Chile-Argentina: Militares

CINCO DE LOS NUEVE GENERALES DEL ALTO MANDO, ACUSADOS DE VIOLACIONES CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. EL 30 POR CIENTO DE LOS OFICIALES EN ACTIVO, IMPLICADOS EN LA REPRESIÓN PINOCHETISTA

Cinco generales de Alto Mando del ejercito chileno han sido recientemente acusados, ante lostribunales, de participar en casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Se trata de los generales en activo Guillermo Castro, Eduardo Aldunate, Julio Baeza, Cristián Le Dantec y Gonzalo Santelices, integrantes del Alto Mando militar conformado por nueve generales en total.

Los generales Guillermo Castro Muñoz, Eduardo Aldunate Hermann, Julio Baeza von Bohlen y Cristián Le Dantec Gallardo están acusados de la matanza de 22 campesinos en la localidad rural de Paine en 1973.
Por su parte, el general Gonzalo Santelices, es señalado como participante de la llamada Caravana de la Muerte que, entre otros crímenes, fusiló a 14 jovenes en la ciudad de Antofagasta. El general Santelices, hasta hoy Jefe de la Guarnición Militar de Santiago, se ha visto forzado a presentar su dimisión, que será oficializada en las próximas horas.
El diario chileno La Nación denuncio este domingo que el 30 por ciento de los oficiales chileno en servicio activo en las Fuerzas Armadas de ese país participó de operativos represivos durante la dictadura militar.
Según este medio, "en el Gobierno reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes" de la Central Nacional de Informaciones(CNI) la temible policía política pinochetista.

El Gobierno chileno se enfrenta a una grave polémica

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se enfrenta a una delicada polémica sobre la denunciada participación de altos oficiales del Ejército en servicio activo en la represión tras el golpe militar de 1973.
De los cinco generales de división miembros del Alto Mando destaca el caso del general Gonzalo Santelices, actual jefe de la estratégica Guarnición Militar de Santiago, involucrado en el denominado caso Caravana de la Muerte, habría reconocido judicialmente -hace más de cinco años- haber participado en la comitiva que trasladó a esos prisioneros políticos, por lo que la semana pasada el abogado Hugo Gutiérrez solicitó que declarara como "inculpado" y no como "testigo".
Organizaciones de los derechos humanos demandaron que el general, quien era un joven sub-teniente en octubre de 1973 cuando fueron cometidos los crímenes, al menos, sea alejado del las filas del Ejército.

El tema repercutió de inmediato en el Palacio de La Moneda, donde la presidenta Bachelet renovó su gabinete ministerial el mes pasado para impulsar el "segundo tiempo" de su mandato.
La cúpula gubernamental definió su posición al respecto, pero trascendieron al público las diferencias de opinión de dos ministros políticos: Francisco Vidal, secretario general de Gobierno, y José Antonio Viera-Gallo, secretario general de la Presidencia.
El primero, vocero del Gobierno y en esos momentos ministro interino de Defensa, anunció que había comunicado la opinión del Gobierno -que no hizo pública- al Comandante en Jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, para que tome las medidas pertinentes.
Pero el mismo día, Viera-Gallo comentó que la generación de jóvenes tenientes (o sub-tenientes) de entonces, algunos de ellos actualmente generales, no tiene la máxima responsabilidad en la represión por haber sido subordinada a órdenes superiores.
Disgustado, Vidal aseguró que esa era una opinión personal de Viera-Gallo y no la posición del gobierno pero, poco más tarde, ambos aclararon que no había discrepancias entre ellos, aunque ya la polémica se había desatado.
El general Izurieta, según fuentes gubernamentales, debió interrumpir sus vacaciones para tratar el tema de Santelices, así como también el llamado Caso Paine, que involucra a otros cuatro generales.
Estos días los medios chilenos estiman que un 30 por ciento de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, superiores al rango de mayor, integraron los aparatos represivos de Augusto Pinochet y alertan sobre un posible "pacto de silencio" entre ellos, que ya cumple más de 34 años.

El general Santelices entregará hoy el cargo

El general de división Gonzalo Santelices, acusado de participar en crímenes del llamado caso Caravana de la Muerte, en 1973, entregará hoy su cargo de jefe de la estratégica Guarnición de Santiago.
Santelices, quien era subteniente en la época de esa violación de los derechos humanos, que culminó con el fusilamiento de 14 presos políticos, ha guardado silencio absoluto hasta ahora.
Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, ha sido parco al referirse a la “renuncia voluntaria” del cuestionado militar.
Trascendió que Santelices será reemplazado interinamente por el general Pedro Olid, mientras se nombra el nuevo comandante de la Guarnición de Santiago.
Santelices renunció al Ejército la víspera, al cumplir 55 años, luego de ser denunciado como participante del mencionado caso, que tuvo lugar en las afueras de la norteña ciudad de Antofagasta.
Hace cinco, años Santelices declaró ante tribunales en calidad de “testigo” del caso, pero se espera que en marzo sea citado como “inculpado” ante el juez Víctor Montiglio.
Su renuncia alivió en parte las tensiones creadas al confirmarse su vinculación con los asesinatos, denunciada por abogados y organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El Gobierno, a través del ministro de Defensa, José Goñi, manifestó ayer su satisfacción por la forma en que el Alto Mando resolvió la delicada situación de Santelices.
No obstante, aun hay otros cuatro generales en servicio activo (parte de los nueve integrantes del Alto Mando) señalados como responsables del llamado caso Paine, donde fueron asesinados 22 campesinos, tema que ocupa la atención de los chilenos.

El 30 por ciento de las FF.AA. integró el aparato represivo

Alrededor del 30 por ciento de los oficiales chilenos en servicio activo de las Fuerzas Armadas participó de los operativos represivos de la dictadura militar, incluidos cinco de los nueve generales de la actual cúpula del Ejército. La información fue difundida por el diario La Nación, añadiendo que "el fantasma" por su posible citación en causas judiciales abiertas por crímenes de lesa humanidad los vuelve a perseguir, "ahora que están en el momento más álgido de sus carreras".

Los generales Guillermo Castro, Eduardo Aldunate, Julio Baeza y Cristián Le Dantec son los cuatro generales en servicio activo que han sido vinculados con la violación de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los cuatro militares forman parte de los 39 subtenientes egresados en agosto de 1973 de la Escuela Militar que fueron destinados a la Escuela de Infantería. "En el Gobierno -escribe La Nación- reconocen que en todas las ramas de las FFAA aún se encuentran en servicio activo ex agentes" de la ex Central Nacional de Informaciones(CNI), dependiente de la inteligencia de Ejército. "Sólo el Ejército conformaba el 70% de la dotación de la CNI y destinaba cada año cerca de 250 efectivos", precisó el diario chileno. A finales de 2005, cuando el general Oscar Izurieta asumió como Comandante en Jefe, 13 de los 30 generales que se encontraban en servicio activo habían pasado por la Central Nacional de Informaciones.

El diario también reflexiona que, la cantidad de oficiales involucrados complica la doctrina de la "obediencia debida" con que los gobiernos chilenos intentaron mantener al margen de los cuestionamientos a la conducción militar desde el retorno de la democracia.

El matutino relató que un civil, Juan Quintanilla, que participó en la masacre de 22 campesinos de Paine, echó por tierra el argumento con que siempre se defendieron los oficiales de que no habían "reconocido" a sus superiores, porque los operativos eran nocturnos. Sin embargo, en el careo con el coronel retirado Andrés Magaña, Quintanilla afirmó que la matanza de los campesinos del Paine había sido de día y "con el sol en la cara de los detenidos". Ante la negativa de Magaña en aceptar su versión, Quintanilla insistió: "Usted me obligó a disparar, diciéndome que si no lo hacía, también iba a parar al fondo de la quebrada junto al resto". Quintanilla arremetió con otro dato al agregar que "eran dos subtenientes recién egresados de la Escuela Militar". La abogada Pamela Pereira, hija de una de las víctimas de Paine, denunció "la falta de transparencia" del Ejército al informar sobre los antecedentes de su cuerpo de oficiales. "Cuando un subsecretario no tiene el título profesional que dice haber tenido, se le pide la renuncia. Entonces, no puede ser que se sostenga que aquí hay antecedentes que se omitan para que no nos enteremos y No se produzca el impacto que crea el saber este tipo de información", señaló la abogada.

(Para leer el informe completo de La Nacion-PULSAR AQUÍ

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Argentina:

COMIENZA JUICIO A MILITARES GENOCIDAS

Seis ex militares de la dictadura argentina 1976-1983, incluido el ex jefe de Ejército, Cristino Nicolaides, serán juzgados a partir de este martes en la ciudad de Corrientes, 1.144 kilómetros al noreste de Buenos Aires, acusados de graves violaciones a los derechos humanos. El juicio será el segundo en que ex militares argentinos se sientan en el banquillo de los acusados, desde agosto de 2003 cuando fueron derogadas las leyes de amnistía de la década del 90.

El ex general Nicolaides ya fue condenado el año pasado a 25 años de prisión -junto con otra decena de ex represores - por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de militantes de la organización guerrillera Montoneros (peronista de izquierda) que en 1979 intentaron regresar clandestinamente al país.

Nicolaides, tres ex capitanes de Ejército y dos jefes de Gendarmería, están acusados del secuestro y desaparición de los jóvenes correntinos Rómulo Artieda y Ramón Vargas, ocurridos durante la dictadura. Durante el juicio presentarán testimonio 25 ex prisioneros políticos que denunciaron haber sido secuestrados, encarcelados y torturados en el Regimiento 9 de Infantería de Corrientes

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Prensa Latina, La Nación-Chile)

Argentina-Cono Sur: Dictaduras militares

BUENOS AIRES SERÁ LA SEDE DEL PRIMER GRAN JUICIO ORAL POR EL 'PLAN CÓNDOR', LA SANGUINARIA TRANSNACIONAL DE LOS 'MILICOS' GENOCIDAS Y LA CIA

.Operó en los años 70 y dejó 50.000 muertos

.La red criminal estuvo integrada por Argentina, Chile,Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil

El juez federal argentino, Ángel Osorio, confirmó recientemente al diario mexicano La Jornada que será elevada a juicio oral la causa que investiga a los responsables de coordinar el denominado Plan Cóndor durante la década del 70 en el Cono Sur. Se trata del mayor proceso que investiga los crímenes cometidos por la organización ilegal de gobiernos militares de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile y de la CIA, la agencia oficial de los EE.UU. durante la década del 70.
El juicio oral contará con la participación de 109 testigos de los secuestros, torturas y asesinatos articulados por las dictaduras sudamericanas, según reseñó ayer el diario La Jornada.
Los querellantes en el juicio son los familiares de Cristina Carreño Anaya, chilena desaparecida en Argentina en 1978; de Federico Tatter, paraguayo desaparecido en 1976; de Sara Rita Méndez, uruguaya secuestrada junto a su hijo en 1976 y escondida en el centro clandestino de detención argentino, Automotores Orletti.
Los demandantes en la causa también son los familiares de Mónica Grinspon de Logares, argentina desaparecida en Montevideo en 1978 junto a su hija y esposo Claudio Ernesto Logares, y los familiares de María Esther Ballestrino de Careaga, paraguaya secuestrada en Argentina en 1977.
El denominado Plan Cóndor fue la operación que coordinaba las acciones criminales de las dictaduras sudamericanas durante la década del 70 y permitía traslados clandestinos de desaparecidos de un país a otro.

Uno de los mayores planes de extermino de la historia

La Operación Cóndor es el nombre con el que es conocido el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur de América -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- y la CIA en la década de 1970, que se constituiría en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado y que tuvo como resultado el asesinato y desaparición de gran número de opositores a las mencionadas dictaduras.
En el marco de la Guerra Fría, se establecieron muchas operaciones destinadas a hacer desaparecer opositores y a usarlos como parte de la propaganda del miedo. Uno de estas operaciones fue la Operación Fénix en Vietnam. Todas ellas basadas en el Decreto Noche y Niebla de Adolfo Hitler.

Los objetivos del Cóndor

Los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen
Susana García Iglesias, abogada argentina colaboradora del juez español Baltazar Garzón, describió a la BBC cómo funcionaba la coordinación:
"Los opositores políticos eran detenidos en cualquier país y luego, al ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno, eran trasladados a su país de origen... Esta colaboración implicaba evidentemente el desconocimiento de las fronteras. Lo digo especialmente porque muchos de ellos en los últimos tiempos, a la hora de ser juzgados, apelan al argumento de la soberanía nacional".

Para la profesora Patrice McSherry, de la Long Island University, mediante un documento secreto de la CIA, fechado en junio de 1976, se confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires. Según esta investigadora, los planes se diseñaron en los años 60 en la Escuela de las Américas y las Conferencias de Ejércitos Americanos, mediante las cuales Estados Unidos enseñó a los oficiales instruidos en ellas, acciones "preventivas" en la región. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de junio de 1976, explica que ya "a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos".

Por los archivos desclasificados de la CIA, se supo que Manuel Contreras, jefe de la DINA(policía política pinochetista), fue invitado en 1975 al cuartel General de la CIA en Langley-Virginia, por 15 días [1]. Después de esa visita, Contreras aparece como "creador" de la Operación Cóndor. Otras investigaciones señalan a Henry Kissinger como el ideólogo de dicha operación.

El asesinato del general chileno Carlos Prats en Argentina y del ex ministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier en Estados Unidos, fueron parte de la operación, mientras que Bernardo Leighton escapó justo de una tentativa de asesinato en Roma, organizada por el fascista italiano Stefano Delle Chiaie(vinculado a crímenes de la extrema derecha en España, como los de Montejurra en 1977), quien era un miembro de la Operación Gladio. Quien accionó la ametralladora que hirió gravemente a Bernardo Leighton y a su esposa, fue el terrorista de origen cubano Orlando Bosch Ávila, implicado con Luis Posada Carriles en el sabotaje con una bomba del vuelo de Cubana de Aviación en 1976, que dejó 73 muertos.

Los agentes de la Operación Cóndor actuaron tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y Europa. En Madrid intentaron secuestrar a líderes del MIR chileno, mientras que en Roma operaron contra disidente políticos argentinos.

El terrorista italiano Stefano Delle Chiaie ha reconocido que en los asesinatos de Prats y Letelier, participó el agente de la CIA, estadounidense Michael Townley. El terrorista cubano-estadounidense Luis Posada Carriles también participó en la reunion en la que se decidió asesinar a Orlando Letelier, quien se había exiliado en Estados Unidos.

Según los Archivos del Terror descubiertos por Martín Almada(Premio Nobel Alternativo 2001) en la ciudad de Lambaré, Paraguay, en 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos,

Nuevas Documentaciones y Hallazgos

La historiadora Patrice McSherry ha publicado una investigación basada en documentos desclasificados recientemente por la CIA que muestran que la operación se inició dos años antes de lo previsto, en 1973. McSherry determinó que un documento de la CIA, con fecha del 23 de junio de 1976, comprueba que un año antes del surgimiento oficial del Plan Cóndor, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia "se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos"
Los archivos desclasificados por Estados Unidos, a partir de la cantidad de juicios abiertos en el Cono Sur, el descubrimiento de los Archivos del Terror de Paraguay (1992), la detención de Augusto Pinochet en Londres , muestran no sólo la vinculación de Kissinger sino sus órdenes directas. También en Argentina se piensa citarlo en el juicio contra la Operación Cóndor. Visitando París lo sorprendió la citación del juez Roger le Loire, el mismo que ordenó la detención en Roma del militar argentino Jorge Olivera por el secuestro y desaparición de Anne Marie Erize, una joven de origen francés. Olivera fue liberado poco tiempo después, mediante una maniobra que incluye pruebas falsificadas, lo que dejó mal parada a la justicia italiana.

La aparición del libro The Trial of Henry Kissinger, del periodista e investigador británico Cristopher Hitchens, es tan revelador como otros libros y documentos acumulados en los últimos tiempos sobre el papel del ex secretario de Estado de dos gobiernos de su país, los de los republicanos Richard Nixon y Gerald Ford. "Kissinger y su equipo idearon el proyecto destinado a asesinar al general chileno René Schneider, que no sólo era líder de las fuerzas armadas de Chile sino que no hubiera aceptado el golpe de Estado", dice Hitchens, en una entrevista con el corresponsal de Página 12 en París. Agrega: "Se trata de una atrocidad absoluta y nosotros contamos con todos los detalles del atentado planeado por Kissinger y que le costó la vida a Schneider. Hay que decir también que se trata de una atrocidad contra la democracia chilena. Durante 25 años Kissinger impidió que los chilenos eligieran a su presidente".

La influencia brasileña

Además de los archivos encontrados en Paraguay, otro de los documentos clave es el que el agente del FBI Robert Scherrer envió desde Buenos Aires a sus superiores en Estados Unidos en septiembre de 1976, que revelaba la existencia del Plan Cóndor.
La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas
Pero Loyola Guzmán, esposa de un desaparecido boliviano y presidenta de la Organización de Desaparecidos en ese país, insistió a la BBC que la colaboración entre gobiernos militares se remonta a mucho antes.
"Hay un antecedente del plan Cóndor en el asesoramiento que dio la dictadura brasileña a otros países. Hay que recordar que Brasil ya desde 1964 comienza a vivir un régimen dictatorial". "En nuestro caso concreto, Brasil ofreció ayuda y asesoramiento al gobierno militar que había subido al poder el 21 de agosto del '71, liderado por el entonces coronel Hugo Bánzer Suárez."
Carlos Tiburcio, vicepresidente de la organización anti-tortura "Nunca Más" de Brasil, explicó que la presencia brasileña también se hacía sentir en el Chile de Salvador Allende. "Yo estaba exiliado en Chile y en la época del gobierno de Allende, la represión brasileña ya estaba presente en Santiago", aseguró. "Los que estábamos en Chile teníamos noticia de la presencia de militares y agentes de la represión que filmaban y fotografiaban a los brasileños que participaban de las manifestaciones políticas, para que en el caso de volver a Brasil, pudieran ser detenidos y muertos como algunos lo fueron", recuerda Tiburcio.

Según Jair Krichke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Río Grande do Sul, el gobierno militar brasileño fue más allá de filmaciones y fotografías de exiliados en Chile. "La intervención brasileña fue muy fuerte en Chile. Como inspiración para el golpe militar y después como entrenamiento de militares chilenos en aspectos tácticos de la represión y en la aplicación de torturas".
Pero Brasil no se limitaba a asesorar a otros gobiernos, sino que recibía a agentes de otros países en su territorio para perseguir a opositores políticos, según el exiliado uruguayo Universindo Díaz, detenido y torturado en Porto Alegre."A mí me llevaron a la sede de la policía secreta y comenzaron a golpearme brutalmente. Me colgaron del techo y me dieron picana mientras me interrogaban. Los agentes brasileños me pegaban y había agentes uruguayos que me interrogaban". Según los informes de la CONADEP, la comisión argentina que investigó las despariciones durante el gobierno militar, al menos doce argentinos fueron desaparecidos en Brasil. La colaboración habría sido mutua. Jair Krichke cree que nueve brasileños desaparecieron en Argentina.

Los otros países

Según los testimonios, el gobierno militar de Brasil fue el que mostró el camino a los regímenes de facto. Y Chile fue la sede, mientras que Argentina fue el país donde más desapariciones se produjeron. En este esquema, también habrían cumplido una función los otros países.
Para el abogado paraguayo Martín Almada, su país fue el archivo:
"Leyendo los archivos del terror, uno descubre que Paraguay era más o menos como el banco de datos del Plan Cóndor. Por eso están los papeles de Cóndor en Paraguay".
Militantes políticos argentinos exiliados en Paraguay también han señalado que en diferentes ocasiones fueron detenidos en ese país por la policía local, pero terminaron siendo interrogados por agentes de Argentina.

Para el analista político boliviano Carlos Mesa (breve Presidente boliviano tras la caída de Sánchez de Lozada) la participación de su país fue menor, pero no por eso menos importante. "Bolivia tuvo importancia sobre todo para suministrar tanto a Chile como a Argentina información sobre el movimiento de lo que entonces se llamaba 'subversivos' argentinos y chilenos dentro del territorio boliviano...Además, el gobierno militar boliviano garantizó que en caso de ser detenidos, estos 'subversivos' serían entregados, como sucedió en algunos casos, a los gobiernos de esos países".

Por su parte, Samuel Blixen, periodista uruguayo que investigó a fondo la alianza militar regional, considera que la particularidad de los militares uruguayos es que estaban a sueldo del ejército argentino: "La participación uruguaya consistió fundamentalmente en el traslado de comandos uruguayos a Argentina, que se dedicaron a buscar, secuestrar, torturar y desaparecer a exiliados uruguayos en Argentina..A su vez, algunos oficiales argentinos operaron en Uruguay para secuestrar gente en Uruguay y trasladarla a Argentina". Mientras 32 uruguayos desaparecieron en su propio país, más de 150 desaparecieron en Argentina, ocho en Chile y dos en Paraguay.
La larga mano del Plan Cóndor también alcanzó a dos legisladores uruguayos, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en 1976. (Para ampliar, leer interesante texto sobre la paraguaya Esther Ballestrino de Careaga, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, pulsando aquí en Comentarios, o al final de esta entrada)

Chile:

LA CORTE SUPREMA INVESTIGARÁ LA DESAPARICIÓN DEL DIPLOMÁTICO ESPAÑOL CARMELO SORIA

La Corte Suprema chilena decidió acoger un exhorto enviado por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, en el marco de la investigación del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).

Soria fue ejecutado por miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgano represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, el 14 de julio de 1976. En su secuestro y torturas participó el agente de la CIA Townley, vinculado al Plan Cóndor. El crimen permanece sin culpables debido a la Ley de Amnistía dictada en 1978 durante el régimen de facto, que impidió esclarecer los crímenes cometidos a contar del 11 de septiembre de 1973.

El exhorto enviado a Chile por el magistrado español pide que Chile entregue antecedentes de 15 ex ministros de Estado y ex agentes represivos de la dictadura, a quienes Garzón busca procesar por "genocidio, terrorismo y torturas". Tras este fallo, la justicia chilena deberá informar a Garzón sobre la situación procesal de las personas requeridas. El cadáver de Carmelo Soria, quien fue secuestrado y torturado antes de ser asesinado, fue abandonado dentro de su automóvil, el que fue arrojado en un canal de regadío al norte de Santiago, en un intento de la DINA por simular un accidente.

"A mi padre le fracturaron casi todas las costillas, tiene fracturadas manos, pies y finalmente lo matan jalando su cabeza, que la ponen entremedio de dos peldaños de una escalera y la jalan", ha dicho reiteradamente a la prensa la hija del diplomático, Carmen Soria. En agosto de 2007, el Senado chileno autorizó el pago de poco menos de 1 millón 100 mil euros como indemnización del Estado a la familia de Carmelo Soria por el crimen. La hija del diplomático dió una dura y extensa batalla para que el Estado chileno reconociera la condición de funcionario internacional de su padre y que el crimen lo habían cometido agentes del gobierno militar y sólo logró la indemnización tras denunciar a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Argentina:

DETENIDO EL REPRESOR PATTI

La Justicia Federal de Argentina ordenó este jueves la detención del ex subcomisario Luis Patti, acusado de privación ilegítima de la libertad en la causa que investiga tres desapariciones durante la última dictadura. Patti quedó detenido tras presentarse a declarar ante los tribunales de San Martín, en la periferia oeste de la capital, a cargo del juez federal Alberto Suáres Araujo. Está acusado de participar en los secuestros y desapariciones de Gastón Goncalvez, Diego Muñiz Barreto y Carlos Souto.
Patti era subinspector de la comisaría de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.
Testigos de la causa señalaron que Gastón Goncalvez fue torturado en esa comisaría bonaerense con la participación de Patti.
Al finalizar la dictadura, Luis Patti fue intendente(alcalde) del municipio de Escobar. También se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre pasado.
Además, la Cámara de Diputados de la Nación le impidió el año pasado acceder a un escaño en esa institución, por carecer de "idoneidad moral" para ocupar el cargo.(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, Wikipedia, BBC-Mundo, La Vanguardia-Barcelona-EUROPA PRESS)