Saharauis, los ojos del desierto

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26.2.10

Honduras:Represión postgolpe

NUEVO ASESINATO DE UN MIEMBRO DE LA OPOSICIÓN, EL TERCERO BAJO PROFIRIO LOBO. MILES DE PERSONAS EN LAS CALLES, EN LA PRIMERA MARCHA CONTRA EL NUEVO PRESIDENTE


Claudia Larissa Brizuela, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, fue asesinada este miércoles en su casa. Con ella son ya 3 los hondureños asesinados durante el Gobierno de Porfirio Lobo.

Los asesinos llamaron a la puerta de Brizuela, en San Pedro Sula, a las 2 de la tarde y le dispararon varias veces causándole una muerte instantánea. Fue en la víspera de una movilización convocada por el Frente en la capital del país, Tegucigalpa.

Claudia era hija de Pedro Brizuela, un reconocido militante del Partido Unificación Democrática (UD, izquierda) e integrante de la Resistencia.

Tras el asesinato de su hija, Pedro Brizuela declaró que en Honduras hay un Estado policiaco que vigila, persigue y mata a las personas que decidieron salir a las calles para reclamar el retorno a la institucionalidad.

Este asesinato se suma a los de Vanessa Zepeda y Julio Fúnez Benítez, también muertos durante el Gobierno de Porfirio Lobo. Según el Frente Nacional de Resistencia Popular en menos de un mes de Gobierno ya se cometieron 254 violaciones a los derechos humanos de los hondureños.

Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) destacó que en sólo 28 días del actual régimen se han producido 53 detenciones ilegales, 2 agresiones sexuales, 3 asesinatos, 8 casos de torturas, 2 secuestros y 14 allanamientos. Además, 23 barrios han sido definidos por las Fuerzas de Seguridad como 'Resistentes' y han sido peinados en horas inhábiles.

Porfirio Lobo llegó a la presidenciatras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, con elecciones no transparentes, totalmente militarizadas y bajo una fuerte represión contra las masivas protestas de los partidarios del presidente derrocado Manuel Zelaya.

El Frente mantiene el rechazo a las nuevas autoridades y continúa dpidiendo una Asamblea Nacional Constituyente.

AUDIOS:
-Porfirio Ponce, Frente de Resistencia (Gobierno de Porfirio Lobo)archivo mp3
-Porfirio Ponce, Frente de Resistencia (Asesinatos)archivo mp3
-Hermano de Julio Funez Benítez, asesinadoarchivo mp3
-Rafael Alegría, Frente de Resistencia archivo mp3

La Resistencia pide que cesen los crímenes políticos


El Frente Nacional de Resistencia Popular exige una reforma constitucional y el cese de los asesinatos contra sus miembros. Unos 10 mil integrantes de esa organización salieron a las calles de Tegucigalpa y se dirigieron este jueves 25 de febrero a la casa de Gobierno para pedir una Constituyente, el respeto a los derechos humanos y el cese de los asesinatos de la corrupción, explicó a la prensa el dirigente Rafael Alegría.

Específicamente, protestaron por el asesinato de tres de sus miembros durante el gobierno que preside Porfirio Lobo. Condenaron el crimen contra Claudia Brizuela, de 36 años, en San Pedro Sula, y la muerte de Vanessa Zepeda y Julio Fúnez, también miembros activos de la resistencia. La manifestación contó con el apoyo de miles de integrantes de organizaciones obreras, campesinas, docentes, estudiantiles, indígenas y defensoras de los derechos humanos.

Repelidos por un cordón militar que custodiaba la residencia presidencial, cambiaron su ruta hacia el Congreso de la República.Esta es la primera manifestación del Frente contra el presidente Porfirio Lobo, quien asumió el poder el pasado 27 de enero."El pueblo hondureño está en pie de lucha frente a la dictadura y día a día consolida su respuesta organizada frente al régimen totalitario que se instaló con la fuerza de la armas para preservar un sistema de privilegios que se beneficia de la explotación y el robo", indicó un comunicado del Frente. Reiteraron, además, que no descansarán hasta lograr la refundación del Estado a través de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Amenazas contra los familiares y miembros de la Resistencia


El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denuncia que recibe amenazas contra sus miembros. El integrante del Comité, Daniel Martínez, relató que se encontraba el domingo 7 de febrero en la sede de la organización a las 8 de la mañana y recibió la llamada de una mujer que le advirtió: "Tengan cuidado que va a haber un atentado contra ustedes, en especial la gente que anda en la calle".
Martínez indicó que cuando le preguntó a la mujer quién hablaba, ella colgó el teléfono.

El COFADEH considerNegritaa que esta nueva amenaza "se da en momentos en que los cuerpos represivos del Estado mantienen una cacería contra varias personas que están vinculadas a la Resistencia".

Al respecto, destacaron el asesinato de Vanesa Zepeda y del maestro líder de la etnia Pech, Blas López, ambos miembros activos de la Resistencia. También mencionaron el secuestro y tortura de los camarógrafos Manuel de Jesús Murillo Varela y Ricardo Rodríguez, y la captura de Ariel Lobo y Ricardo Domínguez, todos integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Ante estos hechos, el COFADEH pide a la comunidad internacional, y en especial a los organismos de Derechos Humanos, "mantenerse alerta y a expresar su preocupación por la situación existente".

Zelaya demanda que cese la represión contra el pueblo


El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, señaló que debe ser abolido cualquier tipo de represión contra la población hondureña como punto central en el restablecimiento de la democracia. Zelaya envió un comunicado a su país sugiriendo medidas para que la justicia y la democracia sean restablecidas.

En primer lugar, el ex mandatario depuesto por un Golpe de Estado en junio de 2009, expresó que aún hay perjuicios de ese Golpe que se mantienen en Honduras. Así, destacó que "la Corte Suprema de Justicia absolvió con descaro, dictando la libertad definitiva a la cúpula militar ejecutora del Golpe de Estado". Y consideró que esta situación prueba que los demás delitos, asesinatos, torturas y violaciones cometidas durante el Golpe podrán quedar impunes.

Además, indicó que hasta el momento los autores del Golpe de Estado y los cómplices de las violaciones de los derechos humanos, como la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General, continúan impunes. Por ello, Zelaya indicó que para reparar la situación, el Gobierno de Porfirio Lobo sólo debe ser reconocido después de aceptar las resoluciones de organismos como el Grupo de Río, la ONU) y la OEA.

Zelaya pidió también que se retire de sus cargos a todos los implicados en el Golpe y que cese la persecución judicial y política contra su persona, sus ministros y los líderes de la Resistencia.
El ex mandatario pidió que finalice la represión contra las personas que no reconocen al nuevo Gobierno y llamó a los hondureños y a la comunidad internacional a apoyar la creación de un Gran Acuerdo Nacional para el Retorno a la Democracia. Este acuerdo incluiría la creación de espacios deliberativos para tratar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución.


Vanessa y el lobo
Por Alberto Ampuero(*)
(especial para ARGENPRESS.info)
Una vez encaramado a la presidencia de Honduras (el 27 de enero)Porfirio Lobo comenzó priorizando la seguridad, es decir, se dedicó a desarticular el movimiento popular surgido a raíz del golpe de Estado.

En su primera noche en funciones ordenó allanamientos en 23 barrios pobres de los suburbios de la capital. La policía detuvo a 50 personas, de las cuales sólo once tenían orden de captura previa, reconoció el mismo ministro de Seguridad, Oscar Álvarez.

El 2 de febrero la vida se puso aun más fea con el secuestro y tortura de dos jóvenes camarógrafos de Radio Globo Honduras; la quema de medios de comunicación de las comunidades pobres, y con la represión a los campesinos que intentaban recuperar las tierras que Zelaya liberó del latifundio pero que la dictadura devolvió a los terratenientes.

Pero fue el día 4, con el asesinato de la enfermera Vanessa Yaneth Zepeda Alonso, del Frente Nacional de la Resistencia Popular, FNRP, que el carácter represivo del ‘nuevo gobierno’ quedó al descubierto.


“Vanessa fue lanzada de un carro en marcha en la colonia Loarque, al sur de Tegucigalpa, la capital, reportó COFADEH (Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras). No se encontraron señas de balas de arma de fuego, ni de armas blancas. Tampoco le robaron nada. Había comprado nuevas zapatillas pocos días antes de su asesinato y hasta el celular fue encontrado con el cadáver. Sus asesinos trataron de no dejar huellas en su cuerpo. El hermetismo de los empleados de la Morgue que no permitieron al COFADEH ver el cuerpo, dejó más dudas”, informaron.

Sus compañeras de la Resistencia (las mujeres del FNRP), denuncian que Vanessa fue perseguida por grupos paramilitares antes de ser asesinada por su militancia política. Los mismos grupos paramilitares que florecieron bajo la sombra de Micheletti y que le fueron transferidos a Porfirio Lobo, igual que la banda, el mismo día que tomó su cargo, el 27 de enero.
No olvidemos los crímenes anteriores. El Frente Nacional de Resistencia sitúa las cifras de asesinatos en más de 130. El Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras tiene documentado ya 95 casos de torturas y varios cientos de detenciones ilegales.

Ese reino del terror influyó, sin duda, sobre el día de las votaciones, el 29 de noviembre, que sumadas al boicot de las mismas por el movimiento de resistencia antigolpista, la cifra de votantes estuvo posiblemente cercana al 30 por ciento. Fracaso imperial tremendo que tuvo que ser tapado rápidamente por Washington izando la bandera del “reconocimiento”.

Tanto Estados Unidos como Canadá elogiaron con toda rapidez las elecciones por haber transcurrido de forma pacífica y limpia, anunciando así su apoyo inevitable al régimen de Lobo. Por su parte, el Subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, prometió ayudar a reintegrar totalmente a Honduras en la comunidad internacional y hemisférica, inclusive en la Organización de Estados Americanos.

A cambio le piden a Lobo cumplir con el requisito de promover la reconciliación nacional. Y le señalan que un buen paso en esa dirección es la creación de una Comisión de la Verdad, “Crear la comisión de la verdad es un paso muy positivo en el acercamiento de Honduras a la comunidad internacional”, afirmó el embajador USA en Tegucigalpa, Hugo Llorens.

Lobo debe designar a referentes de todo el arco político local, inclusive dirigentes zelayistas, para discutir cómo funcionará la Comisión de la Verdad que “deberá investigar los sucesos que llevaron al golpe”.
Los hondureños de la Resistencia no se lo tragan: “Nos quieren vender un supuesto proyecto de integración nacional”,dicen. “El objetivo, esencialmente, es decir que nada ha ocurrido aquí. Que los golpes pueden ser un método democrático para corregir una democracia que se estaban torciendo. El objetivo es legalizar el golpe”.
En su último comunicado el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP), mantiene su decisión de seguir desconociendo el régimen de Porfiro Lobo, así como la no participación de ninguno de sus miembros en responsabilidades gubernamentales ni institucionales.

Conducta que tiene a Washington sin cuidado, porque aún si Lobo no consigue convencer a los zelayistas y a la Resistencia de que participen de la Comisión de la Verdad, a los ojos de Washington y sus aliados, “el esfuerzo de Lobo es lo que vale”, dice Craig Kelly, del Departamento de Estado USA, para seguir aupándolo.

(*)Alberto Ampuero es un periodista residente en Riverside, California, Estados Unidos.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital, Prensa Latina, y ArgenPress.info)

23.2.10

Colombia:Paramilitares

MÁS DE 30.000 ASESINADOS POR LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE Y LOS CRÍMENES SERÁN IMPUNES GRACIAS A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE URIBE. LOS 'PARAS' CONTINÚAN ACTIVOS EN 24 DE LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS


Los asesinatos confesados por los paramilitares que quieren acogerse a la Ley de Justicia y Paz son ya más de 30.000, según ha informado esta semana la Fiscalía de Colombia. Exactamente 30. 470 personas en las últimas dos décadas. También reconocieron mil masacres y 2.500 desapariciones. El informe de la Fiscalía se produce tras oir las declaraciones de unos cuatro mil paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006, en el marco de la Ley, promovida por Álvaro Uribe. Esta ley establece un máximo de 8 años de cárcel a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que relaten sus crímenes y reparen a sus víctimas.

El informe da cuenta de más de mil secuestros, 1.400 casos de reclutamiento ilícito, 2.300 desplazamientos forzados y 1.600 extorsiones. No obstante, la Fiscalía ha señalado que la cantidad de homicidios podría cuadriplicarse si se tiene en cuenta todavía no han sido trascritos todos los datos.
Estos crímenes colocan a Colombia, país que se precia de ser una de las democracias más antiguas de América Latina, a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30.000 muertos y desaparecidos y muy por encima de la del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Álvaro Villarraga.

En las declaraciones ante la Fiscalía de los paramilitares desmovilizdos han ido surgiendo datos que han permitido abrir investigaciones por la complicidad con paramilitares. Ya hay involucrados 311 dirigentes políticos, 106 funcionarios públicos y 240 militares y policías.

Abogados y organizaciones de víctimas han señalado que todavía existen grupos paramilitares que actúan en el país. Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), recordó que "estos grupos han estado bajo la conducción de agentes del Estado, de multinacionales y de instancias del poder político y económico".

AUDIOS:
-Iván Cepeda, del Movice. (no actuaron solos) archivo mp3
-Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"(siguen movilizados)archivo mp3
-Julio César Pichoti, víctima de paramilitares(denuncia)archivo mp3

Los paramilitares, presentes en 24 departamentos







Democracia formal, pero bajo amenaza


Una misión internacional de observación denuncia graves amenazas en vísperas de las elecciones parlamentarias que se realizarán en Colombia el 14 de marzo, cuando se elegirán 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, y de los comicios presidenciales de finales de mayo.


La misión, integrada por diez organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Canadá, informa que las amenazas consisten en asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, compra de votos, y chantajes con el otorgamiento de subsidios oficiales.


Estas amenazas son atribuidas a grupos armados legales e ilegales y también a funcionarios como "alcaldes y gobernadores", según Laura Carlsen, directora del programa de las Américas del Centro de Política Internacional.

"En algunas regiones se identificó que pese al aumento del pie de fuerza de la policía y el ejército, la confianza ciudadana no se ha logrado y las tasas de homicidio siguen amentando", dice Ted Lewis, de Global Exchange.

Los observadores informaron que "en muchas regiones del país organizaciones ciudadanas insisten en que los grupos paramilitares que se desmovilizaron siguen actuando contra la población civil".


"Mientras las autoridades consideran que los grupos paramilitares se han desmovilizado y ya no existen y que las estructuras que se nutren del narcotráfico están desarticuladas y representan expresiones aisladas de violencia, la población civil se muestra inquieta ante su presencia y control territorial", señala Lewis.


Pero hay amenazas de otro tipo, según los observadores, quienes dicen que recibieron quejas sobre concesiones de subsidios de la agencia Acción Social, adscrita a la Presidencia de la República. "Aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con beneficiarios de los subsidios, en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la presidencia del Partido de la U (el partido de Uribe), los subsidios que reciben del Presidente de la República se acabarán", relata Lewis.

La misión de observación dice también que recibió muchas quejas de los partidos políticos sobre la presunta compra de votos por parte de otras organizaciones partidistas.

A Silvia

Por María Jimena Duzán(Revista Semana)

La impunidad no ha sido lo más difícil de sobrellevar todos estos años. Peor ha sido ver la degradación humana a que ha llegado la sociedad colombiana a la hora de justificar la violencia narcoparamilitar.


Van a cumplirse 20 años de aquel 26 de febrero de 1990 en que mi hermana Silvia y tres líderes campesinos de Cimitarra, Josué Vargas, Raúl Barajas y Saúl Castañeda fueron asesinados a mansalva por un comando narcoparamilitar del Magdalena Medio y aún me cuesta poner en palabras lo difícil que han sido para mí estos años de impunidad.

Durante este tiempo he ido de la ira al miedo y de la indignación al temor que deja en uno la amenaza. Sin embargo me considero una víctima afortunada a pesar de todo. Yo terminé en un exilio forzoso mientras que la hija de Josué Vargas se convirtió en desplazada y le tocó llegar a Bucaramanga sin dios ni ley a vivir arrimada en un cuarto, luego de que los victimarios la despojaron de sus tierras. En esos tres años que estuve por fuera del país me dediqué a escribí un libro sobre la tenebrosa década de los 90 desde mi condición de reportera de El Espectador. En él relaté innumerables asesinatos y recordé los últimos días de Guillermo Cano antes de su muerte pero deliberadamente evité ahondar en el que más me dolía.

En mis intentos por olvidar lo inolvidable llegué al extremo de borrar de mi memoria la razón por la cual mi hermana y yo llegamos a Cimitarra. Adrede borré el día que conocí a estos líderes campesinos y sepulté sin mayor contemplación su gesta solitaria al frente de la Cooperativa del Carare, Atcc, cuyo objetivo era el de hacer un laboratorio de paz para defenderse de los violentos y de la guerra que se les venía encima. Olvidé sus rostros sólo para no tener que recordar la sonrisa de Silvia. Olvidé su modo de andar y hasta su voz. Por mucho tiempo no quise saber cuáles fueron las circunstancias de su muerte ni quise conocer a las familias de los campesinos.


Mientras yo me consumía en la desmemoria, la impunidad hacía de las suyas. En septiembre de 2004, 14 años después de la masacre, la justicia colombiana condenó a 11 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional, a un militar del Ejército y a dos civiles por el delito de conformación de grupos de justicia privada. Sin embargo, el Tribunal Nacional en segunda instancia los absolvió. La investigación contra el oficial comandante de la Policía de Cimitarra fue remitida a la justicia penal militar, que lo absolvió, y al comandante del batallón Rafael Reyes del Ejército Nacional se le prescribió la investigación. Lo mismo sucedió con los paramilitares Hermógenes Mosquera Obando, alias el 'Mojao', y Joaquín Emilio Cataño alias 'Gerónimo'. A ellos se les prescribió la investigación por fuerza mayor, para ese momento ya estaban 'chupando gladiolo' hacía rato: los dos ya habían sido "ajusticiados" por los propios narcoparamilitares. En cuanto a los autores intelectuales de la masacre, todos -o casi todos- los jefes de las autodefensas del Magdalena Medio de ese momento están hoy muertos.

Henry de Jesús Pérez, quien se presume habría dado la orden para ejecutar la masacre, fue asesinado a los pocos meses. Lo mismo sucedió con su sucesor Ariel Otero. Los únicos comandantes de las autodefensas del Magdalena Medio que quedan vivos, Ramón Isaza, gerente en ese entonces de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y 'Ernesto Báez', para la época, jefe político de las autodefensas de la zona, no han sido vinculados a la masacre, a pesar de que los dos se desmovilizaron y están dentro de Justicia y Paz. Ramón Isaza dice sufrir de alzhéimer aunque sí se acuerda que él no cometió ninguna masacre. Y 'Báez' ha hecho cerca de 10 versiones ante los fiscales de Justicia y Paz pero ninguno ha encontrado méritos para vincularlo. Qué importa que una semana antes de la masacre él hubiera acusado por Caracol a los dirigentes campesinos de ser un frente civil de las Farc.

La impunidad no ha sido lo más difícil de sobrellevar todos estos años. Peor ha sido ver la degradación humana a que ha llegado la sociedad colombiana a la hora de justificar la violencia narcoparamilitar.

La tesis macabra de reducir al periodista que investiga, al campesino que no se somete ni a las Farc ni a los paras, a cómplice de la guerrilla ya no sólo es potestad de un sujeto como 'Báez', sino que forma parte de la artillería de varios precandidatos uribistas y hasta del lenguaje del propio Presidente de la República. "No andarían recogiendo café", fue la primera reacción del Presidente cuando se denunciaron los primeros falsos positivos.

Si hay algo que he aprendido en estos años de incomprensión es que nadie se merece morir como murió asesinada mi hermana y los tres líderes campesinos. Ni siquiera los guerrilleros. De la misma forma que no hay víctima que se merezca vivir para siempre en la impunidad. Hace unos años tuve la intención de ir a donde 'Báez' o a donde Isaza a preguntarles si podían vivir tan tranquilos con tantos muertos encima. Ahora ya no pierdo el tiempo.


(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, TeleSur, BBC-Mundo, Prensa Latina y Semana.com)

15.2.10

Latinoamérica:Crisis Económica

YA HAY SIETE MILLONES DE JÓVENES DESEMPLEADOS EN LA REGIÓN. EL 20 POR CIENTO DE LOS JÓVENES NI ESTUDIA NI TRABAJA. LA CRISIS AUMENTA EN 14 MILLONES EL NÚMERO DE POBRES



Hay ya 7 millones de jóvenes desempleados en América Latina y el Caribe, según informó esta semana la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto representa el 7 por ciento del total de 104 millones de jóvenes que viven en la región. La información fue divulgada durante el Foro de Cohesión Social de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realiza esta semana en Lima, Perú.
El director regional de la OIT, Jean Maninat, señaló que la crisis financiera del 2009 dejó sin empleo a unos 600 mil latinoamericanos de entre 15 y 24 años. Maninat aseguró durante su intervención en el Foro que "es necesario invertir en la creación de empleo la misma voluntad política e inventiva que se utilizó para salvar al sistema financiero".
Indicó como un dato revelador que el 20 por ciento de los jóvenes de América Latina no estudia ni trabaja.


Los jóvenes latinos, primeras víctimas de la crisis


En América latina y el Caribe los jóvenes fueron las principales víctimas de una crisis del empleo que les dejó una secuela de mayor desocupación e informalidad, dice la OIT organización que plantea la necesidad de tomar medidas para lograr que la recuperación económica produzca nuevas oportunidades para las personas entre 15 y 24 años.

En sus conclusiones, el Foro Unión Europea – América Latina y el Caribe sobre Cohesión Social detalló una serie de medidas que son necesarias para estimular la inserción laboral de los jóvenes en trabajos decentes y para asegurar que los sistemas de educación y de formación profesional les ofrezcan unas competencias adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo. El documento, que será presentado a la Cumbre Unión Europea – Latinoamérica y el Caribe que tendrá lugar en Madrid en Mayo del 2010, destaca la necesidad que estos esfuerzos en favor del empleo de los jóvenes sean asumidos por los poderes públicos y los actores sociales. (Ver conclusiones aquí)
La OIT presentó un documento de ‘Avance’ de su informe sobre “Trabajo Decente y Juventud”. El documento dice que en la región hay 104 millones de jóvenes, y que:
 34% de los jóvenes solo estudia

 33% de los jóvenes sólo trabaja

 13% de los jóvenes estudia y trabaja

 20% no estudia ni trabaja

Por otro lado el documento dice que de acuerdo con las cifras disponibles, entre aquellos que si trabajan apenas 10% tienen un contrato estable, sólo 35,1% tienen seguro de salud, y sólo 32,5% está afiliado a algún sistema de pensiones.
“Estas cifras son reveladoras y preocupantes”, planteó el director regional de la OIT Jean Maninat ante el Foro y advirtió que las evidencias sobre alto desempleo e informalidad ponen en evidencia que “el trabajo decente de los jóvenes es una asignatura pendiente que ya existía desde antes de la crisis”.“Estamos frente a un desafío político”, añadió el representante de la OIT, quien consideró especialmente preocupante la proporción de 20% de jóvenes que no estudia ni trabaja. “Cuando cunde el desaliento y la frustración entre estos jóvenes no sólo se hipoteca el futuro, sino que se hace más difícil la estabilidad de nuestras sociedades e incluso la representatividad y gobernabilidad democráticas”.

El estudio de la OIT dice que los datos recopilados hasta ahora indican que en la mayor parte de la región disminuyó la tasa de participación de los jóvenes en la fuerza laboral, mientras que la de los mayores de 25 en general se mantuvo estable.
El Foro UE - ALC sobre Cohesión Social que concluye en Lima este miércoles, tiene previsto fomentar el intercambio de experiencias y generar una serie de recomendaciones relacionadas con la promoción del trabajo decente para los jóvenes.

El desempleo preocupa más a latinos que la inseguridad

Paraguay y Ecuador encabezan el ranking de países donde más preocupa el desempleo; Venezuela y Panamá el de la delincuencia.

¿Qué cuestiones preocupan más a los ciudadanos en Latinoamérica? La respuesta a esta pregunta viene de la mano del Latinobarómetro, en su Informe 2009: desempleo y delincuencia son las dos máximas preocupaciones de los latinoamericanos, según el informe publicado en el portal ForumLibertad.com, diaario digital.

En la encuesta realizada por esta organización a más de 20.000 personas en un total de 18 países de América Latina, el desempleo se perfila como el problema más importante. Una media de un 21% de los ciudadanos considera que esa es la mayor preocupación del país.

El segundo problema en orden de importancia para la población es la delincuencia, con un 19 por ciento de personas que opina de ese modo.

Hay que recordar que este macrosondeo es elaborado anualmente por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, y que representa la opinión de más de 500 millones de habitantes.

En orden de importancia, el resto de problemas que más preocupan a los ciudadanos de Latinoamérica son los económicos (16%), la pobreza (7%), los problemas derivados de la política (6%), el aumento de los precios (3%), la violencia de las pandillas (3%), la corrupción (3%), los problemas de salud (3%) y la educación (3%).

El Latinobarómetro apunta a Venezuela (55%) y Panamá (45%) como los dos países que lideran el rNegritaanking de los más preocupados por la delincuencia. A estos dos países les siguen Costa Rica y El Salvador (32%), Uruguay (29%) y Chile y Guatemala (24%). En Bolivia, la delincuencia preocupa a un 7 por ciento de la población, ocupando el lugar número 14 entre los 19 países consultados.

Respecto al desempleo, Paraguay (42%) y Ecuador (34%) son los países donde los ciudadanos están más preocupados. Tras ellos, Nicaragua (31%), Colombia (30%), Perú (27%) y Argentina y Bolivia (20%), son los otros más preocupados por la falta de trabajo.

Otra cuestión que llama la atención en los resultados de la encuesta es el hecho de que los países que encabezan el ranking de delincuencia son prácticamente los mismos que están situados al final del ranking del desempleo, y viceversa.Esto viene a demostrar que no hay una relación directa en la percepción de los ciudadanos entre las consideraciones que tienen como mayor problema de la delincuencia y el desempleo.En Bolivia, el desempleo tiende crecer, aunque la migración por este factor ha disminuido por la crisis en Europa, principalmente, España


14 millones de latinoamericanos más, en la pobreza por la crisis


Al menos 14 millones de latinoamericanos han vuelto a la pobreza por los efectos de la crisis, según estimaciones recientes del Banco Mundial (BM), afirmó Felipe Jaramillo, el director de ese organismo para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

"El tema que nos preocupa mucho es la pobreza; como Banco Mundial controlamos mucho y calculamos los indicadores de pobreza. Nos complacía mucho ver que llevábNegritaamos cerca de ocho años seguidos de disminución de la pobreza en América Latina y la crisis interrumpió eso", asegura Jaramillo al diario boliviano La Razón.
Según el director regional del BM, en 2009 Latinoamérica regresó a los niveles de pobreza de 2007, lo que supone que se borren los avances al respecto de dos años, entre otras cosas por la imposibilidad de generar nuevos empleos e incluso en algunos casos por el aumento del paro, como efecto de la crisis.

Para Jaramillo, el desempleo subió principalmente en los países más golpeados por la crisis económica como México o Centroamérica y muchas de las islas del Caribe, mientras que afectó menos a los países que han podido reaccionar bien a la crisis, sobre todo en Suramérica.
No obstante, destacó que, en líneas generales, América Latina ha podido reaccionar a la crisis económica gracias a "grandes planes" y en casos como los de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Chile "con transferencias directas a las familias más pobres para evitar que puedan quedar sin recursos para alimentarse".

Para solucionar este retroceso en los niveles de pobreza, Jaramillo aboga por "retomar la senda de crecimiento que se tenía desde la década del 60 del siglo pasado".
"Hacía 40 años que no teníamos crecimientos en nuestras economías tan altos y por eso avanzó tanto en la lucha contra la pobreza"
, asegura.

Además, aconseja una diversificación de la economía en la región que "permita generar más empleo y que no esté exclusivamente atado a las exportaciones de materias primas".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, OIT, FMBolivia.net y EFE)

8.2.10

Honduras:Postgolpe

EL GOBIERNO POSTGOLPISTA CONTINÚA LA REPRESIÓN CONTRA LA RESISTENCIA POPULAR. GRUPOS PARAMILITARES ASESINAN A MIEMBROS DEL FRENTE Y EL NUEVO GABINETE PREPARA DESPIDOS MASIVOS PARA DEPURAR LA ADMINISTRACIÓN


Una activista del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP), Vanesa Yaneth Zepeda, fue secuestrada y asesinada por desconocidos, según denunciaron este fin de semana organismos de derechos humanos.

Zepeda fue dada por desaparecida eNegrital pasado martes y su cadáver fue identificado el domingo en la morgue de Tegucigalpa por familiares. Según las denuncias, el cuerpo sin vida de la joven, de 29 años y madre de tres hijos, fue lanzado desde un automóvil en un sector de la colonia Loarque, en el sur de la capital.

Dirigentes del FNRP aseguran que el asesinato de Zepeda es otra muestra de que la represión continúa en ascenso contra los miembros de la resistencia.

Dos camarógrafos del canal Globo TV, Manuel de Jesús Murillo, de 24 años, y Ricardo Vásquez Vásquez, de 27, denunciaron haber sido secuestrados y torturados por policías de civil. Los dos jóvenes informaron a las organizaciones de derechos humanos que fueron capturados la noche del martes y golpeados violentamente por los agentes, quienes les interrogaban sobre presuntos depósitos de armas.

Globo TV comenzó sus tansmisiones recientemente y es propiedad de la misma entidad que Radio Globo, emisora que desarrolló una activa oposición al golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado.


El gobierno prepara despidos masivos


El gobierno de Honduras estudia la reducción drástica de empleados de las empresas públicas, alegando un elevado número de contratos en los últimos años, de acuerdo con funcionarios de la administración. La escoba "azul" -en alusión al color del gobernante Partido Nacional- está lista para limpiar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), asegura en su versión digital el oficialista y progolpista diario El Heraldo.

Con un total de 3.500 empleados, la ENEE podría ser reducida a alrededor de 1.700. Según fuentes cercanas al nuevo gerente de la empresa, Roberto Martínez. Según Martínez, en la ENEE y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), hay el doble de empleados que las que recomiendan las "normas internacionales".

Esta versión es desmentida por el presidente del sindicato de la ENEE, Miguel Aguilar, quien sostiene que sólo el seis por ciento del presupuesto se invierte en recursos humanos. No obstante, Aguilar cuestiona el nombramiento injustificado de funcionarios, con altos salarios, durante el gobierno del dictador Roberto Micheletti, impuesto por las fuerzas armadas con el golpe militar del 28 de junio pasado.

El Frente Nacional de Resistencia Popular anuncia para la próxima semana una marcha nacional contra los despidos masivos de empleados públicos.


El Cardenal Rodríguez elogia a los golpistas



El cardenal Oscar Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, elogió al ex dictador hondureño Roberto Micheletti, porque a su juicio "supo defender", junto a las Fuerzas Armadas, la libertad, la democracia y la "independencia" del país, y hasta lo equiparó con próceres nacionales. Negrita

El alegato pro-golpista lo prnunció el purpurado durante la misa del Día de la Virgen Suyapa, patrona de Honduras, a la que asistieron los principales funcionarios públicos, entre ellos el presidente, Porfirio Lobo, y la cúpula militar.

La mayoría de los jerarcas católicos apoyaron desde el primer momento el golpe de estado mediante el cual fue derrocado el 29 de junio de 2009 el presidente constitucional, Manuel Zelaya.

El régimen dictatorial que tomó el poder fue acusado de asesinato y desapariciones de opositores. "Hoy es un día especial para darle gracias a Dios, por medio de la virgen María, por nuestra Honduras, por la libertad, la soberanía y la independencia que don Roberto Micheletti supo defender con las Fuerzas Armadas y junto a miles de hondureños y hondureñas que deseamos ser parte de las soluciones y no de los problemas", dijo el cardenal, presidente de la organización Caritas Internacional, designado por el Vaticano en 2007.


Zelaya pide que cese la represión


Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras, exiliado en la República Dominicana, envió un comunicado a su país sugiriendo una serie de medidas para que la justicia y la democracia sean restablecidas . Entre los principales puntos del comunicado está la demanda de que sea abolido de inmediato cualquier tipo de represión contra la población hondureña.

Antes de sugerir cambios, Zelaya relata una serie de hechos que comprueban que los perjuicios del Golpe de Estado continúan echando sombras sobre Honduras. "Hace ocho días, la Corte Suprema de Justicia absolvió con descaro, dictando la libertad definitiva a la cúpula militar ejecutora del Golpe de Estado". Para el ex-presidente, situaciones como éstas comprueban que los demás delitos, asesinatos, torturas y violaciones cometidas durante el Golpe podrán quedar impunes.

Zelaya también llama la atención sobre el hecho de que hasta el momento los autores del Golpe de Estado y los cómplices de las violaciones de los derechos humanos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General, continúan impunes. "El Golpe de Estado Militar en Honduras entronizó la impunidad", afirma.

Para intentar reparar estas situaciones y resolver la crisis política que todavía reina en Honduras, Zelaya sugiere como acción prioritaria que el Gobierno de Porfirio Lobo sólo sea reconocido después de la aceptación de las Resoluciones aprobadas por organismos como el Grupo de Río, la ONU, la OEA o entre otros.

También propone una fuerte reestructuración del sistema de justicia, retirando de sus cargos a todos los involucrados en el Golpe de Estado "aunque estén amparados por la amnistía, aprobada con el fin de concederles impunidad". Exige además el fin de la persecución judicial como instrumento político contra el propio Zelaya, sus ministros y los líderes de la oposición al Golpe de Estado.

Debido a la fuerte represión que todavía se registra en el país contra sectores de la población que no reconocen a Porfirio Lobo como presidente, Manuel Zelaya solicita, de inmediato, que cesen todas las acciones represivas y que el Ejército y la policía retomen sus funciones constitucionales.

El ex-presidente llama a la población hondureña y a la Comunidad Internacional a reforzar y apoyar su propuesta de creación de un Gran Acuerdo Nacional para el Retorno a la Democracia, que propone entre otras cosas la reactivación de los procesos de Democracia Participativa.

Otra proposición del Acuerdo es la creación de espacios deliberativos para debatir la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución.

Zelaya propone, entre otroa, a la Comunidad Internacional que "modifiquen sus instrumentos constitutivos para que se incluyan mecanismos coercitivos efectivos que permitan sancionar y revertir los Golpes de Estado, o cualquier acto de agresión a contramano de la voluntad soberana de los pueblos". Entre esas modificaciones, apunta el expresidente, sanciones económicas y comerciales, terminar con la asistencia militar, crear Tribunales Internacionales contra la Impunidad, o instalar Comisiones de la Verdad.


(Fuentes: LibreRed, Prensa Latina, Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina y Adital)

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