Perú: Operación Cóndor

LOS GENERALES MORALES BERMÚDEZ Y RICHTER PRADA SE DECLARAN INOCENTES, ALAN GARCÍA LES DEFIENDE Y LAS ASOCIACIONES PRO DERECHOS HUMANOS APOYAN LA EXTRADICIÓN A ITALIA

"La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresó su respaldo al pedido de la justicia italiana que solicitó la extradición del ex presidente Francisco Morales Bermúdez, por su responsabilidad en la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el marco de la “Operación Cóndor”. Consideramos que este pedido constituye un hito importante dentro del desarrollo de la justicia global y, a su vez, representa una oportunidad para que el Estado peruano demuestre claramente su compromiso en materia de derechos humanos. Es importante además considerar que, en el marco de las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, el Perú deberá manifestar su disposición a colaborar no solo en este ámbito sino también en materia de justicia y respeto a las normas internacionales que protegen los derechos humanos. En ese sentido, a un mundo globalizado en lo económico y en lo social, corresponde también una justicia global. Desde APRODEH y el movimiento de derechos humanos alentamos estos procesos que representan un paso alentador en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia a nivel mundial. Invocamos a las autoridades correspondientes a atender el requerimiento de la justicia italiana y facilitar la extradición de los funcionarios requeridos, considerando los tratados existentes entre Perú e Italia. Con ello se logrará encaminar el caso hacia un debido proceso que permita acceder a la verdad, a la justicia y a la sanción de todo hecho que atente contra los derechos humanos. Datos:La jueza de Roma, Luisianna Figliolia, solicitó la extradición del ex presidente Morales Bermúdez, entre otros funcionarios de su gobierno, a fin de que respondan por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno a fines de la década del setenta. Según el Equipo Nizkor, la Operación Cóndor fue una conspiración entre los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y hasta cierto punto Perú) cuyo objeto fue el intercambio de información sobre supuestos subversivos residentes en los distintos países partes a la Operación, y la colaboración en la persecución de estas personas. La operación le permitió a operativos de inteligencia o de las fuerzas armadas de los distintos países participantes a desplazarse libremente en el territorio de los otros, para así secuestrar, desaparecer o asesinar a sus conciudadanos. Se estima que los resultados de este plan ocasionaron la muerte de aproximadamente 50 mil personas, la desaparición de otras 30 mil y el encarcelamiento de más de 400 mil.

(Información de: Peru.punto.com)

La justicia tarda, pero llega
Por Javier Diez Canseco (*)

Dicen que la justicia tarda, pero llega; que se puede ocultar la verdad un tiempo, pero no todo el tiempo. Parece ser cierto, si nos guiamos por la denuncia de la jueza italiana Luisianna Figliola, que ha reabierto la investigación de la detención–desaparición, tortura y asesinato de 25 ciudadanos italianos en aplicación del Plan Cóndor, pactado entre FFAA sudamericanas en las décadas del 70 y 80. Ha abierto proceso a Jefes de Estado, ministros y jefes militares de la región, incluyendo a los generales Francisco Morales Bermúdez y Pedro Richter Prada del Perú por el secuestro hace casi 28 años y posterior asesinato en manos de militares argentinos, de 4 personas.
La Operación Cóndor ha sido motivo de libros de periodistas e investigadores, evidenciada en informes secretos desclasificados del gobierno estadounidense y de las FFAA argentinas, denunciada en artículos de prensa en España, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú hace décadas, denunciada por organismos de DDHH y fue parte del proceso que enfrentó el dictador chileno Pinochet en Londres por denuncia del juez Baltasar Garzón de España. Nadie duda que el Perú y Ecuador se integraron al Plan unos años después de su inicio, bajo el gobierno de Morales Bermúdez, pues Velasco no formaba parte de la red de dictaduras militares sanguinarias que imperaban entonces en esta parte del continente.
Cuando menos tres hechos ocurridos con Morales Bermúdez están vinculados al Plan Cóndor: el secuestro y desaparición del argentino Juan Carlos Maguid en abril de 1977, la entrega –en un avión militar peruano– a manos del ejercito argentino de 13 peruanos (sin documentos, sin dinero y ni información a sus familiares) que, en su mayoría impulsamos el Paro Nacional de mayo del 78 y estábamos presos en Seguridad de Estado; y, finalmente, el secuestro de Noemí Esther Gianotti de Molfino y otros dos argentinos (además del que trajeron desde Argentina para identificarlos y capturarlos) en junio del 80. Su detención fue parte de un operativo en el que intervino una unidad militar argentina, los retuvieron en un local militar en la Playa Hondable y los llevaron hasta la frontera con Bolivia para "expulsarlos" a manos de los argentinos en complicidad con militares bolivianos. Todos murieron, incluyendo la Sra. Gianotti, cuyo cadáver apareció envuelto en una frazada –en pleno verano– en Madrid, en julio, aparentando que no había sido detenida sino que viajaba por España y murió libre allá.
Los capitostes de la alianza en el poder han reaccionado rápidamente, cubriéndole las espaldas a Morales Bermúdez. Alan García, desbocado y sin que siquiera la Corte Suprema haya recibido la solicitud de extradición italiana y evaluado el caso, ya dijo que no entregaría militares encausados por DDHH y presentó a Morales Bermúdez como el militar de la transición democrática. ¿Ya se olvidó que fue el Paro Nacional del 19 de Julio de 1977 el que cambió el rumbo del país, obligando a la convocatoria de una Constituyente y que Morales mantenía la tesis del "no partido" sin ningún compromiso con una transición democrática? ¿Olvidó que ese mismo general quiso imponer una modificación de la Carta del 79 a la Asamblea Constituyente cuando esta clausuraba sus funciones?
Lo que pasa es que García quiere establecer una política de Estado respecto a estos casos de DDHH, blindando a los acusados frente a procesos internacionales. Sabe que le esperan –al acabar su mandato– los juicios por las matanzas durante su primer gobierno: las del Grupo Scorpio, el Batallón Patriota y el Comando Rodrigo Franco (que le recordó el propio Fujimori), la de Cayara –donde se asesinó hasta a los testigos que declararon al fiscal sobre la masacre- o la masacre de Penales (casi 250 muertos ejecutados a sangre fría y desarmados, operaciones bajo el mando de su vicepresidente Giampietri y su viceministro Mantilla). Hoy por ti, mañana por mi, ¿no?
El arzobispo Cipriani, que estando en Ayacucho –cuando las desapariciones y crímenes masivos– declaró que los DDHH eran una cojudez, ahora considera que estos son "abusos en nombre de la justicia" que "no tienen nada que ver con la verdad". El flamante ministro de Defensa y abogado de grandes empresas considera "un exceso" –"no atendible"– la demanda de la jueza italiana, sobre la que no le compete pronunciarse pues sería materia de la Corte Su-prema y no de su portafolio. El gallinero del poder está alterado, cuando a Fujimori se le juzga por cosas parecidas ocurridas en el Perú.
Pero los hechos son macizos y las evidencias contundentes. Desde fines de la década del 70, las FFAA latinoamericanas –con asesoría norteamericana y bajo la sombra del TIAR– aplicaron estrategias antisubversivas y de inteligencia que incluyeron los secuestros, la detención–desaparición de personas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales– utilizando equipos y destacamentos militares para el efecto. Es cierto, la justicia y la verdad tardan, pero llegan aunque los gobernantes prefieren la amnesia y la impunidad.
(*)Javier Diez Canseco es secretario general del Partido Socialista peruano. Este artículo fue publicado por el diario limeño La República el pasado 31 de diciembre.

¡Sí! El Perú fue parte del criminal "Plan Cóndor" Por Hugo Blanco(*)

Una jueza italiana, Luisiana Figlioli, ha ordenado la captura de Francisco Morales Bermúdez por haber contribuido como miembro del «Plan Cóndor» (Alianza entre dictaduras sudamericanas para la represión) al asesinato de personas argentino-italianas. Según dicha jueza y el fiscal Giancarlo Capaldo, el secuestro de los montoneros argentinos en Lima es el ejemplo más claro sobre cómo funcionaba el Plan Cóndor. Por esta razón considera pertinente el testimonio de los generales peruanos.
La CIA, agencia de espionaje de Estados Unidos, muestra:
1.- En el documento «Una breve mirada a la Operación Cóndor» del 22 de agosto de 1978 señala: que los miembros originales fueron Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia y añade «Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros».
2.- La Central Nacional de Información de Chile, organismo promotor del «Plan Cóndor», informa en abril de 1978: «La información llegó a Chile a través del consejero peruano de la embajada peruana en Chile, señor Montagne, quien atiende los asuntos de ‘Cóndor’, el cual comunicó la conformidad sobre la designación de nuestro representante en Lima».
La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.
NOTA: (1) Cojudez.- Palabra que en jerga significa “nimio”, “sin importancia”. Deriva de “cojón” (testículo).
(*)Hugo Blanco es un escritor, político de izquierdas y miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso (www.sinpermiso.info), que publica este artículo fechado el 6 enero de 2008

Uruguay: Militares

EL 'GOYO' ÁLVAREZ, AL FIN ENTRE REJAS. 'UN DÍA HISTÓRICO' SEGÚN LA FISCAL QUE PIDIÓ EL PROCESAMIENTO DEL DICTADOR

Personalidades y organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos saludan hoy la decisión de la justicia uruguaya de procesar con prisión al ex dictador Gregorio Alvarez.
La fiscal actuante en el caso, Mirtha Guianze, dice que ayer fue "un día histórico" porque tanto más importante que juzgar al último presidente de facto durante los años de la dictadura (1973-1985) es "el rescate de la memoria".
El abogado Óscar López Goldaracena, patrocinador de la denuncia contra Alvarez y los ex capitanes de navío Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli, apuntó que "todo un pueblo quiere construir un Estado de Derecho basado en la justicia, sin lugar para dictaduras ni dictadores". Pero agrega que, "independientemente de la responsabilidad penal de Alvarez, aquí no hay nada para festejar, porque se trata de saber dónde están los desaparecidos". López Goldaracena indica que "la indagatoria debe seguir y el gobierno debe exigir a los militares subalternos para que den información y pueda conocerse el destino de los desaparecidos". Y añade que el fallo "significa un avance sustancial para consolidar el Estado de derecho y que nunca más haya en Uruguay dictadura y violaciones a los derechos humanos".
López recalcó que el procesamiento de Alvarez, Larcebeau y Tróccoli por el delito de desaparición forzada no habría sido posible sin la participación de las organizaciones que apoyan la búsqueda de justicia. Juan Andrés Roballo, diputado de la gobernante coalición del Frente Amplio, dice que "es un día muy importante porque tiene que ver con el ordenamiento jurídico, del Uruguay democrático y de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y la condena al autoritarismo". El coordinador de la bancada oficialista señala que "más allá que no significa el final del camino, es un procesamiento emblemático".
Por su parte, el general (r) Oscar Pereira afirma que con el procesamiento con prisión del trío "se están saldando los sucesos más traumáticos de la historia uruguaya".
Refiriéndose en particular a Alvarez, Pereira señala que "el hombre más representativo de lo que fue la dictadura (...) debe asumir sus responsabilidades ante la sociedad a través del Poder Judicial".

El senador del Partido Blanco (conservador), Julio Lara, dice: "entiendo que es un día de enorme trascendencia por el procesamiento de un dictador". "Con esto no va a saldar todo el mal que hizo, pero por lo menos se hace justicia.

Y hoy, celebración en las calles

En cuanto se conoció la decisión del juez Luis Charles de procesar con prisión al ex dictador, la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad llamó a la ciudadanía a asistir esta noche, en Montevideo, a un acto en apoyo a ese fallo, en la céntrica plaza Libertad.
La convocatoria es respaldada por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central obrera uruguaya, y por diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.
Alvarez, Tróccoli y Larcebeau serán enjuiciados por su presunta responsabilidad en los traslados clandestinos de presos políticos uruguayos desde Argentina entre 1977 y 1978, posteriormemnte desaparecidos. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados hasta a 25 años de prisión. Durante 1977 y 1978, Álvarez ejerció el comando general del Ejército. En septiembre de 1981, asumió la presidencia de facto.

Desde el 12 de noviembre pasado recaía sobre el ex dictador la demanda de procesamiento por estos casos, que se enmarcan en el llamado Plan Cóndor. Álvarez fue trasladado ayer la Jefatura de Policía de Montevideo, donde se realizaron los primeros tramites judiciales.

Gregorio 'Goyo' Alvarez, de 82 años se convierte así en el segundo presidente del período militar (1973-1985) en ser enviado a la cárcel, 30 años después de esos hechos. Ayer, tras serle abierta la ficha policial, fue recluido en una cárcel especial para militares, donde cumplen prision ocho ex oficiales por violaciones a los derechos humanos.

La prisión de Alvarez se suma a la del también ex dictador Juan María Bordaberry (1972-1976), procesado en noviembre de 2006 por los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez Ruiz, y a la de su canciller Juan Carlos Blanco, por la misma causa.

Ayer también fueron procesados por el mismo delito los oficiales retirados de la Armada Juan Carlos Larcebau y Jorge Tróccoli, sobre quien pesa una demanda captura internacional . El presidente Tabaré Vázquez excluyó de la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, los casos Michelini-Gutiérrez Ruiz y los traslados clandestinos y desaparición forzada de prisioneros, entre otras causas.

En 2006, se escabulló

En junio de 2006 Gregorio Álvarez brindó testimonio por primera vez ante un juez civil que investiga la desaparición del militante tupamaro Washington Barrios, ocurrida en 1974 en Argentina también en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur. Pero en aquella oportunidad se limitó a responder que no recordaba nada de lo que le preguntaban, y que ni siquiera conocía el funcionamiento del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), encargado de perseguir a opositores uruguayos refugiados en países vecinos.

Al ser interrogado por los periodistas, aseguró que no estaba arrepentido de sus acciones y aclaró que no pedirá "perdón" a los familiares de las víctimas. Durante la dictadura, miles de personas fueron detenidas y sometidas a torturas, y, según documentos de organizaciones humanitarias, 200 opositores desaparecieron y un centenar de presos murió en las cárceles. El ex dictador dijo en un reportaje reciente al semanario Búsqueda que morirá en la cárcel y que tiene "la conciencia tranquila como gobernante y militar".

Prisión a un ícono de la dictadura

(Publicado hoy por el diario El País de Montevideo)

Gregorio Álvarez está preso. Casi 23 años después de entregar el poder, ayer fue procesado por el juez Luis Charles por "reiterados delitos de desaparición forzada" de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay.
El ex dictador durmió anoche por primera vez en la cárcel especial construida para responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en la que están alojados desde mayo de 2006 otros ocho represores. El ex comandante en jefe del Ejército es el reo de mayor rango.
Ayer, Charles también procesó por el mismo delito al marino retirado Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray -detenido en Colonia-, y pidió la captura de otro marino retirado, Jorge Néstor Tróccoli Fernández.
La denuncia contra los mandos del gobierno militar que terminó en el procesamiento de Álvarez, se presentó el 16 de mayo por familiares de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1978. En junio el Poder Ejecutivo dejó este caso fuera de la ley de caducidad.
"Los hechos denunciados se ubican en el período dictatorial cívico militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responde a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho -denominada Plan Cóndor- que regían en los países del Cono Sur de América, es decir Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo central era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como `subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región", dice el juez

Charles en el auto de procesamiento de Álvarez.

Charles ubica el "epicentro" del Plan Cóndor en Chile y su "acta fundacional" el 28 de noviembre de 1975, pero dice que su operación se inició en 1973, según documentos desclasificados de la CIA por la historiadora Patrice McSherry.
El "nivel de relacionamiento entre los países" y la documentación obtenida, le llevan a concluir a Charles que hubo "participación de los máximos estamentos del poder de cada uno de los Estados, al extremo que la mencionada coordinación regional formaba parte de la política estatal uruguaya, al igual que de los restantes países" del Plan Cóndor.
El juez agrega que en el marco de la coordinación de las fuerzas represivas de Uruguay y Argentina, se practicaron un número no determinado de traslados de personas detenidas en ambos países.
"No es ilógico deducir coherentemente que no podía existir información desconocida ni secreta para él (Álvarez), por su condición de jerarca máximo del Ejército Nacional", afirma el juez en su escrito.
En este sentido, recuerda que Álvarez, en su condición de comandante en jefe del Ejército desde el 1° de febrero de 1978, emitió la orden 777/78 en la que asume "la responsabilidad por todos los hechos de sus subordinados vinculados a la lucha contra la subversión". El juez agrega que por integrar Álvarez en 1978 la Junta de Comandantes en Jefe, "no podía desconocer la conducción de la política de gobierno en materia de lineamientos, coordinación y cooperación con otros gobiernos en la llamada `guerra contra la subversión`".
"El escudo de silencio, levantado por indagados y testigos militares, con sus tres puntas fundamentales, esto es, `no tengo conocimiento`, `yo era administrativo` y `el responsable está muerto`, cede ante el derecho-deber a saber, el cual no pertenece a personas individuales, ni siquiera a familias directamente afectadas, sino a la sociedad en su conjunto", afirma Charles.

Según el juez, los delitos cometidos en el gobierno de facto, "en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemática, masiva, planificada, con la desaparición forzada, los homicidios, las torturas, las prohibiciones de derechos políticos, sociales y gremiales, la libertad de expresión, la violación a la libertad ambulatoria, etc., comprenden las prácticas que el derecho internacional considera `crímenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable para todos los Estados`".
Charles agrega que la noción de "crimen contra la humanidad" no quedó "congelada en el Estatuto de Nuremberg" -que juzgó a los criminales de guerra nazi- sino que "evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía" y se "materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de crímenes contra la humanidad devino un imperativo universal".
El juez sostiene que "la práctica sistemática de torturas, desapariciones forzadas y homicidios, respaldada ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional, constituye un `crimen de lesa humanidad`".
En su escrito, se refiere a un "aparato organizado de poder", y cita a Julio César Strassera, fiscal en el juicio a los miembros de las juntas militares de Argentina, cuando dice que se trata "de un tipo de organización con un centro de decisión desde el cual se imparten las directivas". Es por eso que Charles sostiene que corresponde en este caso el concepto de "autor intelectual", porque "los mandos determinan a otros a cometer el delito, ya sea por la pasividad de su control en la legalidad de las acciones, ya sea por la implementación, planificación y dirección de los opera- tivos".
En ese sentido, recuerda que el 18 de mayo de 2006, Álvarez y otros ex comandantes en jefe del Ejército, dieron a conocer una carta en la que asumen la responsabilidad "por acción u omisión" de "las eventuales consecuencias por los actos del servicio" cumplido durante el gobierno de facto.

Cuando pierda la libertad...

"Yo tengo la conciencia limpia como gobernante y como militar".
"Lamentablemente soy un sobreviviente del Ejército. Están todos muertos".
"Yo enfrentamientos con los subalternos nunca tuve. Los mandos que yo conozco todos son responsables de lo que han hecho, de las órdenes que han dado".
"El jefe es responsable de lo que hace y de lo que se deja de hacer. Como en aquella época el Ejército estaba siendo acosado por la prensa y por todos los sectores políticos e ideológicos, alguno se tenía que hacer responsable: el comandante en jefe".
"Cuando pierda la libertad física voy a hablar de todos los temas".
(Frases de una entrevista con Búsqueda el 6 de diciembre)

(Fuentes: Prensa Latina, Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina y El País-Montevideo)