Saharauis, los ojos del desierto

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25.9.10

Guatemala:Hambre e inundaciones

LA POBREZA AGRAVA LA CRISIS ALIMENTARIA Y SON YA CERCA DE MEDIO MILLÓN LAS FAMILIAS AFECTADAS Y CENTENARES LOS MUERTOS. PÉRDIDAS DE MÁS DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES POR LAS INUNDACIONES



La pobreza que afecta a más de la mitad de los 13 millones de guatemaltecos, sumada a los daños a los cultivos causados por un invierno intenso, agravó la crisis alimentaria de Guatemala, que ostenta más de 11.000 casos de desnutrición aguda y la muerte de al menos 54 menores de edad.
Lily Caraventes, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estimó que unas 54.000 familias estan directamente afectadas por la crisis alimentaria y otras 400.000 están en alto riesgo, específicamente en los departamentos de Sololá, Huehuetenango, Quiché, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Santa Rosa. La funcionaria dijo que esa área del pais, a la que se denomina "corredor seco", ya ha sufrido en el pasado el mismo problema de la falta de alimentos, que se provocó en el primer semestre del año la muerte de 462 personas por desnutrición o causas asociadas a este problema, incluidos 54 menores de edad.
El presidente, Alvaro Colom, renovó la semana pasada la declaratoria de emergencia nacional para atender la crisis alimentaria, que inicialmente se había declarado en enero del 2010. La medida fue adoptada ante la sequía que afectaba la parte central del país y que se extendió a todo el territorio. Desde mayo, la situación en los cultivos se agravó ante las intensas lluvias caídas en el interior del país. Colom reconoció ante la comunidad internacional que en la zonas rurales se vive una situación dificil por la falta de alimentos, propiciada en gran parte por la pobreza estructural. La declaración permitirá al gobierno guatemalteco acceder a la ayuda internacional prevista para estos casos y movilizar recursos del presupuesto nacional con más agilidad, según precisó el mandatario en su mensaje oficial a la nación.

"He decidido hacer uso de la ley de orden público y declarar un estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, ya que las consecuencias de la insuficiencia alimentaria y nutricional no afectará solamente a los departamentos del Corredor Seco, sino al conjunto del país", dijo Colom.

Según un estudio de la Secretaría de Salud Alimentaria (Sesan), presentado el 16 de agosto el número de comunidades en peligro de hambruna se elevó en un 113% en los últimos tres meses debido a la sequía. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) empezó el martes a distribuir 20 toneladas de galletas nutritivas en 164 comunidades de las áreas más castigadas.

Tragedia histórica

El presidente definió la situación como una tragedia de dimensión "histórica" por la extensión de la población a la que afecta. Alvaro Colom dijo en su mensaje que, además de los efectos de la sequía y la crisis económica, una larga historia de desigualdad ha hecho que los altos y vergonzosos índices de pobreza, extrema pobreza y desnutrición se instalen en Guatemala desde hace mucho tiempo. "La insuficiencia alimentaria y nutricional, la desnutrición en sus distintas manifestaciones, son un problema histórico y estructural del país".

"Por ello, hago un vehemente llamado al conjunto de sectores de la vida nacional para que todos contribuyamos a enfrentar este grave problema y sus distintas manifestaciones, tanto en lo que respecta a las acciones de emergencia como a aquellas más profundas que tenemos que solucionar”
, dijo el presidente.

En abril de 2009, Unicef publicó un informe en el que advertía que uno de cada dos niños guatemaltecos sufría de desnutrición crónica y que 80% de los niños y niñas indígenas menores de 5 años tiene serios problemas alimenticios.

A pesar de estar lejos de la situación económica de Haití (el país más pobre de América Latina), Guatemala duplica los casos de desnutrición que tiene el país caribeño. De los 13,3 millones de guatemaltecos, más de la mitad vive en condiciones de pobreza y su principal sustento es la agricultura, afectada cada año por las sequías o las inundaciones que provocan la pérdida de cosechas de maíz y frijol, su principal sustento.

El gobierno ha destinado hasta ahora 7,5 millones de dólares para brindar asistencia a las familias en peor estado. Pero el presupuesto del Estado para combatir la desnutrición tuvo que reducirse como consecuencia de la crisis financiera internacional, pues el país recibió menos remesas y tuvo menor recaudación fiscal.


Una pesadilla alimentaria permanente


Guatemala vive en una constante pesadilla alimentaria .Fruto tanto de una inequidad socioeconómica endémica como de los embates de la naturaleza, estos males golpean sin clemencia y cada año a este pequeño país centroamericano, de poco más de 13 millones de habitantes.

El drama guatemalteco no pasa por una incapacidad para producir alimentos. El país es, en sí mismo, un granero al cual la mala distribución y administración de los recursos naturales le han jugado una mala pasada. Y por si el hambre no fuera un problema, en el escalafón mundial de las naciones más vulnerables al cambio climático, Guatemala ocupa el cuarto lugar y, a nivel latinoamericano, el primero.

A ello se suma que su superficie de 108.889 kilómetros cuadrados es atravesada por tres placas tectónicas y 44 volcanes que se alzan amenazantes hacia las nubes en terrenos montañosos emplazados entre la Sierra de los Cuchumatanes y la Sierra Madre.

En los últimos doce años, esta vulnerabilidad ha sido puesta a prueba una y otra vez con los azotes del huracán Mitch (1998), las tormentas tropicales Stan y Agatha (2005 y 2010, respectivamente), la tempestad 16 (2008), sequías (2001, 2009 y 2010) y la erupción del volcán Pacaya (2010).

Hoy las incesantes lluvias nuevamente amenazan la vida de los guatemaltecos. Centenares de personas han muerto en las últimas semanas producto de las inundaciones y aludes. El país -encajonado entre México por el norte y El Salvador y Honduras por el sur- vivió el año pasado una sequía sin parangón, fenómeno que hasta septiembre -cuando el gobierno declaró estado de calamidad pública- había dejado alrededor de 462 muertos, entre ellos, 54 niños.

Los verdes cultivos desaparecieron abrasados por el calor y la falta de agua y, con ellos, los alimentos de pequeños y empobrecidos campesinos; quienes pudieron almacenar algún tipo de productos, vieron cómo éstos comenzaban a desaparecer con el correr de las semanas sumándose al hambre generalizada.

Y es que el 52% de los guatemaltecos vive en áreas rurales, porcentaje del cual poco más del 80% depende de la agricultura para subsistir, según datos de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Llegadas las lluvias en abril, lo que parecía una salvación ante la persistente sequía se convirtió un nuevo tormento con Agatha.

Las inundaciones y los deslaves no tardaron en hacer lo suyo en un terreno que se vio saturado con miles y miles de litros de agua que cayeron en poco tiempo.

Comenzaba el calvario para las autoridades y la población, una vez más, dado que sectores que no se habían visto afectados por la sequedad que se presentó principalmente en el llamado corredor seco, se vieron expuestas al paso de la tormenta, como las costas y las montañas.

“Cerca de 62 mil familias se vieron afectadas por la pérdida de las cosechas, ya no sólo del maíz y del frijol (productos básicos de la dieta guatemalteca), sino que también de verduras y productos de exportación, como son el camarón, las flores, lo que significó una pérdida de ingresos y de seguridad alimentaria nutricional”, comenta Lily Caravantes, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Sesan).
La desigualdad, la que más mata



La desnutrición crónica afecta principalmente a más del 50% de la población guatemalteca menor de cinco años y se concentra en “sectores rurales, donde predominan los pueblos indígenas, siendo pobres siete de cada diez”, indica la FAO.

Adicionalmente, “tenemos un amplio sector de la sociedad que vive en condiciones de subsistencia y en condiciones de mucha pobreza”, explica Lily Caravantes.

Es por eso, aclara, que es imperativo que “se entienda que la desnutrición no debe verse como un problema humanitario ni como un problema exclusivamente de las áreas sociales, sino que como un problema económico, estructural y endémico”.

“La alta vulnerabilidad en que viven miles de comunidades se ha creado históricamente por los modelos económico-políticos que han regido el país. La acumulación de riquezas en un porcentaje pequeño de la población ha resultado no sólo de la distribución desigual de la tierra, sino del acceso a mano de obra barata que las fincas grandes han tenido”, postulan los investigadores Edwin Castellanos y Alex Guerra, en el documento “El cambio climático y sus efectos sobre el desarrollo humano en Guatemala”, publicado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En términos numéricos, el representante de la FAO en Guatemala, Iván Angulo, especifica que “el 80% de la tierraestá en manos de un 10% de la población. Esto implica que grandes sectores, el 54% de las personas que están en situación de pobreza, no tengan siquiera posibilidades de tener un predio en el cual intentar desarrollar una actividad productiva”.

La enorme brecha económica para acceder a los alimentos tampoco ayuda a que mejore la situación. El sueldo mínimo rural para cinco personas, según cálculos de la FAO, es menor al ingreso imprescindible para adquirir una canasta básica, cuyo costo la Sesan calcula en 250 dólares.

Las dificultades para diversificar los cultivos y el casi inactivo comercio interno también se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades que dirigen un país “donde cambiar (el sistema en su conjunto) no es nada fácil, porque se necesitan reformas estructurales que, claramente, muchas veces no toda la población está de acuerdo”, comenta Reinhard Jung-Hecker, representante para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG ECHO).

A la luz de los datos, el drama “tiene una trayectoria histórica de más de cuarenta años, donde la pobreza y la inequidad fueron dando paso al panorama que vivimos hoy en día”, agrega Iván Angulo.

1.553 millones dólares de pérdidas


Las pérdidas económicas causadas por las lluvias en lo que va de 2010 alcanzaron los 1.553 millones de dólares, informó el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ricardo Zapata.

El funcionario explicó en una rueda de prensa que las pérdidas representan el 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual repercutirá en un menor crecimiento económico de 2010, que se estima en poco más del 2 por ciento.

Zapata, quien coordina una comisión de la CEPAL que evalúa los daños provocados por las lluvias, precisó que, en términos absolutos, las pérdidas, hasta el pasado 20 de septiembre, asciende a 1.553 millones de dólares.

Sólo la tormenta tropical "Agatha" y la violenta erupción del volcán Pacaya, a finales de mayo pasado, causaron pérdidas económicas por 1.000 millones de dólares.

"Hay desastres que siguen afectando al país. La saturación de lluvia en el suelo ya era grave en mayo y ahora las lluvias en rangos normales pueden causar más inundaciones y deslizamientos", dijo Zapata.

Según el informe de la CEPAL, un total de 559.923 personas han sido afectadas durante este año por las lluvias, de las cuales 207.845 fueron evacuadas, y de ellas 142.775 terminaron en albergues temporales.

Por su parte, el coordinadordel Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Mauricio Valdéz, dijo que los esfuerzos de la ONU, además de colaborar con la elaboración de un plan de reconstrucción, se han centrado en la ayuda humanitaria.

Desde mayo pasado a la fecha, dijo, se ha otorgado una asistencia humanitaria por 6 millones de dólares.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), las lluvias han dejado este año 274 muertos.

Guatemala ha sido declarada hoy en alerta anaranjada por las autoridades de protección civil por la tormenta tropical "Matthew".

(Fuentes: ANSA-Latina,BBC-Mundo,Prensa Libre y EFE)

17.9.10

Colombia:Violaciones de los derechos humanos

AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES

MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.

El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.







Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".

El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.

Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).

Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.

"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.
La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010

Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.

El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.

Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".

"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.

Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.

Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Uribe niega vínculos con los paramilitares


El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.
"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.

El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.

Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ

Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo

Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.

El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.

El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.

Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Las Aguilas Negras

Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.

De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.

Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.

(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)

13.9.10

Chile:Pueblo Mapuche

AUMENTA EL APOYO POPULAR A LOS 34 PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES, 65 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA LEY ANTITERRORISTA DE PINOCHET.

Un 53 por ciento de los chilenos apoya la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en distintos penales del país, mientras un 41 por ciento lo rechaza y un 6 por ciento no sabe o no responde, según una encuesta realizada por el diario La Tercera. El sondeo mostró también que un 37 por ciento aprueba la actuación de los cuatro diputados opositores que se sumaron al movimiento el jueves de la semana pasada. Más del 30 por ciento evalúa positivamente el papel jugado por las iglesias católica y evangélicas que se han ofrecido como facilitadores de un diálogo.

Los presos mapuches, en huelga de hambre desde hace ya 65 días, han amenazado con radicalizar su ayuno. Si el gobierno no permite que se instale una mesa de diálogo, dejarán de consumir líquidos, lo que agravará aún más su estado de salud. Los huelguistas ya han perdido un promedio de 20 kilos y presentan complicaciones en su estado físico y mental. Este fin de semana, 2 de ellos, Jonathan Huillical y José Huenuche, tuvieron que ser trasladados al hospital de Concepción por la gravedad de su estado.

Los mapuches exigen el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet y rechazan la propuesta del Gobierno para reformarla. Además, reclaman el fin del doble procesamiento civil y militar que se les aplica y la desmilitarización de su territorio.

El presidente, Sebastián Piñera, se ha limitado hasta ahora a manifestar su preocupación por el estado de los huelguistas y a pedirles que depongan su actitud, ha asegurado que su gobierno está abierto al diálogo, pero no ha aceptado, explícitamente, la posibilidad de instalar una mesa con los mapuches.
El Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Santos Millao, ha expresado su apoyo a los mapuches en huelga de hambre y al respecto ha añadido que no existen motivos para celebrar el Bicentenario en el país.


La policía detiene a 13 mapuches, entre ellos la madre de un huelguista


Trece personas fueron detenidas frente al hospital de Concepción (500 km al sur de Santiago), donde fueron trasladados Jonathan Huillical y José Huenuche, dos de los presos en huelga de hambre, con grave estado de salud. Durante el traslado, Emilia Pilquimán, de 52 años, madre del mapuche Ramón Llanquileo, fue agredida por un carabinero. La agresión provocó disturbios. La policía agredió a 30 mapuches que se encontraban en las afueras del hospital en apoyo a su causa, y detuvo a trece personas, que fueron acusadas de desórdenes y daños al hospital.

Natividad Llanquileo, portavoz de los presos e hija de Emilia Pilquimán, dijo a radio Bío Bío que también fueron detenidos “representantes de la prensa alternativa” y denunció “la nula intención del Gobierno” de buscar una solución a la huelga de hambre.
Carabineros actuó con racismo y en el caso de mi mamá le gritaban ‘india’ y la golpearon. Pretendemos buscar una acción judicial, y veremos qué acciones vamos a seguir. Lo que nosotros queremos señalar es que ellos se sintieron presionados y queremos decirle al gobierno que de esta manera, si quiere debilitar al movimiento no lo va a conseguir, porque lo único que se está consiguiendo con esto, es radicalizarlo mucho más”, agregó.

Los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio en rechazo a Ley antiterrorista, condenaron el pasado martes, las reformas propuestas por el presidente chileno Sebastián Piñera al instrumento legal y consideraron las modificaciones planteadas como “absolutamente insuficientes”.

El pasado 9 de septiembre, cuatro diputados chilenos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja decidieron solidarizarse con los presos mapuche y sumarse a la huelga de hambre que mantienen los nativos en reclamo de sus derechos fundamentales.

Mientras el Gobierno acusa a los mapuche por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas, en Chile se conoce como una lucha histórica la de esa etnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece.

Durante años los mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.

La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país,con un total posee 16 millones de miembros.


La huelga mapuche marca la conmemoración del golpe


La situación de los comuneros mapuchesen huelga de hambre marcó los actos de conmemoración del 37 aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno socialista de Salvador Allende.

La principal actividad de este 11 de septiembre estuvo en la tradicional romería que organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas realizan hasta el Cementerio General de Santiago, a la que asistieron unas 6.000 personas.

"Se salió a la calle a rendir tributo y a decir que no se olvida lo que ocurrió en la dictadura, pero también a exigir y demandar el respeto a los derechos humanos en nuestro país", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

La dirigente destacó que en esta conmemoración de los 37 años del golpe de estado hubo una preocupación especial por el presente de los mapuches en huelga, con críticas hacia el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. "Estuvo muy presente la situación del pueblo mapuche, es muy delicado lo que están viviendo los comuneros que ya llevan 62 días en huelga de hambre y no se ve ninguna voluntad política de este gobierno para enfrentar esto y crear una mesa de diálogo".

Presos menores de edad mapuches se suman a la huelga

El miércoles 1º de septiembre, tres menores de edad mapuches, encarcelados en el centro especial de Chol Chol, decidieron fortalecer la batalla contra la ‘ley antiterrorista’ y unirse a la huelga de hambre iniciada por los presos políticos mapuches de Temuco, Concepción, Angol, Valdivia y Lebu. En un comunicado, los prisioneros políticos menores de edad también denunciaron maltratos físicos, restricción de visitas y falta de atención de alimentación y salud de los menores presos.

Luís Marileo Cariqueo, Cristian Cayupan y Jose Ñiripil Pérez hicieron público que se sumaban a la huelga porque las demandas del pueblo mapuche continúan sin respuesta concreta del gobierno. En un comunicado enviado desde el centro especial de Chol Chol, los menores presos denuncian haber sufrido torturas y maltratos. Señalan que las visitas les han sido restringidas, así como la alimentación. Además, delatan que está prohibida la entrada de alimentos saludables como pan, frutas y carne, y que sólo permiten el ingreso de golosinas que debilitan aún más la salud de los menores presos. (Comunicado completo)
"Hemos sufrido, así como una gran cantidad de niños de las comunidades mapuche movilizadas, persecución y discriminación por parte de distintas instituciones y centros públicos y privados, tales como consultorios y escuelas rurales, específicamente en Ercilla, que son cómplices de la persecución policial constante", relatan en el comunicado.

Denuncian que las madres, abuelas, compañeras y amigas que visitan a los menores en el centro, son tratadas como "verdaderas delincuentes".

La Fundación Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile piden una respuesta rápida sobre los hechos denunciados y sobre los que desencadenaron la huelga de hambre de los presos políticos mapuches y se suman a la demanda de la derogación de la ley antiterrorista.

Estas entidades piden que ,se detengan las prácticas policiales de tortura y amenaza a niños y adolescentes para que delaten a familiares y miembros de la comunidad, así como el fin de las prácticas de "amenaza y amedrentamiento que las fuerzas policiales realizan contra la comunidad y las familias de los niños mapuche, que afectan su integridad física, psicológica y moral, resultando en graves violaciones de sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo".


(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR-Radio Bío Bío, Libre Red, BBC-Mundo, Migrante Latino y Adital )

1.9.10

México:Asesinatos de inmigrantes

CADA AÑO SON SECUESTRADOS IMPUNEMENTE 20.000 INMIGRANTES. SE TEME LA APARICIÓN DE FOSAS CON CIENTOS DE CADÁVERES Y MÁS TRAGEDIAS COMO LA DE TAMAULIPAS, ATRIBUIDA A LOS ZETAS POR EL GOBIERNO EN UNA VERSIÓN MUY CUESTIONADA

El número de homicidios en México llegó a 8.786 en los primeros ocho meses del año, cifra superior a las muertes contabilizadas durante todo 2009, según el diario mexicano Milenio.

En su habitual registro de la criminalidad en el país, el rotativo recuerda que durante el año anterior la cifra de ejecuciones fue de 8.281, por el incremento de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el recuento de Milenio, agosto resultó el mes más violento durante la actual Administración, tras registrarse 1.322 asesinatos relacionados con el narcotráfico y superar al mes anterior (julio), cuando sumaron 1.234 casos.

Chihuahua, con 518 ejecuciones en el mes recién concluido, llegó a otro lamentable récord para ese territorio, para acumular en lo que va de año 3.145 muertes, equivalentes al 35 por ciento del total nacional.

Sinaloa también rebasó su propio saldo histórico de asesinatos mensuales; esos dos estados concentraron casi 60 por ciento de las narcoejecuciones ocurridas en agosto. Según la publicación, la violencia en el norte del país, se concentra en cinco territorios, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León y Baja California.

El crimen organizado ejecutó en agosto a 91 mujeres, 11 menores de edad y seis funcionarios, entre los que destacan el edil del municipio de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos Leal, y Marco Antonio Leal, presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas.

Durante los 31 días de agosto hubo 49 bajas policíacas: 27 de agentes municipales, 11 estatales y nueve federales, además fallecieron dos militares en el enfrentamiento al hampa, según el matutino.

20.000 secuestros de inmigrantes cada año


Varias organizaciones civiles mexicanas denunciaron que cada año unos 20.000 inmigrantes son secuestrados en México por "grupos criminales que actúan con total impunidad", como ocurrió con la masacre que se cobró la vida de 72 'sin papeles' en el estado de Tamaulipas.

Esa cifra "no es una especulación" y se deriva de informes elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó en conferencia de prensa el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp ), José Antonio Ortega.

Un comunicado leído por Ortega y representantes del Movimiento Blanco y de la Red Social por un México Libre de Adicciones asegura que "podría haber más casos como el de Tamaulipas, podría haber decenas de fosas comunes clandestinas y cientos de cadáveres, tanto de migrantes extranjeros como nacionales".

El documento advierte de "una verdadera crisis humanitaria" en el país, que afecta a los mexicanos y centroamericanos que "sufren los más diversos abusos" en su tránsito hacia la frontera estadounidense.

Según Ortega, es el llamado "tren de la muerte" -un inmenso ferrocarril de carga que atraviesa México de sur a norte- el que traza esta estela de vejaciones por las que exigen que sean investigados los gobernadores de todos los estados que abarca tal ruta, así como las autoridades del Instituto Nacional de Migración.

Ortega rechazó que la matanza de Tamaulipas se produjera después de que las víctimas se negaran a ser reclutadas por Los Zetas, como sostiene, según las autoridades, el testimonio del único superviviente.

Luis Freddy Lala, un ecuatoriano que regresó hoy a su país, logró avisar a la Marina tras escapar del rancho de San Fernando donde fueron masacrados 72 ciudadanos ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y brasileños, de los que cuarenta ya han sido identificados.

El suceso se inscribe, aseguraron hoy estas organizaciones en el comunicado conjunto, en la espiral de secuestros que amenaza a quienes atraviesan México hacia el norte, y es una especie de advertencia de las bandas criminales a los que pretendan emprender ese viaje.

"Que si se internan en México más les vale que tengan a alguien que pueda pagar sus rescates", sentenciaron, a lo que añadieron que "si los gobiernos no son capaces de proteger a los migrantes, tampoco son capaces de hacerlo con los nacionales".

Dichas asociaciones describieron un panorama en el que "México se desliza velozmente a la condición de estado fallido", donde la cifra de secuestrados asesinados de este año podría duplicar la del anterior.

Según los datos que manejan, extraídos de fuentes oficiales como la Procuraduría (Fiscalía) General de la República, 163 víctimas de secuestros han sido asesinadas en lo que va de año, mientras que 2009 finalizó con 99 personas fallecidas en esas circunstancias.

Atribuyeron este aumento a que cada vez hay más grupos criminales que secuestran y afirmaron que, de las 1.203 víctimas de secuestro asesinadas desde 1971, el 37,41 por ciento murieron durante el actual mandato del presidente Felipe Calderón.

Algo similar ocurre con los secuestros denunciados, que, al concluir 2010 -predijeron- rondarán los 1.800, una cantidad un 193 por ciento mayor a la registrada hace cuatro años.

Todo ello sin contar con los datos de los secuestros no denunciados, que, como explicaron, superan a los sí notificados en estados como Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.


El Desastre humanitario de los "sin papeles"



En los últimos años, miles de inmigrantes centroamericanos han desaparecido al cruzar por México con rumbo a Estados Unidos, según denuncian organizaciones civiles.

La situación se agravó en los últimos tres años, cuando aumentaron los secuestros de indocumentados por bandas criminales mexicanas, asegura Edith Zavala, secretaria del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras. "Muchos pagaron la extorsión y no supieron de su familiar. Es un desastre humanitario lo que sucede en México", dice.
La cantidad de inmigrantes que perdieron contacto con sus familiares se desconoce. Por ejemplo, un informe de la Cámara de Diputados de México afirma que 60.000 personas desaparecieron entre 1998 y 2008.

Organizaciones de derechos humanos de Centroamérica han logrado documentar varios cientos de casos, pero afirman que la cifra real es mayor.

En El Salvador, por ejemplo, un promedio de 300 personas al día emprenden viaje a Estados Unidos sin documentos, la mayoría por vía terrestre y cruzando territorio mexicano.

No existe un registro de cuántos inmigrantes se pierden en el camino, dice Gilma Pérez, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. "Muchas familias no registran los casos. Tienen muchas dudas de que la denuncia les haga aparecer de nuevo", reconoce. Así, los casos que llegan a las autoridades de Centroamérica son pocos en comparación con los que pudieran existir. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Internacional tiene 50 denuncias de desaparición de inmigrantes. Y en Honduras, uno de los países con mayor salida de personas en la región, hay 600 casos documentados.

Edith Zavala, de Honduras, considera que ya "es hora que los gobiernos de Centroamérica asuman su responsabilidad… En México hay una cacería humana contra los indocumentados".

Tamaulipas, el agujero negro de México
Por Daniela Pastrana-IPS

Tamaulipas se ha convertido en el hoyo negro del crimen organizado en México. Hay poco registro de la acelerada desintegración social que vive ese estado fronterizo desde hace seis meses, pues la prensa local está totalmente silenciada.

"No tenemos opción, simplemente no tenemos opción", dijo a IPS, vía telefónica, el corresponsal de un periódico nacional que pidió reservar su identidad. Como otros, este periodista se negó a enviar a su diario información sobre el asesinato del alcalde de Hidalgo, un pequeño municipio vecino de Ciudad Victoria, capital del estado situado en el extremo nororiental de México.

El alcalde, Marco Antonio Leal García, fue emboscado y asesinado el domingo 29 en la tarde, cuando viajaba en automóvil con su hija de 10 años, que resultó herida en las piernas. Apenas el 13 de agosto había sido muerto su antecesor en la alcaldía, Cesáreo Rocha Villanueva.

El lunes 30, los diarios de Ciudad Victoria publicaron esquelas del alcalde asesinado, pero no la noticia de su muerte, debido a que todas las redacciones fueron amenazadas, supuestamente por grupos del crimen organizado.

Tamaulipas es un estado fronterizo de algo más de tres millones de habitantes, con una superficie equivalente a los territorios sumados de El Salvador y Costa Rica. Comparte una extensa frontera con Texas y tiene uno de los principales puertos sobre el Golfo de México, Tampico.

En esa zona del noreste operan el narcotraficante Cartel del Golfo --que controla las ciudades fronterizas-- y una violenta organización conocida como Los Zetas, formada por militares desertores que habían sido entrenados en técnicas de combate y contrainsurgencia por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"Los Zetas originales comenzaron ejecutando blancos selectos con eficiencia militar y economía de balas", dijo a IPS Jorge Luis Sierra, periodista especializado en seguridad y militarización.

"Pero después comenzaron los excesos, y ahora Los Zetas ya no son los viejos soldados desertores, sino unidades que mezclan civiles, policías, ex militares y sicarios de otras bandas, que practican tres estrategias juntas: actúan como narcos, como terroristas y como guerrilleros al mismo tiempo", agregó.

Al asesinato del alcalde Leal García lo precedió un fin de semana muy violento, con explosiones en las ciudades de Reynosa y Tampico y el estallido de un coche bomba frente a las instalaciones del canal Televisa Victoria, que el viernes 27 amaneció con su señal apagada.

El domingo se produjo un enfrentamiento de más de nueve horas entre militares y delincuentes en la región del río Pánuco, límite sur de Tamaulipas, que fue registrado por usuarios de la red social Twitter.

Pero no son los únicos casos, ni los peores. Seis días antes de las elecciones de julio, fue asesinado del candidato favorito a gobernador del estado, Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Y apenas la semana pasada, efectivos de la marina de guerra encontraron en un rancho del municipio de San Fernando los cuerpos de 72 inmigrantes masacrados, presumiblemente, por haberse negado a trabajar para Los Zetas.

Del asesinato de los inmigrantes "hay varias lecturas: una es que Los Zetas son el grupo más brutal y violento que hemos conocido; dos, que es posible que hayan sido detectados, y mataron a todos antes de irse del lugar, y tres, que otro grupo haya cometido la acción y se la haya atribuido a Los Zetas para exterminarlos de la zona", conjeturó Sierra.

Los Zetas, explicó, nunca reivindican sus acciones. Su "política comunicacional" es el acto mismo. En cambio, sus enemigos están empleando tácticas de guerra psicológica, como los coches bomba. En este sentido, "matar a 72 inmigrantes y atribuirlo a Los Zetas puede ser un acto de propaganda y formar parte de una estrategia de guerra psicológica", dijo.

Como sea, Los Zetas encontraron años atrás una mina de oro en el secuestro de indocumentados.

Según cifras oficiales, unas 22.000 personas de América Central y del Sur cruzan por año este país sin permiso y, al menos la mitad, son extorsionadas y puestas en el dilema de incorporarse a las filas de Los Zetas o pagar por su liberación y continuar su camino a Estados Unidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que cada mes son secuestrados unos 1.600 inmigrantes.

En la inauguración de un foro sobre trata de personas en Ciudad de México, la diputada federal Rosi Orozco aseguró que el mercado de este delito representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado y "ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional".

Aunque esto ocurre en todo el país, se recrudece en la "frontera chica" de Tamaulipas, una faja de municipios en el noroeste del estado que es clave para el tráfico de drogas y donde disputan el Cartel del Golfo y Los Zetas, a los que se sumó recientemente --según testimonios de habitantes-- el Cartel de Sinaloa, que lidera "El Chapo" Joaquín Guzmán Loera.

"Hay una deficiencia asombrosa de inteligencia" en todo el aparato de seguridad, "sobre todo si consideramos que éste no fue el primer caso de secuestro masivo de indocumentados", cuestionó Sierra. "¿Cómo es posible que el crimen organizado haya secuestrado y asesinado a 72 inmigrantes sin que lo haya detectado inteligencia militar?".

El peor de los escenarios es que esos territorios de ingobernabilidad se amplíen más y alcancen "puntos estratégicos: instalaciones petroleras, áreas financieras, oficinas de gobierno, grandes concentraciones de personas", dijo. Nada de eso está descartado.


Qué cinismo ante la tragedia

Por Ana María Aragonés (*)

El asesinato de 72 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica supuestamente ultimados por integrantes de Los Zetas, y que fueron encontrados gracias a otro migrante que pudo escapar de la masacre porque creyeron que estaba muerto, y no porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que "el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento". Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de "una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país". Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.

Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.
Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido. Puro cinismo.

Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.

No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.

Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.

No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.
(*)Publicado en el diario mexicano La Jornada

(Fuentes:Milenio,EFE, BBC-Mundo, IPS, Prensa Latina y Adital-La Jornada)

(Fotografías enviadas al Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI )

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