El presidente de Guatemala tiene hasta el lunes para decidir si veta o no la nueva Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena de Muerte que fue aprobada en febrero por el Congreso. Aunque se alega que la medida goza de amplio respaldo popular, ésta ha sido criticada por influyentes elementos de la sociedad guatemalteca, incluyendo a sectores evángelicos y la Iglesia Católica.
Los legisladores buscan revivir la ejecución judicial que fue suspendida en 2002 por la Corte Constitucional, tras una queja de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos alegando que Guatemala no disponía de un proceso adecuado en esos casos.
La ley aprobada regula el procedimiento mediante el cual el presidente puede rechazar o aceptar las peticiones de "gracia" presentadas por los condenados.
Los legisladores buscan revivir la ejecución judicial que fue suspendida en 2002 por la Corte Constitucional, tras una queja de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos alegando que Guatemala no disponía de un proceso adecuado en esos casos.
La ley aprobada regula el procedimiento mediante el cual el presidente puede rechazar o aceptar las peticiones de "gracia" presentadas por los condenados.
La derecha, por la pena de muerte
El Partido Patriota, del general Otto Pérez, derrotado por Colom en las elecciones, apoya la reimplantación de la pena capital. Su portavoz en el Congreso, Roxana Valdeti, dice que hay motivos de sobra: "Hay 43 condenados a pena de muerte y si ya hubo todo un proceso para que un juez determinara que una persona que violó, que una persona que secuestró, que una persona que asesinó, tiene que pagar. Tiene que pagar con su vida lo que le hizo a la sociedad guatemalteca".La líder de derecha agrega que no ve motivos para "no utilizar un disuasivo como la pena de muerte para que los criminales sepan que si secuestran, que si violan, o matan, van a tener que pagar con su vida lo que le hacen a la sociedad guatemalteca".
Las iglesias, en contra
Sin embargo esos argumentos no han convencido a los sectores evangélicos o de la Iglesia Católica que se oponen a la pena de muerte. El nuncio apostólico Bruno Mussaró declaró en una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala que no está convencido de que el recurso sea un disuasivo, pues hay experiencias en otros países donde se pensaba lo mismo de la pena de muerte.
"Yo creo que lo que más temen los delincuentes no es la pena de muerte. Ellos la toman en cuenta porque saben que arriesgan su vida. Lo que más temen los delincuentes es la aplicación de la justicia", dijo Mussaró.
"Yo creo que lo que más temen los delincuentes no es la pena de muerte. Ellos la toman en cuenta porque saben que arriesgan su vida. Lo que más temen los delincuentes es la aplicación de la justicia", dijo Mussaró.
Los sectores religiosos no son los únicos que objetan la nueva ley. El presidente Colom ha recibido presiones externas de entidades como la Unión Europea, que condiciona sus programas de asistencia económica ante temas como la aplicación de la pena de muerte.
En el caso de Guatemala, la Unión Europea maneja actualmente un programa quinquenal de asistencia de más de US$200 millones hasta 2013.
En el caso de Guatemala, la Unión Europea maneja actualmente un programa quinquenal de asistencia de más de US$200 millones hasta 2013.
La Pena de muerte no soluciona el problema
El domingo pasado el Cardenal-Arzobispo de Guatemala, Rodolfo Quezada Toruño, cuestionó la aprobación, por parte del Congreso guatemalteco, del indulto presidencial, que abre la posibilidad de que se restituya la pena de muerte en el país, y aseguró que esta "no es la forma de resolver la violencia en el país".En su homilía dominical, señaló que el quinto mandamiento "no matarás, es para todos los cristianos" Y añadió:"Nos oponemos a la pena capital porque tenemos que mostrar el rostro misericordioso de Dios", pues "si bien, la pena de muerte está contemplada en el antiguo testamento, ahora la fe cristiana vive de acuerdo con el Nuevo Testamento
País violento
Las estadísticas más recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indican que Guatemala es el tercer país más violento de América Latina y Ciudad de Guatemala es el centro urbano con la mayor tasa de homicidios en la región.
La coordinadora del área política de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aída Ibarra cree que ese es uno de los principales motivos por el cual la mayoría de los guatemaltecos respaldan la pena capital. "Hay organizaciones y hay personas que están en contra de la pena de muerte, pero no se ha planteado un movimiento abolicionista como tal. Por otro lado el contexto nacional es bastante turbulento, dados los altos índices de violencia y de criminalidad", explica Ibarra.
La coordinadora de la fundación también advierte que la mayoría de la población no sólo está de acuerdo con la pena de muerte, sino que apoyan las ejecuciones judiciales y "están de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales, con los linchamientos y con la práctica de limpieza social".
La coordinadora del área política de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aída Ibarra cree que ese es uno de los principales motivos por el cual la mayoría de los guatemaltecos respaldan la pena capital. "Hay organizaciones y hay personas que están en contra de la pena de muerte, pero no se ha planteado un movimiento abolicionista como tal. Por otro lado el contexto nacional es bastante turbulento, dados los altos índices de violencia y de criminalidad", explica Ibarra.
La coordinadora de la fundación también advierte que la mayoría de la población no sólo está de acuerdo con la pena de muerte, sino que apoyan las ejecuciones judiciales y "están de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales, con los linchamientos y con la práctica de limpieza social".
La nueva Ley
La Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a la
Pena de Muerte, aprobada en febrero, fue impulsada por el opositor Partido Patriota, de derecha, buscando reducir altos niveles de criminalidad.
El general retirado Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del PP, la describió como "la única medida para disuadir a los delincuentes".
La ley aprobada regula el procedimiento mediante el cual el presidente puede rechazar o aceptar las peticiones de "gracia" presentadas por los condenados.
En 2002, la Corte de Constitucionalidad había suspendido la aplicación de la pena de muerte. alegando que la ley que la autorizaba, una norma expedida en 1892, no especificaba qué autoridad podía conceder el recurso de gracia.
Ahora el presidente Álvaro Colom tiene la posibilidad de vetarla. Pero si no lo hace, también esta en su mano que se aplique o no la pena máxima. El Secretario de Comunicación de la presidencia, Ronaldo Robles dijo en febrreo que "cuando se presenten las solicitudes de indulto, el presidente (Álvaro Colom), las examinará y si se determina que debe aplicarse la pena de muerte, tendrá que aplicarse tal y como lo establece la ley".La última vez que se aplicó la pena de muerte en Guatemala fue en 2000.
La Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a la
Pena de Muerte, aprobada en febrero, fue impulsada por el opositor Partido Patriota, de derecha, buscando reducir altos niveles de criminalidad.El general retirado Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del PP, la describió como "la única medida para disuadir a los delincuentes".
La ley aprobada regula el procedimiento mediante el cual el presidente puede rechazar o aceptar las peticiones de "gracia" presentadas por los condenados.
En 2002, la Corte de Constitucionalidad había suspendido la aplicación de la pena de muerte. alegando que la ley que la autorizaba, una norma expedida en 1892, no especificaba qué autoridad podía conceder el recurso de gracia.
Ahora el presidente Álvaro Colom tiene la posibilidad de vetarla. Pero si no lo hace, también esta en su mano que se aplique o no la pena máxima. El Secretario de Comunicación de la presidencia, Ronaldo Robles dijo en febrreo que "cuando se presenten las solicitudes de indulto, el presidente (Álvaro Colom), las examinará y si se determina que debe aplicarse la pena de muerte, tendrá que aplicarse tal y como lo establece la ley".La última vez que se aplicó la pena de muerte en Guatemala fue en 2000.
La pobreza y las violencia aumentan
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó un informe sobre los casos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en los 50 primeros días del gobierno de Álvaro Colom. Los números no son favorables.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó un informe sobre los casos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en los 50 primeros días del gobierno de Álvaro Colom. Los números no son favorables.
Desde enero hasta el 4 de marzo, más de 420 personas murieron en forma violenta en el país. Los choferes del transporte colectivo fueron los más afectados por la violencia. Murieron 25, seguidos por los estudiantes de la enseñanza media, con 11 muertes y los agentes de la Policía Nacional Civil, con 9. Para el GAM, la creación de leyes, que no se pueden cumplir, no es la solución para la disminución de la violencia, y sí "poner en práctica acciones urgentes y precisas para el combate de la violencia", pues la violencia en el país es un problema estructural. El nuevo presidente guatemalteco se comprometió a realizar el Plan "Cien días", iniciado el 15 de enero, para realizar cambios en el país en temas como seguridad, combate de la pobreza, inestabilidad económica, crimen organizado y desempleo. Para el GAM, sin embargo, el plan es "un fracaso total".
En los primeros 45 días de gobierno de Colom, en comparación con los últimos del ex-presidente Oscar Berger, hubo un aumento del número de muertes violentas. En ese sentido, el GAM considera precipitado "hacer este tipo de promesas a la población, teniendo en consideración que este plan fue uno de los pilares en los cuales se basó la campaña del actual mandatario".
Hasta el momento no se cumplió la propuesta y consideran que, en cien días, tampoco será capaz de hacerlo. Además, el Grupo criticó el anuncio del gobierno de que iba a aumentar el efectivo del ejército, lo que después negó, pues ese aumento sería "un retroceso para el país". Entre los años 1960 y 1996, durante el conflicto armado, hubo más de 1.100 matanzas en el país y el ejército fue el responsable del 90% de esos crímenes.
De acuerdo con el Grupo, el país necesita un mayor crecimiento económico, a través de políticas de desarrollo rural, que contribuya al combate de la pobreza y permita que menos guatemaltecos tengan que salir del país, para vivir como inmigrantes. Sólo en los dos primeros meses de este año, 2024 guatemaltecos fueron deportados cuando intentaban emigrar.
Hasta el momento no se cumplió la propuesta y consideran que, en cien días, tampoco será capaz de hacerlo. Además, el Grupo criticó el anuncio del gobierno de que iba a aumentar el efectivo del ejército, lo que después negó, pues ese aumento sería "un retroceso para el país". Entre los años 1960 y 1996, durante el conflicto armado, hubo más de 1.100 matanzas en el país y el ejército fue el responsable del 90% de esos crímenes.
De acuerdo con el Grupo, el país necesita un mayor crecimiento económico, a través de políticas de desarrollo rural, que contribuya al combate de la pobreza y permita que menos guatemaltecos tengan que salir del país, para vivir como inmigrantes. Sólo en los dos primeros meses de este año, 2024 guatemaltecos fueron deportados cuando intentaban emigrar.
Vuelven los escuadrones
El informe del GAM se refiere a la preocupación de los defensores de derechos humanos por la formación de milicias en el país. Solamente en San Juan Sacatepéquez se formaron 150 grupos y el municipio ya había presentado casos de linchamientos y muertes violentas. En febrero, en Sololá se cometieron seis linchamientos.
Los integrantes de las milicias dicen no portar armas y que sólo abordan a los sospechosos, pero "en una población con este tipo de historial social es difícil establecer esas circunstancias".
Dos puntos positivos fueron presentados en el documento: la caída del número de femenicidios y la redistribución del valor de la energía eléctrica. En relación con el femenicidio, sin embargo, la situación todavía es preocupante. Cuatro de cada cinco mujeres agredidas y/o muertas conocían al agresor. En los casos de violencia por causa de género los agresores son conocidos, pero los culpables todavía viven en la impunidad.
Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, el mes más violento fue enero con 40 mujeres muertas, en diciembre se registraron 28 casos. Mientras que en febrero la agresión contra niñas fue el mayor, 8 casos.
Los integrantes de las milicias dicen no portar armas y que sólo abordan a los sospechosos, pero "en una población con este tipo de historial social es difícil establecer esas circunstancias".
Dos puntos positivos fueron presentados en el documento: la caída del número de femenicidios y la redistribución del valor de la energía eléctrica. En relación con el femenicidio, sin embargo, la situación todavía es preocupante. Cuatro de cada cinco mujeres agredidas y/o muertas conocían al agresor. En los casos de violencia por causa de género los agresores son conocidos, pero los culpables todavía viven en la impunidad.
Entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, el mes más violento fue enero con 40 mujeres muertas, en diciembre se registraron 28 casos. Mientras que en febrero la agresión contra niñas fue el mayor, 8 casos.
(Fuentes:BBC-Mundo, Prensa Libre-Guatemala, ACI-Prensa y Adital)
