Mostrando entradas con la etiqueta pinochet. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta pinochet. Mostrar todas las entradas

27.11.10

Chile:Los Mapuche

EL GOBIERNO CHILENO VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MAPUCHE AL MANTENER PRESOS A VARIOS MENORES DE EDAD. LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA ETNIA AMENAZAN CON UNA NUEVA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA LEY ANTITERRORISTA DE PINOCHET


Presos mapuche menores de edad han sido entrevistados en la cárcel de Chol Chol. La entrevista, difundida por la Agrupación Mapuche Kilapan el miércoles, 24 noviembre fue realizada por Julieta Vargas, investigadora de la Fundación de Apoyo a la Niñez Desprotegida

-








Luis, Cristian, José, quisiéramos saber en su voz cuál es la situación que enfrentan.

-Parto yo. Mi nombre es Cristian Alexis Cayupán Morales y soy del LofMuko. Llevo aquí más de 11 meses esperando la preparación del juicio oral, que se ha suspendido una y otra vez. Tengo a mi papá enfermo hace unos años de cáncer terminal y no me gusta estar lejos de él.Yo pienso que se han cometido muchas injusticias con nosotros los niños, los menores de edad. Por ejemplo, cuando a mí me detuvieron me torturaron, me amenazaron con mi familia diciendo que les iban a hacer daño. Me pegaron, torturaron sicológicamente y físicamente.

Aquí el tiempo se pasa así triste, mucha pena se pasa aquí. A pesar de todo lo que hemos hecho, los escritos y una huelga de hambre, seguimos aquí. Por aquí seguimos resistiendo como podamos porque más no se puede hacer: ya estamos aquí, ya nos tienen ellos y hay que luchar nomás, con nuestra fuerza, con nuestra mente y pedirle el apoyo a la gente que lea esto. Nosotros queremos decirle de la injusticia que se comete con los niños mapuche, con el pueblo mapuche, y que nosotros no queremos que le pase esto mismo a mi hermano, a mi hijo, a sus nietos.

-¿Qué está está pasando hoy, Cristian, en tu comunidad?

-En mi comunidad ahora ya no hay jóvenes, quedan las mamás, las abuelas, los niños chicos. Son esos los que están quedando y siguen reprimiendo, siguen buscando a más niños para engañar y trarles de sacar información con amenazas.
-¿Qué tipo de engaños viven los niños y niñas en las comunidades hoy?

-A los niños chicos les regalan cosas, les llevan juguetes, les traen galletas, pastillas, y les preguntas cosas, van a visitarlos a la escuela y si los pillan en la calle los interrogan y los amenazan.

-A casi dos meses del término de la Huelga de hambre, ¿qué sacas en claro?
-Yo no hice huelga porque mi papá está enfermo y tenemos problemas económicos. Pero yo encuentro que es injusto que los jóvene estuviéramos que llegar a la huelga de hambre para conseguir algunas cosas, aunque casi no se consiguió nada. Se tuvo que arriesgar la vida de adultos y también de niños.









-Luis, ¿podrías hablar de ti y explicarnos cuál es tu situación?

-Sí. Mi nombre es Luis Marileo Maniqueo y soy de la comunidad Cacique José Guiñón de la comuna de Ercilla. Yo ya voy a cumplir siete meses en este lugar.Yo veo que la injusticia que se ha cometido en contra de nosotros ha sido grande porque no han respetado nuestros derechos de ninguna forma.

Nos han sacado de nuestros colegios, nos han alejado nuestras familias, nos han torturado, nos han acusado de terroristas, que no lo somos, y nos tienen aquí prisioneros. Recuerden que el compañero Leonardo Quijón también llegó un día acá, herido de una pierna, y estuvo alrededor de seis meses. Él logró demostrar su inocencia en el juicio oral, pero nadie se hizo responsable de los seis meses que él estuvo prisionero, de todo el daño psicológico que le causó y que nos está causando a nosotros también. La verdad es que es irreparable porque nos mantienen prisioneros cuando nosotros sabemos que en ningún país se le ha acusado de terrorista a un menor de edad. ¿Y por qué nosotros sí? Yo fui partícipe de la huelga de hambre. Pasé 42 días sin probar alimento.El gobierno nos ha dicho que nos quitó la Ley Antiterrorista, pero cuando pedimos las cautelares, no nos las dan porque la modificación que le hicieron a la Ley no ha sido verdadera, no ha sido completa. El gobierno ha engañado a los niños y jóvenes porque seguimos acusados de terroristas y no nos quieren dar la libertad.A nosotros nos acusan testigos protegidos que dicen cosas falsas. No tienen ninguna certeza de que hayamos participado en los hechos. En realidad, nosotros estamos acá porque a un testigo, que nadie conoce,se le ocurrió decir que nosotros éramos culpables.

Yo les digo a ustedes que nosotros nunca hemos tenido participación en hechos violentos, nosotros somos estudiantes.Yo estaba en tercero medio en el Liceo y trabajaba para poder estudiar. El año pasado, no estuve ni una semana y me fueron a buscar ahí, y ya no pude volver más. A nadie le importa todo el esfuerzo que hizo mi mamá, mi familia para que yo pudiera estudiar. El gobierno no respeta nuestro derecho de estudiar y de estar con la familia, no se nos ha respetado nada.

-Tú que estuviste en huelga de hambre, ¿qué cosas se lograron?

-Mi impresión es que algunas cosas han cambiado, hay otras que siguen igual, como lo que decía Cristian sobre que nos siguen aplicando la Ley a los menores.En mi caso, mi papá me pidió las medidas cautelares y aunque ganamos con dos jueces que votaron a favor y un juez que votó en contra de mi libertad, finalmente no fue así porque, como era Ley Antiterrorista,tenían que estar los tres a favor.

-José, ¿podrías contarnos de ti y de por qué estás internado en este centro?

-Yo estoy acá porque me acusan de terrorista por ser mapuche. Estoy acá por pensar diferente, porque mi cultura es diferente, porque mi pensamiento es diferente, porque soy de una comunidad que está en conflicto, de un lugar donde el Estado chileno tiene un conflicto con las comunidades porque no devuelve las tierras. Desde que soy un niño,mi comunidad ha sido reprimida por el Estado. Estoy preso aquí porque ya no quedaba nadie más a quién detener en las comunidades. Porque todos los adultos están detenidos, ahora están deteniendo a los niños. Nos están deteniendo a nosotros y después nosé a quién van a detener. Ya no se salva nadie en las comunidades;sólo las mujeres adultas, los ancianos, ellos se salvan.Nosotros llevamos meses aquí y tenemos para harto rato más, para hartos meses más porque la modificación que le hicieron a la Ley no se cumplió, nada nos sirvió a nosotros. A nosotros nos dijeron que no nos iban a acusar más de terroristas, pero seguimos siendo nombrados igual de terroristas. No nos tocan cautelares, nada, ningún derecho nuestro se ha cumplido.

Yo también hice huelga, pensando, creyendo que en algún momento se solucionaría todo. Bajé mi huelga de hambre porque mi familia estaba preocupada, la bajé también creyendo en el gobierno que en un momento dijo que se solucionó todo. Al final fue todo falso, fuimos engañados otra vez, fuimos engañados con falsas palabras, dijeron que nos habían quitado la Ley Antiterrorista, pero seguimos igual, seguimos aquí y quizás por cuánto tiempo más estaremos aquí detenidos.

-¿Qué mensaje le darían ustedes a los jóvenes mapuche, a quienes no lo son, y que van a leer sus palabras?

-Mi mensaje es que no se alarmen, que no se alarmen, que la prisión no va a callar a nuestro pueblo. Esta es una lucha y tenemos que lograrla,que no se asusten porque nos están encarcelando.A los jóvenes les pediría que nos apoyen desde afuera, que nos apoyen de una u otra forma; a todos que nos apoyen.Yo quiero comunicarle esto a los jóvenes: que nos apoyen, que nosotros a pesar de todo lo que estamos pasando seguimos fuertes. Que quizás por ser mapuche hoy día nos torturan, nos persiguen, pero no por eso vamos a bajar los brazos. Ojalá que esa gente que está sentada en su casa haga algo por nosotros, por que a los niños que están afuera no les pase lo mismo que a nosotros.Yo les pido que nos ayuden a obtener nuestra libertad y que nos ayuden a que a los niños como nosotros que no les suceda lo mismo, a que su familia no sufra lo mismo que está sufriendo nuestra familia. Que nos ayuden para que no se vuelvan a cometer esas injusticias, esas torturas, esos engaños a los niños, esas persecuciones que no los dejan vivir como niños: con los derechos que todo niño debiera tener,(a estar con su familia, a poder estudiar a lograr algo de su vida).Yo le pido ayuda a toda esa gente, y apoyo. Aquí aguantaremos.Nosotros no queremos que lo que nos pasó a nosotros les pase a nuestros hermanos, a nuestros hijos, ni a cualquier persona de nuestra sangre, que es mapuche.

Los Comuneros mapuche retomarán la huelga de hambre


Los 17 indígenas mapuche encauzados bajo la Ley antiterrotista chilena, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, anunciaron este martes que reactivarán la huelga de hambre en demanda de juicios justos. Los comuneros esperan una respuesta oficial para proceder con su protesta pacífica.

De acuerdo con portavoces y familiares de los comuneros, durante una audiencia realizada este martes, la Fiscalía chilena utilizó testigos sin rostro por el sistema de video conferencia y con un mecanismo distorsionador de voz, lo que causó la indignación de los acusados.

El testimonio presentado contra los mapuche fue considerado por la defensa como burdo y acto seguido los acusados, en protesta por ello, se retiraron a sus calabozos.

Ante el juicio que consideran amañado, los detenidos tomaron la determinación de proseguir con el ayuno que habían protagonizado hasta el pasado octubre, durante más de 80 días, y mediante el cual solicitaron a la justicia chilena un juicio justo.

Los comuneros consideran que el gobierno chileno no les ha dado respuesta alguna sobre las tres peticiones que consideran fundamentales para que en el proceso se salvaguarden sus derechos. Los mapuche solicitan nuevamente que los jueces del caso sean inhabilitados por haber enjuiciado previamente a alguno de los acusados, que la Fiscalía recalifique sus delitos para que no sean considerados como terroristas antes de ser juzgados y por último que el Ministerio Público no pueda utilizar a los testigos protegidos, tal y como sucedió en la mañana del martes

Los mapuche enjuiciados esperan una misiva oficial del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet, donde se reflejará la posición oficial del gobierno del presidente Sebastián Piñera ante las demandas de los comuneros. La carta también es resultado de la labor mediadora entre los mapuche y el Ejecutivo chileno realizada por monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Concepción (ciudad del sur oeste).


Juana Reimán, madre de uno de los presos políticos mapuche, afirmó que la decisión que tomarán los comuneros es inminente en vista de que se siguen utilizando a testigos sin rostro en los juicios en contra de los comuneros, como ocurrió en los últimos días en Cañete.

“Los testigos encubiertos siguen vigentes. La negociación con el Gobierno está mal. No se ha cumplido con todas las promesas y por eso quieren retomar la huelga. Ellos no son delincuentes ni terroristas. Ellos tienen familias y quedan botadas porque están condenados por crímenes que no han cometido”, dijo la madre.

Desde la comunidad de Temucuicui, el werkén (mensajero en mapuche)Jorge Huenchullán afirmó que las movilizaciones sólo se retomarían en Concepción, mientras que en otros penales del sur del país los comuneros se mantendrán en alerta, pues no ven avances en la promesa del Ejecutivo. Huenchullán explica que en el caso de la recalificación de condena de delito terrorista a delito común “no se han materializado los compromisos. Aquí la situación puntual es que los hermanos pedían la recalificación de los delitos. El Ministerio Público tiene que cambiar las acusaciones, es decir, deberían ser procesados por delitos comunes y eso no se ha concretado”.

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se manifestó en desacuerdo con la idea: “Yo espero que nadie retome la huelga de hambre. La verdad es que todo lo que se ha comprometido se ha cumplido y, por lo mismo, siento que no hay ninguna razón. Tenemos que mirar hacia el futuro y hemos estado hablando muy bien con los pueblos originarios y me parece que tendremos muy buenas noticias en la materia”, comentó .

Más temprano, el arzobispo de Concepción y recientemente electo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, había advertido que los mapuche podrían retomar la medida, que él mismo intercedió para que depusieran los 34 comuneros que se mantuvieron en una prolongada huelga de hambre hasta octubre.

En esa ocasión, el Gobierno se comprometió a retirar los cargos de terrorismo que pesaban contra los detenidos. Sin embargo, la fiscalía se negó a hacerlo en el caso de la agresión al fiscal Elgueta. Asimismo, el Ejecutivo habría anunciado el término del uso de los testigos encubiertos y otras medidas que se toman en el marco de la aplicación de la actual Ley Antiterrorista.

(Fuentes:Agrupación Mapuche Kilapan,
teleSUR-Prensa Latina-La Tercera-Radio Bio-Bio y Radio Cooperativa)

18.10.10

Chile:Mineros

PAISAJE DESPUÉS DE LA PROPAGADA HAZAÑA:
LA MINERÍA CHILENA, UNA INDUSTRIA QUE MATA GRACIAS A LA PERMISIVIDAD DE LOS REGLAMENTOS PINOCHETISTAS AUN VIGENTES
(373 muertos en una década, 31 en lo que va de año)


A las 0:10 hora de Chile del miércoles 13, Florencio Ávalos, de 31 años, apareció en la superficie en la cápsula “Fénix2”, diseñada especialmente para el rescate, a cargo de la estatal minera Codelco. Ávalos fue el primer trabajador en salir y fue recibido por sus familiares, compañeros del sector, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el ministro de Minería, Laurence Golborne, entre otras autoridades.

La mina San José, de cobre y oro y perteneciente a la empresa San Esteban, está situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de la capital del país, Santiago. La compañía ya había recibido varias denuncias por las precarias condiciones de seguridad de sus trabajadores, inclusive en esa mina.

Por ejemplo, en 2007, obreros de la empresa junto a sindicatos de otras compañías que prestaban servicios a la minera, presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones y el gubernamental Servicio Nacional de Geología y Minería por la muerte de tres trabajadores en el yacimiento San José y en el de San Antonio. Los obreros movilizados pidieron el cierre de San José. Desde el sindicato de la compañía se afirmó que en el yacimiento no habían vías de escape, ventilación ni la fortificación necesaria, y que las autoridades de la empresa conocían la situación.

En este sentido, el diario chileno La Nación informó en su edición del 22 de septiembre que “en 2007 la mina fue cerrada después de la muerte de un obrero, reabrió en 2008, sin haber sido equipada con todas las instalaciones necesarias”. “Todos los que descendían sabían que la mina de cobre y de oro, de más de un siglo, no era segura. Unos 80 accidentes fueron señalados en el transcurso de las décadas”, agregó La Nación.

Los empresarios propietarios de San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemen, optaron por abandonar la zona de la mina el 22 de agosto, apenas unos días después que se supo que los trabajadores estaban vivos. No han pasado por el campamento “Esperanza”, donde los familiares de los mineros han esperado el rescate por más de dos meses.

San Esteban se enfrenta a varias investigaciones judiciales por el derrumbe de San José y anteriores accidentes. Tiene un pedido de indemnización de los familiares de casi 30 de los mineros que asciende a 12 millones de dólares. Es de esperar que los empresarios declaren la quiebra de la empresa. El Estado chileno enfrentaría otro pedido de indemnización millonario por sus fallas en la fiscalización.

La historia de los 33 mineros atrapados en Chile tiene hasta el momento un final feliz. ¡Enhorabuena! Desgraciadamente, las historias con finales tristes son demasiadas en el sector en diversas partes del mundo, donde aparecen como muy frecuentes las malas condiciones de trabajo y seguridad. En Chile, datos del Servicio Nacional de Geología y Minería indican que en la última década murieron 373 trabajadores en accidentes mineros. En lo que va de 2010 ya van 31 fallecimientos.

A nivel mundial las muertes son miles al año. Según la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de Química, Energía, Minería y Afines, la industria minera termina con la vida de 12.000 trabajadores anualmente. Y esa cifra es la que se puede registrar, porque se denuncia que en muchos países los responsables de las empresas pagan el silencio de los familiares de los trabajadores fallecidos.

China es el país donde la minería es más peligrosa. Sólo el año pasado murieron allí 2.631 trabajadores. En tanto, este año los mayores accidentes en el sector se cobraron la vida de al menos 200 personas en Sierra Leona y de decenas en Colombia, Rusia y Estados Unidos.

Sólo 24 estados han ratificado hasta ahora la Convención de Seguridad y Salud en Minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmada en 1995. Chile, el mayor productor mundial de cobre, está entre los países en deuda.
La historia de los mineros chilenos ya es mercancía


Mientras el portavoz de los 33 mineros chilenos rescatados, Juan Illanes, pidió a los medios que cesen “el acoso periodístico”, empresas audiovisuales y editoriales afilan sus dientes con el drama vivido por los obreros de la mina San José.

La transmisión en directo del rescate de los mineros chilenos, que se extendió por unas 24 horas, se convirtió en espectáculo global. Se calcula que cerca de mil millones de espectadores siguieron las transmisiones en directo. Agotada la cobertura noticiosa, la historia de los 33 mineros de San José se prepara para la pequeña y la gran pantalla, y también para los libros.

La cadena española de TV, Antena 3 filma desde hace 10 días en Chile ‘Los 33 de San José’, una película para televisión. Grandes cadenas internacionales como HBO y Discovery Networks preparan documentales sobre el plan de rescate.

Las editoriales también están de cacería. La pieza más codiciada son los textos que el operario Víctor Segovia escribió durante sus días de encierro en la mina por el que llegarían a pagar hasta 50 000 dólares. Se dice que este testimonio podría derivar también en guión de cine.

Lo que nadie sabe es cómo todo esto contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los mineros chilenos. En paralelo con el drama de San José, siete trabajadores perdieron la vida durante las últimas semanas en otras minas del país.


El lado oscuro del rescate


El miércoles 13 de octubre millones de personas en todo el mundo siguieron en vivo el increíble rescate de 33 obreros atrapados en la mina San José. Pero los que volvieron a la vida ese día fueron los primeros en advertirnos que otro pudo ser el final.

"Esto nunca más puede ocurrir", imploró el último de los rescatados ante el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuando salió a la superficie, luego de 70 días sepultado a 700 metros de profundidad. "Sáquennos de este infierno", había suplicado otro de los obreros en un mensaje a las autoridades semanas atrás.

Recién salido del hospital, el minero Edison Peña confesaba: "Yo creía que no iba a volver. Lo pasamos muy mal. ¿Tiene que acontecer algo como lo que nos ocurrió para que todo cambie?"

Incluso, cuando el mandatario chileno quiso tener impresiones del primer rescatista que bajó al socavón a auxiliar a los trabajadores, la reacción del interpelado tomó un giro tal vez imprevisto:
"Ojalá todo nos sirva de experiencia y que las cosas en la minería chilena sean diferentes", dijo el experto.

En Chile no hay más opción que trabajar arriesgando la vida o quedar cesante, opina el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez.

Según datos oficiales, la minería está entre las cuatro actividades económicas con mayor tasa de mortalidad, al contabilizarse casi 400 muertos en la última década y 31 en lo que va de año.

En medio de la euforia mediática por el rescate de "los 33", un minero de 26 años moría aplastado por una roca en un yacimiento de oro de la región de Valparaíso, al punto que el diario oficial La Nación acotó que el hecho enlodó las celebraciones.

Sobre las causas de la tragedia en la mina San José, la revista Punto Final sacó a la luz interioridades que apuntan a más de un responsable en lo sucedido. La publicación chilena informa de que la mina es una explotación de oro y cobre perteneciente a la Compañía Minera San Esteban, propiedad de la familia Kémeny, de larga tradición en actividades extractivas. Recuerda cómo desde hace años habían tenido lugar denuncias sobre la inseguridad del yacimiento ante el Servicio Nacional de Minería y Geología (SERNAGEOMIN), autoridades de Salud, el gobierno regional y la Superintendencia de Seguridad Social. Esos organismos hicieron oídos sordos, no acusaron recibo y menos dieron respuesta, subrayó Punto Final. Tal actitud se explicaría por la influencia de los Kémeny ante las autoridades, indicó. El rotativo pone los puntos sobre las íes: "los dueños del capital se preocupan esencialmente de ganar dinero, sin fijarse mucho en las formas de hacerlo".

A juicio del diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, la alegría por el rescate de los 33 mineros debió ir también acompañada de una reflexión acerca de cómo corregir la legislación respecto a las labores mineras en Chile.

Concluida la operación de salvamento, el propio presidente chileno anunció una profunda revisión en materia de seguridad laboral en varios sectores productivos del país, entre los que también enumeró la agricultura, el transporte y la pesca. "Queremos sacar lecciones útiles y fecundas de lo que pudo convertirse en una tragedia", señaló Piñera en alusión al derrumbe del 5 de agosto. "Un país que quiere ser desarrollado tiene que respetar y proteger a sus trabajadores", remarcó.

Y ciertamente, un mes antes del colapso del citado yacimiento se había cursado una multa a sus propietarios por el accidente que sufrió un trabajador y que provocó le fuera amputada una pierna.

A la sazón, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados pudo constatar diversas anomalías en la mina, como no contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro y no cumplir con normas de higiene y seguridad elementales.

Los parlamentarios también cuestionaron por qué los equipos que les correspondía vigilar y controlar, como la Dirección del Trabajo, SERNAGEOMIN y las autoridades sanitarias no actuaron ante hechos tan relevantes de conocimiento público.

Como parte de las investigaciones llegó a trascender la existencia de un dictamen, poco días antes del derrumbe, que bajo la rúbrica de Raúl Martínez, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región de Atacama, autorizaba la reanudación de las faenas mineras en San José. Poco tiempo después, Martínez renunciaba a su cargo.

Lecciones para un país minero


La minería en Chile aporta el 47 por ciento de las exportaciones totales y representa el siete por ciento del Producto Interno Bruto.

En el país existen unas 4.500 pequeñas y medianas empresas mineras y la institución estatal fiscalizadora sólo cuenta con 16 supervisores a nivel nacional, dos de ellos en la norteña provincia de Copiapó, donde está enclavado el yacimiento de marras.

Luego del sonado derrumbe en la región de Atacama las autoridades chilenas decidieron el cierre de 18 minas en esa área geográfica por carecer de condiciones para su explotación: no disponían de refugios, ni de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación.

En opinión del doctor en Historia, Mario Amorós, el drama de los 33 fue consecuencia directa de unas condiciones de trabajo desprovistas de garantías y derechos en el marco de una economía neoliberal y de la voracidad de empresarios con un oscuro historial de accidentes.

Cuando la noticia del sobrecogedor rescate impactó al mundo, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet confesóque los mineros dieron un ejemplo de bravura y disciplina, pero alertó contra la euforia excesiva y llamó a sacar lecciones. "Este accidente pudo evitarse. Cuando hablamos de un empleo decente no podemos pensar sólo en el salario, sino en que sus condiciones garanticen la integridad física".

Una encuesta realizada tras el rescate de "los 33" revela el escepticismo de la mayoría de los chilenos con respecto a posibles mejoras en la seguridad laboral. Según estudio conjunto entre la Consultora Imaginación y el diario Cooperativa de Chile, el 57 por ciento de los entrevistados cree que en poco tiempo los empresarios se olvidarán de las lecciones dejadas por el acontecimiento y todo volverá a ser como antes. Casi el 97 por ciento de los consultados considera que el clima de inseguridad es un problema general de la actividad laboral chilena.

En 2009, se registraron en el país más de 190.000 accidentes laborales, con un resultado de 443 muertos. Pero del lado oscuro de la realidad chilena no se habla mucho en el mundo, ni siquiera en tiempos de mineros y derrumbes.

En una década, han muerto en Chile en accidentes 373 mineros; 31, el último año

Por Hugo Guzmán (*)


Todo el mundo pudo ver el rescate de los 33 mineros atrapados durante dos meses a 700 metros de profundidad en la mina San José en la región de Atacama, en el norte de Chile. Pero nadie habló de los 31 mineros muertos en el último año en este país, de la precariedad salvaje de sus condiciones de trabajo y que mientras aumentaba el precio del cobre subía el índice de accidentes.

Mientras millones observaban la salida de esos trabajadores desde las profundidades de la Tierra, se ocultaban las pancartas y las voces de los otros 300 mineros de la empresa San Esteban –a la que pertenece San José– que fueron despedidos, a los que les deben los sueldos y no les pagan las indemnizaciones. Javier Castillo, dirigente del sindicato, dijo que los 328 trabajadores restantes de la mina San José no estamos bien e indicó que las autoridades y los medios temen que los saquemos (a los 33 mineros) de la burbuja en la que el gobierno los tiene.

El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Marcos Canales, comentó: Éste fue un accidente que nunca debió ocurrir. Pero el historial de la mina San José es oscuro y paradigma de lo que ocurre con otras empresas mineras en el Chile actual.

Desde 1999 se producían accidentes, cuyos dueños ganaban millones de dólares. En 2004 murió allí un minero. En esa oportunidad, los trabajadores protestaron y recurrieron a la Corte de Apelaciones para que se garantizara la seguridad, planteando que se había llegado a la culminación de una secuela de accidentes que se arrastran desde hace más de cinco años, lo cual los trabajadores hemos denunciado a los organismos fiscalizadores (que) jamás dieron respuesta. La justicia tampoco. No hizo caso del reclamo de los de San José. Seis años después la mina colapsó y atrapó a los 33 mineros.

Además de la empresa, organismos del Estado como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección del Trabajo, la Secretaría Regional de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y el gobierno regional hicieron caso omiso de los reclamos de los mineros y de las condiciones de inseguridad de la mina. Eso se acentuó con fallas que se producían en el cerro donde está la mina San José y debilidades en la estructura. En 2007, el yacimiento fue cerrado por presentar condiciones negativas, pero las autoridades lo volvieron a abrir.

Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señaló que en el drama de los 33 mineros hay una acción predeterminada, un acto criminal por parte de los empleadores y de la institucionalidad del Estado. Hay una acción culposa porque un hecho previsible no se evitó.

Los datos que se manejan en Chile indican que en la última década han muerto 373 mineros y en el último año 31, casi la misma cantidad de los rescatados en San José. La inmensa mayoría pertenecen a medianas o pequeñas mineras y al segmento de pirquineros, que laboran en pequeñas minas de manera informal. En la estatal Corporación Nacional del Cobre y las trasnacionales del cobre, el índice de accidentabilidad es bajo.

Los mineros muertos y los vivos tienen factores en común: salarios bajos, empleo inseguro, previsión miserable, inexistencia de contratos o contratos precarios, inestabilidad laboral, abuso empresarial, ausencia de higiene y prevención, y con el chantaje de que ante la falta de trabajo aceptan condiciones deplorables.

Voracidad en cifras



La voracidad empresarial se ve reflejada en que en 2002 –según reportaje de los periodistas Pablo Obregón y Carla Gardella– las estadísticas hablaban de 28 accidentes mineros fatales, con el precio del cobre en 0.8 centavo de dólar la libra. Cuando en 2007 se cotizó a 3.2 dólares la libra, los muertos subieron a 40. Los privados medianos y pequeños tensionaron la fuerza laboral para extraer el mineral; sin invertir en seguridad.

A estos datos se agregan episodios peculiares. Días antes del derrumbe en San José, el gobierno conservador de Sebastián Piñera decidió cerrar la Unidad de Inspección Programada de Oficio, del Ministerio del Trabajo, precisamente encargada de fiscalizar al sector empresarial respecto al cumplimiento de normas para los trabajadores. Y producido el accidente en la mina, se supo que el Sernageomin, que debe velar por la seguridad en los yacimientos, apenas contaba con dos fiscalizadores en toda la región de Atacama, donde operan decenas de minas medianas y pequeñas.

Marcos Canales dijo a La Jornada que son pésimas y riesgosas las condiciones de los mineros chilenos y nada apunta a que la situación cambiará, porque para eso tendría que cambiar el sistema económico que cobija a los empresarios y vulnera derechos de los trabajadores. Ya pasará a la historia el caso de San José y los 33 mineros, pero seguirá el drama de cientos de hombres que arriesgarán la salud y la vida por ganar un sueldo mísero extrayendo cobre.

En un país donde el año pasado las corporaciones extranjeras tuvieron utilidades de 10 mil millones de dólares y este año se prevé serán 37 mil millones. Es decir, el cobre, que el presidente Salvador Allende definió como el sueldo de Chile, podría satisfacer perfectamente las necesidades de los mineros (y de la gran mayoría de los chilenos). Pero parecen invisibles. Hasta que bordean la muerte y entonces se prenden los focos.

(*)Hugo Guzmán
es un analista político chileno, exiliado en México durante la dictadura de Pinochet. Este artículo ha sido publicado en La Jornada el 16 de octubre de 2010


Los fantasmas chilenos no han sido rescatados


Por John Pilger(*)

El rescate de 33 mineros en Chile es un drama extraordinario, lleno de páthos y heroísmo. Es también viento mediático de empopada para el gobierno chileno: su munificencia ha sido registrada por una selva de cámaras.

El accidente que atrapó a los mineros no es algo insólito en Chile; es la consecuencia inevitable del implacable sistema económico que apenas ha cambiado desde los tiempos de la dictadura del general Augusto Pinochet. El cobre es el oro chileno, y la frecuencia de los desastres mineros se acompasa a los precios y a los beneficios que reporta. De promedio, cada año se registran 39 accidentes mortales en las minas chilenas privatizadas. El trabajo en la mina de San José llegó a ser tan inseguro en 2007, que tuvo que cerrarse. Pero no por mucho tiempo. El pasado 30 de julio, un informe del ministerio chileno de trabajo advirtió de sus "graves deficiencias de seguridad", pero el ministro no tomó medida alguna. Seis días después, los mineros quedaban sepultados.

A despecho de todo el circo mediático desplegado in situ durante el rescate, el Chile de nuestros días es un país silenciado. En la Villa Grimaldi, en los suburbios de Santiago, un cartel reza como sigue: "El pasado olvidado está lleno de memoria". Fue el centro de tortura en el que centenares de personas fueron asesinadas y desaparecidas por oponerse al fascismo que impusieron a Chile el general Augusto Pinochet y sus aliados empresariales. Su fantasmal presencia pasa desapercibida ante la imponente belleza del transfondo andino. El hombre a su cuidado vivía muy cerca y aún recuerda los aullidos.

Visité la Villa una invernal mañana de 2006. Me llevó Sara De Witt, quien estuvo encarcelada allí cuando era una activista estudiantil. (Ahora vive en Londres.) Fue electrocutada y golpeada, pero sobrevivió. Luego fuimos a la casa de Salvador Allende, el gran demócrata y reformista que pereció el día del golde de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973 (el 11-S de América Latina). Su casa es un silencioso edificio blanco, sin placas ni señales conmemorativas.

Diríase que el nombre de Salvador Allende ha sido borrado por doquiera. Únicamente en el solitario memorial del cementerio se pueden leer, grabadas en una lista de "ejecutados políticos", las palabras: "Presidente de la República". Allende murió por propia mano, mientras Pinochet bombardeaba el palacio presidencial con aviones británicos y el embajador norteamericano contemplaba el espectáculo.

Ahora Chile es una democracia, aunque muchos pondrían objeciones a esa calificación, sobre todo en los barrios obligados a hurgar en los basureros y a robar electricidad. En 1990, Pinochet impuso un sistema constitucional de compromiso como condición de su propio retiro y del paso de las fuerzas armadas a la sombra política. Eso garantiza que los partidos reformistas en un sentido amplio, la llamada Concertación, estén permanentemente divididos o se vean forzados a legitimar los designios económicos de los partidarios del dictador. En las últimas elecciones, la derechista Coalición por el Cambio, la creación del ideólogo pinochestista Jaime Guzmán, llevó al poder al presidente Sebastián Piñera. Se culminaba así a hurtadillas la sangrienta erradicación de la verdadera democracia que comenzó con la muerte de Allende.

Piñera es un millonario que controla una buena porción de la minería, de la energía y de la venta minorista. Hizo su fortuna luego del golpe de Estado de Pinochet, durante los "experimentos" de libre mercado de los fundamentalistas de la Universidad de Chicago conocidos como "Chicago boys". Su hermano y antiguo socio empresarial, José Piñera, ministro de trabajo con Pinochet, privatizó la minería y el sistema público de pensiones y se empeñó en destruir los sindicatos. Lo que recibió el aplauso de Washington como un "milagro económico", un modelo de culto para el neoliberalismo que habría de engullir al continente y asegurar al Norte su control.

El Chile de hoy es crítico con las embestidas del presidente Obama contra las democracias independientes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. El aliado más cercano de Piñera es el principal hombre de Washington en la zona, Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de Colombia, país que dispone de 7 bases militares estadounidenses y de un infame registro en materia de derechos humanos, algo que conocen bien los chilenos que sufrieron el terror de Pinochet.

El Chile post-Pinochet ha mantenido en la sombra sus propios abusos. Las familias que todavía buscan recuperarse de la tortura o de la desaparición de sus seres queridos son tratadas con prejuicios por el Estado y sus funcionarios. No se callan los mapuches, la única nación indígena a la que los conquistadores españoles no consiguieron derrotar. A fines del XIX, los colonos europeos de un Chile ya independiente lanzaron su racista guerra de exterminio contra los mapuches, lo que los dejó en condiciones de marginalidad depauperada. Eso empezó a cambiar durante los mil días del gobierno de Allende. Algunas tierras mapuches fueron devueltas, y se reconoció una deuda de justicia.

Desde entonces, se ha venido librando una guerra tan malévola como silenciada contra los mapuches. Se ha permitido a grandes empresas forestales hacerse con sus tierras, y su resistencia ha sido combatida con asesinatos, desapariciones y persecuciones arbitrarias bajo capa de leyes "antiterroristas" aprobadas por la dictadura. En sus campañas de desobediencia civil, ningún mapuche ha infligido el menor daño a nadie. Ha bastado que un terrateniente o un empresario lanzara la acusación de que los mapuches "podrían llegar a traspasar" los límites en que han sido confinados y entrar en sus territorios ancestrales, para que la policía les acusara de delitos que desembocaban en procesos judiciales kafkianos, con testigos sin rostro y sentencias cárcel de 20 años. Se trata, en efecto, de presos políticos.

Mientras que el mundo se congratula con el espectáculo del rescate de los mineros, no se tiene noticia de los 38 huelguistas de hambre mapuches que exigen la abolición de las leyes pinochestistas –como la de "incendio terrorista"— con que se les ha procesado y la justicia de una democracia de verdad. El pasado 9 de octubre, todos los huelguistas de hambre, salvo uno, pusieron fin a su protesta de 90 días sin ingesta de alimentos. Un joven mapuche, Luis Marileo, dice que él seguirá la huelga. El próximo 18 de octubre, el presidente Piñera tiene que dictar una conferencia en la London School of Economics. Habría que aprovechar la ocasión para recordarle todo eso.

(*)John Pilger es un crítico y analista político británico. Este artículo ha sido publicado en Information Clearing House el 15 de octubre de 2010.


(Fuentes:RadioMundoReal, LibreRed,Prensa Latina, La Jornada y Information Clearing House-SinPermiso)

13.9.10

Chile:Pueblo Mapuche

AUMENTA EL APOYO POPULAR A LOS 34 PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES, 65 DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA LEY ANTITERRORISTA DE PINOCHET.

Un 53 por ciento de los chilenos apoya la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en distintos penales del país, mientras un 41 por ciento lo rechaza y un 6 por ciento no sabe o no responde, según una encuesta realizada por el diario La Tercera. El sondeo mostró también que un 37 por ciento aprueba la actuación de los cuatro diputados opositores que se sumaron al movimiento el jueves de la semana pasada. Más del 30 por ciento evalúa positivamente el papel jugado por las iglesias católica y evangélicas que se han ofrecido como facilitadores de un diálogo.

Los presos mapuches, en huelga de hambre desde hace ya 65 días, han amenazado con radicalizar su ayuno. Si el gobierno no permite que se instale una mesa de diálogo, dejarán de consumir líquidos, lo que agravará aún más su estado de salud. Los huelguistas ya han perdido un promedio de 20 kilos y presentan complicaciones en su estado físico y mental. Este fin de semana, 2 de ellos, Jonathan Huillical y José Huenuche, tuvieron que ser trasladados al hospital de Concepción por la gravedad de su estado.

Los mapuches exigen el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet y rechazan la propuesta del Gobierno para reformarla. Además, reclaman el fin del doble procesamiento civil y militar que se les aplica y la desmilitarización de su territorio.

El presidente, Sebastián Piñera, se ha limitado hasta ahora a manifestar su preocupación por el estado de los huelguistas y a pedirles que depongan su actitud, ha asegurado que su gobierno está abierto al diálogo, pero no ha aceptado, explícitamente, la posibilidad de instalar una mesa con los mapuches.
El Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Santos Millao, ha expresado su apoyo a los mapuches en huelga de hambre y al respecto ha añadido que no existen motivos para celebrar el Bicentenario en el país.


La policía detiene a 13 mapuches, entre ellos la madre de un huelguista


Trece personas fueron detenidas frente al hospital de Concepción (500 km al sur de Santiago), donde fueron trasladados Jonathan Huillical y José Huenuche, dos de los presos en huelga de hambre, con grave estado de salud. Durante el traslado, Emilia Pilquimán, de 52 años, madre del mapuche Ramón Llanquileo, fue agredida por un carabinero. La agresión provocó disturbios. La policía agredió a 30 mapuches que se encontraban en las afueras del hospital en apoyo a su causa, y detuvo a trece personas, que fueron acusadas de desórdenes y daños al hospital.

Natividad Llanquileo, portavoz de los presos e hija de Emilia Pilquimán, dijo a radio Bío Bío que también fueron detenidos “representantes de la prensa alternativa” y denunció “la nula intención del Gobierno” de buscar una solución a la huelga de hambre.
Carabineros actuó con racismo y en el caso de mi mamá le gritaban ‘india’ y la golpearon. Pretendemos buscar una acción judicial, y veremos qué acciones vamos a seguir. Lo que nosotros queremos señalar es que ellos se sintieron presionados y queremos decirle al gobierno que de esta manera, si quiere debilitar al movimiento no lo va a conseguir, porque lo único que se está consiguiendo con esto, es radicalizarlo mucho más”, agregó.

Los presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio en rechazo a Ley antiterrorista, condenaron el pasado martes, las reformas propuestas por el presidente chileno Sebastián Piñera al instrumento legal y consideraron las modificaciones planteadas como “absolutamente insuficientes”.

El pasado 9 de septiembre, cuatro diputados chilenos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja decidieron solidarizarse con los presos mapuche y sumarse a la huelga de hambre que mantienen los nativos en reclamo de sus derechos fundamentales.

Mientras el Gobierno acusa a los mapuche por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas, en Chile se conoce como una lucha histórica la de esa etnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece.

Durante años los mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.

La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país,con un total posee 16 millones de miembros.


La huelga mapuche marca la conmemoración del golpe


La situación de los comuneros mapuchesen huelga de hambre marcó los actos de conmemoración del 37 aniversario del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno socialista de Salvador Allende.

La principal actividad de este 11 de septiembre estuvo en la tradicional romería que organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas realizan hasta el Cementerio General de Santiago, a la que asistieron unas 6.000 personas.

"Se salió a la calle a rendir tributo y a decir que no se olvida lo que ocurrió en la dictadura, pero también a exigir y demandar el respeto a los derechos humanos en nuestro país", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

La dirigente destacó que en esta conmemoración de los 37 años del golpe de estado hubo una preocupación especial por el presente de los mapuches en huelga, con críticas hacia el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. "Estuvo muy presente la situación del pueblo mapuche, es muy delicado lo que están viviendo los comuneros que ya llevan 62 días en huelga de hambre y no se ve ninguna voluntad política de este gobierno para enfrentar esto y crear una mesa de diálogo".

Presos menores de edad mapuches se suman a la huelga

El miércoles 1º de septiembre, tres menores de edad mapuches, encarcelados en el centro especial de Chol Chol, decidieron fortalecer la batalla contra la ‘ley antiterrorista’ y unirse a la huelga de hambre iniciada por los presos políticos mapuches de Temuco, Concepción, Angol, Valdivia y Lebu. En un comunicado, los prisioneros políticos menores de edad también denunciaron maltratos físicos, restricción de visitas y falta de atención de alimentación y salud de los menores presos.

Luís Marileo Cariqueo, Cristian Cayupan y Jose Ñiripil Pérez hicieron público que se sumaban a la huelga porque las demandas del pueblo mapuche continúan sin respuesta concreta del gobierno. En un comunicado enviado desde el centro especial de Chol Chol, los menores presos denuncian haber sufrido torturas y maltratos. Señalan que las visitas les han sido restringidas, así como la alimentación. Además, delatan que está prohibida la entrada de alimentos saludables como pan, frutas y carne, y que sólo permiten el ingreso de golosinas que debilitan aún más la salud de los menores presos. (Comunicado completo)
"Hemos sufrido, así como una gran cantidad de niños de las comunidades mapuche movilizadas, persecución y discriminación por parte de distintas instituciones y centros públicos y privados, tales como consultorios y escuelas rurales, específicamente en Ercilla, que son cómplices de la persecución policial constante", relatan en el comunicado.

Denuncian que las madres, abuelas, compañeras y amigas que visitan a los menores en el centro, son tratadas como "verdaderas delincuentes".

La Fundación Anide y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile piden una respuesta rápida sobre los hechos denunciados y sobre los que desencadenaron la huelga de hambre de los presos políticos mapuches y se suman a la demanda de la derogación de la ley antiterrorista.

Estas entidades piden que ,se detengan las prácticas policiales de tortura y amenaza a niños y adolescentes para que delaten a familiares y miembros de la comunidad, así como el fin de las prácticas de "amenaza y amedrentamiento que las fuerzas policiales realizan contra la comunidad y las familias de los niños mapuche, que afectan su integridad física, psicológica y moral, resultando en graves violaciones de sus derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo".


(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR-Radio Bío Bío, Libre Red, BBC-Mundo, Migrante Latino y Adital )

18.1.10

Chile:Presidenciales 2010

LA INTERNACIONAL PINOCHETISTA

Finalmente en Chile ganó la derecha, con su candidato el empresario Sebastián Piñera, según parece un convencido demócrata de toda la vida, a juzgar por los análisis habituales de la prensa habitual. Los elogios son hoy, una vez el caballo es ganador, descomunales. El dirigente de la izquierda peruana, Javier Díez Canseco publicó el artículo que sigue en el diario limeño La República el pasado 11 de enero. Su opinión es muy distinta.


Por Javier Diez Canseco

El próximo domingo Chile decidirá, en segunda vuelta, la Presidencia de la República entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. El tema, siendo chileno, moviliza fuerzas y recursos internacionales, implica hondo simbolismo y plantea serios asuntos políticos.Piñera es un multimillonario. Dueño de LAN –la reina de los aires del Perú– y grandes negocios, está entre los tres chilenos más ricos. Es un conocido pinochetista y simboliza la restauración del bloque en el poder que reprimió al pueblo chileno y saqueó sus recursos durante la dictadura. Concentró capital y propiedades como nunca, junto a las transnacionales, impuso las AFP y se sostuvo –durante largo periodo– en un régimen de terror de Estado encabezado por Pinochet. Este último no fue desalojado del poder. Impuso una transición en la que siguió de Comandante en Jefe de las FFAA, dejó una Constitución candado de su modelo neoliberal, impuso un sistema electoral binominal que marginó a la izquierda comprometida con el cambio, y designó una parte del Senado directamente, para garantizarse impunidad. Luego, se le abrieron procesos por delitos de lesa humanidad y por corrupción (torturas, asesinatos y compra de armas), pero murió de viejo y sin prisión, aunque algunos de sus lugartenientes fueran procesados y condenados.

Piñera es uno de sus herederos. Él compró cuando, bajo Fujimori, Pinochet llamó a los empresarios chilenos a “comprar el Perú, que está barato”, asegurándoles que las FFAA serían su principal seguro de inversión. De allí una de las razones del militarismo chileno aliado al gran capital y, hoy, del expreso apoyo del Gral. Juan Cheyre, ex Cdte. en Jefe del Ejército, a su candidatura.
Piñera promovió las AFP con Boloña (y lo asoció), tiene “LAN ¿Perú?” y varios negocios más. Es uno de los dueños del Perú, como de alguno de “nuestros” prestigiosos intelectuales: Mario Vargas Llosa (y J. Edwards, el chileno). MVLl
(*), retirado de la política tras su desastre del 90, encabeza la internacional pinochetista en Santiago, con el rechazo de migrantes peruanos. Defiende el fracasado neoliberalismo que concentró la riqueza en pocas manos, abrió enormes brechas sociales y entregó a manos extranjeras los principales recursos naturales y las rentas que generan. Lo apoyan los recursos de Aznar de España, de Uribe de Colombia, el lobby anticubano de Miami, la derecha argentina de Mauricio Macri, es decir, los que están contra la integración por el cambio en AL.
Piñera tuvo 44% de los votos en primera vuelta. Expresa la fuerza que mantiene el pinochetismo, pero también el agotamiento de los gobiernos de la Concertación (alianza de la DC, el PPD y el PS) que se dedicaron a “humanizar” o maquillar el neoliberalismo y lanzaron una candidatura desgastada y expresión de la ausencia de renovación: la de Eduardo Frei, ya ex presidente. Ello generó más descontento y obtuvo apenas 30% de votos. Surgió un outsider juvenil, Marco Enríquez-Ominami que llegó a un 20% con un mensaje de renovación, pero ambiguo. Y resurgió la izquierda, tras la candidatura de Jorge Arrate, ex PS, que con 6.2% de votos colocó tres diputados comunistas, por primera vez, desde el golpe pinochetista de los 70.

Arrate, colocando condiciones respecto a eliminar el sistema electoral restrictivo a la renovación y la pluralidad y demandándole recuperar soberanía sobre los recursos naturales, ha comprometido el voto por Frei. Enríquez-Ominami ha dicho que no votará por Piñera, pero no se ha plegado a Frei.
Piñera (hoy con 46% de intención de voto, frente a 41% de Frei) sería una restitución del pinochetismo manchado de sangre y corrupción, y acentuaría la prepotencia con el Perú y el expansionismo militarista vinculado al gran capital. ¡Qué pena ver a MVLl
(*) tan carente de identidad con el Perú, de brújula, y tan opuesto a la integración latinoamericana! ¡En un momento clave para esta A. Latina que cambia, los chilenos ¿votarán por Chile y AL o por Vargas Llosa y la internacional pinochetista?
(*)MVLl:Mario Vargas Llosa

22.12.09

Chile:Elecciones 2009-2010

ENTRE EL FIN DE LA CONCERTACIÓN Y EL NEOPINOCHETISMO


Por Emir Sader(*)

Chile fue el único país, de los que tuvieron dictaduras militares en el cono Sur, en que las fuerzas de la dictadura se reciclaron hacia un partido político, reivindicaron el período dictatorial y se constituyeron en fuerza casi mayoritaria durante el período democrático. En todas las elecciones, el bloque de partidos pinochetistas siempre consiguió una proporción alta de votos. En dos veces fue derrotado por menos del 5 por ciento de los votos.

La oposición a la dictadura, después de la derrota de las organizaciones clandestinas – MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y Frente Manuel Rodríguez – fue liderada por la alianza entre los partidos Demócrata Cristiano y Socialista, antes enemigos, porque éste, el partido de Allende, y aquél, el de Eduardo Frei Montalva, apoyaba el golpe militar. Para eso, el PS tuvo que romper su alianza histórica con el Partido Comunista y organizar la llamada Concertación, con el Partido Demócrata Cristiano, en consonancia con el fenómeno internacional del reciclaje del Partido Socialista y Social-Demócrata hacia el neoliberalismo.
De esa forma, cuando Pinochet perdió en 1988 el referéndum sobre su reelección, que él mismo había convocado, un año después la Concertación consiguió elegir a un demócrata cristiano, Patricio Aylwin – ex dirigente de la oposición más extrema al gobierno de Allende - como presidente de su partido, el primer presidente civil desde el golpe militar de 1973.
La Concertación mantuvo la política económica de la dictadura militar, que había conquistado el apoyo del gran empresariado chileno, basado en una política de apertura económica, de un modelo primario exportador y de un Tratado de Libre Comercio – que un gobierno posterior de la Concertación, entonces presidido por un socialista, Ricardo Lagos - firmó con los Estados Unidos, lo que impide a Chile participar en el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otras consecuencias. Trató de amainar los duros efectos sociales de la dictadura pinochetista, que habían llevado a Chile de uno de los países menos desiguales del continente a uno de los más desiguales. Entre tanto, mantuvo las políticas de libre comercio, en el marco del neoliberalismo implementado por Pinochet.
Después de Aylwin, fue electo Eduardo Frei Ruiz Tagle – hijo del ex presidente Eduardo Frei Montalva, hasta que los socialistas eligieron a los dos presidentes siguientes de Chile – Ricardo Lagos y Michelle Bachelet – sin que se operase algún cambio sustancial en la política implementada hasta allí por los presidentes demócrata cristianos.


Cuando se eligió a Bachelet, de la misma forma que su antecesor, por un margen muy estrecho sobre el candidato de las fuerza neo pinochetistas, ella sufrió un gran desgaste al implementar un plan, heredado de Ricardo Lagos, que pretendía transformar radicalmente el transporte urbano de Santiago simultáneamente, en un único día. Los resultados fueron catastróficos durante muchos meses, al que se sumaron movilizaciones de los estudiantes secundarios, de los pequeños productores mineros y de los pueblos mapuches, provocando un descenso a niveles muy bajos del prestigio de la presidente.

Recientemente, a pesar de tener un ministro de Economía al estilo Chicago boys, conforme llegó la crisis internacional, Bachelet fue recuperando el apoyo al implementar medidas compensatorias frente a los efectos sociales más graves de la crisis, como una corrección parcial de Previsión Social y bonos para los sectores más afectados, para terminar su mandato con un índice de apoyo similar al de Lula.

No obstante, la sucesión se presentaba difícil, dado que la Concertación nunca consiguió imponer a la derecha una gran derrota – uno de sus mayores fracasos políticos – reapareciendo nuevamente Sebastián Piñera como fuerte candidato a sucederla. Piñera tiene una de las mayores fortunas del país, enriquecido durante la dictadura de Pinochet, cuando su hermano y socio, José Piñera, ex ministro de Trabajo de la dictadura, implementó por primera vez en el continente la malhadada “flexibilización laboral”. El grupo Piñera, entre otras grandes empresas chilenas agresivamente expansivas en Chile y en el exterior, es propietario de Lan Chile (así como de Lan Perú, que hizo la oferta para comprar la Varig, antes de que la Gol arremetiera), además del Colo Colo (aunque simpatizante de otro club, compró la mayor parte de las acciones del equipo más popular de Chile), y de un canal de TV.
Con Piñera como favorito, la Concertación pensó que tenía que apelar a un candidato con una imagen más moderada que la de un socialista y convocó al ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle como candidato. Como resultado de ese paso audaz y timorato, salieron del Partido Socialista otras tres candidaturas, revelando el descontento con la posición de la dirección del partido. Entre ellas, la de un ex ministro de Allende, Jorge Arrate, apoyado por el Partido Comunista, y Marco Enríquez Ominami, hijo biológico del máximo dirigente del MIR, Miguel Enríquez, y una relación con una periodista, que fue adoptado por quien se casó con ella, Carlos Ominami, ex militante del MIR expulsado por haberse asilado, que luego pasó al PS, donde fue ministro neoliberal de economía.

Arrate terminó logrando poco más del 6 por ciento de los votos, Marco llegó al 20 por ciento, con una imagen renovada, una especie de tercera vía, muy apreciada por la cobertura de la prensa (en Chile prácticamente toda de derecha), en la creencia de que robaría votos a la Concertación.

En el primer turno, Piñera obtuvo el 44 por ciento contra un poco menos del 30 por ciento de Frei. Ese ha sido el resultado histórico de la derecha; a diferencia de que esta vez, el candidato de la Concertación tiene, ampliamente, el peor resultado de la coalición y no podrá contar con gran transferencia de votos – las encuestas estiman un 3 por ciento de los otros candidatos. Esto significa, que ni siquiera la decisión del PC y de Arrate de apoyarlo aseguran que los votos obtenidos por ellos sean canalizados hacia Frei en el segundo turno. Menos todavía los de Enríquez Ominami, que liberó a sus electores.

Así, se avecina según lo que todo indica, un retorno de la derecha al gobierno de Chile, como uno de los resultados de las políticas de la Concertación, de conciliación con el modelo heredado de Pinochet, sin siquiera haber convocado a una Asamblea Constituyente para permitir que Chile tenga una Constitución democrática y no un remedo de aquella impuesta por la dictadura; ni tampoco lograr un apoyo popular muy amplio, de tal forma que grandes sectores de origen pobre votan por el candidato neo pinochetista. Cuatro mandatos – un total de veinte años – de candidatos de la Concertación, dos de los cuales presididos por socialistas chilenos, desembocan, probablemente, en un fracaso con la devolución del gobierno al (neo) pinochetismo, sin haber roto con el modelo económico y conseguido desarticular la derecha originaria de la dictadura militar. Chile, mostrado por las instituciones financieras internaciones como el modelo supuestamente bien logrado de implementación de las políticas de libre mercado, vuelve a manos de los que la formularon e implementaron durante la dictadura pinochetista.

(*)Emir Sader es director ejecutivo de Clacso y miembro del Consejo Editorial de SinPermiso

19.8.09

Chile:Movimientos Sociales e Indígenas

LA COMUNIDAD MAPUCHE AMENAZA CON UN LEVANTAMIENTO GENERALIZADO SI EL GOBIERNO NO SE DISCULPA POR LA ACTUACIÓN POLICIAL QUE CAUSÓ LA MUERTE DE UN INDÍGENA. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES RECHAZAN EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS



La Asociación chilena de Organizaciones no Gubernamentales (ACCION), rechaza en un comunicado el proyecto de ley llamado Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, que a juicio de esta plataforma busca responsabilizar a quienes convoquen a manifestaciones por los eventuales incidentes. La presentación del proyecto coincide con un momento crítico, tras la muerte de un indígena mapuche en el sur del país, durante una protesta que fue reprimida a balazos por los carabineros.

La llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana establece, además, según ACCION, violaciones a la libre expresión de las demandas sociales, con el objetivo de aumentar las medidas que criminalizan la protesta social .

Álvaro Ramis, presidente de ACCIÓN, considera que "no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público".

El comunicado también denuncia y condena los procedimientos policiales usados el día 12 de agosto en la zona de Collipulli, donde fue abatido por la espalda el comunero mapuche de 24 años Jaime Facundo Mendoza Collío.

La Comunidad Mapuche advierte al gobierno chileno

El portavoz de la comunidad mapuche Temucuicui, Jorge Huenchullán, advirtió que si el gobierno no reconoce y se disculpa por la actuación policial de la semana pasada, que causó la muerte de un indígena, "habrá un levantamiento generalizado del movimiento mapuche".

En los enfrentamientos registrados el miércoles en la zona de la Araucanía, unos 650 kilómetros al sur de Santiago, murió por impacto de bala el comunero Jaime Mendoza.

En declaraciones al vespertino La Segunda, Huenchullán señala que previo al reinicio del diálogo entre las partes el gobierno "tiene que reconocer su error y pedir disculpas al pueblo mapuche, que está muy dolido". El dirigente indígena reacciona así al anuncio del viaje a la Araucanía de una delegación gubernamental para intentar recomponer el diálogo entre las partes. La comitiva estaría integrada por los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, la portavoz gubernamental, Carolina Tohá y la ministra de Planificación, Paula Quintana, además del subsecretario de Gobierno, Edgardo Riveros y del delgado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña.

Para Huenchullán "quien viaje del gobierno tiene que tener poder de decisión" en la centenaria reclamación de los indígenas por la devolución de tierras, usurpadas por los gobiernos para entregarlas a terratenientes.

Otro dirigente mapuche, Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, agrega que su pueblo espera "que vengan medidas concretas sobre la autodeterminación" de los mapuches y "la devolución de tierras". Aunque, aclara que no sabe "si los mapuches van a querer dialogar, ya que no hay medidas concretas por parte del gobierno".

El mapuche muerto por policía no disparó ningún arma










El joven mapuche muerto a causa de un disparo de un uniformado, no disparó ningún arma, lo que contradice la versión de que la acción del agente fue en defensa propia. Según Radio Cooperativa, que cita fuentes de la investigación, los peritajes de los restos de Jaime Facundo Mendoza Collío, realizados por la Policía de Investigaciones (cuerpo civil), por orden del fiscal militar Rodrigo Vera, revelan que el joven no tenía restos de pólvora ni en su ropa ni en su cuerpo.
Mendoza, de 24 años, murió cuando agentes de Carabineros (cuerpo militarizado), en cumplimiento de una orden judicial, desalojaron un fundo (finca) en Angol, a unos 600 kilómetros de Santiago, que estaba ocupado por un grupo de indígenas que reclamaba la propiedad de esos terrenos.

Los exámenes del Servicio Médico Legal ya desvelaron que la bala de nueve milímetros que causó la muerte del joven penetró por su espalda y salió por el tórax.

Ambos datos contradicen la versión de Carabineros, que argumentó que el agente disparó en defensa propia tras recibir al menos 80 perdigones por parte de los indígenas.

El autor del disparo, el sargento Patricio Jara Muñoz, arrestado ese mismo día, fue procesado este lunes como presunto autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y continua en detención preventiva.

El funeral de Mendoza Collío tuvo lugar este domingo en la comunidad 'Requem Pillán', en la región de La Araucanía, donde vivía, con la participación de más de 3.000 personas, casi todas miembros de grupos mapuches.

Los mapuches se quejan de discriminación


El gobierno y una gran parte de la sociedad chilena dividen a los mapuches entre los "malos", que protestan y reclaman por sus tierras y demás derechos, y los "buenos" que trabajan calladamente, y para los primeros pone en práctica una respuesta que sólo consiste en represión policial, según los dirigentes del smapuches y expertos en asuntos indígenas.

La muerte a manos de la policía del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío en la Araucanía, es un hecho absolutamente predecible, para el director de Observatorio Ciudadano, José Aylwin. Esa muerte "es la consecuencia de una política estatal que ha privilegiado la respuesta policial sobre una política profunda para hacer frente a las reclamaciones legítimas, al decir de la propia presidenta Michelle Bachelet, de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche", declara el hijo del ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994).

El 12 de agosto, el día de la muerte del comunero Mendoza Collío la delegación de Chile exponía en Ginebra ante el y Comité Contra la Discriminación Racial. La delegación tuvo que responder por la aplicación de dos leyes, ambas impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la de Seguridad del Estado y la Antiterrorista, por la vigencia de un estado policial en la Araucanía y porque las causas contra los mapuches están en su mayoría a cargo de la justicia militar. Para Aylwin, "el homicidio de Mendoza Collío no es un hecho aislado, porque la policía actúa de esa manera y en forma reiterada en comunidades indígenas, en un evidente hecho de discriminación racial, a pesar de las numerosas denuncias de organismos de derechos humanos y de las propias organizaciones indígenas, y las recomendaciones del relator de Naciones Unidas".

El director del Observatorio Ciudadano afirma que "uno de los problemas que constataban informes anteriores es la existencia de una situación de desprotección jurídica, de una política pública insuficiente, lenta y ambigua, en relación al tema de las tierras, y daba cuenta de la proliferación de proyectos de inversión sin consulta en territorios indígenas y de una violencia policial que ya ha dejado varios casos de víctimas mortales, además de muchos casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Más de tres mil personas asisten al funeral


Más de tres mil personas, miembros de comunidades y organizaciones mapuches, participaron este domingo en el funeral de Jaime Facundo Mendoza Collío. Tras cuatro días de velatorio en la Comunidad Requem Pillán, el féretro del joven fue trasladado por diversos lonkos en un recorrido de tres kilómetros, en un cortejo escoltado por decenas de weichafes (guerreros)y jóvenes a caballo. La jornada estuvo marcada por la emotividad y los reclamos de justicia.

El masivo funeral transcurrió en un clima de profundo recogimiento de los miles de asistentes, quienes a partir del viernes comenzaron a llegar hasta Ercilla desde diversos puntos del País Mapuche. Jaime Mendoza Collío, de 24 años, casado y padre de un niño de 4 años, murió el miércoles 12 a causa de una bala que disparó el efectivo policial Patricio Jara Muñoz, tras el desalojo del fundo “San Sebastián”, vecino a Requem Pillan y que familias del sector habian ocupado de manera pacífica esa fatal jornada
Según Carabineros el funcionario que disparó lo hizo en defensa propia, tras recibir más de 80 perdigones disparados por los comuneros con escopetas, pero la autopsia de la víctima demostró que recibió el disparo mortal por la espalda y un reciente Informe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) ha demostrado que Mendoza no disparó ningún arma el día de su asesinato. El funcionario policial se encuentra detenidoy sometido a proceso por el fiscal militar Rodrigo Vera, bajo el cargo de “violencia innecesaria con resultado de muerte”.

La exigencia de Justicia por el crimen marcó la jornada del domingo. En diversos tonos, las delegaciones presentes demandaron a la Presidenta Bachelet que se termine con la “política criminal de encarcelar y asesinar a los mapuches que luchan por sus tierras”. Por medio de consignas, esta demanda se escuchó con especial fuerza durante el emotivo recorrido de 3 kilómetros a pie rumbo al cementerio, por un camino con pendientes y con el féretro cargado por lonkos y familiares. Jóvenes “weichafes” (guerreros), todos con el rostro descubierto, escoltaron la columna que era encabezada por comuneros a caballo, todos portando simbólicas lanzas con hojas de canelo en sus puntas.

Al funeral asistieron delegaciones mapuches de todo el Wallmapu, (territorios mapuches ancestrales),destacando las comunidades miembros de la Alianza Territorial Mapuche. También llegaron adelegaciones de organizaciones chilenas, como la Identidad Territorial Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras, la Alianza Mapuche de Izquierda, Coordinadora Arauco-Malleco, Asociación Ñancucheo de Lumako, el Consejo de Lonkos del Pikun Willi Mapu, Meli Witran Mapu de Santiago, el Partido Mapuche Wallmapuwen, Hogar Mapuche Pelontuwe de Temuco, la Asociación Ayun Mapu y figuras públicas como la destacada líder pewenche, Berta Quintremán.

Repudio de las organizaciones indígenas


La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) se pronunció sobre el atropello al Pueblo Mapuche en la Araucanía chilena. La organización reúne a comunidades originarias de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Tras confirmarse el asesinato del comunero mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza, por un disparo de un carabinero, la CAOI dijo en su comunicado que "un nuevo asesinato confirma la sistemática política de criminalización de los pueblos indígenas que desarrolla el gobierno de Chile".

Además del asesinato de Jaime Mendoza, de la comunidad Requem Pillán, fue herido de bala Juan Carlos Curinao Roncal, autoridad ancestral de la comunidad Huañaco Millao.
Según informa el texto de la CAOI, "hay un número indeterminado de heridos y decenas de detenidos, lo que corrobora que en las regiones mapuches se vive un estado policial implantado por un gobierno que pretende resolver un problema histórico mediante la represión".
La Coordinadora también aseguró que "no se trata de un hecho aislado ni del producto de un enfrentamiento, como han declarado funcionarios del gobierno de Michelle Bachelet". Según detalla el comunicado, "Jaime Mendoza estaba detenido y desarmado cuando fue asesinado".

AUDIO:Pedro Cabrapán Millape, comunero mapuche, testigo de los hechos archivo mp3
Guerra sorda en los territorios mapuches


Los últimos enfrentamientos entre los carabineros y las comunidades mapuches por los reclamos de tierras aumentan la tensión en el sur del país, más precisamente en la región de La Araucanía, que limita con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La muerte de Jaime Mendoza Collío, abatido por los carabineros, eleva a tres el número de mapuches muertos en similares circunstancias.

En Chile existen nueve etnias; aymaras, atacameños, collas, diaguitas y quechuas, repartidos en el norte del país; rapa nui, en la isla de Pascua; kawashkar, yaganes y mapuches, en el Sur. Precisamente, este último grupo, el más numeroso, con cerca de un millón de personas, ha sido el foco de atención en este país durante los últimos tiempos con el recrudecimiento de la violencia en la zona.
Después de la detención del máximo líder de la organización Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, también la semana pasada, y del número dos, Luis Trancal, hace cuatro días, el cuerpo de Carabineros realizó allanamientos en las comunidades y dijo que había descubierto "proyectiles de alto calibre y gran cantidad de explosivos". En este proceso de criminalización, la policía lanza ahora la especie de que los mapuches tienen contactos con una organización de "extremistas vascos" y que "investiga nexos" con las FARC.

La situación más conflictiva se desarrolla en dos regiones específicas: la del Bío Bío y La Araucanía. Actualmente, hay más de 400 procesados y casi 40 presos.

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un decreto intentó terminar con las comunidades mapuches y su propiedad en común: los indígenas denuncian que parte de ese esquema sigue vigente. Con el gobierno de Michelle Bachelet, las cosas no han mejorado. Uno de los grandes fracasos estatales ha sido la puesta en marcha de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi), dependiente del Ministerio de Planificación, que durante los gobiernos de la Concertación ha buscado,la integración sin lograrlo y, aun peor, ha creado a costa de los mapuches un grave problema de desvíos de dinero y corrupción.
Huelga de hambre de mapuches presos

Con una huelga de hambre responden desde este miércoles siete presos mapuches procesados por el mismo caso, la intención del gobierno de separarlos y repartirlos entre cuatro penales diferentes de Chile.

Héctor Llaitul, considerado líder de la Coordinadora Arauco Malleco, inició el ayuno, al que se incorporaron otros seis comuneros. Según medios locales, la idea es enviar a Llaitul a la cárcel de Puerto Montt, a Ramón Llanquileo al penal de Rancagua, a José Huenuche al de Valdivia y a Luis Menares a la cárcel de Arauco, ciudades muy distantes entre si. Los abogados defensores de los detenidos anunciaron que impugnarán la decisión.

La huelga se inscribe también en el movimiento de protestas de las organizaciones mapuches tras la muerte a manos de Carabineros del comunero Jaime Mendoza Collío. Dirigentes de varias organizaciones demandaron la renuncia del Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien también fue interpelado la víspera por parlamentarios de oposición derechista, que exigen mayor represión frente al "problema Mapuche".

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, EFE, El Ciudadano-Chile, La Nación-Argentina y Prensa Latina)

Datos personales

Mi foto
Periodista, especializado en Latinoamérica

Pepitorias está en:

BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog TOP 100 WEBLOGS  Bitacoras.com Unión de Bloggers Hispanos Comunidad Blog Hispano Directorio de blogs Blogosfera de Red Progresista Technorati Profile Add to Technorati Favorites
Monitorizar servidor

visitantes


Contador gratis Free counter and web stats