Saharauis, los ojos del desierto

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30.6.09

Honduras:Golpe Militar y Resistencia

REPRESIÓN BRUTAL DE LOS GOLPISTAS CONTRA LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA POPULAR. EL EJÉRCITO DIVIDIDO, CON DESTACAMENTOS 'REBELDES' EN CUATRO DEPARTAMENTOS


Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
COMUNICADO URGENTE

A la comunidad nacional e internacional
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, expresa su más enérgica CONDENA frente a la sangrienta y fascista represión por parte de agentes de las fuerzas especiales y antimotines enviadas por el usurpador Roberto Micheletti Bain, y su séquito nefasto, en contra de miles de hondureños y hondureñas que desde ayer están haciendo un plantón pacífico enfrente de la casa presidencial, para expresar su repudio al golpe de estado en contra del presidente Manuel Zelaya Rosales.
Repudiamos la agresión directa en contra de varios dirigentes populares incluyendo al candidato presidencial por la candidatura independiente popular Carlos H. Reyes entre muchos otros.
Responsabilizamos a los golpistas por lo que sucede con la vida y la libertad de los manifestantes, y demandamos respeto a la integridad física de todos y todas las que se encuentran ejerciendo su legitimo derecho a la protesta. Asi mismo los hacemos responsables por la vida y la seguridad de nuestros hermanos dirigentes.
Las cadenas de televisión nacional y las radioemisoras que han quedado en función disminuyen los hechos e incluso informan que es un enfrentamiento lo cual es totalmente falso. La policía y el ejército han atacado con brutalidad a las personas que se han mostrado pacíficas en todo momento. Muchos medios internacionales han estado informando a partir de estas fuentes falsas y parcializadas a favor de los usurpadores.
Queremos divulgar por este medio que fracciones del ejército se han declarado en rebeldía en batallones de los departamentos de Olancho, Colón, Atlántida y Cortés. Por lo cual alentamos a los militares que aún tengan dignidad y amor por este suelo que desacaten a los que hoy los mandan a golpear a sus hermanos y hermanas, y a proteger un gobernante y sus ministros cínicos y golpistas.
Adelante compañeras y compañeros, donde se encuentren, los golpistas están llegando a su final, no bajemos la guardia y sigamos haciendo lo que sea necesario para rescatar este hermoso país hoy secuestrado por una banda de mentirosos y falsificadores.
Con la fuerza ancestral de Lempira, Iselaca, Etempica y Mota se levantan nuestras voces de vida, justicia, libertad, dignidad y paz
Dado en Honduras, 29 de junio del 2009

El golpe de Honduras y la crisis

Por Guillermo Almeyra(*)

Es un golpe de los dueños de los medios de información, de los jueces clasistas y corruptos, de los políticos al servicio de los terratenientes, y su pretexto es ridículo.
El capitalismo busca recomponerse y expandirse utilizando la crisis actual. Destruye miles de millones de capitales (la mayor parte ficticios) y millares de bancos y empresas para concentrar el capital. Y lanza a la desocupación y la miseria a centenares de millones de trabajadores, aprovechando para imponerles por ese medio la rebaja de sus salarios, la pérdida de sus defensas sindicales, la prolongación de las jornadas de trabajo, la anulación de las leyes sociales para mantener un trabajo siempre en peligro, siempre peor. A la extracción de plusvalía relativa, aumentando la productividad con salarios prácticamente congelados, une la de plusvalía absoluta, aumentando la jornada laboral, extrayendo de la familia obrera el trabajo gratis de sus componentes con tal de obtener entre todos lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo.
Tal política, en los países industrializados, exige la complicidad de las direcciones sindicales burocratizadas que venden los derechos de sus afiliados, y exige medidas represivas contra las tendencias de clase en el mundo laboral y contra los inmigrantes e indocumentados que forman buena parte de la clase trabajadora, para que ésta se divida, debilite y desorganice.

En los países menos industrializados, en cambio, donde el grueso del capital se basa en una amalgama entre una oligarquía terrateniente de visión feudal y las empresas transnacionales y se apoya en el racismo de las clases acomodadas urbanas (blancas y mestizas) contra las rurales y urbanas pobres (indígenas, negros o mestizos pobres), para mantener el margen de ganancia hay que reducir la parte de los ingresos de los trabajadores, y esa tarea sólo se puede hacer impidiendo su resistencia con un poder dictatorial. Los intentos de golpe de Estado de quienes controlan la justicia, el Congreso, los medios de información y las fuerzas armadas están y estarán, pues, en el orden del día.
En el 2002 se realizó el intento de la oligarquía venezolana, respaldada por Bush y por el gobierno español, y con el apoyo de las clases medias acomodadas de las ciudades, de derribar al presidente Hugo Chávez. La movilización popular dividió política y socialmente a las fuerzas armadas y el golpe fracasó. El año pasado, los sojeros y ganaderos de Santa Cruz, en Bolivia, intentaron un golpe contra Evo Morales que fracasó por la movilización campesinas hacia esa ciudad y la pronta reacción de los gobiernos de la Unasur. Recientemente, la salvaje burguesía guatemalteca creyó oportuno un golpe de Estado contra el presidente tímidamente reformista Álvaro Colom, al que había espiado y vigilado desde el primer momento. La movilización campesina e indígena creó una situación fluida, donde siempre es posible otro zarpazo gorila con el apoyo unas clases medias temerosas de que el ascenso social de los sectores populares pueda hacerles perder sus magros privilegios. Ahora se produjo el golpe contra el presidente Manuel Zelaya, que llevó Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Es un golpe de los dueños de los medios de información, de los jueces clasistas y corruptos, de los políticos al servicio de los terratenientes, y su pretexto es ridículo.
En efecto, nadie obliga a participar en una consulta que tampoco es vinculante y, si en el futuro se preguntase eventualmente si los electores desean reformar la Constitución, bastaría con responder no (y ganar la elección) para mantener la Carta Magna actual. El ejército, en cambio, secuestró de madrugada y expulsó del país al presidente y a varios ministros, golpeó a embajadores de países del ALBA, el Congreso falsificó posteriormente una carta de renuncia de Zelaya y, sobre esa base, 20 horas después de haberlo echado con las bayonetas, lo destituyó y nombró un usurpador de la presidencia como presidente interino.
La OEA, la ONU, los países centroamericanos y el propio presidente de Estados Unidos declararon de inmediato que sólo reconocían a Zelaya. Como en el caso de Bolivia, los presidentes del grupo ALBA pero también otros mucho más moderados (Lula, Tabaré Vázquez, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, Oscar Arias), temen una vuelta a los años 1970, a los golpes de Estado y las dictaduras porque en todos los países la derecha quiere defender sus enormes márgenes de ganancia amenazados por la crisis y por las reivindicaciones de los trabajadores. El propio Obama no puede hacer lo que habría hecho George W. Bush (apoyar a los gorilas) porque perdería así el apoyo de los hispanos y los trabajadores en Estados Unidos y el de los demócratas de todo el mundo junto con los frutos recientes de su campaña personal de apertura hacia América Latina.
No se puede hablar, pues, de un nuevo golpe “de la embajada gringa”, ni del “primer golpe de Obama”, aunque buena parte de las transnacionales estadounidenses y de sus representantes en el establishment de Estados Unidos (Otto Reich, Negroponte y Cía) puedan estar detrás de los golpistas. Lo que es evidente es que no basta el repudio de los gobiernos para derrotar a éstos y que es necesario aplastarlos de modo ejemplar antes de que su ejemplo siente un precedente, ya que el capitalismo no puede recuperarse manteniendo los mismos márgenes de democracia y las conquistas sociales que le fueron arrancados por los trabajadores en la segunda postguerra.
(*)Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO.

(Fuentes: COPINH y http://www.sinpermiso.info/ )

Honduras:Golpe de Estado

Carta de Adolfo Pérez Esquivel

Al secretario General de la OEA
A las Iglesias, Movimientos y organizaciones populares.

Nuevamente surgen en el continente los golpes militares apoyados por el Pentágono y la CIA y los grupos de poder económico, eclesiástico y político que no quieren cambio alguno y están dispuestos a imponer nuevamente gobiernos dictatoriales en los países que intenten cambios estructurales y la conquista de la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Lo estamos viviendo en la República hermana de Honduras, víctima de un golpe de Estado por las fuerzas armadas y sus aliados contra el gobierno del Presidente Manuel Zelaya, a quien detuvieron y expulsaron del país, encontrándose actualmente en Costa Rica.

El Presidente de Costa Rica, Oscar Arias asumió su responsabilidad en defensa del gobierno democrático hondureño al decir “que el golpe de Estado contra el gobierno hondureño es un gran retroceso”, y expresando su solidaridad con el pueblo hermano, reclamando la restitución de Presidente Zelaya en su función presidencial.

Rechazamos el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya y reclamamos acciones urgentes de la OEA, y de los gobiernos en el continente para respetar y restituir en sus funciones de gobierno al mandatario depuesto, sin imposición alguna. Se debe juzgar y condenar a los militares golpistas y sus cómplices. No pueden quedar en la impunidad; son criminales que atentan contra la democracia y los derechos humanos del pueblo hondureño y dañan a todos los pueblos del continente y el mundo.
Reclamamos al Presidente de los EE.UU. Barack Obama, intervenir urgentemente para que se respete al pueblo hondureño y su Presidente electo democráticamente.

Que repudie el golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas hondureñas y sus secuaces.

Es hora que el gobierno de los EE.UU. cambie su política intervencionista en el continente latinoamericano y sepa respetar la voluntad de los pueblos. Las fuerzas armadas no actúan sin el consentimiento del Pentágono y de la CIA y la complicidad de empresarios, sectores eclesiásticos y políticos que siempre usaron y abusaron del poder para dominar al pueblo.

Esos sectores antidemocráticos pretenden imponer conflictos y guerras de baja intensidad en la región para defender sus intereses y evitar la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Reclamamos a la OEA, desconocer el gobierno golpista impuesto en Honduras. Desconocer al gobierno de facto y restituir en su cargo al Presidente elegido por el pueblo, Manuel Zelaya.Pedimos a los movimientos y organizaciones populares del continente y de otros países solidarios:
Repudiar el golpe de estado en Honduras
Reclamar el restablecimiento en sus funciones del presidente Manuel Zelaya, sin condicionamiento alguno.
Reclamamos sancionar a los militares y sus cómplices; parlamentarios, magistrados, empresarios y eclesiásticos,que no pueden quedar en la impunidad.
No podemos olvidar que quedan en el continente remanentes de fuerzas armadas golpistas, impregnadas de la Doctrina de Seguridad Nacional y con añoranza de las dictaduras que, en lugar de estar al servicio del pueblo, se han transformado en tropas de ocupación de sus propios pueblos, violando los derechos democráticos y los derechos humanos.
No podemos olvidar que sectores antidemocráticos y golpistas intentaron imponer un golpe de Estado, contra el gobierno legítimo del Presidente Hugo Chávez, de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a la acción y apoyo del pueblo venezolano y la solidaridad internacional, fue restituido al gobierno y se logró derrotar a los golpistas.

Los magistrados del Tribunal Electoral, la Corte y el Congreso, deben actuar de acuerdo a la Constitución Nacional y respetar el llamado a la consulta popular sobre la Reforma Constitucional y las decisiones democráticas del gobierno.No pueden avalar y apoyar un golpe militar contra un gobierno constitucional, se ilegitiman por sus acciones y ponen en peligro todas las democracias en el continente, al apoyar un gobierno de facto, inmoral e ilegítimo.Por el derecho de los pueblos a su soberanía y autodeterminación decimos:

¡¡¡¡¡¡ No a los golpes militares. Basta ya!!!!!!!

Los pueblos son los constructores de su propia vida y de su propia historia.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nóbel de la Paz

(Fuente: www.vientosdelsur.org )

22.6.09

Perú:Indígenas de la Amazonía

BAGUA
Por Hugo Blanco (*)


Comienzo señalando una diferencia entre la “modernidad” y la cosmovisión indígena:
El mundo civilizado ve el pasado como algo superado. “Primitivo” tiene implicancia peyorativa. Lo moderno, lo último, es lo mejor.

En mi idioma, el quechua, “Ñaupaq” significa “adelante” y a la vez “pasado”. “Qhepa” significa “posterior”, en el lugar y en el tiempo.

Ahora vemos que “el progreso” está llevando a la extinción de la especie humana a través del calentamiento global y de muchas otras formas de ataque a la naturaleza.

¿Qué son los pueblos amazónicos?

La población amazónica peruana abarca al 11% de la población. Habita la más extensa de las tres regiones naturales del Perú, el norte, centro y sur orientes. Habla decenas de lenguas y está compuesta de decenas de nacionalidades.

Los habitantes de la selva sudamericana son los indígenas menos contaminados por la “civilización” cuya etapa actual es el capitalismo neoliberal.

No fueron conquistados por el incanato, tampoco los invasores españoles los dominaron. El indígena serrano rebelde Juan Santos Atawallpa, al ser acosado por las tropas españolas, se replegó a la selva, al seno de esos pueblos, una de cuyas lenguas había aprendido, las fuerzas coloniales no consiguieron vencerle.

En la época de la explotación del caucho ingresó el capitalismo a la selva donde redujo a la esclavitud y masacró a poblaciones nativas, por esa razón muchas de ellas se mantienen hasta hoy en aislamiento voluntario, no desean ningún contacto con la “civilización”.

Los hermanos amazónicos no comparten los prejuicios de origen religioso del “mundo civilizado” de cubrirse el cuerpo con trapos aunque haga un calor intenso. La fuerte ofensiva moral de los misioneros religiosos y las leyes que defienden esos prejuicios han conseguido que algunos de ellos deban cubrirse partes del cuerpo, especialmente cuando van a las ciudades.
Se sienten integrantes de la Madre Naturaleza y la respetan profundamente. Cuando tienen que cultivar no hacen sembríos de un producto. Despejan un lugar del bosque, ponen en él diferentes plantas de distinta contextura, de diferente ciclo vital, juntas, imitando la naturaleza. Un palto o aguacate y enredado en él una calabaza, al lado un plátano, maíz, yuca (mandioca), una palmera de frutos comestibles. Luego de un tiempo devuelven ese lugar a la naturaleza y abren otro lugar para el cultivo.

Salen de cacería y recolección, cuando ven algo digno de ser cazado lo hacen, pasan por su cultivo, si ven que algo está maduro, lo recogen, si notan que hay que hacer algún arreglo lo hacen, después de un tiempo regresan a su vivienda, no se puede afirmar si han estado paseando o trabajando.

Beben el agua de ríos y arroyos y también se alimentan de peces.
Inclusive los indígenas serranos, más contaminados por la “civilización” les califican de ociosos, no quieren “progresar”, sólo quieren vivir bien.

Habitan chozas colectivas. No hay “partidos” ni votaciones, su organización social y política es la comunidad. No manda el jefe, manda el personaje colectivo, la comunidad.
Ellos han vivido ahí desde milenios antes de la invasión europea, milenios antes de la constitución del Estado Peruano que jamás les consultó para elaborar sus leyes con las cuales ahora les ataca pretendiendo exterminarlos.


Las empresas multinacionales


Esa vida apacible como parte de la naturaleza ahora se ve agredida por la voracidad de las empresas multinacionales: Extractoras de petróleo, gas y minerales. Depredadoras de los bosques.

A esas empresas, como reza la religión neoliberal, no les importa la agresión a la naturaleza ni la extinción de la especie humana, lo único que les interesa es la obtención de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.

Envenenan el agua de los ríos, arrasan los árboles convirtiéndolos en madera: Matan la selva amazónica, madre de los nativos amazónicos. Eso es también matarlos a ellos.
Hay abundante legislación peruana que los protege, entre otras el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que es ley de nivel constitucional pues fue aprobada por el Congreso. Ese convenio estipula que cualquier disposición sobre los territorios indígenas debe ser consultada con las comunidades. También existen leyes de protección del medio ambiente.

Pero la legislación peruana es apenas un pequeño obstáculo para las grandes compañías que mediante el soborno logran poner a su servicio a todo el Estado Peruano: Presidente de la República, mayoría parlamentaria, Poder judicial, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Los medios de comunicación también están en sus manos.

Al servicio de esas empresas que son sus amos, Alan García ha elaborado la teoría del “perro del hortelano”. Señala que los pequeños campesinos o las comunidades indígenas, como no tienen grandes capitales que invertir, deben dejar el paso libre a las grandes compañías depredadoras de la naturaleza como las compañías mineras en la sierra y las extractoras de hidrocarburos en la selva. En todo el territorio nacional deben dejar el paso libre a las grandes compañías agroindustriales que matan el suelo con el monocultivo y los agroquímicos y que trabajan productos de exportación y no para el mercado interno. Según él esa es la política que se necesita para que el Perú progrese.

Para implementar esa política obtuvo del Poder Legislativo la autorización para legislar, según dijo para adecuarnos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.

Esa legislación fue una catarata de decretos leyes contra la organización comunal de indígenas de la sierra y de la selva que estorba el saqueo imperialista y abrió las puertas a la depredación de la naturaleza con el envenenamiento de los ríos, la esterilización del suelo con el monocultivo agroindustrial con el uso de agroquímicos y el arrasamiento de la selva con la extracción de hidrocarburos y madera.

Por falta de espacio no he de hacer un análisis de esos decretos leyes, quien lo requiera que busque otras fuentes.

Reacción indígena

Naturalmente indígenas de la sierra y la selva reaccionaron contra ese ataque y realizan muchas valientes luchas.

Pero es indudable que los indígenas menos contaminados, los que mejor conservan los principios indígenas de amor a la naturaleza, de colectivismo, de “mandar obedeciendo”, del “buen vivir”, son los amazónicos, quienes están a la cabeza de las luchas.

La mayor organización de los indígenas amazónicos es la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) que tiene bases en el norte, centro y sur de la amazonía peruana.
Exigen la derogatoria de los decretos leyes que afectan su vida impulsando la contaminación de ríos y la tala de bosques.

Su método de lucha consiste en interrupción de vías de transporte terrestre, interrupción del transporte fluvial, muy usado por las empresas multinacionales, toma de instalaciones, toma de campo de aviación. Cuando viene la represión se repliegan denunciando que el gobierno lo que quiere es represión y no diálogo.

En agosto del año pasado obtuvieron un triunfo logrando que el congreso derogara dos decretos ley antiamazónicos.

Este año iniciaron su lucha el 9 de abril. El gobierno con maniobras evitó debatir con ellos. Y con más maniobras evitó que el parlamento discutiera la inconstitucionalidad de un decreto ley que la comisión parlamentaria encargada de estudiarlo encontró anticonstitucional.

5 de junio
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, fue elegido por Alan García para desfogar su rabia anti-ecológica contra los defensores de la Amazonía.Usó al cuerpo policial especializado en la represión a los movimientos sociales, la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).

Fueron atacados los hermanos awajun y wampis que bloqueaban la carretera cerca de la población de Bagua. A las 5 de la mañana comenzó la masacre desde los helicópteros y desde tierra. No se sabe cuántos son los muertos. Los policías no permitían la atención a los heridos, a quienes tomaban presos, ni el recojo de los cadáveres por los familiares.

Paso la palabra a Juan, quien estuvo en Bagua:

Por asuntos netamente laborales, el día de ayer tuve la oportunidad y el “privilegio” de estar por algunas horas en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, el ambiente que se respira es tenebroso, las “historias” que se cuentan son macabras y hasta inverosímiles, pero las personas que lo cuentan son personas que vivieron el terror, son testigos privilegiados de la otra realidad que el Perú oficial, los medios de comunicación, están tratando de ocultar, porque tuve la oportunidad de ver a varios reporteros de canales como el 2, 4, 5, 7, 9 etc. etc. pero no se dice nada de lo que la gente, testigos presenciales, repiten con insistencia y hasta el cansancio de la matanza que se produjo el viernes 05.

Dicen los bagüinos, prácticamente el 100% con los que converse, producidos los enfrentamientos, controlada la situación, los cadáveres de los nativos quedaron regados por toda la carretera próxima y en las inmediaciones de la Curva del Diablo, la policía tomó el control, de inmediato se declaró el toque de queda, empezó el apilamiento de los cadáveres, la cremación en plena carretera, otros fueron traslados a lugares no determinados, ni ubicados, embolsados y trasladados a los helicópteros de la policía que en un número de hasta 3 apoyaron el operativo. Muchos de estos cadáveres de humildes peruanos fueron arrojados a los ríos Marañón y Utcubamba, los mestizos de Bagua Chica y Bagua Grande estiman en un mínimo de 200 a 300 muertos de civiles.

Dicen que los hombres no lloran o no deben de llorar, soy un hombre hecho y derecho, en mi vida adulta sólo lloré en tres oportunidades, cuando fallecieron mis padres y dos de mis hermanos mayores, pero anoche viendo el reportaje de enemigos íntimos y recordando lo que en el día y la tarde de ayer fui testigo, les confieso que me puse a llorar como un niño
Para mí no hay distinción entre los muertos buenos y malos, tanto los nativos y los policías, son seres humanos, los únicos culpables de este horrendo crimen contra la humanidad son los políticos, muy especialmente el APRA, y los fujimoristas .

Amigos y compatriotas, no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos nativos amazónicos, hagamos llegar nuestra protesta a los medios de comunicación que manipulan, esconden y tergiversan la información, pidamos que los responsables políticos del gobierno aprista sean sancionados, que los decretos en su totalidad sean derogados ¡¡¡¡Ahora!!!!
Muchas gracias por haber leído mi experiencia.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) relata: "Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran". Llama la atención sobre "la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.

Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad. Se comprobaron maltratos hacia algunos detenidos.

Los hermanos amazónicos se defendieron con lanzas y flechas; luego usaron las armas arrebatadas a los agresores. La ira hizo que tomaran una instalación petrolera en la que capturaron a un grupo de policías a quienes condujeron a la selva, ajusticiaron a algunos de ellos.
La población mestiza urbana de Bagua indignada por la masacre asaltó el local del APRA, el partido de gobierno y oficinas públicas, quemando sus vehículos. La policía asesinó a varios pobladores, entre ellos niños.

El gobierno decretó suspensión de garantías y toque de queda a partir de las 3 p.m.
Amparados por estas medidas los policías entraban a las casas a capturar nativos refugiados en ellas. Muchos de ellos debieron refugiarse en la iglesia.
No se sabe el número de presos y éstos no pueden tener el auxilio de abogados.
Se menciona centenares de desaparecidos.

Solidaridad

Afortunadamente la solidaridad es conmovedora. En el Perú se ha organizado un frente de solidaridad.
El día 11 hubo manifestaciones de protesta por la masacre en varias ciudades del país: En Lima, que tradicionalmente se encPunouentra de espaldas al Perú profundo se menciona 4,000 personas, que hicieron la marcha bajo la amenaza de 2,500 policías, hubo enfrentamiento cerca del local del congreso de la república. En Arequipa más de 6 mil, en la zona de La Joya hubo bloqueo de la carretera Panamericana. En hubo paralización de actividades, se atacó la sede del partido de gobierno. Hubo manifestaciones en Piura, Chiclayo, Tarapoto, Pucallpa, Cusco, Moquegua y muchas otras ciudades.

En el exterior son numerosas las acciones de protesta frente a las embajadas peruanas, tenemos noticias de Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, París, Grecia, Montreal, Costa Rica, Bélgica, entre otras.

Ha levantado su voz de protesta la encargada de asuntos indígenas de la ONU.
También se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechso Humanos.

Hay periódicos del exterior que denuncian la masacre, como La Jornada de México.

La cólera aumenta por las declaraciones de Alan García a la prensa europea de que los nativos no son ciudadanos de primera categoría.

La selva continúa movida en Yurimaguas, en la zona Machiguenga del Cusco y otras regiones.
Los hermanos amazónicos y quienes les apoyan exigen la derogatoria de los decretos leyes 1090, 1064 y otros, que abren las puertas a la depredación de la selva.

A pesar de que la comisión del parlamento encargada del tema dictaminó la derogatoria de algunos decretos leyes por ser anticonstitucionales, la cámara optó por no discutirlos y declararlos “en suspenso” como quería el APRA. A 7 congresistas que protestaron por esta irregularidad los suspendieron por 120 días, de modo que la ultraderecha del parlamento (APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo) tendrá en sus manos la elección de la próxima mesa directiva del parlamento.

El gobierno ha creado una “mesa de diálogo” en la que se excluye al organismo representativo de los indígenas amazónicos, AIDESEP, cuyo dirigente ha tenido que refugiarse en la embajada de Nicaragua pues el gobierno lo acusa de los crímenes del 5 de junio ordenados por Alan García.

La lucha amazónica ha de continuar, exigiendo el respeto a la selva.

Los nativos amazónicos saben que lo que está en disputa es su propia supervivencia.
Esperamos que la población mundial tome conciencia de que ellos están luchando en defensa de toda la especie humana, ya que la selva amazónica es el pulmón del mundo.
13 de junio del 2009

5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente
5 de junio: Alan García masacra a los defensores del Medio Ambiente.

(*)Hugo Blanco
, ex guerrillero, ex diputado, dirigente social, es un viejo luchador y dirigente de la izquierda peruana, actualmente miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que distribuye este artículo.

(Fuente:www.sinpermiso.info)

18.6.09

Colombia:Paramilitares

EL CONGRESO CONCEDE LA IMPUNIDAD A LOS AUTORES DE LOS CRÍMENES MÁS ATROCES, UNOS 19.000 "DESMOVILIZADOS"; PARTE DE ELLOS SIGUEN MATANDO E IMPONIENDO EL TERROR EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS


El Congreso colombiano aprobó la Ley de principio de oportunidad que permitirá suspender todas las acciones que mantiene el gobierno de Álvaro Uribe contra unos 19 mil paramilitares desmovilizados, informó el legislador Nicolás Uribe, quien aseguró que con esta iniciativa se promoverá el proceso de paz.

Con la aprobación de ese proyecto de ley, “el fiscal tendrá la oportunidad de solicitar ante los jueces de garantías la suspensión de procedimientos para que estas personas puedan resolver su situación jurídica siempre y cuando no hayan cometido ningún delito de lesa humanidad”, dijo Uribe a medios locales.

El legislador reiteró que la condición para que aplique esta ley a un desmovilizado es que no “hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido delitos ni antes ni después de la desmovilización”. Asimismo, recordó que la aprobación del “principio de oportunidad” permitirá avanzar en esta negociación de paz con los paramilitares y en futuros diálogos con otros grupos armados ilegales.
“Lo que busca esta figura es materializar un acuerdo, que hizo la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese limbo jurídico en el que estaban más de 19 mil desmovilizados”, agregó.
La reforma también permitirá al fiscal solicitar la terminación, suspensión o terminación de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando la persona que se beneficie testifique en contra de otras o sirva para desarticular las bandas, según Uribe.

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, explicó que el principio de oportunidad permitirá también “
desarticular organizaciones mafiosas y bloques terroristas”.

Por su parte, el congresista Germán Navas, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que ese proyecto posibilita “19 mil impunidades”, en tanto las víctimas no tendrán “la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño”.

Esta iniciativa de ley deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Uribe y pasar por una revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.

Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizaron entre 2003 y 2006 a unos 31mil combatientes, de los cuales unos 19 mil se podrán acoger a los beneficios del principio de oportunidad por ser rasos y no tener delitos pendientes ante la justicia.

Hallados más de dos mil cuerpos en fosas comunes

Forenses colombianos han hallado los cuerpos de dos mil 329 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado que afecta a Colombia, la mayoría en acciones atribuidas a paramilitares, informó hoy la Fiscalía.

En un nuevo informe, la Fiscalía reveló que los restos humanos fueron encontrados en 1.906 fosas comunes ubicadas en distintas zonas de Colombia, gracias a los datos aportados por desmovilizados.
Del total de cuerpos hallados, 636 son sometidos a pruebas de ADN para su identificación y otros 527 han sido entregados a sus familiares, según el informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz.

Los restos, en su mayoría, han sido exhumados en los departamentos norteños de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde hubo la mayor concentración paramilitar en la década de los años 90.

Los paramilitares, agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptaron en 2004 desmovilizarse a cambio de beneficios como penas bajas de prisión y condiciones especiales de reclusión. Las AUC son acusadas por grupos humanitarios de desaparecer y dar muerte a miles de civiles durante la guerra que por más de 20 años libraron contra las guerrillas en Colombia.


Encuentro de víctimas del Sur de Bolívar y Sur del Cesar


Más de 300 víctimas de crímenes de estado, de desapariciones y desplazamiento forzado, de torturas y ejecuciones extrajudiciales de los municipios del sur de Bolívar y sur del Cesar se reunirán del 20 al 22 de junio de este año en el municipio de Aguachica (Cesar).

Según Zoraida Hernández, portavoz de la Corporación Sembrar, organización defensora de derechos humanos en la zona que hace parte de los impulsores del encuentro, lo que se busca es “habilitar un escenario para que las víctimas de estas dos subregiones se encuentren para que construyan esperanza y desarrollen propuestas de verdad, justicia y reparación en el marco de toda esta impunidad que reina en el país”.

La situación de violencia que vive el municipio de Aguachica (Cesar) también será analizada en detalle durante la jornada. Zoraida Hernández explicó que esta población ha sido afectada recientemente por casos de ejecuciones extrajudiciales: “La situación que se presenta en este momento en el sur del Cesar es muy grave . Estamos hablando de unos 6 casos recientes de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. La mayor parte de estos casos hacen referencia a personas que han sido trasladadas desde Aguachica hasta la ciudad de Ocaña (departamento de Norte de Santander) y asesinados allí por parte de la Brigada y el Batallón de Ocaña”.

Además de la Corporación Sembrar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Asociación Nomadesc, entre otras organizaciones sociales, también participan en la convocatoria del

‘Estamos cansados de la muerte’: Carta al relator de la ONU(*)
San José de Cúcuta, Junio 13 de 2009

Estimado
PHILIP ALSTON
RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Bucaramanga


"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata".
(Eduardo Galeano)

Nosotros los campesinos que habitamos la región del Catatumbo queremos extenderle un fraternal saludo y aprovechamos su importante visita para visibilizar la realidad en la que vivimos y por la que hoy en día luchamos para lograr que sea más digna la vida.

En nuestra región son evidentes las persistentes, sistemáticas y masivas violaciones a la dignidad humana por agentes del estado o con la complicidad de estos, fruto del histórico abandono y del incumplimiento en la garantía de la defensa integral de los derechos humanos del campesinado Catatumbero, por ello un considerable número de veredas del Catatumbo nos hemos declarado desde el pasado 29 de abril de 2009 en Campamento Refugio Humanitario "Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio" ubicado en la vereda Caño Tomás del corregimiento de San Juancito del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander al nororiente de Colombia.

El refugio ha sido un mecanismo alternativo que no solo pretende evitar el desplazamiento indiscriminado[1] de los campesinos, sino también un espacio de resistencia pacífica en donde podamos plantear alternativas concertadas para superar la grave crisis humanitaria que vivimos en la región generada por los continuos atropellos que la Fuerza Pública viene ejerciendo contra la población civil: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales, señalamientos, entre otras acciones, y, por la falta de inversión social real que mejore la calidad de vida de nuestras comunidades.

La "crisis humanitaria" por la que atraviesa hoy la región tiene su origen en la arremetida paramilitar desde 1999 mediante el control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales por parte de estos grupos que aun siguen actuando (ahora conocidos como las águilas negras), dejando como resultado masacres, innumerables desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa y expresión, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, criminalización de las organizaciones sociales, destrucción del tejido social, el despojo de nuestras legitimas tierras, y bienes de la población, el desproporcional gasto militar y la mínima inversión social.

Con la supuesta desmovilización paramilitar en diciembre de 2004 y en marzo de 2006[2] y con la implementación de la "ley de justicia y paz", (ley promovida por el gobierno central a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez), las víctimas del paramilitarismo seguimos siendo víctimas de la impunidad que se implementa desde el gobierno central. Mientras que para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones graves a los derechos humanos son beneficiados por parte del gobierno nacional con programas de educación, proyectos productivos, vivienda propia, salud y demás, los campesinos que levantamos nuestra voz de protesta ante el abandono estatal, somos señalados de ser subversivos, o hacer parte de las estructuras de las organizaciones insurgentes por el solo hecho de luchar y exigir inversión social para nuestras comunidades en la búsqueda de una vida digna para toda la población.

De la implementación del proyecto paramilitar y la supuesta desmovilización en la región del Catatumbo, se paso a una fuerte militarización, de 1500 hombres que componía el pie de fuerza del ejército nacional en el 2005 paso a 10.000. A finales de 2005 e inicios del 2006 entraron a operar a la región del Catatumbo dos nuevas brigadas del Ejército Nacional: la Brigada No. 30 con sede en Cúcuta con jurisdicción en Norte de Santander y Sur del Cesar la cual es financiada con recursos del Plan Colombia, y la Brigada Móvil No. 15 con sede en Ocaña y con jurisdicción en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.

Coincidentemente, la militarización trajo consigo el aumento de los atropellos por parte de la fuerza pública contra la población campesina, ejemplo de ello son las 68[3] ejecuciones extrajudiciales que miembros de la Brigada Móvil No. 15 realizaron en la región del Catatumbo. Sumado a lo anterior, la desaparición de jóvenes procedentes de Soacha Cundinamarca quienes fueron hallados sin vida en fosas comunes en el municipio de Ocaña y presentados por los militares como guerrilleros dados de baja en combate, situación que genero la destitución de los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco comandante de la II División del Ejército, Paulino Coronado Gámez comandante de la Brigada No. 30, y los coroneles Rubén Darío Castro comandante de la Brigada Móvil No. 15, Gabriel Rincón Amado jefe de operaciones de la Brigada Móvil No. 15, y un número considerable de oficiales y subofiales del ejércitos nacional, entre otros..

Estos hechos generaron que la brigada Móvil No. 15 fuera retirada de la zona y remplazada el 29 de enero de 2009 por la Brigada Móvil No. 23, además, fueron detenidos el Coronel Gabriel Rincón Amado [4] y el soldado Medardo Ríos a quienes se le imputa concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada por las muertes de Jonathan Orlando Soto y Julio César Mesa, dos de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Todo este panorama nos ha llevado a convertir el espacio del refugio en una esperanza, en un escenario que nos permita exigir lo que por tantos años se nos ha negado desde el Estado, el respeto a la vida, el respeto a nuestro derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación, a nuestro proyecto de vida y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores entre campesinos y gobiernos anteriores.

Estamos cansados de la muerte, hemos sido amedrentados, amenazados, perseguidos, detenidos, judicializados, robados, estigmatizados y señalados como enemigos del estado, nuestras organizaciones campesinas han sido duramente perseguidas para provocar su desaparición.

Nuestros cultivos de pan coger han sido fumigados con el perjudicial glifosato: pretendiendo erradicar la coca y el narcotráfico, nos están erradicando la yuca, el plátano, el maíz, las gallinas, los pastos... Están erradicando la cultura campesina, nos están desplazando y desarraigando, están desocupando los campos para garantizar la entrega de nuestra ancestral y legítima tierra con todos sus recursos a los capitales extranjeros de las empresas transnacionales, a las empresas del narcotráfico que invierten en los proyectos estatales, a los latifundistas y a los grandes ganaderos, comprometidos todos en la barbarie paramilitar.

Es clara la estrategia de aniquilamiento contra nosotros los campesinos, nos quieren desplazar de nuestros territorios para dar vía libre al saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales y favorecer a unos pocos. Por esto, para nosotros es muy importante poderle contar a usted la situación en la que nos encontramos 250 delegados de los campesinos del Catatumbo, porque si bien desde el mes de octubre de 2008 hasta la fecha no se han presentado más casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, esto no significa que hayan parado los atropellos, nos siguen señalando, deteniendo, empadronando y ahora más que nunca, por levantar una vez más nuestra voz, exigiendo el derecho legitimo a existir y permanecer en el territorio.

Nosotros los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, que hoy estamos persistiendo desde el espacio del refugio humanitario queremos solicitarle amablemente que esté atento al rumbo que va tomando nuestra lucha, para ello nos gustaría generar canales de comunicación directa, para que la organización que Ud. representa siga conociendo las realidades que vivimos.

Nosotros no queremos ser desplazados, ni lo seremos nunca, es nuestra voluntad retornar a cada una de nuestras parcelas a seguir trabajo la tierra, pero solo eso será posible cuando nos escuchen y cumplan con lo pactado, cuando se garanticen, pero de verdad y dignamente, nuestros derechos a la vida e integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra y al trabajo, a vivir con dignidad.

Nuestra lucha es por la tenencia de la tierra y defensa de nuestro territorio, es una iniciativa agraria de paz, es una propuesta de producción de alimentos limpios, de explotación de nuestros recursos de manera racional, de protección de la naturaleza, de la defensa de la vida, la cultura y el territorio.

Fraternalmente,
(*)Asociación Campesina del Catatumbo.

Notas:

[1] Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas después de Sudán.
[2] El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 1424 paramilitares del Bloque Catatumbo y el 8 y 10 de marzo de 2006 se desmovilizaron 4759 paramilitares del Bloque Norte.
[3] Estos 68 casos fueron recogidos por la Asociación Campesina del Catatumbo en dos comisiones de verificación, sin embargo el total de casos presentados en la región del Catatumbo son 111.
[4] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/coronel-y-soldado-no-aceptaron-cargos-por-dos-falsos-positivos-de-soacha_5416189-1

(Fuentes:TeleSur,EFE-ElFinanciero, Codhes y Adital)

16.6.09

Perú:Matanza de indígenas

EL GOBIERNO RETROCEDE Y ACEPTA REVISAR LOS DECRETOS DE LA AMAZONÍA, PERO LA GUERRA DEL ESTADO POR MERCANTILIZAR LOS TERRITORIOS RICOS EN HIDROCARBUROS NO HA CONCLUÍDO; TAMPOCO LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A diez días de la violenta arremetida del ejército y la policía en la Amazonía peruana, que dio lugar a los violentos choques con los indígenas con la pérdida de las vidas de decenas de personas entre policías y manifestantes, el gobierno del presidente Alan García se comprometió a derogar los decretos que generaron el conflicto. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, tras reunirse con representantes de diversas comunidades originarias.

El funcionario dio cuenta de la firma de un acta de 12 puntos en la que el Poder Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto para derogar los decretos 1.090 y 1.064 que regulan el manejo y explotación de los recursos forestales e hídricos.

Ambas normas habían sido promulgadas en 2008 como parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. La protestas contra los decretos se iniciaron el 9 de abril.

Desde la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresan reservas sobre este anuncio. "En primer lugar, debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades", sostiene Daysi Zapata, quien asumió la presidencia de la organización en reemplazo de Alberto Pizango, el líder indígena que tuvo que pedir asilo en la embajada de Nicaragua en Lima después de que el gobierno ordenara su captura.

"¿Tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?", se pregunta Daysi Zapata, quien recuerda que la primera demanda de anular los decretos la formularon en marzo, de acuerdo con los derechos a ser escuchados en materias que les interesan, que la propia ley peruana da a los indígenas. Sin embargo los decretos fueron dictados sin consulta alguna.

El trágico saldo de los incidentes del 5 y 6 de junio pasado es también objeto de discusión. Mientras el gobierno reconoce poco más de 30 muertes, diversas organizaciones indígenas sostienen que la cantidad de civiles fallecidos elevaría el total a más de 50 víctimas.

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el Congreso aprobó crear una comisión parlamentaria que deberá investigar los hechos en un plazo de 120 días.


El gobierno también acepta discutir otros decretos


El contenido de esas normas será evaluado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que comenzará a deliberar este martes en Lima.
Los indígenas consideran que la polémica legislación vinculada al TLC habilita un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral. Por esa razón, el pasado 9 de abril iniciaron una serie protestas con cortes de carreteras y bloqueos a la navegación de los ríos.

La crisis por la matanza de Bagua se complicó al insistir el presidente Alan García, en culpar del levantamiento indígena a los gobienos de Bolivia y Venezuela . El lunes, el gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en La Paz como una muestra en protesta por las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre el conflicto. Morales llamó a la masacre "genocidio del TLC".

Desde la cancillería boliviana le quitan dramatismo a la situación y sostienen que la medida dispuesta por Perú es una "práctica normal" en el ámbito de la diplomacia. Ambos países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones que tienen su origen en las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

Además del reciente conflicto indígena, autoridades de ambos países han mantenido diversos entredichos sobre el diferendo por límites marítimos entre Perú y Chile que podría afectar a Bolivia y sobre los asilos otorgados por Lima a ex funcionarios bolivianos acusados de genocidio.


Reportaje sobre la matanza de Bagua Grande


Radio Nizkor
7 de Junio

El 05 jun09, a las 05:30 a.m. hora local de Perú, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) atacaron sin previo aviso a unos 4.000 indígenas awajún-wampis que a esa hora se encontraban durmiendo. Las fuerzas especiales atacaron con armamento y bombas lacrimógenas y a los 15 minutos se produjo además la intervención de al menos un helicóptero artillado.

Estas comunidades vienen realizando un paro que dura ya casi dos meses en reivindicación de sus derechos humanos y en cuanto colectividad, básicamente en defensa de su territorio, de su derecho a consulta y del diálogo con el Gobierno central. Esta movilización pacífica tiene su origen en la promulgación de un paquete de normas cuya derogación es demandada por las comunidades. Los decretos en cuestión garantizarían la explotación minera y petrolera al margen del derecho a consulta de las comunidades y en violación de las normas internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas.

Durante casi día y medio, desde que empezara la persecución indiscriminada de estas comunidades en la zona de Bagua Grande, Radio Nizkor ha tratado de conseguir un testimonio directo de personas del lugar, lo que finalmente conseguimos al establecer contacto con el Centro Pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande, donde se hallan refugiados unos 700 de esos 4.000 nativos. Del resto no se tienen noticias y se les considera con paradero desconocido o desaparecidos. Aunque se supone que muchos están escondidos, no se sabe cuántos de ellos han sido asesinados, dado que las fuerzas militares y policiales impiden que los grupos de apoyo localicen a los sobrevivientes escapados.

Sobre la grave crisis humanitaria que esta intervención ha provocado, hemos entrevistado a la hermana Ricardina Ramos, así como a un comunero de la comunidad nativa Nazareth. Ambos relatan que la situación es lamentable, que el cómputo de muertos entre los indígenas ha alcanzado ya al menos los 60. Además, parte de los cadáveres habrían sido arrojados al río, otro calcinados... Muchos cuerpos yacen en los cerros cercanos, pero no hay posibilidad de levantarlos ni reconocerlos ante el bloqueo de las fuerzas públicas. Los nativos han sido tiroteados y perseguidos a tiros.

Los entrevistados señalan que lo que piden es que se dé a conocer la verdad de lo que ha sucedido y está sucediendo, pues la prensa desplazada al lugar d elos hechos está informando lo contrario y no está haciendo su trabajo con objetividad. Además es necesario que se garantice el retorno en condiciones de seguridad de los refugiados a sus lugares de origen.

Las comunidades afectadas son 64 y los refugiados se encuentran en una situación angustiosa al impedírseles hacer lo posible para encontrar a sus compañeros...
ESCUCHAR CRÓNICA RADIO NIZKOR


En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional
Por Joan Martínez Alier y Martí Orta (*)


La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

S e sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García está dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

La negociación previa a la arremetida del gobierno



Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.

Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.
El desalojo

En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.

Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.

El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.

Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.

Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?

Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.
El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?

Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.
Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.

Una vez más, "mecidos" y baleados


Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.

Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.

El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.

Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).

(*) Joan Martínez Alier y Martí Orta son investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona. Este texto fue publicado en http://www.sinpermiso.info/ el 14 junio de 2009

(Fuentes: BBC-Mundo,Radio Nizkor y SinPermiso)
(Fotos:Viento Sur)

12.6.09

Ecuador-EE.UU

ESTADOS UNIDOS HABRÍA USADO LA BASE DE MANTA PARA LUCHAR MILITARMENTE CONTRA LAS MIGRACIONES . EL GOBIERNO Y LA ASAMBLEA ECUATORIANA INVESTIGAN LAS DESAPARICIONES DE UNAS MIL PERSONAS


Un estudio realizado por organizaciones de derechos humanos señala que, supuestamente, mil personas desaparecieron durante los 10 años de permanencia del Puesto de Operaciones Avanzadas del Comando Sur de EE.UU, como se denominan las instalaciones militares de Estados Unidos en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, que se desmantelarán este año, al no ser renovado el contrato en cumplimiento de lo que determina la nueva Constitución del país, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en territorio nacional.
La Comisión de Legislación recibió esa nueva denuncia que señala que los principales afectados fueron inmigrantes que salieron con rumbo a Centroamérica y a los Estados Unidos. Incluso, resume el documento, las familias de los desaparecidos no han tenido información de su paradero durante los 10 últimos años.

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos informó que no se opone a las investigaciones que se realizan en la Comisión de Legislación. Advirtió que se dedicaron a las tareas de control de antinarcóticos, pero que varias embarcaciones sospechosas de traficar drogas llevaban a emigrantes ilegales.

El reporte de los DD.HH. será entregado el 15 de julio al presidente, Rafael Correa; al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, y al fiscal general, Washington Pesántez, para que se continúe con las investigaciones.

Además, el Gobierno creará una comisión que será encargada de fiscalizar y auditar el trabajo de la Base de Manta durante la permanencia de EE.UU. El comité será civil y militar y recopilará la información necesaria para emitir un informe.

Según el informe que prepara la Subcomisión de Relaciones Internacionales, el Ejército de los Estados Unidos habría violado el convenio que suscribió ese país con el Estado ecuatoriano en relación al uso de las instalaciones de la Base de Manta.
El documento, incluirá las declaraciones de los pescadores de la zona, de autoridades locales, de organizaciones de los derechos humanos e, inclusive, de ex funcionarios de la Embajada estadounidense.
El presidente de la Subcomisión, Marcos Martínez, señala que en el convenio suscrito entre ambos países no estaba estipulado el combate al "coyotaje" (inmigración ilegal). En declaraciones la ex embajadora de los Estados Unidos en Ecuador, Cristy Kenny, reconoció que el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en ingles) ubicado en la Base Aérea de Manta era utilizado para combatir el coyotaje.
La Comisión analiza la posibilidad de aplicar la figura jurídica de "Traición a la Patria" a las personas que permitieron la violación del convenio. Entre los posibles imputados bajo esta causa estarían el ex presidente de la República, Jamil Mahuad; el ex presidente del desaparecido Congreso Nacional, Juan José Pons; y el ex canciller, Heinz Moeller.


El Gobierno respalda la investigación


El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, respaldó la investigación que realiza la Comisión Legislativa a la Base de Manta, donde están desplegadas tropas estadounidenses desde 1999. Hay "algunas sombras" en la actividad de las fuerzas norteamericanos que se deben aclarar, resaltó Ponce en declaraciones a un canal de televisión.

Estoy a favor de esa pesquisa, pues ese es un episodio que tiene algunas sombras en nuestro país; fue una base entregada sin beneficio de inventario y el país "nunca tuvo un control directo sobre la información que se generó en las acciones de la Base de Manta", subrayó.

"Todo lo que sea transparentar un proceso es válido", aseveró el titular, al aclarar que su Ministerio no planteó una indagación a la base, pero entregó la información requerida por la subcomisión de Relaciones Internacionales del Legislativo.

Ponce señaló que los militares norteamericanos no entregan información a los ecuatorianos sobre los vuelos que se realizan desde el enclave, ni había participación nacional en los vuelos.

Al momento, la Subcomisión de Relaciones Internacionales realiza una investigación de las actividades de las tropas estadounidense, después de recibir varias denuncias de abusos, violaciones a los derechos humanos y desapariciones de marinos por el hundimiento de embarcaciones pesqueras por parte de fuerzas castrenses de Estados Unidos.

El convenio para el uso de la base fue firmado en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad y concluirá este año, tras la negativa del actual mandatario, Rafael Correa, de renovar dicho acuerdo.


“Desde la base de Manta combatían coyoterismo”



Entrevista a Marcos Martínez, presidente de la subcomisión de Relaciones Internacionales

Por E.Zambrano
El Telégrafo



La Subcomisión de Relaciones Internacionales realizó una fiscalización sobre el Acuerdo de Uso de la Base de Manta y sus repercusiones en los diez años de vigencia. Las consecuencias respecto a los barcos hundidos tienen varias aristas. El informe se presentará el 15 de junio.

-¿Hubo mil desaparecidos en Manta?
-Son personas que partieron en barcos desde el puerto de Manta y que no han reportado su llegada. Eso en consideración de que un barco puede hacinar de 100 a 200 personas. Vamos a convocar a las organizaciones de derechos humanos para que nos den luces sobre este tema, porque son las que nos han presentado este dato, pero no todas manejan el mismo número.

-¿Esos mil desaparecidos son por barcos hundidos y migrantes?
-Son personas que se sabe llegaron a las costas de Ecuador, que se embarcaron y que durante estos diez años no se han reportado como vivas con ninguno de sus familiares. Una opción es que estuvieron en los barcos hundidos, que migraron, que están en Centroamérica detenidos o que, simplemente, no quieren reportarse a sus familiares porque rehicieron su vida allá. Eso lo debe investigar la Comisión Auditora de la Base de Manta que integre el Ejecutivo.

-¿No es por la presencia de la FOL?
-Exactamente. Pero, hay personas que aseguran que sus familiares salieron de Manta por vía marítima. ¿Qué pasó con esas personas? Necesitamos investigar con datos más precisos como el día que salieron, nombres y lugares a donde viajaron. Debemos investigar si las embarcaciones fueron hundidas, si estas personas están detenidas y fueron llevadas a cárceles fuera del país.

-¿Hubo varios usos de la Base de Manta?
-La Base de Manta no fue utilizada solo para el monitoreo del narcotráfico, sino para otros fines. Tengo declaraciones de la ex embajadora Kristy Keney, en la que afirmó que desde ahí combatían el coyoterismo, cuando eso no contemplaba el convenio.

Al parecer sirvió para el control de los coyoteros y se agredió a los derechos humanos y se hundieron barcos, atentando contra las normas de derechos naturales e internacionales.

-¿Han recabado más información que la entregada por las organizaciones de derechos humanos?
-Hemos recogido mucha información proporcionada por la sociedad civil y unos pocos casos más. Además, hay documentos en los que los marinos se responsabilizan del hundimiento de barcos y piden que vayan a reclamar a la embajada, pero nunca han logrado la reparación ni la indemnización.

-¿Son muchos los casos pendientes de un arreglo en la justicia?
-El más claro es el del atropellamiento del ciudadano Víctor Hugo Mieles por parte de Demon Flyer, quien se refugió en la FOL y de allí partió para Estados Unidos. Tenemos a pesqueros y mujeres que quedaron solas, hay una señora que se presentó como la viuda del Jorge IV (nombre de una embarcación). Hay una falla del Estado al no haber amparado a las víctimas.

-¿Cuáles podrían ser los efectos de una comisión auditora, si los marines ya se van?
-Los marines tienen responsabilidades ante los tribunales de los Estados Unidos, como personas y como país por la violación de los derechos humanos y la extralimitación y violación del acuerdo de uso de la Base. Ese acuerdo fue inconstitucional y fue violado. Cometieron delitos comunes.
Ela Zambrano

ezambrano@telegrafo.com.ec
Periodista - Quito


El extraño inquilino se va de Manta
Por Ana María Acosta
INREDH(Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-Ecuador)

En 1999, un extraño visitante cargado de aviones, radares y militares bien uniformados llegó a la casa de la señora Manta, quería alquilar un lugar donde instalar su base y así controlar a los narcotraficantes terroristas, según él, de los países latinoamericanos. La señora Manta nunca había visto un terrorista y no sabía nada de sustancias estupefacientes, pero por buena gente dejó que un extraño ingrese a su casa; es que el problema era que el dueño del condominio, Jamil Mahuad, por tener una amistad directa con el extraño visitante, firmó un convenio, sin preguntar a nadie, para que el extraño ocupase 10 años la casa de la Señora Manta… Después de 10 años el inquilino ha sido es expulsado de la casa de la Señora Manta ¿Cómo dejó la casa? ¿Cuál fue su relación con los vecinos? ¿Qué hizo en estos 10 años? Estas son las preguntas que ahora se hace Manta.

Antecedentes

En 1999, pocas fueron las voces que advertían sobre la instalación de la Base Militar Norteamericana en territorio ecuatoriano, pocos decían que era una pérdida de soberanía y una complicidad con el Plan Colombia que Estados Unidos empezaba a implantar en la zona, para el control del narcotráfico y la desarticulación de movimientos subversivos colombianos.

La información sobre las condiciones del convenio era escasa, no lo supo ni el Congreso Nacional; todo se hizo con total servilismo del gobierno de Jamil Mahuad y su amigo socialcristiano Heinz Moeler. Era el auge del neoliberalismo en nuestro país, los partidos de derecha tenían copados los espacios de poder, con un gobierno que se esforzaba por salvar a los banqueros llevando al país a la mayor crisis económica de su historia. Así que, el 12 de noviembre de 1999, en busca de apoyo de la Embajada Norteamericana, el tambaleante gobierno de Mahuad firmó el convenio para que Estados Unidos instale el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location), nombre con el que se maquilló a la Base Militar Norteamericana en Manta.

El nuevo Miami
“Aquí en Manta ofrecieron un Miami. A las élites de la ciudad les entusiasmó eso, y formaron un grupo Pro Manta. Los gobiernos en esa época no hacían nada por las provincias, por eso, en vista del abandono gubernamental, dijeron que esa era la salida. Así, el dólar se convirtió en todo, nos volvimos occidentales, aunque en la zona sur de Manabí siempre hubo resistencia”, dijo Miguel Morán a la Comisión Especializada de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, que ahora está interesada en saber qué hicieron los gringos en Manta.


Miguel Morán, abogado sindicalista y catedrático de derecho, es dirigente del Movimiento Antiimperialista Thoallí, y es una de las pocas voces disidentes que se escuchó desde 1999 en oposición a la instalación de la Base, en una época en que la mayoría de la población veía en su llegada la esperanza de crecimiento económico. Él cuenta que varios mitos se construyeron en torno a la instalación de la Base. Los medios de comunicación, las autoridades locales pertenecientes a partidos de la derecha Social Cristiana, anunciaban la llegada del bienestar norteamericano a Manta. “Los gringos van a traer dólares”, decían.

Pero, al pasar los años el sueño americano llegó a Manta con otro rostro. Los bares, discotecas y cabarets crecieron y los empleos que se crearon en la FOL tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea 8 meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga, con sueldos muy inferiores a los de los norteamericanos. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos. Así lo cuenta un anciano de 90 años, el capitán retirado Jacobo Jara, quien en su largo camino de vida, vio los cambios que sufrió Manta:
“Yo he sido uno de los que ha sufrido. En la avenida Flavio Reyes mi familia y algunas docenas de personas más, tenían pequeños negocios. Antes de llegar los norteamericanos, los arriendos eran de 50 dólares, por un local, donde tenían sus negocios y vivían con decencia, ganaban con decencia. Pero llegaron los norteamericanos, no digo que sean ellos los que impusieron el precio, pero por la influencia de ellos, apenas llegaron y pagaban 1.500 dólares en el oro verde, los arriendos subieron de 50 a 500 dólares cada mes. Nuestros pequeños negocios salieron derrotados. Llegaron otros con alguna relación económica más poderosa, más grande, y personas humildes fueron despojados de sus sitios y dados a la quiebra, los pequeños comerciantes que ahí habían trabajado por tanto tiempo honorablemente perdieron sus negocios”

Según la Embajada de Estados Unidos “El FOL inyecta más de 6.5 millones de dólares anualmente a la economía local de Manta”. Esto según el Dr. Miguel Morán no es dinero que beneficia a la población de Manta, ya que: “los militares norteamericanos durante su estadía no consumieron productos locales, y el dinero se movió en un reducido círculo social alto, entre bares de lujo y sitios reservados. El crecimiento de Manta, si se puede llamar así, se debe a otras razones y no a la presencia de militares extranjeros”.


Además la Embajada afirma que la inversión que hicieron en Manta “incluye un componente importante en costos de operación del aeropuerto, con más de 2 millones para la operación del Departamento de Bomberos del FOL de Manta y aproximadamente 200.000 en costos de mantenimiento del aeropuerto”. Pero el jefe de Bomberos de Manta, Sofonías Rezabala, confronta este argumento y asegura que su trabajo es autónomo y que no han recibido algún vehículo por parte de la FOL, como afirmaron en un medio de comunicación local, además cuenta que “cuando hubo el incendio en el centro, todos los criollos de Manta estuvimos, los de la FOL llegaron ya para recoger las cenizas”.

Los ofrecimientos de “bienestar” derivados de la instalación de la base, creados por los medios de comunicación, por las autoridades locales y por la Embajada de Estados Unidos, ocultaban la incidencia geopolítica de esta base en el Ecuador. Es así, que organizaciones locales y nacionales empezaron a colocar en su agenda política la lucha contra la presencia de militares extranjeros en la FOL, más allá de un inocente Puesto de Operaciones de Avanzada, y se empezaron a preguntar sobre el rol de esta base en las nuevas políticas de seguridad de los Estados Unidos y su intención de tener libre acceso a los recursos naturales, en especial, a los recursos energéticos y a la biodiversidad; además se preguntaban cuál era su rol en el panorama de la implementación del Plan Colombia, ya que el propio Ex Comandante del Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos, Javier Delucca declaró: “La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área”
Este peso de la Base de Manta en la militarización de la región, llamó la atención de organización internacionales antimilitaristas, convirtiendo al tema en un emblema de resistencia a la hegemonía militar norteamericana en el mundo.
En el 2003 empezó el trabajo de la Coalición No Bases Ecuador, conformada por más de 20 organizaciones que, a través de acciones, debates y educación, permitieron posicionar al tema y colocar en la agenda pública la no renovación del contrato de utilización de la Base Aérea Eloy Alfaro.
En el 2008 la Coalición propuso a la Asamblea Nacional Constituyente que incorporara en la Constitución el siguiente texto:

“El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios con otros Estados”.
La esencia de esta propuesta fue aceptada por la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que el Artículo 5.- de la nueva Constitución aprobada dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
En cumplimiento de la Constitución y de su ofrecimiento de campaña, el Presidente Rafael Correa anunció que no renovará el convenio con Estados Unidos para la utilización de la Base de Manta, de esta forma, la FOL y sus inquilinos deberán dejar la Base Aérea Eloy Alfaro antes de noviembre del 2009. Pero, previa a su salida, como cualquier inquilino que arrienda una casa, los militares norteamericanos deberán rendir cuentas sobre qué actividades realizaron en estos 10 años. Por tal razón, la Coalición No Bases Ecuador antes que los militares abandonen Manta, pidió a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional que se investigue las operaciones realizadas desde Manta por las tropas extranjeras y que se verifique si son fundadas las sospechas que tienen diversos sectores gubernamentales y sociales de que el bombardeo colombiano de Marzo del 2008 en Angostura, en Ecuador, contó con ayuda logística o informativa proporcionada por aviones estadounidenses que decolaron desde Manta, la noche del 28 de febrero de 2008. La Comisión aceptó la propuesta, por lo que el 21 de Mayo, acompañada de representantes de la Coalición No Bases y de organización de Derechos Humanos, llegó a Manta para realizar una visita previa a una Auditoria Pública.
Después de 10 años que la Base Militar Norteamericana se instaló en Manta, el silencio con el que se aprobó el convenio ha sido roto. Organizaciones sociales, colectivos juveniles, asociaciones de pescadores, mujeres y personas particulares, recobraron la palabra para contar a la Comisión y al mundo los impactos de la presencia de militares extranjeros en Manta.

Testimonios de la Audiencia Pública: “Los radares no me devuelven a mi esposo”

En una casa de caña guadua, en las afueras de Manta, donde no existen edificios enormes, ni sucursales de bancos internacionales, tampoco restaurantes de lujo y se percibe el aliento de la boca abierta de una fábrica empacadora de pescado; en este sitio fue donde mujeres, ancianos, jóvenes, todos pescadores, se reunieron para expresar su rechazo a la base militar estadounidense, en la Audiencia Pública que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional instaló.
A pesar del pequeño espacio estaban todas y todos reunidos, no era para menos, era la primera vez que representantes del Estado los visitaban sin ser época de campaña electoral. Así, la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, como si fuera una sesión normal, tomó el quórum y abrió la Audiencia.
El primero en tomar la palabra fue Milton Ayala Castro, Vicepresidente de la Asociación de Pescadores Autónomos Artesanales de Manabí, Miramar, quien todavía no creía que una Comisión entera estuviera presente para escucharlos. Después, impulsada por una fortaleza notable, una mujer con manos curtidas, mirada que guarda tristeza, pero con una voz de retumbar de olas, tomó la palabra. Ella es María Urgilés, esposa de uno de los 18 pescadores desaparecidos el 15 de junio del 2003. Su esposo y 17 pescadores más, salieron de su casa como todas las semanas a pescar en el barco “Jorge IV”, pero nunca regresaron.

El Jorge IV desapareció en el 2003, en un periodo en el que se dieron el mayor número de interdicciones de barcos. Existen indicios de que fue embestido por alguna nave muy grande, pero no se puede determinar con veracidad los hechos. Las mujeres de los pescadores y sus hijos aducen que este barco fue embestido por una nave estadounidense, de ahí la demora en iniciar un proceso de búsqueda, pues hasta dos días después de la desaparición, aún la Capitanía del Puerto y el propietario del barco Jorge Corral aseguraban a los familiares que el barco estaba bien y que habían hablado con la tripulación. Al final los radares, los satélites y la tecnología de punta con la que cuentan los Militares Norteamericanos en la Base de Manta no dieron respuesta sobre el barco y hasta el momento no existen rastros.
Los pescadores, las viudas y las madres piden que se investigue cuál es la información qué tiene la FOL sobre el hundimiento y desaparición del Barco y preguntan ¿Cómo pueden desaparecer 18 personas en el mar sin dejar huellas? ¿Cómo puede un Centro de Operaciones de Avanzada con toda la tecnología de punta no saber lo sucedido con un barco? En torno a este testimonio, los asambleístas decidieron extender esta investigación a la Capitanía de Puerto y a los propietarios del Jorge IV para saber si las comunicaciones existieron realmente o porqué no se dio paso a los operativos de búsqueda de manera oportuna. María quiere hacer un trato con el gobierno de Estados Unidos: que se lleve la FOL, los radares y aviones y le devuelvan a su esposo.

Mientras María hablaba, un anciano escuchaba conmovido el testimonio de María y en una hoja de papel arrugada como su piel, escribía con letra manuscrita: “Imperio Norteamericano… Ministra Larriva… Colombia Ataque Angostura… Soberanía ecuatoriana… pescadores nobles…” Eran palabras claves para recordar lo que diría cuando tomara la palabra. Él es el Capitán retirado Jacobo Jara, del Comité Patria Tierra Sagrada, tiene 90 años de edad y cuando tomó la palabra un silencio solemne ingresó en la casa de caña guadua: “Ya son 10 años, ¿qué hemos sacado, qué beneficio nos han dado los norteamericanos? Por la presencia de ello, hay un grande e inmenso perjuicio. En primer lugar, aquí porque están ellos no pueden aterrizar aviones norcoreanos, no pueden aterrizar aviones vietnamitas, de Irán, aquí no pueden aterrizar aviones que sean enemigos de ellos, pero que de nosotros no son enemigos, entonces ¿qué beneficios nos trae cuando ellos son los que escogen los amigos que pueden venir a nuestra patria a visitar o a hacer comercio?, solo lo que ellos les convenga, ese es un gran perjuicio”
Después el miedo a hablar se perdió, mujeres, madres, hijas tomaron la palabra, querían contar sobre su esposo, su padre, su hijo desaparecido, mientras los pescadores querían saber quién les reconocerá los daños a sus barcos, quién sacará su barco del fondo del mar, quién les devolverá la libertad de pescar en su mar, donde también pescaron sus padres y abuelos.

En la tarde, la Audiencia Pública se abrió en la Sala de Postgrados de la Universidad Laica Eloy Alfaro, donde más organizaciones y personas particulares acudieron al llamado de la Comisión de la Asamblea. Todos y todas querían hablar, parecía que esta vez, a diferencia de años atrás, el silencio no había sido invitado.
Poco a poco los testimonios comenzaron a evidenciarse, algunos mostraban su rechazo desde una visión política-ideológica, mientras que otros, aún con temor, contaban sus encuentros en el mar con militares extranjeros. Uno de ellos, fue el Capitán del Barco “Ochossi”, otro de los barcos afectados por la presencia de militares extranjeros, quien contó: “En el 2005 militares extranjeros nos abordaron, y un avión nos sobrevoló 8 horas, nos arrinconaron en un hueco, nos pusieron armas, nos hicieron tomar fotografías con nombre y apellido como narcotraficantes, al siguiente día recién nos dieron de comer, destruyeron nuestras lanchas, ingresaron material para perforaciones, al no encontrar nada, se fueron. Cuando le preguntamos que quién pagaba los daños, nos entregaron una hoja y nos dijeron que vayamos a la embajada, nos dejaron a la deriva”.
Luego, siguieron los testimonios de más pescadores, de pequeños barcos, de grandes buques, jóvenes, mujeres, contando las violaciones a los derechos humanos, barcos abordados, controles exagerados, incluso torturas. Sólo una profesora, de una escuela para niños con capacidades especiales, contó la ayuda que recibió de la FOL norteamericana. En total se recibieron denuncias de: 14 barcos hundidos, 4 barcos dañados y sin posibilidades de reparación, 1 barco desaparecido, 125 migrantes sometidos a tratos inhumanos y degradantes, reñidos incluso con la moral, 2 personas detenidas y desaparecidas. Todos estos testimonios se presentaron con la documentación requerida, incluso con fotografías y evidenciaron una realidad ocultada durante 10 años por medios de comunicación, autoridades locales, en complicidad con las autoridades de turno.

Estos testimonios, que confirman que la FOL durante su estadía en Manta realizó otras acciones, fuera de las bases del convenio, tendrán que ser investigados con mayor profundidad a través de la auditoría que propone la Comisión de Asuntos Internacionales, que se espera de respuestas a Manta y al Ecuador, para que los culpables sean sancionados y las personas afectadas sean reparadas física, económica y moralmente.

En busca de respuestas…


El tercer día de estadía en Manta, La Comisión de la Asamblea junto con organizaciones de Derechos Humanos y la Coalición NoBases visitó La Base Aérea Eloy Alfaro, donde tuvo un encuentro con los militares ecuatorianos y con funcionarios estadounidenses, el Teniente Coronel Jared Curtis, Comandante del FOL, el agregado militar de la Embajada y una oficial política.

Eduardo Cárdenas, Comandante de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta explicó que el control de la mayoría de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro está en manos de militares ecuatorianos y que las actividades se limitan a facilitar información, como manda el convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos que dice “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos”

Así también, la Embajada Norteamericana en su página web dice que el trabajo de la FOL está limitada al campo de antinarcóticos y que las misiones aéreas proporcionan información para las operaciones de interdicción marítima de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de los países socios, pero no intervienen directamente en las operaciones y afirma que: “La información que recogen estos vuelos antinarcóticos que salen del FOL es analizada por la “Joint Interagency Task Force South (JIATF-South), una fuerza de tarea internacional y multilateral con base en Key West, Florida, que está formada por diferentes departamentos del Gobierno de los Estados Unidos y tiene funcionarios de coordinación de 12 países, incluso del Ecuador”

Pero Comandante de Base Aérea Eloy Alfaro afirmó que “La información es algo intangible que no se puede tocar y el valor de esa información es el procesamiento y lo que se hace con esa información. Se podría decir que esa información si la tuviéramos aquí no serviría para nada. Cada información está relacionada con un montón de cosas”
Entonces, la información viaja por el aire hacia Estados Unidos y los militares ecuatorianos no tienen conocimiento, ya que “es tecnología avanzada que no sabemos cómo funciona” Entonces. ¿Qué sucede con la información que se obtiene en territorio ecuatoriano? ¿Cuáles es el fin último?

Según la Embajada de Estados Unidos “Basándose en la información recibida desde el FOL y de otras fuentes, la JIATF-South puede proporcionar guías a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas para que puedan realizar operaciones de intercepción de drogas? En la Hoja Informativa, Contribución del FOL de Manta a la lucha antinarcóticos y a la comunidad de Manta, se dice que durante el 2008, con el personal de apoyo a las operaciones antidrogas del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL) localizado en la Base Aérea Eloy Alfaro “se respaldó 822 misiones antinarcóticos, contribuyendo al decomiso de 229 toneladas métricas de cocaína, que habrían tenido un precio estimado de 4.570 millones de dólares en las calles”

Según los norteamericanos en la FOL, se han capturado casi 1800 toneladas de cocaína. Estos datos no concuerdan con la información que tienen el CONSEP, por lo que cuando la Comisión le preguntó esto, el agregado militar tuvo que aceptar que esta cantidad de droga corresponde a operaciones de las tres FOL instaladas en América Latina y en operativos combinados con 11 países.

Los medios de comunicación nacionales que son llevados con frecuencia a visitar la FOL aceptan sin chistar los datos que les proporcionan los militares estadounidenses. A ningún reportero se le ocurrió preguntar dónde estaba la droga decomisada o dónde estaban los juicios y personas detenidas por estos operativos. Ahora resulta que toda la infraestructura militar estadounidense de tres FOL de América Latina, y la acción combinada de 11 países logró la captura de las 1756 toneladas de cocaína de la que habla la embajada estadounidense; esto quiere decir que sólo se tiene un grado de efectividad de alrededor de 15 toneladas de cocaína capturadas por año en cada país participante; esta es una efectividad nula, incluso ridícula, si se considera el número de misiones aéreas, el personal destinado y las inversiones realizadas. Si son tan poco eficientes en el control del tráfico de drogas, cabe la pregunta ¿qué más hicieron en Manta?

Pero hay otro tema que queda pendiente de ser investigado. Si la FOL se limitaba al control aéreo antinarcóticos ¿qué sucede con los abordajes, hundimientos y controles a pescadores en el mar de Manta?

Sobre esto el Comandante de las Fuerzas Armadas afirmó que “A nosotros nos compete solo el control del espacio aéreo todo lo que pase en el mar es responsabilidad de la marina ecuatoriana nosotros controlamos el espacio aéreo y eso es lo que hace el convenio. Entonces ¿qué papel jugó la Marina del Ecuador en los abordajes, interceptación de barcos de pescadores y migrantes? ¿Cuál fue el papel de los militares extranjeros acantonados en Manta? Estas son algunas de las preguntas que quedan flotando en el aire y que deben responderse lo más pronto posible.

La visita de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, recopiló abundante información para fundamentar la necesidad de realizar una auditoría, no solo para que las acciones de los soldados estadounidenses no queden en la impunidad, sino también para dar un ejemplo a los demás países sobre las formas en que un pueblo digno puede ejercer su soberanía.

La auditoría deberá encaminarse a buscar la real dimensión de las acciones estadounidenses, pero además, deberá establecer responsabilidades políticas y penales por los daños causados, tanto a las personas afectadas, como a todo un pueblo al que un sector político entreguista le impuso una base militar extranjera
La Comisión de la Asamblea deberá ahora llamar a comparecencia a quienes hicieron posible la firma del convenio y luego presentar un informe al Presidente Rafael Correa para que él haga realidad esta auditoría, no solo deseada por los ecuatorianas y ecuatorianos amantes de la paz, sino por todas las organizaciones que buscan construir un mundo sin armamentos y sin acciones militares.


INREDH y la Coalición No Bases - Ecuador, seguirán de cerca el proceso de la auditoría y realizarán acciones masivas como repudio y despedida a las tropas extranjeras, estas acciones se darán en el marco de una campaña nacional a la que hemos denominado “Lluksi Yanquis Forever”, en la que habrá conciertos, graffitis, foros y el acondicionamiento de una barco dañado que permanece en la playa de Tarqui, en Manta.

(Fuentes: El Comercio-Quito, CRE-Satelital, El Telégrafo-Guayaquil, Prensa Latina y LibreRed-INREDH)

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