Mostrando las entradas con la etiqueta hrw. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta hrw. Mostrar todas las entradas

9.7.14

EE.UU.-LATINOAMÉRICA

MILES DE NIÑOS CENTROAMERICANOS SE HACINAN DETENIDOS EN REFUGIOS Y BASES MILITARES, EN UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES NORTEAMERICANAS. DENUNCIAS DE MALTRATOS Y ABUSOS SEXUALES


 No es la primera vez que sucede, pero sí la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se ve desbordado. La llegada masiva de niños migrantes, mayoritariamente centroamericanos y en una gran mayoría hondureños, es ya una verdadera tragedia. Desde octubre de 2013 se calcula que más de 50.000 niños y adolescentes han cruzado cruzaron la frontera sur. El gobierno de Obama se ve desbordado y mantiene alojados a miles de estos pequeñosen condiciones de hacinamiento, sin una alimentación adecuada y en instalaciones poco adecuadas, como centros de refugiados y bases militares. Ya se han registrado denuncias por maltratos y abusos sexuales.
  Las imágenes que tomaron los medios que ingresaron a los centros de Brownsville (Texas) y Nogales (Arizona) amplificaron la dimensión del conflicto migratorio. Miles de niños duermen en el piso envueltos en cobertores de aluminio, y en lo que se asemejan a pajareras iluminadas por tubos fluorescentes, los más pequeños descansan unos sobre otros. Se ven también bebés con sus madres, baños químicos, integrantes de las patrullas fronterizas y muchos adolescentes solos. Ese es el principal problema. Que viajan sin la compañía de un mayor a Estados Unidos o con hermanos menores y ahora, la gran mayoría, espera por la deportación.
    Según la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU), una activa ONG que denuncia los atropellos contra los inmigrantes en proceso de ser deportados,denuncia “ la forma terrible de cómo los menores están siendo abusados sexual y físicamente, con agresiones verbales; no les dan tratamiento médico y obviamente los niños están en condiciones terribles e inhumanas. Es un problema que hemos documentado por años”, explicó Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU.
“Había, por ejemplo, una chica de 16 años con un bebé de 2 años, y no le querían dar leche al niño. Otra chica tenía un ataque asmático y no era atendida”, agregó la representante de la ONG en declaraciones publicadas por el diario Prensa Libre, de Guatemala. Once mil niños detenidos en EE.UU. son oriundos de ese país.
Honduras es otra de las naciones más afectadas por la migración de sus menores indocumentados. La embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, lejos de aportar una solución civilizadora, declaró: “No tienen status legal para quedarse en los Estados Unidos. Y punto. No importa si son niños o adultos, serán deportados”
El consulado de El Salvador en Tucson, Arizona, relevó que en esa ciudad había 1154 menores indocumentados, de los cuales 379 eran de ese país.  La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, constató que al menos en un centro de recepción, los menores “están en una condición deprimente y de total falta de espacio, higiene y alimentos. Es en el Centro McAllen de la Patrulla Fronteriza”.
  Los menores capturados en la frontera –se estima que por día unos 400 intentan entrar a EE.UU.–, son por lo general retenidos 72 horas en centros como los de Brownsville y Nogales. Muchos de ellos, vencido ese plazo ya son enviados a bases militares en California, Oklahoma y Texas. El 60 por ciento terminarán deportados, según la ONG Niños en Necesidad de Defensa (KIND). México, por donde necesariamente deben pasar los menores indocumentados, también deporta: 8577 fueron expulsados del país en 2013. En los primeros cuatro meses de este año, Estados Unidos tomó una medida semejante con niños mexicanos. Rechazó a unos seis mil.
Es un círculo vicioso que relató con agudeza el escritor hondureño Roberto Quesada, un especialista en temas migratorios y autor de la novela Nunca entres por Miami: “Estados Unidos debe recordar que Centroamérica no es Afganistán, ni Irak, ni esos países lejanos en donde se va a promover el caos, sino los vecinos inevitables, y ante la catástrofe local, el destino se llama Estados Unidos. Si continúan patrocinando y respaldando la antidemocracia, los fraudes electorales, la impunidad, entonces abran espacio que masivamente se moverán los centroamericanos hacia los Estados Unidos”.
Una bomba de tiempo
El padre Alejandro Solalinde, conocido defensor de los derechos de los emigrantes y director en México del albergue Hermanos en el camino, alerta de que si el gobierno de Estados Unidos elude darle un trato humanitario a la crisis de los niños migrantes no acompañados, ésta se le revertirá.“Esto es una bomba de tiempo. Se pueden quitar a los niños de enfrente y tomarse la foto, pero será un bumerán y será un problema social incontenible, no nada más para ese país, sino para toda la región”.
Solalinde, señaló que los gobiernos "lo asumen todo como una cuestión de seguridad y su perspectiva no es realmente humanitaria, sólo la revisten de humanitaria...el fenómeno de los niños migrantes no acompañados va a crecer, pero sólo los están exponiendo a la delincuencia, los están poniendo de pechito, los están entregando para que formen parte del crimen organizado”.

Estados Unidos viola sus propias leyes

La política del Gobierno de Estados Unidos de detener a niños y adolescentes migrantes no acompañados y someterlos a procedimiento inadecuado, como un largo período de reclusión, ha puesto a esos niños y niñas en peligro. La evaluación es de Human Rights Watch (HRW), organización estadounidense de derechos humanos, que sostiene que el Congreso debería proteger en vez de castigar a esa clase de migrantes. 
   El Gobierno de Estados Unidos estima que 90 mil niños no acompañados van a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante 2014, 10 veces más que en 2011.
"La política del gobierno de Estados Unidos de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple normas internacionales”, evalúa Clara Long, investigadora de la HRW. "El Congreso debería explorar alternativas a la detención, como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en cruzamientos fronterizos de este tipo”, agrega Long.

   La legislación de Estados Unidos permite la detención de adolescentes por un lapso máximo de 72 horas. Sin embargo, el reciente aumento de jóvenes que llegan al territorio estadounidense no acompañados ha servido de justificación para detenciones más prolongadas, registrando casos de 10 días o de hasta dos semanas de privación de libertad. Después de ese período, los jóvenes son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde nuevamente pueden ser detenidos.

  Las normas internacionales de derechos humanos, sin embargo, prevén la detención, únicamente, como último recurso y por un período de tiempo corto. Una amplia variedad de estudios vincula la detención migratoria con consecuencias para la salud mental de los niños y niñas, incluyendo daños que perduran más allá de los períodos de detención. Y los jóvenes no acompañados, en particular, son reconocidos como especialmente vulnerables.
De acuerdo con la organización, las actuales políticas de Estados Unidos que se aplican a quienes cruzan la frontera no cumplen las normas internacionales que requieren una cuidadosa revisión de los casos de los adolescentes en favor de sus intereses, ya que pueden ser víctimas de tráfico humano, ser refugiados, pueden enfrentar represalias de traficantes o de violadores de derechos cuando sean regresados. "A los niños no se les proporciona sistemáticamente un abogado de oficio, ni tutores, aunque ambas cosas sean sugeridas por las normas internacionales”, señala HRW.

Medidas de cambio


En ese contexto, HRW solicitó al Gobierno de Estados Unidos que implemente alternativas a la detención para todos los adolescentes migrantes no acompañados, como por ejemplo ponerlos en libertad bajo supervisión de tutores aprobados o situando a los jóvenes en centros con pleno acceso a la educación, nutrición, saneamiento, integración social y esparcimiento adecuados. Pide también que se asegure que la detención sea aplicada solamente en casos excepcionales.
La organización defiende también que, en el caso que haya una real necesidad de detención, que se realice por el período más breve posible y que se efectúe en ambiente apropiado. Solicita además que el Gobierno  proporcione exámenes completos y justos a adolescentes migrantes proporcionados por un especialista en bienestar infantil. Se suma a esto la necesidad de asegurar que los jóvenes no acompañados, especialmente aquellos que necesitan asilo, reciban asistencia de abogado y tutor encargado de representar sus intereses.

Se piden medidas urgentes


   Desde Honduras se pide al gobierno estadounidense que se cumplan los derechos humanos de esos adolescentes, se vele por su libertad, integridad física, psíquica y moral. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavon Murillo, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la adopción inmediata y urgente de medidas cautelares en favor de más de 2 mil jóvenes en esas condiciones.
Según Murillo, entre esos adolescentes hay hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que se encuentran en diferentes casas de detención en Estados Unidos. Él entiende que tales detenciones no están reguladas bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. "Esos niños hicieron el viaje en busca de sus padres que, de antemano, estaban radicados en Estados Unidos; muchos de ellos andan en busca de una oportunidad económica que les permita enviar dinero a casa”, afirmó en documento enviado a la CIDH.
"Los índices de pobreza todavía son perceptibles en los países centroamericanos, conocidos como los países del triangulo norte de América Central, donde mucha gente quiere huir de la violencia o del abuso”, complementó. Según él, se suma a esto el riesgo de tráfico de personas. "Lo que obliga a la solidaridad con esos países para evitar que continúe creciendo el delito amparado en la impunidad”, defendió Murillo.

Serán deportados

La Casa Blanca aseguró este lunes 7 de agosto que la "mayoría" de los niños inmigrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos serán deportados.
Es "improbable" que estos niños "puedan cumplir los requisitos para la asistencia por razones humanitarias, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en una rueda de prensa.
Earnest aseguró que estas declaraciones no deben interpretarse como un intento de "juzgar de antemano" el resultado del proceso judicial que atraviesan estos menores y que se evalúa caso por caso.
El Gobierno estadounidense presentará  al Congreso su plan definitivo para acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera.
(Fuentes: Página12, La Jornada, Adital y BBC Mundo) 

2.4.10

Honduras:Represión postgolpe

LOS CINCO PERIODISTAS ASESINADOS, SÓLO EN MARZO, ELEVAN A 150 LOS CRÍMENES GOLPISTAS. BAJO EL GOBIERNO DE PROFIRIO LOBO, CONTINÚA LA GUERRA SUCIA PARA EXTERMINAR A LA RESISTENCIA


Durante el pasado mes de marzo 5 periodistas fueron asesinados en Honduras. Desde el Golpe de Estado ocurrido el 28 de junio pasado son 150 las muertes por estos actos de violencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudia los crímenes contra los comunicadores sociales. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sentenció que "estos despreciables crímenes contra profesionales de los medios vulneran el derechos fundamental a la libertad de información, piedra angular de una sociedad democrática". La titular de la UNESCO exigió a las autoridades hondureñas que se "arreste a los responsables y se ponga fin a la ola de violencia".

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el colectivo de Artistas en Resistencia, junto a otras organizaciones, emitieron condenas a la escalada de violencia desencadenada bajo el gobierno de Porfirio Lobo.

La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, afirmó que en el país hay en marcha un "plan de exterminio".

Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, Honduras tiene el actualmente el índice de homicidios más alto de Centroamérica. Y explicó que la situación más grave se registra en los departamentos hondureños de Colón, Francisco Morazán, en el centro del país, Yoro en el norte y Copán en el oeste.


Cinco periodistas asesinados en un mes


La aplicación de leyes mordaza, las amenazas, el exilio, los atentados y los primeros asesinatos marcaron en los últimos años el ejercicio del periodismo en Honduras. Pero nunca había pasado que cinco reporteros fueran abatidos en un mes:cuatro en el interior del país y uno en Tegucigalpa. Los últimos, el viernes 26 de Marzo, hansido José Bayardo Mairena y Manuel Juárez . El asesinato se produjo en Tulín, en el departamento de Olancho, cuando ambos salían de las instalaciones de Radio Diez, después de transmitir el programa que dirigían.

La Plataforma de Derechos Humanos expresó su más enérgica condena los crímenes y advirtió que "si los organismos encargados de la investigación y enjuiciamiento de los responsables como la Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, no actúan con la responsabilidad y eficacia que se espera de éstas instituciones para esclarecer estos crímenes, continuarán los asesinatos y las violaciones a la libertad de prensa y expresión en Honduras.

Frente al actual estado de indefensión en que se encuentra la población hondureña y ante lo que parece ser una estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores al golpe de estado y gobierno de facto, la Plataforma pide la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para que el régimen actual detenga esta ola de criminalidad e investigue las muertes de los periodistas José Bayardo, Manuel Juarez, Joseph Ochoa, David Meza y Nahún Palacios.

Todo empezó con el golpe contra el Presidente Zelaya


El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 alteró el escenario. Organizaciones nacionales e internacionales denuncian que no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe y que se extiende a la prensa, pese a las elecciones de noviembre y la investidura en enero del derechista Porfirio Lobo. Tampoco ha desaparecido el clima de polarización entre partidarios y críticos del golpe.

“Pareciera que grupos interesados quieren hacer ver como algo común la muerte de periodistas para que no exista investigación y las cosas queden en la impunidad”, dice el catedrático universitario y periodista Juan Ramón Durán.

El gobierno de Lobo tiene obligación “de identificar a los responsables y las causas que llevaron a cometer a sus autores estos crímenes”, pues “entre más silencio guarde, más se daña la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”, subraya.

La directora del medio Proceso Digital, Marlen Zelaya, considera que “ha llegado el momento de una mayor unión gremial para no dejar pasar estos crímenes como cosa aislada”.

El 1 de marzo, una emboscada tendida a la periodista Carol Cabrera resultó en la muerte del periodista de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Joseph Andoni Hernández Ochoa. Éste trasladaba en su automóvil a Cabrera, que informaba para la emisora Radio Cadena Voces, cuando una ráfaga de disparos llegó a ellos desde una motocicleta.

En diciembre de 2009 fue asesinada una hija de Cabrera, de 16 años. Por entonces la periodista trabajaba en el estatal Canal 8 de televisión controlado por el régimen del golpista Roberto Micheletti, que había derrocado en junio al presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009). Al principio se creyó que la muerte de la joven tenía que ver con acciones de pandillas juveniles. Cabrera se encuentra “autoexiliada” en un hospital militar desde donde dijo hace una semana que “no me moveré hasta que tenga garantías de que seguiré viviendo porque sigo amenazada”.

El 11 de marzo se conoció otro homicidio. El comunicador rural David Meza murió a balazos en la norteña ciudad de La Ceiba. Meza informaba para la emisora Radio América y para el informativo de televisión Abriendo Brecha, ambos de cobertura nacional. Una semana antes de su muerte, Meza había denunciado amenazas del narcotráfico por informar sobre el asesinato de un desconocido de nacionalidad mexicana en esa zona.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dice que un día después del asesinato de Meza marchó al exilio el periodista Carlos Geovany Alfonso Streber, director del Canal 36 de La Ceiba, donde el reportero muerto tenía un programa informativo. “Streber me llamó cuando estaba abordando un avión para salir del país, por miedo a correr la suerte de su compañero”, dice Custodio.

El 14 de marzo, el reportero Nahum Palacios fue asesinado en la comunidad de Tocoa, en el norteño departamento de Colón. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado siete meses antes al régimen golpista medidas cautelares para proteger su vida. Palacios había denunciado amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado por su postura crítica al golpe. El 16 de marzo, el comisionado Custodio solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que extendiera medidas cautelares de protección a todos los periodistas hondureños.

Cinco días después del asesinato de Palacios, otros dos periodistas rurales, José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, fueron abatidos a tiros en el nororiental departamento de Olancho, cuando investigaban un caso de narcotráfico. Las autoridades no han aclarado ninguna de estas muertes.

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que “si bien tenemos ya algunas pistas claras sobre los móviles de al menos dos casos, esperamos unas averiguaciones finales para capturar a los responsables antes de que finalice el mes de abril”. Álvarez añadió que se ofrecen recompensas “a quienes nos den datos sobre las muertes de los periodistas u otras amenazas que se ciernen sobre el periodismo”.
Condenas internacionales


El lunes 29 en un comunicado, el gobierno de Francia condenó “estos hechos y pide al gobierno hondureño garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular la seguridad de los periodistas”. Reacciones similares tuvieron Reporteros Sin Fronteras, el Instituto Internacional de Prensa y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales. HRW dirigió el 3 marzo una carta al fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí solicitándole investigar asesinatos, violaciones sexuales, torturas, secuestros y agresiones contra miembros del opositor Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, instó a las autoridades de Honduras a hacer todo lo que esté a su alcance para arrestar a los asesinos de periodistas en ese país y pidió que se ponga fin "a esta intolerable ola de violencia sin precedentes".

Reporteros sin Fronteras denunció este viernes la grave situación en Honduras y anunció sumarse a la campaña contra la presencia en Europa del presidente de este país. "El país cayó en un mes en el peor nivel mundial en cuanto a la seguridad de los periodistas", afirma RSF. Agrega enseguida que tampoco se ha hecho justicia por los ataques, intimidaciones, censuras y asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos desde el 28 junio de 2009, fecha del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. "El golpe de Estado perdura en los hechos", afirma RSF, antes de denunciar como una "verdadera prima a la impunidad el nombramiento del general golpista Romeo Vásquez como jefe de la empresa pública de telecomunicaciones".

Finalmente, Reporteros sin Fronteras señala que adhiere a una petición internacional al presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en tanto presidente de la Unión Europea, para que se retire la invitación al presidente hondureño Porfirio Lobo a la Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe del mes de mayo próximo

Cárcel para sindicalistas de la Resistencia


El Juez hondureño, Melvin Bonilla, resolvió enviar a la cárcel a 11 directivos del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH). Los sindicalistas forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía, acusó a 16 sindicalistas por los delitos de sedición, usurpación y coacción en contra del Estado de Honduras. Y ello porque el sindicato realiza desde el 28 de febrero una toma de la pública Universidad Nacional de Honduras para demandar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo.
Los sindicalistas se presentaron a declarar voluntariamente a la Justicia este jueves. Allí, el Juez decretó la detención de 11 de ellos y otorgó medidas cautelares a los otros 5, por contar con más de 60 años. El abogado de los acusados, Jorge Lagos, denunció que Melvin Bonilla ordenó la medida porque los sindicalistas son integrantes de la Resistencia Nacional.

Por su parte, el Frente se solidarizó con los detenidos y acusó al Gobierno de Porfirio Lobo, al cual cataloga de dictadura, de pretender cerrar la universidad "negando a la población el derecho a la educación pública".

Miles de integrantes de la Resistencia se movilizaron a los alrededores de los Tribunales para expresar su apoyo a los sindicalistas. Manifestaron que este accionar es una "persecución política".

Los 11 sindicalistas encarcelados se encuentran en la Penitenciaría Nacional, con sede en Támara, 25 km al norte de la capital, Tegucigalpa.

Comunicado Nº 53 del FNRP

El Frente Nacional de Resistencia Popular comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:
La oligarquía hondureña a través de su representante, el régimen de facto de Porfirio Lobo Sosa, ejecuta aceleradamente un plan para seguir enriqueciéndose a costa del robo y la explotación de pueblo. Aprovechándose del control absoluto de los poderes del Estado, que garantizan por la fuerza de las armas, están relanzando el modelo neoliberal que ha generado tanta pobreza y dependencia a nuestro país, y se aprestan a la privatización de los bienes públicos, la derogación de las conquistas sociales y la entrega de los recursos naturales.

En fechas recientes, la dictadura ha hecho manifiesta su intención de cerrar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), negando a la población el derecho a la educación pública, con el objetivo de beneficiar a grandes empresas privadas que convierten todo en mercancía.

Asimismo, han iniciado la persecución política de líderes sindicales a quienes se amenaza con la cárcel por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La dictadura amenaza con desconocer el fuero sindical y anular la contratación colectiva del sindicato de trabajadores de la UNAH, lo que aumentaría la ya grave violación de derechos humanos, señalada y condenada internacionalmente, y representaría un precedente para el desmontaje de conquistas sociales que costaron enormes sacrificios a las clases oprimidas.

La estrategia de represión por vía jurídica complementa la campaña de terror que desarrollan desde el día mismo del golpe de Estado de manera continua y que en los últimos días se ha potenciado con el asesinato de los compañeros José Manuel Flores, Francisco Castillo, José Antonio Cardoza, José Carías y Nahun Palacios. Todos ellos víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado y los organismos paramilitares conformados por la oligarquía a instancias de personas como Óscar Álvarez, ministro de seguridad de facto, o Miguel Facussé, emblemático representante de la oligarquía.

Ante este panorama afirmamos que la única forma de regresar a un orden institucional que garantice la participación democrática y haga posible un cambio estructural del sistema social de manera pacífica, es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente con mayoría popular.

En ese sentido volvemos a anunciar el la realización de una Consulta Nacional para recoger la voluntad de las mayorías a favor del proceso de Refundación del país, fortaleciéndose esta manera la organización popular que hará inevitable que se escuche la voz soberana del pueblo.

¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo 2010

(Fuentes:Agencia PÚLSAR, IPS, Argenpress,Prensa Latina, AFP y Minga Informativa de Movimientos Sociales)

30.4.09

México:Epidemia de represión

EL EJÉRCITO, CON CARTA BLANCA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCO, MATA CON TANTA IMPUNIDAD Y CAUSA MAYOR DOLOR QUE LA GRIPE PORCINA. LA POBREZA Y EL TRABAJO ESCLAVO AUMENTAN ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL


La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusa al ejército de México de torturar y asesinar a civiles y de violaciones a decenas de mujeres en los últimos dos años, mientras lleva a cabo su campaña contra el narcotráfico. Desde que asumió el poder en 2006, Calderón ha movilizado a decenas de miles de efectivos para luchar contra los poderosos carteles del narcotráfico que operan en México y que han generado una ola de violencia que ha provocado la muerte de miles de personas.

En el informe "Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México", la organización no gubernamental describe 17 casos de presuntos abusos militares graves con más de 70 víctimas. En el se asegura que la militarización de ciudades mexicanas para combatir el crimen organizado generado por el narcotráfico ha dado paso a numerosos abusos sobre la población civil.

El documento asegura que los presuntos responsables permanecen libres y en total impunidad. El único caso en que se condenó a cuatro soldados -según el informe- fue un proceso desarrollado por autoridades civiles. Aunque el ejército investigó varios casos bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial.
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar.


El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, destaca que la organización no está interesada en hacer una lista de las "violaciones" sino en "mostrar que no existe un régimen legal que sea adecuado y eficiente en contener sus acciones, especialmente cuando se trata de combatir a los traficantes de droga".

El documento asegura que en 12 casos de presuntos asesinatos, los soldados dispararon contra civiles desarmados, después de que estos no acataran la orden de detener sus vehículos.
En otro incidente, presuntamente un grupo de soldados -aparentemente bajo los efectos del alcohol u otras drogas- abrió fuego contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños.
El informne también habla de personas que, estando detenidas en locales militares, fueron golpeadas y torturadas repetidamente con descargas eléctricas.

El organismo internacional indica que ninguna de las víctimas tenía vínculos con el tráfico de drogas o con los grupos armados que operan en varios estados mexicanos.

Human Rights Watch propone al gobierno de Calderón que todos los casos sean trasladados al sistema de justicia civil.

Los militares deben responder por sus abusos


Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señala el informe de Human Rights Watch publicado este miércoles. (LEER EL INFORME)

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", dice José Miguel Vivanco. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".
Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario (ministro) de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles.

En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.
"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", insiste Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".


Calderón propone 'reformar' la Ley de Seguridad


Apenas una semana antes de la difusión por HRW de su informe, el presidente de México, Felipe Calderón, envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de 'regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado'.

La iniciativa propone introducir una nueva figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" . Criticado ya desde la izquierda y las organizaciones sociales, el senador del PAN -el partido del gobierno- Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, negó que se tratara de un intento por legalizar estados de excepción. "Lo que se busca es darle un marco legal a las Fuerzas Armadas para que puedan operar".

René Arce Islas, senador del PRD -oposición de centro-izquierda- piensa que el país está frente a una discusión muy delicada porque se trata de las garantías de los ciudadanos mexicanos. "Esta iniciativa busca proteger al Ejército y al poder Ejecutivo de algo que ya está ocurriendo, que es el despliegue de los militares en las calles, que en algunos casos, ha sido responsable de serias violaciones a los derechos humanos".

La discusión sobre la legalidad de la intervención del Ejército en la seguridad pública no es nueva. En 1996 algunos sectores políticos promovieron un recurso de inconstitucionalidad por el uso de agentes militares en las calles de México. En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia estableció ciertos criterios bajo los cuales autoriza la actuación del Ejército en tareas de seguridad bajo la autoridad civil y para acciones específicas.

Pero según algunas organizaciones de derechos humanos no existe una base jurídica que avale el despliegue del Ejército en las calles. "Precisamente lo que está buscando Calderón es legalizar lo que en este momento está fuera de la ley", dice el abogado Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro. "Lo más preocupante, fuera de la discusión legal, es que en algunas regiones del país sí existen estados de excepción de facto, como cuando no se respeta la libertad de tránsito, cuando hay allanamientos ilegales, privación de la vida o violación del debido proceso", añade.

De acuerdo a cifras oficialeshay cerca de 45.000 efectivos militares desplegados en el combate a las organizaciones criminales en distintos puntos del país. Se estima que en México la violencia asociada a los carteles de la droga dejó más de 6.000 muertos en 2008 y que este año la situación de seguridad continúa deteriorándose, especialmente en algunas zonas.

Miles de niños en trabajos denigrantes

El periódico “El Universal” publicaba este miércoles una investigación en la que revela que miles de niños padecen hoy en día esclavitud de forma encubierta en todo el territorio mexicano.
Según el estudio del diario, los menores bajo ese régimen se desempeñan como jornaleros y vendedores entre otros trabajos. El informe revela que los menores de edad abandonan la escuela y sus hogares para trabajat y que reciben salarios de miseria. Además, viven expuestos a la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de adultos, entre los cuales algunas veces se cuentan sus propios familiares.

En Tapachula, zona fronteriza con Guatemala, cientos de menores de ese país vecino trabajan en las calles después de haber sido llevados allí por redes de traficantes.

Unos 200.000 niños realizan diversas labores en el estado de Guerrero para contribuir al ingreso familiar. De ellos, 58.000 dejaron de asistir a la escuela. El Universal precisa que en lo que va de 2009, más de 5.000 niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos, unos 4,28 dólares, por una jornada de 12 horas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montañalas consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación, pues hay municipios que tienen índices de analfabetismo de 78 por ciento.

La Ley Federal del Trabajo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14 años, siempre que el trabajo no interfiera en su educación.


Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden las esquinas de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. En jornadas de más de 10 horas trabajan de limpiaparabrisas, malabaristas, limpiadores de calzado, vendedores o simplemente de mendigos. Muchos, consumen pegamento.

Durante un operativo en una vivienda del centro, la policía encontró a ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos (limpia botas). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 200.000 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58.000 desertaron de la escuela.

Sinaloa: desde los ocho años en adelante

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños indígenas (mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas) van con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados no acompañados han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, 1.250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.


México - Epidemia de lucro

Por Silvia Ribeiro (*)

La nueva epidemia de influenza porcina que día a día amenaza con expandirse a más regiones del mundo, no es un fenómeno aislado. Es parte de la crisis generalizada, y tiene sus raíces en el sistema de cría industrial de animales, dominado por grandes empresas trasnacionales.

En México, las grandes empresas avícolas y porcícolas han proliferado ampliamente en las aguas (sucias) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo es Granjas Carroll, en Veracruz, propiedad de Smithfield Foods, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos en el mundo, con filiales en Norteamérica, Europa y China. En su sede de Perote comenzó hace algunas semanas una virulenta epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a 60 por ciento de la población de La Gloria, hecho informado por La Jornada en varias oportunidades, a partir de las denuncias de los habitantes del lugar. Desde hace años llevan una dura lucha contra la contaminación de la empresa y han sufrido incluso represión de las autoridades por sus denuncias. Granjas Carroll declaró que no está relacionada ni es el origen de la actual epidemia, alegando que la población tenía una gripe "común". Por las dudas, no hicieron análisis para saber exactamente de qué virus se trataba.

En contraste, las conclusiones del panel Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (Comisión Pew sobre producción animal industrial), publicadas en 2008, afirman que las condiciones de cría y confinamiento de la producción industrial, sobre todo en cerdos, crean un ambiente perfecto para la recombinación de virus de distintas cepas. Incluso mencionan el peligro de recombinación de la gripe aviar y la porcina y cómo finalmente puede llegar a recombinar en virus que afecten y sean trasmitidos entre humanos. Mencionan también que por muchas vías, incluyendo la contaminación de aguas, puede llegar a localidades lejanas, sin aparente contacto directo. Un ejemplo del que debemos aprender es el surgimiento de la gripe aviar. Ver por ejemplo el informe de GRAIN que ilustra cómo la industria avícola creó la gripe aviar (http://www.grain.org/).

Pero las respuestas oficiales ante la crisis actual, además de ser tardías (esperaron que Estados Unidos anunciara primero el surgimiento del nuevo virus, perdiendo días valiosos para combatir la epidemia), parecen ignorar las causas reales y más contundentes. Más que enviar cepas del virus para su secuenciación genómica a científicos como Craig Venter, que se ha enriquecido con la privatización de la investigación y sus resultados (secuenciación que, por cierto, ya fue hecha por investigadores públicos del Centro de Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos), lo que se necesita es entender que este fenómeno se va a seguir repitiendo mientras prosigan los criaderos de estas enfermedades.

Ya en la epidemia, son también trasnacionales las que más lucran: las empresas biotecnológicas y farmacéuticas que monopolizan las vacunas y los antivirales. El gobierno anunció que tenía un millón de dosis de antígenos para atacar la nueva cepa de influenza porcina, pero nunca informó a qué costo.

Los únicos antivirales que aún tienen acción contra el nuevo virus están patentados en la mayor parte del mundo y son propiedad de dos grandes empresas farmacéuticas: zanamivir, con nombre comercial Relenza, comercializado por GlaxoSmithKline, y oseltamivir, cuya marca comercial es Tamiflu, patentado por Gilead Sciences, licenciado en forma exclusiva a Roche. Glaxo y Roche son la segunda y cuarta empresas farmacéuticas a escala mundial y, al igual que con el resto de sus fármacos, las epidemias son sus mejores oportunidades de negocio.

Con la gripe aviar, todas ellas obtuvieron cientos o miles de millones de dólares de ganancias. Con el anuncio de la nueva epidemia en México, las acciones de Gilead subieron 3 por ciento, las de Roche 4 y las de Glaxo 6 por ciento, y esto es sólo el comienzo.

Otra empresa que persigue este jugoso negocio es Baxter, que solicitó muestras del nuevo virus y anunció que podría tener la vacuna en 13 semanas. Baxter, otra farmacéutica global (en el lugar 22), tuvo un "accidente" en su fábrica en Austria en febrero de este año. Le envió un producto contra la gripe a Alemania, Eslovenia y la República Checa, contaminado con virus de gripe aviar. Según la empresa, "fueron errores humanos y problemas en el proceso", del cual no puede dar detalles, "porque tendría que revelar procesos patentados".
No sólo necesitamos enfrentar la epidemia de la influenza: también la del lucro.
(*) Artículo publicado en el diario La Jornada, México.

(Fuentes: BBC-Mundo,HRW, Adital/Cimac, Madrid Digital, El Universal-México y La Jornada-México)

20.2.09

México:Militares y DD.HH.

LAS PROTESTAS CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL EJÉRCITO, INSTRUMENTALIZADAS O NO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTÁN BASADAS EN HECHOS CIERTOS Y EN DENUNCIAS COMPROBADAS


Las protestas para exigir la retirada de las calles del Ejército federal, que participa en el combate al narcotráfico, se han multiplicado esta semana en México y llegaron a perturbar el paso hasta los puentes fronterizos con Estados Unidos. El gobierno del Presidente Calderón lanzó la especie de que las protestas estaban organizadas al servicio del narcotráfico. Pero las denuncias contra el accionar de los militares en su despliegue para luchar contra el narco, se acumulan con datos concretos: cerca de tres mil durante los últimos ocho años, con 6.874 violaciones documentadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Además, según un informe recien emitido por la ONU, la corrupción, pese al despliegue del ejército, sigue siendo el principal obstáculo a la lucha contra el narcotráfico.

Cientos de personas participaron en las protestas en el estado de Tamaulipas, donde fueron bloqueados cruces con Estados Unidos en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al igual que en la fronteriza Ciudad Juárez, perteneciente al estado de Chihuahua. Las llamadas manifestaciones de "tapados", debido a que la mayoría de sus participantes cubren sus rostros, se repitieron por sexto día consecutivo en Monterrey, capital de Nuevo León, y surgieron en varios puntos del estado de Veracruz, frente al Golfo de México.


Las autoridades mexicanas dicen que organizaciones de delincuentes están detrás de los bloqueos de carreteras y cruces internacionales en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad Juárez, en el norte del país, así como en otras localidades de Veracruz, en el sureste del país. "Sería difícil que ciudadanos comunes y corrientes de varias ciudades se pusieran de acuerdo y coincidieran en manifestarse contra el Ejército", dice José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez. En la misma línea, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Montt, las califica como un síntoma del "grado de desesperación" de los grupos criminales ante la estrategia del gobierno de combatir los carteles de la droga con más de 40.000 militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que detrás de las manifestaciones hay una "inconformidad" real de la ciudadanía. En los últimos dos años esta organización documentó 50 casos de violaciones contra civiles cometidas por soldados durante operativos dirigidos a frenar el crimen organizado. Estos casos se suman a las 637 denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró entre 2006 y 2008. El miércoles el CNDH pidió a las autoridades mexicanas actuar "con gran cuidado y discernimiento" frente a las jornadas de protestas.

En los últimos dos años la CNDH ha emitido 20 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte del Ejército. Entre ellas se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y homicidios.

La presencia de la policía y el Ejército en las calles de ciudades mexicanas se ha hecho común. De hecho, gran parte de las denuncias por maltrato han sido realizadas precisamente en las ciudades donde se concentraron las manifestaciones ocurridas esta semana. En este sentido, el alcalde de Ciudad Juárez estima que han recibido al menos cien quejas.

El alcalde Reynosa, Oscar Luebbert,dice que se tuvo que instalar una mesa de diálogo para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha planteado que existe una estrategia del Cartel del Golfo para utilizar el malestar social como mecanismo de presión contra el gobierno. "Los carteles aprovechan todo el ruido acerca del Ejército por violaciones a los derechos humanos para usarlo como argumento propio", dice Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma de México, UNAM.
Según Benítez los carteles estarían usando las protestas para negociar con el gobierno la retirad de los militares de las calles. "Le están mandando una señal al Ejército y al gobierno. Hipotéticamente podrían estar diciendo: se salen los militares, no hay violencia y se calma la cosa".

Calderón pide apoyo para al Ejército y criminaliza las protestas


El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a los ciudadanos no confundirse de bando en la lucha contra el narcotráfico, dos días después de las manifestaciones registradas en varias ciudades contra la presencia del Ejército en las calles, que supuestamente fueron impulsadas por el narcotráfico.
En la celebración del día del Ejército mexicano, y en medio de un gran operativo de seguridad, Calderón visitó la norteña ciudad de Monterrey, uno de los centros de las protestas que comenzaron el martes. Aquí cientos de encapuchados bloquearon las avenidas más importantes para rechazar la presencia de las tropas.
"Fieles a su condición de cobardes han utilizado incluso mujeres y niños para sus mezquinos propósitos", denunciaba el jefe de Estado en un acto vigilado por helicópteros artillados y francotiradores celebrado en la explanada del XXII Batallón de Infantería.
Calderón indicó que los militares dejarán de liderar el combate al crimen organizado en México, que en los últimos dos años se cobró la vida de 78 soldados, "cuando se haya recuperado el Estado de Derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia".
En Monterrey , previamente a esta ceremonia, fueron detenidas el martes 50 personas por participar en las protestas. Una de ellas fue presentada como el conductor de un autobús de manifestantes, quien según las autoridades confesó que los organizadores de las protestas ofrecían dinero y teléfonos móviles a personas de barrios pobres. Además, el Ejército presentó a un presunto miembro de Los Zetas, grupo de pistoleros del cártel del Golfo, quien en lugar de andar matando por ahí, según los militares se dedicó a "reclutar con dinero y regalos como útiles escolares a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños".
Sin embargo, las manifestaciones contra el Ejército se celebraro también en ciudades como Veracruz, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, en algunos casos con el cierre de puentes fronterizos con Estados Unidos y carreteras.

Miles de denuncias contra los militares


Como ya publicó Pepitorias, en enero (VER AQUÍ) los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y ante el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.
Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.
También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre 2008, también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.
En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.
El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos".
HRW asevera que "la tortura continúa siendo un problema generalizado" y que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

ONU: La corrupción, principal freno a lucha antinarco

La corrupción es el principal obstáculo para combatir el tráfico de drogas en México, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas.
El documento, publicado este jueves, señala que a pesar de los operativos del gobierno federal y el uso del ejército, los grupos delictivos organizados continúan ejerciendo gran poder en partes del país.

El documento de la ONU áñade que el abuso de drogas sigue siendo alto en México. “A pesar de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas”, indica el documento. Tras reconocer los esfuerzos del Gobierno, la JIFE expresa su confianza en que Méxicosiga adoptando medidas contra los cultivos ilícitos para la producción y el tráfico de drogas, la desviación de sustancias fiscalizadas y el consumo indebido de drogas en el país”.

Por otra parte, el organismo con sede en Viena elogia a México por haber fortalecido las reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores como la efedrina y la seudoefedrina, pero deplora un control poco estricto en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de metanfetamina en la región centroamericana. La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, Infodemex, La Jornada-México y Notisistema)

28.1.09

México:Derechos Humanos

MILES DE DENUNCIAS CONTRA LOS MILITARES EN OCHO AÑOS DE GOBIERNOS PANISTAS: TORTURAS,VIOLACIONES, DESAPARICIONES, DETENCIONES ARBITRARIAS, ROBOS Y AMENAZAS



Los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, reveló un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, que será presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y al ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.

Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.

También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

Una situación que persiste


El ombudsman mexicano considera que “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.

Ante los periodistas, Soberanes Fernández afirma que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones"

No obstante recuerda cómo cuando comenzó su trabajo al frente de la CNDH " ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno."

Sobre su relación con el Procurador General de la República (Fiscal General) Medina Mora, dice: " Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”. El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”. Preguntado si
con la llegada del Presidente Calderón notó algún cambio, responde:"Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal."

HRW denuncia impunidad militar


En su informe sobre 2008, Human Rights Watch también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.
En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.
El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos.

En México, "el sistema de justicia penal no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos" Este problema, según la organización , responde a diversas causas, como corrupción, capacitación, recursos insuficientes y prácticas abusivas de la policía, que no tiene mecanismos de rendición de cuentas. Por ello también "la tortura continúa siendo un problema generalizado", se asegura en el informe presentado a mediados de mes en Washington.

HRW asevera que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

Esta organización no gubernametal internacional anota que con frecuencia los niños son detenidos en condiciones deficientes en estaciones policiacas y otras instituciones. En muchas no tienen acceso a programas educativos.
También hace notar que el presidente Felipe Calderón desapareció la Fiscalía Especializada para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que iba a investigar los abusos cometidos en la guerra sucia. Hasta hoy no se han obtenido avances significativos en las investigaciones.
En relación con los derechos reproductivos, violencia doméstica y abuso sexual, HRW asevera que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, y subraya incluso que algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a las normas internacionales.

El Plan México, para fortalecer a los militares



El Senado de EEUU aprobó en 2008 la Iniciativa Mérida (mejor conocida como Plan México) pero condicionándola. El senador Patrick Leahy afirmó que “es fundamental” que tales medidas sean condicionadas, dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas y policíacas de México. Otorgó 350 millones de dólares a México, como la primera de tres entregas de fondos. “Durante años hemos capacitado fuerzas policíacas mexicanas y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar”, dijo Leahy.
El ejército y las policías mexicanas tienen un largo historial de violaciones de derechos humanos. Pero, pese a ello Bush firmó el Plan México de “ayuda militar”bajo el supuesto de que se trata de combatir al narcotráfico y la delincuencia.

Con el Plan México los EEUU , atan más al gobierno y al ejército para ser incondicionales a sus políticas. Los asesores militares norteamericanos conocen la enorme importancia que tiene que el ejército, apoyado por el gobierno, esté ocupando decenas de estados de la República y miles de poblados. Un ejemplo: En Mérida,Yucatán el martes 13 de marzo de 2007, el ejército disfrazado de policía custodiaba la ciudad porque Bush y Calderón estaban reunidos en la hacienda Temozón Sur firmando ese Plan México. Los soldados reprimieron y encarcelaron, con gran brutalidad, a 48 jóvenes y adultos que protestaban contra la presencia del presidente 'gringo'.

Mérida es la ciudad capital del estado de Yucatán. Cuenta con 900 mil habitantes de los cuales el 70 por ciento vive en la pobreza y la miseria; es una de las ciudades más conservadoras de la República en las que las protestas políticas son escasas y de muy poca participación. Por eso Calderón escogió a esta ciudad, a mil 500 kilómetros de la Ciudad de México, para recibir a Bush.


El Plan México puede modificar la relación civil-militar, ya que las Fuerzas Armadas deben fortalecerse en equipo, presupuesto, y también en prerrogativas, lo que podría debilitar a la sociedad civil frente al sector militar. El plan de “cooperación” se basa en entregar el primer año 400 millones de dólares, 350 millones a México y 50 millones a Centroamérica.

El Plan se propone prevenir el ingreso y tránsito de drogas, armas, personas vinculadas y tránsito de recursos financieros, a través de la región y hacia EEUU. Incluye la dotación de equipo de inspección, unidades caninas de intercepción, tecnologías de comunicación, asesoría técnica y entrenamiento para las instituciones de justicia, programas de protección de testigos, helicópteros y aviones de vigilancia para que haya una reacción rápida en la intercepción.

El Plan Colombia ha demostrado que estos planes disfrazados de ayuda son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico. El plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Sin embargo ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza.

Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos directos del ejército en México durante más de 18 meses, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.

Hay que reconocer que sí hay combate contra el narcotráfico pero buscando la espectacularidad y la publicidad; sin embargo la realidad dice otra cosa: encarcelamiento de cientos de humildes indígenas que por desempleo, hambre y miseria se ven obligados a colaborar como asalariados; pero, por otro lado, protección militar y policíaca abierta a los más altos jefes del narcotráfico. Mientras tanto se construye, como en Colombia, la teoría de la unión del narcotráfico con la guerrilla o con las luchas campesinas y ciudadanas de masas como las de Oaxaca, Chiapas, Guerrero o Michoacán.

(Fuentes: ANSA-Latina, Infodemex, La Jornada-México y Alainet)

Acerca de mí

Mi foto
Periodista, especializado en Latinoamérica

Pepitorias está en:

BlogESfera Directorio de Blogs Hispanos - Agrega tu Blog TOP 100 WEBLOGS  Bitacoras.com Unión de Bloggers Hispanos Comunidad Blog Hispano Directorio de blogs Blogosfera de Red Progresista Technorati Profile Add to Technorati Favorites
Monitorizar servidor

visitantes


Contador gratis Free counter and web stats