Saharauis, los ojos del desierto

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31.8.09

Honduras:Golpe y Elecciones

ENSOMBRECIDA POR EL GOLPE, LOS INFORMES NEGATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y EL RECHAZO POPULAR , COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL QUE PRETENDE LA LEGITIMACIÓN DEL RÉGIMEN IMPUESTO POR EL CUARTELAZO DEL 28 DE JUNIO


La campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre próximo comenzó formalmente este lunes en Honduras, rechazada por vastos sectores sociales opuestos al golpe militar del 28 de junio pasado. La comunidad internacional ya avanzó que desconocerá los resultados de los comicios si son celebrados bajo las condiciones del gobierno que fue impuesto por el golpe militar del 28 de junio pasado.

En un comunicado previo al inicio de la campaña, el Frente Nacional contra el golpe de Estado aseguró que las elecciones "sin la restitución del orden constitucional, serían la legalización de la violencia militar contra el Estado, por tanto, inaceptables".El Frente decidió desconocer la campaña, el proceso y los resultados electorales si no es restablecido el estado de derecho y el presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Similar postura adoptó el aspirante presidencial independiente Carlos Humberto Reyes, quien pidió "que los candidatos no golpistas a todo nivel de elección popular se retiren del proceso electoral si se mantiene la dictadura".

El Partido Unificación Democrática, que postuló al diputado César Ham, aseguró también que no puede acudir a unos comicios bajo las condiciones del golpe militar.

Hasta el momento, sólo han iniciado la campaña los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales: Elvin Santos, del Liberal y Porfirio Lobo, del conservador Nacional. Santos, quien adelantó este domingo su acto en un hotel de Tegucigalpa , se enfrenta a la rebelión de las bases liberales, que en una asamblea nacional hace tres semanas, con la asistencia de más de cinco mil personas, decidieron desconocerlo como candidato del partido. Esas fuerzas, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Liberales contra el golpe, decidieron desconocer los comicios si no son restablecidos el orden constitucional y el presidente Zelaya. Igual posición asumió el estadista, reconocido por los liberales de base como su líder.

Los otros dos candidatos presidenciales son Felícito Avila, del pequeño Partido Demócrata Cristiano; y Bernard Martínez, de Innovación y Unidad Socialdemócrata, con un sector opuesto al gobierno golpista.
Comunicado del Frente Nacional de Resistencia


"Las elecciones generales sin restitución del orden constitucional serían la legalización de la violencia militar contra el estado, y por lo tanto, inaceptables. En consecuencia, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado declara:

1. Desconocer la campaña, el proceso y los resultados electorales, si no es restituido el orden constitucional cuyo fundamento básico es reinstalar en el cargo al legítimo Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

2. Exhortamos al Partido Unificación Democrática (UD), candidaturas independientes, candidatos y candidatas no golpistas a cargos de elección popular por el Partido Liberal y el PINU que manifieste su posición política con respecto al proceso electoral en el país.

3. Condenar la militarización de la sociedad y del llamado “proceso electoral” por los golpistas que, con su presencia armada, introducen un elemento adicional de violencia política partidaria y que agudizan las condiciones de exclusión, oscuridad y represión en perjuicio de las y los participantes.

4. Reiterar el llamado a promover la instalación directa de una Asamblea Nacional Constituyente popular, participativa, incluyente, no discriminatoria y democrática.
“A 61 DÍA DE LUCHA AQUÍ NO SE RINDE NADIE”
Tegucigalpa M.D.C. 28 de agosto de 2009

Una campaña sin acuerdo ni reconocimiento


El calendario electoral puesto en marcha por los golpistas hondureños, arranca sin un acuerdo político interno y sin el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este proceso claramente ilegítimo, los hondureños son llamados a elegir el 29 de noviembre a un nuevo presidente, además de 128 diputados del Congreso, 20 representantes del Parlamento Centroamericano y cerca de 300 alcaldías, entre otros cientos de cargos de elección popular.

Para Susanne Gratious, experta alemana en América Latina, el avance sin freno del calendario electoral no puede traer nada bueno a Honduras."Las implicaciones son negativas porque es un país polarizado y es de suponer que los seguidores de Zelaya no van a participar. Además el gobierno que salga de estas elecciones tampoco va a tener ninguna legitimidad". Investigadora de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, con sede en Madrid, Susanne dice que un gobierno que llegó al poder mediante un golpe de Estado "no puede legitimarse con elecciones".

"Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) venía de la ayuda internacional y un país así vive también del reconocimiento internacional. Si esto no llega, vamos a ver un Honduras -que ya es un Estado frágil- mucho más debilitado".

La analista manifiesta sorpresa por que la Unión Europea no haya tomado cartas en el asunto de manera más decisiva. "La Unión Europea es uno de los principales donantes y por tanto tiene una responsabilidad histórica con Centroamérica", señala. "Pero no ha hecho nada y me sorprende mucho".

Para la investigadora de lo que se trata, en todo caso, es de defender los principios democráticos y dejar claro que un golpe de Estado no puede ser permitido. Para Susanne Gratious, "es que no hay un actor crucial en este momento para lograr un acuerdo entre las partes" y descarta que Estados Unidos pueda llegar a serlo.
"Yo creo que el papel de EE.UU. no es tan crucial. Puede ser que con Obama cambien las cosas, pero EE.UU. casi nunca ha sido parte de la solución, y menos en Centroamérica".

Los golpistas prepararían un fraude como el de 2005


Los golpistas tienen planificado presentar una altísima votación en las elecciones de noviembre y así lo anuncian ya. Y no porque la ciudadanía se vaya a movilizar a las urnas, sino quizá mediante la manipulación de las actas, como se ha comprobado que sucedió en las elecciones de 2005, cuando se infló la participación, mediante proyecciones de datos de hasta casi un cincuenta por ciento por encima de las cifras reales.

Hace varios meses un técnico del Tribunal Superior Electoral (TSE), denunció en una emisora de cobertura nacional que en noviembre de 2005 no se contaron miles de actas electorales, pero en el informe final de las elecciones aparecen contabilizadas. Aunque se trataba de una denuncia muy seria, los periodistas no investigaron, el Tribunal no desmintió la versión, ni tampoco se tomó ninguna acción contra el denunciante como debió ser si la información fuera falsa.

La denuncia tenía fundamento. De acuerdo con información oficial obtenida del TSE, 2.695 actas de Mesas Electorales Receptoras de todo el país no fueron computadas. El total de 2,695 actas sin contar suman una carga electoral mayor de 800.000 electores, considerando que se asignan al menos 300 electores por urna.

En el Departamento de Francisco Morazán casi el 40 por ciento de las actas no se computaron y como en los demás lugares se procedió a realizar la proyección en el mismo porcentaje de cuarenta por ciento o más. El último corte del escrutinio se hizo el 12 de diciembre y tal parece que se aburrieron de contar o no quisieron seguir discutiendo sobre las inconsistencias de las actas faltantes. En ese corte la diputada más votada del Partido Liberal, Lizzi Flores, tenía 115.704 votos, pero le proyectaron un 40 por ciento y en el informe final aparece con 192.962. De igual manera, David Matamoros Batson, quien encabezó la lista del Partido Nacional, tenía 83.402, le hicieron su proyección y subió a 135.860.

El reparto fue más o menos parejo puesto que la más votada del Partido Unificación Democrática, Doris Gutiérrez, pasó de 42.721 a 75.760. Se sabe que esto fue con el consentimiento del entonces presidente de la UD, César Ham, quien estuvo de acuerdo con que se parara de contar las actas y se realizaran las proyecciones a todos los resultados parciales.

Donde más actas quedaron sin contar fue en Francisco Morazán con 990, Cortés con 707, Yoro 201, Santa Bárbara 141, Lempira 121 y Olancho 107.

El Departamento de Islas de la Bahía fue el de mayor escrutinio real al computar 87 de 89 urnas instaladas.

Así es que la fórmula para la votación "masiva" está probada y afinada. La manipulación de datos del 2005 la conocieron los representantes de los cinco partidos participantes y desde luego que todos los magistrados del TSE, pero nunca lo supo el pueblo, que supuestamente es el que elige al ganador y, al parecer, ninguno de los observadores internacionales.

Como les salió tan perfecto el 2005, ahora deben estar listos y afinados para repetirlo el 2009. El consenso ahora es mayor y el objetivo es "un verdadero compromiso patriótico: mostrarle al mundo que millones de hondureños fueron a las urnas para retornar al país al orden constitucional". Es decir, engañar al mundo diciendo que los hondureños apoyan a los golpistas y por lo tanto tienen el derecho a ser reconocidos como los nuevos gobernantes.

De esa manera, aunque sólo voten 500.000 personas, basta con aplicarles el mismo porcentaje a todos y todas las candidatas, se mantendrán las diferencias porcentuales; pero se puede decir en los resultados finales que votaron 2 o 3 millones de personas.

Según los mismos datos del TSE el abstencionismo en 1980 fue de 18.66% y para 2005 aumentó a un 44.62% en todo el país y a más del 50 por ciento en importantes municipios. En un momento de crisis y desencanto de la población con los políticos, sería de esperar que el abstencionismo se elevara ahora, sin embargo el Tribunal, los candidatos y los defensores del golpe de Estado aseguran que éstas serán las elecciones de mayor participación en la historia. Si así lo presentan tras las votaciones, ya sabemos qué hicieron.

La Resistencia, hasta el último rincón


El Frente Nacional contra el golpe de Estado anuncia que extenderá las estructuras de la resistencia hasta el último rincón del país para demandar la restitución del Estado de Derecho.
El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores, Israel Salinas, informó que con ese propósito será celebrada el próximo domingo en la capital hondureña una asamblea con representantes de toda la nación. Salinas agregó que entre los objetivos que se persiguen está el fortalecimiento de la lucha del Frente a nivel de regiones, departamentos, municipios y comunidades para exigir el retorno al orden constitucional.

El Frente Nacional va a estar hasta en los últimos rincones de Honduras, apuntó, al recordar que "surgió del corazón del pueblo el día 28 (de junio, día de la asonada militar) frente a la Casa Presidencial". El líder sindical señaló el carácter pacífico, democrático, patriótico y solidario del Frente, una vasta alianza de agrupaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, femeninas, de derechos humanos, entre otras. Añadió que la firmeza de la lucha pacífica va a derrotar a los golpistas, de quienes aseguró se encuentran desesperados ante la creciente condena mundial y la resistencia, en su jornada 65 consecutiva este lunes.

El Frente acordó este domingo en una asamblea nacional mantener las manifestaciones en las calles hasta la recuperación del orden constitucional y la reinstalación del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El coordinador general, Juan Barahona, informó que habrá acciones todos los días de la semana, pero que serán dadas a conocer al final de las marchas de cada día, para entorpecer las Tamaño de fuenteacciones de seguimiento de la policía y las fuerzas armadas.

Barahona adelantó que la tarde del próximo miércoles se reunirán las tres centrales sindicales del país para analizar una nueva convocatoria a una huelga general del sector público el jueves y viernes de esta semana. Ambos días coinciden con una huelga de maestros y profesores, convocadapor la Federación de Organizaciones Magisteriales, que decidió mantener las clases los lunes, martes y miércoles.

El golpe ha propiciado la unión de los movimientos sociales


"Hace dos meses [el 28 de julio], Honduras inició un proceso de reorganización de sus movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda. El Golpe de Estado contribuyó para que se unifiquen los grupos populares del país". El análisis es del dirigente nacional del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), Marcelo Buzetto, quien participó en la misión brasileña que visitó Honduras del 10 al 13 de este mes. El dirigente brasileño consideró que en términos comparativos"todo lo que existe en cuanto a mejor organizado, está presente en los movimientos sociales tanto de Brasil como de Honduras". Actualmente, las principales organizaciones hondureñas están reunidas en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado.

"La diferencia es que ellos [los hondureños] están viviendo una situación histórica de ascenso del movimiento de masas. Es una situación de ofensiva. El desafío, ahora, es construir una unidad bastante sólida y permanente", reflexionó.
Para Buzetto, los movimientos sociales del país están consiguiendo ampliar las discusiones y prepararse para pautar otras necesidades sociales, políticas y económicas del pueblo hondureño. "Consiguieron alcanzar una cierta madurez política. Cuando estuve allá, escuché otras reivindicaciones además de la vuelta del Presidente Zelaya. Algunos hablan de una asamblea nacional constituyente".

Sin embargo, existe la dificultad de mantener el mismo nivel de organización en las calles. "Hay una participación bastante activa de todos los sectores de la sociedad. Sólo que hay sectores más y menos organizados. Algunos sectores necesitaron volver al trabajo, pero los dirigentes continúan organizando a los trabajadores en las fábricas", señaló.
El representante del MST enfatizó además las medidas represivas del Ejército hondureño contra las manifestaciones pacíficas, principalmente, en las calles de la capital Tegucigalpa y de la ciudad industrial de San Pedro Sula. "Hay personas infiltradas en las marchas populares, policías de civil, que incentivan discusiones para comenzar peleas y desestructurar al movimiento. Presenciamos el toque de queda [impuesto por el presidente provisorio Roberto Micheletti, desde las 22h a las 6h] y eso es algo muy malo para la población. Los comercios tales como restaurantes, cierran a las 20h porque los trabajadores necesitan llegar a casa a tiempo", se indigna.
La misión brasilera que visitó Honduras del 11 al 13 de agosto estuvo compuesta por el diputado estadual del PDT-SC (Partido Democrático Laborista - Santa Catarina), Amauri Soares; el secretario general del PCB-RJ (Partido Comunista Brasilero - Río de Janeiro), Ivan Pinheiro; y por Marcelo Buzetto.

(Fuentes:Prensa Latina, Minga Informativa, BBC,Mundo, Radio LaPrimerísima y Adital)

24.8.09

Colombia:Bases EE.UU-DD.HH-Reelección

TRISTE Y DESOLADOR PANORAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA MISMA SEMANA QUE SE CONSUMA EL CAMINO HACIA LA REELECCIÓN DE URIBE Y EL 'ACUERDO' PARA EL USO DE SIETE BASES POR LOS EE.UU


En la misma semana que el Senado abre la penúltima cancela para que Álvaro Uribe marche hacia la segunda reelección, una vez firmado y sentenciado el "acuerdo" entre los gobiernos de Bogotá y Washington, o viceversa, para que tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, pese al desasosiego y las protestas de todos los países vecinos menos uno, utilicen siete bases en suelo colombiano, basta echar un vistazo al resumen del boletín virtual de la organización independiente dhcolombia, para hacerse una idea de lo que es el día a día para miles, millones de colombianos.


S.O.S. POR EL DERECHO A LA VIDA DE NUESTROS JOVENES
Por: Diócesis de Chocó





La Diócesis de Quibdó, preocupada por la ola de muerte entre los jóvenes de la ciudad, especialmente de los barrios más empobrecidos, pone en alerta a la comunidad Quibdoseña y a las instituciones del gobierno locales, departamentales y nacionales.
No es ajeno para la comunidad Quibdoseña, la mal llamada limpieza social que se viene realizando en la ciudad desde hace varios años ante el silencio y la mirada cómplice de muchos de nosotros y nosotras. (...) Leer >>
http://www.dhcolombia.info/spip.php?article804

ASESINADO TRABAJADOR DE NESTLE- COMESTIBLES LA ROSA
Por: SINALTRAINAL

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, fuetrasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article803


SE INICIA JUICIO POR LA MASACRE DE 8 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (AntioquiaColombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ
FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article802



CIDH EXPRESA PREOCUPACION ANTE OPERACIONES DE INTELIGENCIA SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA EN COLOMBIA
Por: Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article800

Atentado contra líder del movimiento indígena Nietos de Quintin Lame
Por: Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes

En el Resguardo Indígena de Huellas, vereda Bodega Alta, cerca de las 9:45 de la noche, en momentos en que el ciudadano indígena ALBERTO GUETIA, retornaba a su hogar, a escasos metros de su casa de habitación, dos individuos que se ocultaban tras la vegetación del lugar aprovechando la soledad de un paraje y la oscuridad de la noche, dispararon sus armas de
fuego en contra de la humanidad de ALBERTO GUETIA. Ante esta situación ALBERTO reacciono tendiéndose al piso y un proyectil de arma de fuego le impacto sobre la pierna derecha. Los pobladores del lugar atemorizados guardaron silencio y pasados unos minutos salieron y encontraron a ALBERTO tendido en el piso, ante esta situación comenzaron a gritar que habían
matado a ALBERTO. ALBERTO herido permaneció tendido durante aproximadamente 10 minutos tiempo en el cual los agresores, se retiraron del lugar. Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article799
CRISIS HUMANITARIA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
Por: Nomadesc y otros



Las organizaciones de derechos humanos del suroccideten denuncian: El día 1 de agosto, en la cabecera Corregimental de Sidón, Municipio de Cumbitara, el grupo paramilitar los Rastrojos y los autodenominados Águilas Negras, se enfrentaron dejando un saldo de 42 muertos entre miembros de estos grupos y población civil. Estos hechos fueron denunciados por el Diario del Sur en el cual textualmente informan:
"Cuarenta y dos muertos dejan hasta el momento los cruentos combates entre bandas al servicio del narcotráfico que se disputan el dominio territorial de Policarpa y Cumbitara, zona nororiente del departamento donde inicia el piedemonte costero de Nariño. Los combates, según el asesor departamental de Paz, Xabier Hernández, se registran desde el pasado 11 de julio en 20 veredas de la zona, entre miembros de las Águilas Negras, Nueva Generación y los Rastrojos." A estos hechos se suma el control territorial permanente que ejercen estos actores armados que vienen generando terror y zozobra en el territorio, desde hace más de una década y quienes son responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento, cobro de impuestos que agudiza la crisis económica y social en la que sobreviven las comunidades.(...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article798

Panfletos: El papel que mata
Por: Alejandro Angulo, S.J.


El papel que mata. Los tigres de papel pueden morder. Y los asesinos de papel pueden asaltar y ultimar. Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años
cincuenta, los ‘bandoleros' dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, los ‘paracos' lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror. (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article796
La carta y los argumentos para suspender las negociaciones sobre las bases militares en Colombia, que la señora Clinton no quiso atender.


Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU hicieron un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que “suspenda las negociaciones para expandir el acceso de EEUU a bases u operaciones militares en Colombia”, en carta remitida el 12 de agosto. este es el texto:

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y
ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

. El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.

. El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.

. A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.

. El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.

. Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.

. También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre
las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde 2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzosos masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de
drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas.

La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudaméricanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.
Atentamente,

(Fuentes: dhcolombia.info, Codhes-Colombia y Agencia Prensa Rural-Colombia)

21.8.09

Honduras:55 días de Resistencia al Golpe

LAS MOVILIZACIONES PARA EXIGIR LA VUELTA DE ZELAYA CUMPLEN 55 DÍAS. EL PRESIDENTE DEPUESTO PODRÍA REGRESAR ANTES DEL 1º DE SEPTIEMBRE. ENTRE LAS 10 FAMILIAS QUE FINANCIARON EL GOLPE MILITAR, VARIAS SON DUEÑAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN


La investigadora de temas militares de la Universidad Nacional de Honduras, Leticia Salomón, asegura que el Golpe de Estado fue planeado y financiado "por un grupo empresarial" en el que los medios de comunicación tienen gran importancia. Salomón especifica que el grupo de empresarios está liderado por el ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna, Carlos Roberto Facussé.

A su vez, afirma que este medio junto a los diarios La Prensa y El Heraldo y a los canales de televisión 2, 3, 5 y 9 "fueron los pilares fundamentales del Golpe".

La especialista también menciona a los dirigentes del Grupo Continental, Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, quienes monopolizan la banca hondureña, la agroindustria y poseen medios de comunicación como el diario El Tiempo y Canal 11.

El resto de las familias que apoyaron el golpe contra Zelaya y que controlan el 90% de la riqueza que produce el país son: José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman , el constructor Rafael Flores. Y el magnate Miguel Facussé, que monopoliza el negocio de la palma aceitera y que en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.......
























Así pues, al golpe militar de Honduras están vinculados la cúpula empresarial, los cuatro partidos políticos aliados de la burguesía (Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Innovacion y Unidad socialdemócrata), las jerarquías de las iglesias católica y evangélica y, como vimos, los dueños de los principales medios de comunicación.

Es significativo que sólo el estado de Israel ha reconocido al gobierno golpista, y ahora le presta asesoramiento policial y militar en la represión desatada , hecho denunciado y documentado por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), mientras que la práctica totalidad de gobiernos e instituciones del mundo lo han condenado.

La ultraderecha mundial, especialmente la latinoamericana, aplaude lo sucedido, ya que lo ven como una oportunidad de frenar los avances de la izquierda en la región.

55 días consecutivos de Resistencia


Las manifestaciones en Honduras contra el golpe militar del pasado 28 de junio cumplen 55 y los líderes de la resistencia aseguran que mantendrán las protestas el tiempo que sea necesario. "Esta es una batalla de cada día y se está consolidando el triunfo del pueblo", dice el coordinador general del Frente Nacional contra el golpe de Estado, Juan Barahona, al convocar a la manifestación de este viernes a que se espera la llegada de una caravana de vehículos procedentes del departamento central de Comayagua.

Este jueves, una multitudinaria marcha de más de cuatro horas recorrió ayer la capital de Honduras para exigir la restitución del estado de derecho y del presidente constitucional, Manuel Zelaya. "Se acerca el triunfo del pueblo, porque la resistencia no es sólo en la capital, sino en los 18 departamentos del país", dijo Barahona en un mitin, celebrado a unos 300 metros del cuartel general de las fuerzas armadas.

Las movilizaciones durante los 55 días de la Resistencia contra el Golpe se financian con aportes de personas de diversos estratos, afirman los dirigentes, en respuesta a la fiscalía que investiga si reciben dinero del gobierno de Venezuela y de la guerrilla colombiana de las FARC.

Los golpistas acusan a los integrantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, integrado por maestros, sindicalistas, estudiantes, campesinos y militantes de izquierda, de recibir fondos del presidente venezolano Hugo Chávez y de la guerrilla colombiana."Aquí las FARC o Chávez no tienen que ver nada. Las organizaciones están financiando a su gente, y a los que no están organizados aquí se les da su comidita y agua de las donaciones del pueblo, que está bien identificado con nuestra lucha", afirma Juan Barahona.

El núcleo del Frente lo forman seis poderosos sindicatos magisteriales, con 50.000 afiliados, y las tres centrales obreras, que agrupan más de medio millón de trabajadores.

Radio Globo, simpatizante del Frente de Resistencia, realiza una campaña para recolectar alimentos, agua, ropa, zapatos y medicinas, para lo cual ha abierto un almacén al este de la ciudad."Lo que están haciendo es una gran cosa para ayudar a la gente que está luchando para que regrese la democracia al país, con el regreso del presidente Zelaya", dice Alba Luz Martínez, quien llegó para entregar 50 bolsas de agua y bultos de ropa usada.

"Así como ella, viene mucha gente, aquí no paran de llegar", afirma satisfecho Gilberto Gale, uno de los coordinadores de la bodega. "Pero nos están haciendo falta medicamentos para vómitos y diarrea", reconoce."Si esta gente anduviera con dólares venderíamos todo en un instante. Aquí vemos que la gente le viene a dejar burritas (comida). Esta gente anda aquí porque cree en su lucha", asegura Fredy Moncada, quien acompaña a las marchas vendiendo sombreros.

Una de las causas que enarbolan los golpistas para el derrocamiento de Zelaya es que era un "títere" de Chávez y pretendía llevar a Honduras "la revolución del siglo XXI", a través de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).


Movimiento campesino hondureño continúa firme en la resistencia

Organizaciones campesinas hondureñas, miembros de la Vía Campesina Internacional, mantienen tomadas las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), desde que se dio el golpe de Estado en Honduras; además las y los campesinos están integrados desde un principio en las múltiples acciones que realiza el frente de resistencia, porque, según sus dirigentes, las y los campesinos son los más afectados con todo este deterioro que ha sufrido la democracia hondureña.
Concepción Betanco Secretaria General de la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) explica: "Nosotros estamos en esta lucha por que el gobierno de Manuel Zelaya aprobó el decreto 18-2008 para sanear la mora agraria en el país y otros beneficios para las y los campesinos." Con este decreto se titularían las tierras a favor de muchos grupos campesinos que llevaban dos o más años de estarlas ocupando. El Instituto Nacional Agrario estaba empezando a entregar los primeros títulos de propiedad a los campesinos, cuando vino el golpe de Estado.

Concepción añade que los campesinos no están dispuestos a entregar el Instituto - tomado hace semanas - a las autoridades nombradas por el gobierno de facto hasta que se restablezca el orden constitucional. Las organizaciones campesinas siempre estuvieron en diálogo permanente con el presidente Zelaya y fue producto de este dialogo que se logró acuerdos importantes en beneficio del campesinado.

Zelaya podría regresar antes del 1 de septiembre


El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, regresará a su país antes del 1 de septiembre, según lo anunció Beatriz Valle, viceministra del gabinete de Gobierno derrocado.

En declaraciones desde Tegucigalpa, la viceministra indicó que “se equivocan quienes creen que el presidente Zelaya no volverá al país, él estará regresando antes del 1 de septiembre” y agregó que éste no había renunciado “al cargo que el pueblo le ha otorgado”, en respuesta el presidente golpista Roberto Micheletti, quien días antes aseguró que Zelaya no quería volver al poder.
Previamente, Zelaya anunció desde Lima, después de reunirse con el mandatario peruano, Alan García, que su “regreso es inminente” a pesar de que Micheletti ha amenazado con arrestarle. “Yo no puedo renunciar a eso y no puedo aceptar vivir desterrado, no tengo ningún proceso judicial, ninguna sola falta, ninguna sentencia”, dijo en la rueda de prensa.

La viceministra Valle denunció que altos funcionarios del gobierno de Zelaya “siguen siendo amenazados por el régimen de Roberto Micheletti" y añadió que ella es una de las que está siendo acosada con mensajes a su correo electrónico y a su teléfono móvil.

En Honduras no hay libertad de expresión, según la ONU


El Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, Frank La Rue, afirma que en Honduras "no existe libertad de expresión para criticar a las autoridades de facto".

La Rue hizo público un comunicado tras haber visitado de forma no oficial la capital hondureña, Tegucigalpa, los días 3 y 4 de agosto. A partir de entrevistarse con comunicadores de diversas posiciones y con organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el relator de la ONU concluyó que "no se permiten las manifestaciones libres de quienes denuncian el Golpe de Estado y piden el retorno del Presidente Zelaya". A su vez, La Rue remarcó que "no existe una forma sistemática de documentar los hechos, las detenciones ni lo casos de exceso de fuerza o de tortura". Por ello, afirmó que "ni el pueblo hondureño ni la comunidad internacional tienen acceso a información objetiva". Al respecto el relator sobre Libertad de Expresión explicó que los camarógrafos y fotógrafos que intentan documentar los hechos son "blanco específico de agresión policial, sufriendo golpes y la confiscación o destrucción de sus cámaras o del material filmado".


Al mismo tiempo, La Rue consideró que la estrategia del régimen es "ganar tiempo" hasta la fecha de las elecciones, en noviembre. Sin embargo, compartió la opinión de varias organizaciones de la sociedad civil que manifestaron que "no se puede realizar un proceso electoral sin un mínimo de legitimidad democrática". Y agregó que esta legitimidad "implica el restablecimiento de la institucionalidad democrática garantizando plenamente la libertad de expresión y la libertad de prensa".

Finalmente, el relator consideró que "la impunidad de un Golpe de Estado en cualquier país de América Latina atenta contra la democracia en el todo el Continente".

AUDIO:Frank La Rue, Relator de la ONU en Radio Globo archivo mp3

Periodistas presentaran pruebas de violaciones

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que trabaja en la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente americano, se reunió este jueves en San Pedro Sula, con periodistas de la costa norte que desde el 28 de junio, fecha en que se produjo el golpe de Estado, han sido víctimas de la represión por parte del gobierno de facto.
Producto de la brutalidad con que actúa el ejército y la policía al momento de ejecutar el desalojo de las manifestaciones pacificas, muchos periodistas en todo el territorio nacional han tenido que soportar atropellos a sus derechos humanos. Detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas, encarcelamientos, humillaciones y hasta el decomiso y destrucción de equipo y materiales de comunicación, forman parte de los abusos en contra de libertad de prensa provocados por el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti.

"Estamos transmitiendo en vivo para Radio Progreso y vemos la brutalidad de la policía en contra de los manifestantes, dos elementos uno de la policía y otro del ejercito tratan de manera despectiva la bandera nacional, un policía ha tirado una bomba adentro de una casa y en este momento un elemento está sacando su arma y me está siguiendo, ahora son tres. Hermano soy de un medio de comunicación, en este momento me están quitando mi celular" relataba angustiosamente Gustavo Cardoza, reportero de Radio Progreso, que el viernes 14 de agosto, transmitía desde Choloma Cortes, las incidencias de la represión a una manifestación pacífica llevada a cabo en contra del golpe de Estado.

A pesar de haberse identificado como reportero de Radio Progreso, Cardoza, fue salvajemente golpeado y detenido por la policía. Las atrocidades cometidas por los órganos represivos del Estado no ocupan espacios en los medios de comunicación nacional, que hasta hoy siguen mostrándose de manera parcial a favor del régimen de facto y mantienen en el anonimato las violaciones a los derechos humanos, que en nombre de la paz y la democracia cometen los encargados de mantener el orden público.

CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA y la ONU y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, GomeraVerde,Prensa Latina, AFP, LibreRed y Adital-Vía Campesina)

19.8.09

Chile:Movimientos Sociales e Indígenas

LA COMUNIDAD MAPUCHE AMENAZA CON UN LEVANTAMIENTO GENERALIZADO SI EL GOBIERNO NO SE DISCULPA POR LA ACTUACIÓN POLICIAL QUE CAUSÓ LA MUERTE DE UN INDÍGENA. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES RECHAZAN EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS



La Asociación chilena de Organizaciones no Gubernamentales (ACCION), rechaza en un comunicado el proyecto de ley llamado Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, que a juicio de esta plataforma busca responsabilizar a quienes convoquen a manifestaciones por los eventuales incidentes. La presentación del proyecto coincide con un momento crítico, tras la muerte de un indígena mapuche en el sur del país, durante una protesta que fue reprimida a balazos por los carabineros.

La llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana establece, además, según ACCION, violaciones a la libre expresión de las demandas sociales, con el objetivo de aumentar las medidas que criminalizan la protesta social .

Álvaro Ramis, presidente de ACCIÓN, considera que "no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público".

El comunicado también denuncia y condena los procedimientos policiales usados el día 12 de agosto en la zona de Collipulli, donde fue abatido por la espalda el comunero mapuche de 24 años Jaime Facundo Mendoza Collío.

La Comunidad Mapuche advierte al gobierno chileno

El portavoz de la comunidad mapuche Temucuicui, Jorge Huenchullán, advirtió que si el gobierno no reconoce y se disculpa por la actuación policial de la semana pasada, que causó la muerte de un indígena, "habrá un levantamiento generalizado del movimiento mapuche".

En los enfrentamientos registrados el miércoles en la zona de la Araucanía, unos 650 kilómetros al sur de Santiago, murió por impacto de bala el comunero Jaime Mendoza.

En declaraciones al vespertino La Segunda, Huenchullán señala que previo al reinicio del diálogo entre las partes el gobierno "tiene que reconocer su error y pedir disculpas al pueblo mapuche, que está muy dolido". El dirigente indígena reacciona así al anuncio del viaje a la Araucanía de una delegación gubernamental para intentar recomponer el diálogo entre las partes. La comitiva estaría integrada por los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, la portavoz gubernamental, Carolina Tohá y la ministra de Planificación, Paula Quintana, además del subsecretario de Gobierno, Edgardo Riveros y del delgado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña.

Para Huenchullán "quien viaje del gobierno tiene que tener poder de decisión" en la centenaria reclamación de los indígenas por la devolución de tierras, usurpadas por los gobiernos para entregarlas a terratenientes.

Otro dirigente mapuche, Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, agrega que su pueblo espera "que vengan medidas concretas sobre la autodeterminación" de los mapuches y "la devolución de tierras". Aunque, aclara que no sabe "si los mapuches van a querer dialogar, ya que no hay medidas concretas por parte del gobierno".

El mapuche muerto por policía no disparó ningún arma










El joven mapuche muerto a causa de un disparo de un uniformado, no disparó ningún arma, lo que contradice la versión de que la acción del agente fue en defensa propia. Según Radio Cooperativa, que cita fuentes de la investigación, los peritajes de los restos de Jaime Facundo Mendoza Collío, realizados por la Policía de Investigaciones (cuerpo civil), por orden del fiscal militar Rodrigo Vera, revelan que el joven no tenía restos de pólvora ni en su ropa ni en su cuerpo.
Mendoza, de 24 años, murió cuando agentes de Carabineros (cuerpo militarizado), en cumplimiento de una orden judicial, desalojaron un fundo (finca) en Angol, a unos 600 kilómetros de Santiago, que estaba ocupado por un grupo de indígenas que reclamaba la propiedad de esos terrenos.

Los exámenes del Servicio Médico Legal ya desvelaron que la bala de nueve milímetros que causó la muerte del joven penetró por su espalda y salió por el tórax.

Ambos datos contradicen la versión de Carabineros, que argumentó que el agente disparó en defensa propia tras recibir al menos 80 perdigones por parte de los indígenas.

El autor del disparo, el sargento Patricio Jara Muñoz, arrestado ese mismo día, fue procesado este lunes como presunto autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y continua en detención preventiva.

El funeral de Mendoza Collío tuvo lugar este domingo en la comunidad 'Requem Pillán', en la región de La Araucanía, donde vivía, con la participación de más de 3.000 personas, casi todas miembros de grupos mapuches.

Los mapuches se quejan de discriminación


El gobierno y una gran parte de la sociedad chilena dividen a los mapuches entre los "malos", que protestan y reclaman por sus tierras y demás derechos, y los "buenos" que trabajan calladamente, y para los primeros pone en práctica una respuesta que sólo consiste en represión policial, según los dirigentes del smapuches y expertos en asuntos indígenas.

La muerte a manos de la policía del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío en la Araucanía, es un hecho absolutamente predecible, para el director de Observatorio Ciudadano, José Aylwin. Esa muerte "es la consecuencia de una política estatal que ha privilegiado la respuesta policial sobre una política profunda para hacer frente a las reclamaciones legítimas, al decir de la propia presidenta Michelle Bachelet, de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche", declara el hijo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994).

El 12 de agosto, el día de la muerte del comunero Mendoza Collío la delegación de Chile exponía en Ginebra ante el y Comité Contra la Discriminación Racial. La delegación tuvo que responder por la aplicación de dos leyes, ambas impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la de Seguridad del Estado y la Antiterrorista, por la vigencia de un estado policial en la Araucanía y porque las causas contra los mapuches están en su mayoría a cargo de la justicia militar. Para Aylwin, "el homicidio de Mendoza Collío no es un hecho aislado, porque la policía actúa de esa manera y en forma reiterada en comunidades indígenas, en un evidente hecho de discriminación racial, a pesar de las numerosas denuncias de organismos de derechos humanos y de las propias organizaciones indígenas, y las recomendaciones del relator de Naciones Unidas".

El director del Observatorio Ciudadano afirma que "uno de los problemas que constataban informes anteriores es la existencia de una situación de desprotección jurídica, de una política pública insuficiente, lenta y ambigua, en relación al tema de las tierras, y daba cuenta de la proliferación de proyectos de inversión sin consulta en territorios indígenas y de una violencia policial que ya ha dejado varios casos de víctimas mortales, además de muchos casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Más de tres mil personas asisten al funeral


Más de tres mil personas, miembros de comunidades y organizaciones mapuches, participaron este domingo en el funeral de Jaime Facundo Mendoza Collío. Tras cuatro días de velatorio en la Comunidad Requem Pillán, el féretro del joven fue trasladado por diversos lonkos en un recorrido de tres kilómetros, en un cortejo escoltado por decenas de weichafes (guerreros)y jóvenes a caballo. La jornada estuvo marcada por la emotividad y los reclamos de justicia.

El masivo funeral transcurrió en un clima de profundo recogimiento de los miles de asistentes, quienes a partir del viernes comenzaron a llegar hasta Ercilla desde diversos puntos del País Mapuche. Jaime Mendoza Collío, de 24 años, casado y padre de un niño de 4 años, murió el miércoles 12 a causa de una bala que disparó el efectivo policial Patricio Jara Muñoz, tras el desalojo del fundo “San Sebastián”, vecino a Requem Pillan y que familias del sector habian ocupado de manera pacífica esa fatal jornada
Según Carabineros el funcionario que disparó lo hizo en defensa propia, tras recibir más de 80 perdigones disparados por los comuneros con escopetas, pero la autopsia de la víctima demostró que recibió el disparo mortal por la espalda y un reciente Informe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) ha demostrado que Mendoza no disparó ningún arma el día de su asesinato. El funcionario policial se encuentra detenidoy sometido a proceso por el fiscal militar Rodrigo Vera, bajo el cargo de “violencia innecesaria con resultado de muerte”.

La exigencia de Justicia por el crimen marcó la jornada del domingo. En diversos tonos, las delegaciones presentes demandaron a la Presidenta Bachelet que se termine con la “política criminal de encarcelar y asesinar a los mapuches que luchan por sus tierras”. Por medio de consignas, esta demanda se escuchó con especial fuerza durante el emotivo recorrido de 3 kilómetros a pie rumbo al cementerio, por un camino con pendientes y con el féretro cargado por lonkos y familiares. Jóvenes “weichafes” (guerreros), todos con el rostro descubierto, escoltaron la columna que era encabezada por comuneros a caballo, todos portando simbólicas lanzas con hojas de canelo en sus puntas.

Al funeral asistieron delegaciones mapuches de todo el Wallmapu, (territorios mapuches ancestrales),destacando las comunidades miembros de la Alianza Territorial Mapuche. También llegaron adelegaciones de organizaciones chilenas, como la Identidad Territorial Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras, la Alianza Mapuche de Izquierda, Coordinadora Arauco-Malleco, Asociación Ñancucheo de Lumako, el Consejo de Lonkos del Pikun Willi Mapu, Meli Witran Mapu de Santiago, el Partido Mapuche Wallmapuwen, Hogar Mapuche Pelontuwe de Temuco, la Asociación Ayun Mapu y figuras públicas como la destacada líder pewenche, Berta Quintremán.

Repudio de las organizaciones indígenas


La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se pronunció sobre el atropello al Pueblo Mapuche en la Araucanía chilena. La organización reúne a comunidades originarias de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Tras confirmarse el asesinato del comunero mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza, por un disparo de un carabinero, la CAOI dijo en su comunicado que "un nuevo asesinato confirma la sistemática política de criminalización de los pueblos indígenas que desarrolla el gobierno de Chile".

Además del asesinato de Jaime Mendoza, de la comunidad Requem Pillán, fue herido de bala Juan Carlos Curinao Roncal, autoridad ancestral de la comunidad Huañaco Millao.
Según informa el texto de la CAOI, "hay un número indeterminado de heridos y decenas de detenidos, lo que corrobora que en las regiones mapuches se vive un estado policial implantado por un gobierno que pretende resolver un problema histórico mediante la represión".
La Coordinadora también aseguró que "no se trata de un hecho aislado ni del producto de un enfrentamiento, como han declarado funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet". Según detalla el comunicado, "Jaime Mendoza estaba detenido y desarmado cuando fue asesinado".

AUDIO:Pedro Cabrapán Millape, comunero mapuche, testigo de los hechos archivo mp3
Guerra sorda en los territorios mapuches


Los últimos enfrentamientos entre los carabineros y las comunidades mapuches por los reclamos de tierras aumentan la tensión en el sur del país, más precisamente en la región de La Araucanía, que limita con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La muerte de Jaime Mendoza Collío, abatido por los carabineros, eleva a tres el número de mapuches muertos en similares circunstancias.

En Chile existen nueve etnias; aymaras, atacameños, collas, diaguitas y quechuas, repartidos en el norte del país; rapa nui, en la isla de Pascua; kawashkar, yaganes y mapuches, en el Sur. Precisamente, este último grupo, el más numeroso, con cerca de un millón de personas, ha sido el foco de atención en este país durante los últimos tiempos con el recrudecimiento de la violencia en la zona.
Después de la detención del máximo líder de la organización Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, también la semana pasada, y del número dos, Luis Trancal, hace cuatro días, el cuerpo de Carabineros realizó allanamientos en las comunidades y dijo que había descubierto "proyectiles de alto calibre y gran cantidad de explosivos". En este proceso de criminalización, la policía lanza ahora la especie de que los mapuches tienen contactos con una organización de "extremistas vascos" y que "investiga nexos" con las FARC.

La situación más conflictiva se desarrolla en dos regiones específicas: la del Bío Bío y La Araucanía. Actualmente, hay más de 400 procesados y casi 40 presos.

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un decreto intentó terminar con las comunidades mapuches y su propiedad en común: los indígenas denuncian que parte de ese esquema sigue vigente. Con el gobierno de Michelle Bachelet, las cosas no han mejorado. Uno de los grandes fracasos estatales ha sido la puesta en marcha de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), dependiente del Ministerio de Planificación, que durante los gobiernos de la Concertación ha buscado,la integración sin lograrlo y, aun peor, ha creado a costa de los mapuches un grave problema de desvíos de dinero y corrupción.
Huelga de hambre de mapuches presos

Con una huelga de hambre responden desde este miércoles siete presos mapuches procesados por el mismo caso, la intención del gobierno de separarlos y repartirlos entre cuatro penales diferentes de Chile.

Héctor Llaitul, considerado líder de la Coordinadora Arauco Malleco, inició el ayuno, al que se incorporaron otros seis comuneros. Según medios locales, la idea es enviar a Llaitul a la cárcel de Puerto Montt, a Ramón Llanquileo al penal de Rancagua, a José Huenuche al de Valdivia y a Luis Menares a la cárcel de Arauco, ciudades muy distantes entre si. Los abogados defensores de los detenidos anunciaron que impugnarán la decisión.

La huelga se inscribe también en el movimiento de protestas de las organizaciones mapuches tras la muerte a manos de Carabineros del comunero Jaime Mendoza Collío. Dirigentes de varias organizaciones demandaron la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien también fue interpelado la víspera por parlamentarios de oposición derechista, que exigen mayor represión frente al "problema Mapuche".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, EFE, El Ciudadano-Chile, La Nación-Argentina y Prensa Latina)

13.8.09

Argentina:Dictadura Militar

CADENA PERPETUA AL GENERAL OMAR RIVEROS, RESPONSABLE DEL CENTRO DE EXTERMINIO DE CAMPO DE MAYO, EN EL JUICIO POR EL ASESINATO POR TORTURAS Y EMPALAMIENTO DEL ADOLESCENTE FLOREAL AVELLANEDA. 33 AÑOS DESPUÉS DEL GOLPE, ES LA ÚNICA CONDENA SOBRE EL MAYOR CENTRO CLANDESTINO DE LA DICTADURA

“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”

El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.

A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenóeste miércoles a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto.

Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La primera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra.


El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista(FJC), fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo.

Con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.

La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala.

El tribunal desbarató uno a uno los planteamientos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.

A las 20.43, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.

La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.

La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas.

Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.

Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.

Una sentencia emblemática

"Nos quedamos conformes, pero debe cumplir la condena en una cárcel común. Por más que se muera en prisión, nunca van a sufrir lo que sufrimos nosotros", dijo Floreal Avellaneda padre a los periodistas tras conocerse la sentencia. El ex sindicalista del Partido Comunista agregó que "se trata de un juicio emblemático porque es el primero por los crímenes cometidos en Campo de Mayo", el mayor cuartel del ejército en Argentina.
El adolescente Floreal Avellaneda, fue detenido junto a su madre en su casa un mes después del golpe de marzo de 1976, fue torturado, al igual que su madre, Iris Pereyra, para que revelara dónde se encontraba su padre. "Me aplicaban electricidad en las axilas, los pechos, la boca, los genitales y al 'Negrito' le hacían exactamente lo mismo. Yo empecé a gritar y me lo trajeron. Entonces él me pidió llorando que dijera dónde estaba su padre, pero yo no lo sabía", reveló la madre ante los jueces.

El padre había logrado huir de su domicilio saltando por los tejados vecinos cuando le advirtieron que la policía llegaba a su casa a buscarlo.
Finalmente, el cadáver del menor apareció "en una costa uruguaya atado de pies y manos, con una profunda herida en una pierna y señas de empalamiento", según consta en el expediente. La madre fue liberada después de casi tres años de detención.
En el Juicio la defensa de los militares justificó la tortura

Para la defensa del genocida Omar Riveros la tortura es discutible. En la primera audiencia del juicio por el asesinato de Floreal “Negrito” Avellaneda y el secuestro y torturas de su madre, Iris Pereyra, los defensores oficiales del general retirado, que también representaban a los demás represores imputados, plantearon que “enviarlos a prisión es llevarlos a la muerte”. Y le pidieron al tribunal que a la hora de la sentencia, tenga en cuenta la edad de los acusados, su estado de salud, el tiempo transcurrido sin juicio y “su accionar en una gesta patriótica, como dijo el Estado que los educó, los adoctrinó y ahora los juzga”.
“El problema sobre la tortura es complejo”, afirmó el defensor Carlos Palermo al comenzar su justificación de este delito aberrante, en la que apeló a palabras del jurista Günter Jakobs. Este especialista alemán en teoría del derecho en una reciente entrevista había mencionado la posibilidad de “conminar de manera enérgica a un sujeto cómplice de un delito para que confiese, como en el caso del secuestro del hijo de un banquero alemán en el que un policía torturó a una persona que permitió salvarlo pero fue condenado por hacerlo.

Los abogados querellantes precisaron que Palermo olvidó que en el caso Avellaneda los torturadores siempre supieron el paradero del niño secuestrado porque “lo tenían ellos y lo torturaron ellos”.

El defensor había comenzado su alegato con una larga lista de “no está probado que...” algún integrante de la familia Avellaneda estuviese afiliado al Partido Comunista, que Floreal e Iris Avellaneda hayan estado detenidos en Campo de Mayo, que hayan sido torturados, que el cuerpo haya sido el de Floreal. Sostuvo que la identificación del cadáver mediante las huellas dactiloscópicas es insuficiente, y se preguntó si habría sido desidia de la Justicia o desinterés de la familia no haber recurrido a las fotos del rostro del joven para su reconocimiento. En esa línea de razonamiento llegó a negar que Floreal hubiera sido empalado y que la aparición del cadáver mutilado y atado de pies y manos pudo deberse a un “accidente”.

Palermo y Marcelo Galleta cuestionaron el testimonio del cabo Víctor Ibáñez, que declaró haber visto al Negrito (Floreal Avellaneda, hijo) en Campo de Mayo, al decir que no tenía forma de relacionar el nombre que vio en una lista con la cara del chico, a quien además habría visto con capucha. También afirmaron que es inverosímil que un cabo talabartero como Ibáñez haya tenido acceso a una lista secreta, y pidieron que fuera indagado por falso testimonio. En defensa de Verplätsen dijeron que padece de una enfermedad mental diagnosticada como “disfunción y trastorno psicogénico”, y si bien tres peritos coincidieron en que está en condiciones de psíquicas de enfrentar el juicio, pidieron que se suspendiera el proceso respecto de este represor.


Hay 72 causas elevadas a juicio por delitos de lesa humanidad


Se trata de procesos que se sustancian en todo el país. La cifra surge de un estudio de la unidad de seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos de la Corte Suprema de Justicia. El dato surge de un informe de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia para el seguimiento de esos procesos.

Entre las causas están ESMA, donde se juzgará a los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, y un nuevo proceso por delitos cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo, donde se investiga la participación del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, juicios que comenzarán en octubre próximo.

También, la que sigue contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados en Santa Fe, y aquellas en las que se investiga la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone y la masacre en Margarita Belén, en Chaco.

Del total de causas, hay seis que ya tienen fecha confirmada de inicio del debate. .

(Fuentes:Página 12, AFP, EFE y RNMA-Red Nacional de Medios Alternativos/Argentina)

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