Saharauis, los ojos del desierto

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6.7.10

Colombia:Terrorismo de Estado

LAS VÍCTIMAS PREPARAN UNA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL EN 'LA MACARENA', ANTE LA MAYOR FOSA COMÚN DE LATINOAMÉRICA, CON MÁS DE 2.000 CADÁVERES DEPOSITADOS POR EL EJÉRCITO BAJO EL MANDO DEL PRESIDENTE URIBE Y SU MINISTRO DE DEFENSA J.M.SANTOS


A comienzos de 2010 fue dado a conocer. La mayor fosa común de toda Larinoamérica había sido hallada en La Macarena, una pequeña población del departamento colombiano del Meta. En abril, la Procuraduría General de Colombia certificó la existencia de la fosa común con cerca de dos mil cuerpos humanos sin identificar, situada en un área del cementerio católico del remoto municipio y advirtió la necesidad de buscar ayuda internacional para estudiarla. El 22 de julio va a celebrarse allí una movilización internacional que busca contribuir a lo que familiares de las víctimas y comunidades requieren: Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque allí, sigue la impunidad y los crímenes de Estado.

Las comunidades y la Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos del sector del Bajo Ariari y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, organizaciones defensoras de Derechos Humanos que trabajan en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Macarena, San José del Guaviare y Uribe, convocan para este 22 de julio a una audiencia pública contra la crisis humanitaria en la región de Los Llanos Orientales de Colombia.

El Colectivo Sociojurídico ORLANDO FALS BORDA ha podido constatar , que en el cementerio de la Macarena se encuentran aproximadamente 2.000 cadáveres , según lo informado por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General, que han sido reportados como “Guerrilleros dados de baja en combate” desde el 2002 hasta el 2009. El Colectivo sospecha que esta fosa daría respuesta a las múltiples denuncias de desaparición forzosa presentadas por los Comités Regionales de Derechos Humanos.

Comparable al holocausto nazi

La Macarena está 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano. Los cadáveres "NN", han sido enterrados sin identificar, por el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores. Depositados detrás del cementerio local cunos 2.000 cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión.

El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar , cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".

Preparación de la audiencia


Con la audiencia pública convocada para el 22 de julio se pretende dar a conocer el agudo conflicto social, político y armado que persiste en esta región, que las comunidades del Bajo Ariari han tenido que padecer los más horrorosos crímenes de las últimas décadas en esta región. Desde la aplicación del llamado Plan Colombia hace ya 9 años, se ha venido evidenciando una masiva, sistemática y persistente persecución contra estas comunidades y sus líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. El Colectivo denuncia "ejecuciones extrajudiciales, continuos atropellos por parte de miembros de la fuerza publica, la reorganización de las estructuras paramilitares y el abandono estatal, expresado en la baja inversión social hacia estas comunidades, como se ha podido constatar en las distintas Misiones Humanitarias y de acompañamiento, a la región del Bajo Ariari"

La audiencia pública busca visibilizar a nivel nacional e internacional la grave situación humanitaria que viven los campesinos y campesinas, a partir de la ejecución de los distintos planes de recuperación del territorio por parte del gobierno, tales como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y en la actualidad Plan de Consolidación Integral de la Macarena –PCIM- todos dentro del marco de la llamada “
política de seguridad democrática”.

A su vez busca denunciar la responsabilidad del Estado frente a los cuerpos que están ubicados en la fosa común de La Macarena, enterrados como guerrilleros dados de baja en combate y donde posiblemente se encuentren víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. También busca dotar de medidas de protección a los defensores de derechos humanos de la zona.

Para ello van a solicitar a las Naciones Unidas el seguimiento a todo el proceso de denuncia que las organizaciones de la región están realizando.

A la Audiencia Pública se invitará a los campesinos y campesinas y a las victimas de la región, las instituciones civiles del Estado, organizaciones sociales colombianas, Naciones Unidas, Unión Europea, agencias de cooperación, embajadas y plataformas colombianas.

La propuesta es desarrollar la audiencia en el formato de las audiencias que ha desarrollado la senadora Gloria Inés Ramírez, impulsada desde la Comisión de Paz del Senado de la Republica y la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la cual tendría varias ventajas: Se transmitirá por el canal de TV. del congreso, la audiencia esta acompañada por el sistema de Naciones UnNegritaidas, generando una cadena de protección a todos los asistentes a la misma. Se le hará seguimiento a todas las denuncias presentadas en la audiencia, desde la Comisión de Paz del Senado bajo la responsabilidad de la Senadora de Gloria Inés Ramírez.

Más de mil fosas en el país


El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.

Entre estas declaraciones, la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal.


"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor

Alfredo Molano, uno de los columnistás influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

-¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.

-¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

-¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará


Gigantesca fosa común en La Macarena
Por: Carlos A. Lozano Guillén(*)


Record Guiness de la “seguridad democrática”

*Una macabra historia en La Macarena (Meta), en tiempos de la guerra uribista y de la creciente violación de los derechos humanos en Colombia

La delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que visitó a Colombia en diciembre del año pasado, organizada por Justicia por Colombia de Londres, quedó perpleja cuando en La Macarena, acompañada de Jairo Ramírez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue llevada por campesinos y familiares de víctimas a un cementerio de “ene enes” en el que están sepultados algo más de 2.000 personas, desaparecidas y asesinadas, desde 2004, según reza en las placas de madera de color blanco. “Es la fosa común más grande de que se tenga noticia en el último tiempo”, dijo uno de los británicos, asombrado y consternado. En Europa, un miembro de la delegación, sin olvidar el horrible espectáculo, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto perpetrado por los nazis, no se tenía noticia de algo igual o parecido.

En Londres, al regreso de Colombia, donde confirmaron la violación de los derechos humanos y la enorme responsabilidad gubernamental en ella, la delegación británica en una enérgica declaración advirtió del horrible holocausto. Las fosas comunes están detrás del cementerio de La Macarena, casi que clandestinas y ninguna autoridad nacional, departamental o municipal, reconoció a lo largo de los últimos cinco años, su macabra existencia y el drama de miles de familiares que en silencio, exigen que les respondan sobre sus parientes desaparecidos.

La denuncia de los británicos fue replicada por varias ONG en el mundo, aunque en Colombia, como es costumbre, no trascendió, salvo por la publicación de la declaración expedida por la delegación en portales de internet y en este semanario. Las fuentes gubernamentales y militares respondieron desafiantes, como suelen hacerlo, descalificando el informe de la delegación británica, porque “es ideologizado y tendencioso” y de estar manipulada por Justicia por Colombia, organización que ha sido señalada de “hacerle el juego a los terroristas”, espiada y asediada en sus frecuentes viajes al país por el DAS y otros organismos de inteligencia del Estado.

Las absurdas explicaciones oficiales

Pero con toda tranquilidad, el Ministerio de Defensa dijo que en las fosas comunes están los restos de las víctimas de la guerrilla, durante la zona de distensión del Caguán. Explicación desmentida con facilidad, porque en las tumbas, como ya se anotó, hay letreros en madera en donde aparecen las fechas desde 2004, cuando ya no había zona de despeje y la región estaba ocupada por la Fuerza Omega, que adelanta el Plan Patriota y la lucha contrainsurgente. Aunque el comandante de la base militar en La Macarena dijo, cuando fue preguntado por los británicos, que “son guerrilleros dados de baja en combate por el Ejército”, versión poco creíble, porque “la gente de la región nos habló de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”, dijo Jairo Ramírez.

Según la declaración de uno de los sepultureros de La Macarena, “los cadáveres son traídos en helicópteros del Ejército y dejados en el cementerio; no tenemos más remedio que sepultarlos en las fosas como N.N.”.

Se pierde toda capacidad de asombro con este cuadro estremecedor, cuando se creía que en Colombia se había llegado al límite del horror con la confesión de los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz, en las que reconocen la existencia de fosas comunes con varios cientos de cadáveres de sus víctimas. “Esto ya es la tapa, es una especie de record guinnes macabro” le dijo a este semanario el vocero de una ONG humanitaria colombiana.

La existencia de la enorme fosa común en La Macarena, de los cual no se han ocupado los medios de comunicación, dedicados a cultivar la expectativa y en el juego de las adivinanzas sobre lo que va a pasar con el referendo reeleccionista, así como a la estúpida campaña contra Chávez y la Revolución Bolivariana, vuelve a cuento a raíz del informe de Human Rights Watch, divulgado la semana pasada y que levantó espinas en el gobierno colombiano como siempre. También por la visita de una delegación parlamentaria del Estado español, que estuvo en los últimos días en Colombia y reconoció la gravedad de la situación en derechos humanos.

Según lo han dicho fuentes judiciales y de los organismos de control, después de marzo se iniciará la investigación sobre estas fosas comunes de La Macarena. Aunque en realidad todo el territorio colombiano está lleno de fosas comunes de la barbarie de los paramilitares, dedicados a desaparecer y asesinar campesinos y dirigentes populares, acusados de colaborar con la guerrilla. Es parte del holocausto colombiano, aún sin aclarar y sin final, perpetrado por una fuerza irregular promovida por el Estado y auspiciada por dirigentes políticos y empresariales “parapolíticos”, que aún todavía defienden el accionar de estos grupos, porque “fue la reacción a los crímenes de la guerrilla”, según la versión oficial en los tiempos de la “seguridad democrática”. En las palabras del coronel Plazas Vega ante la masacre del Palacio de Justicia, ¡están defendiendo la democracia, maestro!

(*) Carlos Lozano
es un abogado, periodista y politólogo, director del semanario 'Voz', órgano del PCColombiano.

(Fuentes:Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, AFP, Público.es, Página12 y carloslozanoguillen1.blogspot.com)

1.7.10

México:

LA RAÍZ DEL CRIMEN ORGANIZADO
Por Marco Rascón (*)


El crimen no se organizó por él mismo, ya venía organizado. Su estructura se origina en las policías y fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Por eso la guerra es cruenta y se extiende a todos los niveles del Estado y la sociedad.

A lo largo de los últimos 30 años, bajo el manto de la corrupción, la impunidad, la aplicación política y discrecional de la justicia, convirtió a cada policía y cada organismo de seguridad pública en un delincuente en ejercicio. A voluntad o no, cada policía mexicano, cada funcionario ministerial, para sobrevivir como tal, tiene que violar la ley y sujetarse a los códigos del fuero especial otorgado por el poder.

Segregar a las policías de la sociedad y utilizarlas bajo una filosofía de represión política y social condujo a la corrupción. La clase política durante décadas, y claramente después de 1968 y 1971, encontró en la corrupción el filón de oro y se abasteció de ella. Se usaron la ley, los reglamentos, las regulaciones, para la extorsión y ésta se hizo estructural.

De los sótanos y separos del Servicio Secreto, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Brigada Blanca, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem), de las policías judiciales y rurales en los estados, de sus secretarías de seguridad pública, procuradurías, Gobernación, ministerios públicos, direcciones de reclusorios, nacieron el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), y posteriormente SIEDO, las fiscalías especializadas como la FEADS y la Policía Federal Preventiva (PFP), hasta llegar a la estructura del Ejército Mexicano utilizado como policía.



Los últimos 30 años del régimen priísta incubaron el huevo de la serpiente y los participantes en la guerra sucia, utilizando sistemáticamente la tortura, el secuestro y la desaparición, formaron y prepararon a cientos de policías en el crimen y los enriquecieron. La forma de cobrar al régimen sus servicios es la impunidad, que los transforma en socios y protectores de narcotraficantes, robadores de coches y secuestradores. Desde Arturo Durazo, hasta Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, cientos de policías son parte de ambos lados. Al paso del tiempo, los policías, se dan cuenta de que la represión a opositores, activistas sindicales, estudiantiles, de movimientos urbanos o comunistas, le da estabilidad al régimen, pero no es negocio.

Gracias a la impunidad y a falta de subversiones fabricadas que reprimir, la maquinaria se aceitó con el secuestro y la extorsión de pequeños y grandes empresarios. La inseguridad creada por bandas de policías y ex policías, se hizo negocio.

Ya para los 1990 la industria del secuestro contaminó todo el aparato judicial desde lo federal, en estados y municipios. La compra de patrullas, armamentos, equipos de comunicación son ganancias de su propio terror; ministerios públicos, procuradores y gobernadores funcionan como parte del crimen organizado. Las reformas de los años 90 sólo dieron más poder e impunidad a las policías corrompidas y sin control. La legalización de intervenciones telefónicas, el permiso para catear y los llamados testigos protegidos, al poco tiempo, fueron instrumento en la disputa por la rentabilidad del crimen. Los nuevos policías cazaban a los anteriores; la espiral de las venganzas se hizo infinita y por eso en esa guerra no hay frente, retaguardia ni confianza: en esa guerra las policías no son un ejército contra otro, sino una lucha entre ellas mismas y sus criaturas adultas.

Cuando los secuestros se acercaron a los círculos del poder y hubo presión de victimas con influencia, había ya más de 2 mil bandas de secuestradores en el país conectados o surgidos de las policías. Una primera reacción, para limpiar fue poner en el mando a militares y marinos como jefes policiales. Al poco tiempo, todos estaban contaminados.

La llegada de la alternancia generó desarticulación y en cada estado la impunidad policial abonó en el crecimiento del crimen. Para complementar, ya desde mediados de los 90, Estados Unidos dejó de pagar en dólares y empezó a pagar con droga, y México pasó de ser un país de tránsito a uno de consumidores. Surgió el gran negocio del narcomenudeo y las tienditas en los barrios, los bares, escuelas, llega a todos los sectores sociales. El nuevo negocio, fomentó la guerra por los presupuestos, las bandas y los territorios.

La negativa desde el viejo régimen priísta a independizar el Poder Judicial y la desarticulación durante el panismo acrecentó la guerra dentro y fuera de las policías, creando el paramilitarismo y las ejecuciones masivas. Hoy al aplicar fuerza sin estrategia contra el fenómeno se revela la descomposición del Estado mexicano en todos sus niveles e instituciones. De ahí surge la percepción pública que ve igualmente peligrosos a fuerzas de seguridad y criminales, pues tienen la misma raíz.
(*)Marco Rascón es un analista político mexicano que escribe regularmente en el diario La Jornada, donde fue publicado este artículo el pasado 15 de junio.

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