alimentan a la insurgencia y que, además de dejar un saldo inaceptable y atroz en abusos contra la población civil y una grave erosión del estado de derecho, no logran, derrotar la rebeldía en forma definitiva.
La situación parece propicia, pues, para que los gobiernos latinoamericanos insten a ambas partes a sentarse a la mesa de negociaciones y, en esta perspectiva, a que se reconozca plenamente el estatuto de las FARC como fuerza beligerante, a fin de dotarla de capacidad de interlocución. Tal es el único camino para terminar con una de las raíces más acendradas de la violencia en Colombia, y tarde o temprano habrá que recorrerlo.

(Fuentes: Reuters, Prensa Latina ,TeleSur, ANSA-Latina, ABN y La Jornada-México)

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