Colombia:Paramilitares

EL CONGRESO CONCEDE LA IMPUNIDAD A LOS AUTORES DE LOS CRÍMENES MÁS ATROCES, UNOS 19.000 "DESMOVILIZADOS"; PARTE DE ELLOS SIGUEN MATANDO E IMPONIENDO EL TERROR EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS

El Congreso colombiano aprobó la Ley de principio de oportunidad que permitirá suspender todas las acciones que mantiene el gobierno de Álvaro Uribe contra unos 19 mil paramilitares desmovilizados, informó el legislador Nicolás Uribe, quien aseguró que con esta iniciativa se promoverá el proceso de paz.

Con la aprobación de ese proyecto de ley, “el fiscal tendrá la oportunidad de solicitar ante los jueces de garantías la suspensión de procedimientos para que estas personas puedan resolver su situación jurídica siempre y cuando no hayan cometido ningún delito de lesa humanidad”, dijo Uribe a medios locales.

El legislador reiteró que la condición para que aplique esta ley a un desmovilizado es que no “hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido delitos ni antes ni después de la desmovilización”. Asimismo, recordó que la aprobación del “principio de oportunidad” permitirá avanzar en esta negociación de paz con los paramilitares y en futuros diálogos con otros grupos armados ilegales.

“Lo que busca esta figura es materializar un acuerdo, que hizo la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese limbo jurídico en el que estaban más de 19 mil desmovilizados”, agregó.

La reforma también permitirá al fiscal solicitar la terminación, suspensión o terminación de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando la persona que se beneficie testifique en contra de otras o sirva para desarticular las bandas, según Uribe.

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, explicó que el principio de oportunidad permitirá también “desarticular organizaciones mafiosas y bloques terroristas”.

Por su parte, el congresista Germán Navas, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que ese proyecto posibilita “19 mil impunidades”, en tanto las víctimas no tendrán “la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño”.

Esta iniciativa de ley deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Uribe y pasar por una revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.

Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizaron entre 2003 y 2006 a unos 31mil combatientes, de los cuales unos 19 mil se podrán acoger a los beneficios del principio de oportunidad por ser rasos y no tener delitos pendientes ante la justicia.

Hallados más de dos mil cuerpos en fosas comunes

Forenses colombianos han hallado los cuerpos de dos mil 329 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado que afecta a Colombia, la mayoría en acciones atribuidas a paramilitares, informó hoy la Fiscalía.

En un nuevo informe, la Fiscalía reveló que los restos humanos fueron encontrados en 1.906 fosas comunes ubicadas en distintas zonas de Colombia, gracias a los datos aportados por desmovilizados.

Del total de cuerpos hallados, 636 son sometidos a pruebas de ADN para su identificación y otros 527 han sido entregados a sus familiares, según el informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz.

Los restos, en su mayoría, han sido exhumados en los departamentos norteños de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde hubo la mayor concentración paramilitar en la década de los años 90.

Los paramilitares, agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptaron en 2004 desmovilizarse a cambio de beneficios como penas bajas de prisión y condiciones especiales de reclusión. Las AUC son acusadas por grupos humanitarios de desaparecer y dar muerte a miles de civiles durante la guerra que por más de 20 años libraron contra las guerrillas en Colombia.

Encuentro de víctimas del Sur de Bolívar y Sur del Cesar

Más de 300 víctimas de crímenes de estado, de desapariciones y desplazamiento forzado, de torturas y ejecuciones extrajudiciales de los municipios del sur de Bolívar y sur del Cesar se reunirán del 20 al 22 de junio de este año en el municipio de Aguachica (Cesar).

Según Zoraida Hernández, portavoz de la Corporación Sembrar, organización defensora de derechos humanos en la zona que hace parte de los impulsores del encuentro, lo que se busca es “habilitar un escenario para que las víctimas de estas dos subregiones se encuentren para que construyan esperanza y desarrollen propuestas de verdad, justicia y reparación en el marco de toda esta impunidad que reina en el país”.

La situación de violencia que vive el municipio de Aguachica (Cesar) también será analizada en detalle durante la jornada. Zoraida Hernández explicó que esta población ha sido afectada recientemente por casos de ejecuciones extrajudiciales: “La situación que se presenta en este momento en el sur del Cesar es muy grave . Estamos hablando de unos 6 casos recientes de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. La mayor parte de estos casos hacen referencia a personas que han sido trasladadas desde Aguachica hasta la ciudad de Ocaña (departamento de Norte de Santander) y asesinados allí por parte de la Brigada y el Batallón de Ocaña”.

Además de la Corporación Sembrar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Asociación Nomadesc, entre otras organizaciones sociales, también participan en la convocatoria del

‘Estamos cansados de la muerte’: Carta al relator de la ONU(*)
San José de Cúcuta, Junio 13 de 2009

Estimado
PHILIP ALSTON
RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Bucaramanga


"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata".
(Eduardo Galeano)

Nosotros los campesinos que habitamos la región del Catatumbo queremos extenderle un fraternal saludo y aprovechamos su importante visita para visibilizar la realidad en la que vivimos y por la que hoy en día luchamos para lograr que sea más digna la vida.

En nuestra región son evidentes las persistentes, sistemáticas y masivas violaciones a la dignidad humana por agentes del estado o con la complicidad de estos, fruto del histórico abandono y del incumplimiento en la garantía de la defensa integral de los derechos humanos del campesinado Catatumbero, por ello un considerable número de veredas del Catatumbo nos hemos declarado desde el pasado 29 de abril de 2009 en Campamento Refugio Humanitario "Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio" ubicado en la vereda Caño Tomás del corregimiento de San Juancito del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander al nororiente de Colombia.

El refugio ha sido un mecanismo alternativo que no solo pretende evitar el desplazamiento indiscriminado[1] de los campesinos, sino también un espacio de resistencia pacífica en donde podamos plantear alternativas concertadas para superar la grave crisis humanitaria que vivimos en la región generada por los continuos atropellos que la Fuerza Pública viene ejerciendo contra la población civil: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales, señalamientos, entre otras acciones, y, por la falta de inversión social real que mejore la calidad de vida de nuestras comunidades.

La "crisis humanitaria" por la que atraviesa hoy la región tiene su origen en la arremetida paramilitar desde 1999 mediante el control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales por parte de estos grupos que aun siguen actuando (ahora conocidos como las águilas negras), dejando como resultado masacres, innumerables desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa y expresión, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, criminalización de las organizaciones sociales, destrucción del tejido social, el despojo de nuestras legitimas tierras, y bienes de la población, el desproporcional gasto militar y la mínima inversión social.

Con la supuesta desmovilización paramilitar en diciembre de 2004 y en marzo de 2006[2] y con la implementación de la "ley de justicia y paz", (ley promovida por el gobierno central a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez), las víctimas del paramilitarismo seguimos siendo víctimas de la impunidad que se implementa desde el gobierno central. Mientras que para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones graves a los derechos humanos son beneficiados por parte del gobierno nacional con programas de educación, proyectos productivos, vivienda propia, salud y demás, los campesinos que levantamos nuestra voz de protesta ante el abandono estatal, somos señalados de ser subversivos, o hacer parte de las estructuras de las organizaciones insurgentes por el solo hecho de luchar y exigir inversión social para nuestras comunidades en la búsqueda de una vida digna para toda la población.

De la implementación del proyecto paramilitar y la supuesta desmovilización en la región del Catatumbo, se paso a una fuerte militarización, de 1500 hombres que componía el pie de fuerza del ejército nacional en el 2005 paso a 10.000. A finales de 2005 e inicios del 2006 entraron a operar a la región del Catatumbo dos nuevas brigadas del Ejército Nacional: la Brigada No. 30 con sede en Cúcuta con jurisdicción en Norte de Santander y Sur del Cesar la cual es financiada con recursos del Plan Colombia, y la Brigada Móvil No. 15 con sede en Ocaña y con jurisdicción en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.

Coincidentemente, la militarización trajo consigo el aumento de los atropellos por parte de la fuerza pública contra la población campesina, ejemplo de ello son las 68[3] ejecuciones extrajudiciales que miembros de la Brigada Móvil No. 15 realizaron en la región del Catatumbo. Sumado a lo anterior, la desaparición de jóvenes procedentes de Soacha Cundinamarca quienes fueron hallados sin vida en fosas comunes en el municipio de Ocaña y presentados por los militares como guerrilleros dados de baja en combate, situación que genero la destitución de los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco comandante de la II División del Ejército, Paulino Coronado Gámez comandante de la Brigada No. 30, y los coroneles Rubén Darío Castro comandante de la Brigada Móvil No. 15, Gabriel Rincón Amado jefe de operaciones de la Brigada Móvil No. 15, y un número considerable de oficiales y subofiales del ejércitos nacional, entre otros..

Estos hechos generaron que la brigada Móvil No. 15 fuera retirada de la zona y remplazada el 29 de enero de 2009 por la Brigada Móvil No. 23, además, fueron detenidos el Coronel Gabriel Rincón Amado [4] y el soldado Medardo Ríos a quienes se le imputa concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada por las muertes de Jonathan Orlando Soto y Julio César Mesa, dos de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Todo este panorama nos ha llevado a convertir el espacio del refugio en una esperanza, en un escenario que nos permita exigir lo que por tantos años se nos ha negado desde el Estado, el respeto a la vida, el respeto a nuestro derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación, a nuestro proyecto de vida y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores entre campesinos y gobiernos anteriores.

Estamos cansados de la muerte, hemos sido amedrentados, amenazados, perseguidos, detenidos, judicializados, robados, estigmatizados y señalados como enemigos del estado, nuestras organizaciones campesinas han sido duramente perseguidas para provocar su desaparición.

Nuestros cultivos de pan coger han sido fumigados con el perjudicial glifosato: pretendiendo erradicar la coca y el narcotráfico, nos están erradicando la yuca, el plátano, el maíz, las gallinas, los pastos... Están erradicando la cultura campesina, nos están desplazando y desarraigando, están desocupando los campos para garantizar la entrega de nuestra ancestral y legítima tierra con todos sus recursos a los capitales extranjeros de las empresas transnacionales, a las empresas del narcotráfico que invierten en los proyectos estatales, a los latifundistas y a los grandes ganaderos, comprometidos todos en la barbarie paramilitar.

Es clara la estrategia de aniquilamiento contra nosotros los campesinos, nos quieren desplazar de nuestros territorios para dar vía libre al saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales y favorecer a unos pocos. Por esto, para nosotros es muy importante poderle contar a usted la situación en la que nos encontramos 250 delegados de los campesinos del Catatumbo, porque si bien desde el mes de octubre de 2008 hasta la fecha no se han presentado más casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, esto no significa que hayan parado los atropellos, nos siguen señalando, deteniendo, empadronando y ahora más que nunca, por levantar una vez más nuestra voz, exigiendo el derecho legitimo a existir y permanecer en el territorio.

Nosotros los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, que hoy estamos persistiendo desde el espacio del refugio humanitario queremos solicitarle amablemente que esté atento al rumbo que va tomando nuestra lucha, para ello nos gustaría generar canales de comunicación directa, para que la organización que Ud. representa siga conociendo las realidades que vivimos.

Nosotros no queremos ser desplazados, ni lo seremos nunca, es nuestra voluntad retornar a cada una de nuestras parcelas a seguir trabajo la tierra, pero solo eso será posible cuando nos escuchen y cumplan con lo pactado, cuando se garanticen, pero de verdad y dignamente, nuestros derechos a la vida e integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra y al trabajo, a vivir con dignidad.

Nuestra lucha es por la tenencia de la tierra y defensa de nuestro territorio, es una iniciativa agraria de paz, es una propuesta de producción de alimentos limpios, de explotación de nuestros recursos de manera racional, de protección de la naturaleza, de la defensa de la vida, la cultura y el territorio.

Fraternalmente,
(*)Asociación Campesina del Catatumbo.

Notas:

[1] Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas después de Sudán.
[2] El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 1424 paramilitares del Bloque Catatumbo y el 8 y 10 de marzo de 2006 se desmovilizaron 4759 paramilitares del Bloque Norte.
[3] Estos 68 casos fueron recogidos por la Asociación Campesina del Catatumbo en dos comisiones de verificación, sin embargo el total de casos presentados en la región del Catatumbo son 111.
[4] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/coronel-y-soldado-no-aceptaron-cargos-por-dos-falsos-positivos-de-soacha_5416189-1

(Fuentes:TeleSur,EFE-ElFinanciero, Codhes y Adital)

Colombia: Derechos Humanos

EL ESTADO COLOMBIANO ACUSADO DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, DESASISTIDAS POR EL GOBIERNO

La audiencia del Tribunal Internacional de Opinión, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, Bélgica, entre el 15 y el 17 de septiembre ha acusado al presidente colombiano Álvaro Uribe y al Estado colombiano de violar los derechos humanos. La instancia también critica a la Unión Europea por apoyar al gobierno colombiano.

El Tribunal de Opinión es una de las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos, convocada por organizaciones de víctimas, sindicatos y asociaciones campesinas. Durante la audiencia, se escucharon las declaraciones de decenas de personas que denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones, entre otros delitos. La presidencia del Tribunal quedó a cargo del padre François Houtart, de Bélgica.

El Estado colombiano es condenado por acción, permiso y omisión en la violación de Derechos Humanos. Álvaro Uribe es tenido como el responsable del desplazamiento forzado, por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura que se practica en su país, según los testimonios y pruebas aportados. De acuerdo con las declaraciones, esos delitos son realizados por militares y fuerza pública en colaboración con paramilitares, empresarios y compañías transnacionales, bajo la tutela o complicidad de funcionarios públicos.

La Unión Europea también es blanco de críticas por la actuación de las multinacionales europeas en Colombia y por la actitud de los gobiernos de la UE, que también son considerados "responsables" de la situación a causa de su apoyo a las empresas y al gobierno de Uribe.

El drama de los desplazados, en aumento

Son entre 3 y 4 millones en todo el país y siguen aumentando, como en el caso del municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Cerca de 2500 campesinos han llegado estos días al casco urbano de Anorí, para protestar contra las fumigaciones. El grupo comenzó el martes pasado para protestar por las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, coca y amapola. Pero las autoridades consideran que la movilización responde a presiones del frente 36 de las Farc, que ha corrido la voz en las veredas de que quien no participe en la protesta será asesinado. “ La gente asegura que los hombres de las Farc les ordenaron no regresar hasta que el gobierno detenga las fumigaciones y pedir indemnización por los daños ocasionados por el glifosato”.

En otros lugares, las víctimas son las mujeres. Así, las mujeres desplazadas denunciaron ante la Corte Constitucional que persisten abusos sexuales, discriminación y desatención del Gobierno y exigieron atención inmediata.
Las mujeres desplazadas aseguraron nate dos magistrados de la Corte Constitucional que sus comunidades continúan siendo víctimas de ataques sistemáticos de grupos armados ilegales para arrebatarles las tierras asignadas por el Gobierno, para favorecer intereses de empresas multinacionales y grupos de narcotráfico.
En esos ataques, ellas son atacadas sexualmente, al ser consideradas un botín de guerra y como una manera de intimidar a la población civil para que se desplace. Las denuncias de las mujeres abordaron también las enormes deficiencias en la atención que les prestan las entidades del Estado encargadas de recibir sus declaraciones, evaluar y atender su situación de desplazamiento. Las representantes afro colombianas pidieron protección especial para evitar abusos sexuales ya que “en Colombia la mujer negra es vista como un objeto de placer y esto aumenta el riesgo de abusos sexuales”.
Por su parte las representantes indígenas reclamaron en su propuesta el reconocimiento de sus territorios, la participación de sus autoridades en los procesos de atención a los casos de desplazamiento y acompañamiento especial en las ciudades de llegada.

Indígenas denuncian abusos del Ejército en el Cauca

Allanamientos a viviendas, disparos en un colegio y detenciones injustificadas realizadas por hombres del Batallón Pichincha del Ejército y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, son las acciones abusivas que denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas ACIN.
Según la carta enviada a diferentes medios de comunicación y organizaciones humanitarias, el más reciente episodio se presentó en la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando hombres de la Tercera Brigada del Batallón Pichincha apoyado por el CTI, ingresaron sin aviso a las casas de los comuneros indígenas del Resguardo de López Adentro, en Corinto, Cauca, para hacer un allanamiento en busca de armas y artefactos explosivos.
Una hora después, y sin haber encontrado nada, los militares partieron hacia el colegio Dxipande, en la vereda vecina de El Pílamo, al que ingresaron sin aviso e hicieron varios disparos sin tener en cuenta que 45 estudiantes asistían a clases.
Aunque no se produjeron heridos, el hecho causó pánico entre los miembros de esa comunidad, que aseguran además estar recibiendo constantes amenazas de parte de los militares que los acusan de ser auxiliadores de la guerrilla y han anunciado un “barrido entre las comunidades para sacar guerrilleros”.

Otros hechos como las intimidaciones de que han sido víctimas José Quitumbo y su esposa Blacenia Ipia, a quienes las tropas han visitado en su vivienda en tres ocasiones entre los meses de mayo y junio pasados, acusándolos se pertenecer a la guerrilla, y la explosión de un artefacto en el resguardo indígena que dejó tres heridos, completan el panorama de violaciones que denuncian los indígenas por parte de la Fuerza Pública.
Los indígenas aseguran que se encuentran entre el fuego cruzado, pues este tipo de intimidaciones se reciben también a diario por parte de la guerrilla y hacen un llamamiento urgente de ayuda a organizaciones colombianas y a la comunidad internacional.

Víctimas contra el miedo

Medio millar de víctimas de la región de la Costa Caribe de Colombia han participado en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso , autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país.

La cita era en el estadio de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares y guerrilleros en los últimos años.

500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación.
A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social.
El gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, reconoció las atrocidades que se han cometido en la región. "Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", dijo el gobernador. Su antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares.

Habló Juan Carlos, un hombre que dijo que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios". Así muchas de las personas que asistieron al acto no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales.

En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?".

El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia.

El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. El representante a la Cámara Guillermo Rivera declara que él cree que la iniciativa saldrá adelante. "Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dice.

Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación.
Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares. Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta.

¿Qué le pasa al alma de un país de desterrados? (*)

Es urgente una salida excepcional. Así como la seguridad democrática o la Ley de Justicia y Paz, se necesita un proyecto de Nación para los desplazados.

En toda guerra hay vencedores y vencidos. Pero en el caso de Colombia, aunque la guerra no ha terminado, una inmensa cantidad de derrotados ha llegado a las capitales para colgarse, como si fueran salvavidas, de sus barriadas más pobres. El drama del destierro va más allá de la cifra oficial de 2,6 millones de colombianos que tuvieron que escapar de su pedazo de territorio. Son una nueva clase social. Y los indicadores muestran que viven en condiciones más críticas que los indigentes urbanos.

Los efectos sicológicos, sociales y culturales del destierro sobre toda una generación de colombianos son parte de una historia que ni se ha contado, ni se ha dimensionado, ni se ha padecido en su verdadera intensidad. ¿Cuántos pueblos murieron por completo tras una brutal masacre? ¿Cuánta memoria se perdió? ¿Cuántos vínculos de comunidad se rompieron para siempre? ¿Con qué recuerdos crecerán los hijos de los desterrados? ¿Qué puede ser, por ejemplo, de un municipio como el Carmen de Bolívar al cual 56.000 de sus 80.700 habitantes se ven obligados a huir por temor a la muerte? Es como si de Bogotá de repente tuvieran que huir cinco millones de personas.

Llegan a otros lugares, arrastrando sus cuerpos cansados, con el estómago vacío y miran aturdidos unas calles que nunca antes habían visto. Sin nada y sin nadie. Llegan como a otro planeta. En la jungla de cemento no les sirve para nada lo que saben: sembrar la tierra o levantar ganado. Muchos no saben leer y escribir y la vida se les vuelve una pesadilla. Y traen con ellos un recuerdo atrofiado de lo que era su familia y los lazos de comunidad que dejaron atrás y que nunca más se van a reparar. Sufren de tres enfermedades, para las que no hay cura: el destierro, el desarraigo y el ser descastados.

El costo para el país no se puede reducir simplemente a los casi seis billones de pesos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe –puesto contra la pared por la Corte Constitucional– ha destinado para ellos de 2003 a 2010. Las consecuencias son inmensas: la tierra, la memoria, la cultura, la historia, el núcleo familiar, en fin, los pilares de una sociedad.

¿Qué pasó? Hay quienes dicen que la legítima defensa que invocaron los paramilitares fue sólo una distracción o un pretexto para tomar el control de las tierras. Y la realidad les da la razón. Para otros, la captura de las tierras fue el resultado de la guerra: quienes ganan se quedan con el botín.

En Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra son el epicentro del conflicto armado. A finales de los años 30, el agotamiento de la frontera agrícola y el crecimiento de las exportaciones provocaron que los grandes terratenientes expulsaran a los colonos y arrendatarios y los reemplazaran por trabajadores asalariados.

Hace apenas ocho años, cuando comenzó el siglo XXI, Colombia era una Nación altamente vulnerable. En el 60 por ciento de los municipios del país no había Fuerza Pública y en muchos de ellos no había nada ni nadie que representara al Estado. La guerrilla imponía sus impuestos, extorsionaba y secuestraba. Los paramilitares, asesinaban y robaban las tierras. Cada cual trataba de quedarse con el poder local y regional. Y para asumir el poder, el control territorial era esencial.

Se dio un fenómeno inverso a la modernidad. Al contrario de lo que significó el avance al Estado Nación que en el siglo XVIII destruyó las viejas formas feudales y construyó la idea de un ciudadano con derechos que reconoce al Estado como su ámbito legal, Colombia, en el ocaso del siglo XX estaba destruyendo ese Estado moderno para volver a un esquema feudal. Los señores de la guerra eran la autoridad: se dieron zonas donde la guerrilla impuso sus cartillas y otras donde los paramilitares ‘esclavizaron’ pueblos enteros.

En menos de 10 años el mapa del país cambió. Desaparecieron veredas y caseríos. Muchas regiones del campo se desocuparon, los cordones de miseria de las ciudades se ensancharon y la tenaza de los narcos con los paramilitares y la guerrilla impuso una contrarreforma agraria sin antecedentes en el país.

Nadie tiene aún los datos globales de lo que ocurrió. Cálculos académicos indican que si se fueran a restituir las tierras de los desplazados se tendrían que entregar cerca de siete millones de hectáreas. Los ejemplos de la concentración de tierras pululan (en un sector de Urabá, en el que en 1986 existían más de 600 propietarios de tierra, para el año 2000 ya no eran más de 50) y los del despojo también (en Tulapas, Turbo, alias el ‘Alemán’ desalojó a más de 350 familias y se quedó con sus tierras).

Frente a esta descomunal tragedia, frente al desafío más importante que tiene el país, el Estado ha sido tan negligente como indolente. Por momentos, se evidencia una mayor preferencia por el victimario que por la víctima. Mientras los unos reciben un apoyo de 520.000 pesos durante año y medio, estas reciben 280.000 pesos por tres meses.

Pero no es sólo la eventualidad de un pago. Servidores públicos de varias entidades, en especial en la región Caribe, sometieron al Estado al yugo de los paramilitares. Hay casos de funcionarios que expropiaron tierras entregadas a campesinos pobres, para luego adjudicárselas a testaferros de las autodefensas. Registradores públicos que legalizaron cambios en los linderos de los predios, notarios que dieron fe por miles de transacciones hechas a la fuerza o donde ni siquiera estaba presente el supuesto vendedor a quien en verdad le estaban robando lo que tenía. También participaron decenas de alcaldes y miembros de la Fuerza Pública, que permitieron que esto sucediera.

El Ministerio de Agricultura es el que más desdén ha mostrado por los desplazados. La ley de Desarrollo Rural, que los pudo haber tenido a ellos como protagonistas, por el contrario fue aprovechada para que los institutos que dependen del ministerio se descargaran de responsabilidades que tenían con los desterrados. Y ha sido el gran mentor del ‘modelo Carimagua’, toda una doctrina de desarrollo rural de grandes proyectos agrícolas en los cuales los desplazados no son protagonistas sino mano de obra barata contratada a destajo.

En el año 2004 fue tan evidente la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar el tema, que la Corte Constitucional tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, que aún hoy, cuatro años después de la declaratoria, no se supera.

La única dependencia que parece estar haciendo un gran esfuerzo es Acción Social y ministerios como el de Educación y Salud, que han logrado importantes coberturas para la población desplazada. Pero a pesar de la envergadura del proyecto y de la inyección de nuevos recursos, ellos mismos admiten que todavía falta mucho para cambiar la historia. Es una realidad abrumadora y a pesar de todos los esfuerzos no será suficiente mientras que no se diseñe una salida extraordinaria para el fenómeno de los desplazados ¿Por qué un gobierno que propone como proyecto de Nación la seguridad democrática para acabar con la guerra, o un Estado que propone un proyecto jurídicamente tan ambicioso como el de Justicia y Paz para desarmar a 35.000 paramilitares, no propone un proyecto de Estado para rescatar a los desterrados?

La Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado propone la creación de una comisión de la Verdad y la Restitución de las Tierras. Hay otros que van a impulsar algo de mayor impacto: una justicia transicional –tipo Ley de Justicia y Paz– en materia civil para enfrentar el tema.

En la historia de la humanidad la tierra es mucho más que un pedazo de territorio. La tierra encarna la identidad, la cultura, el imaginario de Nación, la historia y la construcción de una sociedad a través del núcleo familiar. Grandes guerras de la humanidad y grandes revoluciones se ha dado por la emancipación, la libertad y la tierra.

Si 20.000 kilómetros cuadrados que los palestinos le reclaman a Israel han tenido en vilo al mundo y han marcado 60 años de guerra en Oriente Medio, el despojo de cinco millones de hectáreas tienen que sacudir el alma de Colombia.

(*)Informe publicado el 15 de septiembre de 2008 por la revista colombiana Semana

(Fuentes: CODHES-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, DPA, Adital, BBC-Mundo y Semana)

Colombia: Paramilitares

HEBERT VELOZA, ALIAS 'HH', ADMITE SER EL RESPONSABLE DE TRES MIL ASESINATOS 'O MÁS'

El ex-jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza admitió haber sido responsable junto con su grupo armado del asesinato de más de tres mil personas entre los años 1994 y 2003. "Calculo que mis dos grupos asesinaron a 3 mil personas o más. Muchos de ellos eran tirados al [río] Cauca", respondió al ser preguntado sobre cuántas personas había matado.
HH, como fue conocido Veloza, también reconoció que murieron más inocentes que culpables. "Pero así es la guerra", afirmó en entrevista con el periódico colombiano El Espectador, publicada este domingo. "Matamos mucha gente sólo por el hecho de que eran señaladas", en referencia a las personas que eran identificadas como colaboradores o simpatizantes de las guerrillas colombianas.

HH, que fue considerado uno de los más temidos jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo haber utilizado la "decapitación" para aterrorizar a las comunidades. "Cuando llegamos a Urabá decapitamos a mucha gente, era una estrategia para promover el terror, para que tuvieran más miedo de nosotros que de la guerrilla".

El paramilitar ingresó en el controvertido programa de desmovilización promovido por el gobierno de Álvaro Uribe, pero perdió su condición de "desmovilizado" cuando huyó para reingresar en otros grupos armados. Ahora, está detenido y espera la marcha de su proceso de extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por el delito de narcotráfico.

El ex-jefe paramilitar reveló también que el grupo actuaba en complicidad con las autoridades locales para promover los asesinatos." En Urabá, cuando comenzamos, dejábamos los cuerpos en el mismo lugar donde las personas eran muertas", relata. "Después de un tiempo el poder público comenzó a presionar y (dijeron) que nos dejarían continuar trabajando, pero teníamos que desaparecer con las personas. Así comenzaron a surgir las fosas comunes", afirmó.
"Asesinábamos a personas todos los días, en todos los municipios de Urabá", agregó. Fue en estos mismos departamentos de Córdoba y Urabá donde se constituyeron en 1998, bajo el auspicio del Estado colombiano, las AUC con el objetivo de combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN.

(Publicado en Adital)

Colombia: Paramilitares

BLANCO Y EN BOTELLA: LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE URIBE NO HA SERVIDO PARA FRENAR NI ESCLARECER LOS CRÍMENES PARAMILITARES. EL EJÉRCITO, PRINCIPAL SOSTÉN DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE DE ULTRADERECHA

Tres años después de haber entrado en vigor, la controvertida Ley de Justicia y Paz presenta resultados nulos por falta de sanciones para los criminales y de reparación a las víctimas, según la denuncia hecha por Camilo González Posso, director de la Fundación INDEPAZ, organización no gubernamental dedicada a ayudar a consolidar en Colombia un clima de reconciliación, diálogo y respeto a la vida humana.

En un artículo publicado en el diario bogotano El Tiempo, señala que de tres mil cuatrocientos treinta y un acusados de 'crímenes atroces' acogidos a los beneficios de a ley, solo nueve han concluido las declaraciones, ninguna víctima ha podido tramitar sus demandas de reparación ni ha sido indemnizada por los victimarios.

Añade que de 3,5 millones de víctimas de los paramilitares, solo 147 mil se han atrevido a inscribirse para buscar alguna satisfacción.

INDEPAZ advierte que los 20 grandes capos paramilitares que han declarado ante la justicia solo entregaron una mínima parte de sus posesiones adquiridas a punta de pistola, amenazas o como beneficio del narcotráfico, apenas dos millones de dólares y 99 fincas, destinadas a reparar a los damnificados por sus delitos.

Esto contrasta con los cinco mil millones de dólares acumulados por los paramilitares en operaciones de narcotráfico, expropiación de más de 1,5 millones de hectáreas y apropiación de fondos públicos en alianza con políticos.
La denuncia añade, además que para empeorar la situación, cuando los detenidos comenzaban a hacer las declaraciones más comprometedoras, el gobierno de Álvaro Uribe decidió extraditarlos sorpresivamente a Estados Unidos, donde solo serán juzgados por narcotráfico.

González Posso concluye que la controvertida ley de Justicia y Paz ha sido desvirtuada por el propio gobierno y puntualiza que en Colombia, donde se acostumbra a que la ley es para burlarla, esta legislación constituye en sí misma una burla.

El ejército colombiano, principal apoyo de las AUC

El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, a punto de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, admite en una entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, para lo que contaban con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.

Mejor conocido con el alias de HH, Veloza describió cómo los jefes paramilitares tenían libre acceso a los cuarteles del ejército y sus recursos, y dijo que no se explica por qué varios generales en activo y en retiro no están siendo investigados por su participación en estos hechos.

En particular se refirió al general Rito Alejo del Río, que le facilitó las instalaciones de un cuartel para mantener secuestradosa dos guerrilleros de las FARC, quienes luego fueron asesinados.
Según Veloza, el general Alejo conversó en varias ocasiones con el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, asesinado en 2004 por subalternos inconformes con su jefatura.
Asimismo, los paramilitares y los soldados habrían realizado patrullajes conjuntos, por lo que, según HH, deberían ser castigados.“Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”.
El ex capo de las AUC considera también que el proyecto de los paramilitares no fracasó, porque logró debilitar a la guerrilla y arrebatarle el control de vastas zonas del país, aunque admite que su perdición fue vincularse con el narcotráfico.

Veloza confiesa que las tropas a su cargo “asesinaron a tres mil personas o más”, y que “murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”.
La mayoría de los integrantes de las AUC, alrededor de 32 mil hombres, se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en una negociación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que puso a disposición la llamada ley de Justicia y Paz para perdonar sus crímenes y legalizar sus posesiones a cambo de confesar sus delitos y reparar a las víctimas o a sus deudos.

Asesinado otro líder de los desplazados en Antioquia

El joven Alexander Gómez, de solo 18 años, fue asesinado cuando hombres armados le propinaron dos disparos mientras se dirigía de su casa al trabajo. Pese a sus escasos 18 años era el presidente de la Acción Comunal de su vereda, Santa Bárbara, en la zona rural del municipio de San Luís, Antioquia, y miembro de una organización de población desplazada llamada La Legión del Afecto. Hasta el momento las autoridades no han determinado quienes son los autores del crimen, pero aseguran que podría tratarse de grupos armados al servicio del narcotráfico que buscan recuperar terrenos para el cultivo de coca.
La muerte de Alexander fue denunciada por funcionarios de Acción Social quienes seguían de cerca y apoyaban la importante labor que este joven realizaba con su comunidad en la vereda Santa Bárbara, pues fue el quien lideró el retorno a principios de 2008 y desde entonces se dedicaba a trabajar con los niños y jóvenes en programas para incentivar en ellos el trabajo y la convivencia pacífica.

Colombia pide solidaridad mundial por asesinato de desplazados

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) llama la atención del mundo sobre la población desplazada por la guerra en Colombia, tras denunciar que 19 de sus líderes han sido asesinados. En un estudio, la organización no gubernamental señala que la mayoría de los crímenes de los dirigentes sociales ocurrieron en el norte de Colombia, con una fuerte influencia de grupos paramilitares de ultraderecha.

Según el informe de la Codhes, la espiral de violencia se inició en marzo de 2002, con el asesinato de Gilma Graciano, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y desde entonces ha tocado varias regiones del país sudamericano. La "lista roja" la encabeza la líder de la Organización Popularde Vivienda (OPV), Yolanda Izquierdo, quien fue asesinada por presuntos paramilitares en el norteño departamento de Córdoba, el 8 de enero de 2007.

En la nómina también figuran la dirigente indígena FabiolaLargo, asesinada en 2002; Martha Cecilia Aguirre, líder de los desplazados de Apartadó, muerta en 2005 y Guillermo Sosa, tiroteado en el puerto de Buenaventura en 2007.

Una situación similar padecieron Germán Crillo, Giovanny Montoya, Eislen Escalante, Freddy Espitia, Oscar Cuadrado, Carmen Cecilia Santana, Jesús Durán, Manuel López y Miguel Orozco.

Este año no ha sido ajeno en ataques a los portavoces de la población desplazada en Colombia, y según Codhes, cuatro de ellos han caído en acciones atribuidas a paramilitares de ultraderecha. Entre el 17 de junio y 1 de julio del año en curso han sido asesinados los líderes sociales Julio Cesar Molina, Azael Hernández, Martha Obando y Valdiris Padrón, en regiones del Valle, Córdoba y Antioquia. A los que hay que añadir el último, el joven Alexánder Gómez, también en Antioquia.

En total, son 19 los representantes de los desplazados por elc onflicto armado en Colombia que han muerto en forma violenta, a lo que se suma el drama del éxodo de cientos de familias. Según recientes cifras de la Codhes, en el primer trimestre de 2008 fueron desplazadas 113 mil 473 personas, 17 mil 817 más que en el primer trimestre de 2007.

Colombia arrastra un conflicto armado interno de 44 años, en el que intervienen guerrilleros , paramilitares y agentes estatales, cuya confrontación ha dejado más de 100 mil muertos y alrededor de 3.5millones de desplazados. El presidente de Codhes, Marco Romero, afirma que tras la campaña de intimidación contra los desplazados "se mueven intereses oscuros que buscan quedarse con las tierras destinadas para reparar a las familias desplazadas".Por eso, el dirigente humanitario invita a la sociedad internacional a apoyar a la población afectada por el conflicto, en su propósito de exigir la restitución de sus derechos "de forma integral y digna".La Codhes advierte que han crecido las amenazas a los desplazados por parte de las "Aguilas Negras", grupo paramilitar surgido tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2004.

Diputado italiano desmiente acusaciones del gobierno Uribe sobre apoyo a las FARC

El ex presidente de la Cámara de Diputados y jefe de la Unión Democrática de Centro (UDC), Pier Ferdinando Casini, declaró sobre las afirmaciones publicadas en el diario El Tiempo de Bogotá que puede "testimoniar personalmente un compromiso político y parlamentario del ex diputado Ramón Mantovani (Refundación Comunista) para favorecer el proceso de paz en Colombia". "Durante mi mandato de presidente de la Cámara y también sucesivamente como presidente de la Unión Interparlamentaria, en más de una ocasiones recibí a Mantovani empeñado en favorecer un deshielo entre el gobierno de Alvaro Uribe y las FARC, con la cual mantuvo relaciones políticas", agrega.

El partido italiano Refundación Comunista (RC) "tuvo relaciones políticas durante años" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero "siempre a la luz del sol, para favorecer el proceso de paz y de diálogo en América Latina".

Así replicaron el lunes Ramon Mantovani y Marco Consolo a la tesis de los servicios militares colombianos, sostenida el domingo por el "El Tiempo" de Bogotá, y retomada el lunes por La Repubblica de Roma, según la cual en Italia existe una asociación que apoya a las FARC. El mismo medio dijo que esos nombres fueron hallados por el ejército colombiano en el ordenador atribuido al número dos del movimiento revolucionario, Raúl Reyes, abatido el 1 de marzo pasado en Ecuador.

25 niños mueren de hambre en el departamento de Vichada

La muerte por hambre de 25 menores en Cumaribo, Vichada, confirma las denuncias hechas por esa comunidad en abril sobre las consecuencias que tendría reanudar fumigaciones para destruir cultivos de coca.

El anuncio hecho por Cantalicio Moroy, Gobernador indígena de la comunidad Barranco Siare , ubicada en el municipio de Cumaribo, Vichada, sobre la muerte de 25 niños por hambre, confirmó las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado sobre las consecuencias que traerían las fumigaciones en ese municipio.

A pesar de varios requerimientos hechos por una comisión de esa comunidad en abril pasado a entidades como la Defensoría del Pueblo y Acción Social para gestionar la no reanudación de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, esta comenzó en abril con los mismos efectos nocivos para la comunidad: destrucción de los cultivos de 'pancoger' -con los que se alimentan las comuniades-y afectación económica. El resultado, una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que solo se puede salir cuando cesan las lluvias y baja el caudal de los rios y caños que la rodean..

La carta enviada en abril relataba como en 2007 las fumigaciones produjeron una terrible hambruna de la que los habitantes de Cumaribo solo pudieron escapar en enero pasado cuando el verano les permitió a cerca de 5.000 personas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreño y la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

En esa misiva los miembros de la comunidad Barranco Siare anunciaron lo que pasaría si el gobierno continuaba fumigando “Las consecuencias de la fumigación, además de la devastación en los cultivos sería la contaminación de las fuentes de agua como el río Uvá y sus afluentes, afectando especialmente la salud de niños y madres gestantes”.
La comunidad solicitó también conformar una comisión interinstitucional que viajara a la zona para conocer de primera mano la problemática y mediar con el Gobierno para encontrar soluciones urgentes. Pero nadie hizo el menor caso y las consecuencias están de nuevo ahí.

El regreso del macartismo

por Juan Diego García (*)

A instancias de la fiscalía colombiana las autoridades españolas han detenido a Remedios García acusada de vínculos con las FARC y en consecuencia responsable de colaboración con banda armada, un delito que en España supone máximas penas y en Colombia penas que de hecho significan la cadena perpetua si es que antes un pistolero paramilitar o algún militar no ejecutan al acusado.
Se alega que su nombre aparece en la computadora del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, agregando que pronto darán los nombres de otros ciudadanos españoles igualmente implicados en las actividades delictivas de esa guerrilla. De momento no parece que en España se haya dado mucha credibilidad a tamaña acusación (¿a excepción de la fiscalía?). Y no faltan razones. Como alega su abogado y es ya de público conocimiento, las supuestas informaciones que la policía colombiana extrae a conveniencia de esa computadora carecen de toda validez legal. En primer lugar, por su origen, un acto de agresión a un país vecino, violando todas las normas del derecho internacional y según denuncian las autoridades ecuatorianas, ejecutando guerrilleros fuera de combate y abandonando los heridos a su suerte. Así, pruebas obtenidas mediante un acto ilegal carecen por completo de valor.

En segundo lugar, no se permitió a las autoridades judiciales hacer el normativo acopio de las pruebas. El ejército colombiano las retuvo y las envió luego a los Estados Unidos para su “revisión” rompiendo la llamada “cadena de custodia” y hasta INTERPOL anota que al menos durante los tres primeros días existió la oportunidad de manipularlas a conveniencia, agregando que efectivamente eso había ocurrido al menos con parte del material.

En tercer lugar, los expertos independientes que han realizado análisis (dos conocidos profesores estadounidenses, entre otros) consideran imposible que Raúl Reyes haya logrado escribir el enorme volumen de información recogida: necesitaría muchas vidas para hacerlo. Además, parece bastante inverosímil que Reyes llevara a un campamento provisional tal cantidad de elementos (un computador portátil, varios discos duros y otros materiales informáticos). También suscita suspicacias que en un lugar calcinado por las bombas se recuperen precisamente unas “pruebas” que se utilizan luego para acusar a todo el que convenga: primero a quienes han estado directamente comprometidos con el intercambio humanitario y la solución pacífica del conflicto; luego a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Suiza y Brasil, y ayer mismo, a un conocido periodista colombiano crítico del gobierno.

Aún aceptando que ese material informático fuese efectivamente de Reyes es apenas natural que cientos de responsables políticos y activistas de derechos humanos de Colombia y el extranjero aparezcan mencionados allí pues han tenido contactos con la guerrilla. De la misma forma que aparecerán funcionarios gubernamentales, sobre todo cuando se trata de gobiernos que tienen intereses directos en la solución del conflicto. Más aún, Reyes habría registrado igualmente sus contactos con el gobierno colombiano y con las propias autoridades estadounidenses. Lo extraño sería que dichos contactos no tuviesen lugar. Si aparecer mencionado es prueba de ayuda a los insurrectos, se podría acusar entonces a cientos de políticos, decenas de diplomáticos, autoridades religiosas y hasta el mismísimo director de la bolsa de Nueva York, quien departió cordialmente con Manuel Marulanda en memorable entrevista.

En este contexto no debería sorprender que Remedios García y cientos de activistas de derechos humanos hayan tenido (y tengan) contactos con las FARC. Además, y en su caso concreto, ha sido público su compromiso como promotora de paz y búsqueda negociada del conflicto tanto como su desaprobación de prácticas de la guerrilla como la retención de civiles con fines económico, por ejemplo. Si aceptó traer un dinero a Europa no fue como “tesorera” de los insurgentes sino por razones estrictamente humanitarias como está demostrado: un exilado colombiano en Suiza necesitaba ese dinero para sufragar los gastos de una delicada y urgente intervención quirúrgica. Otras personas han traído de los campamentos guerrilleros mensajes, señales de vida y otras cosas que están lejos de constituir “apoyo al terrorismo”.

En síntesis Bogotá no tiene nada; como tampoco lo tuvo cuando intentó presionar a Dinamarca para extraditar a quienes habían recolectado en un festival algunos cientos de dólares para la resistencia armada en Colombia y Palestina. Los jueces desestimaron la calificación de “terrorista” para las guerrillas colombianas –un asunto que en su opinión antes debería ser probado judicialmente, no siendo el caso en su país- y rechazaron la petición de extradición sugiriendo que Colombia no era precisamente un Estado de Derecho que ofreciera mínimas garantía procesales. Además, sus autoridades eran reiteradamente condenadas por violación grave de derechos humanos en instancias internacionales como la ONU y la OEA y denunciadas permanentemente por prestigiosas organizaciones de distinto tipo como AI, HRW y otras.

¿Qué explica entonces la conducta de Uribe y su fiscal, el sr. Iguarán (tan comprensivos y generosos con los paramilitares “desmovilizados”)?. Solo cabe una motivo: Bogotá intenta ganar la batalla de la opinión pública en Europa, esta vez con la esperanza de encontrar unos jueces españoles menos rigurosos que sus colegas daneses.

A Uribe Vélez le preocupa mucho que Remedios García y personas como ella rompan el cerco de silencio que la UE y los medios han tendido sobre Colombia; sus actividades llevan a la opinión pública informaciones incómodas sobre la realidad colombiana, un motivo suficiente para que –de repente- Remedios aparezca como por arte de magia en el mágico computador de Reyes.
Si Remedios García estuviera en Colombia podría olvidarse de un juicio justo. Por eso es de esperar que España no la juzgue siquiera y mucho menos permita su extradición. De ocurrir lo primero, estaríamos ante un preocupante precedente además de una aberración jurídica. De ocurrir lo segundo, las autoridades españolas echarían sobre su conciencia la comisión de un atentado grave contra la libertad y los derechos que la ley garantiza.

La ciudadanía española tiene todo el derecho (y el deber) de exigir al gobierno que explique los motivos por los cuales ignora olímpicamente la naturaleza verdadera del régimen colombiano; que justifique el apoyo sin fisuras que da a un gobierno desprestigiado, responsable de prácticas sistemáticas de terrorismo, alcahueta de los crímenes de la extrema derecha y cuyos respaldos políticos y electorales aparecen tan viciados que le quitan cualquier atisbo de legitimidad.

¿Importa poco que casi una cuarta parte de los parlamentarios esté entre rejas por connivencia con el paramilitarismo? ¿Nada significa que más del 90% de esos políticos presos sea precisamente uribista? ¿Resulta más importante asegurar los intereses de las empresas españolas en Colombia que defender la inocencia de una ciudadana española?.

La opinión pública tiene igualmente el derecho de saber que la información que recibe sobre América Latina (y en particular sobre Colombia y su conflicto armado) está lejos de ser objetiva y veraz; por el contrario, la escriben aquellos que desean congraciarse con el pequeño tirano que señorea en aquel país andino, y asegurar así sus beneficios.(medios de comunicación como Prisa y Planeta compiten ahora febrilmente por alcanzar los favores de Uribe y asegurarse el tercer canal de la televisión local).

En eso queda finalmente la libertad de prensa: en convertir ante la opinión pública a una promotora de paz y voluntaria en labores de entendimiento, en miembro destacado del terrorismo internacional. Por lo visto, regresa el macartismo de antaño bajo formas nuevas pero igualmente siniestras. Se empieza debilitando el estado de derecho en nombre de la seguridad; se arguye que las garantías ciudadanas constituyen un estorbo para la acción del estado; proliferan las leyes “antiterroristas” y se propala una atmósfera de sospechas y miedos. Así ocurre ya, de forma extrema en países como Colombia. Al parecer, alguien pretende que esas fórmulas del nuevo fascismo se vuelvan también comunes en los países de democracias consolidadas. Y se empieza por encarcelar a personas como Remedios García, por ejemplo.

(*) Juan Diego García es un colaborador de ABP (Agencia Bolivariana de Prensa), que distribuye este artículo.

(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina, Dpa, Afp, Reuters , Notimex, CODHES, ANSA-Latina y ABP-Agencia Bolivariana de Prensa)