Colombia: Proceso de paz

LA ULTRADERECHA, QUE INTENTA SABOTEAR LAS NEGOCIACIONES DE LA HABANA, INFILTRÓ FALSAS VÍCTIMAS DE LAS FARC EN EL FORO DE CALI

Foro Nacional de Víctimas: “La paz duradera pasa porque el Estado se reconozca como victimario”

En días pasados, Cali fue el punto de encuentro para víctimas de todas las regiones del país, quienes llegaron para participar de los diversos escenarios de discusión y debate sobre propuestas de paz y reparación hechas por el gobierno y las FARC-EP.   

En el marco del proceso de negociación adelantado en La Habana – Cuba, organizaciones sociales, gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron la discusión en torno a los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto político, social y armado en el país. Por ello, se dispusieron algunos escenarios promovidos tanto por organizaciones sociales, entre las que se encuentran el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Marcha Patriótica, como los institucionalizados y avalados por entes gubernamentales, para este caso se hace referencia al más reciente Foro Nacional de Victimas realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Nacional de Colombia (UN).

Todo lo anterior, se enmarca en una serie de acciones que según el gobierno y la nombrada guerrilla, buscan dar respuesta e inclusión a las víctimas en la mesa de negociación de La Habana. Según los organizadores de dichos espacios, lo que se pretendía era recoger elementos que permitieran desarrollar un proceso de justicia y reparación incluyente que conlleve a la reconciliación.

No obstante, fueron evidentes las inconformidades ya fuera por la metodología empleada, la restricción en la convocatoria o por el trato desigual dado a las víctimas por parte del Estado, según varios de los participantes como María Elena Vallejo del Movice Capitulo Valle, que dijeron: “las víctimas como primera medida de las FARC, ¿y las victimas del Estado qué? Para mi inclusive esas deberían de ser las primeras. Porque es que el Estado como Estado debe cuidarnos a nosotros, no asesinarnos para que digan que ellos si actúan y que ellos si son la ley y que tienen el poder”.

Ante esta situación, organizaciones como el Movice manifestaron la necesidad de repensarse estos espacios, ya que la complejidad que rodea el tema de la reparación estuvo manifiesta de forma permanente en la multiplicidad de intereses y necesidades que se expresaron, lo cual terminó por evidenciarse en tensiones y disputas entre las víctimas de los diferentes actores armados.

En cuanto al tema del esclarecimiento de la verdad, según Edison Caicedo proveniente del municipio de Guapi, en el pacifico caucano, se han generado un sin número de interpretaciones, por parte de los diferentes actores involucrados: Estado, grupos armados y por supuesto las víctimas. Lo que ha conllevado, a la construcción de procesos que no han dado cumplimiento a las promesas de reparación, como lo manifestó Edgar Mora quien también es víctima: “no hay garantías, ni verdad, lo que hay son señalamientos y mientras eso persista no hay condiciones”.

Al tema del esclarecimiento de la verdad, se sumó la exigencia de varios grupos al Estado para que haya un reconocimiento de su culpabilidad y su participación como victimario dentro del conflicto, por lo que José Santos representante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia expresó: “la paz duradera pasa porque el Estado se reconozca como victimario”. En ese sentido, también la organización Marcha Patriótica mediante un comunicado dijo: “frente a esta realidad es absolutamente indispensable el reconocimiento de la criminalidad estatal como un fenómeno sistemático y estructural, para avanzar en el desmantelamiento de la actual institucionalidad criminal…y así avanzar en una sociedad en paz”.

Por su parte, las FARC-EP respondieron a través un comunicado firmado por su comandante Timochenko: “No nos sorprende por eso el manto de silencio con el que la gran prensa ha tratado los distintos foros sobre víctimas celebrados hasta la fecha. En todos ellos ha salido a relucir esa gran verdad. Los verdaderos autores y responsables por los horrores de este largo conflicto son ellos…Y es eso en realidad lo que se oculta tras la nueva andanada retórica y mediática. Sus amanuenses en la gran prensa chillan que el Estado reconoció las víctimas y expidió una ley para repararlas, que ha pedido perdón un par de veces. Como si eso bastara para cambiar las cosas, como si no estuvieran empeñados en dejar intacta la máquina del crimen”.

Por otro lado, vale la pena resaltar que estos encuentros fueron propicios para comenzar a discutir el posible inicio de los diálogos del gobierno con el Ejercito de Liberación Nacional -ELN-, a lo que Darío Monsalve arzobispo de Cali en dialogo con Colombia Informa dijo: “yo valoro mucho esto, se van a cumplir 50 años de la conmemoración de la muerte de Camilo Torres Restrepo, un sacerdote católico dentro de esta filas y es hora que el mensaje de Camilo se convierta en un mensaje muy actual…precisamente para dejar la lucha armada y reintegrarse a una sociedad que ya no resiste más años de conflicto”.

Finalmente, victimas discutieron, propusieron y sobre todo hicieron el llamado a que se les escuche en un proceso que ha reducido su participación a un mero formalismo y que no ha dado lugar, ni voz, a muchas de las víctimas, quienes han reiterado mediante comunicados y espacios alternativos la necesidad de proponer un proceso que sea realmente incluyente y que los reconozca como sujetos políticos. Por tanto, queda clara la necesidad de empezar a pensar cuál es la verdad que se ofrece dentro de este nuevo escenario de negociación con las insurgencias, que pone de cara la vulneración a las víctimas en otros procesos como el de justicia y paz con los paramilitares, que según víctimas no dio cuenta de sus necesidades y que por el contrario, dejó una estela de olvido e injusticia que se revive con el fantasma de la impunidad.

Las principales víctimas han sido los humildes

La guerrilla de las Farc afirmó este jueves que las víctimas del conflicto armado en Colombia han sido "esencialmente los humildes" y acusó al "imperialismo" y al Estado de ser los mayores victimarios.



"La victimización ha sido para el despliegue pleno de las nuevas formas de acumulación capitalista (...). Las víctimas de semejante cometido han sido esencialmente los humildes", declaró la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Ricardo Téllez.

Las víctimas "deben ser reconocidas y resarcidas en todos sus derechos", agregó.

La reparación de las víctimas es uno de los temas más complejos de la agenda de paz, pues ambos bandos se acusan mutuamente por la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y cinco millones de desplazados en medio siglo, según cifras oficiales.

Las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron el martes la discusión de este sensible tema, el cuarto de los seis puntos de la agenda de paz, tras haber consensuado los tres primeros.

"En la larga historia del conflicto colombiano hemos tenido que padecer las guerras y los enemigos inventados por el imperialismo: desde 'la guerra contra el comunismo' hasta la 'guerra contra el terrorismo'", dijo Téllez.

"El Estado de terror, las maquinarias de la destrucción y las técnicas de la muerte, con evidentes rasgos fascistas (...), se han puesto en movimiento para preservar el statu quo" en Colombia, agregó.

La fase crucial de esta discusión arrancará este sábado cuando una primera delegación de 12 víctimas entregue sus testimonios ante los dos equipos negociadores, con el fin de que sus demandas sean consideradas en un eventual acuerdo de paz.

En total 60 víctimas entregarán su testimonio en La Habana, en cinco delegaciones.

Tanto la guerrilla como el Gobierno reconocieron el año pasado tener una cuota de responsabilidad en las víctimas.

La delegación del gobierno, encabezada por el exvicepresidente Humberto De la Calle, no formuló declaraciones a la prensa al ingresar al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de los diálogos.

(Fuentes: Pazífico NoticiasTV, Colombia INFORMA y El Espectador)

Argentina:Dictadura Militar

SE CUMPLEN 33 AÑOS DEL GOLPE DE VIDELA-MASSERA-AGOSTI Y LAS VÍCTIMAS SIGUEN RECLAMANDO JUSTICIA.EL 95% DE LOS GENOCIDAS ESTÁN EN LIBERTAD. MÁS DE 400 NIÑOS ROBADOS SIGUEN EN MANOS DE LOS VERDUGOS

Organizaciones sociales esparcidas por toda la Argentina conmemoran este martes 24 los 33 años del golpe que dio comienzo a la última dictadura militar implementada en el país, desde 1976 a 1983. El "golpe genocida", como lo llaman las organizaciones, ocurrido el 24 de marzo de 1976, es uno de los episodios más brutales y sanguinarios de la historia latinoamericana. Al final del período, miles de personas estaban desaparecidas. Muchos de los hijos de padres considerados subversivos por el régimen todavía permanecen adoptados por militares.

Los actos recordatorios comenzaron ya este lunes 23 en la Iglesia Santa Cruz del barrio de San Cristobal, zona sur de Buenos Aires, donde en diciembre de 1977 fueron secuestradas varias madres del núcleo fundador de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas. Durante la ceremonia, fueron enterradas las cenizas de Dionisia López, una madre de Plaza de Mayo en los jardines de la Iglesia Santa Cruz, donde ya están enterradas tres madres fundadoras y la monja francesa Leonie Duquet, secuestradas por la dictadura y cuyos cadáveres fueron recuperados recién en agosto de 2005.

Dionisia López, nacida en Galicia fue una activa militante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que falleció el 29 de Noviembre de 2008. Su hijo, Antonio Adolfo Díaz López, nació en Ferrol (Galicia), en 1952 y llegó a la Argentina junto a sus padres cuando tenía 5 meses. Díaz López era fotógrafo y a los veintiséis años fue secuestrado junto a su mujer, Stella Maris Riganti, enfermera. La pareja hacía seis meses que se había casado, cuando fue secuestrada la noche del 15 de junio de 1976. Los jóvenes fueron vistos por última vez en el cuartel militar de Campo de Mayo.

Pero el grueso de los actos en Buenos Aires se celebra este martes 24. Bajo el lema "Basta de impunidad, basta de represión", el Espacio Memoria, Verdad y Justicia organiza una marcha desde el Congreso en dirección a la Plaza de Mayo. El objetivo es denunciar que el 95% de los genocidas están en libertad y más de 400 jóvenes continúan adoptados. Y exigir la aparición con vida de Jorge Julio López, desaparecido hace casi dos años y medio. Además, protestar porque por los efectos de la crisis económica que recaen de forma cruel y casi exclusiva sobre los trabajadores.

Poco antes, la Corriente Política Enrique Santos Discépolo organiza una movilización en la Avenida de Mayo y la 9 de Julio en memoria y repudio del golpe genocida, que según la organización, "hundió a nuestra patria en su más negra noche y cuyas sombras, con viejos y nuevos ropajes, amenazan aún hoy a nuestro pueblo".

Las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares e Hijos junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos se movilizan en la Plaza de Mayo, con la clásica bandera con la fotografía de los 30 mil detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

Por la noche, recital con la participación de León Gieco, Árbol, Nonpalidece y La Chilinga ante los tribunales, bajo el lema "Despertemos a la justicia: ¡Juicio y Castigo Ya!".

En el interior del país, se desarrollan otras movilizaciones. Las Madres de Plaza de Mayo Neuquén y Alto Valle, junto con otras organizaciones, se concentran en el Monumento a San Martín . En Tucumán, organismos de Derechos Humanos junto con el PC y Libres del Sur convocaron en la avenida Sarmiento y Muñecas. En Córdoba, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos realiza una marcha desde Colón y Cañada.
La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) realiza la transmisión de los eventos en vivo por medio del sitio http://www.rnma.org.ar/.

Las víctimas de la dictadura siguen esperando justicia

Los años pasan, las injusticias no se olvidan y el dolor de muchos argentinos sigue intacto. A 33 años de una de las mayores vergüenzas en la historia del país, las causas no avanzan en los tribunales. Así ocurre, como en otros lugares, en Mendoza.

Los tres miembros de la Cámara Federal mendozina se hicieron famosos cuando el 23 de mayo del 2008 liberaron a todos los detenidos acusados de los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar, los ex integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad Cardello, León y Mirota, a pesar del testimonio persistente de Carmelo Cirella Paredes, quien durante 20 años declaró en contra de ellos.

En setiembre liberó al coronel Oscar Orlando Dopazo, jefe de Inteligencia del G2 en los 70 e imputado por violación a los derechos humanos, detenciones ilegales y torturas. En el mismo mes, la cámara también liberó al sargento del Ejército Osvaldo Benito Martel, sobre quien pesaban los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (quien también fue detenido) y actual jueza de garantías de la Justicia sanjuanina. Ya en noviembre, otorgan la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy.

Como resultado de estos actos, Mendoza no tiene represores presos por la última dictadura militar. Aunque un plenario de la Cámara Nacional de Casaciónnegó la libertad al militar Díaz Bessone la Cámara Federal de Mendoza decidió liberarlo.


“Ha sido bastante lento el accionar de la Justicia federal en la investigación, sobre todo con la acumulación de las causas por operativo o centro clandestino, que facilita el tema de las pruebas, porque cuando acumulás causas que tienen detenidos o secuestrados que pasaron por el mismo lugar, acumulas responsabilidades y determinás en forma conjunta, por lo que utilizás las pruebas de una causa en otra, de modo tal que tengas mayores pruebas para llegar al juicio”, explica la abogada del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), Viviana Beigel.La realidad determina que el problema más grave es la falta de impulso de las causas que se encuentran en investigación. Existen más de 80 causas desde hace más de cuatro años en la etapa de investigación, algunas sin imputados ni procesamientos. Esto hace que la mayor parte no esté en condiciones de elevarse a juicio.

Hay 120 causas y sólo siete elevadas a juicio, no llegando ni a 10 por ciento de las que esperan justicia. El paso del tiempo jugó a favor de la impunidad, porque personas que eran testigos en algunas causas ya murieron, otras se han olvidado, ha habido pérdida de pruebas desde los años 80, como los registros del D-2 (inteligencia militar), que permitían saber quiénes pasaron por ese centro clandestino de detención y dejaban constancia sobre qué persona había estado por ahí. Además, se podría haber conocido quiénes se desempeñaban allí como carceleros.

Hay problemas con el ofrecimiento de pruebas porque se rechazan, hay muchas trabas en la instrucción, fundamentalmente de la parte de la defensa, porque a veces plantean infinitos recursos para dilatar el procedimiento, tienden a extender en el tiempo la investigación y, entonces, el juzgado de Instrucción no puede concretar y terminar las imputaciones y los procedimientos.

Es evidente que la deuda de la Justicia federal mendocina con los familiares de las víctimas no sólo se acrecienta, sino que llega a niveles insospechados cuando se producen todas estas injusticias, como dejar libres a los detenidos por la dictadura.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura son imprescriptibles y ofenden a la comunidad en su conjunto, por eso, el Gobierno de Mendoza se constituyó en querellante y fue admitido por el juez Bento. Luego, la Cámara Federal excluyó a la provincia de Mendoza, como ya lo había hecho con el hermano de Mauricio López (ex estudiante desaparecido) y con el hijo de Ángel Bustelo, Fidel. Por ello, la Cámara no solo liberó a todos los represores, sino que impidió constituirse como querellantes a los familiares cercanos y al Gobierno de Mendoza.

“A 33 años de la última dictadura militar ya tenemos la primera condena en Cuyo a prisión perpetua, en la Casa de Gobierno existe una placa que recuerda a nuestros compañeros, en la Comisaría Séptima funciona un organismo de derechos humanos y se descubrió una placa en honor al actor desaparecido Rubén Bravo y, más temprano que tarde, los asesinos, los torturadores tendrán que afrontar un juicio en Mendoza”, asegura Pablo Salinas, abogado de derechos humanos.“Es muy grave el tema de la Cámara Federal de Apelaciones, que promueve la impunidad a través de resoluciones que les otorgan la excarcelación a todos los represores que estaban detenidos en Mendoza. Están todos libres y esto nos lleva a pedir el juicio político de muchos jefes de la Cámara Federal”, sostiene Beigel.

Los abogados defensores de derechos humanos plantean como expectativa “que haya resultados en el juicio político y que, dentro de la Justicia, se comience a designar a personas con voluntad política de realmente hacer justicia”. Respecto a por qué la “lentitud” de la Justicia, manifiestan: “Principalmente, no se quiere determinar qué pasó y se quiere hacer una justicia mediocre que calle la boca a los organismos de derechos humanos y a los familiares de desaparecidos. Esa es la sensación que tenemos, de una justicia que no profundiza”.

Los derechos humanos ayer y hoy

(Las principales organizaciones de derechos humanos de la Argentina han firmado la presente declaración, a propósito del 33 aniversario del golpe de estado. En ella recuerdan, entre otras cosas, que la gran parte de la deuda externa ilegítima se genero durante la dictadura militar, que hoy se eleva a entre 180.000 y 200.000 millones de dólares y exigen su anulación.)

"El próximo año 2010 se cumplirá el Bicentenario de la Revolución de Mayo y el país debe hacer un balance del caminar en el tiempo y el país que tenemos. Es necesario analizar y comprender sus luces y sombras. ¿Cómo fue y es hoy la defensa de los derechos humanos en nuestra historia y muy en particular durante el terrorismo de Estado que reinara de 1976 a 1983, que en los 33 años transcurridos de ese Genocidio, marca gran parte de la vida del pueblo argentino aun en el presente. Es necesario hacer memoria y trabajar para alcanzar la Verdad y Justicia y reclamar a las autoridades políticas y jurídicas el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Y si bien se han dado pasos importantes como la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y se iniciaron algunos juicios a los represores, falta un largo camino a recorrer para superar la impunidad jurídica; ya que se producen demoras injustificadas en los juicios, al mismo tiempo que se produce la dispersión de las causas, que no solo demoran el juicio y el castigo, sino que dificultan la visualización de lo que realmente ocurrió: un genocidio al servicio de un modelo de país injusto que aún hoy sufrimos.

Reclamamos al Poder Ejecutivo, al Parlamento y al Poder Judicial, la voluntad política para agilizar los juicios y la necesidad de la unificación de causas por región. Es un imperativo que reclamamos ayer y hoy a los poderes del Estado.

Las consecuencias del terrorismo de Estado continúan hoy y condicionan la vida del pueblo haciendo sentir a gran parte de la población que la situación actual, con desocupación, marginación, violencia urbana y todas las injusticias que se sufren son una continuidad de esa violación de los derechos fundamentales. Nos vemos convocados a alertar sobre el cambio de tendencia que se vive en todo el mundo: el capitalismo mundial, globalizado y financiarizado, mafioso y super concentrado, ha comenzado una crisis integral, inédita, cuyas consecuencias se pretende que la paguen los pobres del mundo, incluidos los trabajadores y sectores populares de la Argentina. Las medidas económicas que en estos años facilitaron la recuperación macroeconómica, manteniendo la matriz distributiva regresiva e injusta, no tienen futuro. La crisis exige medidas contundentes de integración latinoamericana, con autonomía del imperialismo y de los grupos económicos y enérgicas medidas de distribución de la riqueza: aumento de salario, jubilaciones, pensiones y subsidios; generación de empleo, reforma impositiva progresiva; recuperación de todo lo que nos quitaron en los años duros del terrorismo de estado y el neoliberalismo.

Esto es lo que vemos:

- El gobierno se niega sistemáticamente a investigar y realizar una Auditoria sobre la DEUDA EXTERNA para determinar la deuda legítima de la ilegítima; deuda que se paga con el hambre del pueblo.

- El hambre es un crimen, como lo señala el Movimiento de Los Chicos del Pueblo, ya que más de 25 niños se mueren de hambre por día en el país. (Inf. UNICEF).

- Existe un aumento de la mortalidad por desnutrición y enfermedades evitables de comunidades indígenas, que sufren la destrucción de los bosques naturales, dañando a la biodiversidad. Esto es provocado por los desmontes que perpetran empresas sojeras y papeleras, como así también el uso indiscriminado de agroquímicos, que generan enfermedades y daños irreversibles a la población.

- La industria de la gran minería provoca la destrucción del medio ambiente, de los cultivos y bosques, del mismo modo que usa el agua de manera indiscriminada, y además la contamina con cianuro y mercurio.

- Un país que no tiene control sobre sus recursos naturales y bienes, es un país sin soberanía. La Argentina perdió su soberanía y el gobierno nacional, como los gobiernos provinciales, continúan vendiendo el territorio nacional a empresas extranjeras, expulsando a las comunidades indígenas y campesinos de sus tierras, violando de esa forma los derechos humanos de las personas y los pueblos.

Proponemos que:

- Se establezcan políticas de protección de los derechos de los niños, dándoles una esperanza real para la vida. Rechazamos la penalización y baja de edad de imputabilidad, ya que significa la criminalización y masacre de la niñez pobre de nuestro pueblo.

- Se recuperen urgentemente los bienes del pueblo y los recursos estratégicos, actualmente en manos de empresas transnacionales. Esos bienes hacen al desarrollo del país, ya que permiten la redistribución de las riquezas y se podría superar el hambre, el desempleo y generar fuentes de trabajo.

- Se re-nacionalicen el petróleo, el gas, los ferrocarriles y que se protejan los recursos naturales, que hoy son saqueados por la vorágine mercantilista de los grandes intereses económicos, dejando sólo pobreza, hambre y marginalidad.

- Es necesario sancionar en forma perentoria la nueva ley de Radiodifusión, ya que es inconcebible que continúe la ley de la dictadura militar y no se establezca una norma que garantice la libertad de prensa: hoy seriamente debilitada y amordazada por las grandes corporaciones que concentran los medios de comunicación y de los cuales el gobierno es cómplice.Los derechos humanos deben ser integrales en la construcción democrática, el ayer y el hoy son instancias que deben fortalecer la resistencia y los valores del pueblo y la forma de alcanzar esos objetivos es: decir y luchar para:

- Generar un nuevo sistema de relaciones sociales, económicas y culturales para nuestro país, nuestro continente y la humanidad toda.

- Que no haya más impunidad del ayer y el hoy .Los 30 mil desaparecidos…. presentes, ahora y siempre.

Seguimos reclamando la aparición con vida de Jorge Julio Lopez

Buenos Aires, 24 de Marzo del 2009"

Adolfo Pérez Esquivel.

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos.

Servicio Paz y Justicia

Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Herman@sNora Cortiñas

Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Mirta Baravalle Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina.

Diálogo 2000

(Fuentes: Adital, ANSA-Latina y El Sol online)

Colombia: Derechos Humanos

EL ESTADO COLOMBIANO ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, DESASISTIDAS POR EL GOBIERNO

La audiencia del Tribunal Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica, entre el 15 y el 17 de septiembre ha acusado al presidente colombiano Álvaro Uribe y al Estado colombiano de violar los derechos humanos. La instancia también critica a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano.

El Tribunal de Opinión es una de las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos, convocada por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas. Durante la audiencia, se escucharon las declaraciones de decenas de personas que denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos. La presidencia del Tribunal quedó a cargo del padre François Houtart, de Bélgica.

El Estado colombiano es condenado por acción, permiso y omisión en la violación de Derechos Humanos. Álvaro Uribe es tenido como el responsable del desplazamiento forzado, por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que se practica en su país, según los testimonios y pruebas aportados. De acuerdo con las declaraciones, esos delitos son realizados por militares y fuerza pública en colaboración con paramilitares, empresarios y compañías transnacionales, bajo la tutela o complicidad de funcionarios públicos.

La Unión Europea también es blanco de críticas por la actuación de las multinacionales europeas en Colombia y por la actitud de los gobiernos de la UE, que también son considerados "responsables" de la situación a causa de su apoyo a las empresas y al gobierno de Uribe.

El drama de los desplazados, en aumento

Son entre 3 y 4 millones en todo el país y siguen aumentando, como en el caso del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Cerca de 2500 campesinos han llegado estos días al casco urbano de Anorí, para protestar contra las fumigaciones. El grupo comenzó el martes pasado para protestar por las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, coca y amapola. Pero las autoridades consideran que la movilización responde a presiones del frente 36 de las Farc, que ha corrido la voz en las veredas de que quien no participe en la protesta será asesinado. “ La gente asegura que los hombres de las Farc les ordenaron no regresar hasta que el gobierno detenga las fumigaciones y pedir indemnización por los daños ocasionados por el glifosato”.

En otros lugares, las víctimas son las mujeres. Así, las mujeres desplazadas denunciaron ante la Corte Constitucional que persisten abusos sexuales, discriminación y desatención del Gobierno y exigieron atención inmediata.
Las mujeres desplazadas aseguraron nate dos magistrados de la Corte Constitucional que sus comunidades continúan siendo víctimas de ataques sistemáticos de grupos armados ilegales para arrebatarles las tierras asignadas por el Gobierno, para favorecer intereses de empresas multinacionales y grupos de narcotráfico.
En esos ataques, ellas son atacadas sexualmente, al ser consideradas un botín de guerra y como una manera de intimidar a la población civil para que se desplace. Las denuncias de las mujeres abordaron también las enormes deficiencias en la atención que les prestan las entidades del Estado encargadas de recibir sus declaraciones, evaluar y atender su situación de desplazamiento. Las representantes afro colombianas pidieron protección especial para evitar abusos sexuales ya que “en Colombia la mujer negra es vista como un objeto de placer y esto aumenta el riesgo de abusos sexuales”.
Por su parte las representantes indígenas reclamaron en su propuesta el reconocimiento de sus territorios, la participación de sus autoridades en los procesos de atención a los casos de desplazamiento y acompañamiento especial en las ciudades de llegada.

Indígenas denuncian abusos del Ejército en el Cauca

Allanamientos a viviendas, disparos en un colegio y detenciones injustificadas realizadas por hombres del Batallón Pichincha del Ejército y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, son las acciones abusivas que denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN.
Según la carta enviada a diferentes medios de comunicación y organizaciones humanitarias, el más reciente episodio se presentó en la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando hombres de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha apoyado por el CTI, ingresaron sin aviso a las casas de los comuneros indígenas del Resguardo de López Adentro, en Corinto, Cauca, para hacer un allanamiento en busca de armas y artefactos explosivos.
Una hora después, y sin haber encontrado nada, los militares partieron hacia el colegio Dxipande, en la vereda vecina de El Pílamo, al que ingresaron sin aviso e hicieron varios disparos sin tener en cuenta que 45 estudiantes asistían a clases.
Aunque no se produjeron heridos, el hecho causó pánico entre los miembros de esa comunidad, que aseguran además estar recibiendo constantes amenazas de parte de los militares que los acusan de ser auxiliadores de la guerrilla y han anunciado un “barrido entre las comunidades para sacar guerrilleros”.

Otros hechos como las intimidaciones de que han sido víctimas José Quitumbo y su esposa Blacenia Ipia, a quienes las tropas han visitado en su vivienda en tres ocasiones entre los meses de mayo y junio pasados, acusándolos se pertenecer a la guerrilla, y la explosión de un artefacto en el resguardo indígena que dejó tres heridos, completan el panorama de violaciones que denuncian los indígenas por parte de la Fuerza Pública.
Los indígenas aseguran que se encuentran entre el fuego cruzado, pues este tipo de intimidaciones se reciben también a diario por parte de la guerrilla y hacen un llamamiento urgente de ayuda a organizaciones colombianas y a la comunidad internacional.

Víctimas contra el miedo

Medio millar de víctimas de la región de la Costa Caribe de Colombia han participado en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso , autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país.

La cita era en el estadio de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares y guerrilleros en los últimos años.

500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación.
A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social.
El gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, reconoció las atrocidades que se han cometido en la región. "Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", dijo el gobernador. Su antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares.

Habló Juan Carlos, un hombre que dijo que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios". Así muchas de las personas que asistieron al acto no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales.

En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?".

El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia.

El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. El representante a la Cámara Guillermo Rivera declara que él cree que la iniciativa saldrá adelante. "Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dice.

Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación.
Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares. Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta.

¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados? (*)

Es urgente una salida excepcional. Así como la seguridad democrática o la Ley de Justicia y Paz, se necesita un proyecto de Nación para los desplazados.

En toda guerra hay vencedores y vencidos. Pero en el caso de Colombia, aunque la guerra no ha terminado, una inmensa cantidad de derrotados ha llegado a las capitales para colgarse, como si fueran salvavidas, de sus barriadas más pobres. El drama del destierro va más allá de la cifra oficial de 2,6 millones de colombianos que tuvieron que escapar de su pedazo de territorio. Son una nueva clase social. Y los indicadores muestran que viven en condiciones más críticas que los indigentes urbanos.

Los efectos sicológicos, sociales y culturales del destierro sobre toda una generación de colombianos son parte de una historia que ni se ha contado, ni se ha dimensionado, ni se ha padecido en su verdadera intensidad. ¿Cuántos pueblos murieron por completo tras una brutal masacre? ¿Cuánta memoria se perdió? ¿Cuántos vínculos de comunidad se rompieron para siempre? ¿Con qué recuerdos crecerán los hijos de los desterrados? ¿Qué puede ser, por ejemplo, de un municipio como el Carmen de Bolívar al cual 56.000 de sus 80.700 habitantes se ven obligados a huir por temor a la muerte? Es como si de Bogotá de repente tuvieran que huir cinco millones de personas.

Llegan a otros lugares, arrastrando sus cuerpos cansados, con el estómago vacío y miran aturdidos unas calles que nunca antes habían visto. Sin nada y sin nadie. Llegan como a otro planeta. En la jungla de cemento no les sirve para nada lo que saben: sembrar la tierra o levantar ganado. Muchos no saben leer y escribir y la vida se les vuelve una pesadilla. Y traen con ellos un recuerdo atrofiado de lo que era su familia y los lazos de comunidad que dejaron atrás y que nunca más se van a reparar. Sufren de tres enfermedades, para las que no hay cura: el destierro, el desarraigo y el ser descastados.

El costo para el país no se puede reducir simplemente a los casi seis billones de pesos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe –puesto contra la pared por la Corte Constitucional– ha destinado para ellos de 2003 a 2010. Las consecuencias son inmensas: la tierra, la memoria, la cultura, la historia, el núcleo familiar, en fin, los pilares de una sociedad.

¿Qué pasó? Hay quienes dicen que la legítima defensa que invocaron los paramilitares fue sólo una distracción o un pretexto para tomar el control de las tierras. Y la realidad les da la razón. Para otros, la captura de las tierras fue el resultado de la guerra: quienes ganan se quedan con el botín.

En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son el epicentro del conflicto armado. A finales de los años 30, el agotamiento de la frontera agrícola y el crecimiento de las exportaciones provocaron que los grandes terratenientes expulsaran a los colonos y arrendatarios y los reemplazaran por trabajadores asalariados.

Hace apenas ocho años, cuando comenzó el siglo XXI, Colombia era una Nación altamente vulnerable. En el 60 por ciento de los municipios del país no había Fuerza Pública y en muchos de ellos no había nada ni nadie que representara al Estado. La guerrilla imponía sus impuestos, extorsionaba y secuestraba. Los paramilitares, asesinaban y robaban las tierras. Cada cual trataba de quedarse con el poder local y regional. Y para asumir el poder, el control territorial era esencial.

Se dio un fenómeno inverso a la modernidad. Al contrario de lo que significó el avance al Estado Nación que en el siglo XVIII destruyó las viejas formas feudales y construyó la idea de un ciudadano con derechos que reconoce al Estado como su ámbito legal, Colombia, en el ocaso del siglo XX estaba destruyendo ese Estado moderno para volver a un esquema feudal. Los señores de la guerra eran la autoridad: se dieron zonas donde la guerrilla impuso sus cartillas y otras donde los paramilitares ‘esclavizaron’ pueblos enteros.

En menos de 10 años el mapa del país cambió. Desaparecieron veredas y caseríos. Muchas regiones del campo se desocuparon, los cordones de miseria de las ciudades se ensancharon y la tenaza de los narcos con los paramilitares y la guerrilla impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes en el país.

Nadie tiene aún los datos globales de lo que ocurrió. Cálculos académicos indican que si se fueran a restituir las tierras de los desplazados se tendrían que entregar cerca de siete millones de hectáreas. Los ejemplos de la concentración de tierras pululan (en un sector de Urabá, en el que en 1986 existían más de 600 propietarios de tierra, para el año 2000 ya no eran más de 50) y los del despojo también (en Tulapas, Turbo, alias el ‘Alemán’ desalojó a más de 350 familias y se quedó con sus tierras).

Frente a esta descomunal tragedia, frente al desafío más importante que tiene el país, el Estado ha sido tan negligente como indolente. Por momentos, se evidencia una mayor preferencia por el victimario que por la víctima. Mientras los unos reciben un apoyo de 520.000 pesos durante año y medio, estas reciben 280.000 pesos por tres meses.

Pero no es sólo la eventualidad de un pago. Servidores públicos de varias entidades, en especial en la región Caribe, sometieron al Estado al yugo de los paramilitares. Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera.

El Ministerio de Agricultura es el que más desdén ha mostrado por los desplazados. La ley de Desarrollo Rural, que los pudo haber tenido a ellos como protagonistas, por el contrario fue aprovechada para que los institutos que dependen del ministerio se descargaran de responsabilidades que tenían con los desterrados. Y ha sido el gran mentor del ‘modelo Carimagua’, toda una doctrina de desarrollo rural de grandes proyectos agrícolas en los cuales los desplazados no son protagonistas sino mano de obra barata contratada a destajo.

En el año 2004 fue tan evidente la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, que aún hoy, cuatro años después de la declaratoria, no se supera.

La única dependencia que parece estar haciendo un gran esfuerzo es Acción Social y ministerios como el de Educación y Salud, que han logrado importantes coberturas para la población desplazada. Pero a pesar de la envergadura del proyecto y de la inyección de nuevos recursos, ellos mismos admiten que todavía falta mucho para cambiar la historia. Es una realidad abrumadora y a pesar de todos los esfuerzos no será suficiente mientras que no se diseñe una salida extraordinaria para el fenómeno de los desplazados ¿Por qué un gobierno que propone como proyecto de Nación la seguridad democrática para acabar con la guerra, o un Estado que propone un proyecto jurídicamente tan ambicioso como el de Justicia y Paz para desarmar a 35.000 paramilitares, no propone un proyecto de Estado para rescatar a los desterrados?

La Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado propone la creación de una comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras. Hay otros que van a impulsar algo de mayor impacto: una justicia transicional –tipo Ley de Justicia y Paz– en materia civil para enfrentar el tema.

En la historia de la humanidad la tierra es mucho más que un pedazo de territorio. La tierra encarna la identidad, la cultura, el imaginario de Nación, la historia y la construcción de una sociedad a través del núcleo familiar. Grandes guerras de la humanidad y grandes revoluciones se ha dado por la emancipación, la libertad y la tierra.

Si 20.000 kilómetros cuadrados que los palestinos le reclaman a Israel han tenido en vilo al mundo y han marcado 60 años de guerra en Oriente Medio, el despojo de cinco millones de hectáreas tienen que sacudir el alma de Colombia.

(*)Informe publicado el 15 de septiembre de 2008 por la revista colombiana Semana

(Fuentes: CODHES-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, DPA, Adital, BBC-Mundo y Semana)

Colombia:Acuerdo Humanitario

ECUADOR ANUNCIA QUE INGRID BETANCOURT PODRÍA SER LIBERADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. ESTUDIANTES MEXICANOS ENTRE LOS MUERTOS Y HERIDOS DEL ATAQUE DEL EJÉRCITO COLOMBIANO. MILES DE PERSONAS EN LAS MARCHAS CONTRA LOS CRÍMENES DE ESTADO

El ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, afirma que "en los próximos días" podría ser liberada Ingrid Betancourt y otros rehenes en poder de las FARC. El ministro ecuatoriano se lo adelantó en exclusiva al enviado especial del canal argentino de noticias América 24. Larrea precisó que Betancourt podría ser liberada junto a "tres ciudadanos norteamericanos, cuatro policías, tres militares colombianos y un ecuatoriano". En la misma entrevista mencionó que hasta antes de la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en una ataque colombiano contra las FARC en territorio ecuatoriano, se negociaba la liberación de Betancourt para "el 14 de marzo".

Francia conocía contactos de Ecuador con las FARC

Francia conocía los contacto spara liberar a doce rehenes, incluida Ingrid Betancourt, según declaración de la embajada francesa en Quito a la Agencia France Presse .
"La embajada francesa estaba al tanto de que Ecuador tenía contactos con las FARC para liberar a rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt", declaró el embajador de Francia en Quito, Didier Lopinot, a través de su agregado de prensa Nicolás Dumas.

El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, manifestó el miércoles que "las FARC nos habían comunicado su disposición a liberar a Ingrid Betancourt y a un grupo de secuestrados. Esa información la comunicamos inmediatamente a la embajada de Francia, y a través del embajador francés al presidente (Nicolas) Sarkozy".

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantuvo ayer una entrevista en Caracas con Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla de las FARC desde 2002.

Correa llegó a Caracas en una corta visita, en el marco de su gira por varias capitales latinoamericanas para exponer su posición en la crisis con Colombia, y se reunió con el presidente venezolano, Hugo Chávez. Antes de emprender la gira, Correa dijo en Quito, que la operación militar de Colombia frustró las negociaciones para liberar a doce rehenes de esa guerrilla, entre ellos la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt. En una cadena de televisión, Correa indicó entonces que las negociaciones 'estaban bastante avanzadas para liberar en Ecuador a doce rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt'.'Ahora todo fue frustrado por las manos guerreristas y autoritarias', afirmó. En la misma intervención televisiva, el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, quien admitió que había mantenido contactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para buscar la entrega de los secuestrados, precisó que a Betancourt la podrían haber liberado en este mes. Ahora Larrea da a entender que las gestiones siguen y que un grupo de rehenes, Betancurt entre ellos, podrían ser liberados en unos días.

¿Diez mexicanos muertos?

En el ataque-invasión del Ejército colombiano contra las FARC en Ecuador resultó herida la mexicana Lucía Andrea Morett, lo que ya era conocido. Pero ahora el
Luego de que el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, asegura que al menos 10 mexicanos podrían estar entre los muertos. Larrea dijo a periodistas en Quito que los fallecidos eran un grupo de alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de México, y que según esa casa de estudios, "vinieron a hacer una investigación sobre la única fuerza insurgente que pervive en Sudamérica hoy".
Larrea también informó que al menos cinco familias mexicanas se pusieron en contacto con las autoridades de Ecuador para saber si sus pariente estaban entre los fallecidos en el ataque.
Sin embargo, en México se aclaró que las autoridades ecuatorianas no tienen todavía ningún resultado de las autopsias que se les están practicando a los cadáveres.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el personal diplomático colabora con las autoridades de Colombia y Ecuador para confirmar las posibles muertes de mexicanos en el ataque.

La noticia de las muertes de al menos dos mexicanos se dio a conocer en los periódicos La Jornada y Reforma, aunque el primero informaba sobre un fallecido, mientras que el segundo decía que habían sido dos.
En el ataque resultó herida la mexicana Lucía Andrea Morett, también estudiante de la UNAM. Entre las posibles víctimas de la agresión militar colombana, se cita a Juan González del Castillo, militante internacionalista . De acuerdo con La Jornada, Del Castillo se encontraba junto a la mexicana herida en el ataque y había viajado a Ecuador el pasado 31 de enero, un día antes del bombardeo, y pertenecía a la cátedra Libertador Simón Bolívar de la UNAM, en la que Morett Álvarez era coordinadora.
A través de una carta dirigida a los medios de comunicación, los padres de Lucía Andrea, de 27 años, aseguran que ella no es guerrillera y que viajó a Ecuador porque estaba realizando un trabajo de investigación.
"Nos sorprende sobremanera enterarnos del trato que en la mayoría de los medios se da a la información cuando se señala a Lucía Andrea como posible, o incluso, directamente, como guerrillera de las FARC, dadas las implicaciones que esa contundente afirmación conlleva", reza la carta.

Por su parte, la UNAM emitió ayer un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la salud de Lucía Andrea Morett Álvarez y por la posibilidad de que algún otro miembro de la comunidad universitaria "haya resultado afectado fatalmente por los sucesos del pasado 1 de marzo". En el comunicado, la institución expresa "su rechazo al uso de estereotipos que deforman la imagen de los universitarios y de nuestra institución. Estos señalamientos no son nuevos. Preocupa que, una vez más se intente, como hace más de cuatro años, involucrar a esta casa de estudios con grupos ajenos al quehacer universitario".
También informa que se han realizado gestiones ante el gobierno para que se garanticen cabalmente los derechos de la estudiante y su salud.

Nicaragua rompe con Colombia antes de la Cumbre del Grupo de Río

La crisis regional provocada por la agresión militar colombiana contra territorio de Ecuador, se profundizó con la ruptura de relaciones diplomáticas de Nicaragua con Colombia. La ruptura, fue anunciada en Managua por el presidente Daniel Ortega, junto a su par ecuatoriano, Rafael Correa. El anuncio en Managua coincidió con la advertencia lanzada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, de que la crisis "no está resuelta", pese a la resolución que defendió la inviolabilidad de la soberanía de los estados. Ortega dijo que la ruptura responde a las acciones "terroristas" del gobierno de Alvaro Uribe, y porque a su entender no respeta un fallo internacional sobre un diferendo limítrofe. Correa agradeció "el gesto solidario" de Ortega y dijo que "no se trata de un asunto bilateral, sino que Colombia en su política es un peligro para todos los latinoamericanos". En tanto, el titular de la OEA aclaró que el diferendo entre Bogotá y Quito "no esta resuelto" y abogó para que los presidentes Uribe y Correa puedan reunirse en Santo Domingo, en la cumbre que celebra el fin de semana el Grupo de Río.

El conflicto andino está en la agenda. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa instó al Grupo de Río a que condene a Colombia por la incursión .
El Grupo de Río está integrado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Misión de la OEA visitará la zona de la agresión

Argentina, Bahamas, Brasil, Panamá y Perú integrarán la comisión de la Organización de Estados Amerianos (OEA) que visitará la zona ecuatoriana donde se produjo el ataque militar del ejército colombiano contra las FARC. La misión estará encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y embajadores de los cinco países que recorrerán el punto fronterizo donde se llevó a cabo el operativo militar que masacró a 22 personas, entre ellos al comandante guerrillero Raúl Reyes. “La misión del cuerpo será presentar fórmulas de acercamiento y elevar informes para la reunión de consultas de cancilleres, que tendrá lugar el 17 de marzo en la OEA”, expone el comunicado de la cancillería ecuatoriana. La OEA aprobó una resolución en la que consideró que la operación militar colombiana violó la soberanía ecuatoriana y dejó el caso en manos del grupo que reúne los jefes de la diplomacia. Además del secretario general y los embajadores designados, la comisión estará integrada por otros cuatro observadores.

Las Marchas contra los Crímenes de Estado reclaman también el Acuerdo Humanitario

Miles y miles de personas participaron ayer en las marchas multitudinarias contra la violencia de los grupos paramilitares y los crímenes de estado en Colombia. Las muchedumbres llenaron las principales calles de Bogotá y de otras 20 ciudades y poblaciones del país. A las manifestaciones también se sumaron plantones y concentraciones en respaldo de la iniciativa realizadas en España, Francia, Suiza, Alemania, México y Ecuador, entre otros países.

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, de la coalición opositora Polo Democrático , vestido de camiseta blanca, acompañó la marcha y manifestó su alegría porque "la gente ha dado una muestra de tranquilidad y sobre todo de mucha convivencia y de mucha tolerancia", en la manifestación. La gran caminata de protesta se inició en la mañana con encuentros de los participantes en siete sitios de Bogotá, que confluyeron todos en la Plaza de Bolívar, en pleno corazón del poder del país, pues en sus alrededores están los edificios del Palacio de Justicia, el Congreso, la Alcaldía y Presidencia. La marcha fue convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)y no contó con el apoyo del gobierno ni de los partidos de su coalición, que justificaron su ausencia argumentando que en Colombia "no hay crímenes de estado". Numerosos representantes del oficialismo están acusados de nexos con los paramilitares.

Durante la movilización se escucharon consignas como "Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate", "Uribe, paraco, el pueblo está berraco", "Uribe, Marulanda, el pueblo es el que manda" y "Acuerdo Humanitario ya".

El Gobierno no acude, pero señala con calumnias

Sin el despliegue mediático que tuvo la marcha del 4 de febrero pasado contra las FARC, miles de colombianos se movilizatron para protestar contra paramilitares y crímenes de Estado.

La convocatoria la hizo oficialmente el presidente del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, Iván Cepeda, cuyo padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado por los grupos paramilitares en agosto de 1994.
Iván Cepeda, como centenares de familiares de víctimas de la violencia, mantiene una lucha sin cuartel para lograr que la sociedad dimensione de igual forma a víctimas y crímenes, sin importar el sesgo ideológico de quienes los cometieron.
Por otra parte, Stella, una mujer morena, robusta y alta, quien la semana pasada asistió a la lectura de los relatos de víctimas de los grupos paramilitares que se realizó en la plaza de Bolívar de Bogotá, abogó por ese reconocimiento de igualdad.
‘Mi familia y yo vivíamos en Chigorodó, en el oeste del país, pero de allí fuimos desplazados por los paramilitares que llegaron a las fincas de la región y mataron a varios de nuestros familiares para obligarlos a salir’.
Para ella, la marcha del 4 de febrero pasado mostró la fortaleza que ha tomado el país para rechazar la violencia de las FARC, pero lamentó que esa vehemencia no sea la misma contra los paramilitares. "Muchos compañeros de nuestra causa vieron cómo sus familiares fueron mutilados con motosierras, golpeados con martillos o acribillados. Pero el país no se ha puesto en pie para rechazar estos crímenes que son tan fuertes como los de las FARC’. Y añade que ‘es ahora cuando queremos que el país entienda que existimos otras personas que también hemos sufrido la violencia y que crímenes son los de las FARC, pero también son crímenes los de los paramilitares’.

La marcha del mes pasado contra las FARC tuvo el apoyo irrestricto del gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez, que se unió a la convocatoria y marchó al lado de los jóvenes que hicieron parte de la manifestación.
Cepeda recordó que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que están en proceso de desarme desde 2004, respaldaron la marcha del 4 de febrero pasado y en ese momento ni Uribe Vélez ni su gobierno se manifestaron contra ese apoyo, pero ahora se atreven a decir que las marchas de la MOVICE está respaldada por la guerrilla.
Y recordó que hay documentados más de 900 casos de desapariciones y homicidios promovidos por agentes del Estado colombiano en los últimos años.
Indicó que la marcha ‘es por los desplazados, por los desaparecidos, por los asesinados y sobre todo por hacer un homenaje nacional a las víctimas de la violencia en Colombia’.
‘Nosotros no estamos con ningún grupo armado. Lo que queremos es una salida negociada al conflicto y que haya verdad, justicia y reparación para todos y todas’, dijo Cepeda.

La marcha estuvo llena de simbolismos ya que en las calles del centro de Bogotá se instalaron más de mil 500 carteles con los nombres de las víctimas, además de 500 siluetas con la identidad de igual número de fallecidos.
En las cercanías de la Plaza de Bolívar se colocó un símbolo con la leyenda “Fosas Común… es?” y se reseñaron los municipios colombianos donde se sabe de la existencia de cementerios clandestinos.
Los grupos que conforman las AUC firmaron hace tres años un acuerdo de desmovilización con el gobierno, por lo cual unos 30 mil de sus militantes dejaron las armas y se comprometieron a decir la verdad de sus acciones a la justicia y reparar a las víctimas.
Desde el inicio del proceso, algunos de los desmovilizados, que obtendrán penas máximas de ocho años de cárcel gracias a los acuerdos, confesaron crímenes de lesa humanidad y comenzaron a dar pistas sobre la ubicación de centenares de fosas comunes.
Aún se carece de un cálculo preciso del número de muertos atribuibles a la organización ultraderechista, aunque se sabe que hay 4 millones de desplazados y miles de víctimas inocentes en todo el país producto de su guerra contra las guerrillas.

(Fuentes: ANSA-Latina, El Universal-Caracas, EFE, BBC-Mundo, ABN-Venezuela y NovaColombia)

Colombia:Conflicto interno

VUELVEN A DESATARSE LAS CIFRAS DE LOS DESPLAZADOS DE GUERRA, QUE SE ACERCAN A LOS 4 MILLONES. SE ULTIMAN LOS PREPARATIVOS DE LAS MARCHAS DEL 6 DE MARZO CONTRA LOS CRÍMENES DE ESTADO

El número de refugiados internos, desplazados por el conflicto o desalojados forzosos, como así se les denomina, no sólo no se reduce sino que va en preocupante aumento en Colombia, que es el segundo país del mundo, después de Sudán, por este concepto.

Según el informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desalojo (Codhes), divulgados el miércoles 26 de febrero, en 2007, Colombia tuvo el más alto número de desalojos forzados de los últimos cinco años. Casi 306 mil personas dejaron sus casas en dirección a otros 843 municipios.
La Consultoría atribuye este aumento del 20% en relación a 2006 al rearme paramilitar, a los enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de las acciones policiales y militares para la erradicación de los cultivos ilícitos (hoja de coca y amapola).

La capital Bogotá es el destino más frecuente de las personas que tienen que dejar sus casas por miedo al conflicto armado, casi 45 mil personas sólo el año pasado; en seguida está el departamento de Nariño, con la recepción de 32.856 víctimas de desalojos. En total, son 32 departamentos afectados.
Las familias temen perder a sus hijos a causa del conflicto armado, sea por las guerrillas, sea por los grupos paramilitares. En los territorios en los que vivían, tenían que convivir constantemente con amenazas, atentados, bombardeos y miedo a las minas terrestres.
La Codhes identificó nuevas zonas de desalojo, en razón de las nuevas dinámicas del conflicto armado, como la zona de ejecución del Plan Consolidación del presidente Uribe(antiguo Plan Patriótico).

La confrontación entre los grupos armados continúa causando graves violaciones de los derechos humanos, con una violencia cruel que no diferencia civiles de combatientes y hace uso indiscriminado de las armas de fuego.
"Los enfrentamientos trascienden a los combatientes y se trasladan con crueldad en contra de la población civil, bajo la acusación de pertenecer o auxiliar a alguno de los dos grupos. No se conoce el número de muertos, pero llega a cientos, especialmente en el departamento de Arauca".


Los paramilitares siguen en activo

El informe de la Codhes confirma un dato repetido desde hace mucho por las entidades de derechos humanos colombianas: los paramilitares no fueron desmovilizados. En los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle, Cauca, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Vichada y Casanare, jóvenes actúan con otras ropas y nombres, pero siempre con la complicidad de las autoridades y bajo la tutela de narcotraficantes.
"Ellos realizan operaciones en contra de la población civil; cuidan o disputan cultivos, laboratorios, rutas de narcotráfico; desalojan a campesinos, indígenas y comunidades negras; apoyan a candidatos y se infiltran en administraciones locales", dice el informe.
Uno de los problemas detectados por la Consultoría es que el gobierno no reconoce los desalojos forzados a causa de las fumigaciones de los cultivos ilícitos y nadie lucha por los derechos de esas personas: "La guerrilla, los paramilitares y la necesidad los obligan a cultivar, el ejército y la Policía los persigue, la Acción Social no los reconoce y la Procuraduría los mira con sospecha".

Colombia es el segundo país en el mundo con mayor número de desplazados después de Sudán. El Gobierno de Colombia estima que hay entre 2,5 y 3 millones. Pero según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 3.662.842 personas han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y esa cifra no ha hecho sin aumentar desde entonces. Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. .

La Marcha contra el paramilitarismo se aproxima

Las articulaciones para la marcha contra los paramilitares, el próximo día 6 de marzo, se intensifican en Colombia. Las organizaciones sociales del país se articulan para combatir a esa fuerza -compuesta por paramilitares y miembros del ejército- que ya "desaparecieron" a más de 15 mil colombianos y son responsables del 80% de los crímenes del conflicto armado interno vivido en Colombia.
La marcha central "Por los desaparecidos, los desalojados, los masacrados y los ejecutados" será realizada en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Durante el acto, el poeta colombiano William Ospina leerá una proclama y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) un comunicado. Los participantes van a llevar fotos de las víctimas de los crímenes paramilitares.
Sólo en enero de este año, los paramilitares fueron los responsables de 2 masacres, 9 desapariciones forzadas y 8 asesinatos. Los integrantes del ejército por 16 ejecuciones extrajudiciales. Aunque el gobierno diga que las fuerzas paramilitares fueron desmovilizadas, desde 2002, esas mismas fuerzas asesinaron a 600 personas por año. El ejército ejecutó a 950 personas.
Entre 1982 y 2005, los paramilitares realizaron 3.500 masacres y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos supuestamente desmovilizados, asesinaron a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5 mil miembros de la Unión Patriótica.

Marchas internacionales solidarias

La marcha, cuyo lema es "Colombia somos todos", tendrá el apoyo de los movimientos sindicales de 150 países. El sindicalismo mundial estará reunido frente a la embajada colombiana en cada uno de esos países para homenajear a las víctimas paramilitares. El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Colombia, dice que más allá de hacer este homenaje, los sindicalistas quieren explicaciones sobre los 2.574 sindicalistas muertos en el país.

La marcha será realizada en el marco del IV Encuentro del Movice(Movimiento de las Víctimas de losw Crímenes de Estado). Al contrario de lo ocurrido en ocasión de la marcha progubernamental del 4 de febrero, para la cual las empresas liberaron a sus empleados, esta vez hay inclusive amenazas de despidos para quien falte al trabajo.

Amenazas del gobierno Uribe

El principal asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, se ha permitido decir que se trata de una manifestación organizada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues una página de Internet del grupo la apoyó. En Nariño, las organizaciones que están organizando la manifestación fueron consideradas "objetivo militar".
La psicóloga Claudia Girón, integrante del Movice, dice que no se ignora los crímenes de los grupos guerrilleros, "pero un Estado que viola los derechos humanos es un problema de otro nivel, porque no es cualquier actor. Supuestamente es el que garantiza los derechos".
"Eso no quiere decir que el dolor de las víctimas de los grupos insurgentes no sea igual que nuestro dolor. Consideramos profundamente lo que ellos son, como humanos, y repudiamos los crímenes que son cometidos contra ellos", agrega.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado(MOVICE) recuerda en su llamamiento, los datos: Tuesday, Feb. 12, 2008 at 6:13 PM
"En medio de la criminalización de las víctimas, del olvido que arropa el tiempo de esta desusada democracia, de las cerca de 60 mil víctimas de crímenes de lesa humanidad desde 1960, de los cerca de 15 mil desaparecidos, las más de 3.000 fosas existentes, más de 4 millones de desplazados forzados y más de 7 millones de hectáreas de tierra apropiada ilegalmente un Homenaje a las Víctimas de Crímenes de Estado. En su memoria andando por las calles, afirmando su dignidad, y la construcción de verdad, justicia, reparación integral, el próximo 6 de marzo en diversas partes de Colombia y el Mundo. En la sensibilidad de la solidaridad, en la comunicación de la palabras y de los abrazos, en la presencia de los ausentes en la memoria oficial un Homenaje a las Víctimas. "

Otras marchas en el mundo

Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil se han sumado a esta iniciativa y varios grupos en el facebook están llamando a unirse a la iniciativa de Colombia.

-En Argentina se ha convocado a una concentración en la Plaza San Martín de Buenos Aires con la participación de connotados intelectuales, representantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo Línea Fundadora y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

-En Francia se ha llamado a participar a las comunidades residentes en Marsella, Rennes, Grenoble, Lyon y en París se seleccionó como lugar de encuentro la Plaza de los Derechos Humanos.

-En España, Madrid y Barcelona en la Plaza de Cataluña se está convocando a un acto similar.

- Igual ocurre en capitales de Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica, Canadá, Italia y en algunas ciudades de Estados Unidos como Washington, Nueva York y Madison.

Marcha solidaria en Quito(Ecuador)

Desde Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), llaa a los ecuatorianos a sumarse a una macha solidaria y dice: " Pronunciarnos sólo contra el secuestro o contra uno de los actores armados, es silenciar a la mayoría de las víctimas de la guerra en Colombia y contribuir a la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad que a diario se cometen en el país.A las voces contra el secuestro en Colombia, debemos sumar las denuncias de más de 41.400 casos de PERSONAS TORTURADAS, 15.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS, más de 3.500 MASACRES, 1.700 ASESINATOS DE INDÍGENAS, 2.550 de SINDICALISTAS, 5.000 MIEMBROS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, mas de 700 personas halladas en FOSAS COMUNES, así como un sinnúmero de EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES y de VIOLACIONES SEXUALES. De igual forma, deben contarse los más de 4 millones de personas DESPLAZADAS, por lo menos 250.000 en SITUACIÓN DE REFUGIO en Ecuador y más de 7 millones de hectáreas de TIERRAS a ellas y ellos DESPOJADAS. Sumamos también nuestras voces contra las MASACRES y los DESPLAZAMIENTOS masivos en Mapiripán, El Aro, La Granja, Chengue, Mejor Esquina, Barcelona, La Negra, el Alto Naya, Honduras, Pueblo Bello, Las Tangas, Buenos Aires, El Salado, La Chinita y San José de Apartadó. Inredh añade a los motivos de la convocatoria las consignas en favor de la negociación política del conflicto y por el acuerdo humanitario. Y convoca en Quito , Jueves 6 de marzo, 11h00, desde la Plaza Foch hasta la Embajada de Colombia.

La relación de la CIA con los grupos paramilitares

El pasado 16 de febrero, el semanario colombiano 'Semana' publicó un interesante informe que tituló "Pacto del Diablo" sobre documentos recien desclasificados por Washington y que dejan en evidencia la relación de la CIA con los grupos paramilitares colombianos. Este es el texto.

"Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', es un hombre de pocas palabras y de miles de secretos. Son pocas las cosas que han salido de su boca, a pesar de que él ha sido uno de los protagonistas de la historia de violencia de Colombia en las tres últimas décadas. En efecto, en las audiencias públicas de Justicia y Paz no resuelve los interrogantes; en los frecuentes escándalos de los comandantes presos en la cárcel de Itagüí se refugia en el silencio; como en el pasado lo hizo cuando impuso su ley en Santa Fe Ralito en calidad de inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y muchos años atrás, cuando era un fiel, discreto y eficiente sicario de la familia Castaño. En esas tareas fue testigo de la creación de los Pepes, una coalición del mundo del hampa cuyo único fin era cazar vivo o muerto al capo Pablo Emilio Escobar Gaviria.SEMANA tuvo acceso a una serie de documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplomáticos de Estados Unidos en los que queda en evidencia la participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar a Escobar . El hecho adquiere hoy una singular importancia porque aquella fuerza a la que se le dio ese impulso tuvo una metamorfosis hasta convertirse en las bandas de paramilitares que el propio Washington califica ahora como "terroristas" y de cuyos jefes reclama "la extradición".¿Cómo ocurrió todo esto? El cuento es el siguiente: Tras las huellas de Escobar no sólo iban los gatilleros del bajo mundo. Simultáneamente, las autoridades legales también lo buscaban. El presidente de la República, César Gaviria Trujillo, guardaba entre ceja y ceja a Escobar. No sólo tenía un deber constitucional de dar con su paradero, sino que lo motivaba una obligación moral, pues se lo había prometido en la tumba de Luis Carlos Galán Sarmiento, su líder asesinado por la mafia. Gaviria creó para esta misión el Bloque de Búsqueda, un grupo elite de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa contó de inmediato con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. En ese entonces, el embajador en Bogotá, Morris Busby, prometía en público que el capo, más temprano que tarde caería. Era común ver la llegada a los aeropuertos de Bogotá y Medellín de hombres del Departamento Antidrogas Estadounidense (DEA) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que se sumaban al Bloque de Búsqueda.

Vicente Castaño después de la creación de los Pepes prosiguió alimentando su ejército que se transformó con el tiempo en las AUC.
Una de las revelaciones más sorprendentes de los documentos desclasificados es que reconoce que Estados Unidos espiaba al presidente Gaviria. A la derecha, Morris Busby, embajador de ese país en Bogotá en aquella época

Fidel Castaño fundó Los Pepes y, según los informes ahora desclasificados, recibió ayuda de la DEA y de la CIA para matar a Escobar. Paralelamente, en sus haciendas, los entonces miembros de la familia Castaño buscaban apoyo para enfrentar a su rival. Fidel y Vicente eran los líderes de esa causa a la que sumaron a su hermano menor, Carlos, y al otro poderoso clan de la época, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que dirigían el cartel de Cali. Era frecuente que en las noches, cuando se decía que Escobar estaba en determinada finca, llegaran camionetas blindadas, con los vidrios oscuros, en las que era prácticamente imposible determinar la identidad de sus ocupantes: ¿eran del Bloque de Búsqueda legal? o ¿del improvisado combo de los Pepes? ¿trabajaban en conjunto? Las respuestas a estas preguntas hasta ahora han sido un misterio. Durante muchos años se especuló sobre los lazos que en 1993 estableció la CIA con los Pepes para dar de baja a Escobar. Con la misión de saber la verdad, son muchas las organizaciones que han exigido correr todos los velos. El caso ha sido motivo incluso hasta de libros que se han convertido en best seller. El investigador Michel Bowden, en su libro Matando a Pablo, sugirió en varios apartes las conexiones que existieron entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Escobar.En este proceso por aclarar aquellos años aciagos, The National Security Archive, una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados por el Gobierno Federal de Estados Unidos, decidió tomar todas las piezas para armar el rompecabezas. Michael Evans le dijo a SEMANA que, valiéndose del Acta de Libertad de Información (Foia), una herramienta jurídica para desclasificar documentos secretos, tiene una rica información que "son la evidencia más definitiva que se ha desclasificado hasta hoy" y que le permite afirmar que "vincula la ayuda norteamericana de seguridad a una organización paramilitar terrorista de Colombia".Según Evans, contando con estos archivos hasta ahora bajo llave en Estados Unidos, queda claro que el Bloque de Búsqueda fue apoyado por ese país "para localizar el narcotraficante fugitivo Pablo Escobar, compartía la inteligencia con Fidel Castaño".Por si esto fuera poco, esta afirmación está sustentada en otro hecho también muy grave. En el resultado de un trabajo de espionaje de Estados Unidos al gobierno de Colombia. "La nueva evidencia también ilumina el papel en las operaciones y los reportes que producían sobre el mismo gobierno colombiano. Estados Unidos monitoreaba con mucho esmero las reuniones entre el Presidente de Colombia y sus altos funcionarios de la seguridad". Es decir, que al tiempo que le ayudaba al presidente Gaviria, se le espiaba en todos sus movimientos. Entre los documentos desclasificados existe uno procedente de la embajada a través de "un cable diplomático" de fecha agosto de 1993: 'Desenredando la trama de intrigas de los Pepes'. Este revela que agentes de Estados Unidos "vigilaban el círculo íntimo del Presidente colombiano".La información más importante en el cable se atribuye a 'Palo', una fuente al parecer de la CIA. Según éste, el fiscal Gustavo de Greiff había dicho a la embajada que tenía "una nueva, muy buena (información que) mostraba los vínculos entre importantes miembros de la Policía encargados de la captura de Pablo Escobar Gaviria (el 'Bloque de Búsqueda') con varias actividades criminales y violaciones de los derechos humanos cometidas por los Pepes".El cable describe, además, una serie de reuniones entre altos funcionarios colombianos sobre el tema de los Pepes en febrero de 1993. "En una reunión, según la información envíada por 'Palo', el director de la Policía Nacional de Colombia, general Miguel Antonio Gómez Padilla, dijo 'que había ordenado a un alto oficial de inteligencia de la PNC mantener contacto con Fidel Castaño, líder paramilitar de Los Pepes, para recopilar información de inteligencia'".Unos días después, la fuente 'Palo' reportó que el presidente colombiano, César Gaviria, ordenó cesar la cooperación de inteligencia con los Pepes, y mandó al comandante de inteligencia de la PNC, Luis Enrique Montenegro Rico, "a 'pasar la voz' que los Pepes se deben disolver inmediatamente". Montenegro, según la fuente, "no era un miembro de los Pepes, pero como comandante de la inteligencia policíaca conocía algunos de los miembros, y estaba consciente de sus actividades".El hecho de que Gaviria decidió entregar su mensaje a los Pepes a través de uno de sus altos comandantes policíacos también fue "significativo", según la embajada de Estados Unidos en Bogotá, como un claro indicio de que "el Presidente creía que las Policías estaban en contacto con los Pepes". The National Security Archive -que publicará esta semana en su página web toda esta información- dice que entre los documentos se encuentra un informe de la embajada, un mes después de la muerte de Escobar, que alerta sobre el hecho de que "cualquier evidencia de la complicidad entre (el cartel de) Cali y la Policía en las actividades de los Pepes habría sido seriamente dañina a la credibilidad del Bloque en sus esfuerzos en contra de Escobar". Así que la Embajada reportó en el cable 'Trama de intrigas' que el Presidente Gaviria "tiene que manejar el asunto de una manera que saque a los otros perseguidores, pero, al mismo tiempo, sin ir a desacreditar los esfuerzos policíacos contra Escobar".Tras la muerte de Escobar, los hombres del bajo mundo que se le habían enfrentando se reorganizaron y revitalizaron su músculo militar. Así, por ejemplo, los hermanos Castaño. En mayo de 1994, sólo cinco meses antes de la disolución del Bloque, la rama de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos llamaba a Fidel Castaño un 'super drug-thug' (gran capo de la droga) y "uno de los criminales más despiadados de todo Colombia" que "podría hacerse un nuevo Escobar". Según el informe, Castaño "es más feroz que Escobar, tiene mayor capacidad militar y puede contar con sus hermanos antiguerrilleros en el Ejército colombiano y en la Policía Nacional". Los mismos que le ayudaron a matar a Escobar.Poco a poco todos los protagonistas de esta historia fueron desapareciendo en un relato de violencia sin fin. Fidel fue asesinado, Carlos fue muerto por orden de su propio hermano Vicente, de quien no existe rastro. Uno de los pocos sobrevivientes es 'Don Berna', el silencioso jefe paramilitar que empezó como fiel gatillero de esa familia. Él sí sabe hasta qué punto Estados Unidos les dio el impulso a estos hombres para que formaran la máquina más poderosa de matar de la historia reciente: el paramilitarismo. Puede que 'Don Berna' guarde silencio o se lleve toda la información que le sirva para negociar en Estados Unidos, a donde está a punto de ser extraditado."

(Fuentes: Adital, ACNUR, IPS, Movimientodevictimas.org, Indymedia-Colombia, INREDH-Ecuador y Semana )