Brasil: Indígenas

UN FRENTE CÍVICO MILITAR TRATA DE IMPEDIR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DE LULA A LAS ETNIAS AMAZÓNICAS EN RORAIMA Y AMENAZA A 18.000 INDÍGENAS

El gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un grave problema en el estado amazónico de Roraima. Su intento por proteger a los indígenas de la zona de Raposa mediante la creación de una reserva, es contestado por 6 (Seis) poderosas familias arroceras que se niegan a desalojar los territorios indios. Tienen el apoyo del Gobernador y, lo que es más grave, de la cúpula militar brasileña. En 2007 fueron asesinados al menos 76 indígenas en Brasil. Y en Roraima sufren constanteds agresiones, recientemente, fue atacado y destruido el Centro Indígena.

El jefe del Estado mayor del Ejército brasileño, general Luiz Edmundo Carvalho, y sus colegas de Aeronáutica y Marina, respaldaron la creación de un frente parlamentario en "Apoyo de las Fuerzas Armadas en la Amazonia". El general Carvalho, el brigadier Paulo Brito, titular del estado mayor de la Aeronáutica y el almirante Aurelio Ribeiro, jefe de operaciones navales de la Marina, participaron en el acto de lanzamiento del bloque en el Congreso. Carvalho afirmó que "la creación de este frente podrá traer enormes beneficios al país y a la seguridad nacional". La agrupación estará integrada por legisladores que se oponen a la creación de una reserva indígena en Roraima, frontera con Venezuela y Guyana, que fue homologada por el presidente Lula da Silva. El ministro de Defensa Nelson Jobim dijo no estar molesto por la formación de esa agrupación legislativa. "Los órganos de defensa están volcados prioritariamente hacia la Amazonia" aseguró el funcionario. Recientemente, el jefe del Comando Militar de la Amazonia, general Heleno Ribeiro, criticó públicamente al gobierno por su política en esa región.

El Frente Cívico Militar contra la reserva está encabezado en Roraima por el Gobernador de ese estado del nordeste brasileño, José Anchieta Junior, un personaje pintoresco. Ayer acusó a las organizaciones no gubernamentales de utilizar a los indígenas para permitir la penetración de las potencias extranjeras en la selva amazónica. "Me preocupo más con los europeos y estadounidenses y sus centenas de ONG en la Amazonia y no con Venezuela, con el que compartimos frontera. Las ONG extranjeras quieren un cadáver indígena para decir que Brasil no sabe cuidar del tema", dijo este gobernador, opositor al presidente Lula da Silva.

El gobernador fustigó a las ONG's que actúan en su estado, durante un discurso ofrecido en el Club de la Aeronáutica de Rio de Janeiro, en un acto que forma parte de la campaña contra la homologación de tierras de tres municipios hecha en 2005 por el presidente Lula, y que crea la reserva indígena Raposa Serra do Sol, lo que implica la salida del lugar de los no indios. En la región hay temor a una escalada de violencia a raíz de que los productores arroceros se niegan a salir de la reserva indígena ubicada

Contra política indigenista de Lula

La batalla por defender la Amazonia brasileña "empezó por Roraima", según Paulo Cesar Quartiero, personaje central de los conflictos que enturbian la fronteriza tierra indígena Raposa Serra do Sol (RSS) y que están movilizando a políticos y militares en un frente opositor.
Quartiero, un agrónomo de 55 años, migró del extremo sur al norte hace 32 años, instalándose en Roraima, donde adquirió dos haciendas que suman 9.200 hectáreas, y se convirtió en gran productor de arroz. En 2004 ganó la alcaldía de Paracaima, municipio de unos 9.000 habitantes. Detenido nueve días en Brasilia a inicios de mayo, bajo cargos de posesión de explosivos y de armar a los hombres que balearon a 10 indígenas que intentaban invadir su hacienda, se afirmó como líder de los que rechazan la demarcación de la RSS como un territorio indígena único y continuo de 1,7 millones de hectáreas. "No somos mercaderes, no aceptamos indemnización" para dejar las haciendas que se encuentran comprendidas en esa área, pues eso "representaría la muerte, después de 32 años cultivando y preparando la tierra", dijo Quartiero a IPS. "Queremos sólo 4,7 por ciento de esa tierra", señaló, para "acomodar a los 200 agricultores" que siguen en el área, ya demarcada pero aún no entregada en posesión a los indígenas que la habitan y que suman entre 15.000 y 20.000.

Lo que pide Quartiero significaría dividir en "islas" la reserva RSS, cuya demarcación como área continua fue oficializada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005, después de superar cuestionamientos judiciales y debates de casi dos décadas. El proceso obedeció a los principios definidos en la Constitución de 1988.

La mayoría de los agricultores que ocupaban parte de su área aceptaron dejarla, pero el grupo encabezado por Quartiero se resiste. Policías de la Fuerza Nacional de Seguridad y del Ministerio de Justicia iniciaron el 27 de marzo la Operación Upatakon 3 para retirar a todos los habitantes "no indígenas" de la RSS, pero el Supremo Tribunal Federal la suspendió dos semanas después, ante la petición del gobierno de Roraima, para evitar víctimas. El máximo tribunal de justicia debe ahora decidir si la demarcación de la RSS como área continua, homologada por Lula, es válida o debe ser revisada.

Quartiero reconoce que la mayoría de los agricultores locales no tienen títulos legales de propiedad de las tierras ocupadas, "sólo algunos". En su caso, una de sus haciendas fue adquirida a personas que la poseían legalmente desde 1922, "mucho antes de la actual política" y de la instalación de instituciones indigenistas, destacó.

El gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, y Quartiero estuvieron este jueves en Río de Janeiro, en un seminario promovido por el Club de Aeronáutica, hablando ante centenares de personas, buena parte oficiales retirados de la fuerza aérea. La constitución de una alianza político-militar que pone en cuestión la política indigenista y ambiental del gobierno y reclama la defensa de la Amazonia ante una supuesta amenaza extranjera, avanza impulsada por esta polémica sobre la reserva RSS.

Un Frente Parlamentario de Apoyo a las Fuerzas Armadas en la Amazonia se constituyó el martes en la Cámara de Diputados, en una sesión en Brasilia a la que asistieron generales y muchos otros oficiales de las tres Fuerzas Armadas. Sus miembros se oponen a la demarcación de territorios indígenas como la RSS y a la presencia de organizaciones no gubernamentales que, desde su punto de vista, representan intereses extranjeros en la Amazonia.

Un temor más explícito a la invasión extranjera fue expuesto por João Ricardo Moderno, presidente de la Academia Brasileña de Filosofía, cuando habló en el Club de Aeronáutica. Sería una "traición a la Patria" si el presidente o el parlamento de Brasil acogen la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007. Moderno se manifestó también contra la integración sudamericana, por seguir el modelo "bolivariano" del presidente venezolano Hugo Chávez, inspirado en las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El sociólogo Helio Jaguaribe, de 84 años y miembro de la Academia Brasileña de Letras, aportó al movimiento contra el indigenismo actual sus ideas a favor de la "adaptación voluntaria y gradual" de las tribus nativas a la cultura moderna, a través de la educación, la asistencia social y la capacitación profesional de alto nivel. Es "imprescindible revisar" la política oficial, dictada por antropólogos y basada en la "falacia" de que la "cultura primitiva" debe ser preservada y es incompatible con la cultura occidental.

Esto es lo que pasa en Roraima

"Casi 18.000 indígenas de cuatro etnias diferentes en la región norte del estado de Roraima están siendo vilmente agredidos por seis familias de arroceros que se apoderaron ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí." Así comienza la carta enviada recientemente por Roberto Jaramillo, superior de los jesuitas del Amazonas. En su misiva expone una situación desesperada: "Las comunidades indígenas de la Reserva Indígena "Raposa Sierra do Sol" están en pié de lucha ocupando SU PROPIO territorio. Hoy 6 de mayo, en la mañana, diez indígenas fueron baleados por mercenarios al servicio de los invasores. "

En estos momentos el del territorio indígena Raposa Serra do Sol en Roraima es el ejemplo más emblemático en la lucha por la defensa de los territorios indígenas. El presidente Lula determinó, desde abril de 2005, la homologación en área continua de la reserva indígena. Pero, tres años después, cuando la Policía Federal fue al lugar a hacer cumplir la ley, los arroceros iniciaron una serie de agresiones contra los cuatro pueblos indígenas que viven en el área.
El sacerdote Herminio Canovo, coordinador de la CPT Nacional, dice que la situación en el lugar es de extremo conflicto. "Por lo menos ocho jóvenes indígenas fueron baleados, uno tenía 12 balas en el cuerpo". Además, los caminos continúan bloqueados; la policía y el ejército están supervisando la seguridad del lugar y sólo entra en Surumú quien está llevando productos alimenticios y remedios.
Los pequeños agricultores que ocupaban el área se retiraron con la homologación del presidente Lula. Ahora, sólo quedan en el lugar seis grandes empresarios productores de arroz, que intentan a toda costa desmovilizar a los indios, captando a los miembros de las comunidades. Según el líder indígena Jacinaldo Barbosa, ellos van a reaccionar hasta alcanzar al último indio.
Para Canovo, lo que está ocurriendo en Raposa Serra do Sol es "la resurrección del movimiento indígena de Roraima, que no va a ceder".

La situación en el área indígena está en las manos del Supremo Tribunal de Justicia. El Ministro(magistrado) del Supremo, Gilmar Mendes, quiere ir al lugar personalmente para analizar el caso. Pero, si la decisión del Supremo fuera a favor de los no-indios -con la revocación del decreto presidencial-, estará en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas las reservas indígenas del país, que pasarán a ser todavía más ambicionadas por los latifundistas.
Para proteger las reservas indígenas y, antes que nada, democratizar la tierra en Brasil, con una reforma agraria real, desde abril, organizaciones de la sociedad civil que integran el Forum Nacional por la Reforma Agraria y por la Justicia en el Campo debaten sobre el límite de la propiedad de la tierra en Brasil. El objetivo es fortalecer la organización de la Campaña por el Límite de la Propiedad de la Tierra.
Según Canovo, están preparándose videos, cartillas y carteles, para presentar a la sociedad brasilera los motivos físicos, sociales, económicos, ambientales, geográficos y éticos de ese límite. La idea inicial es formar a la sociedad sobre el tema. Mientras tanto, un equipo de especialistas que incluye abogados, geógrafos, agrónomos, está elaborando un proyecto para ser presentado al país, pero la discusión sobre el límite de la propiedad de la tierra demandará más tiempo.

La escasez de tierras detrás de los asesinatos de indígenas

En Brasil fueron asesinados por lo menos 76 indígenas en 2007, 58 por ciento más que en el año anterior. Ese aumento se concentró en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde los guaraníes viven confinados en tierras insuficientes para sostener sus tradiciones.
El total de asesinatos en 2007, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) según datos aún preliminares. Pero ya es claro que los problemas más graves están en Mato Grosso do Sul, donde se perpetraron 48 de los 76 crímenes, destacó. En 2006, en ese estado se habían cometido 20 de los 48 asesinatos registrados. La causa principal es el "confinamiento" en que vive el grupo kaiowá de los guaraníes, según los indigenistas.

En la reserva de Dourados, donde la violencia es más visible, "hay 12.000 indígenas viviendo en poco más de 3.000 hectáreas", según el padre Liebgott, presidente del CIMI. La vida en las reservas de extensión limitada es particularmente grave para los guaraníes, que son por tradición un pueblo caminante, que suele cruzar las fronteras con Paraguay y Argentina, donde también es numeroso. En consecuencia, los conflictos internos y con la sociedad circundante estallan de forma violenta.

La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano del gobierno encargado de la política hacia la población autóctona, se comprometió a crear 35 nuevos territorios indígenas en Mato Grosso do Sul, pero no cumplió y en consecuencia las tensiones prosiguen. En Mato Grosso do Sul viven más de 60.000 indígenas, casi la mitad del pueblo guaraní-kaiwoá, en el que también son numerosos los suicidios de jóvenes, en general atribuidos a la falta de perspectivas de vida por la escasez de tierras. Pero en el mismo estado viven también, según datos del CIMI, cerca de 16.000 terenas que no presentan una incidencia anormal de asesinatos y suicidios, pese a sufrir una restricción de tierras similar. "Somos un pueblo con poca tierra, tenemos una aldea de 400 personas en cuatro hectáreas", dice Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal y director del Memorial de los Pueblos Indígenas. Es muy grande la diferencia entre el kaiwoá, un pueblo que "sufre el síndrome de víctima" y que "no es agricultor", y los terenas, que cultivan la tierra en forma comunitaria y se adaptaron mejor a la vida impuesta por los blancos colonizadores, explica.

Además, los kaiwoás sufrieron mucha influencia de los jesuitas, sacerdotes católicos que se dedicaron a la evangelización desde que los portugueses llegaron a tierras sudamericanas en el siglo XVI, con el mito de la "tierra prometida, que coincide con la muerte", añade. Para Egon Heck, coordinador del CIMI en Mato Grosso do Sul, "el cuadro es aterrador por el aumento absurdo de la violencia", agravada por la combinación de varios factores.

Los agrocombustibles también matan indios

Las grandes inversiones para expandir la caña de azúcar, ante la euforia del etanol como sustituto de la gasolina, fortalecen la presencia de monocultivos y encarecen la tierra, convirtiéndola en objeto de disputas más intensas y agresivas. En lo político, los gobiernos locales están completamente "alineados con los intereses del agronegocio", afirma Heck. Esa situación en los alrededores deteriora las perspectivas de vida futura para los indígenas, "desatando la violencia interna en las aldeas", señala. Además, muchos de ellos trabajan afuera, en el corte de caña, por ejemplo, por lo que permanecen alejados de sus comunidades cerca de 70 días, "y al regresar traen problemas como el alcohol y otras drogas, lo que contribuye a hacer más frágiles las relaciones sociales internas y con la vecindad". Hay 11 centrales azucareras y destilerías de alcohol carburante operando en el estado y otras 30 en construcción, con perspectivas de que alcanzarán a ser 60 en total, según Heck.

Una empresa productora de azúcar y alcohol de Mato Grosso do Sul fue clausurada al comprobarse que sometía a más de 800 trabajadores indígenas a condiciones análogas a la esclavitud. La acción estuvo a cargo del Grupo Móvil de combate al trabajo esclavo, compuesto de inspectores del Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Policía Federal.

Otra fuente de violencia procede de los terratenientes locales, que aún tienen espíritu de "coroneles" --tradicionales exponentes de la oligarquía rural brasileña-- y recurren a la fuerza para dirimir conflictos generados por la nueva táctica de los guaraníes de ocupar tierras que consideran suyas, e instalar en ellas campamentos, siguiendo el ejemplo del Movimiento de los Sin Tierra que lucha por la reforma agraria. Es así como viejos líderes de los guaraníes han sido asesinados brutalmente, a cuchillazos y apaleados.

Con la revalorización de la tierra, ante la expansión de la soja y la caña de azúcar, "incluso cien hectáreas son motivo de mucha pelea", comenta Terena.

Raposa Sierra del Sol:

CUESTIÓN DE JUSTICIA
Por Frei Betto (*)

El 15 de abril del 2005 el presidente Lula firmó la homologación, en un área continua, de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en RORAIMA . Este año la Policía Federal, en cumplimiento de la ley, se movilizó para retirar de la reserva a seis arroceros. Los invasores de la zona, convencidos de que "el indio atrasa el progreso", reaccionaron con violencia, incluyendo bombas. Hicieron un acto político capaz de inducir al STF a suspender la medida legal y reiniciar el doloroso camino ya transitado por los tres poderes de la República. RORAIMA contiene poco más de 400 mil habitantes en un territorio de 224.298 km2 (poco menor que el Ecuador).

Raposa Serra do Sol es una zona de 1,67 millón de hectáreas situada al nordeste del estado, en la frontera con Venezuela y Guyana. La zona fue demarcada por el Ministerio de Justicia a través del protocolo 820/98, en 1998, durante el gobierno de Cardoso. Del área de RORAIMA , 46,35 % está reservada para los indígenas. Allí ellos suman 46.106, distribuidos en 152 aldeas de los pueblos yonomami (15 mil), macuxi, wapixana, wai-wai, ingaricó, taurepang, waimiri-atrari y patamona. Políticos y arroceros querían la demarcación en un área descontinua, "islas" donde pudiesen permanecer con sus tierras (invadidas) y propiedades (ilegales). Fueron creados tres municipios dentro de la reserva indígena: Normandia, Uiramutã y parte de Pacaraima. Raposa Serra do Sol no es sólo una selva salpicada de tribus. Allí actúan 251 profesores indígenas en 113 escuelas de enseñanza elemental y tres de enseñanza media. Los indígenas manejan un rebaño de 27 mil cabezas de ganado. Dentro de la reserva funciona la Escuela Agropecuaria de Surumu, que profesionaliza técnicos de nivel medio. En convenio con Funasa hay 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en microcopio, trabajando en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Se valora la medicina tradicional indígena.

Dentro del territorio demarcado seis arrozales ocupan 6 mil hectáreas, con tierras de regadío, en las márgenes de los ríos Cotingo, Tacutu y Surumu. Todos en tierras apropiadas de la Unión. Utilizan agrotóxicos, destruyen la vegetación folicular, desecan lagunas y canales, abren surcos para canalizar el agua de los ríos hacia sus tierras. La misma agua, contaminada con agrotóxicos e inutilizable para el consumo, vuelve al río, matando los peces.

En verano, impedidas de hacer uso del agua de los ríos, las comunidades indígenas se ven obligadas a cavar pozos. Con la destrucción de lagunas y de la vegetación folicular desaparece la caza. Los aldeanos dentro de la reserva dan apoyo a los ocupantes ilegales y eso hace que circulen las bebidas alcohólicas, ofrecidas muchas veces a los jóvenes indígenas… Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el artículo 231 de la Constitución, que les asegura la posesión permanente y el uso exclusivo de sus tierras. Una demarcación fraccionada de la zona favorecería la invasión de forasteros, aumentaría la incidencia de conflictos y pondría en riesgo la sobrevivencia de culturas milenarias.

En la primera semana de enero del 2004 el Jornal Nacional mostró la movilización de arroceros y latifundistas cortando carreteras en su empeño por evitar la homologación de Raposa Serra do Sol. Con el apoyo de líderes indígenas comprados, secuestraron a tres misioneros católicos de la Misión Surumu: los padres Ronildo Pinto França, brasileño, César Avellaneda, colombiano, y el hermano español Juan Carlos Martínez, todos ellos miembros del Instituto Misión Consolata. El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, advirtió al gobernador Flamarion Portela, de RORAIMA , que el gobierno federal tomaría medidas para liberar a los rehenes y desmovilizar la protesta. La Policía Federal actuó y liberó a los secuestrados. Eran las seis de la mañana del 23 de noviembre del 2004, cuando la comunidad jaguari fue despertada por tiros, gritos y ruidos de máquinas. Cuarenta hombres armados mataron gallinas, cerdos y perros y le dieron dos tiros, uno de ellos en la cabeza, al macuxi Jocivaldo Constantino. De allí se fueron a destruir las comunidades indígenas Brilho do Sol, Retiro São José y Homologação. En las cuatro aldeas derribaron con tractores 37 casas e incendiaron los escombros, sin dejar la iglesia, la escuela y el puesto de salud; aislaron la zona y cerraron los caminos. 131 personas quedaron sin vivienda.

Retrotraer la homologación de Raposa Serra do Sol a un área no continua representa un grave precedente jurídico en relación a los demás procesos demarcatorios, y podría estimular a los abusivos y oportunistas a realizar invasiones por el mismo estilo de las habidas en RORAIMA . En cuanto a la Seguridad Nacional, recuerdo que los pueblos indígenas históricamente han desempeñado un papel fundamental en la preservación y defensa de nuestros actuales límites territoriales. No son los indios quienes promueven la degradación ambiental, el contrabando, la proliferación de buscadores de oro y la tala de maderas preciosas. La hipótesis de crear una franja de 10 a 20 kms de anchura a lo largo de nuestras fronteras tiene el peligro de traer a la región un intenso movimiento migratorio de no-indios, causando degradación ambiental y social, deforestación y contaminación de los ríos. Le toca al STF hacer cumplir la Constitución, o sea confirmar la homologación en un área continua, y al gobierno trasladar la sede del municipio de Uiramutã hacia las márgenes de la autovía BR-401 (que llega a la Guyana); promover la regularización agraria de RORAIMA y reasentar a los habitantes en zonas definidas por el Incra, pagándoles justas indemnizaciones; y preservar las actuales autovías, como bienes públicos, para uso de los ciudadanos sean indígenas o no.
Dividir Raposa Serra do Sol es dividir la Constitución Brasileña, reforzar la discriminación de los indígenas y premiar la obstinación de quienes apoyan los intereses de apenas seis arroceros.

(*) Frei Betto, teólogo de la liberación brasileño, asesor de Lula da Silva, autor de "La mosca azul. Reflexión sobre el poder", entre otros libros.

(Fuentes:ANSA-Latina, Agencia IPS, Soitu.es y Adital)