EE.UU.-Latinoamérica

ARGENTINA, VENEZUELA, BOLIVIA Y MÉXICO PROTESTAN POR EL INTERVENCIONISMO DE WASHINGTON TRAS RECIENTES INFORMES DE LA CIA , EL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL DE DEFENSA

Varios gobiernos de América Latina lamentan lo que consideran casos claros de nuevas injerencias de Estados Unidos. Las principales críticas apuntan a la Agencia Central de inteligencia (CIA) y al informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado. El presidente venezolano, Hugo Chávez, le pidió a su par estadounidense, Barak Obama, que rectifique las acusaciones sobre violaciones a los Derechos Humanos. "No hay que hacerse grandes esperanzas con este nuevo gobierno de Estados Unidos; seguirá siendo un imperio, y el imperio atropella a los pueblos", sostuvo el mandatario en una entrevista con la televisión venezolana.

También el gobierno boliviano reaccionó al informe publicado por el Departamento de Estado en Washington, que el viceministro de la Presidencia de Bolivia, Sacha Llorenti, calificó de "sesgado" y "parcializado". Días antes, el presidente Evo Morales denunció la infiltración de la CIA en la petrolera estatal boliviana YPFB.

Por su parte, el gobierno argentino mostró su malestar por un inform de la agencia de la CIA que señala Argentina como uno de los países más vulnerables ante la crisis. El canciller Jorge Taiana califica de "irresponsables" e "infundadas" esas opiniones y la presidenta Cristina Fernández, llamó al embajador estadounidense para quepedirle explicaciones.

También el presidente mexicano, Felipe Calderón, se sumó a la ola de repudio a las acusaciones de Estados Unidos que señaló a México como un país que corre peligro de transformarse en un 'estado fallido' , según la CIA, debido a la violencia del narcotráfico.

Anteriormente, el gobierno de Ecuador expulsó al diplomático norteamericano Armando Astorga, por tratar de controlar los nombramientos en la policía ecuatoriana.

"México no es un estado fallido"

El presidente de México, Felipe Calderón, rechaza la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos y en una entrevista con la agencia de noticias norteamericana AP asegura que su gobierno no ha perdido el control del territorio a manos de los carteles de la droga. "Decir que México es un estado fallido es absolutamente falso". Calderón afirma también que "no he perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio mexicano".

En un reciente informe del Departamento de Defensa de EE.UU. plantea un caótico escenario en México, provocado por la violencia del crimen organizado.
El capítulo del informe "Estados débiles y fallidos", se refiere específicamente a México y Pakistán, y dice que el narcotráfico y el crimen organizado podrían generar un escenario de caos en el territorio mexicano, y que el ejército de EE.UU. estaría obligado a responder por las consecuencias a su seguridad interna.

El presidente mexicano afirma que su gobierno tiene toda una estrategia para combatir al crimen organizado que ha incluido una operación para limpiar las instituciones ligadas a la seguridad. Y añade que para combatir el narcotráfico también "hace falta una buena limpieza del otro lado de la frontera".

No obstante, este mismo jueves, altos funcionarios de EE.UU. volvieron a mostrar su preocupación por la situación de orden público en México. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo en una rueda de prensa en Washington junto al Secretario de Defensa, Robert Gates, que México "es ciertamente más que una preocupación para mí" y agregó que añadió que visitará la frontera entre los dos países en los próximos días.

Argentina pide explicaciones

El gobierno argentino convocó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, para pedirle "explicaciones" por un informe de la CIA , difundido por el jefe del organismo, León Panetta que incluyó a Argentina entre los países que afrontarán una presunta "inestabilidad" política a causa de la crisis internacional.

El canciller Jorge Taiana acusa a la CIA de "inaceptable ingerencia" en los asuntos internos del país. “Las informaciones son irresponsables e infundadas", afirma el ministro de Relaciones Exteriores argentino. "Mucho más proviniendo de una agencia (la CIA) que tiene una triste historia de interferencia en los asuntos internos de los países de la región", subrayó. Taiana dijo que esas afirmaciones "no muestran la seriedad que debe haber en la relación de ambos países", y aseguró que "esa no es la visión que existe sobre el país, según las conversaciones con el Departamento de Estado" que se han mantenido. Por lo tanto, y "por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", el canciller anunció que citó al embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, para "pedirle las explicaciones correspondientes por las lamentables declaraciones".

Taiana asegura que si bien "la crisis es mundial, Argentina ciertamente es de los países que está mejor para enfrentar el chubasco". "La CIA no es un centro de estudios económicos, sino una agencia de inteligencia, que tiene una triste historia de injerencia", remarca.

Washington trata ahora de salir de la metedura de pata del Director de la CIA. El embajador Wayne declara que "el reportaje en la prensa fue incorrecto, el señor Panetta habló de la opinión de un extranjero que lo visitó en Washington". "Esto no fue para señalar una preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre los otros países". Previamente, la jefa de Prensa de la Embajada norteamericana, Mara Tekach, había declarado que lo dicho por Panetta "no tenían la intención de transmitir preocupación del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Argentina".

Las relaciones Bolivia-EEUU vuelven a calentarse

Estados Unidos ha vuelto a tensar las relaciones con Bolivia a causa del informe sobre Derechos Humanos, del Departamento de Estado, muy crítico con el gobierno del presidente Evo Morales. La tensión vuelve, además, cuan aun es latente la crisis por las acusaciones de La Paz sobre una supuesta infiltración de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la principal empresa pública boliviana. En setiembre el presidente Morales expulsó al embajador de EEUU, Philip Golberg, acusándole de conspirar contra la democracia boliviana.

El Departamento de Estado presentó el miércoles un informe en el que destaca que "aunque el gobierno en general respetó los derechos humanos de los ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas". Plantea supuestos "abusos por parte de fuerzas de seguridad; duras condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias", habla de "ataques contra el Poder Judicial; amenazas a las libertades civiles, incluyendo los derechos legales y la libertad de prensa; uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos; corrupción y falta de transparencia en el Gobierno".

Tras el informe el viceministro de la Presidencia de Bolivia, Sacha Llorenti, instó a Washington a mirar "la biga en el ojo propio", en alusión a las torturas en Guantánamo, el bloqueo a Cuba y las muertes de civiles en las guerras de Irakq y Afganistán. Lorrenti insistió en que Estados Unidos busca debilitar la imagen del Gobierno de Morales: "Leyendo detenidamente se puede concluir que es un informe sesgado, parcializado que simplifica la realidad nacional en un documento tendencioso y que lo que intenta es atacar y mellar la imagen del Gobierno nacional".

Llorenti recordó también que Estados Unidos protege actualmente al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusados por genocidio en los hechos violentos ocurridos entre septiembre y octubre de 2003 en Bolivia.

En la misma línea crítica, el portavoz boliviano Iván Canelas tachó la autoridad moral de Estados Unidos para juzgar la situación de los derechos humanos en el país andino. "Cómo podríamos darle valor a un informe de esta naturaleza, un informe parcializado que no pregunta la opinión del país al que se está refiriendo y, segundo, cómo le podemos dar valor a este informe si nosotros tenemos información pública que se generaban grandes violaciones a los derechos humano en Guantánamo", contrarrestó. Canelas esgrimió la protección que EEUU otorga al cubano Alfredo Posada Carriles, acusado de volar un avión comercial cubano con más de 100 pasajeros a bordo y que actualmente vive en libertad en Miami. El Viceministro considera que este documento forma parte de la lógica imperial de Washington. "Es una serie de datos falsos, mentiras de las que habla el informe. A nosotros nos sorprende cómo, supuestamente, se hace público este tipo de informes sin tener una base documental seria, sin trabajos detallados, sin la posibilidad de que haya un contraste de información", denunció.

El nuevo episodio se registró después que Evo Morales denunciara y presentara documentos sobre la infiltración de la CIA en la empresa estatal de petróleos bolivianos (YPFB). La Embajada de EEUU en La Paz negó la acusación y el presidente boliviano dio el nombre de un supuesto agente de la CIA de origen mexicano. "Si algún funcionario de la embajada de Estados Unidos dice que no hay ninguna infiltración, que me diga públicamente quién es Francisco Martínez, un mexicano que entra y sale de Bolivia, que me diga con quiénes se contacta".

Antes Evo Morales había señalado al ex policía boliviano Rodrigo Carrasco como el infiltrado de la agencia de inteligencia de EEUU en YPFB. "Decirle a los representante de la embajada de Estados Unidos: sabemos exactamente qué quieren". "Que alguien niegue que este ex capitán de la policía nacional no es de la CIA, que no hay infiltración de la CIA en las estructuras del Estado", insitió el gobernante que informó de que Carrasco recibió durante una década formación en inteligencia, seguridad y comunicaciones en centros estadounidenses.

"EE.UU. no tiene fuerza moral para enjuciar"

El embajador de Bolivia en Venezuela, Jorge Alvarado, aseguró en una entrevista en la cadena TeleSur que EE.UU. practica una doble moral en su informe sobre Derechos Humanos.

"Esta es una doble moral de EE.UU. (...) ¿Acaso la expulsión de sus fuentes de trabajo a millones de ciudadanos no es un atentado contra los derechos humanos?, ¿Acaso no es un atentado contra los derechos humanos construir una pared en la frontera con México, y los ciudadanos mexicanos cuando tratan de atravesar esa pared los toman presos y los tratan mal devolviéndolos a su país como delincuentes? "

Asimismo, Alvarado señaló que EE.UU. no tiene fuerza moral para establecer que en los países latinoamericanos no existe la libertad. "¿Qué moral tiene Estados Unidos de reclamar o de decir de que en nuestros países no hay libertad y se está atentando contra los derechos humanos cuando EE.UU. es el primer propiciador de la violación de los derechos humanos, inclusive en nuestros países? ". Como ejemplo de la injerencia de EE.UU. en la región para propiciar crímenes contra el derecho internacional, Alvarado recordó que la Juventud Cruceñista, un movimiento opositor de extrema derecha, del departamento Santa Cruz, al este de la geografía boliviana, y que La Paz ha relacionado con graves incidentes de violencia callejera, es financiado y entrenado por la embajada estadounidense . "Ahí está esa Juventud Cruceñista de corte netamente nazifacista que ha sido entrenada y financiada por la embajada norteamericana y esa juventud nazifacista era la que estaba atentando, ha atentado contra los derechos humanos de un pueblo humilde de los pueblos indígenas".

El embajador boliviano se confesó sorprendido por el informe sobre Bolivia, un país en el que por vez primera el Ejecutivo ha dado la orden a las fuerzas públicas de no disparar ni un sólo tiro al pueblo, cuando en gobiernos anteriores esto era un práctica muy común. "Me sorprende que el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. tenga que opinar sobre países como Bolivia donde por primera vez en la historia un presidente da órdenes a las Fuerzas Armadas, a la Policía, que no den un solo tiro a sus compatriotas, sea cual sea la razón. Es por primera vez que vemos una decisión de esta naturaleza en la historia de Bolivia (...) Siempre habíamos estado acostumbrados a que por ejemplo el ministerio de Gobierno, era el brazo represivo de todos los gobiernos. Cuando el Ejército por órdenes del Poder Ejecutivo mataban a centenares de compatriotas".Criticó que cuando se ha detenido a personas responsables de crímenes , entonces Washington califica estas acciones como "detenciones arbitrarias".

Venezuela también rechaza el informe

El gobierno de Venezuela repudió el informe unilateral del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el respeto de los derechos humanos en el país y cuestionó la legitimidad de Washington para elaborarlo. En un comunicado, la cancillería consideró "inadmisible" ese tipo de "práctica recurrente" de la burocrática de Washington que pretende "erigirse sin mandato ni legitimidad alguna en jueces de otros Estados". Añadió además que quien elabora el informe es un Estado "con el más oscuro record de violaciones y atropellos a la dignidad humana en la historia contemporánea". "El gobierno bolivariano de Venezuela rechaza el contenido falso, malintencionado e injerencista del informe en cuestión, cuyos alegatos carecen de fundamentos", dice el texto de la cancillería venezolana.

El informe anual presentado el miércoles por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, al Congreso denuncia lo que califica de "politización del sistema judicial y el acoso oficial de la oposición política y los medios de comunicación", entre algunas presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. En el comunicado, Caracas se exige a Estados Unidos a poner fin a estas "prácticas que siguen lesionando" las relaciones entre ambos países y a mantener respeto y "no injerencia" en asuntos internos.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina, 26Noticias.com, BBC-Mundo, ABI, Bolpress y TeleSur)

México:Militares y DD.HH.

LAS PROTESTAS CONTRA LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL EJÉRCITO, INSTRUMENTALIZADAS O NO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTÁN BASADAS EN HECHOS CIERTOS Y EN DENUNCIAS COMPROBADAS

Las protestas para exigir la retirada de las calles del Ejército federal, que participa en el combate al narcotráfico, se han multiplicado esta semana en México y llegaron a perturbar el paso hasta los puentes fronterizos con Estados Unidos. El gobierno del Presidente Calderón lanzó la especie de que las protestas estaban organizadas al servicio del narcotráfico. Pero las denuncias contra el accionar de los militares en su despliegue para luchar contra el narco, se acumulan con datos concretos: cerca de tres mil durante los últimos ocho años, con 6.874 violaciones documentadas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Además, según un informe recien emitido por la ONU, la corrupción, pese al despliegue del ejército, sigue siendo el principal obstáculo a la lucha contra el narcotráfico.

Cientos de personas participaron en las protestas en el estado de Tamaulipas, donde fueron bloqueados cruces con Estados Unidos en las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, al igual que en la fronteriza Ciudad Juárez, perteneciente al estado de Chihuahua. Las llamadas manifestaciones de "tapados", debido a que la mayoría de sus participantes cubren sus rostros, se repitieron por sexto día consecutivo en Monterrey, capital de Nuevo León, y surgieron en varios puntos del estado de Veracruz, frente al Golfo de México.

Las autoridades mexicanas dicen que organizaciones de delincuentes están detrás de los bloqueos de carreteras y cruces internacionales en Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Monterrey y Ciudad Juárez, en el norte del país, así como en otras localidades de Veracruz, en el sureste del país. "Sería difícil que ciudadanos comunes y corrientes de varias ciudades se pusieran de acuerdo y coincidieran en manifestarse contra el Ejército", dice José Reyes, alcalde de Ciudad Juárez. En la misma línea, el secretario (ministro) de Gobernación, Fernando Gómez Montt, las califica como un síntoma del "grado de desesperación" de los grupos criminales ante la estrategia del gobierno de combatir los carteles de la droga con más de 40.000 militares. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que detrás de las manifestaciones hay una "inconformidad" real de la ciudadanía. En los últimos dos años esta organización documentó 50 casos de violaciones contra civiles cometidas por soldados durante operativos dirigidos a frenar el crimen organizado. Estos casos se suman a las 637 denuncias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró entre 2006 y 2008. El miércoles el CNDH pidió a las autoridades mexicanas actuar "con gran cuidado y discernimiento" frente a las jornadas de protestas.

En los últimos dos años la CNDH ha emitido 20 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por denuncias de violaciones a los derechos humanos ejercidas por parte del Ejército. Entre ellas se encuentran detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos y homicidios.

La presencia de la policía y el Ejército en las calles de ciudades mexicanas se ha hecho común. De hecho, gran parte de las denuncias por maltrato han sido realizadas precisamente en las ciudades donde se concentraron las manifestaciones ocurridas esta semana. En este sentido, el alcalde de Ciudad Juárez estima que han recibido al menos cien quejas.

El alcalde Reynosa, Oscar Luebbert,dice que se tuvo que instalar una mesa de diálogo para atender las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha planteado que existe una estrategia del Cartel del Golfo para utilizar el malestar social como mecanismo de presión contra el gobierno. "Los carteles aprovechan todo el ruido acerca del Ejército por violaciones a los derechos humanos para usarlo como argumento propio", dice Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Autónoma de México, UNAM.
Según Benítez los carteles estarían usando las protestas para negociar con el gobierno la retirad de los militares de las calles. "Le están mandando una señal al Ejército y al gobierno. Hipotéticamente podrían estar diciendo: se salen los militares, no hay violencia y se calma la cosa".

Calderón pide apoyo para al Ejército y criminaliza las protestas

El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a los ciudadanos no confundirse de bando en la lucha contra el narcotráfico, dos días después de las manifestaciones registradas en varias ciudades contra la presencia del Ejército en las calles, que supuestamente fueron impulsadas por el narcotráfico.
En la celebración del día del Ejército mexicano, y en medio de un gran operativo de seguridad, Calderón visitó la norteña ciudad de Monterrey, uno de los centros de las protestas que comenzaron el martes. Aquí cientos de encapuchados bloquearon las avenidas más importantes para rechazar la presencia de las tropas.

"Fieles a su condición de cobardes han utilizado incluso mujeres y niños para sus mezquinos propósitos", denunciaba el jefe de Estado en un acto vigilado por helicópteros artillados y francotiradores celebrado en la explanada del XXII Batallón de Infantería.
Calderón indicó que los militares dejarán de liderar el combate al crimen organizado en México, que en los últimos dos años se cobró la vida de 78 soldados, "cuando se haya recuperado el Estado de Derecho en las zonas alcanzadas o vulneradas por la delincuencia".
En Monterrey , previamente a esta ceremonia, fueron detenidas el martes 50 personas por participar en las protestas. Una de ellas fue presentada como el conductor de un autobús de manifestantes, quien según las autoridades confesó que los organizadores de las protestas ofrecían dinero y teléfonos móviles a personas de barrios pobres. Además, el Ejército presentó a un presunto miembro de Los Zetas, grupo de pistoleros del cártel del Golfo, quien en lugar de andar matando por ahí, según los militares se dedicó a "reclutar con dinero y regalos como útiles escolares a decenas de ciudadanos, incluidos mujeres y niños".

Sin embargo, las manifestaciones contra el Ejército se celebraro también en ciudades como Veracruz, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Juárez, en algunos casos con el cierre de puentes fronterizos con Estados Unidos y carreteras.

Miles de denuncias contra los militares

Como ya publicó Pepitorias, en enero (VER AQUÍ) los militares de México acumularon 2.966 denuncias por 6.874 violaciones a las garantías individuales cometidas entre 2000 y 2008, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH presentado hoy ante la Comisión Permanente del Congreso y ante el ombudsman mexicano, José Luis Soberanes Fernández.

Según el informe en 2008, los militares ocuparon el primer lugar en número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, con un total de 14. Soberanes detalla que en un largo historial de hechos delictivos, cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años, se registraron 971 denuncias por cacheos y registros domiciliarias ilegales. Además, en el mismo lapso hubo 802 denuncias de la población por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal y 218 por amenazas.

También hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.

La organización Human Rights Watch (HRW), en su informe sobre 2008, también da cuenta de la impunidad de los abusos militares. “Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos atroces durante su participación en actividades de seguridad pública”, y pone de ejemplo que en febrero de 2008 soldados en Tamaulipas se excedieron en el uso de la fuerza al disparar contra un automóvil y causar la muerte de un hombre y heridas a otro. En abril, añade, soldados en Chihuahua detuvieron en forma arbitraria a cuatro mujeres policías, vendaron los ojos a dos de ellas y las obligaron a desnudarse frente a ellos.

En otra parte del documento HRW señala que la impunidad en esos abusos se debe a que son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, señala, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones.

El informe señala también que el sistema de justicia penal de México "continúa teniendo problemas graves en materia de derechos humanos" y destaca que las personas que se encuentran detenidas o en prisión "son sometidas a torturas y tratos degradantes" en ese país. "Los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a menudo no investigan ni juzgan a los responsables de violaciones de derechos humanos".
HRW asevera que "la tortura continúa siendo un problema generalizado" y que más de 40 por ciento de los acusados en el país “no han recibido una condena por los delitos que se les atribuyen, en lugar de ello, se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio que, a menudo, demora años”.

ONU: La corrupción, principal freno a lucha antinarco

La corrupción es el principal obstáculo para combatir el tráfico de drogas en México, según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas.

El documento, publicado este jueves, señala que a pesar de los operativos del gobierno federal y el uso del ejército, los grupos delictivos organizados continúan ejerciendo gran poder en partes del país.

El documento de la ONU áñade que el abuso de drogas sigue siendo alto en México. “A pesar de las medidas concretas adoptadas por el Gobierno, el abuso de drogas sigue siendo alto en México, especialmente entre los niños en edad escolar y los jóvenes. El cultivo ilícito de adormidera y de planta de cannabis sigue siendo considerable y el narcotráfico sigue planteando graves problemas”, indica el documento. Tras reconocer los esfuerzos del Gobierno, la JIFE expresa su confianza en que México “siga adoptando medidas contra los cultivos ilícitos para la producción y el tráfico de drogas, la desviación de sustancias fiscalizadas y el consumo indebido de drogas en el país”.

Por otra parte, el organismo con sede en Viena elogia a México por haber fortalecido las reglamentaciones para prevenir la desviación de precursores como la efedrina y la seudoefedrina, pero deplora un control poco estricto en su frontera meridional para adquirir fármacos con estas sustancias que permiten establecer laboratorios ilegales de metanfetamina en la región centroamericana. La JIFE recuerda que esta zona y el Caribe siguen constituyendo una de las principales rutas de tráfico de drogas ilícitas de América del Sur con destino a América del Norte y Europa, pese a los esfuerzos de las autoridades de aquellas zonas.

(Fuentes: ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, EFE, Infodemex, La Jornada-México y Notisistema)

Obama-Latinoamérica

AMÉRICA LATINA PIDE AL PRIMER PRESIDENTE NEGRO QUE ESTADOS UNIDOS DEJE DE COMPORTARSE COMO UNA POTENCIA IMPERIALISTA, QUE RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE NO PRACTIQUE LA RAPIÑA, QUE RESPETE LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS...QUIZÁS UN IMPOSIBLE

Más de 360 expertos en Latinoamérica, han escrito una carta al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, haciéndole llegar sus deseos de "mejorar las relaciones" con la región. En ella exponen su desacuerdo con los tratados de libre comercio, con el tratamiento a la inmigración, convocándolo a "renovar" el apoyo a los derechos humanos. "Pedimos el cambio y no sólo en los Estados Unidos", reclaman en la misiva reproducida por la agencia argentina de noticias Télam. Los analistas señalan en la carta que "estamos esperanzados que durante su Presidencia los Estados Unidos pueda convertirse en un compañero más que en un adversario para los cambios positivos que ya están ocurriendo en el hemisferio". "Los latinoamericanos, miraron en muchas ocasiones a los Estados Unidos no como un amigo sino como un opresor, el garante de un sistema económico internacional que trabaja en contra de ellos en vez de hacerlo por ellos, la verdadera antítesis de la esperanza y el cambio", mencionan aludiendo a los principales valores de la campaña del reciente Presidente electo.

Señalan además que esta "tendencia de Washington de pelear en contra de la esperanza y el cambio fue especialmente prominente en las respuestas de Estados Unidos, a los gobiernos democráticamente elegidos de Venezuela y Bolivia". En consonancia, los destacados especialistas, sostienen que "el actual ímpetu de cambio en Latinoamérica es un rechazo al modelo de crecimiento económico que fue impuesto en la mayoría de los países desde los comienzos de 1980, un modelo que concentró riqueza, dependiente sin éxito, en fuerzas del mercado irrestrictas para solucionar profundos problemas sociales y quitar el bienestar humano".

Resaltan los especialistas la especial relación mantenida por la administración del presidente George W. Bush con Colombia, "actual escenario de la segunda mayor crisis humanitaria en el mundo. Su gobierno, el cual criminaliza incluso protestas pacíficas, busca una extensión de las políticas de libre comercio que gran parte del hemisferio ya está reaccionando en contra". "Desgraciadamente, desde los ojos de muchos latinoamericanos, Estados Unidos ha tomado la postura de apoyar a los regímenes inequitativos", agregan.

Por otro lado, los firmantes de la misiva resaltan la necesidad de "apoyar de manera positiva" el proceso de transición por el que atraviesa Cuba, marcan la imprescindible modificación en los asuntos migratorios y convocan al Presidente de país líder, a "renovar su apoyo activo a los derechos humanos", en todo el territorio. "La manera de manejar la inmigración no es construyendo un gigante muro, sino que al contrario, Estados Unidos debería apoyar un desarrollo económico más equitativo en México y Centroamérica, y de hecho, en toda la región", puntualiza el documento emitido por los analistas. "Nuestro deseo es que Ud. tome la oportunidad de inaugurar un nuevo período de entendimientos hemisféricos y colaboración para el bienestar común. Nosotros pedimos por el cambio y no sólo en los Estados Unidos", finalizan los reconocidos intelectuales. La carta, enviada el 20 de octubre, fue elaborada por los más destacados expertos en asuntos latinoamericanos, muchos de ellos miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, en inglés), principal entidad de profesionales en la región.

Cuba espera el levantamiento del bloqueo

El gobierno cubano manifesta alegría por la victoria en Estados Unidos del demócrata Barack Obama y dice que dará la bienvenida a acciones que suavicen el bloqueo económico y comercial que mantiene sobre la isla. "Por supuesto estoy contenta de que haya ganado Obama. Si Obama hace alguna acción de suavizar el bloqueo bienvenida sea y por supuesto que nos va ayudar", afirma Marta Lomas, ministra de Inversión Extranjera y Colaboración Económica.

En la primera reacción de un miembro del gobierno de Raúl Castro, Lomas, añade que "no obstante nosotros estamos preparados para que las condiciones (del bloqueo) sigan como están". "Los problemas los tenemos que seguir resolviendo nosotros. Nosotros seguimos trabajando, luchando", Para Lomas, la victoria de Obama "es una señal del cambio que necesita ese pueblo" por los estadounidenses. Obama prometió durante su campaña electoral que estaba dispuesto a aliviar el embargo comercial impuesto a Cuba desde hace 46 años y a sentarse a dialogar con el presidente cubano, Raúl Castro. "Aceptaríamos sus inversiones (de Estados Unidos) sobre los principios de respeto a la soberanía", dijo Lomas, señalando que "se pueden flexibilizar algunas medidas del bloqueo, como el comercio y los viajes".

Obama goza de simpatías entre la población cubana

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, cuenta con la simpatía de buena parte de la población de Cuba, esperanzada en que cumpla sus promesas de distensión.

El candidato triunfante será desde el 20 de enero el primer negro en alcanzar la presidencia de Estados Unidos y podría ser también el primero en sentarse a conversar con el gobierno cubano tras casi medio siglo de conflicto. Durante su campaña electoral, Obama prometió eliminar las restricciones a los viajes y a las remesas de dinero hacia Cuba, impuestas en 2004 por el gobierno estadounidense de George W. Bush, e inclusive se declaró dispuesto a conducir una "diplomacia directa" y sin "precondiciones" con La Habana.

"Yo espero que con él como presidente se suavice la relación y deje de haber tantas limitaciones", dice una mujer de 62 años que se queja de que en noviembre pasado le negaron la visa por segunda ocasión en los últimos tiempos, con el argumento de que constituye un riesgo para los intereses de Estados Unidos. "Mis padres y hermanos viven allá desde hace muchos años y nunca antes tuve problemas para visitarlos, pero para el gobierno de Bush soy un peligro y ya no puedo ver a mi madre, de 92 años, que está enferma y quiere verme", añade.

Un cambio en la política de Washington hacia Cuba tiene varias ventajas para la sociedad de este país, a juicio del reverendo Raimundo Franco, director del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil de la isla que mantiene un espacio de análisis sistemático sobre derechos humanos. El ofrecimiento de Obama de "abrirse al diálogo con Cuba (….) constituye un hito para su propio país y gobierno, ya que requeriría el desmontaje de lo que se ha llamado una política de embargo con base en asuntos de democracia y derechos humanos", afirma. El religioso no duda que, en lo inmediato, una nueva postura de Washington contribuiría al acercamiento de las familias con parientes en uno y otro país y ayudaría a la economía cubana por el aumento de los viajes y las remesas. "Dios quiera que este sea el comienzo del cese de acusaciones (….) y rencores que han hecho tanto daño", remata.

Sin embargo, investigadores consultados no ven mayores beneficios económicos a corto plazo, especialmente por la crisis financiera que sacude a Estados Unidos y que se ha traducido en una disminución de las remesas hacia el resto de América, así como de los viajes debido al encarecimiento de las tarifas aéreas. "Sin duda, la situación podría remontar en los próximos meses y sería una señal positiva, pero, por ahora, la prioridad de Obama es mejorar la economía de su país y ganar prestigio", considera el economista y profesor universitario Omar Everleny Pérez Villanueva. Aún así, no tiene dudas en cuanto a que, si el Congreso estadounidense adopta iniciativas favorables a Cuba, no serían vetadas por Obama. "No tiene por qué hacerlo, además los cubanoamericanos recalcitrantes son republicanos, con quienes Obama no tiene compromisos", señala.

Luis René Fernández, subdirector del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (Cehseu), de la Universidad de La Habana, concuerda en que Cuba no es "una prioridad" en la agenda de Washington, pero una nueva postura respecto de la nación caribeña puede "resultar importante para la percepción del mundo sobre Estados Unidos". "Es decir, cambios pequeños en la política hacia Cuba, de cierta flexibilización, disposición a la negociación diplomática, aunque limitada, pueden servir para mejorar algo crucial para la política de los Estados Unidos: su imagen, muy deteriorada después de ocho años de una administración muy impopular globalmente", señala.

Fidel Castro se refirió públicamente a los dos candidatos que pugnaron en la justa electoral estadounidense. En su última columna de opinión, consideró a Obama "más inteligente, culto y ecuánime" que su adversario republicano, John McCain.

"Obama llega a estas elecciones con el respaldo de la clase dominante de Estados Unidos", recuerda Ramón Sánchez-Parodi Montoto, especialista en Relaciones Internacionales y ex jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos, en un artículo publicado este miércoles en el oficial diario Granma.

Entre los grupos opositores, ninguno de los cuales es reconocido por las autoridades cubanas, las opiniones son diversas. "No creo en propuestas de diálogo a este gobierno", dice Berta Soler, de las Damas de Blanco. Sin embargo, para Eloy Gutiérrez Menoyo, líder de Cambio Cubano, la llegada de Obama a la Casa Blanca puede suponer que Washington abra un nuevo horizonte de posibilidades infinitas y "sería también una oportunidad para enriquecer el diálogo con América Latina".

Obama ¿Esperanza para América Latina?

Por Juan Francisco Torres/ABP Ecuador

El triunfo presidencial, del candidato demócrata Barack Obama, ha sido calificado como "importante" para mejorar las relaciones entre Estados Unidos con América Latina, las que han sido afectadas –según los norteamericanos- por el avance del pensamiento anti-gringo generado por los proceso históricos de carácter soberano en cada uno de nuestros países.

Reflexionar las relaciones como un ámbito muy general olvidando que por medio existe una lucha, conflicto y antagonismo de intereses entre clases del país imperialista y de los países dependientes, es querer tapar el sol con un dedo. No son las relaciones entre los pueblos las que están en disputa, peor aún las relaciones entre los oprimidos y explotados que sobreviven en los Estados Unidos que las consideramos como nuestras en la lucha; sino las posiciones imperialistas político-económicas del estado norteamericano para la dominación de Latinoamérica y el mundo, como ha sido la característica de la era genocida de George W. Bush.

Sin embargo, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista, por lo que el pueblo estadounidense ha comprendido y ha repudiado el carácter guerrerista de la política internacional, representada por los republicanos a través de McCain, pues como acertadamente reflexiona el compañero Fidel: "Al pueblo de Estados Unidos le preocupa más la economía que la guerra de Iraq. McCain es viejo, belicoso, inculto, poco inteligente y sin salud… (la guerra de Iraq) que ha costado la sangre de miles de soldados de Estados Unidos, muertos o heridos en los combates, y más de un millón de vidas a esa nación musulmana. Fue una guerra de conquista impuesta por el imperio en busca de petróleo".

McCain siguiendo el ejemplo de Bush, hubiera continuado con agresiones militares, y lo peor, las hubiera extendido hacia nuestra región, retomando nuevamente la doctrina Monroe "América para los Americanos".

Sin duda, el triunfo de Obama genera muchas expectativas entre los pueblos y gobiernos progresistas, que conociendo las propuestas y ofrecimientos de los dos candidatos, han optado por el "menos peor", en este caso Obama. Fidel también ha considerado a Obama "el más avanzado candidato a la postulación presidencial" desde el "punto de vista social y humano"; además el discurso conciliador y apaciguador, ojalá se vea reflejado en la no injerencia dentro de los procesos soberanos de los latinoamericanos.

Por otro lado, la concepción difundida sobre Obama acerca de su origen y posición social como excluida, perteneciendo a una comunidad humilde negra, fue la mejor propaganda, enalteciendo su carácter luchador, digno de respeto, logrado en una sociedad racista y discriminatoria como la estadounidense. Parecería pues que Obama, al vivir en carne propia las injusticias del sistema, se representaría con los sectores oprimidos de la sociedad y como tal tendría que actuar para superarlos. Sin embargo Marx nos enseñó que vivimos en un mundo de las apariencias, muchas veces confundido con la esencia, Obama pudo haber sido "negro oprimido" pero convertirse en "negro que piense y actué como blanco opresor"

La política que se conoce de Obama es muy superficial y será desde el 2009 cuando ejecute la estrategia de su plan de gobierno, donde demostrará su verdadera esencia.

Obama no es la esperanza, la revolución latinoamericana será la creación heroica de nuestros pueblos, para nosotros la esperanza es continuar la lucha por el Socialismo.

(Fuentes: ABI-Agencia Boliviana de Información/TELAM-Argentina, ANSA-Latina, IPS, y ABP-Agencia Bolivariana de Prensa )

Colombia:Conflicto interno

COLOMBIA SUPERA YA LOS TRES MILLONES DE DESPLAZADOS INTERNOS Y LOS 550.000 REFUGIADOS SEGÚN EL ACNUR, UNA DE LAS MAYORES CRISIS DEL MUNDO

Según el informe mundial sobre desplazamiento presentado ayer por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Colombia alcanzó el primer lugar en número de desplazados en el mundo, seguida por Iraq y El Congo.

Los datos presentados en Londres por el director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, el exprimer ministro portugués Antonio Guterres, confirman que Colombia es el país que cuenta con el mayor número de desplazados en el mundo 3.281.000 seguido por Iraq que tiene 2.600.000 y Congo con 2.060.000 personas en esta condición.

En cuanto a los refugiados en el exterior, Colombia también está entre los primeros ocupando el tercer puesto con 552.000. ACNURse basa en los datos revelados por la Corte Constitucional y los estudios que esa institución. El portavoz de ACNUR en Bogotá aseguró a los medios de comunicación que utilizaron la cifra de la Corte por ser la media entre lo que asegura en Gobierno y los datos que manejan las ONG y la iglesia católica.

El Gobierno discrepa con las cifras de ACNUR y rebaja el número de desplazados a 2.5 millones de personas. Mientras que la Consultoría para Los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, organización que maneja el sistema alterno Sisdhes, que contabiliza los desplazados en Colombia asegura que la cifra es mucho mayor y que entre 1985 y el primer trimestre de 2008 el número de desplazados en Colombia asciende a 4.361.355.

Jorge Rojas, Director de CODHES, asegura que la impactante situación revelada por ACNUR corresponde a nuevas realidades que están aumentando vertiginosamente el fenómeno y que demuestran que ahora más que nunca el conflicto armado colombiano esta vigente: “La fumigación de cultivos de uso ilícito, la persistencia de grupos paramilitares en varios departamentos y los enfrentamientos entre las guerrillas y el Ejército son la causa de este flagelo crónico y demuestran que la Seguridad Democrática del gobierno funciona solo en algunas partes”.

Uno de los puntos críticos del planeta

Con 3 millones de desplazados internos y 552.000 refugiados, Colombia es uno de los puntos más preocupantes del último informe del ACNUR.
"El número de desplazados en 2006 era de 200.000 y en 2007 se reportaron 250.000. En los últimos cinco años estamos hablando de un millón de personas", dice Jean Hilene Verney, responsable del ACNUR en Bogotá.
El último informe de este organismo alertó que las cifras de refugiados en el mundo crecieron por segundo año consecutivo en 2007.
En el caso colombiano, se reconoció por primera vez en calidad de "refugiados" asistidos por el ACNUR a un total de 250.000 personas huidas a Ecuador y a 200.000 a Venezuela, lo que sitúa al país por delante de Sudán, que pasó de 635.000 refugiados en 2006 a 523.000.
Les siguen Somalia (457.000), Burundi (376.000) y República Democrática del Congo (370.000).

"Pero Colombia no es el país con más desplazados internos sino Sudán con 5 millones, pero sí es el país donde el ACNUR trabaja con más desplazados", aclaró Verney.
La situación (en Colombia) sigue complicada especialmente en zonas alejadas. Todavía hay grupos irregulares (paramilitares) activos en el país y hay informes sobre el hecho de que se están formando nuevos grupos.

Pero las cifras en Colombia son contradictorias, "por un lado tenemos a la Iglesia que dice que hay unos 4 millones de desplazados, al gobierno que habla de 2,5 millones y a la Corte Constitucional que cuenta unos 3 millones", dice Jean Hilene Verney.
A la hora de explicar el aumento de desplazados Verney destaca que aunque la situación bajó en algunas zonas del país, "sigue complicada especialmente en zonas alejadas. Lo que hemos visto es que todavía hay grupos irregulares activos en el país y hay informes sobre el hecho de que se están formando nuevos grupos".
Colombia también figura entre los cuatro países con mayor cantidad de peticiones de asilo durante 2007 con un total de 23.000 solicitudes, por detrás de Iraq (52.000), Somalia (46.000) y Eritrea (36.000).

Del total de solicitudes colombianas, 11.600 son de colombianos huidos a Ecuador y 2.600 a Canadá.

El número de refugiados ha dado un salto muy grande respecto al año pasado, debido a la lista de personas que no estaban registradas oficialmente como tales, como los 450.000 colombianos en Ecuador y Venezuela.
"El año pasado había 80.000 colombianos registrados, pero ahora hemos incluido en la lista a los que nosotros estamos asistiendo en Ecuador y Colombia, a pesar de que aún no han sido registrados oficialmente", explica.
"El problema es que hay muchas personas cruzando la frontera por miedo y que nunca inician el procedimiento porque piensan que no tienen derecho a quedarse en el país".

Para que los huidos no pierdan sus tierras

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, firmaron hace unos meses un convenio para asesorar a las personas desplazadas con el fin de que puedan recuperar sus tierras. En muchos casos, los desplazamientos se producen porque llegan grupos paramilitares a un lugar y amenazan a los pobladores, con el objetivo de que huyan y abandonen el territorio, del que se apropian los terratenientes que financian a esos grupos armados.

El Acnur estima que la población desplazada en Colombia perdió entre 4 y 6 millones de hectáreas de tierras; mientras, entre los años de 2002 y 2006, les fueron devueltos apenas unas 22 mil hectáreas. En este sentido, el objetivo del convenio es ayudar a cerrar esa brecha.

Para el delegado en Colombia del Acnur, Jean Noël Wetterwald, eso sólo será logrado con la restitución "a las personas desplazadas las mismas tierras que les quitaron y mejorando las políticas de reubicación".
Según un estudio publicado por la Comisión de la Sociedad Civil para el Seguimiento a la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, el 78% de las personas desplazadas procede de zonas rurales, el 70% dejó tierras abandonas, y el 82% no ha tenido acceso a programas de generación de ingresos. Además del acceso a tierra, para tener éxito se necesita de mayores avances en relación al acceso a vivienda y la generación de ingresos de las personas desplazadas.
"El acceso a tierras no es sólo un tema de generación de ingresos, sino de restitución de bienes en el caso de las personas desplazadas. El elemento de restitución es central", añadió Wetterwald.

¿Cohesión o fragmentación social?

Informe de la CODEHS (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) correspondiente al primer trimestre de 2008.

Según el sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, durante el primer trimestre de 2008, con ocasión al conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tal alta para un trimestre desde 1999.
¿Por qué hay más desplazados si hay seguridad democrática?
Seguridad democrática, confianza inversionista, transparencia y cohesión social, constituyen los referentes principales del estado comunitario que promueve el gobierno nacional desde 2002. En forma reiterada y unánime, los representantes del alto gobierno hacen alusión a la combinación estratégica de estas claves del desarrollo que garantizan el crecimiento económico, la democracia y la gobernabilidad.
La disminución de los asesinatos y masacres, la derrota estratégica de las guerrillas y la desmovilización paramilitar, harían parte de esa confianza inversionista nacional y extranjera y crean un clima de cohesión social en el que la población asume una identidad y unos objetivos comunes, gracias a la seguridad y tranquilidad que ofrece este modelo de Estado, que el gobierno prefiere no rotular en los sesgos ideológicos de izquierda o de derecha.
En estas circunstancias, no cabe la idea de que en Colombia hay un conflicto armado interno, que su degradación provoca víctimas civiles y que la mayoría de estas víctimas son personas desplazadas que por su número, precariedad de sus condiciones de vida e incapacidad del Estado para atenderlas, están en el centro de una grave y prolongada crisis humanitaria.
Tal vez por esta visión o quizás por la percepción de seguridad que existe en el país, es difícil creer que en Colombia todavía hay desplazados por el conflicto armado y, peor aún, que el número de personas obligadas a abandonar sus lugares de residencia o de trabajo por causas de violencia e inseguridad para su vida y su libertad, sigue creciendo.
País virtual y país real
Por eso se toma con sorpresa el informe más reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que otorga a Colombia el lamentable segundo lugar en el mundo por el número de desplazados internos y el tercer país de origen de solicitantes de refugio en el mundo.
La misma reacción puede causar el anuncio del Comité Internacional de la Cruz Roja, que da cuenta de un incremento hasta del 45% en el total de personas desplazadas y atendidas por ese organismo humanitario entre octubre y diciembre de 2007 y el primer trimestre de 2008. Otro tanto ocurre en el caso de la preocupación expresada por la Iglesia Católica por el aumento de personas que llegan a las oficinas de Pastoral Social y Movilidad Humana en busca de apoyo y refugio o el anuncio de Amnistía Internacional de que el desplazamiento sigue siendo el principal problema de derechos humanos en Colombia.
Esta realidad, que va más allá de las estadísticas y que refleja el drama humano de quienes padecen la tragedia del desplazamiento, el destierro y el despojo, motivó la sentencia de la Corte Constitucional en la que declaró, desde enero de 2004, la existencia de un estado de cosas inconstitucional, que cinco años después sigue sin resolverse.
Los propios funcionarios de Acción Social se ven en problemas para admitir en el registro oficial a la población desplazada, toda vez que los niveles de rechazo superan el 50% en el promedio nacional. Es decir, por cada persona registrada en el sistema oficial hay por lo menos otra que no es reconocida, según el criterio subjetivo y la lectura restringida del funcionario encargado.
Así, miles de personas desplazadas en 2007 y durante los primeros meses de 2008, que huyeron por causa de aspersiones aéreas o erradicación manual de cultivos de uso ilícito no fueron incluidas en el registro oficial, no obstante que la salida forzada se produjo en medio de enfrentamientos armados y operativos militares.
Otro tanto ha ocurrido con personas que señalan como presunto responsable de su desplazamiento a grupos paramilitares, dada le versión oficial de que este actor armado es “cosa del pasado” y que los llamados grupos de “nueva generación” son delincuentes comunes asociados al narcotráfico.
A pesar de estas restricciones, el gobierno admite en su registro un total de 2.500.962 personas (Acción Social, abril de 2008) desde 1999, de las cuales, alrededor de 1.410.935, el 56.4%, fueron desplazadas durante el período de la llamada “seguridad democrática” (2002-2008).
Radiografía de la crisis
Según el sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES, durante el primer trimestre de 2008, con ocasión al conflicto armado interno, fueron desplazadas 113.473 personas (recepción), 17.817 personas más con relación al primer trimestre de 2007 (191.313 personas aproximadamente), lo que representa un incremento del 18%. El país no registraba una cifra tal alta para un trimestre desde 1999.
Esto significa que en los primeros tres meses del año un promedio de 1.256 personas por día fueron desplazadas en flujos migratorios forzados que llegaron a 510 municipios de 32 departamentos del país.
Los departamentos de mayor recepción de personas en situación de desplazamiento fueron: Antioquia (24.652 personas), Bogotá (20.630), Arauca (7.874) y Meta (7.660), Bolívar (4793), Cauca (4092), Valle del Cauca (3696), Córdoba (3633).
Alrededor de 27.216 personas se vieron obligadas a huir de sus lugares de origen de manera masiva en 28 eventos de éxodo. Esto quiere decir que del total de personas desplazadas un 24% salieron de forma masiva. Los Departamentos afectados por desplazamientos masivos fueron: Antioquia con 6 éxodos, Arauca 4, Chocó 3, Nariño 3, Córdoba 2, Cauca 3 y Guaviare, Meta, Huila, Putumayo, Tolima, Vichada y Cesar con un evento respectivamente.
Los hechos que provocaron el desplazamiento fueron principalmente las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito en el marco de operativos militares, el reclutamiento forzado, la instalación de minas, la presencia de grupos paramilitares en 17 departamentos del país, los intensos combates entre el Ejército y la guerrilla de las Farc que incluyen bombardeos y uso de armas de efectos indiscriminado, así como los enfrentamientos entre las Farc y el Eln en algunas regiones del país.
Los Departamentos de mayor expulsión fueron: Vichada, Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Tolima, Caquetá, Magdalena, Valle del Cauca, Meta, Caldas y Nariño. Algunos de estos Departamentos coinciden con las principales zonas de recepción de población desplazada, esto indica que los principales Departamentos expulsores son a la vez receptores de la gran mayoría de personas víctimas del delito de desplazamiento forzado.
Para este período el departamento de Antioquia se constituyó como el departamento más afectado por los fenómenos de expulsión y recepción de población desplazada, debido a los éxodos provocados por fumigaciones indiscriminadas y erradicación manual de cultivos de coca, las amenazas directas de la guerrilla, asesinatos selectivos y el incremento de las acciones armadas intimidatorias por parte de las estructuras paramilitares y bandas de narcotraficantes.
Desplazados y perseguidos
En el primer trimestre del año 2008, se incrementaron en forma considerable las amenazas contra los líderes de población desplazada, en todo el territorio nacional, particularmente después de la marcha de las víctimas realizada el 6 de marzo.
Alrededor de 250 personas que participaron en la marcha nacional de desplazados que se realizo en el marco de esta movilización ciudadana, han sido amenazadas por grupos que se identifican como “águilas negras”. Esta situación provocó nuevos desplazamientos de, por lo menos, 30 líderes dentro y fuera del país.
La situación más grave se presentó en el norte del departamento del Valle del Cauca, en donde fue asesinado el 9 de mayo Cesar Julio Molina, líder de la población desplazada del municipio de Anserma Nuevo, y miembro de la Fundación Humanitaria Desplazados Nuevo Amanecer, una organización que agrupa a familias que intentan posesión en fincas adjudicadas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER de las cuales están siendo expulsados, otra vez, por paramilitares y narcotraficantes.

(Fuentes:CODHES-Colombia, ACNUR, BBC-Mundo y Adital)

Panamá: Derechos Humanos

LA ONU SEÑALA LA INEFICACIA DEL ESTADO PARA PROTEGER A SUS CIUDADANOS Y DESTACA ESPECIALMENTE LA GRAVE SITUACIÓN EN LAS PRISIONES Y LA DE LAS ETNIAS INDÍGENAS

Con un retraso de 11 años, el Estado panameño aceptó realizar este mes un diálogo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos civiles y políticos del país. Seis puntos pautaron el debate: la discriminación, la ineficacia para proteger los derechos humanos, la expulsión de los indios de sus tierras para construir proyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, la grave situación del sistema penitenciario, la falta de protección de los refugiados y la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes.
En relación con el derecho de las mujeres, la ONU criticó la dificultad de implementar una legislación en materia de igualdad, las diferencias enfrentadas en el mercado de trabajo, las prácticas que les dificultan el acceso al mercado de trabajo, el aumento de la violencia y la situación deplorable del único albergue para las mujeres víctimas de violencia. También en ese sentido, fue condenada la práctica discriminatoria de solicitar la prueba de embarazo como paso necesario para que las mujeres puedan entrar en el mercado de trabajo.

Las cárceles

La situación de las prisiones panameñas también fue blanco de críticas de los especialistas de la ONU. Panamá tiene la segunda mayor población carcelaria de América Latina. En las prisiones panameñas hay superpoblación, falta de atención médica, abusos físicos y psicológicos, además del desinterés público para solucionar esos problemas.

La cárcel de La Joya-La Joyita fue comparada con las peores de la región.
Para un miembro de la comisión, Nigel Rodley de Reino Unido, "todo el sistema parece estructurado para crear una situación insustentable". Agregó además que el compromiso reciente del Estado para construir más cárceles, según su experiencia, no es suficiente para solucionar el problema de la superpoblación de las cárceles. El Estado panameño fue cuestionado en relación con los abusos físicos frecuentes de los que son víctimas los presos cuando no obedecen una política oficial y las sanciones impuestas a los funcionarios que cometen abusos contra los detenidos.

Los indígenas

Los derechos humanos de las poblaciones indígenas son violados constantemente, porque las comunidades sufren el acoso de las autoridaes y las empresas que les desalojan para implementar proyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos que se construyen en sus tierras. El Estado falla cuando tiene que darles ayuda financiera, cuando debe protegerles el medio ambiente y su cultura. Según los especialistas, esos proyectos están destruyendo la forma de vida tradicional de los pueblos. La Comisión de DD.HH. de la ONU advierte que el derecho consuetudinario moderno requiere la consulta y el consentimiento de los pueblos para permitir la construcción de obras en sus tierras.

El diálogo con el Comité no presentó sólo puntos negativos. La desaparición del delito de desacato y la adopción del sistema acusatorio fueron señaladas como avances. La Onu reconoció también los esfuerzos de Panamá para promover los derechos de los residentes en el país, pero las reformas necesarias para alcanzar esos derechos son insuficientes y no presentaron avances concretos.
En ese sentido, los participantes del diálogo dijeron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no ocupa la debida jerarquía en la legislación de Panamá y difícilmente se invoca en los juicios de la Suprema Corte.

En lo que respecta a los derechos de los refugiados, se dijo a los representantes del Estado que la definición de quien es un refugiado es muy restrictiva, y el procedimiento para pedir refugio no respeta las garantías mínimas del proceso. Además, el régimen de "protección temporaria humanitaria restringe innecesariamente los derechos de la población que debe proteger".
Según el Estado, el Decreto con esas determinaciones fue establecido "para regular una situación específica y excepcional de flujo masivo de personas que no califican para recibir protección como refugiadas, y sí como protegidos temporales humanitarios, y por lo tanto no veían la necesidad de reformar dicho decreto". Para la Onu, el Decreto no protege a quien está en el territorio de Panamá por poco tiempo y no da a esas personas garantías frente a una devolución forzada.

“Reos sin derechos humanos en Panamá”

En el artículo con este título, publicado el 25 de diciembre, 2007 por el panameño El Siglo se denunciaban las violaciones básicas de los derechos humanos de los reos en las cárceles, como la falta de agua potable, la desnutrición y el hacinamiento . El Sistema Penitenciario debe arreglar estas primordiales necesidades para que los reos vivan sin violar sus derechos humanos. El hacinamiento en las cárceles ha creado una situación deplorable. Hay 4 mil detenidos más que sobrepasa la capacidad en las carécelas. Además, la desorganización del Sistema Penitenciario es tan evidente, hay reos que no están cumpliendo sus condenas bajo el mando correcto. Unos reos deben estar bajo el mando del Órgano Judicial pero ya están bajo las órdenes del Ministerio Público. Diómedes Kaa el director de la Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público comentó “No podemos tapar el sol con la mano.” Aunque, unos políticos y funcionarios se encuentran la privatización del sistema es la solución mejor para cambiar y mejorar la violación directa de los derechos humanos a los reos, para Kaa no es la mejor. “Este año no se ha aplicado este beneficio, porque aún El Sistema Penitenciario está elaborando el proyecto” enfatizó Kaa.

Fragilidad judicial dificulta derechos humanos

En un estudio presentado por el diario panameño La Prensa en junio de 2007 representantes de 30 organizaciones pro derechos humanos identificaron los aspectos en lo que se demuestra “la grave violación a los derechos humanos que se registra en el país.” De los 19 aspectos se incluyen cárceles que practican tratos inhumanos, discriminación de los indígenas, los afro-descendientes, mujeres y personas que están infectadas con SIDA. La corrupción del sistema de justicia como las leyes mordaza, la inhabilidad de la protesta social y “la distribución desigual de la riqueza y la extendida pobreza rural” agrega al impacto de la falta de los derechos humanos. Una prueba enseña que la pobreza es una violación de los derechos humanos. “De cada 10 panameños 4 viven con menos de 2 dólares diarios”. La directora de la Comisión de Justicia y Paz, Maribel Jaén comentó que este problema es de todos y juntos deben escoger los gobernantes que se fijan en sus derechos diligentemente.

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HONDURAS

Asesinada la dirigente de la principal central sindical

La Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Altagracia Fuentes, fue asesinada a balazos junto a otras dos personas por desconocidos en el norte de Honduras.

Altagracia Fuentes ,de 60 años, recibió 16 impactos de bala de fusil AK-47 el miércoles por la noche cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por seis individuos, vestidos con camisetas negras y pasamontañas, en la carretera que conduce de San Pedro Sula a El Progreso, a unos 280 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

En el ataque murieron también la acompañante de la dirigente sindical, Virginia García, de 45 años, y el conductor del vehículo, Juan Bautista Aceituno (23). El portavoz del Ministerio de Seguridad, sub comisionado de policía, Héctor Iván Mejía, dijo que la policía sospecha que los atacantes son miembros de una pandilla y que el asesinato habría sido "por encargo", descartándose por el momento que el motivo haya sido un robo, aunque se llevaron unos 4.000 dólares, en moneda nacional y extranjera, que la víctima portaba en su cartera.

Fuentes era la máxima dirigente de la CTH desde hace cuatro años y también era la segunda vicepresidenta regional de la Confederación Sindical para las Américas (CSA), y durante siete años fue presidenta de la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH)

(Fuentes: Adital, Américas21, Ya Basta y ANSA-Latina)

Colombia: Ejecuciones extrajudiciales

ASESINADOS 17 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO, DESDE EL 2.000 SON YA 920. LA OIT Y LA OEA LE PIDEN AL PRESIDENTE URIBE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVISTAS SOCIALES

El sindicalismo en Colombia está de luto un año más. Si 2007 terminó con renovadas esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes eintegrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero,cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día,mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas). Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido asesinados.

El caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicatode Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha, departamento de la Guajira. Se fue a su casa temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia.

Entre enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de sindicalistas, pero este año los casos van en aumento.

Según el gobierno , ninguno de los sindicalistas asesinados en este año había recibido amenazas, ninguno estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones deseguridad a quienes estén en riesgo.

Represalias paramilitares por la Marcha del 6 de Marzo

Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatrode los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participaciónactiva y liderazgo en esa marcha.

Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo,las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la Fiscalía esclarezca los homicidios. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatosde sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro detrás que simples coincidencias de homicidios comunes, como aputan algunos.

Las organizaciones nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas yconsideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el ejercicio del sindicalismo en el país. En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo pasado, se destacaron algunos casos como las presiones y amenazas que han recaído últimamentesobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por parte delrector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidasde Colombia (Auc)". La OIT pidió al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los dirigentes sindicales amenazados.

Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de ella estaban las FARC.

Malos augurios para el inmediato futuro

Pero los augurios no son buenos. Para empezar porque despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los líderes laborales. Los diálogos con las AUC habían conducido a la reducción sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el "total rearme delas fuerzas paramilitares.

El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en adelante.



Uno de los países más peligrosos para los sindicalistas

Aproximadamente 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Los datos documentados entre enero de 1991 y diciembre de 2006, por la organización colombiana Escuela Nacional Sindical, muestran que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores sindicalizados.
Con esos datos, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunció la existencia de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad.
En el informe "Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia", la Amnistía Internacional supone que los paramilitares, respaldados por el ejército, y las fuerzas de seguridad están detrás de la mayoría de las agresiones. "Sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales", denunciaba el informe.
Según la directora del programa regional para América de AI, Susan Lee, un mensaje está siendo enviado a los sindicalistas de Colombia con la siguiente amenaza: "No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio".

El documento presenta también casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido víctimas y sus familiares que trabajan en Colombia. "Se ha convertido a sindicalistas en objeto de abusos contra los derechos humanos debido a su filiación política o a otros factores ajenos a sus actividades sindicales. Sin embargo, existe una constante de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas cometidos en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas debido precisamente a su trabajo como tales", manifestó el informe.

Los asesinatos de sindicalistas son un obstáculo al TLC

Antes de conocerse las cifras del primer trimestre de 2008 y al presentar al Congreso estadounidense el Tratado de Libre Comercio con Colombia, el presidente George W. Bush dijo que esta nación andina, conocida por su récord de asesinatos de activistas, había hecho grandes progresos en proteger a los sindicalistas.
Sin embargo, tales avances poco tranquilizan a Tarsicio Mora, un abogado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el mayor sindicato del país, quien la semana pasada recibió la última y más reciente amenaza de muerte.
"Con frecuencia somos amenazados por los grupos ilegales, los paramilitares, a veces las guerrillas, algunas veces grupos desconocidos", dijo Mora en una entrevista telefónica con la agencia AP
De acuerdo con el grupo no gubernamental Escuela Nacional Sindical, al menos 920 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde el año 2000, con solo unos pocos casos de esos asesinatos llegando a juicio con condenas.
Al presentar a las cámaras en Washington el texto del tratado, que el Congreso, Bush dijo que el gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe ha logrado reducir "sustancialmente" los ataques contra sindicalistas y que creó un programa especial de protección a esos activistas.
De acuerdo con la Escuela Nacional, 191 miembros de sindicatos fueron asesinados sólo en el año 2002, cuando Uribe asumió la presidencia, y desde entonces la cifra viene cayendo progresivamente hasta 39 muertos en 2007. Pero, sólo en lo que va del 2008, van 17 asesinatos de representantes sindicales, según la Escuela Nacional

Uribe ha admitido que las cifras de víctimas de sindicalistas, tanto como la del conflicto armado interno colombiano, aún son altas, pero asegura que la situación es menos mala que hace algunos años."Frente a los problemas presentes, nosotros no los negamos, no los escondemos. Nosotros trabajamos diariamente para poder superarlos", dijo Uribe el lunes.

El tema de los asesinatos de miembros de sindicatos se convirtió en uno de los puntos centrales del debate legislativo estadounidense sobre el tratado precisamente por tratarse de un asunto de comercio y su impacto sobre los trabajadores.
El vicepresidente de la CUT, Fabio Arias, por ejemplo, afirma que además del tema de los asesinatos, el tratado representaría que 3,5 millones de trabajadores colombianos perderían en un plazo de cinco años sus puestos de trabajo en el campo y el sector manufacturero debido a un potencial aumento de importaciones estadounidenses.

Human Rights Watch indicó en un comunicadoque "no se oponen a los acuerdos de libre comercio per se", pero que cree que "cualquier convenio de libre comercio debería estar basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho de los trabajadores".
La oposición al tratado proviene del Partido Demócrata, mayoría en el Congreso en Washington, que asegura que Uribe no ha hecho lo suficiente en proteger a los sindicalistas.
"¿Decir que 39 sindicalistas fueron asesinados el año pasado por ser sindicalistas y se supone que eso es un gran avance?", se preguntó el representante demócrata a la Cámara, James McGovern, de Massachusetts.

El congresista, en entrevista telefónica, dijo que si bien cree que Uribe hace esfuerzos por mejorar la situación, rechaza la idea que se hayan hechos enormes progresos.
"Lo que buscamos es que ningún sindicalista sea asesinado", dijo.

La CIDH pide a Uribe que garantice la seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte recibidas por defensores de los Derechos Humanos. La Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentó que recibió información acerca del desamparo que viven los activistas de organizaciones sociales en Colombia.
El comunicado explica que es responsabilidad del Estado adoptar de manera urgente "todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar" a quienes reciben amenazas.
Además exige al gobierno de Álvaro Uribe que "investigue, juzgue y sancione a los responsables de dichas amenazas y que garantice la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales".

La CIDH expresó su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por quienes se manifestaron el 6 de marzo último contra los paramilitares y los crímenes de Estado.
Agregó que "estos hechos ocurren en un contexto de violencia" contra los activistas y recordó que ya "han sido asesinados varios líderes sociales"

(Fuentes: Semana.com, Vientos del Sur, Agencia PÚLSAR, Adital y Houston Chronicle)