Una decisión judicial puede determinar el futuro de los indígenas de Brasil. El próximo mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal decidirá si permite a seis latifundistas arroceros permanecer en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol (en el estado de Roraima) reconocida por el presidente Lula en 2005, y donde viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó. Si la decisión favorece al agronegocio se creará un precedente que pone en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas tierras indígenas demarcadas en Brasil hasta el momento, que podrán ser cuestionadas, revisadas y ambicionadas por los latifundistas. La tensión en la zona es muy alta y los latifundistas han llegado a usar la violencia, con ataques a los centros comunitarios indígenas, como ya denunció Pepitorias en mayo (Ver informe)
Un momento difícil
Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos más vulnerables de su historia. El cambio climático y la escasez de recursos naturales, ha llevado a muchas grandes empresas del agronegocio y el mercado energético a fijar sus ojos en las tierras ocupadas por los indígenes brasileños, vulnerando la propia Constitución brasileña.
Si , pese a las presiones de los poderosos, el Supremo se decanta a favor de los indígenas, se teme una reacción violenta por parte de los arroceros y los políticos locales hacia las comunidades indígenas. El pasado mes de mayo, pistoleros del latifundista Paulo César Quartiero, quemaron puentes, incendiaron aldeas y dispararon e hirieron a un grupo de indígenas en la comunidad Dez Irmaos.
Si , pese a las presiones de los poderosos, el Supremo se decanta a favor de los indígenas, se teme una reacción violenta por parte de los arroceros y los políticos locales hacia las comunidades indígenas. El pasado mes de mayo, pistoleros del latifundista Paulo César Quartiero, quemaron puentes, incendiaron aldeas y dispararon e hirieron a un grupo de indígenas en la comunidad Dez Irmaos.
La permanencia de los latifundistas amenaza también el medio ambiente. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) en Roraima ha constatado graves alteraciones del curso de ríos y lagos por parte de los arroceros, así como el envenenamiento de agua y fauna por la utilización de los agrotóxicos. La ONG Pueblos Hermanos y la empresa de comunicación CIPÓ, se han unido para llevar a cabo una campaña de concienciación a nivel internacional sobre la desprotección en que se encuentran los pueblos indígenas de Brasil, incluso cuando la ley ha reconocido sus derechos. “Brasil vive un momento crucial en la lucha por la tierra. Los latifundistas buscan tierras para ampliar las extensiones del agronegocio por encima de los derechos indígenas reconocidos en la Constitución brasileña”, afirma Sonia Ortega, responsable de Educación para el Desarrollo de la ONG Pueblos Hermanos. “Se trata de una lucha entre dos modelos económicos: el que explota la naturaleza buscando la rentabilidad económica y el que ve la tierra como algo sagrado y usa los recursos de manera sostenible”
Los indígenas de Raposa Serra do Sol buscan apoyo internacional
En Junio los líderes indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol , Jacir Macuxí y Pierlânga Wapixana, designados por el Consejo Indígena de Roraima, comenzaron en Europa la campaña "Anna Pata, Anna Yan" (Nuestra Tierra, Nuestra Madre), que busca apoyos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a su lucha por la protección de sus tierras en la selva amazónica y la detención de la violencia ejercida en su contra. En Madrid y en la Casa de América, denunciaron la violencia en contra su pueblo, que es cometida por los productores de arroces que invadieron las tierras indígenas y que se ha intensificó semanas antes de su viaje con la quema de decenas de casas y dos escuelas indígenas. Los líderes indígenas explicaron también sus problemas a la Vicepresidencia del Gobierno y a la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.
En Junio los líderes indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol , Jacir Macuxí y Pierlânga Wapixana, designados por el Consejo Indígena de Roraima, comenzaron en Europa la campaña "Anna Pata, Anna Yan" (Nuestra Tierra, Nuestra Madre), que busca apoyos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a su lucha por la protección de sus tierras en la selva amazónica y la detención de la violencia ejercida en su contra. En Madrid y en la Casa de América, denunciaron la violencia en contra su pueblo, que es cometida por los productores de arroces que invadieron las tierras indígenas y que se ha intensificó semanas antes de su viaje con la quema de decenas de casas y dos escuelas indígenas. Los líderes indígenas explicaron también sus problemas a la Vicepresidencia del Gobierno y a la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.
También estuvieron en Londres, como en otras capitales europeas, y allí se reunieron con diputados y responsables del ministerio de Exteriores británico, a quienes pidieron apoyo para frenar las invasiones perpetradas por "grupos de arroceros poderosos. Es nuestro lugar, el de nuestros antepasados y el de nuestros hijos, que ahora peligra por la codicia de los terratenientes", denunciaron.
"Esta es una batalla crucial para los indígenas brasileños y para la Amazonia. Si los arroceros y los políticos consiguen el robo de Raposa Serra do Sol, indígenas de todo Brasil podrían ver cómo a ellos también se les roban sus tierras", advirtió Stephen Corry, director de Survival International.
Las presiones ante la sentencia del Supremo
La reserva de Raposa Terra do Sol, de 1,6 millones de hectáreas, fue legalizada por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en 2005, tras 30 años de demandas de los cerca de 19.000 indígemas macuxi, wapichana, ingarikó, taurepang y patamona, pero varios productores arroceros continuaron ocupando enormes áreas y ampliando sus plantaciones, a veces por medio de la fuerza.
En agosto el Tribunal Supremo Federal de Brasil, debe pronunciarse sobre un recurso contra ese "decreto de Homologación" firmado por Lula.
Las autoridades del estado de Roraima consideran que las comunidadades indígenas son demasiado pequeñas para ocupar tanto terreno (un 7% del Estado), por lo que presentaron un recurso judicial para recuperar el control sobre parte de la tierra.
La creación de esa reserva choca también con sectores nacionalistas y militares que proponen separarla de la frontera con Venezuela y Guyana en nombre de la "defensa de la soberanía nacional".
Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos históricos de mayor vulnerabilidad. La presión del poder del agronegocio y energético amenazan con dejar a los pueblos indígenas sin tierra vulnerando la Constitución brasileña. Según datos del Censo brasileño, más de 700 mil indígenas, de 215 grupos distintos, viven en Brasil, tanto en reservas como en zonas urbanas. De ese total, 345 mil viven en aldeas. Sólo en 2007 fueron asesinados 86 indígenas.
El caso de Raposa Serra do Sol
Las autoridades del estado de Roraima consideran que las comunidadades indígenas son demasiado pequeñas para ocupar tanto terreno (un 7% del Estado), por lo que presentaron un recurso judicial para recuperar el control sobre parte de la tierra.
La creación de esa reserva choca también con sectores nacionalistas y militares que proponen separarla de la frontera con Venezuela y Guyana en nombre de la "defensa de la soberanía nacional".
Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos históricos de mayor vulnerabilidad. La presión del poder del agronegocio y energético amenazan con dejar a los pueblos indígenas sin tierra vulnerando la Constitución brasileña. Según datos del Censo brasileño, más de 700 mil indígenas, de 215 grupos distintos, viven en Brasil, tanto en reservas como en zonas urbanas. De ese total, 345 mil viven en aldeas. Sólo en 2007 fueron asesinados 86 indígenas.
El caso de Raposa Serra do Sol
La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol está situada en el Estado de Roraima (norte de Brasil). En ella viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, distribuidos en 149 comunidades.
Primero fueron los colonizadores portugueses y los grandes ganaderos que ocuparon enormes extensiones de Raposa Serra do Sol. Esclavizaron a los indígenas, hasta tal punto, que los marcaban con hierro ardiendo como al ganado.
Luego, llegaron los buscadores de oro –garimpeiros-, que incrementaron el clima de violencia en Raposa, introdujeron enfermedades, el alcohol, y causaron enormes daños al medio ambiente.
En 1992 desembarcaron los grandes empresarios del agronegocio, que ocuparon enormes extensiones donde plantaron arroz. Gran parte de la ocupación se realizó en época muy reciente, cuando la demarcación de tierra indígena ya había sido reconocida. Las agresiones y los daños ambientales se han intensificado: 21 líderes indígenas asesinados, cientos de indígenas heridos (incluidos mujeres y niños), comunidades enteras arrasadas y actos terroristas como la utilización de bombas para destruir las casas, hospitales y escuelas indígenas. El Gobierno del Estado de Roraima ha premiado a los arroceros con la exención de impuestos y respalda su lucrativo negocio mediante medidas legales que van contra los derechos indígenas. Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental impuestas por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente). Tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas.
La influencia del lobby del agronegocio ha conseguido que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, máximo órgano judicial, haya suspendido la operación de la Policía Federal para expulsar a los latifundistas, y haya aceptado un recurso del gobierno de Roraima contra la demarcación de la tierra indígena.
Los arroceros se quedaron en 2005
Primero fueron los colonizadores portugueses y los grandes ganaderos que ocuparon enormes extensiones de Raposa Serra do Sol. Esclavizaron a los indígenas, hasta tal punto, que los marcaban con hierro ardiendo como al ganado.
Luego, llegaron los buscadores de oro –garimpeiros-, que incrementaron el clima de violencia en Raposa, introdujeron enfermedades, el alcohol, y causaron enormes daños al medio ambiente.
En 1992 desembarcaron los grandes empresarios del agronegocio, que ocuparon enormes extensiones donde plantaron arroz. Gran parte de la ocupación se realizó en época muy reciente, cuando la demarcación de tierra indígena ya había sido reconocida. Las agresiones y los daños ambientales se han intensificado: 21 líderes indígenas asesinados, cientos de indígenas heridos (incluidos mujeres y niños), comunidades enteras arrasadas y actos terroristas como la utilización de bombas para destruir las casas, hospitales y escuelas indígenas. El Gobierno del Estado de Roraima ha premiado a los arroceros con la exención de impuestos y respalda su lucrativo negocio mediante medidas legales que van contra los derechos indígenas. Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental impuestas por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente). Tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas.
La influencia del lobby del agronegocio ha conseguido que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, máximo órgano judicial, haya suspendido la operación de la Policía Federal para expulsar a los latifundistas, y haya aceptado un recurso del gobierno de Roraima contra la demarcación de la tierra indígena.
Los arroceros se quedaron en 2005
En abril de 2005 el Gobierno brasileño reconoció el derecho originario de los indígenas de Raposa Serra do Sol sobre sus tierras. La victoria fue muy importante, pero parcial. Ganaderos y buscadores de oro se retiraron, pero no los arroceros. Seis poderosos latifundistas se niegan a salir del territorio tal como les obliga la ley. Disponen de grandes superficies de tierra fértil: más de 14.000 hectáreas. En este tiempo han ampliado sus tierras y sus plantíos, han aumentado los daños ambientales (contaminan el agua, utilizan agrotóxicos, desecan lagunas y desvían el agua de los ríos) y han generado permanente violencia y terror. Mantienen el apoyo explícito de la clase política de Roraima, de los medios de comunicación locales y de una gran parte de la población del Estado de Roraima que ve en los indios un impedimento al 'progreso' económico de la región. Políticos y arroceros quieren la demarcación en un área discontinua, “islas” donde puedan permanecer con sus tierras invadidas.
En marzo de 2008, el Gobierno de Lula decide, después de agotar la vía de negociación, enviar una fuerza policial para expulsar a los arroceros. La reacción de los invasores fue la formación de pequeños grupos paramilitares que comenzaron actos terroristas: quemas de puentes, cortes de carreteras, bombas en viviendas indígenas, etc. Cuando la operación policial estaba preparada para retirar los arroceros, el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano judicial del país, suspendió la operación y aceptó un recurso presentado por el gobierno de Roraima, entrando en contradicción con su propia jurisprudencia. Está previsto que el Tribunal haga pública su postura el próximo mes de agosto.
Raposa, una reserva en peligro
Si el Supremo da la razón en agosto a los arroceros, acabará con un trabajo en marcha que es un ejemplo. En Raposa Serra do Sol actúan 251 profesores indígenas en 116 escuelas, 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Dentro de la reserva funciona el Centro Indígena de Formación y Cultura en el que se forman los futuros líderes indígenas y los técnicos en agricultura y ganadería. Estas comunidades se han distinguido por la defensa no violenta de sus derechos e identidad, así como de la puesta en práctica de un modelo de desarrollo sostenible, ejemplo para muchas comunidades del país.
(Fuentes: guiaongs.org, Pueblos Hermanos-Cipó, Adital y AFP)
