Saharauis, los ojos del desierto

Loading...

20.3.10

Colombia:Elecciones bajo sospecha

VOTOS MANCHADOS DE SANGRE Y COMPRA DESCARADA DE PAPELETAS. EL NUEVO CONGRESO SERÁ AÚN MÁS CORRUPTO QUE EL ANTERIOR


a"Las fuerzas de seguridad no pudieron impedir la compra de votos" (Pie de foto distribuido por la agencia Efe, con la imagen de la derecha)

Por Joaquim Ibarz (*)

"A los partidos colombianos sólo les importaba ganar, sin considerar que los votos estén manchados de sangre o logrados con la corrupción", señala la analista María Jimena Duzán. "Lo más grave es que la gente exigía dinero o un cargo por votar por determinado candidato", declara por su parte Alejandra Barrios, directora de Misión de Observación Electoral (MOE), una organización independiente de sólido prestigio.

El escándalo de la parapolítica (nombre que se da a los vínculos políticos y económicos de congresistas, gobernadores y alcaldes con los jefes de los grupos paramilitares responsables de miles de asesinatos atroces), que llevó a la cárcel a 30 congresistas y que provocó el procesamiento de otros 60 legisladores, sacudió con fuerza a Colombia durante la pasada legislatura. Pese a la vergüenza nacional que en cualquier país habría provocado tener un Congreso tan indigno, la ejemplar actuación de la Justicia colombiana no sirvió para nada. Los electores no sólo no han castigado a los senadores y diputados ligados a las mafias, sino que los premiaron al llevar a las Cámaras a sus parientes y testaferros. De esta manera, los escaños de los parapolíticos encarcelados o procesados los ocuparán sus familiares.

Compra descarada de votos

Las elecciones legislativas de Colombia están bajo múltiples sospechas. La compra descarada de votos en numerosas regiones del país, la violación generalizada del secreto del voto, las presiones a los electores y el dinero de origen ilícito que corrió a raudales plantean serios cuestionamientos a la limpieza del proceso.

El diario bogotano El Tiempo denunció que al menos 35 de los 102 senadores electos el domingo tienen vínculos con condenados o con personas investigadas por tener nexos con grupos paramilitares de ultraderecha. En un análisis sobre los comicios, el periódico señala que la renovación en el Senado "quedó otra vez en veremos" porque "ni los partidos ni los electores castigaron a los herederos de la parapolítica".

Los votos que obtuvieron candidatos que son familiares o cercanos de políticos investigados por tener nexos con grupos armados ilegales son el mejor indicador de que no se produjo la menor renovación.

Politólogos citados por el diario capitalino indican que el resultado electoral del domingo pasado deja claro que, "en términos de maquinaria y de redes clientelistas", no hubo ningún cambio en el Congreso.

En una acción sorprendente, el propio presidente de la República acusa al organizador de los comicios, el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, de consumir bebidas alcohólicas durante la jornada electoral. Álvaro Uribe pidió al procurador Alejandro Ordóñez "investigar la denuncia de varios ciudadanos, según la cual el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez y algunas personas a su alrededor habrían violado las normas que obligan a no consumir licor el día de elecciones". Sánchez se encuentra en el ojo del huracán ya que tres días después de los comicios aún no se conoce oficialmente la conformación de la Cámara, ni tampoco se saben los resultados de las primarias del Partido Conservador para escoger su candidato a la presidencia. (1)

Varios analistas destacan que el comentario desabrido y fuera de tono de la presidencia es una cortina de humo de Álvaro Uribe para desviar la atención del escándalo de la compra de votos y de la utilización de fondos públicos en la campaña para favorecer a los candidatos oficialistas. Además, con esta descalificación se intenta cobrar al registrador nacional que se opusiera a la segunda reelección de Uribe. A pesar de las presiones del jefe de Estado, Carlos Ariel Sánchez insistió en que no había tiempo para convocar y organizar el referéndum para que los colombianos se pronunciaran sobre el cambio constitucional que debía despejar el camino para que Uribe se perpetuara en el poder.

El analista Bernardo Gutiérrez declara a La Vanguardia que "el presidente Uribe tiene un comportamiento mezquino al descalificar al registrador de esta forma, sin prestar atención a la compra de votos y a la entrada en el Congreso de decenas de parlamentarios que obedecerán a las mafias antes que a los intereses de los colombianos".

Dudas sobre la legitimidad de los comicios


En Colombia no se habla de fraude, pero las denuncias son tan serias que plantean serias dudas sobre la legitimidad de los comicios. Los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Misión de Observación Electoral (MOE) que durante los últimos meses supervisaron el proceso electoral, denuncian la compra de votos "como nunca antes se había visto en Colombia".

Alejandra Barrios, directora nacional de MOE, declara a este diario que la compra de votos fue escandalosa en todo el país: "De norte a sur, de este a oeste, esta práctica fue descarada, como nunca. El dinero de las mafias corrió a raudales. Lo más grave no es que se compraran votos, sino que la gente exigiera dinero o un cargo por apoyar a tal o cual candidato; este comportamiento muestra la baja calidad de la ciudadanía".

Barrios
reconoce que en Colombia siempre ha existido compraventa de votos, pero nunca de manera tan descarada y tan ostentosa como ahora. En anteriores comicios las acciones sangrientas de la guerrilla tapaban los delitos electorales. Con el escaso accionar de los rebeldes de las FARC en estos comicios, la violencia pasó a un segundo término.

La OEA constató la compra de votos

Enrique Correa, jefe de la delegación de la OEA, comentó a este periódico que los observadores constataron compra de votos en seis de las más importantes regiones del país: Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Norte de Santander. "No hubo secreto del voto en gran número de mesas, lo que constituye un aspecto crítico del proceso. En casi la mitad de los colegios no se respetó el carácter secreto del sufragio". Correa señaló que los partidos tuvieron dificultades para disponer de supervisores en las mesas de votación, como máximo hubo testigos de los partidos en un 20% de las mesas.

Por su parte, la analista María Jimena Duzán declara a La Vanguardia que el nuevo Congreso es aún más corrupto que el elegido en 2006, que tiene a la tercera parte de sus miembros en la cárcel o procesados. "El nuevo Congreso muestra serios problemas de legitimidad. El número de diputados y senadores con vínculos con paramilitares o narcos es superior al de 2006. Y aún nos falta averiguar los nombres de los parlamentarios que representan a la nueva mafia", señala Duzán.

Según la analista, "es muy preocupante la llegada al Congreso de diputados y senadores que representan a parlamentarios condenados o investigados. La nueva generación de mafiosos ganó escaños, pero no sabemos sus nombres, toca investigar".

El diario El País de Cali afirma que al menos 30 senadores elegidos el domingo "tienen nexos con grupos paramilitares u otros líos con la justicia".

Narcocongresistas en todos los partidos

Los nuevos congresistas ligados al narcotráfico aparecen en las bancadas de casi todos los partidos. Uno de los ejemplos más claros de la herencia de la parapolítica en el Congreso fue la elección como senadora por el Partido Liberal de la mujer del ex senador Juan Manuel López Cabrales, condenado por paramilitar. La esposa, Arleth Casado, a pesar de no tener trayectoria pública, sacó una de las seis mayores votaciones del país, con 111.752 votos.

Olga Suárez, del Partido Conservador, logró una de las votaciones más altas del Senado gracias a la influencia de su hermano Óscar Suárez, también procesado por nexos con la mafia.

Doris Clemencia Vega, esposa del ex senador Luis Alberto Gil, preso en la cárcel bogotana de La Picota por mafioso, heredó el escaño del marido por el PIN.

Cambio Radical también aportó su cuota en esta renovada presencia de mafiosos en el Congreso con el senador Antonio Guerra de la Espriella, quien tiene investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares.

En el grupo de 28 senadores que consiguió el Partido de La U, del candidato presidencial Juan Manuel Santos, se metió Eduardo C. Merlano, Sucre, otro de los departamentos permeados por el fenómeno en 2006, que terminó la condena de Álvaro García, seguirá representado en el Congreso por su hermana Teresita García Romero, quien obtuvo la mayor votación en el Departamento. Una situación similar se presenta con Jairo Merlano Fernández al conseguir su hijo Eduardo un escaño en el Senado por la U.

"Cinco de los seis partidos más importantes tienen congresistas con parientes presos o procesados. No sirvió de nada que la Justicia hiciera limpieza en el Congreso; la gente ha vuelto a votar por los mafiosos a través de parientes o testaferros. Los partidos aceptaron escoria como candidatos. Sólo les importaba ganar, sin tener en cuenta que los votos estuvieran manchados de sangre o mancillados por la corrupción", señala María Jimena Duzán.

La mafia del narco y los paramilitares, un mal menor

Según Duzán, en Colombia se ha ido aceptando la tesis de que la mafia y los paramilitares son un mal menor, a los que se mira como aliados del conflicto con la guerrilla.

Elección tras elección, continúe la desidia oficial ante un sistema electoral obsoleto y propicio a la trampa, expuesto a la compra de votos, al fraude y a la amenaza de los violentos, la puerta por donde se cuelan en forma permanente los más aberrantes vicios, estimulados por la delincuencia que busca infiltrar al Estado.

Los legisladores se niegan a reformar los mecanismos jurídicos para renovar el Congreso y todos los cargos de representación popular. Una burla disfrazada de legalidad, que promueve la delincuencia en materia electoral.

El caballo de Calígula entró al Congreso colombiano


En un artículo publicado en El País de Cali, titulado "El triunfo del Calígula vernáculo", el columnista Diego Martínez señala que el sanguinario emperador romano estaría feliz haciendo política en el Valle del Cauca, porque "no tendría el menor problema para convertir su caballo en un "honorable" senador". Y subraya: "No exagero: aquí cualquiera que esté en capacidad de pagar la respectiva "tarifa", puede volverse el más exitoso elector".

Según Diego Martínez, el ganador de la triple corona en el "derby" electoral del domingo es el senador Juan Carlos Rizzetto, que hace parte del llamado clan del Valle, cuyos creadores se han visto involucrados en sonados escándalos como el proceso 8.000 (juicio al presidente Ernesto Samper por la financiación de su campaña electoral con dinero del narcotráfico) y la parapolítica. Rizzetto llega al Senado como cuota del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, también procesado por su relación con la mafia.

Seis meses atrás el 99% de los electores no había oído hablar de Rizzetto; sin embargo, el domingo pasado obtuvo 70.000 votos sin hacer una propuesta, sin tener la menor trayectoria pública, sin acudir a un debate, sin dar un mitin, sin presidir una sola concentración, sin aparecer en los medios…

"Hizo los mismos méritos para alcanzar el escaño que los que tenía el caballo de Calígula para ser nombrado cónsul del Imperio Romano. El protegido del Calígula vallecaucano se dio el lujo de obtener la mayor votación del PIN a nivel nacional, sin sudar demasiado", recalca Diego Martínez.

Pero al lado de Rizzeto, también obtuvieron sonoros triunfos otros competidores bien nutridos con dineros ya no de dudosa sino de conocida procedencia. "Produce enorme desazón –destaca Martínez- que la política en el Valle haya quedado reducida a esa sucia competencia en la que sólo triunfan las candidaturas bien alimentadas con recursos espurios. La presencia de ese doping electoral le quita cualquier trazo de legitimidad a ésta y a todas las justas electorales que se celebren en esta región".
(1)Finalmente salió elegida Noemí Sanín, quien fue nombrada por Uribe embajadora en Madrid y en Londres

(*)Joaquim Ibarz es un veterano corresponsal del diario catalán La Vanguardia. Este reportaje está tomado de su blog 'Diario de América Latina'

(Fuente: La Vanguardia)

16.3.10

Colombia:Guerra sucia y biodiversidad

MILITARES Y PARAMILITARES ASEDIAN, BOMBARDEAN Y ASALTAN COMUNIDADES INDÍGENAS, CAUSANDO MUERTOS, HERIDOS Y GRAVES DESTROZOS, AL SERVICIO DE MULTINACIONALES, ÁVIDAS DE PODER EXPOLIAR SUS RECURSOS NATURALES
















aBOMBARDEO EN LOS KATIOS



La Brigada 17 del Ejercito Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon la comunidad indígena de Alto Guayabal del Resguardo Uradá Jiguamiandó, en los límites entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el 30 de enero de 2010 a las 3:30 a.m. dejando varios indígenas gravemente heridos y causando la muerte de un bebé indígena recién nacido. La clara intención del bombardeo es desplazar a la comunidad indígena y negra, para dar vía libre al proyecto minero Mandé Norte. Uno de los planes más avasalladores, depredadores y arbitrarios que se mueven en las selvas del Chocó. Situado entre Carmen del Darién ( Chocó) y Murindó (Antioquia).

Seguros de la existencia de grandes depósitos de oro, de cobre y de un mineral poco estratégico, molibdeno, el gobierno de Uribe ha otorgado a las multinacionales Muriel Mining Co, Anglo Gold Ashanti y a la Glencore todas las concesiones posibles e imposibles y ha otorgado facultades para que hagan y deshagan sobre un territorio de 16.000 hectáreas.



Pero éstos territorios son propiedad colectiva de las comunidades negras de Jiguamiandó y de los resguardos indígenas de Urada-Jiguamiandó y Murindó del pueblo indígena embera-Katío; territorios ancestrales.

Por obvias razones las comunidades allí asentadas se oponen al desarrollo de ese proyecto; motivo por el cual, el gobierno Uribe, violando todas las normas y principios constitucionales nacionales y la normatividad internacional y los Derechos humanos , ha ordenado la militarización de estos territorios y el bombardeo y quema de sus 'tambos'(viviendas indígenas).

Además, la Brigada 15 del Ejercito Nacional Colombiano invadió el resguardo indígena de Urada en la Zona de la Rica. Los militares destrozaron las siembras de 'pan coger'(autoconsumo) y los frutales, construyeron helipuertos que son utilizados por la empresa concesionaria para el transporte de sus empleados, talaron tres hectáreas de bosque con la empresa Muriel Mining Co, destrozaron el cementerio sagrado ubicado en la zona de la Rica, donde solo pueden entrar los médicos 'jaibanas'(tradicionales).

Esta agresión, vino precedida de otras:


-El 4 de mayo del 2000 a causa de los operativos en la zona desaparecieron tres miembros de la comunidad de Alto Guayabal: Reguina Rubiano Bariquin de 65 años, Pablo Emilio Domico de 45 años y Blancaina Domico de 16 anos. En los mismos operativos quemaron ocho tambos indígenas, robaron plátano, víveres, utensilios sagrados y animales de cría.

-El 22 de junio de 2007 fue bombardeada la comunidad indígena de Isla en el resguardo del río Murindó.

-El día 8 de febrero de 2008 a las 3:40 pm fue bombardeado el cementerio de las comunidades indígenas de Isla y Coredó. En al zona de La Rica la empresa y los militares construyeron cambuches (chozas) y campamentos en los que permanecen asentados. Allí se instalaron dispositivos de seguridad y les dijeron a indígenas dueños del territorio, que no podían transitar por el mismo, estos militares prestan seguridad a la empresa concesionaria, desconociendo derechos ancestrales de los indígenas y negros colombianos y poniendo en riesgo los derechos fundamentales de estas comunidades.

Aterrorizados por la situación y la grave amenaza que se cierne sobre ellos, los Embera Katío hacen un llamamiento urgente, a nivel nacional e internacional, solicitando apoyo para que finalice la militarización de su territorio , para poner fin al desplazamiento forzado de sus comunidades.

Contornos de la muerte en el Bajo Atrato y Urabá

Viernes 22 de enero de 2010


El 18 de diciembre de 2009 fueron asesinados, a pocos minutos del área urbana de Carmen del Darién (Chocó), los líderes afrodescendientes Manuel Moya Lara y Graciano Blandón, junto con un hijo de éste último, de 22 años. Pocas horas después, varias redes de Internet y un reconocido círculo de columnistas, empresarios, agentes y ex agentes del Gobierno muy cercanos al Presidente Uribe, miembros de las fuerzas armadas retirados, algunos funcionarios del Estado y un amplio entramado paramilitar, se concertaron en una campaña de difamación y de horrendas calumnias contra los suscritos. El eje de su campaña apuntaba a atribuirnos la responsabilidad directa o mediada en el crimen y a impulsar un movimiento de opinión con miras a deslegitimar nuestro acompañamiento a las comunidades del bajo Atrato y de Urabá y a unificar estrategias mediáticas, judiciales y militares para impedir en adelante cualquier presencia o apoyo nuestro en la región.

La circunstancia de que múltiples veces habíamos censurado los comportamientos de los dos líderes sacrificados y de otros que actuaron junto con ellos y ahora recogen sus banderas, la toman como argumento ciego para deducir de allí nuestra participación o complicidad en el crimen y a la vez para legitimar veladamente sus intereses económicos, políticos y militares en la región o para deslegitimar los de las comunidades que hemos apoyado y acompañado.

Si bien cualquier persona sensata percibe la irracionalidad y perversidad de tal procedimiento, el manejo emotivo y la manipulación mediática que se le ha dado al crimen, llevan a crear un pantano emocional que resulta defendiendo lo indefendible con medios inconfesables. Uno de los llamados líderes , Adán Quinto, afirmaba en una entrevista manipulada por el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, en Radio Super, el pasado 21 de diciembre: “si el gobierno no le para bolas al asunto y no sacan a esas ONG de allá, nosotros las vamos a sacar así sea a tiros" Pocas semanas antes, los paramilitares que controlan el bajo Atrato desde San Pedro de Urabá, nos habían declarado “objetivo militar”.


El lenguaje de quienes se han expresado al respecto por los medios masivos, como José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, Rafael Nieto Navia, Raúl E. Tamayo, Fernando Vargas y los editorialistas de El Mundo (diario de Medellín), entre otros, está saturado de falsedades y manipulaciones, y el de aquellos que se expresan por páginas web o redes de facebook recurre a la injuria moral en sus más bajas, sucias e infames expresiones y estrategias. No ignoran ellos que lo que ha motivado nuestro acompañamiento a esas comunidades de víctimas del bajo Atrato y de Urabá ha sido nuestra identificación con los valores de la humanidad en los derechos humanos, y con los principios cristianos de defensa de la vida, de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, y por ello buscan ofendernos en lo más íntimo y sagrado de nuestra identidad moral, al insinuar que pudimos ser cómplices de un asesinato; que pudimos tener la capacidad de “amenazar de muerte” a alguien; o que nuestra presencia en la zona ha buscado “robarle las tierras a las comunidades negras” o someter a esas poblaciones a regímenes de opresión y dominación, o manipular o tergiversar la verdad de lo que ha ocurrido allí, o recaudar fondos en medios internacionales para beneficio propio, o apoyar grupos o estrategias armadas en la región. No hay palabras para calificar tanta bajeza e ignominia.

Aunque ellos saben bien que todas estas acusaciones riñen radicalmente con nuestros principios; que ninguno de nosotros sería capaz moralmente de actuar en complicidad con cualquiera de esas conductas y que jamás encontrarán prueba alguna para sustentar tales ignominias, buscan justamente ofender nuestra dignidad más sagrada, empañar nuestra imagen más auténtica y pisotear nuestros valores más cultivados y defendidos. Lo hacen con cruel y perversa audacia, apoyándose en el respaldo que han encontrado en ciertos poderes económicos, estatales y mediáticos, con el evidente propósito de hacernos renunciar al acompañamiento a las víctimas, a la denuncia de las atrocidades que con ellas se cometen e incluso a las medidas cautelares o provisionales que hemos logrado para ellas en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero si quieren separarnos de las víctimas y desprestigiarnos ante ellas, es para suprimir los obstáculos que su estrategia ha encontrado para implantarse en la región.

Ante todo condenamos radicalmente el asesinato de estos líderes y una vez más afirmamos que nuestro acompañamiento y nuestro respaldo a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, se centra en la defensa de la vida y jamás consiente con ninguna forma de muerte. Por ello hemos censurado y denunciado siempre las acciones de la insurgencia que buscan solucionar conflictos o castigar delitos mediante la eliminación de personas o amenazas de atentar contra su vida o integridad. Pero tampoco la muerte de estos líderes puede convertirse en un chantaje para llevarnos a aprobar sus comportamientos o sus estrategias perversas en la región.

Si bien estos asesinatos se han atribuido a la guerrilla de las FARC, no deja de generar preguntas el que hayan sido asesinados en un espacio completamente controlado por el paramilitarismo y la fuerza pública. Algunas informaciones que poseen funcionarios públicos incluso indican, que estas 3 personas avanzaban hacia una cita con las FARC en el momento en que fueron asesinados. Nos preguntamos si su búsqueda de diálogo con las FARC podría estar relacionada con sus recientes críticas a órganos del Estado que no los apoyaban incondicionalmente, críticas que salen a la luz en las mismas entrevistas manejadas por el ex ministro Londoño Hoyos.


Quienes, de entre los firmantes, hemos mantenido un acompañamiento más permanente a las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Cacarica, el Jiguamiandó y el Curvaradó, desde la estructura de la Comisión de Justicia y Paz, no llegamos allí por propia iniciativa sino por petición apremiante de las víctimas. Nuestro primer contacto con ellas se dio en el contexto del desplazamiento brutal producido por la “Operación Génesis” en febrero y marzo de 1997. Entre los muchos miles de desplazados que llegaron a Turbo, decidimos acompañar prioritariamente a quienes querían a toda costa retornar a sus tierras, pues varios millares cedieron al terror y decidieron no volver jamás a esas tierras. La opción del retorno la consideramos más justa y nuestro apoyo a esa franja de desplazados respondía también a la gran limitación de nuestros recursos.

Sólo varios años después, cuando se iniciaron tímidamente los retornos, pudimos comenzar a comprender qué motivaciones había detrás de la Operación Génesis y otras operaciones militares, tan saturadas de crímenes de lesa humanidad. Al encontrar las aldeas destruidas y los campos todos sembrados de palma aceitera o inundados de motosierras para extracción de maderas, o con infraestructura para el banano por parte de empresas que contaban con pleno respaldo del Gobierno, de los militares y de los paramilitares, comprendimos la motivación de tan horrendo genocidio. Hoy día, cuando en el mar de impunidades se juzga al General Rito Alejo Del Río por uno de los crímenes más impresionantes de la Operación Génesis, como fue cortarle la cabeza a Marino López y jugar fútbol con ella, los abogados del General insisten en solicitar declaraciones del Presidente Uribe y del ex Presidente Samper, pues afirman que el General actuó en constante coordinación y comunicación con el entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y de la misma tuvo conocimiento el mandatario liberal.

La estrategia del retorno, que quisimos acompañar y lo hemos hecho dentro de nuestras enormes limitaciones y riesgos, nos fue revelando unas estrategias contrarias que se apoyaban en altos poderes. Empresarios madereros y palmeros decidieron cooptar, mediante el soborno, a los verdaderos dueños de las tierras, sobre todo luego de lograr el reconocimiento de los consejos comunitarios del Cacarica, el Jiguamiandó y el Curvaradó, de acuerdo con la Ley 70 de 1993, mediante títulos colectivos otorgados en el año 1999 y 2000.


Ya desde los refugios de desplazados de Turbo, la Comunidad del Cacarica comenzó a descubrir que su primer representante legal, Adán Quinto, aceptaba donaciones de la empresa Maderas del Darién y usaba para beneficio propio los escasos recursos de la comunidad, lo que produjo su sanción y destitución y su fuga a trabajar por los intereses de dicha empresa. Algo similar hicieron los palmeros en el Curvaradó al cooptar a Manuel Moya, quien usurpó el cargo de representante legal de su Comunidad cuando ya se lo habían retirado, para firmar actas de compromiso con Urapalma y otras empresas palmeras, entregándoles en usufructo los territorios que eran del Consejo Comunitario, conducta que le acarreó incluso una orden de captura y semanas de prisión. También en el Jiguamiandó los empresarios cooptaron a Graciano Blandón, quien comenzó a convocar a desplazados no retornados para disputarle la legitimidad al Consejo Comunitario del Jiguamiandó, en estrecha unidad de intereses con empresariales y militares.
La Comisión de Justicia y Paz consideró como injustas y perversas las estrategias de los empresarios para apoderarse del territorio recién recuperado y titulado de las comunidades afrodescendientes, estrategia que además era violatoria de la Constitución y las leyes y desconocía los derechos, tradiciones y cosmovisiones étnicas de esas poblaciones.

Con apoyo de abogados, se acudió a la justicia para defender los derechos de las víctimas y se logró demostrar, con verificación de organismos del mismo Estado como el Incoder, que el 93% de las tierras ocupadas por los empresarios pertenecían a territorios comunitarios que no eran susceptibles de enajenación mercantil. A pesar de la corrupción de los poderes judiciales locales, la Corte Constitucional logró, a base de revisión de tutelas, ordenar la devolución de los territorios a los consejos comunitarios, por fallo del tribunal del Chocó, lo cual aún no se ha producido. Esto explica que el círculo de líderes sobornados por los empresarios, junto con los núcleos poblacionales que ellos han logrado vincular a su política, hayan emprendido una campaña tan enconada, infame y sucia contra organizaciones como la Comisión de Justicia, Brigadas Internacionales de Paz, la organización canadiense PASC, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y las comunidades religiosas que han acompañado intermitentemente los procesos de retorno. Su lenguaje emocional y sucio no tiene ningún sustento legal ni ético; cualquiera que examine sin prejuicios la justeza de su estrategia y la de las comunidades originarias que han retornado y defienden la autonomía de sus territorios, para lo cual han solicitado nuestro acompañamiento, no dudará en censurar la estrategia de los empresarios y de sus sobornados líderes, como algo radicalmente anti-ético, ilegítimo e ilegal.


Los ataques a las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y a sus acompañantes, han llegado al extremo de considerar las vallas o cercos, confeccionados con humildes cuerdas de plástico o alambre que delimitan los espacios de protección , como “campos de concentración”. ¿Pretenden, entonces, que se deje libre acceso a los espacios a todas las bandas armadas que los han masacrado y perpetrado contra ellos todo tipo de crímenes? La sabia respuesta de un afrodescendiente a un funcionario del Gobierno que cuestionaba los “encerramientos”, hacía ver que eso lo habían aprendido del mismo Gobierno, pues cuando venían a reuniones en sus oficinas en Bogotá, encontraban todo tipo de puertas y obstáculos que era imposible atravesar sin numerosos permisos, tarjetas magnéticas, tomas de fotografías y de huellas etc., y eso que el Gobierno cuenta con los medios más poderosos de protección. De allí que cuestionar una humilde alambrada que al menos le haga caer en cuenta a quien la viola que está pisoteando unos derechos colectivos, no tiene justificación alguna y más bien constituye un apoyo a los perpetradores de crímenes y una apología de la indefensión de las poblaciones más vulnerables.
Pero nos llama la atención que todo el lenguaje de infamias y calumnias de quienes han aprovechado el asesinato de Moya y Blandón para atacar a las comunidades retornadas y a sus acompañantes, aparece envuelto en protestas que trascienden la problemática del bajo Atrato y de Urabá y se articula a movimientos, ideologías políticas y causas que hacen apología del autoritarismo, del militarismo, de formas de represión extrema y de impunidad para sus autores; de estrategias económico políticas que favorecen a las capas más poderosas. En efecto, en sus comunicados y protestas rechazan los procesos judiciales contra los generales Rito Alejo del Río y Jaime Humberto Uscátegui, acusados de graves crímenes de lesa humanidad; el del Coronel Plazas Vega, acusado de desapariciones, torturas y ejecuciones en la retoma del Palacio de Justicia; se dice que “al Ejército lo tienen amarrado” y se reivindican como “anticomunistas” que luchan contra un “terrorismo humanitario” o contra “ONGs esclavistas” o contra “verdugos de los negros”.
Algo aún más preocupante es que el Senador Víctor Velásquez Reyes, presidente de la Comisión de derechos Humanos del Senado, haya acogido sin discernimiento ni investigación alguna las calumnias presentadas por los sobornados líderes, en un foro organizado por él el pasado 2 de diciembre en el recinto del Congreso, calumnias que le sirvieron de base a su pronunciamiento frente al asesinato de los líderes el 19 de diciembre. Tan falseada es la información que ha asimilado el parlamentario, que le atribuye el desplazamiento masivo de esas comunidades en 1997, no a la Operación Génesis, sino a las FARC y a las ONG que entraron en relación con ellas después del desplazamiento.
Los comunicados también revelan con gran nitidez que quienes se apuntalan en el oscuro asesinato de estos afrocolombianos para atacar a las comunidades autónomas y a sus acompañantes, se inscriben dentro de una estrategia que identifica a todas luces a este Gobierno: deslegitimar y estigmatizar a las comunidades de paz, zonas humanitarias y a sus acompañantes, haciéndolos aparecer ante la opinión pública en estrecha relación con la guerrilla, como única vía seudo legal para atacarlas, sirviéndose de “testigos” y pruebas falsas.
Tal ha sido su estrategia contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, similar a lo que ha sucedido con las Zonas Humanitarias de Cacarica desde el 2001, y que ahora se enfoca contra las Zonas Humanitarias del Curvaradó, del Jiguamiandó, haciendo referencia al falso testimonio del desertor de las FARC alias “Samir”, cuyas calumnias, confeccionadas en la Brigada 17, han sido difundidas por personajes muy cercanos al alto Gobierno, como el ex Ministro Fernando Londoño, el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, los periódicos antioqueños El Mundo y El Colombiano con varios de sus columnistas y editorialistas, proyectando también las infamias a la revista holandesa Vrij Nederland y al periódico estadounidense Wall Street Journal a través de la periodista que desconoce la ética periodística, Mary O’Grady y la descontextualización de la información presentada por el diario El Tiempo.
El rastreo de los usuarios de facebook y de páginas web que sustentan los más ofensivos y perversos ataques a nuestra dignidad y a nuestros valores, nos han permitido percibir que a tal estrategia gubernamental, que protege a grandes empresarios palmeros y madereros, articulados a los lógicas de operación multinacional, están integrados reconocidos líderes paramilitares, como uno de los fundadores del movimiento MORENA que se atribuyó el genocidio del Magdalena medio en los años 80.

No podemos ocultar nuestro dolor al ver pisoteada nuestra dignidad y nuestros valores de manera tan vil y con el apoyo simultáneo de fuerzas tan poderosas, algunas de las cuales salen a la luz con algunas máscaras y otras actúan coordinadamente desde las tinieblas. Sabemos, sin embargo, que optar por las víctimas y por las poblaciones más vulnerables dentro de un sistema corrupto y violento, acarrea ese tipo de sufrimientos. Continuamos afirmando, enfáticamente, que las estrategias de empresarios, políticos, militares y paramilitares, tendientes a dividir y sobornar a las comunidades que han retornado al bajo Atrato con la ilusión de recuperar sus territorios colectivos y administrarlos de una manera autónoma, ecológica y dentro de sus cosmovisiones ancestrales, con el fin de implantar allí formas de explotación anti-ecológica y anti-social al servicio de grandes capitales, constituye una injusticia flagrante. Si lo logran por la fuerza bruta y la perversidad inconfesable de sus estrategias, lo hacen en contravía de los principios éticos más universales, y en nuestro contexto, en contravía de la Constitución y de las leyes vigentes.

Llamamos una vez más a las autoridades judiciales y administrativas a que acaten las sentencias que obligan a devolver dichos territorios a sus auténticos dueños, respetando los títulos colectivos sancionados en el año 2000 acordes con la Ley 70 de 1993; a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las de la Defensoría del Pueblo, y a que se abstengan de apoyar las estrategias de usurpación de los territorios, de división de las comunidades mediante la constitución de consejos paralelos manipulados; de soborno de sus líderes; de control paramilitar de la región; de desconocimiento de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de las campañas de difamación y estigmatización de las organizaciones acompañantes, adelantadas por círculos de periodistas y ex funcionarios de evidente y estrecha relación con el alto Gobierno.
Con profundo dolor,

Javier Giraldo M., S. J., fundador y representante legal de la Comisión Intercon-gregacional de Justicia y Paz entre 1988 y 1998; Director del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP, y miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de 2003 en adelante.
Alberto Franco G., CSsR, Secretario Ejecutivo, representante legal de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Danilo Rueda R., defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Abilio Peña B, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Iván Cepeda Castro, Defensor de Derechos Humanos, integrante de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Gloria Cuartas, Ex alcaldesa de Apartadó y defensora de derechos humanos.

Personas jurídicas o colectivas señaladas o acusadas

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar.
Projet Accompagnement Solidarité Colombie, PASC, Canadá

(Fuentes:bosquetropical.org y dhcolombia)

8.3.10

Cuba:Caso Orlando Zapata

MUERTE Y DISIDENCIA


Por Víctor Orozco (*)

a"El reto mayor que ahora enfrenta la revolución cubana es el del respeto a los derechos humanos"

La muerte de Orlando Zapata en Cuba, a resultas de una huelga de hambre, llevada a cabo en protesta por el mal trato en prisión a los presos políticos, ha puesto en el más alto relieve la necesidad de respetar los derechos humanos. El gobierno caribeño puede alegar con justa razón, que desde hace medio siglo no han cesado los ataques norteamericanos, en incontables ocasiones articulados con los movimientos de la oposición interna. Sin embargo, viejas experiencias nos enseñan que nada puede justificar el atropello a las libertades esenciales. Durante las primeras décadas posteriores a la revolución rusa, bajo el pretexto del asedio imperialista a la patria de los trabajadores, se edificó una de las peores tiranías que el mundo ha conocido. Muy lejos está Cuba de la pesadilla en que se convirtió la esperanzadora aurora soviética, pero nadie -y menos aún quienes hemos estado al lado de la revolución cubana- puede aceptar que se vulneren derechos fundamentales de los individuos, sin cuya existencia y garantía por parte del Estado, la vida se transforma en una existencia de parias.

Hace 29 años, el 1 de marzo de 1981, varios irlandeses presos por el gobierno británico de Margaret Tatcher, encabezados por Bobby Sands, iniciaron una huelga de hambre que llevó a la muerte a diez de ellos, durante los siguientes siete meses. Cada uno que iba falleciendo motivaba explosiones de indignación en todo el mundo. Hoy, merecidamente están entre los héroes más queridos en su país. La muerte de Orlando Zapata constituye una tragedia, similar a la de los irlandeses, por más que existan enormes diferencias entre las condiciones en que ambas se produjeron. Su ejemplo ha cundido y hoy se informa de otros cinco presos y un periodista en huelga de hambre. El gobierno cubano debe impedir que se produzca otra desgracia y al mismo tiempo, que los enemigos de la revolución puedan utilizarla como una formidable arma propagandística. La única manera digna de hacerlo, es informar abiertamente sobre la situación de los presos y asegurar a éstos los derechos inscritos en la Constitución cubana, análogos a los contenidos por los códigos políticos de todas las naciones.

Digo lo anterior, desde la perspectiva brindada por una generación que nació a la vida política bajo la marca imborrable de la revolución cubana, impresa en la conciencia de millares de estudiantes latinoamericanos, quienes pasamos por procesos similares. Y también, desde una visión del socialismo. Mi primer contacto con esta revolución ocurrió el 19 abril de 1961. La prensa de la ciudad de Chihuahua, en donde cursaba el segundo de secundaria, anunciaba en ocho columnas que “El pueblo cubano se había levantado contra la dictadura comunista” y que se había iniciado al mismo tiempo una invasión en Bahía de Cochinos por un numeroso grupo de cubanos exiliados. El gobierno de Fidel Castro tenía las horas contadas, se agregaba. Profesores normalistas, masones, miembros del Partido Popular Socialista y del Partido Comunista Mexicano, convocaron entonces a un mitin para defender a la revolución cubana. Junto con otros adolescentes curiosos fui al mitin, en donde se denunció al imperialismo norteamericano autor de la operación armada para aplastar a la revolución y se condenó a la cadena periodística García Valseca, que mal informaba a la opinión pública mexicana. Uno de los oradores propuso quemar El Heraldo, considerado entonces como un vivo ejemplo de la prensa mercenaria. El contingente se trasladó a la calle Aldama y 19ª, donde se ubicaba el edificio del periódico, al que le llovieron palos y piedras de inmediato, quebrándole las vidrieras. Algún audaz intentó encender la puerta de la entrada, pero granaderos y bomberos llegaron en ese momento, disolvieron a garrotazos el mitin y aprendieron a unos cuantos.

Desde su triunfo, pero sobre todo a partir de la victoria en Playa Girón, la causa de la revolución cubana, personificada en los nombres de Fidel Castro y el Che Guevara, formó parte central del entramado ideológico de mi generación. En 1969, la sociedad de alumnos de la Escuela de Derecho de la que era presidente, organizó un festival de solidaridad latinoamericana, en el décimo aniversario de la entrada de las tropas rebeldes en La Habana, acto que propagandizamos por todas partes, consiguiendo una audiencia numerosa. Conservo en la memoria las imágenes de la euforia estudiantil y la vehemencia de los discursos, entre ellos uno de Jaime García Chávez. El año anterior, las tropas del Pacto de Varsovia, dirigidas por los soviéticos, habían ocupado Checoeslovaquia mientras el gobierno cubano se apresuraba a declarar su apoyo a los invasores. Nos turbó el hecho, por la sencilla razón de que cualquier agresión de un país fuerte contra uno débil, nos hace cimbrar a muchos mexicanos, por el recuerdo de los despojos sufridos en el pasado, a manos de potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos. Sin embargo, entendimos muy pronto que frente al constante acoso y agresión de éstos últimos, a la revolución cubana no le quedaba otro camino que respaldarse en la URSS. Muy pronto seríamos lo suficientemente anti estalinistas como para seguir reverenciando a los rusos y a la revolución de Octubre, con todos sus efectos, pero Cuba era otra cosa, colmaba no sólo nuestras aspiraciones de la revolución, sino también la revolución de las aspiraciones. Allí estaba la utopía del hombre nuevo, difundida y puesta en acto por la vida de Ernesto Guevara.

Con el paso de los decenios, la revolución cubana envejeció, junto con sus dos dirigentes principales. Dejó de ser el faro indiscutible que alumbraba el camino de los pueblos latinoamericanos hacia su emancipación. Sin embargo, conservó un enorme prestigio moral en todo el mundo y un consenso básico entre los cubanos. Sus realizaciones y conquistas en la medicina, la salud pública, la educación, son reconocidas aun por sus enemigos. Ha resistido el bloqueo económico norteamericano y aguantó también el colapso de la Unión Soviética. Su voz resuena todavía en los foros mundiales por encima de la que alzan la mayoría de los países. Recurrentes ofensivas que han buscado aislarla se han topado con roca, como las emprendidas en su momento por el gobierno de José María Aznar (cuya biografía es la encarnación de lo corrupto en política), a la que se sumó la diplomacia boba de Vicente Fox. Todas estas proezas son admirables.

El reto mayor que ahora enfrenta la revolución cubana es el del respeto a los derechos humanos. En realidad, ha sido el reto histórico de todas las revoluciones sociales del siglo XX. Y puede irse más allá: no hay revolución en la historia mundial, que no haya tenido una fase inicial de represión a los opositores. Empero, la prolongación de tal estatus y su instalación permanente no son admisibles. Esto es lo que hizo insoportable al régimen soviético. Puede constatarse que partido único, supresión de libertades como la de tránsito o las de prensa e información, nunca estuvieron en los programas prerrevolucionarios ni de Rusia, ni de China, ni de Cuba. Ni tampoco en la tradición socialista. Hoy sabemos, además, que un programa revolucionario en el cual no se incluya la observancia de las garantías individuales, no merece el calificativo.

Por Cuba y por su generosa revolución, alimentadora de esperanzas entre los pobres del mundo, sobre todo entre los pueblos latinoamericanos, es que sus dirigentes deben asumir a cabalidad el respeto a los derechos de las personas, cualquiera que sea su filiación ideológica.


(*)Víctor Orozco, profesor de historia en la Universidad de Chihuahua, es un analista político mexicano.

(Fuente: www.sinpermiso.info , 7 marzo 2010)

5.3.10

Chile:Terremoto

CENTENARES DE PERSONAS SE HAN ORGANIZADO PARA SOCORRER A LAS VÍCTIMAS, ANTE LOS FALLOS EN LA ASISTENCIA DE LOS ORGANISMOS OFICIALES, MIENTRAS LOS MEDIOS SÓLO DESTACABAN LOS ROBOS Y SAQUEOS



Mientras se apagan las escenas de saqueos en algunas de las ciudades más golpeadas por el terremoto y el tsunami que afectaron al centro y sur de Chile el 27 de febrero, cientos de personas se organizan para socorrer voluntariamente a las víctimas.

Días después de la tragedia, aún se descubren localidades arrasadas, especialmente en las costas de las regiones de El Maule y Bío-Bío, entre 200 y 500 kilómetros al sur de la capital, y continúan las labores de búsqueda de desaparecidos. Lentamente se normalizan los servicios básicos y se amplía la distribución de ayuda, que para las víctimas y las autoridades locales ha sido tardía. También se van apagando los casos de pillaje.

Ante los saqueos e incendios a supermercados, tiendas, oficinas públicas y casas particulares, que se cometieron después del sismo, la presidenta Michelle Bachelet movilizó a más de 11.000 efectivos militares y decretó el estado de excepción en El Maule y Bío-Bío.

La radio y la televisión informaron de robos desde comida hasta electrodomésticos y artículos electrónicos, como televisores, especialmente en Concepción, capital del Bío-Bío. El toque de queda --prohibición de circular por las calles entre determinadas horas--decretado en ciudades como Talca y Concepción parece haber contribuido a que de a poco retorne la calma a los sitios devastados por la catástrofe.

Sin embargo, algunas familias decidieron armarse por su cuenta para repeler eventuales ataques de otros pobladores. También hay denuncias de reventa de productos a precios exorbitantes.

Las imágenes de los militares tomando el control de las ciudades recordaron las peores escenas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la capital, sectores comerciales cerraron el martes sus puertas ante rumores de asaltos, por lo que el gobierno llamó a la ciudadanía a la tranquilidad, advirtiendo que la justicia será severa contra quienes delincan aprovechando de la tragedia.

"Estoy impresionada de la ausencia del Estado durante los primeros dos días de la tragedia", dijo a IPS Paulette Dougnac, de 27 años, aún en estado de conmoción tras vivir el terremoto en Concepción, dormir en un cerro soportando las fuertes réplicas y experimentar la desesperación por conseguir agua y comida, tras lo cual se dirigió a Santiago.

"No había nadie que nos diera información, que nos entregara ayuda. Por eso fue el descontrol. Yo tengo familiares a los que todavía no les llega nada", apuntó.

"A las seis de la mañana escuché al intendente de la región Tohá decir que no había riesgo de tsunami y llamaba a la gente a quedarse tranquila en sus casas, cuando ya había ocurrido. No sabía nada. Eso genera desconfianza en las autoridades", criticó Dougnac.

"Uno se sentía abandonada. Uno se pregunta cómo no había un plan para enfrentar estas tragedias, si se sabe que Chile es un país sísmico", cuestionó.

La Armada y la Onemi (Oficina Nacional de Emergencia) siguen enfrascadas en una polémica por las responsabilidades respecto a la tardía alerta de tsunami.

"Ha sido increíble el pillaje. No ha sido por necesidad sino por maldad", dijo a IPS Paulina Saavedra, cuya familia vive en Arauco, localidad costera del Bío-Bío que sufrió los embates del terremoto y tsunami.

"El piano de la casa de mis padres salió por la ventana, los muebles de la cocina se trasladaron a otra habitación, quedó todo en el suelo y las calles del pueblo se desnivelaron", relató la joven. En diversos lugares hay gente que sigue clamando por agua y alimento, mientras los especialistas sanitarios anuncian la llegada de enfermedades infecciosas.

La presidenta Bachelet reconoció el miércoles que la ayuda no ha llegado con la velocidad necesaria por los problemas de comunicación y transporte.

Después de destacar que la magnitud de la tragedia es "enorme", por lo que toda ayuda se hace poca, el sociólogo Alberto Mayol esbozó ante IPS una explicación a los numerosos saqueos. Además de responder en algunos casos al oportunismo delictivo, el experto cree que "en Chile hay una matriz cultural, una forma de ver la vida política y social, que de alguna manera vincula el hecho de haber sufrido un dolor intenso, una injusticia o una tragedia con la posibilidad de acceder a ciertos derechos". "Esto proviene un poco de la cultura cristiana, y del modelo económico, que asume que el que está más mal merece más derechos y apoyos del Estado", explicó el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la estatal Universidad de Chile.

"Entonces cuando vienen las tragedias, y prácticamente toda la comunidad se ve afectada, la demanda de ayuda es muy grande, en consonancia con el nivel de dolor existente. Esto genera la legitimidad de poder hacer lo que no se está recibiendo, de tomar la justicia por la propia mano", apuntó. A su juicio, otro hecho que deberá ser analizado en profundidad cuando pase la emergencia es la participación de las Fuerzas Armadas en la catástrofe y específicamente en "la forma en que se pide su concurrencia". "Una cosa es que los militares puedan ayudar, que está muy bien, y otra cosa es que sean convocados para el orden público". Desde su punto de vista, es necesario estudiar "la búsqueda permanente de los militares como fuerza salvadora en tiempos de crisis".

Por otro lado, se multiplican las iniciativas de socorro de parte de organizaciones sin fines de lucro y humanitarias, como Fundación Un Techo para Chile, Hogar de Cristo, Caritas Chile y Cruz Roja, así como de federaciones universitarias. Entre el viernes y el sábado, se realizará la Teletón "Chile Ayuda a Chile" de 24 horas para juntar 15.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) para construir 30.000 viviendas de emergencia para las víctimas.

bbbEsta campaña benéfica liderada por el popular animador de televisión Mario Kreutzberger, conocido como "Don Francisco".

Cuando el Estado no funciona en lo local

En Foro Ciudadano, de la Agencia de Noticias Medio a Medio, reflesionan sobre lo ocurrido tras el terremoto y los tsunamis ocurridos. Y dicen:

" En este programa de radio queremos diferenciar lo que produce un terremoto o un tsunami de sus efectos sociales, comunitarios, humanos. Hemos pensado mucho en usted que nos está escuchando y que hace unas horas o días atrás entró a una casa ajena, afectada en su estructura y se llevó lo que pudo. O usted que se acercó a unos heridos para sacarle sus pertenencias y salir corriendo, también pensamos en usted que junto a los suyos está arma en manos cuidando las pertenencias.

Ese Chile nos duele, nos hace sentir que nos falta tanta humanidad por construir en el país, valores, sentidos colectivos a nuestras vidas, en fin. Cuando comenzamos a escuchar que a quienes saquean se les debe matar, cortar sus manos, expulsarlos del país, etc, comenzamos a llamar con urgencia a gente que tenga reflexión sobre estos temas para así colaborar en esta tragedia con pensamientos un poquito mas elaborados y que nos ayuden a comprender estos fenómenos.

Ante este dolor masivo, esta inseguridad, este miedo con que tantos están viviendo debemos compartir, un paquete de toallitas higiénicas, un tecito, un peluche para dormir con el alma más calentita arriba del cerro. Pero también la palabra aporta lo propio, verbos de urgencia para este Chile fisurado. Estamos junto a usted!

En el programa hablan y opinan Guadalupe Santa Cruz, escritora y artista visual chilena. y Andrea Gamboa, psicóloga, co-autora del libro “Organizaciones juveniles en Santiago de Chile”
DESCARGAR
AUDIO


Radio Universidad, sobre los fallos registrados



Esteban Silva: " El terremoto y el Tsunami arrasó con el orgullo del Jaguar Chileno." El modelo de desarrollo con pies de barro.

Se puede escuchar este análisis critico del modelo de desarrollo después del terremoto en el programa RADIO ANÁLISIS de la Radio Universidad de Chile.




(Fuentes: IPS, Medio a Medio y Radio Uchile)

Archivo de Pepitorias

Datos personales

Mi foto
Periodista, especializado en Latinoamérica

Pepitorias está en:

BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog TOP 100 WEBLOGS  Bitacoras.com Unión de Bloggers Hispanos Comunidad Blog Hispano Directorio de blogs Blogosfera de Red Progresista Technorati Profile Add to Technorati Favorites
Monitorizar servidor

visitantes


Contador gratis Free counter and web stats