Colombia: Conflicto interno

URIBE TAMBIÉN HA INFLADO LAS CIFRAS DE LOS 'ÉXITOS' DE LAS FUERZAS ARMADAS, TRAS PRESENTAR A CIENTOS DE CIVILES ASESINADOS COMO GUERRILLEROS CAÍDOS EN COMBATE

La Consejería en Derechos Humanos y Desplazamientos (Codhes), una prestigiosa ONG colombiana, acaba de hacer público un estudio analizando las estadísticas del gobierno con respecto a los éxitos recientes de las Fuerzas Armadas en el conflicto. El estudio establece que si bien hubo avances al aplicar la dura política oficial, los datos anunciados oficialmente por gobierno del presidente Álvaro Uribe son muy exagerados. Codhes cuestionó que las estadísticas difundidas por el gobierno respecto a las bajas producidas a las guerrillas“son simplemente no creíbles”.

Álvaro Uribe aún cuenta con un 70% de aprobación popular, y esto se debe a su éxito en alejar a las guerrillas de las ciudades y por asestarles golpes significativos.

Sin embargo, el estudio de Codhes ataca esa base misma, al sugerir que las estadísticas de los enemigos asesinados, capturados o que se han entregado son simplemente no creíbles.

El documento titulado “Los números no suman” recuerda que las cifras gubernamentales aseguran que más de 114.000 miembros de los ejércitos irregulares fueron asesinados, capturados o que se rindieron en los últimos seis años. Pero esas guerrillas, de acuerdo a estimaciones gubernamentales previas, no excedían los 30.000 miembros.

Aún permitiendo el reclutamiento para compensar las bajas en las filas, las cifras de la administración Uribe sugieren que cada día caen muertos ocho miembros de las facciones guerrilleras , algo que no está corroborado por ninguna otra fuente.

Un nuevo escándalo, que se une al reciente de los llamados 'falsos positivos',con pruebas sobradas de que miembros de las fuerzas de seguridad han matado a cientos de civiles anónimos y los han presentado como miembros de los ejércitos ilegales muertos en combate. LOs 'falsos positivos' causaron gran debate y consternación en Colombia.

Evaluación de los derechos humanos

El informe de Codhes coincide con la autoevaluación presentada en Ginebra, Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el vicepresidente colombiano, Francisco Santos

En su presentación, Santos dibujó un panorama idílico: sustancial reducción de los homicidios y los secuestros, gracias a la política de seguridad democrática implantada por el gobierno desde mediados de 2002, reducción de la tasa de homicidios en un 45%, que las masacres han bajado un 77%, que los atentados "terroristas" cayeron un 76% y los secuestros, un 87%. Según este balance, el gobierno también quebró la tendencia ascendente de fenómenos como el desplazamiento forzado de personas; cuando la propia ONU señala a Colombia, con más de tres millones de desplazados internos, entre los países que encabezan esta siniestra estadística.

"El gobierno manipula"

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados son algunas de las violaciones enumeradas por las ONGs, que también acusan al Gobierno de obstaculizar a la justicia y no exigir responsabilidades a los grupos paramilitares.
"La seguridad es una condición necesaria para la plena vigencia de los derechos humanos", afirma el texto del Gobierno colombiano en referencia a los logros de su plan de "seguridad democrática" contra las guerrillas de izquierda y los paramilitares de extrema derecha.
El Gobierno habla de "tolerancia cero" con las violaciones de los derechos humanos, pero el millar de ONGs, entre éstas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) -con las que Uribe mantiene frecuentes roces-, señalan que éstas "continúan siendo graves, masivas y sistemáticas", según el informe que enviaron al Alto Comisionado.

El presidente del opositor Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, señala que "una de las 'virtudes' del gobierno es la destreza manipuladora. Manipula la imagen, manipula la opinión, manipula las cifras. Por tanto no es sorprendente que presente las cosas de esa manera".

Según Gaviria, el auge del paramilitarismo ha sido la mayor fuente de violación de los derechos humanos. Gaviria, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y candidato presidencial en 2006, es muy crítico con la actitud del gobierno frente a los paramilitares.

Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado considera que el desplazamiento forzado "ha crecido exponencialmente en Colombia bajo la administración del presidente Uribe, durante la cual se han desplazado 1,5 millones de personas". También se queja por la "cadena de ejecuciones extrajudiciales que comienzan por desapariciones forzadas, perpetradas por redes del ejército nacional en lo que se ha llamado el escándalo de los falsos positivos".
El investigador toma distancia de las cifras oficiales y añade que "75 defensores de derechos humanos han sido asesinados (en estos seis años) y los sindicalistas siguen siendo perseguidos".

Por su parte, Jorge Rojas, director de la Consejería en Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), dice que "la tarea no está siendo bien hecha por parte del gobierno".
"En algunos campos se está retrocediendo y estamos llegando a unos niveles más críticos de violación de los derechos humanos, como en desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Los datos no coinciden con los hechos

El Gobierno afirma que los paramilitares desaparecieron después de que unos 32.000 miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entregaran las armas tras una negociación que les concedió una amplia rebaja de penas a cambio de confesar sus crímenes, incluidos los de lesa humanidad.
"El paramilitarismo no ha sido desmantelado", replican las ONGs, que enfatizan los "nexos" entre paramilitares y políticos. Hasta julio de 2008, más de 60 congresistas, la mayoría partidarios de Uribe, eran investigados por la justicia, en el marco del proceso de la "parapolítica".
Las ONGs también subrayan el aumento desde 2002 de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública.
En ese período "13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" en Colombia, de los cuales el 75,4% (8.049 casos) son "responsabilidad de Estado", subrayan.
Se trata principalmente de campesinos, líderes comunitarios, indígenas, trabajadores y dirigentes sindicales.
"El Gobierno habla de homicidios y secuestros y no de violaciones a los derechos humanos", lamenta Isabelle Heyer, portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas , para quien el "punto débil" del informe gubernamental es "no dar cifras" sobre ejecuciones extrajudiciales.

En Colombia persisten "problemas estructurales como la impunidad y las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación", señala la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, la jueza sudafricana que asumió en septiembre y cuyo primer viaje fue a Colombia.
Burkina Faso, Bahrein e Italia serán los países de la 'troika' encargados de elaborar un informe tras la autoevaluación del Vicepresidente Santos y los informes de las Ong's. Se conocerá el 15 de diciembre.

(Fuentes: BBC-Mundo, ABN-Venezuela y AFP)

Colombia: Uribe, reelección y crisis política

URIBE DIVIDE A COLOMBIA CON SU
PETICION DE COMICIOS ANTICIPADOS

-Los constitucionalistas consideran inviable la propuesta de convocar un referéndum para repetir las elecciones de 2006


Por Joaquim Ibarz (*)


Colombia está desconcertada, dividida… y en ascuas. El pueblo llano cierra filas con el presidente Álvaro Uribe y le apoya de manera incondicional; otros lo tachan poco menos que de dictador. Pero todos comporten la preocupación por el choque entre el jefe de Estado y la Corte Suprema que, según un editorial del diario “El Tiempo”, “aproxima al país al borde de una ruptura constitucional”. La prensa refleja opiniones diversas sobre esta crisis institucional entre poderes fundamentales del Estado que, según la analista María Jimena Duzán, “es la más honda y más grave, está a punto de romper con el régimen político nacional”.


“El Tiempo”, el periódico de mayor influencia del país, advierte que el enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema llegó al extremo de lo que se anunciaba como choque de trenes “hoy es una colisión mayor con impredecibles consecuencias para la institucionalidad del país”.


Para salir del atolladero en que se encuentra al cuestionar la Corte la legitimidad de su mandato, Uribe echó mano de su principal aliado: la popularidad entre la población. De ahí su propuesta de un referéndum que deje atrás los sucesivos escándalos de la llamada parapolítica (nexos de dirigentes políticos con paramilitares de extrema derecha). Para Uribe, el juez de una democracia es el pueblo. Peligroso pensamiento que invalida las instituciones creadas para hacer justicia.

El referéndum propuesto por Uribe para repetir las elecciones de 2006 no parece la receta adecuada. Más bien eleva la confrontación. La comentarista Salud Hernández subraya que “llevar a las urnas una decisión judicial es una maniobra populista más digna de Fujimori que de un mandatario serio”. Las voces de alarma llegan desde todos los sectores. Dirigentes políticos y sociales piden convocar un acuerdo nacional en el que participarían partidos uribistas, oposición, jueces y el presidente, para recuperar la gobernabilidad institucional y la independencia de poderes. Sin embargo, un pacto entre Gobierno y oposición no parece factible.


Uribe confunde su popularidad de 80 % con la legitimidad que debió rodear la reforma que permitió su reelección. . Es una manipulación de la voluntad popular utilizar un referéndum para legalizar la reforma de la Constitución comprando el voto de congresistas. María Jimena Duzán, ex cónsul de Colombia en Barcelona, pone de relieve desde las páginas de la revista ”Semana” que “es la primera vez que un presidente colombiano desconoce de manera tajante y melodramática un fallo de la justicia y demuestra un desprecio por la ley de manera tan abierta y descarnada”.


Expertos en derecho constitucional consideran inviable la propuesta de Uribe de un referéndum para repetir las elecciones de 2006. Además, dicen que el trámite para su aplicación se demoraría más de un año en el Congreso y en la Corte Constitucional. Los constitucionalistas advierten que para que pudiera repetirse la votación, jurídicamente sería necesario que se declarara nula la credencial presidencial (Uribe tendría que dejar la presidencia). Mientras eso no ocurra, repetir los comicios donde nadie discute que Uribe ganó, equivaldría a su tercera reelección


Por otra parte, los contrincantes que tuvo Uribe en 2006 ya han anunciado que no participarían en una mascarada. Una segunda elección en las condiciones planteadas por Uribe sería imposible pues su principal contrincante en 2006, Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional y candidato del Polo Democrático, anticipó que “no participaré en comicios absurdos y espúreos”. Horacio Serpa, que en 2006 fue candidato liberal, también ha señalado que no participaría en esa votación.


Uribe está siendo cuestionado incluso por los que eran sus incondicionales; diversos comentaristas señalan que un presidente democrático y responsable no puede enfrentar a fiscales, procuradores y jueces con el pueblo con el fin de ganar sus batallas. “Eso se llama populismo barato y no respeto institucional”, afirma la analista Salud Hernández.

(*)Joaquim Ibarz, veterano y prestigioso corresponsal en Latinoamérica, con sede en México, trabaja para el diario catalán La Vanguardia, donde ha sido publicada esta crónica.

RENUNCIA O MAFIOCRACIA

Por Camilo González Posso (*)

Uno de los más cercanos amigos del Presidente Uribe, el exministro Fernando Londoño, resumió el significado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Yedis Medina por vender su voto para hacer posible la reelección: el hecho político está consumado, la reelección ha sido presentada ante el país como resultado de un delito de cohecho y su legitimidad está en cuestión también en la comunidad mundial. Claro que esta constatación le sirvió a Londoño (el del lio con la plata de Invercolsa) solo como preámbulo para anunciar la guerra contra la Corte que pasó a ser acusada de “narcotraficante”, agente de Mancuso y la mafia calabresa o en los términos del Presidente, “selectiva” y tolerante con el terrorismo.

La sentencia de la CSJ documenta detalladamente la forma como los ministros Sabas Prettel y Diego Palacios, con la ayuda de otros funcionarios y la intervención del propio Uribe, lograron mediante la oferta de prebendas que Yidis Medina votará a favor de la reforma que permitiría la reelección pues existía un empate en la Comisión que definía esta materia. La conclusión es coherente: debe revisarse la constitucionalidad de ese acto legislativo, pues “la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.

Si la Corte Constitucional parte de la comprobación del cohecho y revisa su sentencia, lo que se invalida es la figura de la reelección y por lo tanto no cabría la convocatoria a repetir las elecciones sino la realización de nuevas elecciones sin posibilidad de reelección inmediata y por tanto sin habilitación a Uribe para ser candidato. En ese escenario, la Presidencia de la República debería asumirla transitoriamente el Congreso pues el Vicepresidente estaría igualmente impedido.

Al quedar en suspenso la legitimidad de este gobierno estamos ante una operación de impredecibles consecuencias. Desde el gabinete ministerial se dirigen las baterías para destruir la Corte Suprema y restarle credibilidad a la seriedad del fallo. Se presenta como fórmula de distracción la idea de repetir las elecciones sin reconocer la inhabilidad ética y política de Uribe Velez. Los promotores del cohecho hacen cálculos sobre los plazos para el cambio de composición de la Corte Constitucional que esta ad portas de la designación de seis magistrados por votación del Congreso y de la alianza del uribismo y la parapolítica. La estrategia de defensa de la reelección se está ejecutando por la vía de la arbitrariedad y a expensas del Estado de Derecho y de la rama judicial. Es el propio presidente quien dirige la operación para desconocer un fallo judicial con una campaña de medios y de encuestas de opinión. A la inconstitucionalidad de una reforma le oponen un referendo que intenta la legitimación de un delito.

El desenlace es predecible: no habrá renuncia de Uribe Velez. Seguirán los parapolíticos que están investigados o en la cárcel codirigiendo la coalición de gobierno y ayudando a completar la mayoría en el Congreso ahora que el gobierno hundió la reforma de la “silla vacía”. La mafiocracia seguirá definiendo las reglas del juego político y los jueces y críticos seguirán acusados de cómplices del narco terrorismo.

Por lo pronto la Corte Constitucional tiene la palabra en medio de la más grave crisis institucional de Colombia. El dilema es o recuperación moral y democrática o mutación de la mafiocracia en dictadura civil plebiscitaria.

(*) Camilo González Posso, ex ministro de Salud de Colombia, ha participado en varias negociaciones de paz desde 1984, incluyendo la coordinación de los foros para la participación ciudadana en las negociaciones con las FARC y el ELN entre 1.998 y 2.002. Es profesor universitario y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ

EL PRESIDENTE DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, CARLOS GAVIRIA, LLAMA A LOS COLOMBIANOS A DEFENDER LA DEMOCRACIA

"Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista"

Texto de la declaración de Carlos Gaviria:

La alocución del señor Presidente Uribe en la noche del 26 de junio, reviste una gravedad suma.

En un Estado de derecho y en el marco de una democracia constitucional, que es lo que establece la Carta del 91, lo que corresponde al jefe del Estado es acatar las decisiones de los distintos organismos del Estado, y en este caso específico los fallos de los jueces o impugnarlos por los medios previstos para ese efecto, pero no desconocerlos cuando no se orientan en el mismo sentido de sus intereses políticos y mucho menos desconceptuarlos o tildar a los Magistrados de la Corte Suprema de prevaricadores y conniventes con el terrorismo. Esa sola circunstancia amerita una investigación al Presidente de la República por la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes. Como si el presidente Uribe hubiera al fin encontrado el camino adecuado para perpetuarse en el poder y no quisiera que la ocasión se le escapara, y aprovecharla para satisfacer su libido imperandi, invocando, a la inversa un episodio que más bien debería llevarlo a considerar su renuncia.

En tiempos pasados, los dictadores han apelado a las armas para afianzarse en el poder e imponer su voluntad sin límites en beneficio de los más mezquinos intereses. Uribe, para mantener al país en su condición de súbdito del mayor imperio que ha conocido la historia y al pueblo en su condición miserable, apela al propio pueblo para alcanzar sus objetivos perversos.
Como los de antes pensaban que con las armas todo podía lograrse, los de ahora instrumentalizan al pueblo para construir sobre él dictaduras oprobiosas. Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista.

Bogotá, junio 27 de 2008

Colombia: Corrupción, Parapolítica, DD.HH.

EL PARLAMENTO INVESTIGA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE DE LA ACUSACIÓN DE COHECHO, POR LA COMPRA DE VOTOS PARA SU REELECCIÓN

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia inició este martes una investigación preliminar contra el presidente Álvaro Uribe, por el presunto delito de cohecho después que una ex congresista lo denunciara por ofrecerle en 2004 dádivas a cambio de votar la ley de reelección presidencial. Para adelantar la investigación al Presidente, la Comisión designó a tres representantes: Edgar Ulises Torres, representante de Cambio Radical ; José Gerardo Piamba Castro, representante conservador y Jaime Enrique Durán Barrera, representante liberal . Dos de ellos son uribistas y Durán Barrera de la oposición. Los tres representantes designados determinaron convocar a los denunciantes para que la próxima semana ratifiquen y amplíen la denuncia. La querella fue formulada por una decena de congresistas del Polo Democrático.
El senador opositor Luis Carlos Avellaneda denunció ante la Comisión de Acusación al jefe de Estado por ese delito.
La prensa local llamó "Yidis-Política" a la investigación que la Corte Suprema de Justicia inició contra la ex congresista oficialista Yidis Medina, quien denunció por propia iniciativa, que había cambiado su voto cuando se discutió la reforma constitucional el dos de junio de 2004 en la Cámara, porque el gobierno le ofreció varios puestos públicos a cambio de que cambiara su voto en la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe. Además Yidis Medina entregó documentos según los cuales el Gobierno consignó dineros al congresista Teodolindo Avendaño, también detenido, para que se ausentara el día de las votaciones dada su oposición a la enmienda constitucional. Por la causa está detenido también el exparlamentario Iván Díaz Mateus.

Según la comisión investigadora, los denunciantes tendrán que ratificar la denuncia contra el jefe de Estado y serán citados en próximos días. Asimismo, no se descarta que sean escuchados en versión libre Yidis Medina y el ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado en el mismo caso.
La enmienda constitucional de 2004, que permitió la reelección de Uribe, fue aprobada por un voto de diferencia y, según la oposición, gracias a que Medina cambió de opinión en el último momento, pues se oponía a la aprobación de la norma.
La Corte Suprema de Justicia envió el pasado 8 de mayo a la Comisión de Acusación una copia de las declaraciones de Medina. La excongresista se declaró culpable de cohecho y acusó al también ex congresista Avendaño de haberse ausentado en el día de la votación de la enmienda tras haber recibido dineros del gobierno. Ambos ex legisladores están presos.
El caso salió a la luz hace varios meses, cuando Medina aseguró que vendió su voto para que el proyecto de reelección presidencial no tuviera problemas en su paso por una comisión de la Cámara de Representantes.

La investigación será pública

El representante Torres, coordinador de la terna investigadora, dijo que se adoptó que todas las determinaciones sean por consenso y que tratándose del Presidente de la República, nada será reservado, es decir que el público podrá asistir a las audiencias. También acordaron solicitarle al Procurador General de la Nación que asuma personalmente, y no a través de un delegado, el acompañamiento de ley al mencionado proceso. Torres dijo que no se descarta que en los próximos días el presidente Uribe sea llamado a rendir una versión libre, lo mismo que los ex congresistas detenidos Yidis Medina y Tedolindo Avendaño.

La querella contra Uribe fue interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda, del opositor Polo Democrático Alternativo, quien considera que si la propia Medina y dos ministros son investigados por cohecho en el caso, el jefe de estado también tiene responsabilidad por haber sido beneficiado. Avellaneda , según Radio Caracol, sustenta que el presidente es el autor intelectual del delito, por el cual se procesa a la ex parlamentaria conservadora.

En su denuncia los congresistas de oposición consideraron que además de los congresistas, también los ministros Diego Palacio, y Sabas Pretelt de la Vega, habrían sido quienes ofrecieron las prebendas, y que el presidente Uribe, habría sido en últimas, el más beneficiado de este supuesto delito y, por lo tanto, también debería ser investigado por cohecho.

Otro escándalo, en pleno lío de la 'parapolítica'

Esta nueva investigación sobre Uribe sigue al de la denominada 'parapolítica' sobre las relaciones del paramilitarismo con el Presidente colombiano, sus ministros y los partidos políticos que le apoyan. La 'parapolítica'tiene a 35 parlamentarios en la cárcel y encartados a más de 65, además de gobernadores, alcaldes, concejales y exparlamentarios. Una situación que ha abierto una crisis parlamentaria de hondo calado y que, a juicio de muchos, debería provocar la convocatoria de elecciones legislativas para sustituir a un Congreso enfangado en el narco-paramilitarismo.

Ayer mismo, el presidente Uribe se personó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para ampliar su denuncia contra ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, a quien acusa de difamación.
Valencia declaró que el mandatario lo había llamado por teléfono para reclamarle por vincular al proceso por el escándalo de la denominada "parapolítica" a su primo, el ex senador Mario Uribe.
Este hecho ocurrió a finales del año pasado cuando Mario Uribe renunció a su escaño, después de tener conocimiento de que sería investigado por la Corte Suprema.
El máximo órgano de justicia reinició recientemente las pesquisas y detuvo al ex senador después que este hizo un intento infructuoso de asilarse en la embajada de Costa Rica.
El abogado defensor de Valencia descartó que se vaya a dar una conciliación con el mandatario en el curso del proceso.

Pero teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está integrada en su mayoría por representantes de los partidos uribistas –los mismos inmersos en los escándalos-, nada se puede esperar de ellos, a menos que la facción que trata de lograr que el próximo candidato a la Presidencia no vuelva a ser Uribe sino el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, aproveche esta ocasión para encausar al que se le presenta como el rival a vencer.

Pero, por el contrario, lo que se prevé es que Uribe Vélez recurra al expediente fácil de que todo sucedió ‘a sus espaldas’ y le cargue el muerto a otros. Ahí están el exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, y el actual ministro de Protección Social Diego Palacio, y otros de menor rango.
Ya se dice que Sabas Pretelt de la Vega será el ‘chivo expiatorio’ de Álvaro Uribe , quien tiene además denuncias de haber prometido la no extradición a capos del narco-paramilitarismo y de haber solicitado la ‘ayuda’ de estos capos para sus aspiraciones presidenciales para el 2010.

Piden investigar a Uribe por el ataque al campamento de las Farc

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos solicitaron a la Fiscalía de Ecuador, investigar al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a altos funcionarios de su Gobierno por su responsabilidad en la incursión militar en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo.

Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), la solicitud de investigar a funcionarios colombianos se basa en las fotografías tomadas por el Ejército ecuatoriano en la zona de la masacre, en el peritazgo forense a los cadáveres y en los testimonios de las tres civiles sobrevivientes del bombardeo al campamento de las FARC. El secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra, aseveró: "Hemos sostenido que quienes perpetraron la masacre del 1 de marzo procedieron a asesinar personas heridas o rendidas en el lugar del ataque, con disparos a corta distancia con arma de mano por la espalda".

De acuerdo con uno de los testimonios aportados en marzo por la estudiante mexicana Lucía Morett, una de las sobrevivientes del ataque, los soldados colombianos asesinaron a sangre fría a los heridos y a los guerrilleros que se habían rendido. En esa oportunidad, Moret relató: "Detrás del bombardeo llegaron personas disparando. Yo alcancé a ver mucho fuego y oí gente que contaba muertos, gente que gritaba: 'estoy herido, estoy herido, ayuda'; y otra que decía: 'denle bala, denle bala'; y detrás de ahí, disparos", relató.

En el ataque colombiano, fueron masacrados cuatro jóvenes mexicanos, cuyos familiares reclaman justicia; el ciudadano ecuatoriano, Franklin Aisalia y 19 guerrilleros. El pasado 6 de mayo, las autoridades ecuatorianas presentaron los resultados preliminares de las autopsias realizadas a cuatro de los muertos en el campamento de Angostura, bombardeado por el Ejército colombiano. Los resultados revelaron que Franklín Aisalia, no pereció durante el ataque, sino posteriormente por varios golpes en el cráneo. Mientras que las otras tres víctimas recibieron disparos por la espalda cuando aún estaban vivas.

Por estos delitos, las organizaciones no descartan impulsar una campaña para llevar al mandatario colombiano y a sus colaboradores ante tribunales internacionales.

"Con Uribe, la paz es imposible"

El ex senador nacional colombiano Carlos Gaviria, presidente del partido opositor Polo Democrático, aseguró que la paz en su país es imposible con el actual mandatario, Alvaro Uribe, cuyo prestigio fue construido "en la guerra" contra la guerrilla.

"A Uribe no le interesa el diálogo, porque su prestigio se basa en ganar la guerra" contra las FARC, afirmó Gaviria, durante una audiencia pública mantenida con legisladores, dirigentes sociales y periodistas, en la Cámara de Diputados de Argentina. El dirigente opositor enfatizó que "al prestigio de Uribe contribuyó el desprestigio de la guerrilla" y que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Plan Colombia demuestran "la sumisión a Estados Unidos y a los organismos internacionales" del actual presidente colombiano.

Gaviria hizo una escala en la capital argentina al término del Foro de Sao Paulo que aprobó en Montevideo lanzar "una campaña por la paz en Colombia", informó el diputado socialista argentino Ariel Basteiro, participante del encuentro. El ex senador Gaviria afirmó que la muerte del jefe histórico de las FARC, Manuel Marulanda, "es la oportunidad de propiciar el diálogo" entre el grupo y las fuerzas políticas colombianas. "Pero, lamentablemente, lo más probable es que el presidente Uribe interprete que es el momento de seguir golpeando a las FARC porque para él los guerrilleros deben estar desmoralizados y solo conseguirá intensificar la violencia", agregó. En consecuencia, consideró "imposible en estos momentos" que se pueda avanzar en un proceso de paz "porque la hostilidad es insalvable y se requiere de un gobierno realmente democrático".

Gaviria, miembro de la Corte Constitucional de su país entre 1993 y 2001, aseguró que "Uribe actúa por movimientos reflejos como es reprimir a los opositores, a los sindicalistas y a las ONG, con la excusa de que todos están vinculados con la lucha armada". El dirigente opositor advirtió que en su país "se está acabando el sindicalismo por el asesinato y la persecución de sus dirigentes, pero también por las leyes de Desregulación Laboral y de Seguridad Jurídica a las inversiones" que se aprobaron durante su mandato.

Los gobierno europeos, aun los socialistas, con Uribe

Gaviria se quejó de que los gobiernos europeos, incluso los de signos políticos "similares a los nuestros, lamentablemente aceptan la versión de Uribe sobre la situación colombiana, sin chistar". "Entonces, la única posibilidad de cambiar el rumbo político colombiano requiere de la solidaridad latinoamericana, cuyas sociedades deben interesarse en ayudarnos a salir de la encrucijada en que nos encontramos", reclamó el ex senador. Gaviria ejerció la autocrítica cuando afirmó que el Polo Democrático "es un partido germinal e inmaduro, hay mucha gente que simpatiza con el Polo, pero no encuentra cómo vincularse". "Además la izquierda colombiana no supo asumir a tiempo causas que deberían serle propias, como la situación de las mujeres y los indígenas, que viven en un estado lamentable", agregó.

La descomposición moral de los políticos colombianos
¿Qué pasaría si se declarara a Uribe culpable de comprar votos?

Por Álvaro Rafael de la Hoz Rosales (*)

Colombia es un país rico en diversidades naturales, en fauna, flora, materiales preciosos, agricultura, ganadería, lugares divinos para el ecoturismo, etc. Es un Estado que se puede denominar formalmente democrático. Con mucha gente pensante, capaces, estructurados mentalmente, científicos, técnicos inclusive fugados del país, genios en las artes, la literatura, trabajadoras, dispuestos a sacrificarse por nuestra nación… Gracias a esto, a pesar de tantos gobiernos malos, no la han podido "desistitucionalizar".

Ahora, siendo breve, quiero referirme a los problemas actuales. Debido a la falta de gobierno en todos los sentidos de la palabra, se crearon grupos ilegales armados de izquierda -la guerrilla- so pretexto de pelear por la reivindicación de las clases pobres. Se crearon hace aproximadamente cuarenta años y todavía persisten; uno de estos fue comandado por el ya fallecido sacerdote español Manuel Pérez. Al principio contaron con la simpatía de las clases bajas, pero abusaron de esta popularidad y eso los llevó cometer actos delictivos muy graves como secuestros, extorsiones y asesinatos de personas con poder económico. A raíz de lo anterior, algunos grupos económicos, políticos inescrupulosos, con la ayuda de resentidos, victimas de la guerrilla, crearon, grupos armados de derecha –paramilitares- para combatir a la guerrilla. Al principio cumplían aparentemente su objetivo. Posteriormente, se desbordaron hasta el extremo que solo bastaba que se dijera que alguien era posible colaborador de la guerrilla para que lo asesinaran a él y a la familia, y le hurtaran sus bienes sin que la acusación fuera cierta. La Policía nacional no intervenía. Eran colaboradores de los paramilitares. Estos disponían sobre la vida, honra y bienes de los ciudadanos; sobre todo en las provincias. Establecían quienes podían ejercer la labor de mercadeo; imponían los turnos, quienes podían pescar y cuando; tenían vigilantes en todos los caminos con radios para informa quienes se movían; intervenían en la vida privada de las familias; asesinaban para castigar a posibles colaboradores de la guerrilla, a quienes no les pagaban las cuotas que les imponían, para dar escarmiento, etc. Y en elecciones sólo podía elegirse a los candidatos de ellos, hacían que incluso los muertos les votaran. Así fueron elegidos casi la totalidad de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes y senadores en los años 2002 y 2006.

Consecuencias de la descomposición moral de los políticos

Por medio del terror, los paramilitares impusieron su poder en Colombia. Eligieron a los parlamentarios y, con esos mismos votos, fue elegido el presidente Uribe. La constitución de 1991 prohibía la reelección inmediata del presidente de la República, pero Uribe tenía mayoría en el parlamento y presentó una reforma a la constitución para que se permitiera la reelección. El trámite exigía que la reforma fuera aprobada previamente por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En un inicio, la reforma pareció imposible: 16 de los 32 parlamentarios iban a votar en contra. Pero el gobierno se movilizó y logró comprar el voto de la representante Yidis Medina (según declaración de esta misma señora ante La Corte Suprema, en donde confesó el delito, motivo por el cual está detenida). Eso dio como resultado la aprobación de la Reforma Constitucional que aprobó la famosa reelección de Uribe. Ya en ese momento se habló mucho de la compra del voto de la representante Medina por parte del Gobierno, pero no se pudo probar nada. El Gobierno, para pagarle el voto a la señora Medina le ofreció varios cargos públicos, incluyendo un consulado. Luego ella, al ver que no cumplían con todas las promesas, resolvió denunciar el hecho ante la Corte Suprema de Justicia.

Y el futuro pinta negro

La situación político-jurídica de Colombia es precaria. El presidente, cabeza del ejecutivo, está enfrentado al Órgano Judicial. El Órgano Legislativo está a las últimas: 68 miembros investigados. Pero lo que veo venir es peor. El juez natural del presidente es la Cámara de Representantes, en donde Uribe tiene mayoría. Para que se dé el delito de cohecho en Colombia, se requieren dos partes: el que ofrece y da a un Funcionario Público y el funcionario que recibe. Si la Corte condena a Ydis Medina por cohecho, será porque existen pruebas para ello. Las mismas que se necesitan para condenar a los otros ministros investigados y al propio presidente Uribe.

Pero, ¿qué pasará si, existiendo las pruebas para condenar al presidente, éste acaba siendo absuelto debido a que tiene mayoría en la Cámara de Representantes? Pues que la oposición o cualquier ciudadano podría demandar a los representantes de la Cámara por prevaricato. Y si se salen culpables, Colombia quedará sin parlamento.

Libertad de prensa relativa

Conocemos los hechos que producen las noticias, a veces incluso ni necesitamos leer la información para saber de qué habla; no obstante, cuando nos los narran diferente a como han ocurrido o simplemente nos lo dejan de narrar - porque hay intereses o porque no es rentable- nos produce la sensación de que no existe la libertad de prensa.

En Colombia, existe la libertad de expresión en forma relativa. Legalmente existe el derecho, pero para ejercerlo se necesita tener algún poder, ya sea económico o político. El 90% de los medios informan de todo lo que le conviene al Gobierno. Claro que dentro de esos medios existen periodistas independientes, capaces, rectos, honestos e insobornables; periodistas que por su autoridad bien ganada, les permiten opinar diferente a como lo desea el director o dueño del medio.

(*) Este artículo fue publicado el pasado 20 de mayo en el diario español La Vanguardia, y su autor es, según este periódico, 'lector corresponsal' en Colombia.

(Fuentes:DPA,Semana, Caracol Radio, EFE, La FM, ANNCOL, TeleSur, ANSA-Latina, ColPrensa y La Vanguardia-Barcelona)