Perú:Matanza en la Amazonía

ACUSAN A LA POLICÍA DE ESCONDER LOS CADÁVERES DE 100 INDÍGENAS ASESINADOS EN BAGUA . LAS MOVILIZACIONES CONTRA LOS DECRETOS CONTINÚAN Y LA OPOSICIÓN PIDE LA INVESTIGACIÓN DE LAS MASACRES Y QUE SE LEVANTE EL TOQUE DE QUEDA


La ONG Amazon Watch, comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, denuncia que la Policía peruana está haciendo desaparecer cadáveres de nativos, con el fin de minimizar el número de víctimas civiles en los violentos disturbios ocurridos el viernes en Bagua.

Según Gregor McLennan, enviado por Amazon Watch a Bagua, centro de las protestas, "numerosos testigos oculares" le han confirmado que fuerzas especiales de la Policía se deshacen de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los queman para impedir su identificación. El Gobierno peruano lo niega. En su comunicado, Amazon Watch acusa además a la Policía de haber disparado indiscriminadamente a los indígenas desde un helicóptero, versión también negada por el Gobierno, que asegura que desde la aeronave solo se lanzaron gases lacrimógenos.

Elbert Bazán, jefe de la división médica en Utcubamba, encargada de proceder al levantamiento de cadáveres, dijo haber escuchado esos rumores y confirmó que su personal también ha participado en la búsqueda de cuerpos en los ríos, pero no ha encontrado ninguno.

Los enfrentamientos del pasado viernes dejaron un saldo de 24 policías muertos y según los primeros informes más de 30 nativos muertos, además de decenas de heridos, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). También hubo numerosos detenidos, cuya localizaciò ahora es poco precisa.

A este respecto, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades peruanas que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencias policiales y militares, y a que garanticen el derecho de todos los arrestados a la vida, a la integridad física y a la defensa

Amnistía Internacional emitióun comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" por la situación en la Amazonía peruana y recuerda que corresponde al Estado hacer "un uso proporcional de la fuerza". "El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias", afirmó Nuria García, investigadora para Perú de AI.

Denuncian la desaparición de 100 INDIGENAS

Dirigentes indígenas denunciaron este lunes la desaparición de 100 nativos durante la represión lanzada el viernes por el gobierno del presidente peruano, Alan García, que sigue hablando de influencia "extranjera" en las protestas.

Nérida Díaz, dirigente de la comunidad awajun, denunció hoy desde el centro parroquial de Bagua Grande la desaparición de 100 aborígenes.

El viceministro del Interior, Wilson Hernández, desmintió este lunes la existencia de fosas comunes y el hallazgo de otros 15 indígenas asesinados y dijo que las autoridades están buscando a los "supuestos" desaparecidos.

Aunque la Defensoría del Pueblo de Perú informa que recibió información sobre el hallazgo de entre 12 y 15 cadáveres en las cercanías de la localidad del Reposo, noreste del país cerca del lugar donde donde policías y militares se enfrentaron a los indígenas. La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, informó que su representante en la región de Amazonas, Roberto Guevara, le entregó esa información, y que por ello fueron enviados a la zona cuatro fiscales y cinco médicos legistas.
La zona donde se denuncia que están los cadáveres, presumiblemente de indígenas, se localiza en un tramo entre las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica, en Amazonas,

El periodista Carlos Torres, de la radio La Voz de Bagua, relató el lunes que decenas de nativos deambulan por esa ciudad y otros puntos de la región a la búsqueda desesperada de sus familiares desaparecidos.

En las ciudades de Bagua Grande y de Bagua Chica, 900 kilómetros al noreste de Lima, las actividades cotidianas se reanudaron hoy, aunque en medio de un severo control policial y militar, y con los nativos temerosos de ser perseguidos.

Representantes de Bolivia, Chile y Venezuela condenaron la violencia y reclamaron investigaciones que lleven al castigo de los responsables de la matanza de indígenas.
El ex mandatario Alejando Toledo pidió a Alan García que identifique a los supuestos "extranjeros" que según dijo están "conspirando" contra el país, mientras diputados oficialistas apuntaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al dirigente nacionalista Ollanta Humala.

Aidesep: “Este Gobierno ha manchado la sangre de nuestro Perú”

La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysie Zapata, responsabilizó al Gobierno de la masacre.

A su vez, Zapata reiteró que las movilizaciones continuarán hasta que el Congreso debata la derogatoria del decreto 1090, considerado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La dirigente responsabilizó de las muertes en Bagua al presidente, Alan García, a la ministra de interior, Mercedes Cabanillas, y al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. También culpan al gobierno de Alan García por la masacre de Bagua organizaciones sociales e indígenas de todo el país.

Las organizaciones también acusan el gobierno y el presidente García de tratar de impedir que la información llegue normalmente a la población, tanto del Perú como en el exterior. Así, el corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) en Bagua, Carlos Flores, informó que "hay intenciones de hacer desaparecer radio La Voz", que ya fue sacada del aire por la policía. La CNR, verdadera red de emisoras comunitarias, está jugando un papel primordial en esta y en otras crisis, al informar correctamente de cuanto ocurre desde los puntos más alejados y calientes, gracias a su excelente red de corresponsales. Además, no acepta las presiones del Gobierno y las fuerzas militares y policiales, que les acusan de
"instigar a la población" a cometer hechos violentos. Además, el Gobierno canceló ya la licencia de funcionamiento de otras dos emisoras en la zona de Amazonas.

La oposición pide investigar las muertes


Ante los sucesos ocurridos el último fin de semana en Bagua, capital de la provincia de Utcubamba, en el Departamento de Amazonas, partidos de oposición reiteraron la demanda de diversos sectores para que se conforme una comisión multipartidaria que investigue esos hechos.

A través de un pronunciamiento, Unión Por el Perú (UPP)solicitó que el Congreso instale un grupo de trabajo para determinarlas responsabilidades de las muertes de policías y civiles durantelos enfrentamientos en Bagua, Condorcanqui y Jaén.

El parlamentario José Vega (UPP) solicitó además que la Junta de Portavoces del Congreso convoque a una sesión extraordinaria paraderogar el Decreto Legislativo 1090. “A partir de ahí podemosbuscar un camino de salida al conflicto de la Amazonía”.

Vega exigió asimismo al gobierno el levantamiento del toque de queda, decretado desde el último viernes, así como la renuncia del gobierno de Simon.

De la misma opinión fue Yhony Lescano (AP), quien consideró prioritario convocar a una sesión extraordinaria para derogar el 1090, porque , le daría "tranquilidad a los pueblos".
Propuso asimismo que se retome la mesa de diálogo entre losamazónicos y el Ejecutivo, y que una comisión especial deparlamentarios baje a la zona de conflicto para conversar con la población porque hay una situación de zozobra. “Por ahí pasa lasolución más urgente”, dijo a la CNR.

Asimismo, Lescano Ancieta consideró que la decisión de llevar ala policía a intervenir una zona tan convulsionada fue“desafortunada”. “El asunto se pudo manejar de otra manera”. También consideró “absurda” la versión de que hubo injerencia extranjera. “No han podido manejar a los aymaras en Puno y van a manejar a los asháninkas que están en el otro extremo del país. Esas explicaciones no son coherentes”.

Apoyo a los indígenas peruanos desde los países vecinos


En Colombia, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones e instituciones sociales se concentraron este lunes frente a la Embajada de Perú, en Bogotá con el objetivo de rechazar las masacres y respaldar la lucha indígena en defensa de la vida, de los derechos humanos, de la tierra y de la biodiversidad amazónica.

En México, la delegación de indígenas que participaron de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala también da su apoyo a los peruanos a través de una carta, que se envia al presidente de Perú, Alan García. En el comunicado, organizaciones, grupos sociales y pueblos indígenas de México se muestran indignados por los últimos acontecimientos en Perú y exigen al gobierno que paren las agresiones contra los indígenas peruanos y la "cancelación de los acuerdos internacionales -como el TLC [Tratado de Libre Comercio]- que violentan la vida de los pueblos indígenas peruanos".

La organización Survival International pide a las empresas petroleras que suspendan las operaciones en la Amazonía peruana ya que el país "vive uno de los peores episodios de violencia política". En nota divulgada en el sitio web de la organización (http://www.survival.es/), el director de Survival, Stephen Corry, afirma que las protestas demuestran que los indígenas no están más dispuestos a tolerar las ilegalidades y violencias que se emplean en contra de las comunidades. "Las empresas petroleras que trabajan en Perú deberían suspender sus operaciones hasta que la calma se restablezca y los derechos territoriales de los indígenas sobre sus tierras ancestrales sean adecuadamente respetados: sólo entonces podrán negociar en términos de igualdad", comenta el director.

El próximo jueves (11), el Frente Nacional por la Vida y por la Soberanía realizará una marcha, en Lima, contra la masacre de los indígenas y por la derogación de los Decretos Legislativos que amenazan al medio ambiente y a los pueblos amazónicos del país. La marcha se inciará a las 14h, en la Plaza Dos de Mayo, desde donde se dirigirá hasta el Palacio de Gobierno.



(Fuentes:La República-Lima, EFE, ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, CNR y Adital)

(Fotos:IPS- Fedepaz)

España:Inmigración

LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES
EXTRANJEROS DENUNCIAN PRESIONES XENÓFOBAS DE LAS AUTORIDADES, CONTROLES DE IDENTIDAD "MASIVOS, PROGRAMADOS Y SELECTIVOS, VEJACIONES, ABUSOS Y DETENCIONES DE 72 HORAS"

“Me llamo María Luisa, soy de Ecuador. Era verano, las ocho de la mañana, iba por la calle y al llegar a la estación de Méndez Álvaro, me encuentro con un control policial. Me detienen y me llevan a la comisaría de Aluche por no tener papeles. El trato fue vejatorio. Me hicieron quitar la ropa y así, desnuda, me insultaron. Después de 24 horas, salí en libertad con una orden de expulsión”.

Éste es uno de los quince testimonios de ’sin papeles’ que denuncian constantes controles de identidad. En la madrileña Plaza de Lavapiés., tiene lugar la lectura de testimonios como éste, en un acto convocado por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino bajo el lema ‘Porque la vida no es una cárcel. ¡Paremos los controles!'.

Las organizaciones denunciaron que en las calles de Madrid los inmigrantes están sometidos a controles policiales de identidad “masivos, programados y selectivos” para perseguir la posible comisión de una infracción administrativa. Por ello, han decidido solicitar a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior una reunión para demandar “un compromiso público por parte de las autoridades competentes para acabar inmediatamente con esta situación”.

En un estudio elaborado por estas dos organizaciones sobre los controles de identidad realizados a inmigrantes, constatan 67 casos de asedio con trato vejatorio y testimonios de malos tratos, abusos y agresiones por parte de la Policía.

Marisa Pérez, de la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino, hace hincapié en que, mientras que carecer de documentación es una infracción administrativa, “las medidas que se están utilizando para afrontarla son de tipo penal”, como “grandes despliegues policiales, cacheos, registros y detenciones de hasta 72 horas”.

Una situación que supone la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. “Salir a la calle es un desafío. La Policía nos busca en los lugares a los que vamos para pagarnos la vida, regularizar nuestra situación o llamar a nuestras familias… A veces nos tratan con respeto. Otra veces, no. Nos aprietan las esposas, nos insultan y se burlan de nosotros, a algunos nos han golpeado”, manifestó en el acto de la Plaza de Lavapiés uno de los inmigrantes de la Asociación de Sin Papeles de Madrid.

Agresión racista a una familia ecuatoriana en Madrid

El Gobierno de Ecuador condena la agresión xenófoba que sufrió el pasado 24 de mayo una familia ecuatoriana en Madrid y pide que se sancione a los jóvenes atacantes. La Secretaría Nacional del Migrante (Senami) rechazó, "de manera terminante, los actos de xenofobia y violencia contra una familia ecuatoriana", en un barrio madrileño.

La Senami indica que se ha unido a la querella criminal que, por este caso, prevé presentar ante los tribunales la organización Movimiento contra la Intolerancia, y anunció que "seguirá de cerca el proceso, a fin de que la justicia española castigue con el rigor de la ley a los agresores".

“La agresión tenía evidentes rasgos xenófobos y racistas”, precisó en su momento la embajada de Ecuador en España en un comunicado. El pasado 24 de mayo, Llumiquinga (de 46 años), su compañero Freddy Guijarro (41), cinco familiares fueron golpeados por un grupo de jóvenes en Ciudad de los Ángeles, un barrio de la periferia sur de Madrid. Los atacantes fueron detenidos por la policía.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador pidió al Defensor del Pueblo de España, Enrique Mújica, que atienda este caso. A propósito, el viernes las dos defensorías firmaron un convenio de cooperación, mediante el cual se atenderá a ecuatorianos radicados España o españoles que viven en Ecuador.

Amnistía advierte sobre torturas y otras vulneraciones de los derechos humanos

Los esfuerzos de España en 2008 para controlar la inmigración, en colaboración con la Unión Europea y algunos países africanos, "pusieron en peligro los derechos" de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Así lo subraya el de informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo.

En el documento, con datos relativos a 2008, la organización destaca que la tortura y malos tratos a manos de quienes deben "hacer cumplir la ley" continuaron "siendo frecuentes" en España, donde se mantiene, según denuncia AI, "la detención en régimen de incomunicación".

Amnistía Internacional equipara a España con Turquía, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán en cuanto a la respuesta judicial que se da a las denuncias de tortura y malos tratos de detenidos para obtener confesiones.

AI critica que las denuncias de tortura no den lugar sistemáticamente a investigaciones independientes, que se sigan considerando estas denuncias como parte de una estrategia para desacreditar al Estado, que los casos judiciales avancen con lentitud y escasa diligencia, y que se impongan penas leves a los agentes a los que se declara culpables. "En países como Bosnia-Herzegovina, España, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Ucrania y Uzbequistán, tales obstáculos no hacían sino perpetuar una cultura de impunidad", señala el informe.

La organización hace también referencia también a los obstáculos y dificultades con que se encuentran las víctimas de violencia machista para denunciar y conseguir protección, una situación que se agrava en el caso de las mujeres inmigrantes en situación irregular. De las 70 mujeres que murieron en 2008 en España a manos de su pareja o ex pareja, 34 eran extranjeras, según destaca AI.

España también figura en el informe de AI por la presión que se ejerce sobre países africanos para frenar la inmigración irregular. Asimismo, AI afirma que los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África no incluían garantías adecuadas en materia de derechos humanos, a la hora de rechazar a solicitantes de asilo y devolverlos a países donde "corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos".

La crisis expulsa a 35.000 inmigrantes con papeles hacia la economía sumergida

Según datos del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, en 2008, un total de 35.000 trabajadores extranjeros perdieron en la Comunidad Valenciana su puesto de trabajo y, paralelamente, se vieron abocados a la economía sumergida para mantener sus ingresos. Castellón es la provincia donde el impacto es mayor al destruirse una cuarta parte del empleo desempeñado por los trabajadores extracomunitarios, en su mayoría en el sector de la construcción.

Esta situación de "irregularidad sobrevenida", como la define el experto Carlos Gómez Gil, ha derivado en un auténtico drama para un colectivo que ha perdido de un plumazo unos derechos que tardaron años en conquistar. Muchos de los que consiguieron normalizar su vida aquí temen salir de sus casas por temor a ser expulsados.

La crisis económica ha acelerado la destrucción de empleo sobre el conjunto de trabajadores, pero de forma muy particular sobre los inmigrantes. Ya en 2007, el desempleo entre la colonia extranjera comenzaba a ser preocupante, pero este fenómeno, subraya Gómez Gil, explotó en 2008 "de forma rápida y acelerada, al compás de la propia crisis". Gómez Gil, director del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, alerta del impacto "devastador" que la crisis económica está teniendo sobre este colectivo. Para el experto, asistimos a la gestación de "una pobreza estructural".

El pasado año, según se desprende del informe Evolución y comportamiento del empleo de los inmigrantes en el año 2008, se disparó la pérdida de permisos de trabajo, con un indicador (un 29% menos) que duplica al registrado en España, con especial impacto en Castellón. Esta provincia, según el citado estudio, ha vivido una "auténtica" catástrofe laboral. Solo la agricultura ha permitido amortiguar "ligeramente" las elevadas pérdidas de afiliación de inmigrantes. No en vano, es el único régimen que experimenta incrementos significativos de afiliación en todas las provincias, tanto comunitarios como para los extracomunitarios. "Solo el campo consigue generar nuevos empleos entre los inmigrantes en 2008, pero en un número muy insuficiente para el volumen total de contratos que se pierden en el resto de los sectores económicos", arguye Gómez Gil. Y es que de cada cuatro empleos asegurados perdidos, se crea uno en el sector de la agricultura.

En términos absolutos, la mayor pérdida de permisos de trabajo de inmigrantes se concentra en Valencia con 17.095 menos, aunque proporcionalmente ha sido Castellón la más afectada. La pérdida de permisos de trabajo está, por tanto, vinculada al dato de afiliación. Así, el acusado descenso de asegurados extranjeros en la Comunidad Valenciana cobra dimensión cuando se atiende al dato nacional. La Comunidad Valenciana multiplica por cinco el indicador nacional de disminución de inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social. La principal causa ha sido la disparatada destrucción de mano de obra en el sector de la construcción. El desempleo entre los trabajadores extranjeros en el sector de la construcción fue, en 2008, 17 puntos por encima de la media estatal.

La actual coyuntura de recesión tiene además otras múltiples derivadas, entre ellas un claro retroceso en las condiciones de trabajo. Se ha disparado la precariedad y eso propicia las situaciones de abusos, especialmente con la población más vulnerable, como es el colectivo extranjero. El experto señala que si las cifras son malas en el conjunto nacional, mucho peores son "las de esta comunidad con una histórica trayectoria de la economía sumergida. Cuando ya habíamos conseguido una sustancial reducción de inmigrantes sin papeles, se ha vuelto a invertir la situación".


(Fuentes: Europa Press,EFE, El Comercio-Quito, 20 Minutos-España y El País-Madrid)

Guatemala:Genocidio e impunidad

DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS CRÍMENES, PERPETRADOS MAYORITARIAMENTE POR LAS FUERZAS ARMADAS, LOS HECHOS SIGUEN IMPUNES Y LOS AUTORES SIN RESPONDER ANTE LA JUSTICIA

El académico alemán Christian Tomuschat, aseguraba el martes que “falta voluntad política” para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna. El jurista dirigió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, que recogió datos sobre las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en Guatemala, en su mayoría, un 93%, atribuidas a las fuerzas armadas.
"La Fiscalía no ha tomado nota de la información dada en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Siento que no hay voluntad política para procesar a los responsables”, indicó Tomuschat.

El jurista recordó que el informe señaló casos de genocidio y aportó valiosos datos sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala entre 1960 y 1996.
Tomuschat lamentó la falta de voluntad política de la Fiscalía de Guatemala para avanzar con el procesamiento de los atropellos cometidos.

"Nosotros en el informe señalamos que en ciertos sitios fueron cometidos genocidios, por lo tanto es un deber de las autoridades de Guatemala perseguir a las presuntas personas culpables", afirmó Toumoschat quien subrayó el hecho de que hasta el momento ningún alto funcionario ha sido sentado en el banquillo de acusados, pese a que el documento proporcionó fechas y nombres de los autores del genocidio.
"Parece que actualmente hay progresos y nuevamente toca a la justicia del país afectado tomar las medidas y la justicia universal es una medida subsidiaria, que solamente entra en juego si en el país mismo no se toman las medidas que se impongan", agregó. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la guerra que padeció Guatemala dejó un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 50.000 viudas, más 150.000 refugiados y un millón de desplazados. El 93 por ciento de las masacres fueron perpetradas por el Ejército y otras fuerzas de seguridad del Estado.

Nadie ha sido condenado aun

Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Congreso de Guatemala que apruebe la ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente.

Con dicha legislación se busca llevar ante la justicia a los responsables por decenas de miles de casos de homicidio y tortura perpetrados durante la guerra civil.

La organización de derechos humanos considera que la creación de la comisión es fundamental para poner en marcha las recomendaciones formuladas -hace exactamente diez años- por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, creada por las Naciones Unidas.

"Creemos que este décimo aniversario es una excelente oportunidad para que el gobierno de Guatemala renueve su compromiso con los derechos humanos y creemos también que la sociedad civil guatemalteca está pronunciándose muy enérgicamente para que haga lo mismo", dice Sebastián Elgueta, investigador para Guatemala de AI.

Según la ONG, la comisión había concluido que el ejército y sus aliados fueron responsables de la inmensa mayoría de los abusos y que algunos de esos casos eran considerados genocidio.
Sin embargo hasta el momento nadie ha sido procesado por los crímenes.

"Eso ha creado un efecto de un estado de impunidad donde la norma es que los crímenes no se investiguen ni son llevados ante la justicia los responsables", añade Elgueta.

Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), aboga por la continuación de su labor ante la grave situación del país. "Parece que la tarea es ingente, que estamos ante situaciones de instituciones gravemente disfuncionales y que dos años es insuficiente. El diplomático señala que depende de las partes del contrato que le dio el mandato en Guatemala, el cual expirará en septiembre, el que se prolongue el período pues "pese a que las dificultades son enormes, puede hacerse. Y advierte que organizaciones criminales han logrado infiltrarse en el gobierno, la política, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Según la ONU, en el país centroamericano se registran más de 6.000 asesinatos anuales y que los casos impunes ascienden al 98%, uno de los más altos del mundo.

El Presidente Colom pidió perdón a la víctimas

Este miércoles , Día Nacional de Dignificación de las Víctimas de la guerra civil, se cumplió el décimo aniversario de la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que recoge las atrocidades del conflicto. El informe, auspiciado por la ONU, atribuye un 93% de las masacres cometidas durante la guerra al Ejército de Guatemala, un 3% a la ex guerrilla izquierdista y 4% a actores que no pudieron ser identificados. En los actos en Ciudad de Guatemala, el presidente guatemalteco pedía perdón a las víctimas. "Como presidente de la República, como jefe del Estado y como comandante en jefe del Ejército les pido perdón, porque fue el sistema. Cómo llegó tan lejos, no sé, cómo llegamos tan lejos como sociedad, no lo sé, pero llegamos lejísimo".

"Si genocidio es la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, en Guatemala hubo genocidio, hubo etnocidio y hubo también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios, indígenas", dijo Colom. "Ojalá hoy, en este día de conmemoración de las víctimas iniciemos un esfuerzo de organización del país, para la unidad de Guatemala, para que el perdón sea producto de un verdadero amor y no solo de un compromiso", subrayó Colom.

Este mismo día, el Ejército entregó a la justicia sus archivos sobre planes contrainsurgentes entre 1978 y 1983, tal como lo demandaban entidades de derechos humanos, mientras miles de personas marcharon por las calles pidiendo justicia. Los documentos fueron entregados por el ministro de la Defensa, general Abraham Valenzuela. No hacía sino cumplir con bastante retraso por una orden judicial emitida hace más de cuatro años y retrasada por diferentes recursos de amparo contra los que falló en marzo pasado la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de Guatemala.

Según organizaciones de derechos humanos, en dichos archivos están las órdenes emitidas a las diferentes unidades militares por el alto mando del Ejército, para combatir a las guerrillas, que contemplaban también operaciones contra civiles.

Entre los militares señalados se encuentran los generales golpistas José Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Victores; así como Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García.
Estos mismos militares son procesados ante la Audiencia Nacional de España, que desde diciembre de 1999 conoce un caso de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, promovido por la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.

La violencia impune continúa

El inicio del año fue muy violento en Guatemala según el Informe sobre la situación de los derechos humanos y actos de violencia durante el mes de enero de 2009, elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). El mes de enero fue considerado más violento que todos los meses de 2008, evidenciando un comienzo de año con impunidad. El GAM cree que la violencia debe ser combatida estructuralmente y no por medio de declaraciones de autoridades o de "publicidad".

Según el informe, durante los 12 últimos meses de 2008 la violencia aumentó, produciendo una media de 275 muertes por mes. Las muertes violentas en enero de 2009 subieron a 358, de las cuales 315 fueron de hombres, 39 de mujeres y 4 de niños. Este número sobrepasó el de diciembre de 2008 que fue de 349 personas, lo que corresponde a un aumento del 2% en enero de 2009.

El informe resalta además que los índices de criminalidad aumentaron considerablemente comparando los meses de enero de 2008 y 2009, revelando un incremento del 22%: "La característica común en los casos de los meses comparados, es la impunidad, que a pesar de ser conocidos públicamente por informes como el presente o por noticias dadas a conocer por los medios de comunicación, no se realizan las acciones de denuncia, investigación o inicio de procesos legales en contra de responsables".

Las personas heridas por causas violentas también representan un número mayor, con un 13% más que el mes de diciembre de 2008, totalizando 148 personas, caracterizando el mes de enero de 2009 como el más violento en relación con personas heridas durante los 12 meses anteriores.
"La mala distribución de efectivos de la Policía Nacional Civil continúa siendo un problema para la seguridad ciudadana, además de que no hay suficiente personal para cubrir todo el país, reconocemos que hay agentes honestos, trabajadores y responsables, sin embargo, muchos son ineficientes, o se presume que están involucrados en actos de corrupción, lo cual ha constituido el declive de la confianza de los y las guatemaltecas en este servicio en particular", denuncia el informe del GAM.

En lo que concierne a la seguridad del país, el GAM propone que el Congreso Nacional apruebe urgentemente el paquete de leyes en materia de seguridad. Recomienda que la Policía Nacional Civil expulse a los agentes involucrados en actos de violencia o que falten al deber de defender a los ciudadanos, así como a aquellos ligados a procesos penales.

Sobre la justicia, la impunidad y la corrupción, el Grupo pide que la población guatemalteca se comprometa a denunciar cualquier acto de corrupción que tuviere conocimiento. Sugiere además que los funcionarios públicos que se encuentren involucrados en actos de corrupción o permitiendo que los casos queden en la impunidad, no solamente sean despedidos sino que también sean sometidos a persecución penal.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, ElInformador.com, EFE, AFP y Adital)

Colombia: Conflicto interno

URIBE TAMBIÉN HA INFLADO LAS CIFRAS DE LOS 'ÉXITOS' DE LAS FUERZAS ARMADAS, TRAS PRESENTAR A CIENTOS DE CIVILES ASESINADOS COMO GUERRILLEROS CAÍDOS EN COMBATE

La Consejería en Derechos Humanos y Desplazamientos (Codhes), una prestigiosa ONG colombiana, acaba de hacer público un estudio analizando las estadísticas del gobierno con respecto a los éxitos recientes de las Fuerzas Armadas en el conflicto. El estudio establece que si bien hubo avances al aplicar la dura política oficial, los datos anunciados oficialmente por gobierno del presidente Álvaro Uribe son muy exagerados. Codhes cuestionó que las estadísticas difundidas por el gobierno respecto a las bajas producidas a las guerrillas“son simplemente no creíbles”.

Álvaro Uribe aún cuenta con un 70% de aprobación popular, y esto se debe a su éxito en alejar a las guerrillas de las ciudades y por asestarles golpes significativos.

Sin embargo, el estudio de Codhes ataca esa base misma, al sugerir que las estadísticas de los enemigos asesinados, capturados o que se han entregado son simplemente no creíbles.

El documento titulado “Los números no suman” recuerda que las cifras gubernamentales aseguran que más de 114.000 miembros de los ejércitos irregulares fueron asesinados, capturados o que se rindieron en los últimos seis años. Pero esas guerrillas, de acuerdo a estimaciones gubernamentales previas, no excedían los 30.000 miembros.

Aún permitiendo el reclutamiento para compensar las bajas en las filas, las cifras de la administración Uribe sugieren que cada día caen muertos ocho miembros de las facciones guerrilleras , algo que no está corroborado por ninguna otra fuente.

Un nuevo escándalo, que se une al reciente de los llamados 'falsos positivos',con pruebas sobradas de que miembros de las fuerzas de seguridad han matado a cientos de civiles anónimos y los han presentado como miembros de los ejércitos ilegales muertos en combate. LOs 'falsos positivos' causaron gran debate y consternación en Colombia.

Evaluación de los derechos humanos

El informe de Codhes coincide con la autoevaluación presentada en Ginebra, Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el vicepresidente colombiano, Francisco Santos

En su presentación, Santos dibujó un panorama idílico: sustancial reducción de los homicidios y los secuestros, gracias a la política de seguridad democrática implantada por el gobierno desde mediados de 2002, reducción de la tasa de homicidios en un 45%, que las masacres han bajado un 77%, que los atentados "terroristas" cayeron un 76% y los secuestros, un 87%. Según este balance, el gobierno también quebró la tendencia ascendente de fenómenos como el desplazamiento forzado de personas; cuando la propia ONU señala a Colombia, con más de tres millones de desplazados internos, entre los países que encabezan esta siniestra estadística.

"El gobierno manipula"

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONGs, que también acusan al Gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares.
"La seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos", afirma el texto del Gobierno colombiano en referencia a los logros de su plan de "seguridad democrática" contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
El Gobierno habla de "tolerancia cero" con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONGs, entre éstas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) -con las que Uribe mantiene frecuentes roces-, señalan que éstas "continúan siendo graves, masivas y sistemáticas", según el informe que enviaron al Alto Comisionado.

El presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, señala que "una de las 'virtudes' del gobierno es la destreza manipuladora. Manipula la imagen, manipula la opinión, manipula las cifras. Por tanto no es sorprendente que presente las cosas de esa manera".

Según Gaviria, el auge del paramilitarismo ha sido la mayor fuente de violación de los derechos humanos. Gaviria, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y candidato presidencial en 2006, es muy crítico con la actitud del gobierno frente a los paramilitares.

Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado considera que el desplazamiento forzado "ha crecido exponencialmente en Colombia bajo la administración del presidente Uribe, durante la cual se han desplazado 1,5 millones de personas". También se queja por la "cadena de ejecuciones extrajudiciales que comienzan por desapariciones forzadas, perpetradas por redes del ejército nacional en lo que se ha llamado el escándalo de los falsos positivos".
El investigador toma distancia de las cifras oficiales y añade que "75 defensores de derechos humanos han sido asesinados (en estos seis años) y los sindicalistas siguen siendo perseguidos".

Por su parte, Jorge Rojas, director de la Consejería en Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), dice que "la tarea no está siendo bien hecha por parte del gobierno".
"En algunos campos se está retrocediendo y estamos llegando a unos niveles más críticos de violación de los derechos humanos, como en desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Los datos no coinciden con los hechos

El Gobierno afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entregaran las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.
"El paramilitarismo no ha sido desmantelado", replican las ONGs, que enfatizan los "nexos" entre paramilitares y políticos. Hasta julio de 2008, más de 60 congresistas, la mayoría partidarios de Uribe, eran investigados por la justicia, en el marco del proceso de la "parapolítica".
Las ONGs también subrayan el aumento desde 2002 de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública.
En ese período "13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" en Colombia, de los cuales el 75,4% (8.049 casos) son "responsabilidad de Estado", subrayan.
Se trata principalmente de campesinos, líderes comunitarios, indígenas, trabajadores y dirigentes sindicales.
"El Gobierno habla de homicidios y secuestros y no de violaciones a los derechos humanos", lamenta Isabelle Heyer, portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas , para quien el "punto débil" del informe gubernamental es "no dar cifras" sobre ejecuciones extrajudiciales.

En Colombia persisten "problemas estructurales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación", señala la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, la jueza sudafricana que asumió en septiembre y cuyo primer viaje fue a Colombia.
Burkina Faso, Bahrein e Italia serán los países de la 'troika' encargados de elaborar un informe tras la autoevaluación del Vicepresidente Santos y los informes de las Ong's. Se conocerá el 15 de diciembre.

(Fuentes: BBC-Mundo, ABN-Venezuela y AFP)

Colombia: Conflicto interno

LA NUEVA DIRECCIÓN DE LAS FARC NEGOCIA CON DELEGADOS DE FRANCIA Y SUIZA NUEVAS LIBERACIONES DE REHENES Y LA APERTURA DE UN PROCESO QUE LLEVE A UN ACUERDO HUMANITARIO

-Las ONG's cifran ya en más de 30.000 los desaparecidos; el 97% a manos de militares y paramilitares.

El delegado del gobierno de Francia, Noel Sáenz, y del de Suiza, Jean Pierre Gontard, han logrado ya contactar con el Secretariado de las FARC y negociarían ya un canje de rehenes. En Bogotá, el secretario de prensa del palacio presidencial, César Mauricio Velásquez, réconoció que desde el pasado viernes los delegados extranjeros estaban en territorio colombiano en busca de ese contacto, con el consentimiento del presidente Uribe.
"Los dos delegados europeos ingresaron en los últimos días a Colombia, pidieron al Gobierno autorización para desplazarse a ese encuentro directo con el Secretariado de las FARC, la cual el Gobierno concedió, y ha dado todas las garantías de seguridad para sus desplazamientos", dijo el portavoz presidencial.

El máximo líder de las FAR, Alfonso Cano, estaría reunido desde hace ya tres o cuatro dias con delegados de Francia y Suiza, según el diario El Espectador, que recuerda que se trata del primer encuentro con el grupo guerrillero después de la muerte de Manuel Marulanda, 'Tirofijo', para el logro de un acuerdo humanitario.

La guerrilla de las FARC mantiene la disposición a canjear a 40 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (de doble nacionalidad, colombiana y francesa) , tres 'contratistas' estadounidenses, y varios políticos, policías y miembros del Ejército colombiano, por cerca de 500 rebeldes presos. Exige la desmilitarizació de dos municipios en el Sur a lo que se opone el Gobierno Uribe.

Según el diario El Tiempo que cita fuentes del gobierno colombiano, los dos diplomáticos extranjeros van a solicitar a las FARC "que acepten la propuesta de una zona de encuentro para iniciar diálogos en torno a un eventual intercambio humanitario". El gobierno exige que el sitio de encuentro debe estar alejado de zonas pobladas y no debe implicar un despeje militar. Exige además que los guerrilleros deben permanecer desarmados, que los rebeldes que sean liberados tienen que comprometerse a no volver a la guerrilla, que el encuentro tenga un plazolimitado y que haya observadores internacionales.

Piedad Córdoba denuncia maltrato en EE.UU.

La senadora liberal colombiana Piedad Córdoba, qien ha actuadoi de 'facilitadora' en las últimas liberaciones de secuestrados por las FARC, ha denunciado que fue detenida y maltratada por funcionarios de la aduana estadounidenses, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Córdoba dice que la retuvieron e interrogaron durante más de tres horas y que los agentes "querían saber qué hacía, por qué trabaja por el acuerdo humanitario, por qué iba a reuniones relacionadas con el conflicto y los derechos humanos en Colombia y su relación con las FARC".

La senadora dice que considera que "el artífice de esta detención arbitraria es el cónsul colombiano en Nueva York, Francisco Noguera, y que todo tiene que ver con una carta de protesta que envió en días pasados a su colega venezolana por la invitación que este país le hiciera para participar en un foro en conmemoración de los 197 años de la independencia de Venezuela".
Para la congresista "resulta curioso que sean los mismos temas planteados por Noguera en su misiva, sobre los que el director de aduanas de Nueva York la interrogó".
El cónsul Francisco Noguera negó esta parte de la denuncia de Piedad Córdoba

¿Más de 30.000 desaparecidos?

Las desapariciones forzadas están ya en los titulares y las informaciones de la prensa colombiana en los últimos meses. Algo que no era habitual, pese a que el fenómeno no es nuevo en Colombia. Pero bajo el gobierno de Uribe las cifras se desatan.

Hace poco fue detenido un ex general del ejército y otros dos han sido llamados por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985. Pero, además, están las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía.

Mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3.500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15.645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30.000 las personas de las que no se tiene rastro.

"Seguramente van a ser más de 30.000", dice Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en Bogotá para asistir a un seminario internacional sobre desaparición forzada, que inaugurado por el juez español Baltasar Garzón.
El más reciente informe sobre Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1.196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Según Andreu, el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir basta a esta realidad".

Militares y paramilitares perpetraron el 97% de los casos

Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la Comición Colombiana de Juristas (CCJ), dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1.259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.

Andreu, un experto que trabajó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, explica que una característica de ese delito "es que ha sido como el crimen del silencio, el crimen perfecto. La gente no quiere hablar, ni los familiares, ni los testigos".
Y no quieren hablar, añade, porque esperan que sus familiares regresen o porque han sido amenazados por quienes cometieron la desaparición.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, sin embargo, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3.000 paramilitares.

Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.

Mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente

Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha subrayado que el gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
A pesar de eso, el informe de la Alto Comisionad de Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Colombia asegura que la apliación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha sido "muy incipiente".

Susan Lee, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dice a BBC Mundo que "se siguen presentando casi a diario casos de desaparición forzada en Colombia".

La Procuraduría General de la Nación, que es el máximo garante de los derechos humanos en el país, desarrolla en la actualidad 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en su mayoría contra miembros del ejército. En ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.

En el 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal. Pero la Procuraduría admite que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas, que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.

(Fuentes:El Tiempo, DPA, El Espectador, BBC-Mundo, Agencia PÚLSAR)

Colombia: Ejecuciones extrajudiciales

ASESINADOS 17 SINDICALISTAS EN LO QUE VA DE AÑO, DESDE EL 2.000 SON YA 920. LA OIT Y LA OEA LE PIDEN AL PRESIDENTE URIBE QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVISTAS SOCIALES

El sindicalismo en Colombia está de luto un año más. Si 2007 terminó con renovadas esperanzas por la notable reducción de muertes y amenazas de líderes eintegrantes de sindicatos, en el 2008, en cambio, la ilusión de que la persecución al sindicalismo cesaría se ha tornado frágil. El 2 de enero,cuando apenas se iniciaba el año, ocurrió el primer homicidio. Ese día,mataron a Mario Zuluaga, de la Asociación Médica Sindical (Asmedas). Después de esa muerte, no ha parado la mala racha. Dieciséis más han sido asesinados.

El caso más reciente fue el de Adolfo González Montes, dirigente del Sindicatode Trabajadores del Carbón (Sintracarbón), en Riohacha, departamento de la Guajira. Se fue a su casa temprano a descansar para madrugar al día siguiente a su trabajo en Carbones del Cerrejón. Nunca salió. Fue torturado y asesinado en su residencia.

Entre enero y marzo de 2007 la cifra ya era escandalosa: diez muertes violentas de sindicalistas, pero este año los casos van en aumento.

Según el gobierno , ninguno de los sindicalistas asesinados en este año había recibido amenazas, ninguno estaba en procesos de negociación colectiva en sus empresas, ni el ambiente de sus trabajos era hostil. Por eso ninguno estaba en el programa especial de protección a sindicalistas del Ministerio del Interior que generalmente ofrece especial custodia oficial y otras condiciones deseguridad a quienes estén en riesgo.

Represalias paramilitares por la Marcha del 6 de Marzo

Los organizadores de la marcha en contra de los crímenes del paramilitarismo y en solidaridad con sus víctimas del pasado 6 de marzo han dicho que cuatrode los sindicalistas fueron asesinados en represalia por su participaciónactiva y liderazgo en esa marcha.

Guillermo Correa, director del área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical (ENS), coincide con el gobierno en que las últimas muertes, según la información que se conoce hasta el momento, no parecen asociadas a conflictos laborales o a amenazas por su actividad sindical. Sin embargo,las investigaciones judiciales están en proceso. Correa espera que la Fiscalía esclarezca los homicidios. Es de deducir sin embargo, que ante una ola de asesinatosde sindicalistas como la que se ha dado este año, hay algo más siniestro detrás que simples coincidencias de homicidios comunes, como aputan algunos.

Las organizaciones nacionales e internacionales especialistas en el tema están preocupadas yconsideran, con razón, que hay un ambiente francamente hostil para el ejercicio del sindicalismo en el país. En la sesión número 301 del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realizó entre el 6 y el 20 de marzo pasado, se destacaron algunos casos como las presiones y amenazas que han recaído últimamentesobre el sindicato empleados de la Universidad de Córdoba "por parte delrector de la Universidad y de jefes paramilitares de las Autodefensas Unidasde Colombia (Auc)". La OIT pidió al gobierno colombiano que garantice la seguridad de los dirigentes sindicales amenazados.

Apenas cinco días después de la reunión de la OIT, 22 organizaciones internacionales de derechos humanos les enviaron una carta a los presidentes Álvaro Uribe y George Bush. En ella, rechazaban las muertes y amenazas que han ocurrido en los últimos días no sólo contra sindicalistas, sino contra organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Y culpan al gobierno de haber creado un clima de intolerancia política contra los organizadores de la marcha del 6 de marzo al afirmar que detrás de ella estaban las FARC.

Malos augurios para el inmediato futuro

Pero los augurios no son buenos. Para empezar porque despertó el paramilitarismo, el principal verdugo de los líderes laborales. Los diálogos con las AUC habían conducido a la reducción sustancial del hostigamiento a sindicatos, pero en un reciente comunicado emitido por un grupo que se hace llamar Águilas Negras en Rearme, el comandante 'Camilo' anuncia una primera fase armada con el "total rearme delas fuerzas paramilitares.

El gobierno asegura que ya está tomando medidas especiales para evitar que las muertes violentas de sindicalistas se vuelvan a disparar y que ya tienen planeado cómo se protegerá la vida de los sindicalistas de ahora en adelante.



Uno de los países más peligrosos para los sindicalistas

Aproximadamente 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Los datos documentados entre enero de 1991 y diciembre de 2006, por la organización colombiana Escuela Nacional Sindical, muestran que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los trabajadores sindicalizados.
Con esos datos, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunció la existencia de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad.
En el informe "Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia", la Amnistía Internacional supone que los paramilitares, respaldados por el ejército, y las fuerzas de seguridad están detrás de la mayoría de las agresiones. "Sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales", denunciaba el informe.
Según la directora del programa regional para América de AI, Susan Lee, un mensaje está siendo enviado a los sindicalistas de Colombia con la siguiente amenaza: "No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio".

El documento presenta también casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido víctimas y sus familiares que trabajan en Colombia. "Se ha convertido a sindicalistas en objeto de abusos contra los derechos humanos debido a su filiación política o a otros factores ajenos a sus actividades sindicales. Sin embargo, existe una constante de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas cometidos en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas debido precisamente a su trabajo como tales", manifestó el informe.

Los asesinatos de sindicalistas son un obstáculo al TLC

Antes de conocerse las cifras del primer trimestre de 2008 y al presentar al Congreso estadounidense el Tratado de Libre Comercio con Colombia, el presidente George W. Bush dijo que esta nación andina, conocida por su récord de asesinatos de activistas, había hecho grandes progresos en proteger a los sindicalistas.
Sin embargo, tales avances poco tranquilizan a Tarsicio Mora, un abogado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el mayor sindicato del país, quien la semana pasada recibió la última y más reciente amenaza de muerte.
"Con frecuencia somos amenazados por los grupos ilegales, los paramilitares, a veces las guerrillas, algunas veces grupos desconocidos", dijo Mora en una entrevista telefónica con la agencia AP
De acuerdo con el grupo no gubernamental Escuela Nacional Sindical, al menos 920 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde el año 2000, con solo unos pocos casos de esos asesinatos llegando a juicio con condenas.
Al presentar a las cámaras en Washington el texto del tratado, que el Congreso, Bush dijo que el gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe ha logrado reducir "sustancialmente" los ataques contra sindicalistas y que creó un programa especial de protección a esos activistas.
De acuerdo con la Escuela Nacional, 191 miembros de sindicatos fueron asesinados sólo en el año 2002, cuando Uribe asumió la presidencia, y desde entonces la cifra viene cayendo progresivamente hasta 39 muertos en 2007. Pero, sólo en lo que va del 2008, van 17 asesinatos de representantes sindicales, según la Escuela Nacional

Uribe ha admitido que las cifras de víctimas de sindicalistas, tanto como la del conflicto armado interno colombiano, aún son altas, pero asegura que la situación es menos mala que hace algunos años."Frente a los problemas presentes, nosotros no los negamos, no los escondemos. Nosotros trabajamos diariamente para poder superarlos", dijo Uribe el lunes.

El tema de los asesinatos de miembros de sindicatos se convirtió en uno de los puntos centrales del debate legislativo estadounidense sobre el tratado precisamente por tratarse de un asunto de comercio y su impacto sobre los trabajadores.
El vicepresidente de la CUT, Fabio Arias, por ejemplo, afirma que además del tema de los asesinatos, el tratado representaría que 3,5 millones de trabajadores colombianos perderían en un plazo de cinco años sus puestos de trabajo en el campo y el sector manufacturero debido a un potencial aumento de importaciones estadounidenses.

Human Rights Watch indicó en un comunicadoque "no se oponen a los acuerdos de libre comercio per se", pero que cree que "cualquier convenio de libre comercio debería estar basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho de los trabajadores".
La oposición al tratado proviene del Partido Demócrata, mayoría en el Congreso en Washington, que asegura que Uribe no ha hecho lo suficiente en proteger a los sindicalistas.
"¿Decir que 39 sindicalistas fueron asesinados el año pasado por ser sindicalistas y se supone que eso es un gran avance?", se preguntó el representante demócrata a la Cámara, James McGovern, de Massachusetts.

El congresista, en entrevista telefónica, dijo que si bien cree que Uribe hace esfuerzos por mejorar la situación, rechaza la idea que se hayan hechos enormes progresos.
"Lo que buscamos es que ningún sindicalista sea asesinado", dijo.

La CIDH pide a Uribe que garantice la seguridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un comunicado en el que expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte recibidas por defensores de los Derechos Humanos. La Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentó que recibió información acerca del desamparo que viven los activistas de organizaciones sociales en Colombia.
El comunicado explica que es responsabilidad del Estado adoptar de manera urgente "todas las medidas que resulten necesarias para salvaguardar" a quienes reciben amenazas.
Además exige al gobierno de Álvaro Uribe que "investigue, juzgue y sancione a los responsables de dichas amenazas y que garantice la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales".

La CIDH expresó su preocupación por las amenazas de muerte recibidas por quienes se manifestaron el 6 de marzo último contra los paramilitares y los crímenes de Estado.
Agregó que "estos hechos ocurren en un contexto de violencia" contra los activistas y recordó que ya "han sido asesinados varios líderes sociales"

(Fuentes: Semana.com, Vientos del Sur, Agencia PÚLSAR, Adital y Houston Chronicle)