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8.8.16

Colombia: Derechos Humanos

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SANTOS REINAUGURA LAS ODIOSAS "CHUZADAS", INSTAURADAS POR SU ANTECESOR URIBE, Y TRATA DE AMEDRENTAR A QUIENES LAS DENUNCIAN

Juan Manuel Santos intenta que la periodista Claudia Julieta Duque, entre en pánico y deje de denunciar los desmanes del poder que él representa. Desde que denunció en un extenso y documentado reporte que publicamos aquí, el regreso de las "chuzadas" (el acoso y espionaje burdo a periodistas y oponentes,mediante grabaciones ilegales, realizado durante el siniestro mandato de su antecesor, Álvaro Uribe, líder en la sombra del proyecto paramilitar colombiano), no deja de ser incomodada mediante llamadas constantes,  como ella misma denuncia en una carta dirigida al Director de la UNP. Aquellas "chuzadas" las realizaba el  DAS, una especie de policía política, felizmente desmantelada. ¿Ha sido sustituida por la UNP? Lean la carta y el reporte y juzguen.





Distinguido doctor Mora,

Le escribo esta carta con copia a diversas organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos con el objetivo de parar la desenfrenada serie de llamadas telefónicas y acoso que, por cuenta de mi reportaje "Botones de pánico: de las 'chuzadas' del DAS a las escuchas ilegales de la UNP" (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp4.html …) están sufriendo de parte suya personas allegadas a mí. Y lo hago abiertamente, porque considero que ya es hora de dejarle en claro a usted, y a ellos, varias cosas.

Entiendo que usted esté acostumbrado a un periodismo arrodillado, que se silencia frente a la menor presión, que cede frente a "favores" personales, que calla cuando se lo exigen desde el alto gobierno. Lo entiendo, porque ese es el periodismo que hoy prima en un país como el nuestro, tras años de ataques, obstrucciones y censura. Pero para fortuna mía y de los resquicios de libertad de información en Colombia, la trinchera desde la cual trabajo por los derechos humanos desde la investigación periodística ha sido construida con años de esfuerzo, dignidad y credibilidad, a prueba de obstáculos y presiones. Ni el Equipo Nizkor ni yo en lo personal hacemos parte de la cohorte de medios silenciados, a veces por miedo, a veces por complacencia.

Usted no necesita intermediarios para hablar conmigo, y esos intermediarios jamás se atreverían a pedirme que me calle o deje de hacer mi trabajo porque -se lo habrán dicho- si hay algo que me caracteriza es la persistencia y la resistencia frente a todo tipo de embates. Desde el día de la publicación del reportaje, usted inició un recorrido histérico por las organizaciones e instituciones que me han apoyado y salvado mi vida a lo largo de los años, para buscar silenciarme y, según usted, "desarmarme". Lamento que usted siga considerando que mi investigación periodística se debe a una venganza personal en contra suya, pero serán los hechos los que le demuestren lo contrario.   Estoy cansada de recalcarle que mi situación de riesgo y las desavenencias sobre mi esquema de protección NO tienen relación alguna con mi reportaje. Sin embargo, usted insiste en desprestigiarme con ese argumento.  Hoy me enteré que anda diciendo que yo pienso escribir un artículo tildándolo de paramilitar por haber sido dirigente del Cúcuta Deportivo.

Desconozco quién le está sembrando cizaña en mi contra y le está generando semejante nivel de paranoia, pero su actitud se asimila a aquella vez que Gustavo Petro estaba preparando un debate en el Congreso sobre las 2 mil personas vinculadas con el paramilitarismo, y para salirle al paso José Obdulio Gaviria publicó los nombres de 2 mil dueños de las Convivir.

 Posteriormente quedó claro que por allí no iba el agua al molino. Para su tranquilidad, quisiera informarle que no tengo ni he tenido nunca en mi poder la carpeta completa del contrato, que nadie me filtró los nombres de los protegidos con botón de pánico, que lo único que obtuve fue una copia del mismo en el mes de marzo,pero que
sólo pude comenzar a investigar el 27 de mayo porque mi incapacidad médica debido a la fractura de mi muñeca derecha terminó el día 26 de ese mismo mes.  Sin embargo, usted ha emprendido una cacería de brujas y una serie de actos intimidatorios contra una funcionaria de OACNUDH a quien yo conocí en el CERREM del 16 de mayo, y a quien le debo -al igual que a la FLIP y FECOLPER- toda mi gratitud por su decidido apoyo, sin el cual estoy segura hoy estaría sin esquema de seguridad.  Esa actitud también me recuerda al DAS de Jorge Noguera, que sorprendido porque con mi investigación y análisis yo me anticipaba constantemente a sus ataques, decidió ordenar acciones de Contrainteligencia en mi contra en el marco de la que llamó "Operación Filtración", para averiguar quién o quiénes me pasaban información desde el interior del DAS.

Se trata de la típica estrategia de quienes insisten en subestimar las capacidades de una periodista investigativa porque sólo conocen el chisme y la infiltración como método de información. Ese no es mi caso, doctor Mora, y mis próximos reportajes sobre el tema de los botones de pánico se lo demostrarán. Por favor no insista más, no busque enemigos donde no los hay. Mis conflictos con la UNP sobre el esquema de protección están siendo dirimidos ante un juez y es allí donde espero una resolución final frente a ese tema.  Mi labor periodística continuará pese las presiones directas e indirectas que usted ha ejercido en mi contra desde que pasé el derecho de petición del 27 de mayo.

No se trata de un ataque personal, pero sí de un hecho que usted insistió en mantener oculto y que yo encuentro de interés noticioso. Si alguien despertó mi curiosidad periodística sobre las características y especificidades del botón de pánico fue usted, al negarse a hablar de ellas.  En resumen, esta carta pretende decirle que seguiré informando. Mi libertad de prensa será siempre directamente proporcional a la medida de los temores y presiones del poder, pues como diría George Orwell "si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír".

Atentamente,
Claudia Julieta Duque Periodista


(A continuación reproducimos el informe-denuncia al que hace mención nuestra compañera Claudia Julieta Duque)


 


Botones de pánico: de las 'chuzadas' del DAS a las escuchas ilegales de la UNP


 Hace cinco años el presidente Juan Manuel Santos prometió que "en Colombia A NADIE, a NADIE se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación política o su participación en organizaciones no gubernamentales" |1|. Meses más tarde, al decretar la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señaló que el país conocía "muy bien" la razón de la liquidación, que no era otra diferente a las sucesivas denuncias por abusos de derechos humanos en los que estuvo involucrada la entidad en sus 58 años de historia, la última de ellas del 2009, recordada como el escándalo de las "chuzadas". De esta manera, con un paquete de reformas que incluyó la creación de la Unidad Nacional de Protección |2| (UNP) como un organismo de seguridad encargado de brindar medidas para garantizar la vida de las personas amenazadas en Colombia -función que hasta entonces le correspondía al DAS, lo que facilitó el espionaje masivo de defensores de derechos humanos, líderes sociales, congresistas, magistrados de las altas cortes y periodistas- Santos dio por superados los escándalos del pasado y anunció una modernización total del sector de la inteligencia y la seguridad en el país |3|. Ese mismo día fueron creadas la Unidad Especial de Migración, dependiente de la Cancillería, y la Dirección Nacional de Inteligencia, con lo que el Ejecutivo colombiano separó de forma tajante las labores de protección de las de inteligencia del Estado. Por ello, si bien la UNP es un organismo de seguridad, no tiene funciones de inteligencia. Aunque desde su creación la UNP no ha estado exenta de denuncias que van desde hechos de corrupción |4| hasta infiltración de los esquemas de seguridad |5|, pasando por amenazas |6|, montajes |7| y homicidios |8| de protegidos realizados por los propios escoltas, hasta ahora todo parecía ser un conjunto de graves hechos aislados producto, de un lado, de la permanencia en la entidad de los "herederos de las malas prácticas del DAS" y, del otro, de la falta de controles administrativos. Sin embargo, desde hace varios meses la Unidad ha comenzado a implementar una medida que, si bien a simple vista podría ser considerada como una adecuación tecnológica para ayudar en eventuales situaciones de riesgo a las personas amenazadas, incluye un dispositivo que le permite a la UNP escuchar -sin autorización- las conversaciones de los protegidos y revive los temores que parecieron haber sido enterrados con la liquidación del DAS.
 
Éste es el botón de pánico, de fabricación china, adquirido por la UNP a través de un contrato "reservado" con la empresa COMCEL S.A. (Claro).
Lateral izquierdo del botón de pánico entregado por la UNP.
Se trata de un botón de pánico que será entregado a 2 mil personas beneficiarias de los programas de protección de la UNP, y que, según las instrucciones dadas por los funcionarios de la Unidad a quienes hasta ahora lo han recibido, debe permanecer activado y cargado las 24 horas del día en todo tiempo y lugar. El "botón de ayuda", como lo llama la UNP, está equipado de un dispositivo de ubicación geográfica (GPS) y permite establecer conversaciones de voz entre quien lo tiene y quien lo monitorea, función que hasta ahora le ha sido ocultada a quienes ya les ha sido implementado, según se desprende de las 25 entrevistas realizadas en el marco de esta investigación. Entre abril y julio de este año, el botón de pánico le fue entregado a personas desplazadas, líderes sindicales, comunitarios, afrocolombianos, reclamantes de tierras, mujeres líderes de procesos locales con perspectiva de género, miembros de la Mesa de Víctimas en diferentes regiones del país, así como a algunos concejales, periodistas y defensores de derechos humanos. A ninguno de ellos la UNP le solicitó autorización para escuchar sus conversaciones, ni menos aún le dio instrucciones para establecer comunicaciones de voz a través del dispositivo en caso de emergencia, si bien algunos de los entrevistados, como Astrid Sabogal, de la Mesa de Víctimas en Pereira, o Jimmy Núñez, del Sindicato de Vendedores Ambulantes en Cali, manifestaron su extrañeza frente al hecho de que el botón tiene un "telefonito dibujado al lado izquierdo", pero sólo les enseñaron a presionar el "del centro, que dice SOS". De hecho, la principal queja de los beneficiarios consultados fue la de que si en una eventual emergencia alcanzaran a activar el botón de pánico, probablemente no tendrían una segunda oportunidad para contestar la llamada de la UNP a sus celulares, tal y como les indicaron era el protocolo establecido por la entidad. Shenzhen Co-Creation Technology Co.,Ltd., la empresa fabricante del botón de pánico adquirido por la UNP a través de la empresa COMCEL S.A (Claro), incluye en internet la descripción total de las funciones del dispositivo, entre las que se encuentran el "monitoreo de voz" y la "comunicación de voz de dos vías", como una de las innovaciones tecnológicas más importantes.
Funciones del botón de pánico proporcionadas por el fabricante. Extraído de:
http://www.aliexpress.com/item/sos-panic-button-gsm-gprs-gps-tracker-sos-gsm-alarm-system-anti-kidnapping-gps-tracker-ET017S/32612751979.html
Las irregularidades de un contrato que se tilda de "reservado" El contrato 981 para la adquisición de los botones de pánico fue firmado por el director de la UNP, Diego Fernando Mora, el 17 de diciembre de 2015. Se trata del primer y hasta ahora único contrato de carácter "reservado" de esa entidad, con el argumento de que el secreto es necesario para salvaguardar la vida de los 2 mil beneficiarios de los botones de pánico que serán implementados en los próximos meses. La contratación, por un valor de 1.341 millones de pesos -aproximadamente 435 mil dólares- se firmó en un tiempo récord de 15 días, durante los cuales la UNP elaboró los estudios previos (1º de diciembre) y expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (7 de diciembre) que sustentan el proceso y sus pagos. Si bien en el documento firmado por la UNP y Colombia Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. (Claro) se asegura que la compra de los botones de pánico estaba contemplada en el plan de adquisiciones de la entidad para el año 2015, en respuesta a un derecho de petición del Equipo Nizkor, Diego Fernando Mora reconoció que esto no era cierto, lo cual vulnera los requisitos de la contratación estatal, y anunció una investigación interna para determinar la razón de la irregularidad |9|. La UNP también asevera en el contrato que la implementación de los botones de pánico fue presentada en la propuesta de modificación de medidas de protección al Consejo Directivo de la entidad, encabezado por el ministro del Interior, "iniciativa que no fue objetada por el citado órgano directivo". Al solicitársele copia de dicha propuesta, la Unidad sólo adjuntó un certificado sobre la realización de una reunión el 19 de agosto de 2015 y manifestó que no existía un documento escrito y que, en todo caso, dicha información era reservada. Según la UNP |10|, el resultado de la propuesta presentada en agosto fue el decreto 567 de 8 de abril de 2016 |11|, expedido por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Luis Carlos Villegas. Sin embargo, en éste no aparece incluida la implementación de botones de pánico como nueva medida de seguridad para los protegidos. En los considerandos del contrato la UNP consagró que "los botones de pánico son una medida de seguridad de alta eficiencia y uso oculto en los esquemas de protección; para que sean efectivos es necesario que su descripción y ubicación no sean reveladas de ninguna forma, con el fin de no alertar el uso de estas nuevas medidas y así que no sean de público conocimiento es necesario acudir a los mecanismos que el estatuto de contratación contempla para este tipo de casos", y que "en virtud del uso que han de tener estos elementos como medida de seguridad, es necesario que el proceso sea reservado en aras de garantizar la eficacia de la misma". Para determinar la reserva del proceso de contratación la UNP se basó en un artículo del decreto 1082 de 2015, que a su vez cita otro de un decreto (1510 de 2013) suspendido por el Consejo de Estado |12| al considerar que el gobierno nacional no podía establecer reservas por decreto, pues éstas deben estar consagradas en leyes promulgadas por el Congreso de la República |13|. Para la UNP, la suspensión de dicha norma facultó a la entidad para decidir en forma autónoma qué contratos deberían tener carácter reservado, en este caso la compra de botones de pánico, "porque se estimó que constituye un bien que presta un servicio idóneo, efectivo, eficaz y adecuado que garantiza la protección de la vida, seguridad e integridad personal, pues permite obtener información inmediata y, de esta forma, generar una reacción rápida que asegura la aludida protección de dichos derechos fundamentales". De esta manera, la Unidad Nacional de Protección desconoció lo resuelto por el Consejo de Estado, que desde junio de 2014 había dejado en claro que "los bienes, obras y servicios que requieran reserva para su adquisición serán los que en esos términos y de manera expresa cuenten con el respectivo amparo legal, pues de lo contrario no podrá predicarse de los mismos condición reservada alguna". Peor aún, en una segunda respuesta enviada al Equipo Nizkor, la Unidad equiparó su accionar al de un organismo de inteligencia al justificar la reserva de la contratación de los botones de pánico citando un concepto del Consejo de Estado, según el cual, "la importancia del secreto justifica que la información relacionada con asuntos de inteligencia y contrainteligencia, los cuales hacen parte de actividades de defensa y seguridad nacional, sea reservada (…) |14|. No revelar la totalidad de las características técnicas vicia el consentimiento de los protegidos Como ya se dijo, las funciones, tamaño y características del botón de pánico se encuentran en internet y coinciden cien por cien con los que han sido otorgados por la Unidad Nacional de Protección a, al menos, 60 personas amenazadas en los últimos meses. El Equipo Nizkor ha tenido acceso a los embalajes, botones, especificaciones técnicas y folletos (en inglés) entregados a los protegidos, y dispone de fotografías de los mismos, lo que le ha permitido constatar que se trata del dispositivo puesto en el mercado por la empresa china Shenzhen Co-Creation Technology Co. Ltd., pionera en el desarrollo de los GPS a nivel mundial, de la cual fue posible obtener hasta los certificados de propiedad intelectual del botón de pánico, que es promovido bajo las etiquetas "panic button, gsm, gprs, gps tracker, sos, gsm alarm system, anti kidnapping gps tracker".


Colores ofrecidos para el botón de pánico por Shenzhen Co-Creation Technology Co., Ltd.
según información de distintos distribuidores del producto online


Fotografía del embalaje del botón de pánico entregado por la UNP a la periodista Amalfi Rosales.
De las especificaciones del botón ofrecidas por la empresa fabricante se desprende que éste tiene, entre otras funciones, las de "seguimiento en tiempo real por satélite GPS", "seguimiento en tiempo real de acuerdo a la ubicación de la red celular", "capacidad de seguimiento en ambientes cerrados", "sensor de movimiento incorporado", "sensor de velocidad", "monitoreo de voz", "comunicación voz a voz de alta calidad con manos libres", "registro de datos de hasta 60 mil ubicaciones", "alarma de movimiento" y "seguimiento en tiempo real en un mapa de computador o de equipo móvil". El Equipo Nizkor entrevistó a 25 personas a quienes el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) decidió otorgarles el botón de pánico como medida de seguridad -recomendación que surge de las consideraciones del Grupo de Valoración Preliminar (GVP) en el cual son escuchados los analistas de la UNP que realizan el estudio de riesgo y evalúan las medidas a adoptar. En todos los casos, según los protegidos, la Unidad se limitó a explicar el botón como un sistema de alerta que debe activarse en situaciones de emergencia y frente a cuya activación la Unidad hará una llamada al protegido o a las autoridades, dependiendo de si éste se encuentra en una zona rural o urbana. Varias de las personas entrevistadas se quejaron incluso porque el botón les fue entregado sin indicación alguna, como sucedió en el caso de la periodista Gisela Hurtado de Timaná (Huila), a quien el dispositivo le fue entregado en una panadería "sin mayores trámites y a toda carrera".
 
Diego Fernando Mora, director de la UNP.
(Fotografía tomada del sitio web www.unp.gov.co)
¿Por qué la UNP oculta las especificaciones técnicas del botón de pánico y las características de rastreo y escucha? En entrevista realizada al director de la Unidad, Diego Fernando Mora, afirmó éste que "en la medida en que menos se sepa y menos información haya de que un protegido pueda tener un dispositivo de éstos, aumenta la idoneidad de la medida. Sin contar que tiene otra serie de características que no son, llamémoslo que no es… que no es recomendable que se conozca. ¿Por qué? Porque tiene otra serie de propiedades que pueden utilizarse." Si bien se negó a entrar en detalle, tales propiedades se encuentran en internet y hasta en los embalajes de origen del botón, las cuales están resumidas en cuatro palabras: "rastrear, monitorear, llamar y proteger". Según Diego Fernando Mora, la UNP cuenta con "unas terminales que son dedicadas exclusivamente a eso, donde se encuentran precisamente los mapas, donde nos llegan las alertas, donde nosotros hacemos la verificación, todo eso lo controlamos nosotros basados en una plataforma de Claro. Todo eso está en cabeza de la Unidad basado en la plataforma. Nosotros nos estamos encargando directamente de la operación".
El fantasma de las "chuzadas" "Chuzadas" es el término coloquial con que en Colombia se conoció el escándalo de espionaje, persecución y escuchas ilegales del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) contra más de 300 personas, entre defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, congresistas de oposición, magistrados de las altas cortes y sus familias, y que llevó a la cárcel a no menos de 25 funcionarios del extinto DAS. La implementación del botón ha revivido temores en varios protegidos, que se han negado a aceptar la medida por considerarla un medio de espionaje y no una garantía de protección. A la fecha, según información obtenida por el Equipo Nizkor en el marco de esta investigación, dos sindicatos, dos organizaciones no gubernamentales y varios miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Mesa Nacional de Víctimas en diversas regiones del país, han rechazado la entrega de botones de pánico. En una carta enviada el pasado 27 de junio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación (Sintraproan) expresó su preocupación por las características de la medida al informar las razones por las cuales la presidenta de la Seccional Bogotá, Gloria Stella Angarita, no aceptó el botón. "Consideramos que se puede estar violentando una norma de estirpe Superior que protege y garantiza el derecho a la intimidad en el artículo 15 [de la Constitución], en la medida que el 'botón' contenga un chip que permita hacer seguimiento de todos los movimientos que realice la compañera. El derecho a la intimidad debe ser respetado por todos y el Estado tiene el deber de respetarlo y hacerlo respetar". "En lo que concierne a que ésta sea una medida de protección eficaz, debemos confesar, con toda sinceridad, que no la entendemos cómo puede prevenir la ocurrencia de un atentado en contra de la protegida en este caso. La catalogamos como una medida no idónea", afirmó el presidente del Sindicato, William Millán. En forma similar se expresó Rocío Campos, del Movice Barrancabermeja, quien afirmó que no recibiría el botón por considerar que la medida raya en la "estupidez", pues si cuando ha habido dificultades se ha llamado a la Policía y ésta ha tardado en llegar "qué puede esperarse de unos funcionarios que están en Bogotá pendientes de un botón". Según Campos, las organizaciones de derechos humanos de Barrancabermeja están estudiando la posibilidad de rechazar en forma conjunta el botón de pánico, que hasta ahora le ha sido entregado a miembros del Colectivo 16 de Mayo y de la Asociación Nacional para la Ayuda Solidaria (ANDAS). Asimismo, Bertha Cecilia Quiñones, de la Mesa de Víctimas del Valle, y Fernando Sanmiguel, investigador social de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, se han negado a aceptar el botón de pánico por considerarlo una medida "inapropiada" que podría generar mayores problemas y cuya idoneidad no está probada, pese a lo que afirma la Unidad Nacional de Protección. La mayoría de protegidos entrevistados por el Equipo Nizkor calificaron el botón de pánico como una medida "absurda", y se mostraron inconformes con el hecho de que ésta haya reemplazado en la práctica el auxilio de transporte que la UNP les brindaba para movilizarse en las regiones. Si bien el director de la UNP asegura que el botón de pánico no reemplaza el auxilio económico -medida que fue descartada mediante decreto- lo cierto es que los protegidos manifestaron que "ése es el cambio" que les han hecho. Para Diego Felipe Pardo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Bebidas Alcohólicas de Colombia, la garantía que brinda el botón "es mínima. Antes me daban un auxilio de transporte y yo contrataba un vehículo. Nunca he tenido un esquema, a pesar de que el anterior presidente de mi organización, Henry Ramírez Daza, fue asesinado. Nosotros hemos asumido demandas por corrupción en las licoreras del país que involucran a exparamilitares en Antioquia, al exgobernador del Cauca Juan José Chaux, a gente muy poderosa en todo el país". A Astrid Sabogal, de la Mesa de Víctimas de Pereira, el pasado 13 de julio le fue hurtada información sobre víctimas y procesos que apoya. "Ingresaron a mi sitio de residencia mientras yo no estaba. Mi hija estaba en pánico cuando llegué al lugar. De qué me sirve que a mí me protejan si mis hijos quedan vulnerables. El botón me parece riesgoso, no es igual a tener un apoyo de transporte. Uno en un bus con chaleco antibalas, escolta armado y un botón de pánico llama mucho la atención". Pese a que el director de la UNP fue categórico en afirmar que el botón de pánico sería entregado sólo para protegidos que residen en zonas urbanas, encontramos que éste ha sido implementado en lugares lejanos de Tumaco, Cauca, Arauca, Norte de Santander y Bolívar, entre otras regiones. Según defensores como Ernestina Cruz, de la Mesa de Víctimas del Valle, "a mí me dijeron que era sólo para la zona urbana, no para la rural. Pero la verdad yo viajo para el Cauca, para muchas partes del país. Debido a eso, me acerqué a denunciar ante la Defensoría del Pueblo y la respuesta fue que yo lo que quiero es plata. Me dijeron 'a ustedes los líderes no les sirve el botón porque a ustedes sólo les sirve plata'. Yo les respondí 'no importa que no me den plata, pero denme un transporte para moverme'. Hace poco me encontraba en carretera en la zona de El Bordo - Patía y había un bloqueo que me preocupó porque yo estoy creando un Consejo Comunitario allá. Activé el botón pero no me sirvió". Es claro que las características del botón de pánico permiten rastrear hasta la velocidad con que se mueven las personas que lo cargan, además de ubicarlas a través de geolocalización satelital y celular y escuchar sus conversaciones incluso en ambientes cerrados. Así lo han dejado saber a varios protegidos los funcionarios de la UNP encargados de entregar el botón a los beneficiarios. Por ejemplo, a Ernestina Contreras Cruz, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Víctimas en Cali y líder de la organización Tejedoras de Paz, le dijeron "si a usted le gusta la privacidad no lo vaya a activar en todo momento porque ahí vamos a estar nosotros".
Por Claudia Julieta Duque |*|
Investigación de Equipo Nizkor y Radio Nizkor

Nota documental del Equipo Nizkor: Las personas protegidas entrevistadas cuyos nombres y apellidos aparecen en la presente investigación, autorizaron expresamente la publicación de los mismos. Durante el desarrollo de esta investigación, la Unidad Nacional de Protección presionó en forma indebida a Claudia Julieta Duque con el ánimo de obstruir su trabajo periodístico. El director de la UNP la señaló de estar ejerciendo una venganza en su contra por conflictos presentados en la implementación de las medidas de seguridad en favor suyo y de su familia, los cuales se encuentran en discusión vía tutela, acción legal con la que en el pasado la periodista ha logrado ser protegida. En entrevista realizada el 14 de junio de 2016, Diego Fernando Mora acusó a Claudia Julieta Duque de intentar meterlo a la cárcel, de usar información "sustraída ilegalmente" de la UNP y de afectar la idoneidad del botón de pánico si llegara a publicar al respecto. Igualmente, en el marco de la acción de tutela ya referida, intentó excluir a la periodista del programa de protección de la UNP y hacer que ésta fuera incluida en un programa similar de la Fiscalía General de la Nación, solicitud que fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como si ello fuera poco, utilizó a la periodista Darcy Quinn para fustigar su trabajo y filtrar información sobre los detalles de su esquema de seguridad y su relación del último año y medio con la UNP, contrariando las normas legales que le imponen a la Unidad el deber de reserva absoluta sobre los esquemas de los protegidos. También utilizó al abogado Juan Pablo Estrada Sánchez, abogado contratista de la UNP y comentarista de Caracol Radio, para denigrarla en la red social de Twitter. Por ello desde el Equipo Nizkor responsabilizamos directamente al director de la UNP, Diego Fernando Mora, frente a cualquier empeoramiento de la situación de seguridad de Claudia Julieta Duque.
Gregorio Díaz Dionis
Presidente Equipo Nizkor

Notas: *. Claudia Julieta Duque es periodista y cuenta con medidas de la Unidad Nacional de Protección. Ninguna de ellas está relacionada con el botón de pánico, de cuya existencia se enteró como periodista. [Volver] 1. Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la presentación de 11 nuevos proyectos de ley. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110328_04.aspx , 28 de marzo de 2011 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/santos16.html [Volver] 2. Decreto 4065 de 31 de octubre de 2011. [Volver] 3. Declaración del Presidente Juan Manuel Santos luego de firmar el decreto que liquida el DAS. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Octubre/Paginas/20111031_13.aspx 31 de octubre de 2011 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/das363.html. [Volver] 4. Red de corrupción en la Unidad de Protección, en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/red-de-corrupcion-unidad-de-proteccion-articulo-513028, 26 de agosto de 2014 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp5.html. [Volver] 5. RSF denuncia irregularidades en el mecanismo de protección a periodistas http://www.rsf-es.org/news/colombia-rsf-denuncia-irregularidades-en-el-mecanismo-de-proteccion-de-los-periodistas/, 11 de mayo de 2016 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp9.html. [Volver] 6. Escolta de la UNP aceptó responsabilidad en amenazas contra Piedad Córdoba y Aída Avella http://www.elespectador.com/noticias/judicial/escolta-de-unp-acepto-responsabilidad-amenazas-contra-p-articulo-568698, 26 de junio de 2015 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp7.html. [Volver] 7. Absuelto Teodoro Ibáñez http://elmeridianodecordoba.com.co/monteria/item/68503-absuelto-teodoro-ib%C3%A1%C3%B1ez, 26 de septiembre de 2014 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp6.html. [Volver] 8. Capturados dos funcionarios de la UNP por presuntos homicidios en Guacarí, Valle http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/capturados-dos-funcionarios-unp-por-presuntos-homicidios-guacari-valle, 6 de agosto de 2015 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp8.html. [Volver] 9. Respuesta de la UNP del 13 de junio de 2016 al derecho de petición presentado por el Equipo Nizkor el 27 de mayo. [Volver] 10. Respuesta de la UNP del 13 de junio de 2016. [Volver] 11. Ver: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20567%20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/coldecreto567.html [Volver] 12. Máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo en Colombia. [Volver] 13. "En cuanto la circunstancia de la contratación sometida a reserva constituye una excepción frente al aludido Principio Constitucional de Publicidad que constituye la regla general y que está llamado a orientar todas las actuaciones de la Administración Púbica, el desarrollo de tal excepción y su detallada regulación acerca de los eventos e hipótesis en los que tiene cabida, tal y como lo sostiene el demandante, sólo puede estar en cabeza del legislador, sin que sea posible que el Gobierno Nacional asuma, a través del reglamento, la definición de tales excepciones". Sección Tercera, proceso 50.222, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez. [Volver] 14. Respuesta de la UNP del 20 de junio de 2016 al recurso de insistencia presentado por el Equipo Nizkor el 14 de junio de 2016. [Volver]


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14.8.14

Colombia: Proceso de paz

LA ULTRADERECHA, QUE INTENTA SABOTEAR LAS NEGOCIACIONES DE LA HABANA, INFILTRÓ FALSAS VÍCTIMAS DE LAS FARC EN EL FORO DE CALI






Foro Nacional de Víctimas: “La paz duradera pasa porque el Estado se reconozca como victimario”


En días pasados, Cali fue el punto de encuentro para víctimas de todas las regiones del país, quienes llegaron para participar de los diversos escenarios de discusión y debate sobre propuestas de paz y reparación hechas por el gobierno y las FARC-EP.   
En el marco del proceso de negociación adelantado en La Habana – Cuba, organizaciones sociales, gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron la discusión en torno a los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto político, social y armado en el país. Por ello, se dispusieron algunos escenarios promovidos tanto por organizaciones sociales, entre las que se encuentran el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Marcha Patriótica, como los institucionalizados y avalados por entes gubernamentales, para este caso se hace referencia al más reciente Foro Nacional de Victimas realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Nacional de Colombia (UN).
Todo lo anterior, se enmarca en una serie de acciones que según el gobierno y la nombrada guerrilla, buscan dar respuesta e inclusión a las víctimas en la mesa de negociación de La Habana. Según los organizadores de dichos espacios, lo que se pretendía era recoger elementos que permitieran desarrollar un proceso de justicia y reparación incluyente que conlleve a la reconciliación.
No obstante, fueron evidentes las inconformidades ya fuera por la metodología empleada, la restricción en la convocatoria o por el trato desigual dado a las víctimas por parte del Estado, según varios de los participantes como María Elena Vallejo del Movice Capitulo Valle, que dijeron: “las víctimas como primera medida de las FARC, ¿y las victimas del Estado qué? Para mi inclusive esas deberían de ser las primeras. Porque es que el Estado como Estado debe cuidarnos a nosotros, no asesinarnos para que digan que ellos si actúan y que ellos si son la ley y que tienen el poder”.
Ante esta situación, organizaciones como el Movice manifestaron la necesidad de repensarse estos espacios, ya que la complejidad que rodea el tema de la reparación estuvo manifiesta de forma permanente en la multiplicidad de intereses y necesidades que se expresaron, lo cual terminó por evidenciarse en tensiones y disputas entre las víctimas de los diferentes actores armados.
En cuanto al tema del esclarecimiento de la verdad, según Edison Caicedo proveniente del municipio de Guapi, en el pacifico caucano, se han generado un sin número de interpretaciones, por parte de los diferentes actores involucrados: Estado, grupos armados y por supuesto las víctimas. Lo que ha conllevado, a la construcción de procesos que no han dado cumplimiento a las promesas de reparación, como lo manifestó Edgar Mora quien también es víctima: “no hay garantías, ni verdad, lo que hay son señalamientos y mientras eso persista no hay condiciones”.
Al tema del esclarecimiento de la verdad, se sumó la exigencia de varios grupos al Estado para que haya un reconocimiento de su culpabilidad y su participación como victimario dentro del conflicto, por lo que José Santos representante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia expresó: “la paz duradera pasa porque el Estado se reconozca como victimario”. En ese sentido, también la organización Marcha Patriótica mediante un comunicado dijo: “frente a esta realidad es absolutamente indispensable el reconocimiento de la criminalidad estatal como un fenómeno sistemático y estructural, para avanzar en el desmantelamiento de la actual institucionalidad criminal…y así avanzar en una sociedad en paz”.
Por su parte, las FARC-EP respondieron a través un comunicado firmado por su comandante Timochenko: “No nos sorprende por eso el manto de silencio con el que la gran prensa ha tratado los distintos foros sobre víctimas celebrados hasta la fecha. En todos ellos ha salido a relucir esa gran verdad. Los verdaderos autores y responsables por los horrores de este largo conflicto son ellos…Y es eso en realidad lo que se oculta tras la nueva andanada retórica y mediática. Sus amanuenses en la gran prensa chillan que el Estado reconoció las víctimas y expidió una ley para repararlas, que ha pedido perdón un par de veces. Como si eso bastara para cambiar las cosas, como si no estuvieran empeñados en dejar intacta la máquina del crimen”.
Por otro lado, vale la pena resaltar que estos encuentros fueron propicios para comenzar a discutir el posible inicio de los diálogos del gobierno con el Ejercito de Liberación Nacional -ELN-, a lo que Darío Monsalve arzobispo de Cali en dialogo con Colombia Informa dijo: “yo valoro mucho esto, se van a cumplir 50 años de la conmemoración de la muerte de Camilo Torres Restrepo, un sacerdote católico dentro de esta filas y es hora que el mensaje de Camilo se convierta en un mensaje muy actual…precisamente para dejar la lucha armada y reintegrarse a una sociedad que ya no resiste más años de conflicto”.
Finalmente, victimas discutieron, propusieron y sobre todo hicieron el llamado a que se les escuche en un proceso que ha reducido su participación a un mero formalismo y que no ha dado lugar, ni voz, a muchas de las víctimas, quienes han reiterado mediante comunicados y espacios alternativos la necesidad de proponer un proceso que sea realmente incluyente y que los reconozca como sujetos políticos. Por tanto, queda clara la necesidad de empezar a pensar cuál es la verdad que se ofrece dentro de este nuevo escenario de negociación con las insurgencias, que pone de cara la vulneración a las víctimas en otros procesos como el de justicia y paz con los paramilitares, que según víctimas no dio cuenta de sus necesidades y que por el contrario, dejó una estela de olvido e injusticia que se revive con el fantasma de la impunidad.

Las principales víctimas han sido los humildes
"La victimización ha sido para el despliegue pleno de las nuevas formas de acumulación capitalista (...). Las víctimas de semejante cometido han sido esencialmente los humildes", declaró la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Ricardo Téllez.
Las víctimas "deben ser reconocidas y resarcidas en todos sus derechos", agregó.
La reparación de las víctimas es uno de los temas más complejos de la agenda de paz, pues ambos bandos se acusan mutuamente por la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y cinco millones de desplazados en medio siglo, según cifras oficiales.
Las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron el martes la discusión de este sensible tema, el cuarto de los seis puntos de la agenda de paz, tras haber consensuado los tres primeros.
"En la larga historia del conflicto colombiano hemos tenido que padecer las guerras y los enemigos inventados por el imperialismo: desde 'la guerra contra el comunismo' hasta la 'guerra contra el terrorismo'", dijo Téllez.
"El Estado de terror, las maquinarias de la destrucción y las técnicas de la muerte, con evidentes rasgos fascistas (...), se han puesto en movimiento para preservar el statu quo" en Colombia, agregó.
La fase crucial de esta discusión arrancará este sábado cuando una primera delegación de 12 víctimas entregue sus testimonios ante los dos equipos negociadores, con el fin de que sus demandas sean consideradas en un eventual acuerdo de paz.
En total 60 víctimas entregarán su testimonio en La Habana, en cinco delegaciones.
Tanto la guerrilla como el Gobierno reconocieron el año pasado tener una cuota de responsabilidad en las víctimas.
La delegación del gobierno, encabezada por el exvicepresidente Humberto De la Calle, no formuló declaraciones a la prensa al ingresar al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de los diálogos.
(Fuentes: Pazífico NoticiasTV, Colombia INFORMA y El Espectador)

4.7.13

Colombia: Crímenes militares

POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?


30.1.12

Colombia: Desaparecidos

DESENTRAÑANDO COLOMBIA


(Fuente:Periodismohumano.com)

2.7.11

Colombia-Paramilitares

ESTABLECIDA POR LEY LA IMPUNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE 'DESMOVILIZADOS', MIENTRAS SIGUEN LAS MASACRES


La entrada en vigor el pasado miércoles de la nueva ley da amparo unos 25.000 paramilitares colombianos y suspende la ejecución de penas dictadas por crímenes distintos a los de lesa humanidad. La norma ha sido ya recurrida ante la Corte Suprema por varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

La ley protege a los miembros de los grupos paramilitares en Colombia entre 2003 y 2006 a los que da la oportunidad de poder “aclarar su situación jurídica, siempre y cuando, como lo estipula la norma, no hayan cometido delitos de lesa humanidad”.

La norma establece que bajo el nuevo marco legal las órdenes de captura y ejecuciones de condena se podrían suspender si los paramilitares “han dejado las armas, cumplen con los programas de reinserción y colaboran con la Justicia”.Los desmovilizados tendrán hasta el 28 de diciembre de 2011 para acceder a los beneficios que impone esta nueva Ley, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que “se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas”, según el gobierno colombiano.

El gobierno de Bogotá ha explicado que la norma 1424, también conocida como Ley de Desmovilizados, resolverá de una vez por todas el estatus jurídico de los paramilitares que supuestamente dejaron las armas durante la administración de Uribe, que pese a haber delinquido, no habían cometido los denominados "delitos atroces".

Durante la presidencia de Álvaro Uribe, alrededor de 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brinda a cambio de su cooperación con las autoridades, beneficios legales y penas máximas de 8 años.

Además, los paramilitares debían reparar a las víctimas de sus crimenes. También dentro de la Ley de Justicia y Paz hay un programa de reinserción social para ellos, una vez que purguen sus penas.

En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (las Bacrim), como las Águilas Negras. Las autoridades policiales aseguran que las Águilas Negras son una de las organizaciones criminales integradas por antiguos paramilitares al servicio del narcotráfico. Y también según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Bacrim, están formadas por ex paramilitares y narcotraficantes. Este informe establece que a finales de 2010, estas bandas actuaban en 15 de los 32 departamentos del país, y contaban con al menos siete mil hombres armados.

Estas bandas emergentes, según Indepaz, serían herederas de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, entre 2003 y 2006 realizaron una negociación de paz con el gobierno de Uribe (2002-2010).

Las Águilas Negras son la tercera generación de los grupos paramilitares. Están asociadas con los carteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Estos grupos también atacan a miembros de la guerrilla y a luchadores sindicales, sociales y políticos de izquierdas y a defensores de los derechos humanos.

ASESINADO DIRIGENTE DE LOS DESPLAZADOS EN SAN ONOFRE, SUCRE

Comunicado del MOVICE Julio 1 de 2011.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.

Hechos

El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.

ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.

Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.


Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los ases

inatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.


Exigimos que:

  1. Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.

  2. Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.

  3. Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas

  4. Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.

LAS MASACRES NO SON CASOS AISLADOS

Por Carlos Jaime Fajardo (*)

La rapiña por los recursos naturales de diferentes regiones del país, ha llevado a que se presenten procesos de desplazamiento, masacres y estigmatización de los pobladores de diversos lugares, con el fin de asegurar la explotación mineral.

Esto también sucedió con la invasión española hace mas de quinientos años, donde los genocidios y explotación de indígenas fue la constante. Según Eduardo Galeano “Antes de que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo...”. Después se lanzó sobre el Cuzco para saquear el Templo del Sol. Casos como este se repitieron durante toda la conquista.

Lo sucedido el pasado 27 de junio en Villanueva, un corregimiento al norte de Nariño, en límites con el sur del Cauca, donde masacraron 8 campesinos con el fin de atemorizar a sus pobladores no es un hecho aislado. Como antecedentes vale recordar que desde agosto de 2002, se asentaron en el corregimiento grupos paramilitares del “Bloque Libertadores del Sur”, en cabeza de alias Brayan, desde donde asesinaron y desplazaron a lideres populares de diferentes municipios de la zona.

En la actualidad, se han lanzado una serie de multinacionales en busca de oro y cobre en las veredas del corregimiento; vale mencionar que hace algunas semanas se realizó una encuesta casa por casa, por parte de la Anglogold Ashanti, la misma que va ha explotar oro en Cajamarca Tolima, indagando sobre la percepción que las familias de la región tenían sobre la explotación minera, calificando de familias conflictivas a quienes rechazaran tal proyecto. De igual manera el pasado 17 de junio se realizó en Génova su cabecera municipal un foro minero para debatir la presencia de las multinacionales mineras en la región, lo cual sin duda preocupa a los potenciales inversionistas.

Casos similares han sucedido en el sur de Bolívar, Tolima y Caldas, situación que no debe ser indiferente para el resto de los colombianos, pues hoy están detrás de los minerales y del agua, mañana del oxigeno y de nuestra vida para esclavizarla, como ya sucedió con la invasión española.

(*)Sociólogo, ensayista, investigador independiente e integrante de la revista Viento del Sur.


(Fuentes: LibreRed, AFP, TeleSur, Prensa Libre Cauca y Viento del Sur)

15.10.10

Colombia:Narcoparamilitarismo

EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE IMPLICADO POR UN EX ALTO CARGO DEL D.A.S. EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ORGANISMO POLICIAL AL SERVICIO DEL NARCOTRÁFICO Y LAS TRAMAS PARAMILITARES

17.9.10

Colombia:Violaciones de los derechos humanos

AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES

MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.

El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.







Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".

El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.

Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).

Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.

"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.
La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010

Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.

El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.

Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".

"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.

Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.

Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Uribe niega vínculos con los paramilitares


El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.
"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.

El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.

Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ

Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo

Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.

El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.

El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.

Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Las Aguilas Negras

Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.

De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.

Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.

(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)

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