Saharauis, los ojos del desierto

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18.10.10

Chile:Mineros

PAISAJE DESPUÉS DE LA PROPAGADA HAZAÑA:
LA MINERÍA CHILENA, UNA INDUSTRIA QUE MATA GRACIAS A LA PERMISIVIDAD DE LOS REGLAMENTOS PINOCHETISTAS AUN VIGENTES
(373 muertos en una década, 31 en lo que va de año)


A las 0:10 hora de Chile del miércoles 13, Florencio Ávalos, de 31 años, apareció en la superficie en la cápsula “Fénix2”, diseñada especialmente para el rescate, a cargo de la estatal minera Codelco. Ávalos fue el primer trabajador en salir y fue recibido por sus familiares, compañeros del sector, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el ministro de Minería, Laurence Golborne, entre otras autoridades.

La mina San José, de cobre y oro y perteneciente a la empresa San Esteban, está situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de la capital del país, Santiago. La compañía ya había recibido varias denuncias por las precarias condiciones de seguridad de sus trabajadores, inclusive en esa mina.

Por ejemplo, en 2007, obreros de la empresa junto a sindicatos de otras compañías que prestaban servicios a la minera, presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones y el gubernamental Servicio Nacional de Geología y Minería por la muerte de tres trabajadores en el yacimiento San José y en el de San Antonio. Los obreros movilizados pidieron el cierre de San José. Desde el sindicato de la compañía se afirmó que en el yacimiento no habían vías de escape, ventilación ni la fortificación necesaria, y que las autoridades de la empresa conocían la situación.

En este sentido, el diario chileno La Nación informó en su edición del 22 de septiembre que “en 2007 la mina fue cerrada después de la muerte de un obrero, reabrió en 2008, sin haber sido equipada con todas las instalaciones necesarias”. “Todos los que descendían sabían que la mina de cobre y de oro, de más de un siglo, no era segura. Unos 80 accidentes fueron señalados en el transcurso de las décadas”, agregó La Nación.

Los empresarios propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemen, optaron por abandonar la zona de la mina el 22 de agosto, apenas unos días después que se supo que los trabajadores estaban vivos. No han pasado por el campamento “Esperanza”, donde los familiares de los mineros han esperado el rescate por más de dos meses.

San Esteban se enfrenta a varias investigaciones judiciales por el derrumbe de San José y anteriores accidentes. Tiene un pedido de indemnización de los familiares de casi 30 de los mineros que asciende a 12 millones de dólares. Es de esperar que los empresarios declaren la quiebra de la empresa. El Estado chileno enfrentaría otro pedido de indemnización millonario por sus fallas en la fiscalización.

La historia de los 33 mineros atrapados en Chile tiene hasta el momento un final feliz. ¡Enhorabuena! Desgraciadamente, las historias con finales tristes son demasiadas en el sector en diversas partes del mundo, donde aparecen como muy frecuentes las malas condiciones de trabajo y seguridad. En Chile, datos del Servicio Nacional de Geología y Minería indican que en la última década murieron 373 trabajadores en accidentes mineros. En lo que va de 2010 ya van 31 fallecimientos.

A nivel mundial las muertes son miles al año. Según la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Química, Energía, Minería y Afines, la industria minera termina con la vida de 12.000 trabajadores anualmente. Y esa cifra es la que se puede registrar, porque se denuncia que en muchos países los responsables de las empresas pagan el silencio de los familiares de los trabajadores fallecidos.

China es el país donde la minería es más peligrosa. Sólo el año pasado murieron allí 2.631 trabajadores. En tanto, este año los mayores accidentes en el sector se cobraron la vida de al menos 200 personas en Sierra Leona y de decenas en Colombia, Rusia y Estados Unidos.

Sólo 24 estados han ratificado hasta ahora la Convención de Seguridad y Salud en Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada en 1995. Chile, el mayor productor mundial de cobre, está entre los países en deuda.
La historia de los mineros chilenos ya es mercancía


Mientras el portavoz de los 33 mineros chilenos rescatados, Juan Illanes, pidió a los medios que cesen “el acoso periodístico”, empresas audiovisuales y editoriales afilan sus dientes con el drama vivido por los obreros de la mina San José.

La transmisión en directo del rescate de los mineros chilenos, que se extendió por unas 24 horas, se convirtió en espectáculo global. Se calcula que cerca de mil millones de espectadores siguieron las transmisiones en directo. Agotada la cobertura noticiosa, la historia de los 33 mineros de San José se prepara para la pequeña y la gran pantalla, y también para los libros.

La cadena española de TV, Antena 3 filma desde hace 10 días en Chile ‘Los 33 de San José’, una película para televisión. Grandes cadenas internacionales como HBO y Discovery Networks preparan documentales sobre el plan de rescate.

Las editoriales también están de cacería. La pieza más codiciada son los textos que el operario Víctor Segovia escribió durante sus días de encierro en la mina por el que llegarían a pagar hasta 50 000 dólares. Se dice que este testimonio podría derivar también en guión de cine.

Lo que nadie sabe es cómo todo esto contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los mineros chilenos. En paralelo con el drama de San José, siete trabajadores perdieron la vida durante las últimas semanas en otras minas del país.


El lado oscuro del rescate


El miércoles 13 de octubre millones de personas en todo el mundo siguieron en vivo el increíble rescate de 33 obreros atrapados en la mina San José. Pero los que volvieron a la vida ese día fueron los primeros en advertirnos que otro pudo ser el final.

"Esto nunca más puede ocurrir", imploró el último de los rescatados ante el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuando salió a la superficie, luego de 70 días sepultado a 700 metros de profundidad. "Sáquennos de este infierno", había suplicado otro de los obreros en un mensaje a las autoridades semanas atrás.

Recién salido del hospital, el minero Edison Peña confesaba: "Yo creía que no iba a volver. Lo pasamos muy mal. ¿Tiene que acontecer algo como lo que nos ocurrió para que todo cambie?"

Incluso, cuando el mandatario chileno quiso tener impresiones del primer rescatista que bajó al socavón a auxiliar a los trabajadores, la reacción del interpelado tomó un giro tal vez imprevisto:
"Ojalá todo nos sirva de experiencia y que las cosas en la minería chilena sean diferentes", dijo el experto.

En Chile no hay más opción que trabajar arriesgando la vida o quedar cesante, opina el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez.

Según datos oficiales, la minería está entre las cuatro actividades económicas con mayor tasa de mortalidad, al contabilizarse casi 400 muertos en la última década y 31 en lo que va de año.

En medio de la euforia mediática por el rescate de "los 33", un minero de 26 años moría aplastado por una roca en un yacimiento de oro de la región de Valparaíso, al punto que el diario oficial La Nación acotó que el hecho enlodó las celebraciones.

Sobre las causas de la tragedia en la mina San José, la revista Punto Final sacó a la luz interioridades que apuntan a más de un responsable en lo sucedido. La publicación chilena informa de que la mina es una explotación de oro y cobre perteneciente a la Compañía Minera San Esteban, propiedad de la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas. Recuerda cómo desde hace años habían tenido lugar denuncias sobre la inseguridad del yacimiento ante el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), autoridades de Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social. Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron respuesta, subrayó Punto Final. Tal actitud se explicaría por la influencia de los Kémeny ante las autoridades, indicó. El rotativo pone los puntos sobre las íes: "los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar dinero, sin fijarse mucho en las formas de hacerlo".

A juicio del diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, la alegría por el rescate de los 33 mineros debió ir también acompañada de una reflexión acerca de cómo corregir la legislación respecto a las labores mineras en Chile.

Concluida la operación de salvamento, el propio presidente chileno anunció una profunda revisión en materia de seguridad laboral en varios sectores productivos del país, entre los que también enumeró la agricultura, el transporte y la pesca. "Queremos sacar lecciones útiles y fecundas de lo que pudo convertirse en una tragedia", señaló Piñera en alusión al derrumbe del 5 de agosto. "Un país que quiere ser desarrollado tiene que respetar y proteger a sus trabajadores", remarcó.

Y ciertamente, un mes antes del colapso del citado yacimiento se había cursado una multa a sus propietarios por el accidente que sufrió un trabajador y que provocó le fuera amputada una pierna.

A la sazón, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo constatar diversas anomalías en la mina, como no contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro y no cumplir con normas de higiene y seguridad elementales.

Los parlamentarios también cuestionaron por qué los equipos que les correspondía vigilar y controlar, como la Dirección del Trabajo, SERNAGEOMIN y las autoridades sanitarias no actuaron ante hechos tan relevantes de conocimiento público.

Como parte de las investigaciones llegó a trascender la existencia de un dictamen, poco días antes del derrumbe, que bajo la rúbrica de Raúl Martínez, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Atacama, autorizaba la reanudación de las faenas mineras en San José. Poco tiempo después, Martínez renunciaba a su cargo.

Lecciones para un país minero


La minería en Chile aporta el 47 por ciento de las exportaciones totales y representa el siete por ciento del Producto Interno Bruto.

En el país existen unas 4.500 pequeñas y medianas empresas mineras y la institución estatal fiscalizadora sólo cuenta con 16 supervisores a nivel nacional, dos de ellos en la norteña provincia de Copiapó, donde está enclavado el yacimiento de marras.

Luego del sonado derrumbe en la región de Atacama las autoridades chilenas decidieron el cierre de 18 minas en esa área geográfica por carecer de condiciones para su explotación: no disponían de refugios, ni de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación.

En opinión del doctor en Historia, Mario Amorós, el drama de los 33 fue consecuencia directa de unas condiciones de trabajo desprovistas de garantías y derechos en el marco de una economía neoliberal y de la voracidad de empresarios con un oscuro historial de accidentes.

Cuando la noticia del sobrecogedor rescate impactó al mundo, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet confesóque los mineros dieron un ejemplo de bravura y disciplina, pero alertó contra la euforia excesiva y llamó a sacar lecciones. "Este accidente pudo evitarse. Cuando hablamos de un empleo decente no podemos pensar sólo en el salario, sino en que sus condiciones garanticen la integridad física".

Una encuesta realizada tras el rescate de "los 33" revela el escepticismo de la mayoría de los chilenos con respecto a posibles mejoras en la seguridad laboral. Según estudio conjunto entre la Consultora Imaginación y el diario Cooperativa de Chile, el 57 por ciento de los entrevistados cree que en poco tiempo los empresarios se olvidarán de las lecciones dejadas por el acontecimiento y todo volverá a ser como antes. Casi el 97 por ciento de los consultados considera que el clima de inseguridad es un problema general de la actividad laboral chilena.

En 2009, se registraron en el país más de 190.000 accidentes laborales, con un resultado de 443 muertos. Pero del lado oscuro de la realidad chilena no se habla mucho en el mundo, ni siquiera en tiempos de mineros y derrumbes.

En una década, han muerto en Chile en accidentes 373 mineros; 31, el último año

Por Hugo Guzmán (*)


Todo el mundo pudo ver el rescate de los 33 mineros atrapados durante dos meses a 700 metros de profundidad en la mina San José en la región de Atacama, en el norte de Chile. Pero nadie habló de los 31 mineros muertos en el último año en este país, de la precariedad salvaje de sus condiciones de trabajo y que mientras aumentaba el precio del cobre subía el índice de accidentes.

Mientras millones observaban la salida de esos trabajadores desde las profundidades de la Tierra, se ocultaban las pancartas y las voces de los otros 300 mineros de la empresa San Esteban –a la que pertenece San José– que fueron despedidos, a los que les deben los sueldos y no les pagan las indemnizaciones. Javier Castillo, dirigente del sindicato, dijo que los 328 trabajadores restantes de la mina San José no estamos bien e indicó que las autoridades y los medios temen que los saquemos (a los 33 mineros) de la burbuja en la que el gobierno los tiene.

El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Marcos Canales, comentó: Éste fue un accidente que nunca debió ocurrir. Pero el historial de la mina San José es oscuro y paradigma de lo que ocurre con otras empresas mineras en el Chile actual.

Desde 1999 se producían accidentes, cuyos dueños ganaban millones de dólares. En 2004 murió allí un minero. En esa oportunidad, los trabajadores protestaron y recurrieron a la Corte de Apelaciones para que se garantizara la seguridad, planteando que se había llegado a la culminación de una secuela de accidentes que se arrastran desde hace más de cinco años, lo cual los trabajadores hemos denunciado a los organismos fiscalizadores (que) jamás dieron respuesta. La justicia tampoco. No hizo caso del reclamo de los de San José. Seis años después la mina colapsó y atrapó a los 33 mineros.

Además de la empresa, organismos del Estado como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección del Trabajo, la Secretaría Regional de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y el gobierno regional hicieron caso omiso de los reclamos de los mineros y de las condiciones de inseguridad de la mina. Eso se acentuó con fallas que se producían en el cerro donde está la mina San José y debilidades en la estructura. En 2007, el yacimiento fue cerrado por presentar condiciones negativas, pero las autoridades lo volvieron a abrir.

Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señaló que en el drama de los 33 mineros hay una acción predeterminada, un acto criminal por parte de los empleadores y de la institucionalidad del Estado. Hay una acción culposa porque un hecho previsible no se evitó.

Los datos que se manejan en Chile indican que en la última década han muerto 373 mineros y en el último año 31, casi la misma cantidad de los rescatados en San José. La inmensa mayoría pertenecen a medianas o pequeñas mineras y al segmento de pirquineros, que laboran en pequeñas minas de manera informal. En la estatal Corporación Nacional del Cobre y las trasnacionales del cobre, el índice de accidentabilidad es bajo.

Los mineros muertos y los vivos tienen factores en común: salarios bajos, empleo inseguro, previsión miserable, inexistencia de contratos o contratos precarios, inestabilidad laboral, abuso empresarial, ausencia de higiene y prevención, y con el chantaje de que ante la falta de trabajo aceptan condiciones deplorables.

Voracidad en cifras



La voracidad empresarial se ve reflejada en que en 2002 –según reportaje de los periodistas Pablo Obregón y Carla Gardella– las estadísticas hablaban de 28 accidentes mineros fatales, con el precio del cobre en 0.8 centavo de dólar la libra. Cuando en 2007 se cotizó a 3.2 dólares la libra, los muertos subieron a 40. Los privados medianos y pequeños tensionaron la fuerza laboral para extraer el mineral; sin invertir en seguridad.

A estos datos se agregan episodios peculiares. Días antes del derrumbe en San José, el gobierno conservador de Sebastián Piñera decidió cerrar la Unidad de Inspección Programada de Oficio, del Ministerio del Trabajo, precisamente encargada de fiscalizar al sector empresarial respecto al cumplimiento de normas para los trabajadores. Y producido el accidente en la mina, se supo que el Sernageomin, que debe velar por la seguridad en los yacimientos, apenas contaba con dos fiscalizadores en toda la región de Atacama, donde operan decenas de minas medianas y pequeñas.

Marcos Canales dijo a La Jornada que son pésimas y riesgosas las condiciones de los mineros chilenos y nada apunta a que la situación cambiará, porque para eso tendría que cambiar el sistema económico que cobija a los empresarios y vulnera derechos de los trabajadores. Ya pasará a la historia el caso de San José y los 33 mineros, pero seguirá el drama de cientos de hombres que arriesgarán la salud y la vida por ganar un sueldo mísero extrayendo cobre.

En un país donde el año pasado las corporaciones extranjeras tuvieron utilidades de 10 mil millones de dólares y este año se prevé serán 37 mil millones. Es decir, el cobre, que el presidente Salvador Allende definió como el sueldo de Chile, podría satisfacer perfectamente las necesidades de los mineros (y de la gran mayoría de los chilenos). Pero parecen invisibles. Hasta que bordean la muerte y entonces se prenden los focos.

(*)Hugo Guzmán
es un analista político chileno, exiliado en México durante la dictadura de Pinochet. Este artículo ha sido publicado en La Jornada el 16 de octubre de 2010


Los fantasmas chilenos no han sido rescatados


Por John Pilger(*)

El rescate de 33 mineros en Chile es un drama extraordinario, lleno de páthos y heroísmo. Es también viento mediático de empopada para el gobierno chileno: su munificencia ha sido registrada por una selva de cámaras.

El accidente que atrapó a los mineros no es algo insólito en Chile; es la consecuencia inevitable del implacable sistema económico que apenas ha cambiado desde los tiempos de la dictadura del general Augusto Pinochet. El cobre es el oro chileno, y la frecuencia de los desastres mineros se acompasa a los precios y a los beneficios que reporta. De promedio, cada año se registran 39 accidentes mortales en las minas chilenas privatizadas. El trabajo en la mina de San José llegó a ser tan inseguro en 2007, que tuvo que cerrarse. Pero no por mucho tiempo. El pasado 30 de julio, un informe del ministerio chileno de trabajo advirtió de sus "graves deficiencias de seguridad", pero el ministro no tomó medida alguna. Seis días después, los mineros quedaban sepultados.

A despecho de todo el circo mediático desplegado in situ durante el rescate, el Chile de nuestros días es un país silenciado. En la Villa Grimaldi, en los suburbios de Santiago, un cartel reza como sigue: "El pasado olvidado está lleno de memoria". Fue el centro de tortura en el que centenares de personas fueron asesinadas y desaparecidas por oponerse al fascismo que impusieron a Chile el general Augusto Pinochet y sus aliados empresariales. Su fantasmal presencia pasa desapercibida ante la imponente belleza del transfondo andino. El hombre a su cuidado vivía muy cerca y aún recuerda los aullidos.

Visité la Villa una invernal mañana de 2006. Me llevó Sara De Witt, quien estuvo encarcelada allí cuando era una activista estudiantil. (Ahora vive en Londres.) Fue electrocutada y golpeada, pero sobrevivió. Luego fuimos a la casa de Salvador Allende, el gran demócrata y reformista que pereció el día del golde de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973 (el 11-S de América Latina). Su casa es un silencioso edificio blanco, sin placas ni señales conmemorativas.

Diríase que el nombre de Salvador Allende ha sido borrado por doquiera. Únicamente en el solitario memorial del cementerio se pueden leer, grabadas en una lista de "ejecutados políticos", las palabras: "Presidente de la República". Allende murió por propia mano, mientras Pinochet bombardeaba el palacio presidencial con aviones británicos y el embajador norteamericano contemplaba el espectáculo.

Ahora Chile es una democracia, aunque muchos pondrían objeciones a esa calificación, sobre todo en los barrios obligados a hurgar en los basureros y a robar electricidad. En 1990, Pinochet impuso un sistema constitucional de compromiso como condición de su propio retiro y del paso de las fuerzas armadas a la sombra política. Eso garantiza que los partidos reformistas en un sentido amplio, la llamada Concertación, estén permanentemente divididos o se vean forzados a legitimar los designios económicos de los partidarios del dictador. En las últimas elecciones, la derechista Coalición por el Cambio, la creación del ideólogo pinochestista Jaime Guzmán, llevó al poder al presidente Sebastián Piñera. Se culminaba así a hurtadillas la sangrienta erradicación de la verdadera democracia que comenzó con la muerte de Allende.

Piñera es un millonario que controla una buena porción de la minería, de la energía y de la venta minorista. Hizo su fortuna luego del golpe de Estado de Pinochet, durante los "experimentos" de libre mercado de los fundamentalistas de la Universidad de Chicago conocidos como "Chicago boys". Su hermano y antiguo socio empresarial, José Piñera, ministro de trabajo con Pinochet, privatizó la minería y el sistema público de pensiones y se empeñó en destruir los sindicatos. Lo que recibió el aplauso de Washington como un "milagro económico", un modelo de culto para el neoliberalismo que habría de engullir al continente y asegurar al Norte su control.

El Chile de hoy es crítico con las embestidas del presidente Obama contra las democracias independientes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. El aliado más cercano de Piñera es el principal hombre de Washington en la zona, Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de Colombia, país que dispone de 7 bases militares estadounidenses y de un infame registro en materia de derechos humanos, algo que conocen bien los chilenos que sufrieron el terror de Pinochet.

El Chile post-Pinochet ha mantenido en la sombra sus propios abusos. Las familias que todavía buscan recuperarse de la tortura o de la desaparición de sus seres queridos son tratadas con prejuicios por el Estado y sus funcionarios. No se callan los mapuches, la única nación indígena a la que los conquistadores españoles no consiguieron derrotar. A fines del XIX, los colonos europeos de un Chile ya independiente lanzaron su racista guerra de exterminio contra los mapuches, lo que los dejó en condiciones de marginalidad depauperada. Eso empezó a cambiar durante los mil días del gobierno de Allende. Algunas tierras mapuches fueron devueltas, y se reconoció una deuda de justicia.

Desde entonces, se ha venido librando una guerra tan malévola como silenciada contra los mapuches. Se ha permitido a grandes empresas forestales hacerse con sus tierras, y su resistencia ha sido combatida con asesinatos, desapariciones y persecuciones arbitrarias bajo capa de leyes "antiterroristas" aprobadas por la dictadura. En sus campañas de desobediencia civil, ningún mapuche ha infligido el menor daño a nadie. Ha bastado que un terrateniente o un empresario lanzara la acusación de que los mapuches "podrían llegar a traspasar" los límites en que han sido confinados y entrar en sus territorios ancestrales, para que la policía les acusara de delitos que desembocaban en procesos judiciales kafkianos, con testigos sin rostro y sentencias cárcel de 20 años. Se trata, en efecto, de presos políticos.

Mientras que el mundo se congratula con el espectáculo del rescate de los mineros, no se tiene noticia de los 38 huelguistas de hambre mapuches que exigen la abolición de las leyes pinochestistas –como la de "incendio terrorista"— con que se les ha procesado y la justicia de una democracia de verdad. El pasado 9 de octubre, todos los huelguistas de hambre, salvo uno, pusieron fin a su protesta de 90 días sin ingesta de alimentos. Un joven mapuche, Luis Marileo, dice que él seguirá la huelga. El próximo 18 de octubre, el presidente Piñera tiene que dictar una conferencia en la London School of Economics. Habría que aprovechar la ocasión para recordarle todo eso.

(*)John Pilger es un crítico y analista político británico. Este artículo ha sido publicado en Information Clearing House el 15 de octubre de 2010.


(Fuentes:RadioMundoReal, LibreRed,Prensa Latina, La Jornada y Information Clearing House-SinPermiso)

15.10.10

Colombia:Narcoparamilitarismo

EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE IMPLICADO POR UN EX ALTO CARGO DEL D.A.S. EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ORGANISMO POLICIAL AL SERVICIO DEL NARCOTRÁFICO Y LAS TRAMAS PARAMILITARES

2.10.10

Ecuador:Golpe o no golpe

SIMPLE MOTÍN POLICIAL, ATAQUE DERECHISTA AL ALBA CON APOYO DE EE.UU O INSURRECCIÓN POPULAR CONTRA UN PRESIDENTE AUTORITARIO


Más de 48 horas después del operativo militar que liberó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, secuestrado por policias amotinados del hospital de la policía en Quito, continúa el debate sobre si lo acaecido este jueves en el país andino fue o no fue una intentona golpista. Una duda que sorprende en un país que, como pocos, está por su historia reciente tan capacitado para reconocer un golpe de Estado.

En los artículos que siguen, las hipótesis aun en el aire.

La derecha al ataque contra ALBA
Por Eva Golinger-LibreRed


Organizaciones financiadas por USAID y NED piden la renuncia del Presidente Correa en apoyo al golpe de Estado promovido por sectores de la policía ecuatoriana, profundamente penetrada por Estados Unidos.

Un nuevo intento de golpe contra un país de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) atenta contra la integración latinoamericana y el avance de los procesos de revolución democrática. La derecha está al ataque. Su éxito en 2009 en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya, la llenó de energía, fuerza y confianza para poder arremeter contra los pueblos y gobiernos de revolución en América Latina.

Las elecciones del domingo 26 de septiembre en Venezuela, aunque resultaron victoriosas principalmente para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cedieron espacio a las más reaccionarias y peligrosas fuerzas de desestabilización que están al servicio de los intereses imperiales. Estados Unidos logró colocar sus piezas claves en la Asamblea Nacional de Venezuela, dándoles una plataforma para avanzar con sus planes conspirativos para socavar la democracia venezolana.

El día después de las elecciones en Venezuela, la lideresa por la paz en Colombia Piedad Córdaba fue inhabilitada como Senadora de la República de Colombia por la Procuraduría nacional, basándose en acusaciones y evidencias falsas. Pero el ataque contra la Senadora Piedad, simboliza un ataque contra las fuerzas del progreso en Colombia que buscan soluciones verdaderas y pacíficas al conflicto de guerra que han vivido durante más de 60 años.

Y ahora, el jueves, 30 de septiembre, Ecuador amaneció de golpe. Policías insubordinados tomaron varias instalaciones en la capital de Quito, creando caos y pánico en el país. Supuestamente protestaban contra una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles, que según ellos recortaba sus beneficios laborales.

El Presidente Rafael Correa, en un intento de resolver la situación, se dirigió a la policía insubordinada, pero fue atacado por objetos contundentes y bombas lagrimógenas, causándole una herida en la pierna y una asfixia por el gas. Fue trasladado al hospital militar en la ciudad de Quito, dónde luego fue secuestrado y mantenido bajo fuerza sin poder salir.

Mientras tanto, movimientos populares tomaron las calles de Quito reclamando la liberación de su Presidente, reelegido democráticamente el año pasado con una inmensa mayoría. Miles de ecuatorianos alzaron su voz en apoyo al Presidente Correa, intentando rescatar su democracia de las manos de fuerzas golpistas que buscaban provocar la salida forzada del gobierno nacional.

Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo y el Presidente Correa sigue secuestrado por los policías golpistas, hay factores externos involucrados en este intento de golpe que mueven sus piezas de nuevo.

POLICÍA INFILTRADA

Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, difundido en octubre 2008 reveló “que diplomáticos estadounidenses se dedicaban a corromper a la policía y las fuerzas armadas”.

El informe afirmó que unidades de la policía “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.

En respuesta a la información, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, declaró “Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares y con la policía para fines muy importantes para la seguridad”, justificando la colaboración. Según Hodges, el trabajo con las fuerzas de seguridad de Ecuador está relacionado con la “lucha contra el narcotráfico”.

LA EMBAJADORA

La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldalvia, país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldavia dejó sembrada la pista para una “revolución de colores” que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra la mayoría elegida del partido comunista en el parlamento.

Hodges estuvo al frente de la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después fue enviada a Nicaragua para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del poder en 1989.

Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negara a subordinarse a la agenda de Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena.

Frente a la reelección del Presidente Correa en 2009, basada en la nueva constitución aprobada en 2008 por una mayoría contundente de ecuatorianos y ecuatorianas, la embajada comenzó a fomentar desestabilización.

USAID

Algunos grupos sociales progresistas han expresado su descontento con las políticas del gobierno de Correa. No hay duda de que existen legítimas quejas y reclamos a su gobierno. No todos los grupos u organizaciones que están en contra de las políticas de Correa son agentes imperiales. Pero sí existe un sector dentro de ellos que recibe financiamiento y lineamientos para provocar situaciones de desestabilización en el país, más allá de las expresiónes naturales de crítica u oposición a un gobierno.

En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. En los últimos años, un total de $5.640.000 en fondos se invirtió en el trabajo de “descentralización” en el país. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. Al mismo tiempo, la NED otorgó un convenio de $125.806 al Centro para la Empresa Privada (CIPE) para promover los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de la radio, television y prensa ecuatorianas, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

Organizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-justicia han dispuesto de financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, Pachakutik, la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj.

Durante los acontecimientos del jueves 30 de septiembre en Ecuador, uno de los grupos con sectores financiados por la USAID y NED, Pachakutik, emitió un comunicado respaldando a la policía golpista, exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos. Incluso, lo acusó de mantener una “actitud dictatorial”:

PACHAKUTIK PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE CORREA Y LLAMA A CONFORMAR UN SOLO FRENTE NACIONAL

Boletín de Prensa 141


El Jefe de Bloque del Movimiento Pachakutik, Cléver Jiménez, ante la grave conmoción política y crisis interna, generada por la actitud dictatorial del Presidente Rafael Correa, al violentar los derechos de los servidores públicos y de la sociedad en su conjunto, convocó al movimiento indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del Presidente Correa, al amparo de lo que establece el Art 130, numeral 2 de la Constitución, que dice: “La Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República en los siguientes casos: 2) Por grave crisis política y conmoción interna”.

Jiménez respaldó la lucha de los servidores públicos del país, incluyendo a los policías de tropa que se encuentran movilizados en contra de las políticas autoritarias del régimen que pretende conculcar derechos laborales adquiridos. La situación de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas debe ser entendida como una justa acción de servidores públicos, cuyos derechos han sido vulnerados.

Pachakutik está convocando para esta tarde a todas las oganizaciones del movimiento indígena, a los trabajadores, hombres y mujeres democráticos a construir la unidad y preparar nuevas acciones en rechazo al autoritarismo de Correa, en defensa de los derechos y garantías de todos los ecuatorianos.

Responsable de prensa


BLOQUE PACHAKUTIK

El guión utilizado en Venezuela y Honduras se repite de nuevo. Intentan responsabilizar al Presidente y al gobierno por el “golpe”, forzando luego su salida del poder. El golpe contra Ecuador es la próxima fase de la agresión permanente contra el ALBA y los movimientos revolucionarios en la región.

El pueblo ecuatoriano se mantiene movilizado en rechazo del intento golpista, mientras las fuerzas progresistas de la región se agrupan para expresar su solidaridad y respaldo al Presidente Correa y su gobierno.

¿Motín o golpe frustrado?
Por Gonzalo Ortiz-IPS


Analistas discuten si lo ocurrido el jueves en Ecuador fue un intento de golpe de Estado o sólo un amotinamiento de policías, apoyados por efectivos de la fuerza aérea, en protesta por la aprobación de una ley que supone recortes de beneficios enraizados en la tradición de los uniformados.

La afirmación de intentona golpista fue repetida por el gobierno de Rafael Correa, por las televisoras y radios que transmitieron en cadena obligatoria como parte de la declaración del Estado de Excepción en el país, por las agencias internacionales de noticias y como tal fue condenada por los mandatarios de América Latina y de otras partes.

Correa acusó directamente al ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) de haber infiltrado gente suya en la policía para engañarla sobre los alcances de la norma cuestionada y provocar así la sublevación. Lo hizo ante manifestantes en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, apenas fue sacado del hospital policial, donde estuvo cercado por efectivos amotinados casi todo el día.

Gutiérrez, cuyos partidarios también fueron señalados de invadir medios de comunicación, ha negado esa implicancia, calificando de cobarde a la acusación de Correa.

"El gobierno le ha hecho un gran favor a Gutiérrez, al darle tanta importancia", dijo a IPS la ex diputada socialdemócrata Magdalena Chauvet.

"No habrá perdón ni olvido" para los policías que participaron en este atentado contra la democracia y para los responsables políticos, reiteró Correa, pero no mencionó ningún otro nombre propio aparte de Gutiérrez.

La mirada de observadores del exterior sigue en general la línea de la posible existencia de un plan para crear o azuzar este estallido de uniformados y luego culminar con el derrocamiento del gobierno democrático.

Resolver la pregunta parece crucial para ver el rumbo futuro de Ecuador. La preocupación no es menor en un país crónicamente inestable, que debido a constantes embates contra las instituciones tuvo ocho presidentes en una década hasta 2006, cuando Correa llegó al gobierno por primera vez. Luego fue reelegido en 2009, en comicios convocados por la entrada en vigor de una nueva Constitución.

El gobernante centroizquierdista reforzó la tesis del golpe de Estado al narrar que ninguno de los policías con los que conversó mientras estaba cercado en el hospital había leído la ley que pedían fuera derogada. "Se habían dejado llevar por la guerra psicológica que hacen los gutierristas, los vende patrias y los conspiradores", expresó.

SUELDOS Y PRIVILEGIOS


"A Correa le molestó sobremanera que la tropa gritara (durante su discurso en el cuartel donde fue atacado, contiguo al hospital) que quien les subió los sueldos fue Gutiérrez. Él tiene razón al decir que ha duplicado los salarios, pues los policías rasos ganaban 355 dólares en 2006 y hoy ganan 750", dijo, por su parte, a IPS la periodista Juana Ordóñez, subdirectora de la revista económica Gestión.

"Lo que pasa es que la avalancha de personas para ser policías", que hizo incrementar en más de 10.000 la tropa de 40.000 que había hasta entonces "no pudo ser financiada por el gobierno, que, con un criterio tecnocrático buscó recortar otras prebendas de los policías y militares", añadió.

"Hoy hay en Ecuador casi 52.000 efectivos en la policía, 39.000 de los cuales son rasos, y 72.644 militares, 37.000 de ellos también rasos, y cerca de 20.000 conscriptos y aspirantes", precisó Ordóñez.

Entre los bonos suprimidos por la llamada Ley de Servicio Público están los de un sueldo y medio que recibían por una sola vez los suboficiales cada vez que ascendían de rango y que van de 3.000, 5.000 y hasta 8.000 dólares para los oficiales superiores. También se quitan los incentivos pecuniarios que recibían cuando eran condecorados por su desempeño.

Además, la ley alarga de cinco a siete años el tiempo requerido para el ascenso de un grado a otro. "Aunque es verdad que la carrera también se alarga, la gente ve a corto plazo y se desespera", dijo a IPS José Caiza, guardia de un conjunto residencial y policía retirado.

"Esto está en el trasfondo de la insurrección militar, más que un complot organizado", dijo a IPS Felipe Burbano, profesor de ciencias políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

"Hay un malestar en la tropa de la fuerza pública que el gobierno no evaluó bien", agregó.

"El sistema de incentivos forma parte de la institucionalidad militar, que funciona desde hace décadas", dijo Burbano.

El académico citó al contralmirante en servicio pasivo Raúl Jaramillo, quien dijo este viernes en televisión que no veía razón para cambiar el sistema. "Como dice el viejo adagio, si no está dañado, no intentes arreglarlo", dijo el militar.

Pero Burbano indicó que esta insurrección puntual "empató con una lógica desestabilizadora".

"Como parte de la cultura política de Ecuador, la oposición siempre tiene estos deslices desestabilizadores. Hacer oposición es tumbar gobiernos. Me parece que eso sucedió ayer: que la protesta en los cuarteles derivó en esa dinámica desestabilizadora, y la cosa se complicó", explicó.

Nick Mills, un académico estadounidense que ha escrito libros sobre la cultura política ecuatoriana, dijo a IPS que "son las trabas que se dan en las instituciones democráticas del país las que provocan los conflictos". "La propia debilidad institucional democrática resulta en un desbordamiento hacia las medidas de fuerza y no hacia la persuasión", sostuvo.

Obligado a quedarse en el país por el cierre del aeropuerto, a Mills le tocó presenciar en vivo y en directo otro episodio de la convulsa política ecuatoriana.

"Fue interesante y penoso ver que un conflicto puntual creció por la intemperancia del presidente y luego se contagió a muchos recintos policiales y aún militares y que produjo el bochorno de que se secuestrara al mandatario durante todo el día", dijo Mills.

VOTOS Y VETOS
"La verdadera culpable de todo esto es la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y sus repetidas maniobras de aprobar leyes sin debate, para darle gusto a Correa", dijo a IPS el columnista Simón Espinosa. "Gobernar por imposición tarde o temprano genera resistencias", sostuvo.

Espinosa hace referencia en su comentario a que, muchas veces, tras meses de negociaciones en la Asamblea, los cambios que se hacen en los proyectos de ley son luego desechados por Correa, que vuelve a enviarlos con artículos vetados para volverlos a su texto original.

Al carecer de mayoría, el bloque legislativo de la gobernante Alianza País deja en esos casos sin quórum a las sesiones de debate de los vetos, para que así se cumplan los plazos para ello y entren en vigencia de hecho por lo que se llama "el ministerio de la ley".

En cambio, en el caso de esta Ley de Servicio Público, que involucra a todos los empleados estatales no sólo a los policías, el proyecto respectivo enviado en agosto por el Poder Ejecutivo fue discutido en dos debates.

La Federación de Servidores Públicos, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, la Unión Nacional de Educadores, y otros tantos sindicatos se manifestaron en contra y acudieron a la Asamblea a hacerse escuchar.

Como resultado, el parlamento modificó el proyecto y fue enviado a Correa, quien emitió cuatro vetos. Así volvió a la Asamblea, que la aprobó la noche del miércoles con la aceptación de tres de esos cuatro vetos presidenciales.

El que no se aprobó era una medida para forzar la "compra de renuncias" de la burocracia, uno de los puntos que había generado más críticas de los servidores públicos.

Pero subsistieron los artículos de homologaciones salariales y supresión de bonos e incentivos, de topes a la carrera en el servicio público, la jubilación obligatoria, el pago en bonos y no en efectivo de dichas jubilaciones, además de otras medidas rechazadas por civiles y uniformados.


¿Golpe derechista o germen de una insurrección popular?
Redacción Bolpress (*)
¿Qué pasó el 30 de septiembre en Ecuador? Estalló una “conspiración” para perpetrar un “golpe de estado”, definió el Presidente Rafael Correa; fue una “tentativa golpista” contra el gobierno legítimo, según Atilio A. Boron; se trató de otra conjura del “imperialismo yanqui” contra el ALBA, afirmaron a coro centenares de dirigentes, intelectuales y militantes del “socialismo del siglo XXI”. Para la Conaie y otras organizaciones de izquierda, fue una rebelión social contra un gobierno cada vez más derechista, autoritario y antipopular...

...La otra versión

Es probable que la profusa propaganda y el apasionamiento político hayan confundido a muchos “analistas” y les hayan impedido de ver el trasfondo de la violenta revuelta en la que murieron al menos seis personas.

Analizando con cabeza fría, ¿una rebelión policial –supuestamente alentada por el opositor Lucio Gutiérrez y por algunos grupos marginales de izquierda y del movimiento Pachakuti– sin apoyo de la derecha local y del gobierno de Estados Unidos puede calificarse como “golpe de estado”? Hay que recordar que la derecha ecuatoriana y el propio Departamento de Estado respaldaron plenamente al gobierno de Correa.

La crisis policial de Ecuador se parece mucho más al motín de uniformados de febrero de 2003 en Bolivia contra el “impuestazo” al salario que pretendió imponer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La chispa de la insurrección policial en Ecuador fue el proyecto de Ley de Servicio Público del gobierno que ha sido rechazado por el movimiento popular y sindical porque elimina varios beneficios sociales y bonificaciones extraordinarias para los trabajadores y la tropa policial.

El proyecto de ley anula ciertos derechos de los trabajadores del sector público, incluidos policías y militares, como por ejemplo beneficios de jubilación, el derecho a pensiones, premios y otros, aseguró el vicepresidente de CEDECUT Edwin Medoya.

Los diputados de la oficialista Alianza País votaron en la Asamblea Nacional a favor de una ley acordada previamente con los trabajadores públicos, pero en un segundo debate el presidente Correa vetó la norma consensuada.

La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) explicaron que el principal responsable de la crisis política fue el propio gobierno de Correa, que “en vez de satisfacer las inmensas necesidades y reclamos de las masas ecuatorianas ha facilitado la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua y la expansión de la frontera petrolera”.

Según el vocero del MPD Stalin Vargas, el gobierno de Correa se ha ido derechizando y en la actualidad promueve un nuevo código de trabajo que privilegia a los empresarios y que podría dejar sin trabajo a 200 mil servidores públicos, dando continuidad a la vieja política económica neoliberal.

La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, demuestra que “un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, si no establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente”, advirtió la Conaie en un pronunciamiento público firmado por el presidente de la Conaie Marlon Santi, el presidente de Ecuarunari Delfín Tenesaca, el presidente de Confenaie Tito Puanchir y el presidente de Conaice Olindo Nastacuaz

La Conaie afirma que “mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado…”.

Frente a las críticas y a la movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agrocomerciales, el gobierno de Correa responde con violentas represiones, como la ocurrida en Zamora Chinchipe, en total alianza con los sectores empresariales emergentes más reaccionarios, se queja la Conaie.

El movimiento indígena ecuatoriano manifestó ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su “rechazo a la política económica y social del gobierno”, y consideró que la crisis social del jueves ha sido “provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos”.

La Conaie convocó a sus bases a mantenerse en alerta de movilización “contra el modelo extractivista” y en defensa de la verdadera democracia Plurinacional y de los “derechos de los trabajadores afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos”.

La organización indígena exigió al presidente Correa que abandone su “actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes (porque) ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la derecha y crea escenarios de desestabilización”.

Los sectores sociales críticos reiteraron que el gobierno de Correa está obligado a rectificar el proyecto de ley servicio público porque vulnera los derechos de los trabajadores y del pueblo de Ecuador.
(*) Extracto del artículo. Para leerlo completo pinchar AQUÍ

(Fuentes: BBC-Mundo, LibreRed, IPS y Bolpress)

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