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7.5.09

Brasil:Indígenas

AUMENTAN LOS SUICIDIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DE LA TIERRA. EN 2008 FUERON ASESINADOS 60 INDÍGENAS. LOS NATIVOS DENUNCIAN SU DEFICIENTE ASISTENCIA SANITARIA

En el centro-occidental estado brasileño de Mato Grosso do Sul, cada 10 días se suicida un joven indígena. En principio atribuida a la falta de tierras y de oportunidades, esta tragedia es de tal dimensión que ya ha llamado la atención de especialistas locales y del exterior.

El último joven que se ahorcó -el método más utilizado- tenía 20 años y era empleado de un ingenio de caña de azúcar, una fuente de trabajo externa y culturalmente extraña, pero habitual para muchos de los jóvenes de la etnia guaraní kaiowá ante la falta de otras opciones tradicionales de supervivencia.

Después del noroccidental estado de Amazonas, Mato Grosso do Sul concentra la mayor cantidad de indígenas de Brasil. Se calcula que son unos 70.000 en todo el territorio, la mayoría de la etnia guaraní kaiowá.

"Si no se toman medidas inmediatas tendrá lugar un nuevo genocidio indígena en pleno siglo XXI", advierte un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI), vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos católicos.

El informe anual titulado "Violencia contra los pueblos indígenas, señala que en Mato Grosso do Sul ya se suicidaron seis indígenas desde que comenzó el año. Esto suma 40 muertes por esa causa desde enero del 2008.

El estudio destaca que el 100 por ciento de los suicidios y 70 por ciento de los asesinatos de indígenas, 60 en todo el país, tienen lugar en ese mismo estado.

La mayoría de los asesinatos son cometidos entre los propios indios guaraní kaiowà, en el contexto de peleas, muchas veces familiares.

"Sumado al crecimiento del número de suicidios, se percibe un cuadro de autodestrucción de ese pueblo, provocado por la precaria y violenta realidad que enfrenta", concluye el informe, coordinado por la antropóloga Lucía Rangel.

Saulo Feitosa, secretario adjunto del CIMI,considera que todas las formas de violencia que tienen lugar en Brasil y particularmente en Mato Grosso do Sul están vinculados directamente al problema de la tenencia de la tierra. Una situación que tiene que ver "con el mantenimiento de las disputas de tierras entre indígenas e invasores, y con el mantenimiento de una gran cantidad de aborígenes en pequeñas parcelas.

La edad promedio de suicidios es entre 13 y 17 años. "Muchos adolescentes se matan por la falta de alternativas", añade Feitosa, para quien se trata de un "trauma" vinculado a una edad en que precisamente se está construyendo la identidad.
En ese sentido, el director del CIMI entiende que los jóvenes guaraníes muestran un conflicto agravado, "porque la identidad de esa etnia es profundamente religiosa" y "el hecho de no tener su propio espacio donde rezar, su bosque con sus alimentos para sobrevivir, su tierra para reproducir su identidad cultural, fragiliza aun más la identidad individual de esos jóvenes".

El problema de la tierra


La aldea donde los suicidios son más frecuente es Bororó, en el municipio de Dourados, donde viven hacinados 13.000 nativos en un área aproximada de 3.500 hectáreas.

Allí ante la falta de tierra y esperando la promesa de demarcación, los indígenas viven en casas precarias, muchas de ellas apenas de lona, una al lado de la otra, mientras que los poblados originales de esa etnia están constituídas habitualmente con casas espaciadas.

"Se les obliga a convivir amontonados, los hombres salen a trabajar a los cañaverales en condiciones de trabajo muchas veces de esclavitud, las mujeres se quedan con sus hijos, y en esa situación crece el alcoholismo y la violencia, que lleva a esos alarmantes números de suicidio y asesinatos", dice Feitosa, y destaca que la situación se agrava porque deben convivir grupos étnicos distintos.
El dirigente del CIMI precisa que Mato Grosso do Sul es un estado en el que la demarcación de tierras aun no ha sido resuelta, debido a la "presión muy fuerte del agronegocio", en referencia a las empresas agroexporadoras que producen soja y caña de azúcar, en su mayor parte para biocombustibles, al igual que crían ganado.
La aldea de Bororó fue cercada por este tipo de establecimientos rurales en los últimos 25 años. "Los hacendados compraron tierras, compraron ganado, soja e hicieron monocultivos en nuestras tierras", dice Amilton Lopes, lider indígena.
"Ya no tenemos más lugar donde vivir, donde buscar remedios nativos, donde buscar alimentos para sostener a nuestros hijos, ya no hay más casas para nosotros" Para Lópes, la violencia se explica por estas carencias.
Pero Lópes tiene otras explicaciones sobre el suicidio de indígenas, además de la falta de tierras y de oportunidades: la desintegración familiar y el alcoholismo. "Los jóvenes me dicen que prefieren morir si no tienen cómo vivir y comer, y entonces, para mantener a sus familias, se van a trabajar a las destilerías (ingenios). Pero las mujeres se quedan sólas con sus hijos y ahí se amigan con otro hombre que las mantenga y le dé de comer a sus hijos. Y cuando vuelve el marido la encuentra con otro. Esto aumenta la violencia".
La demanda central de los indígenas, especialmente de los guaraní-kaiowá es la recuperación de sus tierras. "Lo que vivimos en nuestra comunidad es lo que sucede cuando a un pueblo se le quita el espacio, se le quita la tierra, se le quita el bosque y los ríos", explica Anastacio Peralta, otro líder de los guaraní-kaiowá.
Se queja de que desde comienzos del siglo pasado, su grupo ha sido confinado a espacios cada vez más reducidos por la expansión de la agricultura y la ganadería en el estado de Mato Grosso do Sul, a expensas de los derechos de los indígenas. "En este país vale más una cabeza de ganado que un niño, la caña vale más que el bosque", se lamenta.
La antropóloga Lucía Rangel dice que "el confinamiento de los indígenas se ha intensificado por causa del avance de los latifundios agrícolas, sobre todo las plantaciones de soja y caña de azúcar, hay una resistencia muy grande de los no indígenas a la regularización de tierras guaraní-kaiowá".
El informe del CIMI dice que la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano estatal de defensa de los indígenas, envió un grupo de trabajo para definir las tierras de los guaraní-kaiowá, pero suspendió sus trabajos por presión de los agricultores y políticos de Mato Grosso do Sul.

60 asesinatos de indígenas en 2008


El informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), "Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil - 2008", asegura que el año pasado en Brasil fueron asesinados 60 indígenas. Aunque es aún muy elevado, el número de casos es menor que el del año 2007, cuando hubo 92 asesinatos.

También en este caso, el secretario adjunto del CIMI, Saulo Feitosa, considera que esta violencia está directamente relacionada con la cuestión de la tierra. Y explica que, además de los asesinatos, los indígenas sufren también delitos contra el patrimonio, como los conflictos territoriales y los daños ambientales.

Mato Grosso do Sul fue el estado con mayor índice de muertes violentas de indios, con 100% de suicidios y 70% de asesinatos. "Los elevados números predominan en la región de Mato Grosso do Sul porque es el estado donde hay demanda de tierras", explica el secretario. Para Feitosa, la región está marcada por el fuerte agronegocio, que hace que los indígenas vivencien una realidad de "confinamiento".

Después de Mato Grosso do Sul, el pueblo que más enfrentó acciones violentas fue el Guajajara, en Maranhão. Según el informe, se registraron tres asesinatos, siete intentos de asesinato, seis amenazas de muerte y una golpiza. A diferencia de los Guaraní Kaiowá, la mayoría de los actos violentos en la comunidad fueron cometidos por no-indígenas que viven en regiones cercanas a las tierras de los Guajajara.

La violencia contra los pueblos indígenas, sin embargo, no puede ser medida solamente por el número de muertes. La población indígena de Brasil todavía es víctima de prejuicios, de procesos de criminalización y de la omisión del Estado. De acuerdo con la publicación, el año pasado, el accionar del Estado estimuló el proceso de criminalización de los pueblos y de las luchas indígenas.

El informe del CIMI advierte además que muchas muertes ocurren por falta de asistencia del Estado. En 2008, se registraron 30 casos de ausencia de obras de saneamiento básico o de agua potable, principalmente en Minas Gerais y Santa Catarina.

Además, 68 indígenas murieron a consecuencia de la falta de asistencia de salud. Entre las principales fallas señaladas por los indígenas, se destacan: la falta de médicos en las aldeas y puestos de salud; la ausencia de medicamentos y transporte para médicos y pacientes; la falta de personal calificado; y la ausencia de instalaciones adecuadas en los centros de atención.


Ocupación de un edificio público para reclamar atención sanitaria


Representantes de 37 aldeas aborígenes del estado de Sao Paulo ocupan desde el lunes la sede de la Fundación Nacional de la Salud (Funasa) en protesta por las deficiencias de atención sanitaria y por reivindicaciones económicas.
Los indígenas denuncian que ese organismo del Ministerio de Salud no cumple con las garantías sanitarias básicas para las comunidades de la región. Se trata de 37 comunidades que suman cerca de cinco mil habitantes en condiciones de riesgo por la ausencia de un sistema de salud apropiado. Los representantes indígenas explican que niños y niñas de las comunidades "están desnutridos, muriendo por montones", y exigen saneamiento básico, puestos de salud y medicamentos.
Por ese motivo, decidieron ocupar el edificio donde tomaron como rehenes a 37 empleados y exigien la dimisión del coordinador regional de la Funasa, Raze Rezeky . Este miércoles Rezek accedió a presentar su renuncia, pero los indígenas permanecieron en el edificio hasta que esta fuese efectiva, aunque ya habían liberado a los rehenes.
Los manifestantes ocuparon varias salas del edificio, pero permitieron trabajar con normalidad a los funcionarios, a los que no les bloquearon las entradas o las salidas.

Desde Brasilia, el director de la Funasa, Danilo Forte, denunció la ocupación a la Policía para que proceda al desalojo del edificio, en el centro de Sao Paulo. La Funasa es el organismo encargado de la atención médica a las poblaciones indígenas desde 1999, aunque va a ser sustituido por otra entidad dependiente del Ministerio de la Salud en el segundo semestre de este año.

(Fuentes: IPS, AP-chron.com, Adital, Agencia PÚLSAR y EFE)

30.5.08

Brasil: Indígenas

UN FRENTE CÍVICO MILITAR TRATA DE IMPEDIR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DE LULA A LAS ETNIAS AMAZÓNICAS EN RORAIMA Y AMENAZA A 18.000 INDÍGENAS


El gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un grave problema en el estado amazónico de Roraima. Su intento por proteger a los indígenas de la zona de Raposa mediante la creación de una reserva, es contestado por 6 (Seis) poderosas familias arroceras que se niegan a desalojar los territorios indios. Tienen el apoyo del Gobernador y, lo que es más grave, de la cúpula militar brasileña. En 2007 fueron asesinados al menos 76 indígenas en Brasil. Y en Roraima sufren constanteds agresiones, recientemente, fue atacado y destruido el Centro Indígena.

El jefe del Estado mayor del Ejército brasileño, general Luiz Edmundo Carvalho, y sus colegas de Aeronáutica y Marina, respaldaron la creación de un frente parlamentario en "Apoyo de las Fuerzas Armadas en la Amazonia". El general Carvalho, el brigadier Paulo Brito, titular del estado mayor de la Aeronáutica y el almirante Aurelio Ribeiro, jefe de operaciones navales de la Marina, participaron en el acto de lanzamiento del bloque en el Congreso. Carvalho afirmó que "la creación de este frente podrá traer enormes beneficios al país y a la seguridad nacional". La agrupación estará integrada por legisladores que se oponen a la creación de una reserva indígena en Roraima, frontera con Venezuela y Guyana, que fue homologada por el presidente Lula da Silva. El ministro de Defensa Nelson Jobim dijo no estar molesto por la formación de esa agrupación legislativa. "Los órganos de defensa están volcados prioritariamente hacia la Amazonia" aseguró el funcionario. Recientemente, el jefe del Comando Militar de la Amazonia, general Heleno Ribeiro, criticó públicamente al gobierno por su política en esa región.

El Frente Cívico Militar contra la reserva está encabezado en Roraima por el Gobernador de ese estado del nordeste brasileño, José Anchieta Junior, un personaje pintoresco. Ayer acusó a las organizaciones no gubernamentales de utilizar a los indígenas para permitir la penetración de las potencias extranjeras en la selva amazónica. "Me preocupo más con los europeos y estadounidenses y sus centenas de ONG en la Amazonia y no con Venezuela, con el que compartimos frontera. Las ONG extranjeras quieren un cadáver indígena para decir que Brasil no sabe cuidar del tema", dijo este gobernador, opositor al presidente Lula da Silva.

El gobernador fustigó a las ONG's que actúan en su estado, durante un discurso ofrecido en el Club de la Aeronáutica de Rio de Janeiro, en un acto que forma parte de la campaña contra la homologación de tierras de tres municipios hecha en 2005 por el presidente Lula, y que crea la reserva indígena Raposa Serra do Sol, lo que implica la salida del lugar de los no indios. En la región hay temor a una escalada de violencia a raíz de que los productores arroceros se niegan a salir de la reserva indígena ubicada

Contra política indigenista de Lula
La batalla por defender la Amazonia brasileña "empezó por Roraima", según Paulo Cesar Quartiero, personaje central de los conflictos que enturbian la fronteriza tierra indígena Raposa Serra do Sol (RSS) y que están movilizando a políticos y militares en un frente opositor.
Quartiero, un agrónomo de 55 años, migró del extremo sur al norte hace 32 años, instalándose en Roraima, donde adquirió dos haciendas que suman 9.200 hectáreas, y se convirtió en gran productor de arroz. En 2004 ganó la alcaldía de Paracaima, municipio de unos 9.000 habitantes. Detenido nueve días en Brasilia a inicios de mayo, bajo cargos de posesión de explosivos y de armar a los hombres que balearon a 10 indígenas que intentaban invadir su hacienda, se afirmó como líder de los que rechazan la demarcación de la RSS como un territorio indígena único y continuo de 1,7 millones de hectáreas. "No somos mercaderes, no aceptamos indemnización" para dejar las haciendas que se encuentran comprendidas en esa área, pues eso "representaría la muerte, después de 32 años cultivando y preparando la tierra", dijo Quartiero a IPS. "Queremos sólo 4,7 por ciento de esa tierra", señaló, para "acomodar a los 200 agricultores" que siguen en el área, ya demarcada pero aún no entregada en posesión a los indígenas que la habitan y que suman entre 15.000 y 20.000.

Lo que pide Quartiero significaría dividir en "islas" la reserva RSS, cuya demarcación como área continua fue oficializada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005, después de superar cuestionamientos judiciales y debates de casi dos décadas. El proceso obedeció a los principios definidos en la Constitución de 1988.
La mayoría de los agricultores que ocupaban parte de su área aceptaron dejarla, pero el grupo encabezado por Quartiero se resiste. Policías de la Fuerza Nacional de Seguridad y del Ministerio de Justicia iniciaron el 27 de marzo la Operación Upatakon 3 para retirar a todos los habitantes "no indígenas" de la RSS, pero el Supremo Tribunal Federal la suspendió dos semanas después, ante la petición del gobierno de Roraima, para evitar víctimas. El máximo tribunal de justicia debe ahora decidir si la demarcación de la RSS como área continua, homologada por Lula, es válida o debe ser revisada.
Quartiero reconoce que la mayoría de los agricultores locales no tienen títulos legales de propiedad de las tierras ocupadas, "sólo algunos". En su caso, una de sus haciendas fue adquirida a personas que la poseían legalmente desde 1922, "mucho antes de la actual política" y de la instalación de instituciones indigenistas, destacó.
El gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, y Quartiero estuvieron este jueves en Río de Janeiro, en un seminario promovido por el Club de Aeronáutica, hablando ante centenares de personas, buena parte oficiales retirados de la fuerza aérea. La constitución de una alianza político-militar que pone en cuestión la política indigenista y ambiental del gobierno y reclama la defensa de la Amazonia ante una supuesta amenaza extranjera, avanza impulsada por esta polémica sobre la reserva RSS.
Un Frente Parlamentario de Apoyo a las Fuerzas Armadas en la Amazonia se constituyó el martes en la Cámara de Diputados, en una sesión en Brasilia a la que asistieron generales y muchos otros oficiales de las tres Fuerzas Armadas. Sus miembros se oponen a la demarcación de territorios indígenas como la RSS y a la presencia de organizaciones no gubernamentales que, desde su punto de vista, representan intereses extranjeros en la Amazonia.
Un temor más explícito a la invasión extranjera fue expuesto por João Ricardo Moderno, presidente de la Academia Brasileña de Filosofía, cuando habló en el Club de Aeronáutica. Sería una "traición a la Patria" si el presidente o el parlamento de Brasil acogen la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007. Moderno se manifestó también contra la integración sudamericana, por seguir el modelo "bolivariano" del presidente venezolano Hugo Chávez, inspirado en las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El sociólogo Helio Jaguaribe, de 84 años y miembro de la Academia Brasileña de Letras, aportó al movimiento contra el indigenismo actual sus ideas a favor de la "adaptación voluntaria y gradual" de las tribus nativas a la cultura moderna, a través de la educación, la asistencia social y la capacitación profesional de alto nivel. Es "imprescindible revisar" la política oficial, dictada por antropólogos y basada en la "falacia" de que la "cultura primitiva" debe ser preservada y es incompatible con la cultura occidental.
Esto es lo que pasa en Roraima

"Casi 18.000 indígenas de cuatro etnias diferentes en la región norte del estado de Roraima están siendo vilmente agredidos por seis familias de arroceros que se apoderaron ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí." Así comienza la carta enviada recientemente por Roberto Jaramillo, superior de los jesuitas del Amazonas. En su misiva expone una situación desesperada: "Las comunidades indígenas de la Reserva Indígena "Raposa Sierra do Sol" están en pié de lucha ocupando SU PROPIO territorio. Hoy 6 de mayo, en la mañana, diez indígenas fueron baleados por mercenarios al servicio de los invasores. "
En estos momentos el del territorio indígena Raposa Serra do Sol en Roraima es el ejemplo más emblemático en la lucha por la defensa de los territorios indígenas. El presidente Lula determinó, desde abril de 2005, la homologación en área continua de la reserva indígena. Pero, tres años después, cuando la Policía Federal fue al lugar a hacer cumplir la ley, los arroceros iniciaron una serie de agresiones contra los cuatro pueblos indígenas que viven en el área.
El sacerdote Herminio Canovo, coordinador de la CPT Nacional, dice que la situación en el lugar es de extremo conflicto. "Por lo menos ocho jóvenes indígenas fueron baleados, uno tenía 12 balas en el cuerpo". Además, los caminos continúan bloqueados; la policía y el ejército están supervisando la seguridad del lugar y sólo entra en Surumú quien está llevando productos alimenticios y remedios.
Los pequeños agricultores que ocupaban el área se retiraron con la homologación del presidente Lula. Ahora, sólo quedan en el lugar seis grandes empresarios productores de arroz, que intentan a toda costa desmovilizar a los indios, captando a los miembros de las comunidades. Según el líder indígena Jacinaldo Barbosa, ellos van a reaccionar hasta alcanzar al último indio.
Para Canovo, lo que está ocurriendo en Raposa Serra do Sol es "la resurrección del movimiento indígena de Roraima, que no va a ceder".
La situación en el área indígena está en las manos del Supremo Tribunal de Justicia. El Ministro(magistrado) del Supremo, Gilmar Mendes, quiere ir al lugar personalmente para analizar el caso. Pero, si la decisión del Supremo fuera a favor de los no-indios -con la revocación del decreto presidencial-, estará en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas las reservas indígenas del país, que pasarán a ser todavía más ambicionadas por los latifundistas.
Para proteger las reservas indígenas y, antes que nada, democratizar la tierra en Brasil, con una reforma agraria real, desde abril, organizaciones de la sociedad civil que integran el Forum Nacional por la Reforma Agraria y por la Justicia en el Campo debaten sobre el límite de la propiedad de la tierra en Brasil. El objetivo es fortalecer la organización de la Campaña por el Límite de la Propiedad de la Tierra.
Según Canovo, están preparándose videos, cartillas y carteles, para presentar a la sociedad brasilera los motivos físicos, sociales, económicos, ambientales, geográficos y éticos de ese límite. La idea inicial es formar a la sociedad sobre el tema. Mientras tanto, un equipo de especialistas que incluye abogados, geógrafos, agrónomos, está elaborando un proyecto para ser presentado al país, pero la discusión sobre el límite de la propiedad de la tierra demandará más tiempo.
La escasez de tierras detrás de los asesinatos de indígenas

En Brasil fueron asesinados por lo menos 76 indígenas en 2007, 58 por ciento más que en el año anterior. Ese aumento se concentró en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde los guaraníes viven confinados en tierras insuficientes para sostener sus tradiciones.
El total de asesinatos en 2007, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) según datos aún preliminares. Pero ya es claro que los problemas más graves están en Mato Grosso do Sul, donde se perpetraron 48 de los 76 crímenes, destacó. En 2006, en ese estado se habían cometido 20 de los 48 asesinatos registrados. La causa principal es el "confinamiento" en que vive el grupo kaiowá de los guaraníes, según los indigenistas.

En la reserva de Dourados, donde la violencia es más visible, "hay 12.000 indígenas viviendo en poco más de 3.000 hectáreas", según el padre Liebgott, presidente del CIMI. La vida en las reservas de extensión limitada es particularmente grave para los guaraníes, que son por tradición un pueblo caminante, que suele cruzar las fronteras con Paraguay y Argentina, donde también es numeroso. En consecuencia, los conflictos internos y con la sociedad circundante estallan de forma violenta.
La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano del gobierno encargado de la política hacia la población autóctona, se comprometió a crear 35 nuevos territorios indígenas en Mato Grosso do Sul, pero no cumplió y en consecuencia las tensiones prosiguen. En Mato Grosso do Sul viven más de 60.000 indígenas, casi la mitad del pueblo guaraní-kaiwoá, en el que también son numerosos los suicidios de jóvenes, en general atribuidos a la falta de perspectivas de vida por la escasez de tierras. Pero en el mismo estado viven también, según datos del CIMI, cerca de 16.000 terenas que no presentan una incidencia anormal de asesinatos y suicidios, pese a sufrir una restricción de tierras similar. "Somos un pueblo con poca tierra, tenemos una aldea de 400 personas en cuatro hectáreas", dice Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal y director del Memorial de los Pueblos Indígenas. Es muy grande la diferencia entre el kaiwoá, un pueblo que "sufre el síndrome de víctima" y que "no es agricultor", y los terenas, que cultivan la tierra en forma comunitaria y se adaptaron mejor a la vida impuesta por los blancos colonizadores, explica.
Además, los kaiwoás sufrieron mucha influencia de los jesuitas, sacerdotes católicos que se dedicaron a la evangelización desde que los portugueses llegaron a tierras sudamericanas en el siglo XVI, con el mito de la "tierra prometida, que coincide con la muerte", añade. Para Egon Heck, coordinador del CIMI en Mato Grosso do Sul, "el cuadro es aterrador por el aumento absurdo de la violencia", agravada por la combinación de varios factores.
Los agrocombustibles también matan indios

Las grandes inversiones para expandir la caña de azúcar, ante la euforia del etanol como sustituto de la gasolina, fortalecen la presencia de monocultivos y encarecen la tierra, convirtiéndola en objeto de disputas más intensas y agresivas. En lo político, los gobiernos locales están completamente "alineados con los intereses del agronegocio", afirma Heck. Esa situación en los alrededores deteriora las perspectivas de vida futura para los indígenas, "desatando la violencia interna en las aldeas", señala. Además, muchos de ellos trabajan afuera, en el corte de caña, por ejemplo, por lo que permanecen alejados de sus comunidades cerca de 70 días, "y al regresar traen problemas como el alcohol y otras drogas, lo que contribuye a hacer más frágiles las relaciones sociales internas y con la vecindad". Hay 11 centrales azucareras y destilerías de alcohol carburante operando en el estado y otras 30 en construcción, con perspectivas de que alcanzarán a ser 60 en total, según Heck.
Una empresa productora de azúcar y alcohol de Mato Grosso do Sul fue clausurada al comprobarse que sometía a más de 800 trabajadores indígenas a condiciones análogas a la esclavitud. La acción estuvo a cargo del Grupo Móvil de combate al trabajo esclavo, compuesto de inspectores del Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Policía Federal.

Otra fuente de violencia procede de los terratenientes locales, que aún tienen espíritu de "coroneles" --tradicionales exponentes de la oligarquía rural brasileña-- y recurren a la fuerza para dirimir conflictos generados por la nueva táctica de los guaraníes de ocupar tierras que consideran suyas, e instalar en ellas campamentos, siguiendo el ejemplo del Movimiento de los Sin Tierra que lucha por la reforma agraria. Es así como viejos líderes de los guaraníes han sido asesinados brutalmente, a cuchillazos y apaleados.
Con la revalorización de la tierra, ante la expansión de la soja y la caña de azúcar, "incluso cien hectáreas son motivo de mucha pelea", comenta Terena.
Raposa Sierra del Sol:
CUESTIÓN DE JUSTICIA
Por Frei Betto (*)
El 15 de abril del 2005 el presidente Lula firmó la homologación, en un área continua, de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en RORAIMA . Este año la Policía Federal, en cumplimiento de la ley, se movilizó para retirar de la reserva a seis arroceros. Los invasores de la zona, convencidos de que "el indio atrasa el progreso", reaccionaron con violencia, incluyendo bombas. Hicieron un acto político capaz de inducir al STF a suspender la medida legal y reiniciar el doloroso camino ya transitado por los tres poderes de la República. RORAIMA contiene poco más de 400 mil habitantes en un territorio de 224.298 km2 (poco menor que el Ecuador).
Raposa Serra do Sol es una zona de 1,67 millón de hectáreas situada al nordeste del estado, en la frontera con Venezuela y Guyana. La zona fue demarcada por el Ministerio de Justicia a través del protocolo 820/98, en 1998, durante el gobierno de Cardoso. Del área de RORAIMA , 46,35 % está reservada para los indígenas. Allí ellos suman 46.106, distribuidos en 152 aldeas de los pueblos yonomami (15 mil), macuxi, wapixana, wai-wai, ingaricó, taurepang, waimiri-atrari y patamona. Políticos y arroceros querían la demarcación en un área descontinua, "islas" donde pudiesen permanecer con sus tierras (invadidas) y propiedades (ilegales). Fueron creados tres municipios dentro de la reserva indígena: Normandia, Uiramutã y parte de Pacaraima. Raposa Serra do Sol no es sólo una selva salpicada de tribus. Allí actúan 251 profesores indígenas en 113 escuelas de enseñanza elemental y tres de enseñanza media. Los indígenas manejan un rebaño de 27 mil cabezas de ganado. Dentro de la reserva funciona la Escuela Agropecuaria de Surumu, que profesionaliza técnicos de nivel medio. En convenio con Funasa hay 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en microcopio, trabajando en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Se valora la medicina tradicional indígena.
Dentro del territorio demarcado seis arrozales ocupan 6 mil hectáreas, con tierras de regadío, en las márgenes de los ríos Cotingo, Tacutu y Surumu. Todos en tierras apropiadas de la Unión. Utilizan agrotóxicos, destruyen la vegetación folicular, desecan lagunas y canales, abren surcos para canalizar el agua de los ríos hacia sus tierras. La misma agua, contaminada con agrotóxicos e inutilizable para el consumo, vuelve al río, matando los peces.
En verano, impedidas de hacer uso del agua de los ríos, las comunidades indígenas se ven obligadas a cavar pozos. Con la destrucción de lagunas y de la vegetación folicular desaparece la caza. Los aldeanos dentro de la reserva dan apoyo a los ocupantes ilegales y eso hace que circulen las bebidas alcohólicas, ofrecidas muchas veces a los jóvenes indígenas… Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el artículo 231 de la Constitución, que les asegura la posesión permanente y el uso exclusivo de sus tierras. Una demarcación fraccionada de la zona favorecería la invasión de forasteros, aumentaría la incidencia de conflictos y pondría en riesgo la sobrevivencia de culturas milenarias.
En la primera semana de enero del 2004 el Jornal Nacional mostró la movilización de arroceros y latifundistas cortando carreteras en su empeño por evitar la homologación de Raposa Serra do Sol. Con el apoyo de líderes indígenas comprados, secuestraron a tres misioneros católicos de la Misión Surumu: los padres Ronildo Pinto França, brasileño, César Avellaneda, colombiano, y el hermano español Juan Carlos Martínez, todos ellos miembros del Instituto Misión Consolata. El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, advirtió al gobernador Flamarion Portela, de RORAIMA , que el gobierno federal tomaría medidas para liberar a los rehenes y desmovilizar la protesta. La Policía Federal actuó y liberó a los secuestrados. Eran las seis de la mañana del 23 de noviembre del 2004, cuando la comunidad jaguari fue despertada por tiros, gritos y ruidos de máquinas. Cuarenta hombres armados mataron gallinas, cerdos y perros y le dieron dos tiros, uno de ellos en la cabeza, al macuxi Jocivaldo Constantino. De allí se fueron a destruir las comunidades indígenas Brilho do Sol, Retiro São José y Homologação. En las cuatro aldeas derribaron con tractores 37 casas e incendiaron los escombros, sin dejar la iglesia, la escuela y el puesto de salud; aislaron la zona y cerraron los caminos. 131 personas quedaron sin vivienda.
Retrotraer la homologación de Raposa Serra do Sol a un área no continua representa un grave precedente jurídico en relación a los demás procesos demarcatorios, y podría estimular a los abusivos y oportunistas a realizar invasiones por el mismo estilo de las habidas en RORAIMA . En cuanto a la Seguridad Nacional, recuerdo que los pueblos indígenas históricamente han desempeñado un papel fundamental en la preservación y defensa de nuestros actuales límites territoriales. No son los indios quienes promueven la degradación ambiental, el contrabando, la proliferación de buscadores de oro y la tala de maderas preciosas. La hipótesis de crear una franja de 10 a 20 kms de anchura a lo largo de nuestras fronteras tiene el peligro de traer a la región un intenso movimiento migratorio de no-indios, causando degradación ambiental y social, deforestación y contaminación de los ríos. Le toca al STF hacer cumplir la Constitución, o sea confirmar la homologación en un área continua, y al gobierno trasladar la sede del municipio de Uiramutã hacia las márgenes de la autovía BR-401 (que llega a la Guyana); promover la regularización agraria de RORAIMA y reasentar a los habitantes en zonas definidas por el Incra, pagándoles justas indemnizaciones; y preservar las actuales autovías, como bienes públicos, para uso de los ciudadanos sean indígenas o no.
Dividir Raposa Serra do Sol es dividir la Constitución Brasileña, reforzar la discriminación de los indígenas y premiar la obstinación de quienes apoyan los intereses de apenas seis arroceros.
(*) Frei Betto, teólogo de la liberación brasileño, asesor de Lula da Silva, autor de "La mosca azul. Reflexión sobre el poder", entre otros libros.

(Fuentes:ANSA-Latina, Agencia IPS, Soitu.es y Adital)

14.4.08

Brasil: Indígenas

AL MENOS 92 INDÍGENAS ASESINADOS EN 2007, UN 60 POR CIENTO MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR. LA TITULARIDAD DE LA TIERRA ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LOS CONFLICTOS

El último informe presentado por el ente brasileño Consejo Indigenista Misionero (CIMI) asegura que los hechos de violencia contra pueblos originarios aumentaron un 60 por ciento entre 2006 y 2007. Al menos 92 indígenas fueron asesinados en 2007.El estado de Mato Grosso do Sul es donde más muertes violentas se produjeron: un total de 50 muertes en el periodo analizado.
El informe señala que más del 50 por ciento de la juventud indígena es víctima de la violencia y que la falta de reconocimiento de las tierras indígenas continúa siendo la principal causa de conflictos.
El desconocimiento de la propiedad ancestral de tierras de las comunidades indígenas da lugar a amenazas, intentos de asesinato y muertes por suicidio.
El informe también señala la falta de atención médica y las invasiones de tierras indígenas como otras formas de violencia.
El estudio se basa en informaciones de comunidades indígenas y en las noticias de diarios de todo el país.
Los datos preocupan porque involucran a un gran número de adolescentes y jóvenes asesinados, tanto por los propios indígenas como por personas que no pertenecen a las comunidades.



Peleas por la posesión de la tierra

Mato Grosso do Sul, es un caso paradigmático en el que los crimenes contra indígenas aumentan con respecto a 2006 en un 92%. Según el Consejo Indigenista Misionero, en su mayoría los asesinatos cuya autoría fue identificada, fueron cometido por indígenas, en peleas. En 2006 fueron 24 los casos y en 2007, 31 casos. Pero también hay muchos casos en los que la autoría permanecía desconocida hasta la elaboración del informe.

Las peleas internas son un retrato de la pequeña cantidad de tierra para tanta gente, en algunas aldeas hay menos de 1 hectárea de tierra por persona. Con esta situación, los indios no tienen dónde plantar, teniendo muchas veces que salir de las aldeas en busca de trabajo asalariado.
En Mato Grosso do Sul las comunidades Guarani-Kaiowá viven bajo clima de tensión, compartiendo parcelas exiguas de tierra, o en campamentos a la vera de los caminos y hasta inclusive en tierras demarcadas de grupos de Tekohás (tierra tradicional).
Para la antropóloga Lúcia Rangel, que organizó el informe, la situación del pueblo Guarani-Kaiowá es igual a la constatada en el informe de 2003/2005. "Los datos muestran que un verdadero genocidio continúa en curso en Mato Grosso do Sul : mayor número de víctimas de asesinato, tentativas de asesinato, suicidios; índices todavía altos de desnutrición, mortalidad infantil, alcoholismo y toda suerte de agresiones y amenazas".
Además, los indios tienen que convivir en medio de grandes plantaciones (caña de azúcar, soja, maíz) y pecuaria extensiva que contaminan con agrotóxicos las fuentes de agua, que provocan enfermedades y no dejan espacio para la agricultura familiar. Los indios, que dejan sus aldeas en busca de trabajo, son adsorbidos por los ingenios de caña de azúcar, donde el informe da cuenta de casos de trabajos en condiciones degradantes o análogas a la esclavitud.
Después de Mato Grosso do Sul, Maranhão fue el estado en el que se registró el mayor número de asesinato de indígenas, 10 víctimas. Según el Cimi, tres de esas víctimas están relacionadas con el problema de la explotación ilegal de madera en la tierra Araribóia, del pueblo Guajajara. El pueblo Awá Guajá está sufriendo amenazas mediante la deforestación de la región y también enfrenta diariamente la presencia de esos madereros. El pueblo Guajajara, es afectado además por la presencia de la Vale en su territorio.
"En 2006, los dos casos de homicidios culposos registrados en el estado están ligados a la vía férrea de la empresa que corta la tierra Maranduba, de los Guajajara", dice el informe.
Además, en 2006, el Cimi registró 32 casos de invasiones de toma de posesión de tierra y explotación de recursos naturales en los estados de Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins y Santa Catarina.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital y Radioagencia NP)

17.1.08

Brasil: Derechos Humanos, pobreza e indígenas

NUEVA MASACRE DE LA POLICÍA MILITAR DE RÍO. SIETE MUERTOS, ENTRE ELLOS UN NIÑO DE TRES AÑOS. EN 2007 MATÓ A 1.260 PERSONAS, UN `RÉCORD' HISTÓRICO


Una acción de la Policía Militar de Río de Janeiro el pasado 10 de enero en la favela Jacarezinho terminó con siete personas muertas y varias acusaciones de tortura y otras violaciones. Aún no ha sido esclarecido el objetivo de la operación, aunque algunos medios sugieren que la policía cumplía ordenes judiciales en busca de vehículos robados y para combatir el narcotráfico.
La Red de Comunidades y Movimientos contra la Violencia informó que la operación fue muy violenta y destacó la muerte de Wesley Damião da Silva, quien tenía apenas tres años. La Red denuncia también que la policia obligó a un joven a beber cloro antes de ser ejecutado y que se produjeron irrupciones violentas de los agentes en muchos domicilios, sin mandato judicial alguno y con agresiones contra los moradores.
Los departamentos de la Policía de Rio de Janeiro responsables por este nuevo caso de violación de derechos humanos son el llamado "Bope" y dos batallones regulares.


Aumentan las matanzas policiales durante el gobierno de Cabral

El primer año del gobierno de Sergio Cabral (PMDB) al frente al estado de Río de Janeiro, registra el mayor número de muertos por la policía federal desde 1998. Fueron contabilizadas aproximadamente mil trescientas muertes en supuestos enfrentamientos con la policía , los llamados "actos de resistencia". Sin embargo, este dato podría ser au mayor ya que las jefaturas policiales no informatizadas, que representan cerca de 30% del total, aún no han contabilizado los últimos cuatro meses de 2007.

El número parcial de este año ya supera el antiguo récord – casi 1,2 mil muertos – registrado en 2003, primer año de gobierno de Rosinha Matheus (PMDB). Si se compara con las cifras de 2006 de todas las jefaturas de Río, los datos parciales de 2007 son un 18% mayores.
Estos datos fueron divulgados el último martes, día 08, por el Instituto de Seguridad Pública del estado. Y reflejan, junto a un aumento de las bajas causadas por la policía, una caída del 26% en la captura de armas y drogas.
En el año de 2007 el gobierno de Cabral puso en marcha la llamada “policía de enfrentamiento”, conocida por sus grandes y violentas operaciones, como las ocupaciones de la favela de Coréia y del Complejo del Alemán. El día 27 de junio de 2007, la policía mató a 19 personas en el Complejo en una supuesta operación contra narcotraficantes. Un laudo realizado por la Secretaría Especial de los Derechos Humanos concluyó que “fueron encontradas evidencias de muerte por ejecución sumaria y arbitraria” en al menos dos de esas 19 muertes.

La reacción del gobernador Sergio Cabral, quien asumió el año pasado, ha sido decir que los medios están más preocupados por los criminales que por sus víctimas.
"¿Cuantas personas murieron a manos de criminales el año pasado?", le preguntó al sitio de internet del diario O Globo, de Río de Janeiro. "Consideremos los derechos de las víctimas, que están sufriendo".
Por su parte el jefe de la policía de Río de Janeiro, Gilberto Ribeiro, le dijo a la radiodifusora CBN que las muertes eran reflejo de las nuevas acciones de la policía en contra de los narcotraficantes que controlan los más de 600 barrios marginales de la ciudad. "El 2007 fue el año en que la policía empezó a recuperar las comunidades históricamente ocupadas por los traficantes", dijo Ribeiro. "Estas cifras reflejan el mayor número de operaciones. No es que la policía sea más violenta, pero no podemos perder ante los narcotraficantes".


También aumenta la violencia contra los indígenas

Según el informe elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) sobre Violencia contra Pueblos Indígenas en Brasil en 2006 y 2007, que será divulgado en abril, la violencia contra esos pueblos aumentó casi un 40%. En ese periodo fueron asesinados 124 indígenas, 76 en 2007 y 48 en 2006 .

El número de asesinatos en 2007 fue el mayor que haya registrado el Cimi. Solamente en Mato Grosso do Sul fueron 48 los asesinatos. El número de asesinatos en el estado creció casi un 150% si se compara con los dados registrados en 2006, cuando tuvieron lugar allí 20 asesinatos. El estado con el segundo mayor número de registros es Pernambuco, con 8 asesinatos.
El vicepresidente del Cimi, Roberto Liebgott, evalúa que el endurecimiento de la violencia contra los indígenas y el aumento de los asesinatos se dio, fundamentalmente, por dos razones: negligencia del Gobierno Federal frente a la realidad indígena, que no se estructura para demarcar, proteger las tierras de esos pueblos, ni para retirar a los invasores.
Además, según el vicepresidente del Cimi, en el estado de Mato Grosso do Sul -en el cual ocurrieron más de la mitad de las muertes- existe una realidad de gran densidad poblacional en dos reservas: Dourado y Guaraní Kaiowá.
En la primera, más de 12 mil indígenas comparten un área de cerca de tres mil hectáreas. El poco espacio, provoca una situación de confinamiento que potencializa los conflictos internos. De los 48 asesinatos en el estado, 14 ocurrieron en Dourado. Para Liebgott, el gobierno tiene que demarcar nuevas áreas, que ya son tradicionalmente del pueblo de Dourado, para disminuir la densidad poblacional.

En relación con el pueblo Guaraní Kaiowá, el vicepresidente del Cimi reclama que la Fundación Nacional del Indio (Funai) demarque las 32 áreas, de acuerdo con lo que se comprometió a realizar a través de un 'Término de Ajuste de Conducta'. Sin embargo, los grupos de trabajo responsables para realizar el estudio de las demarcaciones, que deberían haber sido formados antes de diciembre de 2007, todavía no existen.
De acuerdo con el Cimi, se mantienen los asesinatos en situaciones de conflicto con grandes hacendados.

En 2007, dos líderes de un mismo grupo Guaraní fueron asesinados por luchar para reocupar sus tierras (Kurussu Ambá). En enero, la rezadora-adivinadora Xurete Lopes, de 70 años, fue asesinada por guardias de seguridad particular durante una reocupación de tierra. En julio Ortiz Lopes, del mismo grupo, fue asesinado en la puerta de su carpa, según testigos, por un grupo al mando de un hacendado.
Según Liebgott, el Cimi está preocupado también por los grandes impactos que el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que está siendo implementado por el Gobierno Federal, va a tener sobre las tierras indígenas. La construcción de las hidroeléctricas del Río Madeira (Rondonia) y de Belo Monte (Pará) y los financiamientos al agronegocio y a la agroindustria para la siembra de soja y eucalipto van a afectar territorios de pueblos indígenas.
Además, en la región Amazónica existen más de 40 pueblos indígenas que todavía viven aislados, sin ningún contacto con la sociedad brasilera, y van a ser desterrados a las fronteras por esos proyectos; sin embargo, el gobierno no demuestra ninguna preocupación por ellos.
El informe que el Cimi difundirá en abril traerá números sobre amenazas, intentos de asesinato, muertes por falta de asistencia (suicidio, falta de atención médica...), invasiones de tierras indígenas, entre otros. El informe también analizará el crecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas. El estudio está basado en informaciones reseñadas en las comunidades indígenas y en el seguimiento de periódicos de todo el país.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AP, Radioagência Notícias do Planalto y Adital)

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