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23.10.09

Uruguay:Elecciones 2009

LAS ENCUESTAS VATICINAN UNA AJUSTADA VICTORIA DEL FRENTE AMPLIO, CON EL FUNDADOR DE LOS TUPAMAROS PEPE MUJICA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA. LA ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD SERÁ AMPLIAMENTE REFRENDADA, TRAS LA CONDENA DE 25 AÑOS AL DICTADOR GOYO ÁLVAREZ

Los partidos políticos uruguayos cerraron la campaña electoral de las presidenciales, horas antes que se impusiera, la medianoche del jueves, la prohibición de la propaganda partidista. La gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio y el opositor conservador Partido Nacional cerraron con actos en las ciudades de Pando y Las Piedras, cercanas a Montevideo.

Por la tarde, el candidato oficialista José Mujica se reunió con cinco jóvenes, hijos de desaparecidos, que cuando niños fueron secuestrados por la dictadura militar (1973-1985) y que posteriormente fueron recuperados, entre ellos Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman. Mujica les reiteró su apoyo a la anulación de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio inmunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura. Este domingo, junto a las elecciones generales, los uruguayos votan además en referendum si desean la anulación de esa ley.

Durante el acto en Pando, el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio, Danilo Astori, reiteró la promesa de creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 40.000 para jóvenes, en un eventual nuevo gobierno de izquierda.

Por su parte, el candidato del Partido Nacional, el ex presidente Luis Alberto Lacalle se refirió tanto en el acto final como en programas de televisión a las "certezas" que representa esa colectividad frente a las diferencias internas que, según sostiene, presenta el Frente Amplio.

El Partido Colorado, mientras tanto, cerró sus actividades con un encuentro de jóvenes al que asistió el candidato Pedro Bordaberry y su compañero de fórmula, el ex futbolista internacional, Hugo De León.

Las encuestas auguran victoria de Mujica y segunda vuelta


El Frente Amplio había cerrado el jueves su campaña en Montevideo con un acto central al que acudieron unas 250.000 personas, que desafiaron una noche fresca y lluviosa.

Cuatro encuestadoras -Factum, Radar, Equipos Mori y Cifra- coinciden en que Mujica le ganará a Lacalle el domingo, lo que daría un segundo gobierno a la izquierda, pero auguran la necesidad de celebrar una segunda vuelta el 29 de noviembre, por no lograr el 50 por ciento.

Mientras FACTUM concede a la candidatura del Frente Amplio integrada por Mújica y Astori un 46 por ciento de preferencia, CIFRA le da un 49 por ciento.

Y para el Partido Nacional con Luis Alberto Lacalle-Jorge Larrañaga, los pronósticos de voto oscilan entre el 29 y el 32 por ciento.

Para los candidatos del Partido Colorado, Pedro Bordaberry-Hugo de León, las encuestas conceden un 13 por ciento .

Animada campaña...llena de errores


Las intenciones de voto han variado en las últimos semanas, según los analistas por los errores cometidos por los dos principales candidatos presidenciales en el último tramo de la campaña.

De una parte, el senador José Mujica, la carta de triunfo del gobernante Frente Amplio deslizó epítetos nada solícitos contra los argentinos en un recién publicado libro de entrevistas ("Pepe Coloquios") El ex guerrillero tupamaro tampoco se ahorró críticas a grupos que integran la gobernante coalición de izquierda. Después, en su blog oficial, Mujica intentó aquietar las aguas, ofreció disculpas por algunas de sus expresiones, negó otras y admitió estar haciendo "dos cursos acelerados, uno para aprender a callarme más la boca, y el otro para aprender a no ser tan nabo" (tonto).

Según el senador, fue engañado "alevosamente" por el autor de "Pepe Coloquios", pues lo convenido con él era "escribir un libro sobre Pepe Mujica, no un libro con las conversaciones que mantuviera con él". Mujica explicó que en 14 sesiones que resultaron en 28 horas de grabaciones, "uno habla con el tipo como si lo hiciera con su propio hermano, dice todo lo que se te pasa por la cabeza con absoluta ligereza y se permite ser frívolo y hacer comentarios sarcásticos".Pero también reconoció que como candidato presidencial tiene "responsabilidades políticas mayores" y por tanto debe emitir "juicios más meditados"."Mis adversarios se hicieron una fiesta, ¡qué la disfruten! Pero vayan sabiendo que es la última vez que ocurre", advirtió.

Pero ya el mal estaba hecho y las siguientes encuestas revelaron que el FA había perdido de dos a tres puntos en la apreciación del electorado, y que la masa de indecisos había aumentado del 5-7 al 11-12 por ciento.

Al principal rival de Mujica, el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), no le ha ido mejor, pues varias de sus expresiones le han costado de tres a cuatro puntos en intenciones de voto. La que quizás pese más en el ánimo de la ciudadanía fue aquella donde el candidato del Partido Blanco o Nacional (PN) prometió que si ganaba las elecciones entraría "con una motosierra" a recortar el gasto social en que ha incurrido el gobierno de Tabaré Vázquez, excesivo en su opinión.

Otra promesa nada bien recibida fue anunciar que una vez sea presidente ordenaría poner en los barrios donde habita la población más carente de recursos "instalaciones sanitarias" donde los pobres podrían recibir gratis un baño y un corte de pelo. Tampoco cayó nada bien su llamamiento a los inversores extranjeros a no arriesgar sus capitales en el Uruguay hasta tanto no se supieran los resultados de las elecciones, un consejo considerado "antipatriótico" por la mayoría de los ciudadanos.

No han sido esos los únicos deslices de Mujica y Lacalle, pero para peor, en algunos momentos de la campaña uno y otro se concentraron más en descalificarse mutuamente que en difundir sus programas. Evidentemente desencantado, el electorado les ha retirado apoyo, se debate en la duda de por quién votar, o ya ha decidido anular su voto o depositarlo en blanco.

El gran ganador de estos errores es que el Partido Colorado -la otra gran fuerza política uruguaya- que aunque no sube, prepara ya con el Blanco una alianza para la segunda vuelta, con el fin de derrotar a la izquierda mediante el llamado "voto rosado".


José Mujica, un presidente sin corbata


Un graffiti dibujado en un muro de esta capital dice: "Alerta Uruguay: se viene un presidente sin corbata", en alusión a José Mujica.

De 75 años, Mujica fue uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros, que operó en Uruguay en los años 1960-1970. Por esa actividad fue detenido, pasó 14 años en diversas unidades militares y formó parte del grupo de líderes del MLN conocidos como "los rehenes", entre los que se encontraba el líder y fundador de esa guerrilla, Raúl Sendic.

Después del retorno a la democracia , sale en libertad en 1985 beneficiado por una amnistía a presos políticos. Tras varios años de la apertura democrática crea, junto con otros referentes del MLN, el Movimiento de Participación Popular (MPP) dentro del Frente Amplio.

Mujica fue elegido diputado en las elecciones de 1994 y senador en 1999. En los comicios de 2004 fue el legislador con mayor cantidad de votos, cargo al que renunció al ser designado Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en marzo de 2005. Abandona esa cartera el 3 de marzo del 2008 y regresa a su banco en el Senado.

El Congreso Extraordinario del FA en diciembre de 2008 lo proclamó como el candidato oficial de la coalición de izquierda para presentarse a las elecciones internas de 2009. Allí fue elegido candidato a la Presidencia en los comicios del próximo domingo 25 de octubre.

Conocido entre propios y adversarios como "el Pepe", está casado con la senadora Lucía Topolansky y no tiene hijos. Un lenguaje campechano, abierto, desprovisto de retórica, plagado de términos populares y con frecuentes frases imprevisibles constituyen rasgos que extasían a unos y generan el rechazo de otros. Al momento de definir la forma en que iba a adentrarse en la contienda electoral de este año, Mujica advirtió que "la democracia empieza en la oreja, escuchando a todo el mundo".El candidato habló en la ceremonia de cierre de campaña del FA, desarrollada el miércoles en la capitalina Avenida 18 de Julio."Estamos a pocas horas de demostrar que el Frente Amplio es la fuerza política y central de este país y lo es por derecho justo porque tiene el máximo apoyo de las masas en el Uruguay", destacó. Y en otra parte de su intervención y con su típico decir de masas enfatizó: "la elección no la ganá el Pepe ni la fórmula (candidatura), la ganá vos, la ganá el Frente" .

La condena al 'Goyo' Álvarez


Esta misma semana era condenado a 25 años de prisión el ex presidente de facto Gregorio Álvarez (1981-1985) por el homicidio de 37 personas durante el último gobierno militar.También fue condenado a 20 años de cárcel el ex marino Juan Carlos Larcebeau, por otros 29 homicidios cometidos durante el período militar, entre 1973 y 1985.Los crímenes se cometieron en el marco del llamado Plan Cóndor, la operación coordinada por los gobiernos militares del Cono Sur para secuestrar y asesinar a opositores políticos. Las víctimas fueron secuestradas y torturadas en la vecina Argentina y trasladadas a Uruguay en 1978, donde fueron asesinados. Sus cuerpos nunca fueron hallados.

Álvarez, de 83 años, era Comandante del Ejército cuando se cometieron los delitos.
El ex militar, que está en prisión desde diciembre de 2007 por esta causa, no se presentó a la lectura de la sentencia, aduciendo problemas de salud. Según la fiscalía uruguaya, por el cargo que ejercía, Álvarez debió estar al corriente sobre los traslados clandestinos de opositores entre Buenos Aires y Montevideo. El abogado que representó a las víctimas, Oscar López Goldaracena, dijo que la sentencia del juez Luis Charles era una “
dignificación de las víctimas”.

Se cree que al menos 200 opositores fueron “desaparecidos” durante el régimen de facto en Uruguay, la mayoría de ellos en Argentina.

Álvarez no es el único ex mandatario en enfrentar cargos por el secuestro y asesinato de personas durante el gobierno militar. El ex presidente Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, también se encuentran en prisión acusados de abusos, al igual que una decena de militares que son investigados por la Justicia.
La Ley de Caducidad, inconstitucional


La condena a Álvarez y Larcebeau se produjo pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Caducidad, que amnistió a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. La ley podría ser anulada este domingo a través de un plebiscito, que coincidirá con las elecciones presidenciales.

El pronunciamiento del máximo tribunal uruguayo se produjo en el marco de la causa en que se investiga la muerte de la joven profesora Nibia Sabalsagaray, quien fue asesinada en 1974 en un cuartel militar.
En febrero de este año las dos cámaras del Parlamento entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.

A sólo unos días de la consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie acerca de la normativa, cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema votaron a favor de la inconstitucionalidad. Los magistrados entendieron que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, pues no fue aprobada según lo regulado por la Constitución para ese tipo de instrumento legal.

Uruguay hacia un segundo gobierno progresista
Por Raúl Zibechi
La Jornada
Es muy probable que el próximo domingo la mayoría absoluta de los uruguayos elija a José Mujica presidente. En caso de que no alcanzara a superar 50 por ciento de los votos, habría que esperar un mes más para que en un balotaje se defina la presidencia entre el líder tupamaro y el ex presidente neoliberal Luis Alberto Lacalle. De un modo u otro, el triunfo de Mujica es un hecho. Un segundo gobierno del Frente Amplio premiará una gestión considerablemente mejor que las anteriores.

¿Qué ha cambiado en Uruguay en los cinco años de gobierno progresista? El Estado es más fuerte y cuenta con mayor legitimidad; el pequeño y frágil país, rodeado de dos gigantes, es algo más viable que antes, cuenta con mayor autonomía energética y tiene planes de futuro; la pobreza ha caído de 30 a 20 por ciento, por las políticas sociales y la excepcional coyuntura internacional para las exportaciones; el sistema de salud se ha democratizado, siendo la principal reforma estructural del gobierno de Tabaré Vázquez; el salario real creció por primera vez en muchos años, la desocupación bajó a la mitad y se instaló la negociación colectiva Estado-empresarios-sindicatos, que redundó en un crecimiento sostenido de la afiliación sindical, aun en ramas donde nunca había existido organización laboral.
Por otro lado, la producción agropecuaria creció exponencialmente, con la introducción masiva de técnicas como la siembra directa y la alimentación del ganado en espacios cerrados, materias en las que este país tenía considerable retraso. El crecimiento agropecuario favorece a los grandes productores vinculados a multinacionales de la soya y otros granos, y a los grandes frigoríficos, lo que supone una profundización del modelo neoliberal en el campo o, se si prefiere, un avance del agronegocio. En contrapartida, los pequeños productores, sobre todo los vinculados al sector lechero, se han visto perjudicados y una parte abandonó el rubro pese a la política oficial de apoyo a la producción láctea.


En estos cinco años, alrededor de 25 por ciento de las tierras cultivables pasaron a manos de extranjeros, sobre todo argentinos y brasileños, sin que el parlamento haya limitado la compra por foráneos en las zonas fronterizas. El 40 por ciento de la producción de carne, principal rubro de exportación, y un porcentaje mayor del arroz, están controlados por grandes empresas brasileñas, con lo que los principales exportadores pertenecen ahora a ese país. En paralelo, el proyecto forestal sigue en pie pese a la crisis global, lo que implica que a la fábrica de celulosa Botnia le seguirán dos o tres más, dependiendo de la evolución de la economía mundial.
Con todo y que el país no ha abandonado, sino profundizado el modelo, la mayor parte de la población –en especial los más pobres– cuenta con mayores ingresos y tiene expectativas de futuro algo mejores que en el pasado. La introducción del Plan Ceibal (una laptop por niño en edad escolar que se ampliará a secundaria) es la iniciativa que cuenta con mayor apoyo social. Es probable que en los próximos 10 años contribuya a disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, diferencia que las políticas sociales apenas han modificado. El objetivo de las elites políticas es convertir al país en un polo de alta cualificación laboral especializado en tecnologías avanzadas, por lo cual la difusión de la computación forma parte central de ese proyecto.

¿Qué se puede esperar del gobierno de Mujica? En las grandes líneas, continuará los trazos del gobierno de Vázquez. Los equilibrios internos en el Frente Amplio, de hecho el moderado Danilo Astori será su vicepresidente, y en el conjunto de la sociedad uruguaya se tornan inviables virajes más o menos profundos o radicales. Con Mujica habrá una mejora en las relaciones con los socios del Mercosur, deterioradas desde el conflicto por la celulosa con Argentina y porque Uruguay acusa a sus vecinos de proteccionismo.
Mientras Cristina Kirchner sea presidenta, y Lula siga en Planalto, el segundo gobierno progresista uruguayo se esforzará por minimizar los conflictos y diferencias, y profundizará la integración regional, tanto en relación al Mercosur como en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). En este sentido, no parece posible que vuelvan a registrarse coqueteos para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos como sucedió en la primera parte del actual gobierno, a impulso del presidente Vázquez y su ministro de Economía, el futuro vicepresidente.

Tampoco parece posible que Uruguay se integre a la Alba. Más allá de las simpatías personales entre Chávez y Mujica, el proceso uruguayo es bien diferente del de Venezuela, Bolivia y Ecuador, por poner tres ejemplos. Uruguay atravesó la década neoliberal sin que su sistema político sufriera el menor traspié, siendo la continuidad institucional el signo distintivo de un país con fuerte tradición estadocéntrica, en todos los sectores sociales, en todo el abanico político e ideológico. La ausencia de movimientos sociales de los excluidos, no sólo lo diferencia del resto de los países del continente, sino que es consecuencia, precisamente, de esa fuerte impronta estatal que ha calado tan hondo en la izquierda política y social. Mientras el sistema político de los países andinos mencionados se vino abajo y en Argentina la estructuras políticas crujieron fuerte auspiciando el que se vayan todos, en Uruguay los grandes debates, como las privatizaciones, se zanjaron votando.
Uno de los cambios que pueden producirse es la anulación de la Ley de caducidad, que pondría fin a una legislación infame que avala la impunidad de los militares que violaron los derechos humanos. En todo caso, el actual gobierno consiguió agujerar la legislación y llevó a la cárcel a los más conspicuos violadores. La anulación cerraría un ciclo histórico que no pudo clausurarse 20 años atrás, cuando la derecha ganó un referendo que avaló la continuidad de la impunidad.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Prensa Latina,BBC-Mundo y La Jornada-México)

7.4.09

Uruguay:Dictadura Militar

AL MENOS 67 NIÑOS FUERON PRESOS POLÍTICOS. LOS DETUVIERON JUNTO CON SUS MADRES O NACIERON EN PRISIÓN. MUCHAS EMBARAZADAS FUERON SOMETIDAS A TORTURA, INCLUSO EN EL VIENTRE PARA DAÑAR AL BEBÉ


La dictadura militar uruguaya (1973-1985) mantuvo a al menos 67 niños como prisioneros políticos, según una investigación de la Universidad de la República. Los niños nacieron en su mayoría en prisión o eran bebés cuando fueron detenidos junto a sus madres, según el estudio que revela en parte el diario uruguayo La República. El estudio indica que en algunos casos, los niños fueron mantenidos en prisión hasta
por tres años.
Fotografía tomada en octubre de 1972
en el Regimiento de Caballería N 1.
Crímenes como esos también se perpetraron en los años previos al golpe, pues otros 27 casos se dieron bajo los gobiernos de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y Juan María Bordaberry (presidente constitucional entre 1972 y 1973, de facto hasta 1976).

La investigación sostiene además que mujeres embarazadas al momento de ser detenidas "fueron torturadas con sus bebés en el vientre, recibieron palizas, submarino y picana eléctrica, inclusive focalizada especialmente para intentar dañar al bebé en el útero". “Varios de estos niños, entonces, fueron torturados antes de nacer”, indica el diario.
La investigación también confirma que algunas de las embarazadas fueron violadas.
Revela que cuatro hijos de padres desaparecidos fueron recuperados, igual que 12 de presos políticos asesinados o desaparecidos temporalmente, mientras aún se desconoce el paradero de tres.
Uno de los bebés, de padre desaparecido y madre presa política, fue entregado a su familia biológica; seis nacimientos nunca fueron confirmados porque las gestantes desaparecieron; ocho menores fueron abandonados por la dictadura, pero después se establecieron sus identidades.
También hay cinco casos de hijos de padre desaparecidos en Argentina y trasladados de forma clandestina a Uruguay con sus madres y luego liberados. Otro menor fue secuestrado junto a su padre y recuperado por su familia en Uruguay.
Señalado como incompleto por los autores de la investigación, el listado se confeccionó a partir de informaciones mayormente proporcionadas por las víctimas de aquellas atrocidades, hoy hombres y mujeres que reclaman justicia para sus padres y ellos mismos.
El estudio se hizo público en medio de una campaña popular para someter a plebiscito la Ley de Caducidad, que amnistió a militares y policías violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura.


Sin palabras. La mayoría de ellos recibió torturas antes de nacer y estuvieron presos el equivalente a 47 años
Al menos 67 niños fueron presos políticos en dictadura en Uruguay
"La guerra no es contra los niños", le dijo el entonces mayor José Nino Gavazzo a Sara Méndez cuando le arrancó de los brazos a su bebé Simón. Como en cada una de sus declaraciones, como en sus columnas de Búsqueda, Gavazzo mintió.

Gabriel Mazzarovich (*)
El ex Penal de Punta Rieles. Hoy un Centro de Instrucción del Ejército, en dictadura albergó a presas políticas, varias con sus bebés.

"La guerra" de la dictadura para imponer su proyecto político, económico y social fue contra toda la sociedad y también contra los niños. En el tomo II de la "Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)", realizada por un equipo de investigadores de la Universidad de la República (Udelar), coordinada por el profesor Alvaro Rico, hay un capítulo especial dedicado a la represión contra los menores de edad.
En el capítulo se informa detalladamente la situación de los niños desaparecidos que recuperaron su identidad, de los tres casos de adolescentes desaparecidos en Argentina que continúan sin aclararse, pero especialmente se informa en detalle de una modalidad de represión: la prisión política de niños.

El listado incompleto de 67 casos refleja que en el caso de estos niños, que en su mayoría nacieron en prisión o eran bebés cuando fueron detenidos junto a sus madres, si se suma su permanencia en las cárceles, estuvieron 565 meses presos, el equivalente a 47 años, casi medio siglo.

En el caso de las madres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas, fueron torturadas con sus bebés en el vientre, recibieron palizas, submarino y picana eléctrica, inclusive focalizada especialmente para intentar dañar al bebé en el útero. También en varios casos fueron violadas.
Varios de estos niños fueron, entonces, torturados antes de nacer y, además, nacieron en prisión y fueron mantenidos en ellas, en algunos casos por más de tres años.
Cabe señalar que 27 casos de prisión política de niños se dieron antes del golpe de Estado, es decir en el marco de gobiernos del Partido Colorado, presididos por Jorge Pacheco Areco y después por el entonces presidente constitucional y luego dictador José María Bordaberry.

El primer caso documentado de detención de un niño es de 1970 y el último fue de 1976. En Uruguay hubo niños prisioneros políticos durante al menos durante 7 años, entre 1970 y 1977.

La guerra contra los niños


La información está contenida en el Apartado 3 y va desde la página 374 a la 401.
En el libro se establece una clasificación y listado de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas directas de la represión.

En el punto 1 se establece la situación de los menores de edad que continúan desaparecidos hasta el presente, que son tres.

El punto 2 se refiere a los menores de edad nacidos en cautiverio, con sus padres desaparecidos, secuestrados y con identidad cambiada. Fueron recuperados posteriormente; son 4.

El punto 3 se ocupa de la situación de los niños y adolescentes, hijos de desaparecidos o asesinados políticos, desaparecidos temporarios, localizados después; son 12.

El punto 4 se refiere a un bebé nacido en prisión de padre desaparecido y madre presa política, que fue entregado a su familia biológica.

Punto 5: bebés cuyo nacimiento no ha podido ser confirmado, hijos de padres desaparecidos, cuyas madres estaban embarazadas en el momento de la detención; son 4.

Punto 6: bebés probablemente nacidos en cautiverio ya que sus madres, hoy desaparecidas, probablemente estaban embarazadas en el momento de su detención; son 2.

Punto 7: niños abandonados en el momento de la detención de sus padres, hoy desaparecidos, y recuperados posteriormente; son 8.

Punto 8: niños, hijos de padre desaparecido en Argentina, trasladados en forma ilegal a Uruguay junto a sus madres y liberados posteriormente; son 5.

Punto 9: un niño secuestrado de forma temporaria junto a su padre y recuperado por su familia en Uruguay.

En el punto 10 de establece la situación de los bebés en proceso de gestación con madres presas y sometidas a torturas, nacidos en prisión de sus progenitoras, liberados y entregados a sus familias biológicas luego de cierto tiempo; son 67.

Los niños presos políticos


En las páginas 393 y 394, la investigación de la Udelar incluye un listado de los 63 "bebés en proceso de gestación con madres detenidas y sometidas a torturas; nacidos en prisión compartida con sus progenitoras, liberados y entregados luego a sus familias biológicas". Este listado fue proporcionado por la agrupación que nuclea a estos "niños" que hoy son mujeres y hombres. El listado está incompleto, ya que los casos constatados hasta ahora, según la investigación de la Udelar, son 67. Este número tampoco agota esta realidad, cuya investigación, y por lo tanto sistematización, es de reciente data. En todos los casos en que se señala que no figuran algún dato, en el listado está el nombre de las madres, así como en tres casos más, donde sólo figura el nombre de las madres.

El listado es el siguiente:


1) Alfredo Martín Pereira, nacido el 30/9/72, preso con su madre desde el 20/5/72 hasta el 1/6/75;

2) Ana Celia Azziz, nacida el 25/8/72, presa con su madre desde el 10/5/72 hasta el 12/9/72;

3) Andrea Leyton, nacida el 24/2/73, presa con su madre desde el 15/6/73 hasta el 4/9/74;

4) Carmen Quintana, nacida el 8/8/76, presa con su madre desde el 1/1/76 hasta el 1/9/77;

5) Cecilia Gutiérrez, nacida el 3/11/72, presa con su madre desde el 27/6/72 hasta el 1/9/73;

6)Claudia López Sosa, nacida el 13/11/72, presa con su madre desde el 3/7/72 hasta el 4/9/74;

7) Daniel Taroco, nacido el 9/1/75, preso con su madre desde el 3/5/74 hasta el 1/2/76;

8) Daymán Murro, nacido el 30/1/73, preso con su madre hasta el 4/9/74;

9) Federico Bonino, nacido el 9/4/73, preso con su madre desde el 1/8/73 hasta el 12/12/73;

10) Fernando Francia, nacido el 26/1/73, preso con su madre desde el 21/5/73 hasta el 10/9/73;

11) Gabriel Méndez (sin datos);

12) Guidai Oleaurre, nacido el 13/7/72, preso con su madre desde el 1/11/72 hasta el 1/7/73;

13) Inés Quintana, nacida el 8/8/76, presa con su madre desde el 1/1/76 hasta el 1/9/77;

14) Jimena Valdés, nacida el 28/9/72, presa con su madre desde el 10/5/72 hasta el 4/9/74;

15) Joaquín Perdomo, nacido el 20/1/73, preso con su madre desde el 25/8/72 hasta el 4/9/74;

16) Jorge Giordano, nacido el 21/8/72, preso con su madre desde el 13/9/72 hasta el 4/9/74;

17) Laura Marrero, nacida el 30/1/72, presa con su madre desde el 18/10/72 hasta el 4/9/74;

18) Laura Fernández, nacida el 28/12/72, presa con su madre desde el 14/5/72 hasta el 10/7/74;

19) María Mena, nacida el 16/12/72, presa con su madre desde el 1/6/73 hasta el 1/3/74;

20) Martín Casterlini, nacido el 29/3/74, preso con su madre desde el 5/5/74 hasta el 4/9/74;

21) Mercedes Aiub, nacida el 5/6/73, presa con su madre desde el 19/10/72 hasta el 21/8/73;

22) Micaela Solé, nacida el 28/12/72, presa con su madre desde el 27/6/72 hasta el 4/9/74;

23) Micaela Rivero, nacida el 15/7/70, presa con su madre desde el 17/2/70 hasta el 17/3/71;

24) Mirtha Rezano, nacida el 9/2/73, presa con su madre desde el 24/6/72 hasta el 4/9/74;

25) Mónica Gallego, nacida el 6/1/73, presa con su madre desde el 20/9/73 hasta el 1/7/74;

26) Nicolás Modernell, nacido el 1/3/73, preso con su madre desde el 17/6/72 hasta el 4/9/74;

27) Paloma Soto, nacida el 22/1/77, presa con su madre desde el 1/4/76 hasta el 30/9/77;

28) Patricia Pérez Díaz, nacida el 1/10/72, presa con su madre desde el 14/6/72 hasta el 4/9/74;

29) Rodrigo Gómez, nacido el 7/1/73, preso con su madre desde el 29/5/72 hasta el 4/9/74;

30) Ronell Bologna, nacido el 8/1/73, preso con su madre desde el 16/6/72 hasta el 4/9/74;

31) Ximena Griscti (sin datos);

32) Darío Campalans, nacido el 2/6/75, preso con su madre desde el 15/9/74 hasta el 14/2/77;

33) Gabriel Otero, nacido el 1/1/70, preso con su madre desde el 1/8/72 hasta el 4/9/74;

34) Alba Coito, nacida el 30/9/72, presa con su madre desde el 1/7/72 (sin otros datos);

35) Ana Celia Fernández, nacida el 16/9/71, presa con su madre desde el 1/1/71 hasta el 1/12/71;

36) Valeria García Morales, nacida el 14/11/70, presa con su madre desde el 14/11/70 hasta el 18/11/70;

37) Walter Cheroni (sin datos adicionales);

38) Máximo Jiménez (sin datos adicionales);

39) Santiago Viviano (sin datos adicionales);

40) Victoria Araujo, nacida el 17/1/73, presa con su madre desde el 19/5/73 hasta el 8/73;

41) Nicolás Correa Vila (sin datos adicionales);

42) Alejandro Daniel Guerra (sin datos adicionales);

43) Diego Amorío (sin datos adicionales);

44) Mauricio Djamila (sin datos adicionales);

45) Enrique Feldogel (sin datos adicionales);

46) Ernesto Pirri (sin datos adicionales);

47) Francisco Puente (sin datos adicionales);

48) Gabriel Viana (sin datos adicionales);

49) Gabriel Sorensen (sin datos adicionales);

50) Gabriela Echenique (sin datos adicionales);

51) Gabriel Vitabar (sin datos adicionales);

52) Gabriela Fernández (sin datos adicionales);

53) Juan Andrés Uribasterra (sin datos adicionales);

54) Magdalena Fajardo (sin datos adicionales);

55) Marcos Carrera (sin datos adicionales);

56) Mauricio (sin datos adicionales);

57) Paula (sin datos adicionales);

58) Rafal Díaz (sin datos adicionales);

59) Roberto López Sosa (sin datos adicionales);

60) Santiago (sin datos adicionales);

61) Santiago (sin datos adicionales);

62) Verónica Vasallo (sin datos adicionales);

63) Victoria Rosado (sin datos adicionales).

Sin palabras

Alvaro Rico, el coordinador de la investigación de la Udelar, dijo en entrevista con LA REPUBLICA, refiriéndose a estos casos: "A veces las palabras se quedan cortas".
Esta realidad, la de los niños prisioneros, reprimidos como niños y utilizados para amenazar y hostigar a sus madres, muestra que la represión no tuvo límites.
Nos hemos limitado a reproducir los datos consignados en la investigación, que comprueban que los niños fueron un objetivo para la represión.

Pero además, hay que agregar que también se torturaron niños para intentar quebrar a sus padres; varios fueron torturados antes de nacer, en el útero de sus madres; que miles de niñas y niños crecieron con sus madres o padres presos y fueron también vigilados, tanto en la escuela como en el liceo y, también, como lo prueban archivos de inteligencia militar y policial, en sus cumpleaños, sus actividades deportivas y culturales; que otros miles fueron obligados a exiliarse, en algunos casos con sus padres y en otros casos solos, dejando a sus padres presos o desaparecidos; que decenas de niños crecieron teniendo a sus padres desaparecidos o asesinados políticos.

Y hay que consignar además que los niños también fueron botín de guerra de los represores y muchos fueron secuestrados para venderlos o entregarlos a familias militares que no podían tener los suyos. El caso de Macarena Gelman es una prueba clara de ello. Pero nada señala que haya sido el único caso y habrá que seguir investigando si no hubo más bebes traídos desde Buenos Aires para entregarlos a militares o civiles vinculados a la represión en nuestro país.

(*) Informe publicado hoy por el diario La República de Montevideo

(Fuentes: ANSA-Latina, Prensa Latina y La República-Montevideo )

18.2.09

Uruguay:Ley de Caducidad

EL GOBIERNO DE TABARÉ VÁZQUEZ ABRE EL CAMINO AL PROCESAMIENTO DE TODOS LOS MILITARES IMPLICADOS EN LA GUERRA SUCIA Y AL FIN DE LA LEY QUE PERMITE LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS


El gobierno uruguayo abrió este martes la vía a la poersecución de los militares implicados en la Guerra Sucia, al declarar inconstitucionales varios artículos de la ley que en 1986 amnistió a violadores de los derechos humanos durante la última dictadura en el Uruguay (1972-1985). El ejecutivo de Tabaré Vázquez respondió así en el marco de una acción promovida por la muerte a manos de militares de una militante comunista en 1974.

La Suprema Corte de Justicia había solicitado al Ejecutivo su opinión sobre la ley sancionada en 1986, bajo el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) y ratificada en un plebiscito en 1989, en el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze porel asesinato de Nibia Sabalsagaray en 1974, en una unidad militar. Hasta ahora la Justicia sólo ha interrogado a civiles en torno al asesinato de la militante Blanca Sabalsagaray.

El Ejecutivo "acepta el planteo de excepción de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público y Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, con respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 22/12/86, en los autos caratulados: 'Sabalsagaray Curuchet, Blanca Estela'", señaló la resolución. El pronunciamiento será ahora elevado a la Corte de Justicia, que dará su veredicto, tras el cual "se habilitará la investigación". Según la fiscal Guianze, "el fallo del Poder Ejecutivo sienta un precedente, lo que hace que a raíz del mismo puedan presentarse excepciones de inconstitucionalidad a otros casos".

El gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de esta controvertida norma, permitiendo investigar lo sucedido. En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Alvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco. También se habilitó la búsqueda de restos de opositores al régimen que se encuentran desaparecidos. Mientras, sectores políticos de izquierda y sindicatos de trabajadores están recolectando firmas para que se someta a referéndum la anulación de esa amnistía junto con las próximas elecciones nacionales en Uruguay, previstas para octubre de este año.

La Ley de Caducidad no es constitucional


La norma "viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional", subraya el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
Nin Novoa sostieneo que la Ley de Caducidad "tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no" en la amnistía. Y advierte que la polémica ley "tiene otras connotaciones", como ser "una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional".

De su lado, el presidente Tabaré Vázquez, quien ha reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en sesión de Consejo de Ministros, que "para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional".

Continuará la campaña contra la Ley


La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad anuncia que proseguirá recolectando firmas contra esa normativa aun cuando el Poder Ejecutivo apunte a declararla anticonstitucional.
Integrado por varias organizaciones sindicales, sociales y de defensa de los derechos humanos, la Coordinadora tiene la meta recoger más de 250 mil firmas (el 10 por ciento del padrón electoral) para demandar un referendo sobre la ley junto con las elecciones nacionales de octubre. La habilitación de un referendo sobre la normativa requiere recaudar un número de firmas equivalente al 10 por ciento del padrón electoral (251 mil 847). Hasta ahora ha logrado màs de 200.000.
Uno de sus dirigentes, Carlos Coitiño del Partido por la Victoria apunta que en esta etapa los esfuerzos se concentrarán en Montevideo y Canelones, donde vive el 60 por ciento del electorado nacional, “sin descuidar la tarea en el resto del país”.
Por estar en curso la temporada veraniega, la Coordinadora también seguirá instalando mesas de recolección de firmas en la faja costera y otros sitios con alta afluencia de vacacionistas, así como en los escenarios vinculados a la celebración de los carnavales.
Otra iniciativa, puesta en práctica con éxito, consistirá en organizar un remate de obras de arte para recaudar fondos con que financiar la campaña.
"Todas las encuestas dicen que más de la mitad de los uruguayos está de acuerdo con anular la ley y no tenemos dudas de que llegaremos a las 300 mil firmas", apunta Coitiño. De certificarse esa suma, la consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales del próximo 25 de octubre.
rmh/asg

Ex presos políticos exigen la Ley de Reparación para todas las víctimas


La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) reclama al Gobierno la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple a "todas las víctimas" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El secretario de CRYSOL, Gastón Grisoni, dice que "la necesidad de que se apruebe una Ley de Reparación Integral que contemple a todas las víctimas del terrorismo de Estado como un paso imprescindible para avanzar en la justicia y en la transición democrática". Grisoni señala que el Gobierno comenzó hace tres meses la elaboración de un proyecto de ley sobre esta materia, que "aparentemente no contempla los grandes temas" que la normativa de Naciones Unidas establece respecto a la reparación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.

CRYSOL destaca los principios de "restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos" que, según la ONU, debe observar una ley sobre la materia.

Según CRYSOL, el proyecto de ley sólo incluye a los ex presos políticos y "debería incluir e indemnizar a todos los universos de víctimas", entre las que Grisoni inclue a "los detenidos desaparecidos, los asesinados, los presos políticos, los exiliados y los clandestinos". Asimismo, los niños nacidos en cautiverio, aquellos a los que se cambió la identidad y los niños y adolescentes que son familiares directos (en su mayoría, hijos) de ex presos políticos deben reconocerse como víctimas y "ser indemnizados por el conjunto de daños.

Grisoni consideró que "el Estado tiene que hacerse cargo de las víctimas que sufrieron represión en Argentina por las acciones cometidas por Uruguay en el marco del Plan Cóndor, pues decenas de uruguayos fueron procesados y encarcelados".

El secretario de CRYSOL asegura que el proyecto de ley del Gobierno tampoco incluye "la disculpa oficial" del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura, como marca Naciones Unidas. Considera que el Estado además "
tiene que asegurar una amplia cobertura médica a las víctimas del terrorismo de Estado y establecer los derechos jubilatorios de todos los sectores".
La Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay apoya la campaña de recolección de firmas en todo el país para someter a referéndum la anulación de la citada Ley de Caducidad.
"Es inconstitucional y viola los Derechos Humanos", asegura Grisoni.

Busca de desaparecidos en un cuartel


El juez del departamento uruguayo de Maldonado, Federico Alvarez Petraglia, y el jefe del equipo de antropólogos que busca restos de detenidos desaparecidos, José López Mazz, ingresaroneste martes a un cuartel de Laguna del Sauce, a 130 kilómetros de Montevideo, tras recibir denuncias de un ex soldado sobre enterramientos clandestinos durante la dictadura militar (1973-1985).

Álvarez Petraglia y López Mass realizaron una inspección ocular en el Batallón de Ingenieros de Combate número 4 y tras indicaciones del denunciante "se ubicó rápidamente el lugar", donde se presume fueron sepultados los cuerpos, dijo el magistrado . El juez informó que las características del predio coinciden con lo que declaró el testigo, a pesar del paso del tiempo, y agregó que "el lugar presenta muchas similitudes con la declaración".
El lugar, cercano a un viejo polvorín que se encuentra en la unidad militar, presenta varias irregularidades y mucha maleza. Alvarez Petraglia dispuso no innovar sobre el terreno, a la espera del inicio de excavaciones. Alvarez Patraglia recibió días atrás una denuncia de un presunto enterramiento clandestino de dos cadáveres, a fines de 1975, por parte de un empleado de la Intendencia (alcaldía) de Maldonado. El denunciante, hoy de 55 años, cumplía una guardia nocturna al momento del episodio, del que fue testigo, como soldado en la unidad militar.
Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se han realizado excavaciones en el Batallón 13 de Montevideo, en el 14 de la vecina localidad de Toledo y en una chacra de la ciudad de Pando, a 30 kilómetros de la capital. En esos trabajos, aparecieron el 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2005 los cuerpos del obrero metalúrgico Ubagesner Chávez Sosa y del profesor Fernando Miranda, asesinados por la dictadura en 1976 y 1974, respectivamente.

(Fuentes:ANSA-Latina , DPA, AFP, Prensa Latina y EFE)

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