Saharauis, los ojos del desierto

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25.4.10

Bolivia:Conferencia Mundial

UN NUEVO MOVIMIENTO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por Naomi Klein (*)


Cochabamba, Bolivia. Eran las 11 de la mañana y Evo Morales había transformado el estadio de futbol en un gigantesco salón de clases, y había reunido una variedad de objetos de utilería: platos de cartón, vasos de plástico, impermeables desechables, jícaras hechas a mano, platos de madera y coloridos ponchos. Todos jugaron un papel para demostrar un punto principal: para luchar contra el cambio climático necesitamos recuperar los valores de los indígenas.

Sin embargo, los países ricos tienen poco interés en aprender estas lecciones y, al contrario, promueven un plan que, en el mejor de los casos, incrementaría la temperatura global promedio en dos centígrados. Eso implicaría que se derritieran los glaciares de los Andes y los Himalaya, le dijo Morales a las miles de personas reunidas en el estadio, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Lo que no necesitaba decir es que no importa cuán sustentablemente elija vivir el pueblo boliviano, pues no tiene el poder para salvar sus glaciares.

La cumbre climática en Bolivia ha tenido sus momentos de alegría, levedad y absurdos. Sin embargo, en el fondo, se siente la emoción que provocó este encuentro: rabia contra la impotencia.

No hay por qué sorprenderse. Bolivia está en medio de una dramática transformación política, una que nacionalizó las industrias clave y elevó como nunca antes las voces de los indígenas. Pero en lo que se refiere a su crisis existencial más apremiante –el hecho de que sus glaciares se derriten a un ritmo alarmante, lo cual amenaza el suministro de agua en dos de las principales ciudades–, los bolivianos no pueden cambiar su destino por sí solos.


Eso se debe a que las acciones que provocan el derretimiento no se realizan en Bolivia, sino en las autopistas y las zonas industriales de los países fuertemente industrializados. En Copenhague, los dirigentes de las naciones en peligro, como Bolivia y Tuvalu, argumentaron apasionadamente en favor del tipo de reducciones a las emisiones de gases que podrían evitar una catástrofe.

Amablemente les dijeron que la voluntad política en el Norte simplemente no existía. Y más: Estados Unidos dejó claro que no necesitaba que países pequeños como Bolivia fueran parte de una solución climática. Negociaría un acuerdo con otros emisores pesados a puerta cerrada y el resto del mundo sería informado de los resultados e invitado a firmar, lo cual es precisamente lo que ocurrió con el Acuerdo de Copenhague. Cuando Bolivia y Ecuador rehusaron aprobarlo en automático, el gobierno estadunidense recortó su ayuda climática en 3 millones y 2.5 millones de dólares, respectivamente. No es un proceso de a gratis, explicó Jonathan Pershing, negociador climático estadunidense. (Aquí está la respuesta para cualquiera que se pregunte por qué los activistas del Sur rechazan la idea del apoyo climático y, en cambio, demandan el pago de deudas climáticas.) El mensaje de Pershing era escalofriante: si eres pobre, no tienes derecho a priorizar tu propio supervivencia.
Cuando Morales invitó a los movimientos sociales y los defensores de la madre tierra, científicos, académicos, abogados y gobiernos, a venir a Cochabamba a un nuevo tipo de cumbre climática, fue una revuelta contra esta sensación de impotencia, fue un intento por construir una base de poder en torno al derecho a sobrevivir.


El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático).

La siguiente etapa fue invitar a la sociedad civil global a ir discutiendo los detalles. Se instalaron 17 grupos de trabajo y después de semanas de discusión en línea se reunieron durante una semana en Cochabamba, con el fin de presentar sus recomendaciones finales al término de la cumbre. El proceso es fascinante pero lejos de ser perfecto (por ejemplo, como señaló Jim Shultz de Democracy Center, al parecer, el grupo de trabajo sobre el referendo invirtió más tiempo discutiendo si añadir una pregunta sobre abolir el capitalismo que discutiendo cómo se le hace para llevar a cabo una consulta global). Sin embargo, el entusiasta compromiso de Bolivia con la democracia participativa podría ser la contribución más importante de la cumbre.

Esto porque luego de la debacle de Copenhague un tema de discusión tremendamente peligroso se volvió viral: la verdadera culpable del fracaso era la democracia en sí. El proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que da votos con el mismo peso a 192 países, simplemente era demasiado difícil de manejar. Era mejor encontrar soluciones en grupos pequeños. Hasta las voces ambientales de confianza, como James Lovelock, cayeron en la trampa: Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un tema tan severo como la guerra, le dijo a The Guardian recientemente. Quizá sea necesario poner a la democracia en pausa durante un tiempo. Pero en realidad son estos pequeños grupos, como el club privado que forzó el Acuerdo de Copenhague, los que han ocasionado que perdamos terreno y debilitado los acuerdos existentes, que de por sí son inadecuados. En cambio, la política de cambio climático llevada a Copenhague por Bolivia fue redactada por los movimientos sociales mediante un proceso participativo y el resultado final fue, hasta el momento, la visión más transformadora y radical.


Con la cumbre de Cochabamba, Bolivia intenta globalizar lo que logró a escala nacional e invitar al mundo a participar en redactar una agenda climática conjunta, antes del próximo encuentro sobre cambio climático de la ONU, en Cancún. En palabras del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, la única cosa que puede salvar a la humanidad de una tragedia es el ejercicio de la democracia global.

Si está en lo correcto, el proceso boliviano podría no sólo salvar a nuestro planeta que está calentándose, sino también a nuestras democracias en vías del fracaso. No está mal el trato
.

(*)Artículo publicado en el diario La Jornada de México el 24 de abril.

(Fuente:http://www.sinpermiso.info/)

2.4.10

Honduras:Represión postgolpe

LOS CINCO PERIODISTAS ASESINADOS, SÓLO EN MARZO, ELEVAN A 150 LOS CRÍMENES GOLPISTAS. BAJO EL GOBIERNO DE PROFIRIO LOBO, CONTINÚA LA GUERRA SUCIA PARA EXTERMINAR A LA RESISTENCIA


Durante el pasado mes de marzo 5 periodistas fueron asesinados en Honduras. Desde el Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio pasado son 150 las muertes por estos actos de violencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudia los crímenes contra los comunicadores sociales. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sentenció que "estos despreciables crímenes contra profesionales de los medios vulneran el derechos fundamental a la libertad de información, piedra angular de una sociedad democrática". La titular de la UNESCO exigió a las autoridades hondureñas que se "arreste a los responsables y se ponga fin a la ola de violencia".

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el colectivo de Artistas en Resistencia, junto a otras organizaciones, emitieron condenas a la escalada de violencia desencadenada bajo el gobierno de Porfirio Lobo.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, afirmó que en el país hay en marcha un "plan de exterminio".

Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Honduras tiene el actualmente el índice de homicidios más alto de Centroamérica. Y explicó que la situación más grave se registra en los departamentos hondureños de Colón, Francisco Morazán, en el centro del país, Yoro en el norte y Copán en el oeste.


Cinco periodistas asesinados en un mes


La aplicación de leyes mordaza, las amenazas, el exilio, los atentados y los primeros asesinatos marcaron en los últimos años el ejercicio del periodismo en Honduras. Pero nunca había pasado que cinco reporteros fueran abatidos en un mes:cuatro en el interior del país y uno en Tegucigalpa. Los últimos, el viernes 26 de Marzo, hansido José Bayardo Mairena y Manuel Juárez . El asesinato se produjo en Tulín, en el departamento de Olancho, cuando ambos salían de las instalaciones de Radio Diez, después de transmitir el programa que dirigían.

La Plataforma de Derechos Humanos expresó su más enérgica condena los crímenes y advirtió que "si los organismos encargados de la investigación y enjuiciamiento de los responsables como la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, no actúan con la responsabilidad y eficacia que se espera de éstas instituciones para esclarecer estos crímenes, continuarán los asesinatos y las violaciones a la libertad de prensa y expresión en Honduras.

Frente al actual estado de indefensión en que se encuentra la población hondureña y ante lo que parece ser una estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores al golpe de estado y gobierno de facto, la Plataforma pide la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para que el régimen actual detenga esta ola de criminalidad e investigue las muertes de los periodistas José Bayardo, Manuel Juarez, Joseph Ochoa, David Meza y Nahún Palacios.

Todo empezó con el golpe contra el Presidente Zelaya


El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 alteró el escenario. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe y que se extiende a la prensa, pese a las elecciones de noviembre y la investidura en enero del derechista Porfirio Lobo. Tampoco ha desaparecido el clima de polarización entre partidarios y críticos del golpe.

“Pareciera que grupos interesados quieren hacer ver como algo común la muerte de periodistas para que no exista investigación y las cosas queden en la impunidad”, dice el catedrático universitario y periodista Juan Ramón Durán.

El gobierno de Lobo tiene obligación “de identificar a los responsables y las causas que llevaron a cometer a sus autores estos crímenes”, pues “entre más silencio guarde, más se daña la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”, subraya.

La directora del medio Proceso Digital, Marlen Zelaya, considera que “ha llegado el momento de una mayor unión gremial para no dejar pasar estos crímenes como cosa aislada”.

El 1 de marzo, una emboscada tendida a la periodista Carol Cabrera resultó en la muerte del periodista de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Joseph Andoni Hernández Ochoa. Éste trasladaba en su automóvil a Cabrera, que informaba para la emisora Radio Cadena Voces, cuando una ráfaga de disparos llegó a ellos desde una motocicleta.

En diciembre de 2009 fue asesinada una hija de Cabrera, de 16 años. Por entonces la periodista trabajaba en el estatal Canal 8 de televisión controlado por el régimen del golpista Roberto Micheletti, que había derrocado en junio al presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009). Al principio se creyó que la muerte de la joven tenía que ver con acciones de pandillas juveniles. Cabrera se encuentra “autoexiliada” en un hospital militar desde donde dijo hace una semana que “no me moveré hasta que tenga garantías de que seguiré viviendo porque sigo amenazada”.

El 11 de marzo se conoció otro homicidio. El comunicador rural David Meza murió a balazos en la norteña ciudad de La Ceiba. Meza informaba para la emisora Radio América y para el informativo de televisión Abriendo Brecha, ambos de cobertura nacional. Una semana antes de su muerte, Meza había denunciado amenazas del narcotráfico por informar sobre el asesinato de un desconocido de nacionalidad mexicana en esa zona.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dice que un día después del asesinato de Meza marchó al exilio el periodista Carlos Geovany Alfonso Streber, director del Canal 36 de La Ceiba, donde el reportero muerto tenía un programa informativo. “Streber me llamó cuando estaba abordando un avión para salir del país, por miedo a correr la suerte de su compañero”, dice Custodio.

El 14 de marzo, el reportero Nahum Palacios fue asesinado en la comunidad de Tocoa, en el norteño departamento de Colón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado siete meses antes al régimen golpista medidas cautelares para proteger su vida. Palacios había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por su postura crítica al golpe. El 16 de marzo, el comisionado Custodio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extendiera medidas cautelares de protección a todos los periodistas hondureños.

Cinco días después del asesinato de Palacios, otros dos periodistas rurales, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, fueron abatidos a tiros en el nororiental departamento de Olancho, cuando investigaban un caso de narcotráfico. Las autoridades no han aclarado ninguna de estas muertes.

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que “si bien tenemos ya algunas pistas claras sobre los móviles de al menos dos casos, esperamos unas averiguaciones finales para capturar a los responsables antes de que finalice el mes de abril”. Álvarez añadió que se ofrecen recompensas “a quienes nos den datos sobre las muertes de los periodistas u otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo”.
Condenas internacionales


El lunes 29 en un comunicado, el gobierno de Francia condenó “estos hechos y pide al gobierno hondureño garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular la seguridad de los periodistas”. Reacciones similares tuvieron Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de Prensa y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales. HRW dirigió el 3 marzo una carta al fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí solicitándole investigar asesinatos, violaciones sexuales, torturas, secuestros y agresiones contra miembros del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, instó a las autoridades de Honduras a hacer todo lo que esté a su alcance para arrestar a los asesinos de periodistas en ese país y pidió que se ponga fin "a esta intolerable ola de violencia sin precedentes".

Reporteros sin Fronteras denunció este viernes la grave situación en Honduras y anunció sumarse a la campaña contra la presencia en Europa del presidente de este país. "El país cayó en un mes en el peor nivel mundial en cuanto a la seguridad de los periodistas", afirma RSF. Agrega enseguida que tampoco se ha hecho justicia por los ataques, intimidaciones, censuras y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos desde el 28 junio de 2009, fecha del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. "El golpe de Estado perdura en los hechos", afirma RSF, antes de denunciar como una "verdadera prima a la impunidad el nombramiento del general golpista Romeo Vásquez como jefe de la empresa pública de telecomunicaciones".

Finalmente, Reporteros sin Fronteras señala que adhiere a una petición internacional al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en tanto presidente de la Unión Europea, para que se retire la invitación al presidente hondureño Porfirio Lobo a la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe del mes de mayo próximo

Cárcel para sindicalistas de la Resistencia


El Juez hondureño, Melvin Bonilla, resolvió enviar a la cárcel a 11 directivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH). Los sindicalistas forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado de Honduras. Y ello porque el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la pública Universidad Nacional de Honduras para demandar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Los sindicalistas se presentaron a declarar voluntariamente a la Justicia este jueves. Allí, el Juez decretó la detención de 11 de ellos y otorgó medidas cautelares a los otros 5, por contar con más de 60 años. El abogado de los acusados, Jorge Lagos, denunció que Melvin Bonilla ordenó la medida porque los sindicalistas son integrantes de la Resistencia Nacional.

Por su parte, el Frente se solidarizó con los detenidos y acusó al Gobierno de Porfirio Lobo, al cual cataloga de dictadura, de pretender cerrar la universidad "negando a la población el derecho a la educación pública".

Miles de integrantes de la Resistencia se movilizaron a los alrededores de los Tribunales para expresar su apoyo a los sindicalistas. Manifestaron que este accionar es una "persecución política".

Los 11 sindicalistas encarcelados se encuentran en la Penitenciaría Nacional, con sede en Támara, 25 km al norte de la capital, Tegucigalpa.

Comunicado Nº 53 del FNRP

El Frente Nacional de Resistencia Popular comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
La oligarquía hondureña a través de su representante, el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa, ejecuta aceleradamente un plan para seguir enriqueciéndose a costa del robo y la explotación de pueblo. Aprovechándose del control absoluto de los poderes del Estado, que garantizan por la fuerza de las armas, están relanzando el modelo neoliberal que ha generado tanta pobreza y dependencia a nuestro país, y se aprestan a la privatización de los bienes públicos, la derogación de las conquistas sociales y la entrega de los recursos naturales.

En fechas recientes, la dictadura ha hecho manifiesta su intención de cerrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negando a la población el derecho a la educación pública, con el objetivo de beneficiar a grandes empresas privadas que convierten todo en mercancía.

Asimismo, han iniciado la persecución política de líderes sindicales a quienes se amenaza con la cárcel por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura amenaza con desconocer el fuero sindical y anular la contratación colectiva del sindicato de trabajadores de la UNAH, lo que aumentaría la ya grave violación de derechos humanos, señalada y condenada internacionalmente, y representaría un precedente para el desmontaje de conquistas sociales que costaron enormes sacrificios a las clases oprimidas.

La estrategia de represión por vía jurídica complementa la campaña de terror que desarrollan desde el día mismo del golpe de Estado de manera continua y que en los últimos días se ha potenciado con el asesinato de los compañeros José Manuel Flores, Francisco Castillo, José Antonio Cardoza, José Carías y Nahun Palacios. Todos ellos víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos paramilitares conformados por la oligarquía a instancias de personas como Óscar Álvarez, ministro de seguridad de facto, o Miguel Facussé, emblemático representante de la oligarquía.

Ante este panorama afirmamos que la única forma de regresar a un orden institucional que garantice la participación democrática y haga posible un cambio estructural del sistema social de manera pacífica, es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría popular.

En ese sentido volvemos a anunciar el la realización de una Consulta Nacional para recoger la voluntad de las mayorías a favor del proceso de Refundación del país, fortaleciéndose esta manera la organización popular que hará inevitable que se escuche la voz soberana del pueblo.

¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo 2010

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, IPS, Argenpress,Prensa Latina, AFP y Minga Informativa de Movimientos Sociales)

1.4.10

Chile:Tras el terremoto

EL PRESIDENTE PIÑERA APROVECHA LOS PLANES DE RECONSTRUCCIÓN PARA ANUNCIAR NUEVAS PRIVATIZACIONES Y DEJAR AL EJÉRCITO EN LAS ZONAS AFECTADAS. CONTINÚA LA OLEADA DE DESPIDOS SIN INDEMNIZACIÓN


Más de ocho mil personas fueron despedidas a causa del terremoto en Chile. La Región Metropolitana y Bío Bío son las más afectadas por los despidos. Las empresas se ampararon en el artículo 159 del Código Laboral para despedir a los trabajadores. El Gobierno asegura que intenta frenar el desempleo en las zonas castigadas, pero los despidos no cesan.

Según cifras reconocidas por el Ministerio de Trabajo, son ya ocho mil cuatrocientas las personas desempleadas a causa del terremoto. La mayoría de las empresas se ampararon en el artículo 159 del Código Laboral. Éste artículo faculta a las empresas a despedir a sus trabajadores por "causas de fuerza mayor". Además, estipula que los despedidos no tienen derecho a indemnización.

Las zonas más afectadas son la Región Metropolitana donde la cifra llega a las 3.651 desvinculaciones. En tanto, en Bío Bío los despidos por este motivo ascendían a 3.450.

La Ministra del Trabajo, Camila Merino, anunció que la semana próxima el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para "atenuar la cantidad de despidos en las zonas devastadas".
Piñera analiza privatizar empresas para la reconstrucción


El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó que analiza la privatización de las empresas estatales del país. Es una de las posibles medidas para financiar la reconstrucción, tras el terremoto del pasado 27 de febrero. Piñera señaló que analiza el caso de algunas empresas, aunque remarcó que la Corporación del Cobre (Codelco) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no se encuentran entre las empresas que pueden ser privatizadas.

El mandatario hizo las declaraciones en la Televisión Nacional. Allí expresó que el comienzo de su mandato ha sido difícil ya que debió hacer frente a los estragos del terremoto de 8,8 grados Ritcher que azotó al país.

Al mismo tiempo, Piñera destacó que otra de las medidas que permitirá recaudar fondos para la reconstrucción son los ajustes en materia tributaria. Aunque señaló que esto no afectará a las personas ni a las pequeñas y medianas empresas.

Además, hizo referencia a la austeridad fiscal, la reasignación de recursos que no sean prioritarios y el uso de los ahorros de Chile en el exterior. Piñera estimó que la reconstrucción le costará a Chile unos 30 mil millones de dólares, lo que equivale al 17% de su Producto Bruto Interno.

Y planteó que el proceso constará de 3 etapas. La primera es la emergencia y se espera que finalice a fin de mes. Luego hay una etapa de 6 meses durante el otoño e invierno, y finalmente será la etapa de la reconstrucción total hasta el fin de su mandato.

Los militares seguirán en las zonas afectadas


El gobierno chileno mantendrá militares en las zonas afectadas por el terremoto de febrero para que colaboren en tareas humanitarias, a pesar de poner fin al estado de excepción que limita algunas libertades públicas.

La edición digital del diario La Nación destaca este jueves que la decisión del presidente Sebastián Piñera de no renovar el estado de catástrofe decretado a comienzos de marzo en las zonas más afectadas por el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero último. En tanto, ratificó que las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, del Maule, el Biobío y La Araucanía, siguen declaradas como zonas afectadas con el fin de facilitar la implementación de los planes de ayuda. En ellas se mantendrá la presencia del contingente de las Fuerzas Armadas para que siga colaborando en labores humanitarias de apoyo y ayuda a la población afectada.

Además, recalcó Piñera, para que faciliten la reconstrucción de lo destruido por el terremoto y el maremoto, tarea que durará años.

Según se reportó ayer, el seismo de 8,8 grados en la escala de Richter y el tsunami que le siguió dejaron 432 muertos y 98 desaparecidos, 800.000 damnificados y pérdidas materiales cuya recuperación demandará 30.000 millones de dólares, el equivalente al 17 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por otro lado, más de 200.000 viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas, 2. 750 escuelas inhabilitadas y 35 hospitales inutilizables. A ello se suma la pérdida de unos 20.000 empleos en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, tardarán entre tres o cuatro años en recuperarse.


(Fuentes: Agencia PÚLSAR y Prensa Latina)

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