El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) insistió este miércoles en declararse inocente en el juicio en el que está acusado de violaciones a los derechos humanos, y afirmó que se le procesa por haber "devuelto la paz" al país y que la historia lo "reconocerá". Fujimori dijo, al comenzar la penúltima audiencia del juicio iniciado en diciembre de 2007, que está "fortalecido" porque a lo largo de 15 meses de juzgamiento no pudo ser incriminado. Según él ninguno de los cerca de 90 testigos que han participado en el proceso ha podido incriminarle. "No hay pruebas. Soy inocente", exclamó en su alegato de autodefensa ante el tribunal especial de la Corte Suprema de Justicia. El alegato concluirá el viernes, y de ahí el tribunal tendrá un plazo de cinco días para emitir sentencia.
"Mi estrategia de pacificación fue la correcta. ¡No me arrepiento! No me arrepiento de haberla llevado adelante", enfatizó el ex mandatario. La fiscalía de la Nación pidió 30 años de prisión para Fujimori, acusándolo de ser autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, en noviembre de 1991 y julio de 1992, respectivamente, en las que en total fueron asesinadas 25 personas. Además, la fiscalía responsabilizó a Fujimori del secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El juicio ha dividido a los peruanos, entre aquellos que aun perciben a Fujimori como el hombre que contuvo la insurgencia y relanzó la economía y los que ven su presidencia de una década como dictatorial y muy corrupta.
Un alegato político con intenciones electoralistas
Fujimori dijo que lu legado continuará: "mi legado prevalecerá, un legado para el presente y el futuro, que no tengo dudas continuará mi hija Keiko y seguirá luchando mi hijo Kenji". De hecho su hija Keiko, congresista, encabeza las encuestas de preferencias presidenciales, pese a no ser candidata...por ahora. El ex congresista Javier Diez Canseco recomienda al tribunal que procesa a Alberto Fujimori evitar que el ex mandatario continúe utilizando su alegato de autodefensa con fines políticos-electorales. "Se trata de un alegato político y no jurídico que emplea Fujimori para evadir responsabilidades en este terreno; está pretendiendo comprarse la hipótesis de algunas empresas encuestadoras -muy activas durante su régimen- tratando de vincular su juicio a la campaña electoral de su hija y lanzar a sus herederos dinásticos".
Considera que correspondería al presidente de la Sala Penal Especial, César San Martín, formular un llamado de atención a Fujimori."Creo que Fujimori seguirá con su alegato político si la presidencia de la sala se lo permite, y eso depende de la autoridad que tenga la sala en este terreno. El hecho que no se le haya llamado la atención es una expresión de que, probablemente, continúe con esa misma lógica; pensando que dejarlo decir lo que quiera, no tendrá argumento de no haber sido escuchado o habérsele recortado el derecho de defensa. (Es) una actitud que sacrifica el principio de autoridad y legalidad que el presidente de la sala debiera resguardar".
De otro lado, Diez Canseco se muestra contrariado por la amplia cobertura que le han dado los medios de comunicación al alegato de Fujimori, cuando ni siquiera le dieron espacios pequeños a la parte civil, a los representantes de las víctimas, al Ministerio Público o la fiscalía"Les recortaron sus intervenciones y, sin embargo, le dieron enorme intervención a (el abogado del ex presidente, César) Nakasaki. Y en el caso de Fujimori, una cobertura sin precedentes lo cual revela la influencia que mantienen en medios".
El Destacamento Colina se formó
por orden del Comando Conjunto 
"Sí, nosotros los eliminamos", respondió ante el tribunal en julio de 2008 el ex agente de inteligencia peruano Jesús Sosa Saavedra, acusado de pertenecer al destacamento de aniquilamiento Colina al que se le atribuyen las matanzas por las que se juzga a Fujimori. Sosa, admitió además la responsabilidad de ese destacamento en el asesinato del periodista Pedro Yauri, que justificó diciendo que se trataba de "un terrorista plenamente identificado". También usó ese argumento para justificar los asesinatos de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta, en 1992, a quienes rotuló como "responsables" del atentado con coche bomba ocurrido en la calle Tarata, en Lima, dos días antes. Además manifestó que el Destacamento Militar Colina fue conformado bajo las órdenes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Sobre la matanza de Barrios Altos, manifestó que este crimen fue por orden de Pedro Villanueva Valdivia, quien entonces era Comandante General del Ejército.
De igual modo, narró los hechos del crimen de “El Santa”, matanza perpetrada el 2 de mayo de 1992 en el interior del país, contra trabajadores que se encontraban en huelga por mejoras salariales. Según Sosa fue realizada por orden del entonces Comandante General del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos: “Me consta que fue Hermoza Ríos quien encomendó las operaciones del Santa”. El dueño de la empresa donde laboraban estos trabajadores, era el hermano del general Hermoza Ríos.
Según Sosa Saavedra ambién el crimen de la Cantuta fue por orden del General Nicolás Hermoza Ríos, además dijo: “yo sé que fue el comandante general del Ejército quien ordenó pero quien recibe la orden directa fue el coronel Federico Navarro Pérez”.
"Fujimori dio la orden"
Entrevista al fiscal Avelino Guillén
El fiscal del proceso, Avelino Guillén, afirma que está harto probada la responsabilidad del reo por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
En el proceso, que comenzó el 10 de diciembre de 2007, se presentaron 500 evidencias documentales, más de 60 testigos y el registro periodístico de casi medio centenar de declaraciones del ex mandatario, todos probatorios de que autorizó violaciones de derechos humanos como método para combatir a presuntos guerrilleros, en muchos casos sólo civiles inocentes, dice Guillén en esta entrevista a la agencia IPS. El fiscal, que solicitó una pena de 30 años de prisión para Fujimori, expresa su confianza en que el tribunal dictará una sentencia condenatoria.
BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA:
Agentes de inteligencia militar asesinaron en noviembre de 1991 a 15 habitantes de la zona limeña de Barrios Altos, y a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, cerca de Lima, en julio de 1992. Los perpetradores formaban parte de un escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina, que se creó dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y cuya existencia y acciones, según el fiscal, no podían haber escapado al conocimiento del mandatario.
-IPS: ¿Por qué no existen documentos que acrediten que Fujimori ordenó las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta?
-AVELINO GUILLÉN: Porque aquí se trata de un aparato de poder con dos objetivos centrales: eficiencia en la misión e impunidad para sus integrantes. El aparato de poder protege a quien da la orden, en consecuencia no existen órdenes escritas. Esto explica por qué no se van a encontrar documentos que dicen: "Vaya usted a matar".
-IPS: Entonces, ¿cómo sustenta la acusación contra Fujimori?
-AG: Presentamos un conjunto de pruebas que demuestran que Fujimori ordenó que se aplicaran en Perú métodos de "guerra sucia". Son siete órdenes que demostramos que efectivamente él las dio y que se cumplieron. Esas siete órdenes son la designación de su asesor Vladimiro Montesinos (hoy preso y enjuiciado) como jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); la autorización de que Montesinos controlara y administrara los gastos secretos del SIN; el mandato de que Montesinos controlara las Fuerzas Armadas en representación del jefe de Estado; la orden de que Montesinos manejara los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y el SIN; el nombramiento de Montesinos como interlocutor válido del presidente, por cuyo intermedio éste transmitía órdenes; el nombramiento del general Julio Salazar Monroe como jefe nominal del SIN, permitiendo a Montesinos actuar de manera paralela y clandestina; y la designación de Montesinos como asesor personal del jefe de Estado, única persona ante quien debía rendir cuentas.
-IPS: ¿Se han presentado documentos que relacionan a Fujimori con las actividades del Grupo Colina, responsable de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta? -AG: Una serie de documentos permiten determinar que Fujimori desde un inicio tuvo conocimiento del origen, formación y misión del Grupo Colina, una organización de agentes del SIE, y de cuál era la real misión de esa agrupación. Fujimori autorizó una nueva metodología para combatir el terrorismo, la guerra sucia, que implicaba la eliminación de presuntos subversivos. Y, ¿quién aplicó esos métodos? El destacamento Colina. Quien conformó, convocó y diseñó este destacamento fue Montesinos, su asesor personal. Por lo tanto, él tuvo el dominio del aparato de poder, y el jefe operativo de ese aparato era Montesinos. -IPS: ¿Podría citar alguna evidencia de lo que sostiene? -AG: El 7 de febrero de 1991, Fujimori dirigió un mensaje a la nación dando a conocer la labor de un "pequeño grupo de inteligencia". Era una referencia al Colina que, en efecto, comenzó como grupo de análisis de inteligencia y derivó en operativo. Ese discurso de Fujimori fue redactado en el SIN, como lo ha admitido un ex asesor de Montesinos, Rafael Merino Bartet, que incluso entregó una copia, extraída de las computadoras del servicio de inteligencia.
-IPS: ¿Considera que la defensa de Fujimori ha mantenido una sola línea argumental
-AG: Ha variado muchas veces. Al principio, Fujimori sostenía que el destacamento Colina nunca existió. Luego, ante las evidencias, dijo que era un grupo errático. También afirmó al comienzo que la agrupación dependía solo del SIE, pero ante las pruebas debió aceptar que dependía del SIN. Y el SIN dependía del presidente. Fujimori vivió, despachó y trabajó en la sede del SIN, no pudo haber desconocido la existencia y el funcionamiento del Colina, y ejercía control absoluto del aparato de inteligencia.
-IPS: ¿Cuál es su percepción? ¿Habrá sentencia condenatoria?
-AG: Confiamos en que el tribunal hará valer las pruebas que la fiscalía ha presentado. Nuestra afirmación se respalda en las 500 pruebas documentales que presentamos, el testimonio de 60 testigos que respaldan nuestra posición, además de los 18 audios y vídeos y 30 documentos periodísticos que registran declaraciones de Fujimori señalando lo opuesto a lo que sostiene hoy su defensa. Es evidencia que demuestra que el presidente desmiente al acusado. Las pruebas permiten establecer una realidad concreta: es culpable, él dio la orden.
-IPS: Según encuestas, la población reconoce que Fujimori venció a la violencia de la guerrilla. ¿Hoy está en el banquillo por haber aplicado una exitosa política contra la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso, que permitió a Perú recuperar la paz?
-AG: No. Para empezar, el vencedor fue el pueblo organizado en rondas campesinas y comités de autodefensa, cuyos integrantes expulsaron a Sendero del campo y le inflingieron una derrota estratégica y militar en los años 80. No fue obra de Fujimori porque no estaba en la presidencia. Y la captura del líder senderista Abimael Guzmán fue un trabajo del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la policía antiterrorista en 1992, que no estaba bajo control de Fujimori ni de Montesinos. El GEIN también capturó a la mayoría de integrantes del comité central de Sendero, sin disparar un solo tiro. Esa política no está en el banquillo. Lo que está en el banquillo es el método paralelo y clandestino que ordenó Fujimori, y que tuvo un solo resultado: la muerte de las víctimas que habían elegido. Él es juzgado por los métodos de guerra sucia que ordenó aplicar en Perú. IPS: Estamos en la fase final del juicio, y Fujimori tendrá el uso de la palabra. ¿Qué cree que dirá? AG: Al comienzo, pretendió tener el control del escenario. Eso varió cuando lo interrogamos y le hicimos ver su condición de enjuiciado. Fue un cambio radical. Ahora bien, cuando le toque hablar seguramente dará un discurso político y señalará que se lo está juzgando por haber vencido al terrorismo.
-IPS: En los últimos días, la hija del ex presidente, Keiko Fujimori, ha dicho que si ella ganara las próximas elecciones presidenciales, su padre quedaría libre. ¿No es una advertencia a los jueces?
-AG: Por supuesto. Las continuas declaraciones de líderes de la agrupación de Fujimori apuntan a doblegar la independencia del tribunal. Tratan de decir a los jueces: 'Nada de lo que ustedes hagan va ser importante porque nosotros vamos a tener la decisión final', mediante un indulto en un eventual próximo gobierno fujimorista. Ese es el permanente y amenazante mensaje de los fujimoristas, es obviamente un intento desesperado por cambiar el curso del juicio ante la contundencia de la acusación.
Juicio de Fujimori, un nuevo momento de la democracia peruana
Por
Sofía Macher (*)
Durante los años que duró la dictadura de Alberto Fujimori, fuimos un país secuestrado. Controló la información corrompiendo a muchos dueños de medios de comunicación y creó escenarios para manipular a la opinión pública.
Uno de esos escenarios fue el que monto alrededor de la derrota del terrorismo y sus remanentes, utilizándolo como campaña política. Al inicio del juicio Cantuta - Barrios Altos, pretendió utilizar como estratagema las ideas sembradas entonces: En un intento de discurso político, negó todos los cargos alegando que el había salvado al país del terrorismo y por tanto no se le podía acusar de haber cometido violaciones a los derechos humanos.
La importancia del juicio de Fujimori es enorme para la historia republicana de nuestro país. Es probable que no logre cambiar las convicciones de algunas personas, que seguramente negarán todos los hechos que se vienen develando en los juicios y que tercamente querrán explicarlos como una venganza política o como excesos inevitables “para salvar a los 25 millones de peruanos del terrorismo” (por supuesto, evadiendo comentar sobre los cargos de corrupción por los que ya tiene una sentencia y le esperan otras). Pero esto ya es historia: inevitablemente las nuevas generaciones lo conocerán en su real dimensión.
Las futuras generaciones conocerán la historia a la luz de los resultados de estos procesos judiciales. Se está escribiendo un capítulo de nuestra historia que será una importante enseñanza para futuros gobernantes de nuestro país. Este proceso marca el final de un capítulo.
Es importante además, por muchas otras razones. En primer lugar, pone a prueba al Poder Judicial y abre la posibilidad de recuperar credibilidad ante los ciudadanos. Fujimori destruyó el Poder Judicial y el Ministerio Público. Desde el golpe del 5 de abril de 1992, instaló comisiones interventoras nombradas por él para administrar la justicia so pretexto de reformarla. Cuando luchábamos por la recuperación de nuestra democracia a finales de los 90s, uno de los temas centrales del desmontaje de la dictadura, entre varios otros, fue el retiro de las comisiones interventoras del Poder Judicial y del Ministerio Público. Hoy, un Poder Judicial libre de intervenciones pero en el que subsisten algunos elementos afines a la mafia de entonces, debe demostrarnos que si es posible conducir un juicio que respeta el debido proceso, en el que el acusado tiene garantizados sus derechos, y en el que se haga justicia. El Presidente de la Sala, César San Martín va por buen camino, pero habrá que esperar hasta el final del proceso en segunda instancia.
Es importante también, porque es un juicio público y aún sin conocerse la sentencia, transmite una imagen que habla por sí sola: No importa cuan poderoso puede haber sido una persona, si se le imputan graves delitos, debe responder ante la justicia. De alguna manera es el signo de los nuevos tiempos. Con seguridad es una imagen que guardarán todos nuestros futuros gobernantes y nuestros jóvenes que no conocieron las dimensiones de la dictadura de Fujimori/Montesinos.
Internacionalmente es un ejemplo de la importancia de que los procesos judiciales se desarrollen en su propio país. Sin duda, éste proceso está contribuyendo positivamente a la imagen de nuestro país en el exterior, pero también a consolidar la idea de que Los derechos humanos son una responsabilidad de la comunidad internacional y a la comprensión de que, si no se asume la responsabilidad de la jurisdicción universal, cuando se cometen graves violaciones de derechos humanos y/o graves actos de corrupción, no se puede dar protección a los criminales y estos deben ser devueltos a sus países de origen para que sean juzgados adecuadamente.
Es un momento histórico también para el movimiento de derechos humanos, que, a contra corriente, llevamos los casos hasta el sistema interamericano. Los casos de “Barrios Altos” y “La Cantuta” son emblemáticos de los 90s. Cuando la jueza Saquicuray citó a Montesinos y Hermoza, entonces jefe máximo de las Fuerzas Armadas, a comparecer a su juzgado por el caso Barrios Altos, esa misma madrugada se aprobó un ley de amnistía que obligó a suspender el juicio y los miembros del Grupo Colina fueron inmediatamente puestos en libertad. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces y muchos han sido los que dudaron de que alguna vez los responsables pudieran sentarse en el banquillo de los acusados o, incluso, de ver de vuelta en el país y extraditado, a quien estuvo durante tantos años prófugo. Pero se logró, especialmente gracias al tesón del movimiento de derechos humanos.
Escuchar ahora a Fujimori en el tribunal, diciendo que lamenta esas muertes pero que no tuvo conocimiento de ellas, o que él, que concentró el poder, no daba ordenes y que la culpa de estos crímenes es exclusiva responsabilidad de los militares; o que Las felicitaciones, ascensos y pagos de bonificaciones a los integrantes del grupo Colina, después de las matanzas, las firmó sin saberlo, sin darse cuenta; es una evidencia de que estamos en otra etapa. Etapa en la que ahora son otras las reglas de juego pero en la que también será un reto para el movimiento de derechos humanos lograr que prevalezcan los conceptos y valores sobre los que debe edificarse una democracia (principios que también defendimos cuando él nos acusaba de pro terroristas).
La importancia que este proceso tiene para las víctimas y sus familiares, es otro aspecto a resaltar. Ahora pueden sentirse ciudadanos y ciudadanas plenas de este país, que la justicia no es solo de los “ricos o poderosos” del país. Si bien el castigo por los crímenes cometidos no les devolverá a sus seres queridos, es de gran importancia porque el Estado por fin reconoce el crimen cometido y juzga a los responsables. Se convierte este proceso entonces, en una poderosísima herramienta de inclusión, y sin duda tendrá un impacto en la salud mental de todos ellos.
Por años, estos crímenes fueron justificados como “excesos inevitables que se dan en la lucha contra el terrorismo”. Los familiares por años salieron a las calles a reclamar justicia y fueron ignorados y agredidos. Ahora están sentados en primera fila de la Sala observando el proceso. El efecto trasciende los casos de Cantuta y Barrios Altos: de alguna manera, las demás personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos durante el régimen de Fujimori verán en este juicio que también se les hace justicia a ellos.
En conclusión, el proceso esta contribuyendo a desmontar la versión fuji-montesinista de los noventa y esta confirmando la versión presentada por la CVR en su Informe Final. El golpe del 5 de abril de 1992 fue un hecho injustificado que tuvo como principal objetivo eliminar la oposición política y pasar a tener el control total de todas las instituciones del Estado para tejer una red de corrupción que gozó de total impunidad. Los ciudadanos peruanos no debemos dividir el discurso de la lucha antiterrorista de la red de corrupción creada, el terrorismo fue el pretexto que les dio las manos libres para robarse el dinero del país.
(*) Este artículo fue publicado en enero de 2008. Sofía Mácher es la Presidenta del Consejo de Reparaciones, ha sido comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entre los cargos que ha ocupado destaca la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y fue miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, como responsable política de las oficinas descentralizadas de servicios en: París, Madrid, Cairo, y Hong Kong. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio “Flora Tristan”, (organización feminista Flora Tristan); La Pluma de Oro (Asociación Nacional de Periodistas); Premio a la Resistencia (revista Caretas) 1998, por sus años de trabajo en defensa de los derechos humanos.
