El presidente electo paraguayo, Fernando Lugo, ha dicho a tres días de su toma de posesión , que su gobierno dará prioridad a la lucha contra la pobreza. Paraguay tiene el 20 por ciento de su población en pobreza y una pobreza extrema del 35 por ciento. Estas cifras "son realidades obscenas que ofenden a cualquier hombre de bien", afirmó Lugo.
Con su victoria en las elecciones del 20 de abril pasado, el ex-obispo Fernando Lugo puso fin a 61 años de hegemonía en el poder del Partido Colorado, que, no obstante, mantiene la primera mayoría en el Congreso.
La Alianza Patriótica para el Cambio (APC) de Lugo, está integrada principalmente por el Partido Liberal Radical Auténtico (centroderecha),junto a una coalición de fuerzas de centroizquierda y de izquierda.
Lugo precisó que la lucha contra la exclusión social incluye acciones destinadas a 'disminuir la pobreza por vía del empleo, mejorar significativamente los indicadores sociales, especialmente los relativos a los objetivos del desarrollo del milenio, y disminuir las peores formas de trabajo infantil'.También dijo que pondrá énfasis en el gasto público 'para mejorar su ejecución' y terminar 'con la práctica nefasta de aprobar gastos basados en incrementos artificiales de ingresos'.
El futuro mandatario se mostró realista sobre la escasa capacidad financiera del Estado paraguayo, al señalar que buscarán alternativas pues no se puede "resolver estos desafíos con una presión tributaria del 11,6 por ciento". También insistió en que su país se esforzará por lograr las reivindicaciones en las centrales hidroeléctricas binacionales, principalmente en Itaipú, en co-propiedad con Brasil. El objetivo es "lograr justicia en el reclamo de mejores precios" en los recursos hidroeléctricos, dijo. Analistas y políticos consideran que si el Paraguay recibe precio "justo" por la energía de las represas binacionales que el país cede a Argentina (Yacyretá) y Brasil (Itaipú), habrá recursos suficientes para luchar contra la pobreza en el país.
Un país con enormes rezagos y desigualdades sociales
Fernando Lugo, recibirá este viernes un país con enormes rezagos y desigualdades sociales, donde el 20.5 por ciento de la población vive en la pobreza y 32.1 por ciento en la indigencia.
La pobreza en Paraguay se refleja en las calles de sus principales ciudades, incluyendo el centro de la capital, donde la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo conviven a escasos metros con villas miseria.
En un fuerte contraste, junto a los grandes y modernos edificios y la elegancia del palacio de gobierno y sus jardines se levantan modestas viviendas de madera, en cuyos patios es frecuente ver a sus habitantes lavando ropa o simplemente pasando las horas.
Este país sudamericano cuenta con sectores sociales víctimas de atropellos y arbitrariedades, miles de familias campesinas sin tierras para trabajar y cientos de miles de trabajadores asalariados con sus derechos pisoteados por prácticas arbitrarias.
La realidad social está marcada por las reivindicaciones de las mujeres por un trato más equitativo con los varones, además de los 100 mil indígenas despojados de sus tierras, miles de familias sin techo y el permanente éxodo de los jóvenes hacia España y Argentina.
Este cúmulo de problemas sociales exigirá el máximo esfuerzo, dedicación y mucha sensibilidad del próximo gobierno paraguayo para cumplir con la expectativa que han despertado y la confianza depositada por más de 500 mil electores el 20 de abril pasado.
Conforme a datos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) paraguayas, el 60 por ciento de los habitantes de este país no accede a la salud básica, mientras que 400 mil campesinos luchan por tierras, muchos de ellos mediante invasiones ilegales.
Entre 100 mil y 150 mil paraguayos, en tanto, abandonaron el país en los últimos cinco años en busca de trabajo, lo cual trae aparejados problemas como el desarraigo y la ruptura familiar.
El Estado paraguayo apareció además en los últimos años en varios informes de organismos internacionales como uno de los más ineficientes y corruptos del mundo, con el 95 por ciento de los 200 mil funcionarios públicos como militantes del Partido Colorado.
Itaipú: causa nacional paraguaya
Uno de los grandes desafíos a enfrentar por el mandatario electo paraguayo, Fernando Lugo, después de su investidura el próximo viernes, será renegociar con Brasil el Tratado de Itaipú, firmado por el ex dictador Alfredo Stroessner. Los reclamos paraguayos constan de seis puntos y fueron entregados a principios de mes por Lugo a Marco Aurelio García, asesor presidencial brasileño para asuntos internacionales, quien viajó a esta capital para tratar el tema.
El memorando establece comercializar en terceros mercados la energía excedente; mejor compensación por la energía paraguaya cedida a Brasil; revisar la deuda de Itaipú y la terminación de obras ingenieras inconclusas.
Otros dos puntos son la fiscalización a través de entes de control binacionales y la alternancia en la administración de las direcciones técnicas y financieras.
El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, planteó en abril pasado a Lugo la posibilidad de conformar después de su ascensión una amplia mesa de diálogo serio, racional y respetuoso para analizar en profundidad el tema.
Paraguay tiene ahora aun más argumentos que avalan su demanda por la autoridad moral del nuevo gobierno encabezado por Lugo y los cambios en el contexto internacional
En 1966 Paraguay y Brasil rubricaron el Acta de Foz de Yguazú, en la cual se estableció el aprovechamiento mutuo de las potencialidades hídricas sobre dos principios básicos: la preferencia a los brasileños de adquirir el excedente energético y pagar por éste un precio razonable.
Stroessner renegoció el acuerdo en 1973 y firmó con su par brasileño Emilio Garrastazu Médici el Tratado de Itaipú por un período de 50 años, el cual establece la distribución a partes iguales.
Si una de ellas no consume toda la cuota -reza el documento-, vende a la otra el resto a precio de costo.
Paraguay sólo consume el 17 por ciento de la energía generada por esa represa, la mayor de su tipo en el mundo, y la restante es consumida por el vecino, cuyo monto asciende al 20 por ciento de su demanda.
El 83 por ciento restante (37 millones 500 mil megawatt/hora) es cedido a Brasil a un precio de 35 dólares por MW/H, de los cuales solo los paraguayos reciben a modo de compensación 2,7 dólares por cada MW/H.
Esa misma cantidad de energía es comercializada en el mercado mayorista brasileño a 80 dólares el MW/H y en el minorista a 150, mercado controlado en sus dos terceras partes por transnacionales y a la postre sus mayores beneficiarios.
Los aires de integración que soplan en América Latina, la necesidad de consensos y de búsqueda de soluciones a los problemas acumulados en el continente son una buena razón para que paraguayos y brasileños lleguen a acuerdos de beneficio mutuo.
"Recibimos un país devastado" :Fernando Lugo
(Entrevista concedida a BBC-Mundo)
El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, quien toma posesión de su cargo el próximo 15 de agosto, ha denunciado en los últimos días un plan para desestabilizar su gobierno.
En entrevista telefónica con BBC Mundo, Lugo dio detalles de su denuncia, habló de petróleo, Venezuela y explicó las prioridades que tendrá su gestión.
-Usted ha denunciado un plan para desestabilizar a su gobierno. ¿Quiénes están detrás de esto?
-Las informaciones y los indicios que tenemos es que son personas que han detentado el poder por mucho tiempo, un poder fáctico dentro del país. No desean que el cambio por el que la ciudadanía ha votado el 20 de abril se realice de forma tranquila, en forma progresiva.
Hay gentes que están en conversaciones, en reuniones donde se incita a desestabilizar, a crear un clima de protestas, de sabotaje. Inclusive aquí tenemos la información de que Petropar, que es el importador de petróleo, puede estar desabastecido, lo mismo con los insumos de salud.
Esos son ingredientes que pueden hacer reaccionar a la ciudadanía. En esos términos es que hemos denunciado que hay toda una orquestación para que el nuevo gobierno no tenga la capacidad de hacer los cambios con tranquilidad y transparencia.
-¿Qué pruebas tiene?
-Las tenemos. Aquí ya habido regulaciones en la distribución de petróleo. Hace dos semanas no está llegando el combustible como debiera, no se están haciendo las licitaciones para los implementos y los insumos que están faltando en los hospitales. Esto no es una simple especulación.
-En este momento se está tratando de diseñar un acuerdo con PDVSA de Venezuela para que este fluido energético importante no pueda faltar en nuestro país ¿Qué haría su gobierno de materializarse el plan que Ud denuncia?
-En primer lugar, estamos haciendo que esta información sea conocida, llamando a la solidaridad internacional, sobre todo de los países proveedores de petróleo.
En este momento se está tratando de diseñar un acuerdo con PDVSA de Venezuela para que este fluido energético importante no pueda faltar en nuestro país. Lo mismo con los medicamentos.
Estamos viendo las posibilidades con algunas agencias porque aquí todo pasa por una licitación y el proceso burocrático es lento. Pasan dos o tres meses para que se puedan implementar. Estamos viendo la manera de agilizar todo esto y de que la comunidad internacional nos pueda dar una mano en ese sentido.
-¿Cuáles serán las prioridades de su gobierno por las cuales, según dice, exigirá resultados a sus ministros a los cien días de tomar posesión?
-En primer lugar la lucha frontal contra la corrupción que es como un cáncer que corroe toda la sociedad.
Vamos a exigir transparencia en todos los órganos del Estado, los ministros, el presidente de la República y un gran control ciudadano Los cien días serán días de prueba donde se pueda informar a la ciudadanía de todos los programas, de reducción de la pobreza, de asistencia médica, programas de emergencia médica en diferentes regiones, sobre todo para los grupos indígenas que están viviendo en la extrema miseria, sin comunicación, sin medicamentos, sin educación, sin vestido, sin trabajo, sin alimentación.
Estamos encontrando un país devastado, sin instituciones. Lo primero que vamos a exigir es que se normalice la funcionalidad y la institucionalidad de la república.
-Usted habla de corrupción. Paraguay tiene el dudoso honor de encabezar la lista de los países más corruptos del mundo. ¿Cómo piensa enfrentar un problema que parece endémico en su país?
-La primera forma de luchar es con el testimonio y que la cabeza (del Estado) no esté involucrada en temas de corrupción. Vamos a exigir transparencia en todos los órganos del Estado, los ministros, el presidente de la República y un gran control ciudadano.
-Una encuesta de Transparencia Internacional indica que para los paraguayos los principales retos que deberá atender su gobierno serán, además de la corrupción, el desempleo y la inseguridad. ¿Cómo enfrentará el desempleo?
-Aquí hay la posibilidad de crear y apoyar la pequeña y la mediana empresa, con créditos blandos, asistencia técnica, posibilidades de mercado y también la construcción de infraestructura.
-Usted ha prometido una "reforma agraria integral", que, según afirma, no es un mero reparto de tierras. ¿Cómo y cuándo se pondrá en marcha esta reforma?
-Hay una gran cantidad de campesinos que han adquirido las tierras pero no han tenido los créditos y asistencia técnica.
Ya hemos tenido las primeras reuniones con los diferentes estamentos de la sociedad. El sistema de catastros nacionales es un desastre. Hay terrenos con dos o tres títulos y otros que no tienen ninguno.
Hay una gran cantidad de campesinos que han adquirido las tierras pero no han tenido los créditos y asistencia técnica.
La reforma agraria integral se va a dar mediante un diálogo abierto de los diferentes estamentos de la sociedad que estén interesados en dicha reforma: los campesinos sin tierra, las instituciones estatales, los técnicos, los dueños de las grandes extensiones de tierra para hacer un modelo consensuado que convenga a la mayoría de ellos.
-¿Será entonces un proceso a largo plazo?
-Sin duda, nosotros siempre hemos prometido que vamos a iniciar un proceso de reforma agraria. Tenemos la experiencia de otros países, en los que ha tomado (hasta) 15 años.
No es una fórmula milagrosa de hacer cambios estructurales. Los cambios estructurales son procesuales. Hemos dicho en la campaña que vamos a iniciar con ayuda de la ciudadanía una democracia participativa de todos los estamentos de la sociedad. Eso dará garantía al proceso y a la realización de esta reforma agraria integral.
-Usted ha dicho que exigirá a Brasil un precio más justo por la energía hidroeléctrica que exporta Paraguay. ¿Cuál es un precio justo para usted?
-Hay un precio comparativo de los principales productos energéticos. Yo creo que los mismos técnicos no coinciden en los números.
Hemos tenido el primer acercamiento el viernes pasado. Fue la primera reunión de técnicos y asesores de política internacional del presidente Lula con el equipo (paraguayo) de la renegociación del Tratado de Itaipú y Yacyretá, aquí en Asunción. Hemos presentado seis ejes de reclamo de la comunidad paraguaya que han aceptado serenamente. Ese es el primer paso.
Si Brasil no paga el precio que usted considera justo, ¿qué pasos seguiría su gobierno?
Nosotros agotaríamos todas las instancias de diálogo con el hermano y vecino país de Brasil. En el Mercosur, el tema de integración energética nos interesa a todos. Aquí en casa, serenamente, maduramente, con racionalidad, lo podemos subsanar y recibir el mejor precio de Brasil.
-La coalición de gobierno, la Alianza Patriótica para el Cambio, está formada por partidos de distinta orientación política. Ya se han dado desacuerdos por nombramientos. ¿Es esta una señal de que tendrá usted un problema de gobernabilidad?
-Yo creo que hay un consenso, una matriz común. Hay seis ejes programáticos de nuestra política de los que nadie puede salir (reforma agraria, reactivación económica, recuperación de la institucionalidad de la República, justicia independiente, plan de emergencia nacional y recuperación de la soberanía). Son la prenda de unidad de la Alianza Patriótica para el Cambio.
Yo creo que la ejecución de esos seis ejes programáticos va a ser la garantía de la unidad y de la gobernabilidad al interno del gobierno.
(Fuentes: ANSA-Latina, EFE, El Financiero-México, Prensa Latina y BBC-Mundo)
Los partidarios de la dictadura de Stroessner mientras tanto siguieron y siguen enquistados en la administración pública, las fuerzas represivas, la llamada Justicia y la Suprema Corte. Tardíamente, Lugo intentó crear un partido-frente, el Frente Guasú (grande, en guaraní) que está dando sus primeros pasos y está lejos de ser homogéneo. Pero todas las derechas paraguayas, respaldadas desde la sombra por Estados Unidos, aunque faltan apenas 10 meses para el fin del mandato de Lugo y las nuevas elecciones en las que el presidente no podía ser reelegido, no quisieron dejar ningún espacio para que el centroizquierda se organizase y tratase de mantener el gobierno.
Bajo la batuta de Horacio Cardes, terrateniente ultraconservador, del partido colorado, ligado además al narcotráfico, organizaron por eso la parodia de un juicio político que duró un día y que se basó sobre acusaciones sin prueba de que Lugo estimulaba las ocupaciones de tierras por los campesinos o no combatía sino blandamente contra la pequeña guerrilla campesina que existe en el departamento donde estaba su diócesis. Cardes, junto con los oviedistas, el partido conservador Patria Querida y los liberales, dieron su golpe “blanco” parlamentario, como sus colegas hondureños, aunque sin tener que secuestrar a mano armada al presidente y expulsarlo del país en ropa interior, pues Lugo probablemente conseguirá refugiarse en la embajada de Ecuador. 
El pretexto para acelerar el golpe fue la matanza de Curuguaty, hace una semana, donde las fuerzas armadas agredieron a campesinos, que se defendieron, con un saldo de 17 muertos entre policías y campesinos, 80 heridos y decenas de presos. La destitución parlamentaria de Lugo fue resistida por los manifestantes que se reunieron espontáneamente ante el Congreso, por los campesinos del interior que cortaron rutas, por los emigrantes paraguayos en la Argentina que volvieron por miles al Paraguay para impedir el golpe y que hicieron una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires.
Es que detrás de ambos golpes –como fue demostrado ampliamente y documentado en el caso hondureño- está Estados Unidos. Paraguay es clave para controlar el acuífero guaraní, la reserva de agua más grande del mundo, que abarca su territorio, parte del brasileño, parte del argentino y parte del Uruguay. En Paraguay está también la base militar estadounidense en Estigarribia, que controla la zona de la Triple Frontera argentino-brasileña-paraguaya. En la provincia argentina del Chaco, junto a Paraguay, Estados Unidos quería instalar igualmente otra base más pequeña, con el apoyo del gobernador kirchnerista Capitanich, el mismo que dice que los camioneros en huelga son antipatrióticos, pero la protesta popular impidió esa violación de la soberanía argentina en el mismo momento en que la presidenta Cristina Fernández decía defender la soberanía en las islas Malvinas.
Los países de la UNASUR podrían ahora aislar económicamente a Paraguay, que no tiene salida al mar, y quitarle el apoyo a su economía; podrían también no reconocer al gobierno fantoche de Franco que durará apenas el tiempo necesario para adelantar las elecciones presidenciales o hacerlas en el 2013, dejando su sillón a los colorados. Pero los campesinos no esperarán de esas presiones diplomáticas y reaccionarán con tomas de tierras, cortes de ruta, construcción de poderes locales y, posiblemente, dadas sus tradiciones, recurriendo a las armas para hacer guerrillas, las cuales podrían contar en las fronteras con la benevolencia de los gobiernos de Bolivia, Argentina y Brasil que no pueden aceptar esta puñalada a la UNASUR.
