Durante el pasado mes de marzo 5 periodistas fueron asesinados en Honduras. Desde el Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio pasado son 150 las muertes por estos actos de violencia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudia los crímenes contra los comunicadores sociales. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sentenció que "estos despreciables crímenes contra profesionales de los medios vulneran el derechos fundamental a la libertad de información, piedra angular de una sociedad democrática". La titular de la UNESCO exigió a las autoridades hondureñas que se "arreste a los responsables y se ponga fin a la ola de violencia".
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el colectivo de Artistas en Resistencia, junto a otras organizaciones, emitieron condenas a la escalada de violencia desencadenada bajo el gobierno de Porfirio Lobo.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, afirmó que en el país hay en marcha un "plan de exterminio".
Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Honduras tiene el actualmente el índice de homicidios más alto de Centroamérica. Y explicó que la situación más grave se registra en los departamentos hondureños de Colón, Francisco Morazán, en el centro del país, Yoro en el norte y Copán en el oeste.
Cinco periodistas asesinados en un mes
La aplicación de leyes mordaza, las amenazas, el exilio, los atentados y los primeros asesinatos marcaron en los últimos años el ejercicio del periodismo en Honduras. Pero nunca había pasado que cinco reporteros fueran abatidos en un mes:cuatro en el interior del país y uno en Tegucigalpa. Los últimos, el viernes 26 de Marzo, hansido José Bayardo Mairena y Manuel Juárez . El asesinato se produjo en Tulín, en el departamento de Olancho, cuando ambos salían de las instalaciones de Radio Diez, después de transmitir el programa que dirigían.
La Plataforma de Derechos Humanos expresó su más enérgica condena los crímenes y advirtió que "si los organismos encargados de la investigación y enjuiciamiento de los responsables como la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, no actúan con la responsabilidad y eficacia que se espera de éstas instituciones para esclarecer estos crímenes, continuarán los asesinatos y las violaciones a la libertad de prensa y expresión en Honduras.
Frente al actual estado de indefensión en que se encuentra la población hondureña y ante lo que parece ser una estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores al golpe de estado y gobierno de facto, la Plataforma pide la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para que el régimen actual detenga esta ola de criminalidad e investigue las muertes de los periodistas José Bayardo, Manuel Juarez, Joseph Ochoa, David Meza y Nahún Palacios.
Todo empezó con el golpe contra el Presidente Zelaya
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 alteró el escenario. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe y que se extiende a la prensa, pese a las elecciones de noviembre y la investidura en enero del derechista Porfirio Lobo. Tampoco ha desaparecido el clima de polarización entre partidarios y críticos del golpe.
“Pareciera que grupos interesados quieren hacer ver como algo común la muerte de periodistas para que no exista investigación y las cosas queden en la impunidad”, dice el catedrático universitario y periodista Juan Ramón Durán.
El gobierno de Lobo tiene obligación “de identificar a los responsables y las causas que llevaron a cometer a sus autores estos crímenes”, pues “entre más silencio guarde, más se daña la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”, subraya.
La directora del medio Proceso Digital, Marlen Zelaya, considera que “ha llegado el momento de una mayor unión gremial para no dejar pasar estos crímenes como cosa aislada”.
El 1 de marzo, una emboscada tendida a la periodista Carol Cabrera resultó en la muerte del periodista de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Joseph Andoni Hernández Ochoa. Éste trasladaba en su automóvil a Cabrera, que informaba para la emisora Radio Cadena Voces, cuando una ráfaga de disparos llegó a ellos desde una motocicleta.
En diciembre de 2009 fue asesinada una hija de Cabrera, de 16 años. Por entonces la periodista trabajaba en el estatal Canal 8 de televisión controlado por el régimen del golpista Roberto Micheletti, que había derrocado en junio al presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009). Al principio se creyó que la muerte de la joven tenía que ver con acciones de pandillas juveniles. Cabrera se encuentra “autoexiliada” en un hospital militar desde donde dijo hace una semana que “no me moveré hasta que tenga garantías de que seguiré viviendo porque sigo amenazada”.
El 11 de marzo se conoció otro homicidio. El comunicador rural David Meza murió a balazos en la norteña ciudad de La Ceiba. Meza informaba para la emisora Radio América y para el informativo de televisión Abriendo Brecha, ambos de cobertura nacional. Una semana antes de su muerte, Meza había denunciado amenazas del narcotráfico por informar sobre el asesinato de un desconocido de nacionalidad mexicana en esa zona.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dice que un día después del asesinato de Meza marchó al exilio el periodista Carlos Geovany Alfonso Streber, director del Canal 36 de La Ceiba, donde el reportero muerto tenía un programa informativo. “Streber me llamó cuando estaba abordando un avión para salir del país, por miedo a correr la suerte de su compañero”, dice Custodio.
El 14 de marzo, el reportero Nahum Palacios fue asesinado en la comunidad de Tocoa, en el norteño departamento de Colón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado siete meses antes al régimen golpista medidas cautelares para proteger su vida. Palacios había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por su postura crítica al golpe. El 16 de marzo, el comisionado Custodio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extendiera medidas cautelares de protección a todos los periodistas hondureños.
Cinco días después del asesinato de Palacios, otros dos periodistas rurales, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, fueron abatidos a tiros en el nororiental departamento de Olancho, cuando investigaban un caso de narcotráfico. Las autoridades no han aclarado ninguna de estas muertes.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que “si bien tenemos ya algunas pistas claras sobre los móviles de al menos dos casos, esperamos unas averiguaciones finales para capturar a los responsables antes de que finalice el mes de abril”. Álvarez añadió que se ofrecen recompensas “a quienes nos den datos sobre las muertes de los periodistas u otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo”.
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 alteró el escenario. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe y que se extiende a la prensa, pese a las elecciones de noviembre y la investidura en enero del derechista Porfirio Lobo. Tampoco ha desaparecido el clima de polarización entre partidarios y críticos del golpe.
“Pareciera que grupos interesados quieren hacer ver como algo común la muerte de periodistas para que no exista investigación y las cosas queden en la impunidad”, dice el catedrático universitario y periodista Juan Ramón Durán.
El gobierno de Lobo tiene obligación “de identificar a los responsables y las causas que llevaron a cometer a sus autores estos crímenes”, pues “entre más silencio guarde, más se daña la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”, subraya.
La directora del medio Proceso Digital, Marlen Zelaya, considera que “ha llegado el momento de una mayor unión gremial para no dejar pasar estos crímenes como cosa aislada”.
El 1 de marzo, una emboscada tendida a la periodista Carol Cabrera resultó en la muerte del periodista de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Joseph Andoni Hernández Ochoa. Éste trasladaba en su automóvil a Cabrera, que informaba para la emisora Radio Cadena Voces, cuando una ráfaga de disparos llegó a ellos desde una motocicleta.
En diciembre de 2009 fue asesinada una hija de Cabrera, de 16 años. Por entonces la periodista trabajaba en el estatal Canal 8 de televisión controlado por el régimen del golpista Roberto Micheletti, que había derrocado en junio al presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009). Al principio se creyó que la muerte de la joven tenía que ver con acciones de pandillas juveniles. Cabrera se encuentra “autoexiliada” en un hospital militar desde donde dijo hace una semana que “no me moveré hasta que tenga garantías de que seguiré viviendo porque sigo amenazada”.
El 11 de marzo se conoció otro homicidio. El comunicador rural David Meza murió a balazos en la norteña ciudad de La Ceiba. Meza informaba para la emisora Radio América y para el informativo de televisión Abriendo Brecha, ambos de cobertura nacional. Una semana antes de su muerte, Meza había denunciado amenazas del narcotráfico por informar sobre el asesinato de un desconocido de nacionalidad mexicana en esa zona.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dice que un día después del asesinato de Meza marchó al exilio el periodista Carlos Geovany Alfonso Streber, director del Canal 36 de La Ceiba, donde el reportero muerto tenía un programa informativo. “Streber me llamó cuando estaba abordando un avión para salir del país, por miedo a correr la suerte de su compañero”, dice Custodio.
El 14 de marzo, el reportero Nahum Palacios fue asesinado en la comunidad de Tocoa, en el norteño departamento de Colón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado siete meses antes al régimen golpista medidas cautelares para proteger su vida. Palacios había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por su postura crítica al golpe. El 16 de marzo, el comisionado Custodio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extendiera medidas cautelares de protección a todos los periodistas hondureños.
Cinco días después del asesinato de Palacios, otros dos periodistas rurales, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, fueron abatidos a tiros en el nororiental departamento de Olancho, cuando investigaban un caso de narcotráfico. Las autoridades no han aclarado ninguna de estas muertes.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que “si bien tenemos ya algunas pistas claras sobre los móviles de al menos dos casos, esperamos unas averiguaciones finales para capturar a los responsables antes de que finalice el mes de abril”. Álvarez añadió que se ofrecen recompensas “a quienes nos den datos sobre las muertes de los periodistas u otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo”.
Condenas internacionales
El lunes 29 en un comunicado, el gobierno de Francia condenó “estos hechos y pide al gobierno hondureño garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular la seguridad de los periodistas”. Reacciones similares tuvieron Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de Prensa y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales. HRW dirigió el 3 marzo una carta al fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí solicitándole investigar asesinatos, violaciones sexuales, torturas, secuestros y agresiones contra miembros del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, instó a las autoridades de Honduras a hacer todo lo que esté a su alcance para arrestar a los asesinos de periodistas en ese país y pidió que se ponga fin "a esta intolerable ola de violencia sin precedentes".
Reporteros sin Fronteras denunció este viernes la grave situación en Honduras y anunció sumarse a la campaña contra la presencia en Europa del presidente de este país. "El país cayó en un mes en el peor nivel mundial en cuanto a la seguridad de los periodistas", afirma RSF. Agrega enseguida que tampoco se ha hecho justicia por los ataques, intimidaciones, censuras y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos desde el 28 junio de 2009, fecha del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. "El golpe de Estado perdura en los hechos", afirma RSF, antes de denunciar como una "verdadera prima a la impunidad el nombramiento del general golpista Romeo Vásquez como jefe de la empresa pública de telecomunicaciones".
Finalmente, Reporteros sin Fronteras señala que adhiere a una petición internacional al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en tanto presidente de la Unión Europea, para que se retire la invitación al presidente hondureño Porfirio Lobo a la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe del mes de mayo próximo
Cárcel para sindicalistas de la Resistencia
El Juez hondureño, Melvin Bonilla, resolvió enviar a la cárcel a 11 directivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH). Los sindicalistas forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado de Honduras. Y ello porque el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la pública Universidad Nacional de Honduras para demandar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado de Honduras. Y ello porque el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la pública Universidad Nacional de Honduras para demandar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Los sindicalistas se presentaron a declarar voluntariamente a la Justicia este jueves. Allí, el Juez decretó la detención de 11 de ellos y otorgó medidas cautelares a los otros 5, por contar con más de 60 años. El abogado de los acusados, Jorge Lagos, denunció que Melvin Bonilla ordenó la medida porque los sindicalistas son integrantes de la Resistencia Nacional.
Por su parte, el Frente se solidarizó con los detenidos y acusó al Gobierno de Porfirio Lobo, al cual cataloga de dictadura, de pretender cerrar la universidad "negando a la población el derecho a la educación pública".
Por su parte, el Frente se solidarizó con los detenidos y acusó al Gobierno de Porfirio Lobo, al cual cataloga de dictadura, de pretender cerrar la universidad "negando a la población el derecho a la educación pública".
Miles de integrantes de la Resistencia se movilizaron a los alrededores de los Tribunales para expresar su apoyo a los sindicalistas. Manifestaron que este accionar es una "persecución política".
Los 11 sindicalistas encarcelados se encuentran en la Penitenciaría Nacional, con sede en Támara, 25 km al norte de la capital, Tegucigalpa.
Comunicado Nº 53 del FNRP
El Frente Nacional de Resistencia Popular comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
La oligarquía hondureña a través de su representante, el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa, ejecuta aceleradamente un plan para seguir enriqueciéndose a costa del robo y la explotación de pueblo. Aprovechándose del control absoluto de los poderes del Estado, que garantizan por la fuerza de las armas, están relanzando el modelo neoliberal que ha generado tanta pobreza y dependencia a nuestro país, y se aprestan a la privatización de los bienes públicos, la derogación de las conquistas sociales y la entrega de los recursos naturales.
En fechas recientes, la dictadura ha hecho manifiesta su intención de cerrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negando a la población el derecho a la educación pública, con el objetivo de beneficiar a grandes empresas privadas que convierten todo en mercancía.
Asimismo, han iniciado la persecución política de líderes sindicales a quienes se amenaza con la cárcel por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura amenaza con desconocer el fuero sindical y anular la contratación colectiva del sindicato de trabajadores de la UNAH, lo que aumentaría la ya grave violación de derechos humanos, señalada y condenada internacionalmente, y representaría un precedente para el desmontaje de conquistas sociales que costaron enormes sacrificios a las clases oprimidas.
La estrategia de represión por vía jurídica complementa la campaña de terror que desarrollan desde el día mismo del golpe de Estado de manera continua y que en los últimos días se ha potenciado con el asesinato de los compañeros José Manuel Flores, Francisco Castillo, José Antonio Cardoza, José Carías y Nahun Palacios. Todos ellos víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos paramilitares conformados por la oligarquía a instancias de personas como Óscar Álvarez, ministro de seguridad de facto, o Miguel Facussé, emblemático representante de la oligarquía.
Ante este panorama afirmamos que la única forma de regresar a un orden institucional que garantice la participación democrática y haga posible un cambio estructural del sistema social de manera pacífica, es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría popular.
En ese sentido volvemos a anunciar el la realización de una Consulta Nacional para recoger la voluntad de las mayorías a favor del proceso de Refundación del país, fortaleciéndose esta manera la organización popular que hará inevitable que se escuche la voz soberana del pueblo.
¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo 2010
En fechas recientes, la dictadura ha hecho manifiesta su intención de cerrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negando a la población el derecho a la educación pública, con el objetivo de beneficiar a grandes empresas privadas que convierten todo en mercancía.
Asimismo, han iniciado la persecución política de líderes sindicales a quienes se amenaza con la cárcel por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura amenaza con desconocer el fuero sindical y anular la contratación colectiva del sindicato de trabajadores de la UNAH, lo que aumentaría la ya grave violación de derechos humanos, señalada y condenada internacionalmente, y representaría un precedente para el desmontaje de conquistas sociales que costaron enormes sacrificios a las clases oprimidas.
La estrategia de represión por vía jurídica complementa la campaña de terror que desarrollan desde el día mismo del golpe de Estado de manera continua y que en los últimos días se ha potenciado con el asesinato de los compañeros José Manuel Flores, Francisco Castillo, José Antonio Cardoza, José Carías y Nahun Palacios. Todos ellos víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos paramilitares conformados por la oligarquía a instancias de personas como Óscar Álvarez, ministro de seguridad de facto, o Miguel Facussé, emblemático representante de la oligarquía.
Ante este panorama afirmamos que la única forma de regresar a un orden institucional que garantice la participación democrática y haga posible un cambio estructural del sistema social de manera pacífica, es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría popular.
En ese sentido volvemos a anunciar el la realización de una Consulta Nacional para recoger la voluntad de las mayorías a favor del proceso de Refundación del país, fortaleciéndose esta manera la organización popular que hará inevitable que se escuche la voz soberana del pueblo.
¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo 2010
(Fuentes:Agencia PÚLSAR, IPS, Argenpress,Prensa Latina, AFP y Minga Informativa de Movimientos Sociales)
l pasado martes y su cadáver fue identificado el domingo en la morgue de Tegucigalpa por familiares. Según las denuncias, el cuerpo sin vida de la joven, de 29 años y madre de tres hijos, fue lanzado desde un automóvil en un sector de la colonia Loarque, en el sur de la capital.
