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22.5.08

México: TLCAN

LA CRISIS EN EL CAMPO SE AGUDIZA CON LA APERTURA DE LA FRONTERA A LOS PRODUCTOS DEL NORTE. LOS ALTOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y UN SUBEMPLEO DEL 73 % GOLPEAN A LAS MAYORÍAS POBRES


Organizaciones campesinas y sindicatos mexicanos iniciaron este miércoles una serie de jornadas de protesta en varios estados. El objetivo es pedir un mayor apoyo oficial para el sector rural y la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, reclaman por el alza en los precios de los alimentos y de los insumos para la producción.

Las protestas se desarrollan ante las delegaciones de la Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y son el comienzo de una serie de movilizaciones que. de no obtener respuesta, confluirían en una huelga nacional en septiembre.
Los dirigentes de las organizaciones campesinas y sindicales consideran que "el Gobierno desestima la crisis alimentaria". Entre sus propuestas piden la creación de "reservas estratégicas de comida por regiones, y un programa de compra de fertilizantes para que puedan acceder a ellos los pequeños y medianos productores".

Los campesinos exigen frenar las importaciones

Los dirigentes campesinos mexicanos consideran que la situación mundial con alza de precios y desabastecimiento de alimentos impone cambios urgentes en la política de importación de productos básicos seguida por México. Los dirigentes agrarios se pronunciaron por que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fortalezca la producción mediante subsidios, créditos e inversión en infraestructura productiva.
Advirtierten que, de no optarse por esto último, a corto plazo “no habrá dinero que alcance para comprar alimentos en el exterior y vendrá el desabasto”. Subrayaron que los hechos están demostrando que urge renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha “vulnerado” la soberanía alimentaria.

Isidro Pedraza Chávez, líder de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), y Rafael Galindo Jaime, secretario general de la Central Campesina Independiente (CCI), precisan por separado que se está a tiempo de cambiar la política agropecuaria para privilegiar el abasto nacional.
Pedraza Chávez
remarca que lo que ocurre en el entorno mundial ha evidenciado aún más que el “gobierno está equivocado en su afán de privilegiar las importaciones de alimentos.
“Paulatinamente los hechos nos dan la razón; este contraste de la realidad con la política agraria mexicana nos dice que lo que tenemos que hacer es dar un giro a esta política. La producción interna se haría mediante aplicación de subsidios; esto se ha dejado de hacer en el campo desde hace 25 años, y ahora tiene que retomarse, pero también el gobierno debe invertir en infraestructura productiva que nos permita a los productores recuperar superficie de cultivo, ganar precio a los productos y hacer atractiva la actividad comercial.”
El dirigente comenta que “aunque el gobierno no ha querido revisar el TLCAN e insiste en asegurar que ha sido un éxito, los acontecimientos desmienten esos dichos. Con las importaciones los únicos beneficados han sido los intermediarios y no los productores rurales ni los consumidores, al tiempo que ha mermado la soberanía alimentaria, pues la mayor parte del arroz, soya, frijol y maíz que consumimos es importado, lo que nos hace vulnerables como nación”.


Galindo Jaime informa que durante el 45 congreso agrario nacional ordinario de la CCI recién celebrado, uno de los acuerdos fue “repudiar la política pública que está empobreciendo al campo y que intenta resolver el problema de alimentación con las importaciones”.

1,6 millones sin trabajo, 73,6% en subempleo


El desempleo abierto afectó a 1.606.060 mexicanos en abril pasado, el 3,61% de la Población Económicamente Activa (PEA) que es de 44,6 millones, según los datos anunciados ayer por el gobierno. Pero, en México el desempleo total afecta a 32,5 millones de mexicanos (el 73,6% del PEA), si se considera que, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo 11,6 millones de mexicanos (26% del PEA) tienen un empleo permanente. De esta forma, 14 millones de mexicanos (31,4%) sobreviven en el subempleo (empleo informal o callejero).

Según la encuesta nacional de empleo, publicada por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desempleo abierto registrada en abril fue inferior a la de marzo, cuando afectó al 3,78%. "En abril de 2008 la tasa de desocupación (abierta) a nivel nacional fue de 3,61% respecto a la Población Económicamente Activa (PEA)", dice el informe.

La tasa de desocupación abierta en abril fue ligeramente superior a la del mismo mes de 2007, cuando se situó en 3,60%.

Desastrosos efectos del TLCAN en el agro

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados elaboró un análisis en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su impacto en el campo mexicano, en el que concluye que después de 14 años de entrar en vigor, “los efectos para la población rural son desastrosos. A partir de su firma –señala–, las condiciones de miseria y marginación se acentuaron en el campo, y los supuestos que se esperaban para reactivarlo económica y productivamente no sucedieron”.
Héctor Padilla, presidente de la Comisión añade que “sólo quienes se tapan ojos y oídos no se dan cuenta de la realidad”.
En un recuento de los daños durante los últimos 14 años, el informe resalta que el financiamiento al agro cayó más de 90 por ciento; se aniquiló la producción nacional de semillas mejoradas, quedando a merced de las trasnacionales, y se redujeron al mínimo las actividades de investigación y generación de tecnologías agroalimentarias.
Asimismo, destaca que también se acabó la industria nacional de fertilizantes, y hoy los productores dependen de su importación y de precios cada vez más caros, y se cancelaron los programas de asistencia técnica y capacitación dirigidos a los productores rurales.
En otras palabras, la única reacción de nuestros gobernantes frente a los grandes retos que nos impone el TLCAN, lejos de impulsar un programa de restructuración y reconversión productiva, no atina más que a su desmantelamiento, lo que nos ha llevado a una posición más vulnerable que al principio. Soportados con enormes subsidios en Estados Unidos, los precios de los granos se fueron a la baja y el de la tortilla a la alza; los insumos para la producción agrícola, como los fertilizantes, ahora son importados; las semillas son producidas por trasnacionales y los costos de la maquinaria y los pesticidas se incrementaron en forma desorbitada”.

Para los legisladores federales, por efecto del acuerdo comercial el campo mexicano entró en la crisis más aguda de su historia, empujando a su población a la pobreza o a la expulsión masiva hacia Estados Unidos, adonde han emigrado más de 3 millones de mexicanos en los últimos seis años, en su mayoría del sector rural.
Por tal razón, frente a la destrucción de la infraestructura del campo se incrementaron las importaciones, acabando con la situación que daba al país un buen margen de soberanía alimentaria mediante la producción de trigo, sorgo, soya y arroz, mientras que en 2007 las compras de maíz en el exterior alcanzaron una cifra superior a 10 millones de toneladas.
Se puede afirmar que el TLCAN ha agudizado nuestra dependencia alimentaria con Estados Unidos: de 1980 a 1994 las exportaciones de productos agrícolas crecieron más de 200 por ciento, mientras que las importaciones apenas aumentaron 28 por ciento; 14 años después, ese comportamiento se invirtió, ya que las exportaciones sólo crecieron 50 por ciento y las importaciones avanzaron a un ritmo extraordinario, llegando a un incremento de 176 por ciento en el mismo periodo”.

Según el Banco Mundial, el resultado de todo esto es decepcionante, pues se tiene un campo en regresión, económicamente estancado, sin competitividad, en constante despoblamiento y abandono de tierras, con espacios ocupados por cultivos ilícitos, para convertirse en un problema de seguridad nacional, dada la acción de la delincuencia y los riesgos de estallidos sociales.
En relación con el empleo, los efectos han sido más que desastrosos, ya que el número de productores se redujo casi en una tercera parte, y los trabajadores disminuyeron a la mitad. En 1991 se ocuparon en el campo 9.9 millones de mexicanos; en 2006 la cifra se redujo a 50 por ciento, es decir 4.9 millones”.

La Comisión de Agricultura advierte: “llegamos a 2008 y no hay una propuesta del gobierno federal para afrontar la crisis. Ya no es sólo el interés de los productores rurales lo que está en juego, es la estabilidad de la nación por la inseguridad en el abasto de alimentos básicos. Y es, por tanto, un asunto de seguridad alimentaria y nacional.
“El principal problema del agro es que los gobernantes que han conducido el destino del país desde la firma del tratado no han sido capaces, y seguramente ni les ha interesado, de construir un proyecto para el campo mexicano acorde con las necesidades de México y de los retos que nos impone la globalización”.


Los altos precios de los alimentos elevan la indigencia en Latinoamérica


El alza de los precios de alimentos puede aumentar la pobreza y la indigencia en más de 10 millones de personas en América Latina y el Caribe, según advirtió en abril el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), José Luis Machinea. El aumento en los precios de la comida se ha acelerado en los pasados 12 meses y es especialmente preocupante en maíz, trigo, arroz y oleaginosas, casos en los que el repunte ha superado el 100 por ciento. Estos constituyen la base de la dieta de millones de latinoamericanos.

Días antes el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, aseveró que el alza de los precios de los alimentos a nivel global podría llevar a la pobreza a 100 millones de personas.

Los datos ofrecido por la Cepal, establecen que una décima parte del aumento de la pobreza por el alza en el costo de la comida ocurriría en Latinoamérica.
El alza “intensa y persistente” de los precios internacionales de los alimentos está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de la región, como señaló Machinea:La pobreza y la indigencia aumentarán de no tomarse medidas urgentes para aminorar los efectos de estas alzas”, dijo.
Desde principios de 2006 y especialmente desde 2007 los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, a un ritmo anual que oscila entre 6 y 20 por ciento en los distintos países, con un promedio cercano al 15 por ciento.
A partir de proyecciones de indigencia realizadas para 2007, la Cepal calculó que un incremento de 15 por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12.7 a 15.9 por ciento de la población. Ello implica que esa alteración de los precios provocaría que 15.7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia. En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre, indicó el organismo.

Pero si mejoran los ingresos de los hogares 5 por ciento, alrededor de 10 millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios. Un contingente similar pasaría a la condición de pobres. Esto sin contar con el agravamiento de la situación social de las personas que previo a estos aumentos ya vivían en la pobreza e indigencia. “Esto representa una situación dramática para un vasto contingente de personas”, señaló Machinea. “Por lo tanto, resulta de la mayor prioridad poner en marcha y/o mantener políticas dirigidas a moderar esos efectos”, abundó.
El secretario ejecutivo de la Cepal recomendó que los gobiernos adopten políticas que incluyan acciones que disminuyan las alzas de los precios de los alimentos en los mercados internos y/o mejoren los ingresos de la población, reduzca aranceles y/o impuestos al consumo. Los subsidios focalizados a ciertos sectores o las alzas de los subsidios son otros mecanismos.


(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina y La Jornada)

20.5.08

Chile: Dictadura Militar

COMIENZA UNA CAMPAÑA NACIONAL PARA QUE LA JUSTICIA REABRA EL CASO DEL ASESINATO DEL CANTAUTOR VÍCTOR JARA, CERRADO POR UN JUEZ PARA IMPEDIR QUE CONTINUARA LA INVESTIGACIÓN


Joan Jara, viuda del cantautor Víctor Jara, asesinado tras ser torturado en el Estadio Chile, convertido en campo de concentración tras el golpe militar de Pinochet , considera que el cierre de la investigación judicial "fue como volver de nuevo 35 años atrás, a la muerte de Víctor", y anunció el comienzo de una campaña nacional para reabrir el caso. "Volvimos a tener que enfrentar esta muerte, entre tantas otras, sin justicia. Vivir sin justicia es una herida que está siempre abierta".
La campaña nacional comenzó este lunes e incluye la firma de un manifiesto por parte de artistas e intelectuales denominado "La justicia para Víctor Jara es la justicia para Chile".
El juez Juan Eduardo Fuentes cerró la investigación el viernes, cuando decidió que el único culpable del asesinato de Víctor Jara, el 16 de septiembre de 1973, fue el coronel retirado del ejército Mario Manríquez, quien estuvo a cargo del centro de reclusión en que se convirtió el entonces llamado Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. "Fue una noticia chocante, inesperada, repentina y estamos haciendo gestiones para que el juez reabra el caso, que no está terminado: el autor material no ha sido ni identificado ni procesado judicialmente", afirma la maestra británica viuda de Jara. "Hemos recibido una tremenda solidaridad y apoyo aquí y desde afuera. Hoy día llegaron decenas de mensajes desde Uruguay, Venezuela, Inglaterra e Italia. No alcancé a leer todos los e mails.

Cerrado el caso, la investigación truncada


El juez Juan Eduardo Fuentes cerró la investigación por el crimen del cantautor Víctor Jara, y determinó un solo culpable, el coronel retirado del Ejército Mario Manríquez, quien estaba a cargo del centro de reclusión. El abogado querellante Nelson Caucoto anunció de inmediato que apelará el dictamen, alegando que aún restan por procesar responsables vinculados con la alta oficialidad del Ejército en septiembre de 1973. Argumentó que no fue aclarada la identidad de "El Príncipe", sindicado por testigos como autor material del asesinato de Jara, perpetrado el 16 de septiembre en el estadio que ahora lleva el nombre del autor de "Te recuerdo Amanda", "El cigarrito" ó "Plegaria a un Labrador", entre otras canciones. A Jara, creador del movimiento en los 60 de "La Nueva Canción Chilena", que aunó a artistas comprometidos con los cambios sociales de la época, le rompieron las muñecas, y su cuerpo, en un estado casi irreconocible, fue arrojado a un sitio abandonado donde fue encontrado por vecinos. El juez Fuentes asumió en 2005 el caso de Jara, detenido el 12 de septiembre de 1973 en la ex Universidad Técnica del Estado, donde era profesor de dirección teatral.
Comienza la movilización contra la impunidad


Los diputados del PPD (centro-izquierda), Antonio Leal, Ximena Vidal y Tucapel Jiménez, expresaron su rechazo al cierre del sumario por el asesinato de Victor Jara y abogaron para que la Corte de Apelaciones de Santiago reabra la investigación a fin de encontrar a los culpables materiales del crimen.
Leal señaló que la decisión del magistrado Juan Eduardo Fuentes Belmar, de cerrar la causa, significa dejar en la completa impunidad este crimen emblemático de la dictadura, donde al asesinar a Victor Jara se quiso acallar a la cultura chilena, señaló y agregó que la investigación del Juez Fuentes Belmar no arrojó nada nuevo. El parlamentario sostiene que hay otros responsables directos que deben ser procesados, en un crimen que se cometió delante de miles de personas que se encontraban detenidas en el ex Estadio Chile. Todas estas personas, dice Antonio Leal, acusan a un alto oficial del Ejército apodado 'el Príncipe' de ser el autor material del delito y, añade, "es extraño, que después de tantos años, nadie haya revelado su verdadera identidad y se mantenga este compromiso de silencio, que la justicia no ha logrado derrumbar para conocer a los verdaderos culpables del crimen".
Los diputados piden al Ejército que colabore con la justicia y entregue el nombre del oficial que se apodaba 'el Principe' y que era conocido por toda la oficialidad de la época y agregaron que "sabemos que el General Izurieta ha ordenado colocar a disposición de los Tribunales este tipo de información. No se puede actuar con complicidad respecto de un grupo de oficiales que torturaron, quebraron las manos y asesinaron con 44 balazos al más grande de los cantautores nacionales".

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señala que le parece "realmente increíble que no se hayan encontrado quienes fueron los responsables de la muerte de Victor Jara. El cierre del proceso es inaceptable para nosotros. Si es necesario vamos a apelar a las organizaciones internacionales para que se reabra el caso. Este es un precedente muy peligroso de impunidad que nosotros no lo vamos a aceptar, sentencia.
Las Juventudes Comunistas de Chile se unen al rechazo a la decisión del juez Juan Eduardo Fuentes de cerrar el sumario y tras apenas definir como único procesado al coronel en retiro Mario Manríquez, quien ya había sido identificado por otro magistrado. Esta organización considera que el juez, pese a las evidencias demuestra "su falta de interés en solucionar uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura militar. Se hace necesaria una mayor dedicación y profundidad en la investigación que logre identificar a los oficiales que torturaron, asesinaron e intentaron hacer desaparecer al destacado cantautor.Víctor Jara fue un destacado militante de nuestra juventud política y encarnó los más altos valores que nos caracterizan. Fue miembro de nuestro Comité Central y desde ahí fue parte fundamental en la construcción de un movimiento juvenil que sentó las bases de apoyo y construcción del gobierno popular".

Las Juventudes Comunistas piden al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma que entregue los nombres de todos los militares que cumplieron funciones represivas en el establecimiento en el que fue asesinado Víctor Jara."De la misma forma, nos sumamos al llamado hecho por la viuda de Víctor, Joan Jara, a las personas que estuvieron presas con Víctor, de hacer llegar sus testimonios directamente a la fundación que lleva su nombre y al abogado de la causa, Nelson Caucoto", afirma la nota emitida por la organización .
La CUT convoca un acto de repudio

La Central Unitaria de Trabajadores se sumó ayer a la convocatoria de la Fundación Víctor Jara y llamó a toda la ciudadanía, a un acto para repudiar e impedir el cierre del sumario en el caso de la investigación por la muerte del trabajador de Víctor Jara.“Compartimos que el cierre del sumario en el caso de la investigación por la muerte de Víctor Jara, es el inicio del cierre de esta y otras causas de victimas de la dictadura y la impunidad, y que hoy más que nunca debemos levantar nuestra voz para repudiar esta acción de la justicia chilena”, dice el comunicado de prensa de la CUT que añade:“Hoy debe ser la ciudadanía y las organizaciones culturales, sociales, sindicales y políticas las que deben pronunciarse”."Invitamos y convocamos a los sindicatos y trabajadores/as -dice el comunuicado- a reunirse este lunes 19 de mayo en el Estadio Víctor Jara a partir de las 19 hrs. en un jornada en la que esperamos encontrar a todos los amigos de Víctor Jara".

Víctor Jara, un artista comprometido


En septiembre de 2007, al cumplirse 34 años del crimen brutal del cantautor y director teatral Víctor Jara, detenido y torturado en el estadio de Chile al día siguiente del golpe de estado contra Salvador Allende, destacados hombres de la cultura destacaron su ejemplo de ompromiso social.

El premio Nacional de Literatura de Chile, José Miguel Varas, recordó en el gubernamental diario La Nación que Jara "se identificó con la suerte y las causas del pueblo sin pensar en los riesgos que acarreaba". "Creo que toda su vida y su obra son o pueden ser un ejemplo de total validez para los jóvenes de este tiempo y de todo tiempo", añadió.
Jorge Coulon, integrante del grupo musical Inti Illimani, que interpretó muchas de las creaciones de Jara, dijo que "si nos paralizamos horrorizados en su muerte, estaremos traicionando a Víctor y faltando a nuestra responsabilidad frente a la juventud actual".

Jara fue detenido durante el allanamiento a la ex Universidad Técnica del Estado, donde daba clases, y llevado al entonces Estadio Chile al día siguiente el 12 de septiembre de 1973. En el Informe de la Comisión Verdad, se señala que el artista fue detenido en dicha casa de estudios y conducido al estadio, donde -tras ser separado del resto de los prisioneros- fue mantenido en los altos de una galería junto a otras personas consideradas "peligrosas". Entre el 12 y el 15 de septiembre fue interrogado por personal del Ejército y, según testimonios de otros detenidos, sus muñecas fueron quebradas. El 15 de septiembre fue el último día que se le vio con vida, cuando en horas de la tarde fue sacado de una fila de prisioneros que serían trasladados al estadio Nacional, convertido en campo de concentración. La madrugada del 16 de septiembre, su cuerpo sin vida fue encontrado en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano por unos pobladores junto a otros cinco cadáveres. La autopsia confirmó que el autor de "Amanda", "Luchín", "El derecho de vivir en paz", "Plegaria de un labrador", entre tantas canciones, murió como consecuencia de heridas múltiples de bala. En total, tenía 44 orificios de entrada de proyectil con 32 de salida.

Autodidacta, había nacido el 28 de septiembre de 1933 en el pequeño poblado de La Quiriquina, unos 400 kilómetros al sur de Santiago. Era el menor de seis hermanos de una familia campesina muy humilde compuesta por su padre Manuel, inquilino de una hacienda cercana, y su madre Amanda, lavandera y cantante popular. Llegó a Santiago en 1944, estudio contabilidad y luego ingresó al seminario y en 1953 se incorporó al coro de la Universidad de Chile. En esa época empezó a estudiar cuatro y alcanzó una gran carrera como solista y compositor musical. Simultáneamente se consolidaba como director teatral, logrando premios y figuración nacional. En 1970 asumió un fuerte compromiso político participando activamente en la campaña electoral del presidente Salvador Allende (1970-1973).
Piden los nombres de todos los guardianes de los campos de detención

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos entregó una carta al comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, para "exigir la entrega de las nóminas de oficiales, suboficiales y demas militares que ejercieron funciones en recintos de detención, torturas y muerte como fue el estadio Chile". "No parece posible sostener que una organización jerarquizada como es el Ejército de Chile y donde se llevan rigurosos registros de las destinaciones de cada miembro, no esté en condiciones de entregar quiénes formaron parte de esos centros de exterminio para que sean citados como testigos o inculpados", indica la misiva.
La carta de la AFEP, firmada por la presidenta Marta Godoy y la vicepresidenta Dolores Cautivo, reitera su compromiso de "perseguir hasta el final estas responsabilidades, aún más allá de lo que dicten los tribunales, como es el caso del crimen de Víctor Jara".
En tanto, los diputados del Partido Por la Democracia (PPD) Ximena Vidal y Tucapel Jiménez anunciaron que pedirán a la Comisión de Derechos Humanos, de la cual forman parte, que investigue las responsabilidades institucionales en relación al ocultamiento de la lista de oficiales que estaban a cargo del Estadio Chile y de quienes asesinaron a Victor Jara y pidieron que se reabra el sumario ya que consideran que "es imposible que este crímen quede impune".

(Fuentes: ANSA-Latina, Crónica Digital, Agencia UPI y Agencia PÚLSAR)

Latinoamérica-España: Migraciones

SÍ, ES DURO VIAJAR DE AMÉRICA LATINA A MADRID


Por Pedro Miguel (*)


Janaina Agostinho, brasileña, 27 años, viajó a España a mediados de marzo para visitar a su novio y pasear por Madrid, Granada y Almería. Llegó al aeropuerto de Barajas con su pasaporte en regla, 500 euros en efectivo, seguro de viaje, boleto de regreso y reservaciones de hotel pagadas para 21 días. La policía consideró que la mujer no reunía “el requisito de presentar los documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista que la legislación vigente exige para que pueda autorizársele la entrada”, y la mantuvo presa durante seis días en una sala de la terminal aérea. El plazo máximo para esa clase de detenciones es de 72 horas, pero los gendarmes decretaron que la sudamericana debía ser deportada a su país a bordo de un avión de la misma línea aérea en la que hizo el viaje de ida, Air Comet, que vuela sólo una vez a la semana. Más tarde, el Ministerio del Interior argumentó que el problema era que Janaina no llevaba una “carta de invitación” que debe extender ante la policía un ciudadano español.
En la página web del Ministerio del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, titular del despacho, sonríe con cara de buena persona. Realizo una consulta de rutina al sitio para comprobar los requisitos de internación y encuentro un listado de países de origen. Veo de pasada un “Méjico” de ortografía franquista y compruebo que los brasileños “pueden entrar en España sin visado, con alguno de los documentos mencionados”, es decir, “pasaporte ordinario, en vigor”, o bien “pasaporte diplomático, oficial o de servicio, en vigor”.
En el sitio del Ministerio de Turismo, en el apartado “qué documentación necesita para viajar a España”, se afirma que los ciudadanos de Brasil (en ese otro listado México está bien escrito) “necesitan presentar el pasaporte en vigor, que les permitirá permanecer en España por un periodo máximo de 90 días”. Punto. No es fácil encontrar en ninguna de esas páginas el requisito que no cumplió Janaina Agostinho, la “invitación de un particular”. Pero, después de mucho hurgar, encontré, en la letra chiquita del Ministerio del Interior, que “para los viajes de carácter turístico o privado”, y “sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba o comprobación que puedan realizar los funcionarios responsables del control para justificar o establecer la verosimilitud de los motivos de entrada invocados, podrá exigirse, en concreto, uno o varios de los documentos siguientes”: “documento justificativo del establecimiento de hospedaje, confirmación de la reserva de un viaje organizado, billete de vuelta o de circuito turístico e invitación de un particular”. Toda una emboscada.
Hace cosa de un año, los medios dieron cuenta de otra historia de pesadilla vivida en Barajas por una turista mexicana. Otra ciudadana brasileña corrió con mejor suerte que Janaina. Marta Silvana D.S.R. reside en Alcalá de Henares con su hija de 25 años, también estudiante, y estaba por culminar un doctorado en la Complutense. Como se encontraba en calidad de turista, su pasaporte estaba a punto de caducar y la convalidación de su diploma se demoraba, el 22 de abril viajó a Brasil con la intención de obtener un nuevo documento y de tramitar una visa de estudiante de la representación española allá. Le negaron esa calidad migratoria, de modo que el 3 de mayo volvió a España como turista para recoger su constancia de estudios. Al llegar a Barajas fue detenida. Al tercer día de cautiverio, la extranjera presentó un recurso de habeas corpus ante el juez José Santiago Torres, quien decretó su liberación inmediata y dictaminó, además, que en la “sala de inadmitidos” del aeropuerto castellano “no existe la más mínima constancia de que reúna los requisitos necesarios de estar dotada de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios para la adecuada permanencia”. La académica reportó que durante su detención fue sujeta a un trato humillante por sus captores, quienes le decían: “¿De qué te quejas? En tu país la gente se muere de hambre, y aquí tú tienes comida”.
Según Turismo, en el primer trimestre de este año el gasto total de los extranjeros en España creció 8.9 por ciento, para totalizar 3 mil 684 millones de euros. Tal vez si las autoridades no tuvieran esa cifra en mente serían más frecuentes los atropellos policiales contra los viajeros documentados procedentes de Latinoamérica. Todavía hay clases, y las cosas son mucho peores para los africanos que llegan sin papeles y a bordo de balsas a las costas españolas. La semana pasada Pérez Rubalcaba, sin esperar la aprobación de una directiva europea para la repatriación de esos migrantes, anunció que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aumentaría hasta seis meses, “ampliables a 18 en casos excepcionales”, el cautiverio a indocumentados, que hasta entonces tenían un máximo de 40 días. El funcionario tuvo la cara dura para afirmar que “en España nadie va a perder derechos”, ni siquiera el de sufrir “retención” o “internamiento”, como le llaman a la cárcel en estos casos. La organización SOS Racismo advirtió que la medida “permite ampliar la privación de la libertad de personas que no han cometido ningún delito”.
Las cosas siempre pueden ser peores. En Italia, Silvio Berlusconi, de vuelta en el poder, pretendía criminalizar por decreto la migración indocumentada y suspender temporalmente la aplicación del Tratado de Schengen a fin de expulsar del territorio italiano a miles de gitanos europeos. Para tal fin, el mamarracho mafioso que ejerce de primer ministro ha ordenado a sus colaboradores el levantamiento de un mapa nacional de los campamentos romaníes, a fin de proceder a una deportación en masa. En México el Congreso de la Unión hizo lo contrario que Berlusconi y dejó en mera falta administrativa el ingreso sin papeles a territorio nacional, pero algunos dudan que la medida se traduzca, en la práctica, en una atenuación del trato atroz a los migrantes centro y sudamericanos. La semana pasada, en Oaxaca, la directora del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, no tuvo más remedio que escuchar al salvadoreño Pedro Alberto Funes Tovar, capturado por agentes de esa dependencia, quien le espetó: “¿Es necesario que nos golpeen para hacernos sentir que somos basura en este país? ¿Es necesario que nos persigan a palos y tiros? Yo creo que tenemos dignidad y no merecemos ese trato, porque lo único que hacemos es buscar un trabajo honrado en Estados Unidos”.
A principios de abril, el madrileño El País otorgó sendos premios Ortega y Gasset de Periodismo a nuestra compañera Sanjuana Martínez, a la revista mexicana Zeta, al fotoperiodista Gervasio Sánchez y a la filóloga cubana Yoani Sánchez, por su blog Generación Y, una página de reflexiones frescas, cotidianas, serenas y disidentes que ha sumado millones de visitas de todo el mundo. A lo largo de un mes, Yoani estuvo haciendo gestiones para que las autoridades de su país le permitieran viajar a Madrid a la ceremonia de entrega de los galardones, que se realizó el 7 de mayo. El viernes 2 posteó: “La autorización para volar mañana sábado 3 de mayo –día de la libertad de prensa– está ‘detenida’ por una misteriosa Jefatura de Inmigración y Extranjería que no me da explicaciones. Para esa poderosa institución sigo siendo un lactante al que no se le dice que le van a poner una inyección”. El permiso no llegó nunca y Yoani hubo de asistir por teléfono, desde La Habana, a la entrega de su premio. En el blog de Navegaciones hallarán un link a la nota sobre Yoani que escribió Laura García Freyre y vínculos a las otras fuentes.
El régimen de Raúl Castro no le concedió a la bloguera la ignominiosa autorización que requieren los ciudadanos cubanos para salir del país, y nunca sabremos si el régimen de Rodríguez Zapatero le hubiese permitido a Yoani salir del aeropuerto de Barajas para recoger su premio. Entre los opresores de La Habana y los racistas de Madrid, estamos jodidos.

(*)Pedro Miguel es un escritor mexicano que publica regularmente en el diario La Jornada. Y es autor del interesanteblog http://navegaciones.blogspot.com/. del que está tomado este artículo.

16.5.08

Latinoamérica-UE

LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS CUESTIONA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA UE PORQUE 'PERPETÚA LA DOMINACIÓN', IMPIDE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS E IMPONE LA PRIMACÍA DEL MERCADO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

a El documento califica el Tratado de Lisboa de 'peligro para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico'.
En Lima, comienza hoy la Cumbre de presidentes de Latinoamérica y el Caribe-Unión Europea y concluye la Cumbre de los Pueblos, reunida bajo el lema "Enlazando Alternativas" Los mandatarios llegan a poco más que firmar los documentos que ya les han elaborado expertos y ministros. Pero, sobre su mesa, tienen ya la declaración final que ayer les dejó la coordinadora general de la cumbre social paralela, Rosa Guillén, quien la entregó al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, y al de Eslovenia, Dimitrij Rupel.
El documento cuestiona los acuerdos de asociación que impulsa la UE porque 'perpetúan el actual sistema de dominación'. Igualmente alerta contra la estrategia de la UE "Europa Global: Competir en el mundo" porque profundiza "las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales".
Señala que los acuerdos comerciales impulsados desde el otro lado del Atlántico repiten el esquema de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por la mayoría de los países latinoamericanos con Estados Unidos.
Al referirse al Tratado de Lisboa indica que constituye una de las grandes amenazas en Europa para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico. Los gobiernos de esa región pretenden ratificarlo sin consultarlo a la población."La principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos", sostiene la Declaración de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3.

Sin embargo, sostiene el documento, "es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo".
Ello requiere de la cooperación de los pueblos en todos los campos, su solidaridad, el fin de todo tipo de discriminación y la eliminación de todo tipo de políticas que atenten contra la soberanía de los países. En tal sentido, la declaración enfatiza el rechazo al intervencionismo de los Estados Unidos y la UE."La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales", indica el documento que culmina con un llamamiento a preparar la próxima Cumbre de los Pueblos que se realizará en España en 2010.
Las transnacionales, deciden en la UE
En la jornada final de la Cumbre Social Euro-latinoamericana, el Tribunal Permanente de los Pueblos sentenció ayer a una veintena de transnacionales europeas por las ilegalidades que cometen en América Latina. Se trata de una serie de dictámenes, de carácter moral, sobre las denuncias de corrupción, sobreexplotación, atentados contra el medio ambiente y otras ilegalidades denunciadas en el marco de la cita, paralela a la V Cumbre de América Latina y El Caribe – Unión Europea (ALC-UE).
Al finalizar la sesión de denuncias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Alejandro Teitelbaum -uno de los peritos- manifestó que son las asociaciones empresariales de las transnacionales europeas las que -incluso- llegan a escribir las propias resoluciones que luego adopta la Unión Europea.
Teitelbaum es un abogado argentino, experto en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra desde 1986 hasta 2006.

Otro experto, Juan Hernández, aseguró ante el TPP que las legislaciones nacionales no se hacen cumplir a las empresas transnacionales, los procesos judiciales son lentos y en lugar de promover la justicia se convierten en sus barreras. Hernández fue decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco, Vice-Rector de Investigaciones de la Universidad de Hegoa y es Miembro del Consejo Económico y Social Vasco. Hernández, aseguró que las transnacionales utilizan sus regímenes de obligaciones y derechos de acuerdo a su conveniencia, amparándose en la legislación nacional o en los acuerdos internacionales según les plazca.

La minera Majaz y las comunidades del Perú


La Minera Majaz S.A. tiene un largo historial de irregularidades y violaciones a los derechos de las comunidades en Perú. En el Tribunal Permanente de los Pueblos se cuestionaron sus actividades de exploración y en especial la proyectada explotación minera a cielo abierto que pretende realizar en lo que se denomina el proyecto Río Blanco.
Según la denuncia presentada ante el Tribunal, el proyecto afecta a la comunidad campesina en la región norteña de Piura, contaminando el agua, afectando la actividad agropecuaria y a la salud de miles de pobladores, y que de llevarse a cabo provocará la desertificación , por las grandes cantidades de agua utilizaría. Además existe un alto riesgo de destrucción e impacto irreversible a la biodiversidad de la región Páramo y el bosque de neblina. Este proyecto minero se extiende hasta la vecina región de Cajamarca, y afectaría la cuenca del Amazonas.
Majaz se encuentra operando ilegalmente, ya que obtuvo su licencia bajo documentación incompleta y sin respetar el derecho a la consulta que por ley se garantiza a las comunidades afectadas. Las protestas contra este proyecto han sido reprimidas violentamente , provocando heridas a decenas de personas, e incluso la muerte de dos comuneros hasta la fecha.
Majaz ha promovido la acusación falsa de terrorismo contra decenas de pobladores –contando con el apoyo del gobierno peruano-, por el único hecho de oponerse a las actividades abusivas y contaminantes de la empresa. Según el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca y dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Magdiel Carrión, A pesar de la difamación que se nos hace, los pueblos que vivimos en la zona somos concientes y seguimos en la resistencia, y no permitiremos por nada que el gobierno atropelle nuestros derechos comunales, nuestros derechos como personas y como peruanos”.
Carrión denuncia la criminalización de las protestas, señalando que “no hay respeto”, porque “si quieres hablar ya eres terrorista, ya eres narcotraficante, o estás en contra del desarrollo, eres el ‘perro del hortelano’ como se nos llama a nosotros, y nos da lástima que un gobierno peruano, que está para gobernar y proteger al Perú, tenga que acusar o difamar de esa manera a los pueblos que resisten al neoliberalismo, a una imposición de las empresas trasnacionales”.
Pese a ello, el dirigente remarca que no se rendirán y que las compañías mineras no lograráan doblegar a las comunidades.“La lucha ya lleva cuatro años pero nosotros seguimos resistiendo, y en nuestras comunidades, creo que es difícil que pasen, pasarán los militares si les es posible, pero no pasarán las empresas mineras por voluntad del pueblo".


Los atropellos del BBVA

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, , es una de las instituciones financieras acusadas este miércoles en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Uno de los ponentes, Martín Mantxo, de la organización ecologista vasca Ekologistak Martxan –una de las partes acusadoras del banco-, explicó que el caso contra el BBVA es muy amplio, “porque recoge toda clase de atropellos”.
El BBVA, el segundo banco privado de Latinoamérica, acumula acusaciones que van desde la compra de voluntades políticas de distintos gobiernos como el de Fujimori-Montesinos, el blanqueo de dinero del narcotráfico en Colombia y México, hasta las políticas antisindicales, o la congelación de cuentas bancarias a grupos considerados 'antisistema' como Enlace Civil (de Chiapas, México), pasando por la financiación de proyectos de fabricación de bombas racimo, el saqueo del erario público mediante la conversión de deuda pública en deuda privada y el cobro de altos intereses a cuenta de los Estados, o la financiación de proyectos destructivos del medio ambiente.
En cuanto a este último punto, Mantxo indicó que el accionar del banco es especialmente preocupante en el aspecto ambiental y social , porque ha sido uno de los grandes financiadores de la actividad en América Latina de las petroleras REPSOL YPF y Petrobrás, también de la compañía energética Iberdrola, de la megapapelera que la empresa ENCE planea instalar en Uruguay, y ha financiado además dos minas a cielo abierto en Chile y otras dos en Perú, Yanacocha y Antamina, proyectos mineros paradigmáticos rechazados por sus terribles impactos sobre el medio ambiente.
Además, las organizaciones que acusan a BBVA indican que en los últimos años, el banco ha financiado a Bunge, la mayor empresa de producción sojera de América Latina, que produce este cultivo fundamentalmente con el fin de destinarlo a la generación de agrocombustibles.
Mantxo se refirió también a la financiación por el BBVA del oleoducto de Camisea en Perú y del de OCP en Ecuador, ya que ambos atraviesan la Amazonía y han causado estragos a nivel ambiental y social.

Reclaman que Unión Fenosa sea expulsada de Nicaragua

"Lo que pedimos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos es que se le recomiende al Estado la expulsión de Unión Fenosa del país, y la inmediata estatización de todos los servicios energéticos del país", sintetizó Gloria Paniagua, del Movimiento Social Nicaragüense, una de las diez organizaciones que llegaron a Perú a denunciar los abusos de la corporación española.
Las críticas estuvieron centradas en las operaciones de Unión Fenosa en Nicaragua, Guatemala, Colombia y México, donde se han registrado violaciones a los derechos humanos y ambientales de la población.
Paniagua apuntó que las políticas empresariales de la firma energética pone en riesgo también la "institucionalidad del país". "No aceptamos la reorientación de leyes para beneficiar los intereses de las trasnacionales y no de la mayoría de la población". Los grupos nicaragüenses presentaron pruebas de abusos de todo tipo: alza arbitraria de tarifas, desperfectos con los artefactos eléctricos, y falta de inversión en el tendido de la red y el alumbrado público.
Unión Fenosa también es criticada por vulnerar el contrato de concesión, cortes en el suministro eléctrico, facturas indebidas y prácticas anitisindicales con sus empleados.

Amenazas de Peter Mandelson contra Bolivia y Ecuador

Peter Mandelson, Comisario de Comercio Exterior de la Unión Europea, lanzó sus amenazas durante una reunión privada con los delegados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el marco de la cumbre de Lima.
Señaló explícitamente que el acuerdo que se pretende alcanzar con las negociaciones comerciales entre UE y CAN era un Tratado de Libre Comercio (TLC) y que los países que sigan planteando propuestas fuera de este marco, quedarán fuera de las negociaciones en la cuarta ronda en Bruselas previstas para julio. La Unión Europea tampoco acepta la propuesta boliviana de excluir de las negociaciones compromisos en la mesa de servicios.
La revelación, así como la condena a la actitud prepotente del representante europeo, se dieron a conocer el 15 de mayo en la Cumbre de los Pueblos, por Pablo Solón, embajador plenipotenciario de Bolivia.
Según el diplomático, Mandelson señaló que Bolivia tiene que retirar sus propuestas de negociación planteadas hasta ahora si no quiere quedarse fuera de las negociaciones.
Solón reitero la respuesta de Bolivia : “Hemos dicho siempre que no vamos a firmar un TLC. Todo que hemos hecho es proponer un modelo de desgravación que va a asegurar que el acuerdo sea en beneficio de nuestro país y en acuerdo con los objetivos de la cumbre ALC-UE de reducir la pobreza. La actitud de Mandelson es inaceptable y representa una imposición dogmática en contra de las promesas de la Unión Europea. Espero que los gobiernos de la Unión Europea hagan modificar la posición de Mandelson.”
En el curso del debate que suscitó lo informado por el representante boliviano en el taller “¿Justicia para los pueblos o justicia para las transnacionales ?”, se señaló que los acuerdos comerciales de la Unión Europea, son iguales a los TLCs de los Estados Unidos y son hechos solamente para beneficiar a las transnacionales más grandes.
Asimismo, se indicó que existe una enorme brecha entre las palabras y la acción real de la UE en las negociaciones, y que el intento de imponer su modelo y de rechazar propuestas para el desarrollo de un país andino muestra el cinismo e hipocresía en su discurso de desarrollo y cuidado del medio ambiente.


(Fuentes: CNR-Coordinadora Nacional de Radio-Perú-, Prensa Latina, enlazandoalternativas.org, Agencia PÚLSAR y RadioMundoReal)

13.5.08

Latinoamérica-UE

LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS, PARALELA A LA DE LOS MANDATARIOS, BUSCA EN LIMA ALTERNATIVAS AL MODELO NEOLIBERAL Y A LOS PROBLEMAS REALES QUE AFECTAN A LAS GRANDES MAYORÍAS


Como contrapunto a la V Cumbre América Latina - Unión Europea, que reúne a los Jefes de Estado de ambas regiones, en Lima (Perú), van a encontrarse también los latinoamericanos y europeos integrantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que buscan una alternativa común al modelo político-económico impuesto por las oligarquías y por el capitalismo. La Cumbre de los Pueblos "Enlazando Alternativas 3" comienza hoy y seguirá hasta el día 16.
Manifestaciones de protesta, discusiones políticas y una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos constituyen la programación del encuentro, que será un espacio para acordar las acciones frente a la Cumbre de los gobiernos. La Cumbre de los Pueblos repudia la negativa de información y educación para el pueblo, lo que construye una sociedad sin democracia y, por consecuencia, sin libertad.
Los movimientos se oponen al modelo social que, sólo en América Latina y el Caribe, permite que cerca de 48 millones de personas sufran hambre. En el mundo, mueren 30 mil niños por día a causa de la pobreza, y 14% de las personas sufren de hambre permanentemente.
La opción por el lucro ante la opción por el ser humano se agrava con la promoción de los agrocombustibles. Los europeos quieren para el 2010, usar un 5% de agrocombustibles en la producción de energía, que saldría de las tierras y de las mesas de los países en desarrollo o subdesarrollados. Los productos usados integran la alimentación básica de la población, como el maíz, la soja y el trigo.
"El problema no es tanto la falta de alimentos, porque, según los especialistas, el mundo puede producir alimentos para todos inclusive para dos generaciones más como excedente, el problema está en la falta de voluntad política, en la mezquindad y en la ambición del capitalismo", dicen los organizadores de la Cumbre de los Pueblos, en una nota.
Así, esta cumbre paralela convoca a la comunidad internacional a exigir de los gobiernos medidas urgentes para evitar desastres. Ésta no es una crisis solamente alimentaria y de pobreza, es también de "corrupción y violación de los derechos humanos como en el caso peruano, las implicaciones en el terreno social, político y de seguridad democrática serán sacudidas por la rebeldía de un pueblo cansado de tantas mentiras", dice la nota. Por eso, los participantes elaborarán un documento con demandas y propuestas, que será entregado a los participantes de la Cumbre de Gobiernos, el día 15.
Por su parte, el Tribunal Pemanente de los Pueblos pondrá en el banquillo de los acusados a las empresas transnacionales -expresiones del modelo neoliberal- y a gobiernos que afectan a los pueblos y al medio ambiente. El espacio del Enlazando albergará además la iniciativa de democratización de la comunicación, "Forum de Medios Alternativos", presente en los espacios alternativos de construcción política desde la realización de la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata.

En el Forum de Medios Alternativos la tecnología actúa al servicio de la comunicación popular, integrando radios comunitarias y redes, desarrollando un proyecto de intercambio en la producción de información libre en diversos formatos. "El Forum de Radios contribuye a fortalecer los vínculos de cooperación entre radios de todo el mundo a través del uso estratégico de nuevas tecnologías (TICs) y constituye, en sí mismo, un espacio común de medios independientes de comunicación".
La clausura de Enlazando Alternativas III está prevista para el 16 de mayo con un acto al que están invitados los presidentes de Cuba, Raúl Castro, de Venezuela, Hugo Chávez, de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa

Fuerte contenido indígena en la Cumbre Social

Una ceremonia indígena de buenos augurios dará hoy un matiz originario a la inauguración de la Cumbre Social, paralela a la V Cumbre de América Latina y El Caribe-Unión Europea.
Representantes de diversas etnias pondrán en manos de sus divinidades la protección de la reunión paralela que, bajo el nombre de Enlazando Alternativas III, iniciará sus actividades en el auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Unos tres mil representantes de organizaciones sociales de América Latina y Europa tratarán la hoja de coca como patrimonio de la biodiversidad cultural, las mujeres y pobreza y el cambio climático, entre otros temas.
En la ceremonia inaugural, las organizaciones latinoamericanas saludarán el evento mediante un discurso de Francisca Rodríguez, de Vía Campesina de Chile.
Por el viejo continente intervendrá el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Helmuth Harkov.
La apertura culminará con un espectáculo folclórico, a cargo de estudiantes peruanos Tras la ceremonia inaugural será instalado el Tribunal Permanente de los Pueblos, bajo la presidencia del sacerdote católico Francois Houtart, que durante tres jornadas analizará violaciones legales de las transnacionales europeas.

Segunda Cumbre Regional Indígena

Además y con la participación de dirigentes de comunidades nativas e indígenas de Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela ayer ya comenzó hoy la Segunda Cumbre Regional Indígena.
Con un homenaje ritual a la Madre Tierra, la Pachamama, se inició el evento en el que se discute sobre los derechos de las comunidades indígenas frente a los procesos de globalización y privatización de tierras. Está organizado por la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (COAI). Miguel Palacín Quispe, coordinador de la COAI aseguró que más de dos mil personas de diversos grupos nativos asistieron a la inauguración del certamen, que se realiza en el Club Ancash, en el distrito limeño de Jesús María. Adelantó que al concluir la cumbre indígena, las comunidades emitirán un pronunciamiento que esperan entregar a los cancilleres de 59 naciones para que sea incluido en la declaración presidencial final de la cumbre. Será un pronunciamiento con "la visión (indígena) de los tratados, su impacto en las poblaciones y los procesos emergentes de cambio en América Latina", afirmó.

Alberto Pisango, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Selva Peruana, dice que el petróleo y la minería están afectando a los pueblos nativos desde hace más de 40 años."Tenemos hermanos achuares del río Corrientes que están condenados a morir porque el medio ambiente donde viven está muy afectado (...) En esta cumbre queremos sensibilizar a la población del Perú y el mundo para tomar un poco de conciencia y evitar que la tierra colapse hacia el año 2030".

Empresas europeas, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Más de 20 empresas europeas serán enjuiciadas en la segunda Sesión sobre Empresas Transnacionales Europeas en América Latina y Políticas Neoliberales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), por violaciones a los derechos humanos en América Latina.

En la Cumbre de Lima la UE pretende avanzar en las negociaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio con las diferentes regiones latinoamericanas (América Central, Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR). En nombre de la competitividad, la estrategia comercial de la UE "Europa Global: Competir en el mundo" promueve una mayor desregulación social, laboral y medioambiental. Una de las prioridades de la UE es eliminar las restricciones de las inversiones para el acceso a los recursos naturales, y sobre todo energéticos.
En esta segunda sesión del TPP que se realiza en Lima, sentadas en el banquillo de los acusados estarán gigantes como Majaz-Monterrico Metals y Vale do Rio Doce en el sector de minería y siderurgia, Roche y Boehringer en la industria farmacéutica, Shell y Repsol-YPF en el sector de petróleo, Botnia y ENCE en el complejo forestal-papelero, Syngenta en los agronegocios, Skanska y Thyssen Krupp en la construcción de infraestructuras, ETI-Telecom en las telecomunicaciones, Unión Fenosa y Suez en el sector de electricidad, Aguas de Barcelona y Proactiva (Veolia-FCC) en el sector de agua, Unilever, Camposol, Cermaq Mainstream y Marine Harvest en el sector de agroalimentación, Bayer por sus agroquímicos, y el sector bancario representado por BBVA, HSBC y Santander.
El Tribunal pretende no sólo mostrar los impactos de las empresas europeas, sino también visibilizar el entramado que sustenta dicho régimen de impunidad; es decir los instrumentos (militares, políticos, jurídicos, financieros) desarrollados y los actores que configuran este escenario (Gobiernos de la UE y América Latina, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo).
Christine Pohl, de Amigos de la Tierra Europa, explica los objetivos y la estructura de funcionamiento del Tribunal: La sesión del TPP denuncia la no existencia de mecanismos legales efectivos para avanzar hacia un modelo económico y político en el cual las transnacionales tengan obligación legal para responder ante sus crímenes. El TPP es un instrumento de justicia muy importante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.
La audiencia de Lima contribuye además a la visibilización de los movimientos sociales y las luchas ciudadanas en respuesta a las violaciones a los derechos humanos de las empresas transnacionales
Denuncias concretas desde Brasil


La alemana Thyssen-Krupp es acusada de polución y no respetar a la comunidad de pescadores de la Bahía de Sepetiba, en Rio de Janeiro, durante obras de construcción de un complejo siderúrgico y portuario. El caso será indicado por los propios pescadores de la Bahía y el Foro del Medio Ambiente del Trabajador.
Otra denuncia será sobre la construcción de hidroeléctricas, especialmente en los estados Tocantins y Goias, por parte de la empresa francesa Suez.
El Movimiento de los Afectados por las Represas dará a conocer los impactos socio ambientales en áreas ricas en recursos naturales.
Las farmacéuticas Roche y Boehringer que actúan a nivel global serán denunciadas por abuso en las pruebas de nuevos medicamentos e infracción de la legislación brasileña de quiebra de patentes. El caso estará representado por la Asociación Brasileña Interdisciplinar de SIDA y la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP).
La transnacional Unilever que fabrica productos de limpieza y alimentación, será acusada de violar derechos de trabajadores y sindicales en Brasil, Chile y Colombia.
La denuncia ya fue entregada por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT).
La empresa suiza Syngenta no obedece a normas ambientales y la legislación de bioseguridad, además de intentar ilegalmente patentar tecnologías genéticas de semillas "terminator". Los te stigos son del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y la ONG Tierra y Derechos.
Y en SaoPaulo, la Shell está acusada por impactos ambientales y en la salud de 45.000 habitantes en los alrededores de la sede de la empresa.
La acusación es promovida por representantes del Colectivo Alternativo Verde (CAVE) y del Sindicato de los Trabajadores en el Comercio de Minería y Derivados de Petroleo del Estado de Sao Paulo (SIPETROL)

El caso de los transgénicos de Syngenta

La empresa suiza Syngenta Seeds Ltda. será juzgada por falta de ética y respeto a los derechos humanos. Gisele Cassano, asesora jurídica de la ONG Tierra de Derechos, explica que la empresa que produce agroquímicos y semillas transgénicas, no está obedeciendo la legislación brasileña de bioseguridad y normas ambientales.
Explicó que ninguna de las variedades de semillas que produce está autorizada comercialmente en el país.
Además, la empresa transnacional inició experimentos en una Unidad de Conservación en el Parque Nacional de Iguazú, donde el cultivo de transgénicos esta prohibido desde 2003.
En 2006, después de ser denunciada, la Syngenta fue multada con un millón de reales por parte del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero no pagó.
Otro de los crímenes por el que será juzgada en el Tribunal Permanente de los Pueblos es un caso de homicidio. En 2007, mientras la empresa sigue realizando, ilegalmente, experimentos en el área, militantes de la Vía Campesina ocuparon la Unidad para hacer una manifestación pacífica. Uno de los dirigentes de la Vía Campesina, Valmir Mota, fue asesinado y otros siete fueron heridos en una acción del personal de seguridad privado de la empresa.
Otra denuncia frente al Tribunal en Lima trata del pedido de patente para una especie de las llamadas semillas "terminador". Estas semillas son estériles y solo pueden ser usadas una vez, obligando a los agricultores a comprar muevas semillas todos los años a la misma empresa. En Brasil, el uso de esta tecnología está prohibida por la ley de Bioseguridad pero Syngenta continúa presionando para obtener la patente.



Debates sobre las alternativas energéticas


En el marco de la tercera edición del encuentro "Enlazando Alternativas", los movimientos sociales discutirán también en Lima sobre un tema clave para sus intereses: la energía.
Pablo Bertinat, Coordinador del Eje Energía del Programa Argentina Sustentable, Cono Sur Sustentable, avanza que en este encuentro se pondrán sobre la mesa las falsas opciones energéticas frente al cambio climático, el camino de la soberanía energética y la discusión de propuestas de resistencia en el marco de la integración regional.
Es parte de una lógica de trabajo de los movimientos sociales, tratando de acercar el debate de los movimientos al debate de los organismos gubernamentales, y tratar de incidir y poder alcanzar un poder de diálogo con los gobiernos, que permita avanzar en muchos de los temas que se tratan”, dice.
Sobre las “falsas opciones energéticas” que plantean los gobiernos frente al cambio climático, Bertinat afirma que esa es una “preocupación importante” en el caso de Unión Europea - América Latina, ya que los principales responsables por la emisión de gases de efecto invernadero son los países desarrollados, y “en particular la Unión Europea”.
“Estamos tratando de marcar en estas actividades lo que para nosotros son justamente falsas 'opciones' energéticas frente al cambio climático, y en este caso, incorporamos el tema de los biocombustibles muy fuertemente, porque gran parte de la demanda que ha aparecido en el continente de producción de agrocombustibles está desarrollada desde la demanda europea”,
dice.
A su entender, es necesario establecer “co-rresponsabilidades” en el momento de buscar alternativas frente al cambio climático, y recomienda “resolver el problema de raíz, en particular el nivel de consumo que tienen los países desarrollados”.
Alerta además acerca de la “nueva avanzada” en la región que presenta a las centrales nucleares como una alternativa al cambio climático: “creemos que debe tenerse en cuenta el 'ciclo completo', para visualizarse realmente que no son una alternativa al cambio climático, además de los otros inconvenientes que plantean”.
También menciona la “dudosa efectividad” de las mega represas hidroeléctricas como una alternativa frente al cambio climático, y por ejemplo, advierte que las “represas tropicales o subtropicales” emiten gases de efecto invernadero comparables con los de las centrales a gas del mismo tamaño. “Además de los impactos que producen sobre los territorios y las poblaciones, es de dudoso efecto frente al cambio climático”, añade este representante de Argentina y Cono Sur Sustentable quien considera que los gobiernos latinoamericanos y europeos intentan resolver este drama sólo a través de los “mecanismos de mercado”, cuando se trata de un problema con “otras características”.
Su propuesta es que hay que tratar de incluir en la Unión Europeapautas en la disminución del consumo”, y descartar las alternativas que “sólo intentan sostener un modelo de consumo, causando iguales o peores efectos que los del cambio climático”.

La Unión Europea no debe exigir este tipo de opciones, y por otro lado, los gobiernos latinoamericanos no deben verse fascinados con la idea de ser los abastecedores mundiales de combustibles vegetales. Vivimos esta peligrosa fascinación de convertirnos en proveedores mundiales de agrocombustibles. Es el gran peligro que estamos viendo en la región”, acota.
Lo que se necesita en primer lugar, es garantizar el acceso a la energía para más de 45 millones de personas que en el continente no tienen energía eléctrica, más de 80 millones de personas que cocinan con biomasa. Hay muchas deudas todavía antes de discutir alternativas”.
(Fuentes: Adital, Agencia PÚLSAR, Prensa Latina, Radio Mundo Real, CNR-Coordinadora Nacional de Radio)

12.5.08

Haití-República Dominicana

AUMENTAN LAS DEPORTACIONES DE BRACEROS HAITIANOS, COINCIDIENDO CON LA HAMBRUNA PROVOCADA POR EL ALZA DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS


aMás de 1.600 haitianos fueron deportados de República Dominicana en el primer cuatrimestre del año


Entre la necesidad dominicana de mano de obra migrante venida de Haití y la presión de las fuerzas conservadoras del país receptor para que estos trabajadores sean expulsados, hay de por medio una serie de violaciones de los derechos humanos de los haitianos que cruzan la frontera entre los dos países en busca de mejores condiciones de vida.

Solamente en los cuatro primeros meses de este año, 1.693 haitianos fueron deportados, o repatriados por República Dominicana. Las repatriaciones masivas son cada vez más comunes y no obedecen a ninguna regla establecida, pues "casi siempre están marcadas por violaciones de los Derechos Humanos de los migrantes", denunció el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes.
Estos números pueden ser todavía mayores, pues las autoridades dominicanas cambian u ocultan los datos reales. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno haitiano ni siquiera firmó el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, lo que ayudaría a proteger a sus ciudadanos.
El Servicio Jesuita "piensa que es del interés de los migrantes que Haití firme ese convenio para protegerlos. Con la no ratificación de este instrumento internacional, el gobierno haitiano da margen a la explotación y la violación de los derechos humanos de sus propios ciudadanos entregados a la arbitrariedad de las autoridades dominicanas".
La relación entre los dos países es extremamente tensa en razón de la migración. Por un lado, los dominicanos reclaman que la presencia de trabajadores haitianos les saca puestos de trabajo. Sea en la construcción civil, sea en el sector agrícola, o en el comercio informal, las empresas locales prefieren dar trabajo a los inmigrantes, ya que sin derechos laborales, los haitianos les cuestan menos a los empresarios dominicanos.
Por otro lado, los haitianos son víctimas de violaciones y falta de respeto constantes. Y esto, a pesar de que ellos contribuyen enormemente al crecimiento económico de la República Dominicana. La contrariedad de la situación hace que, aunque los haitianos sean necesarios, son tratados como descartables y las autoridades dominicanas se niegan a regularizar su situación, para poder así explotarlos mejor.

En este conflicto de intereses, surge también el espacio para la corrupción. El gobierno dominicano adopta la postura de expulsar a los inmigrantes, cuando la ocasión les conviene, pero sólo dejan el país aquellos que no tienen dinero para sobornar a la policía.
De acuerdo con la denuncia de algunos migrantes, "si ellos tuviesen dinero para sobornar, no los expulsarían, y que varios de sus compañeros que estuvieron con ellos en el automóvil que los transportaba hacia la frontera aceptaron pagar la cantidad de dinero pedida por las autoridades, para que los dejasen salir del vehículo en un lugar distante de los ojos críticos de los ciudadanos".
Además de la complicada situación migratória, la frontera de Haití con República Dominicana, está marcada por el tráfico y la explotación sexual de personas. Las mujeres, principales víctimas de estas explotaciones, son un público migrante creciente, pues no dejan más su país de origen sólo para seguir a sus compañeros, sino también para buscar una vacante en el mercado de trabajo.


Revuelta de hambre en Haití, un país que hace 30 años aún cultivaba todo el arroz que necesitaba
Por Bill Quigley (*)

Las revueltas en Haití debidas al explosivo incremento en el costo de los alimentos se han saldado con la vida de seis personas. También ha habido revueltas de hambre en Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Guinea, Mauritania, México, Marruecos, Senegal, Uzbekistán y Yemen. The Economist, que ha llamado “el tsunami silencioso” a la actual crisis, denuncia que en el último año el precio del trigo aumentó un 77% y el del arroz un 16%, pero que desde enero el precio del arroz se incrementó un 141%. Las razones de tales aumentos incluyen el encarecimiento del precio del combustible, problemas climáticos, incremento de la demanda en China e India, así como la presión para producir biocombustibles a partir de cereales.
Hermite Joseph, una madre que trabaja en los mercados de Puerto Príncipe, le dijo al periodista Nick Whalen que sus dos niños son como “pequeños palillos”, porque no están suficientemente alimentados. Antes, con un dólar veinticinco centavos se podían comprar verduras, algo de arroz, diez centavos de carbón y un poco de aceite de cocina. Ahora, sólo una pequeña cantidad de arroz cuesta 65 centavos, y de mala calidad. El aceite, 25 centavos. El carbón, 25 centavos. Un dólar veinticinco centavos ya ni siquiera alcanza para hacer un plato de arroz para un niño”.
El programa alimentario de la iglesia de Santa Clara, en Tiplas Kazo, un barrio de Puerto Príncipe, sirve 1.000 comidas diarias gratuitas, casi todas a chicos hambrientos, cinco veces a la semana, conjuntamente con la Fundación What If. Los niños de Cite Soleil han llegado a caminar 8 kilómetros hasta la iglesia para poder comer.

El costo del arroz, de las judías, las verduras, de la carne, las especias, del aceite comestible, del propano para la cocina, se ha incrementado de forma alarmante. Y debido al aumento del precio de los alimentos, las porciones de comida se han reducido. Pero el hambre está aumentando y más y más niños van a por la comida gratis. A los adultos con hambre se les suele permitir comer las sobras una vez que los chicos se han saciado, pero ahora hay cada vez menos sobras.
Opinando sobre Haití el 18 de abril pasado, el The New York Times dijo que “su industria agrícola es un caos, necesita alimentarse mejor a sí misma”. Desafortunadamente, el artículo no decía absolutamente nada sobre una de las principales causas de la escasez: el hecho de que los Estados Unidos y otras instituciones financieras internacionales han destruido a los agricultores arroceros haitianos para ampliar el mercado del subsidiado arroz de los agricultores estadounidenses. Esta no es la única causa de la hambruna en Haití y otros países pobres, pero es su principal motor.
Treinta años atrás, Haití producía casi todo el arroz que necesitaba. ¿Qué ha sucedido?


En 1986, tras la expulsión de el dictador haitiano, Jean Claude “Baby Doc” Duvalier, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un préstamo a Haití por 24,6 millones de dólares, dado que se necesitaban fondos desesperadamente (Baby Doc asaltó el tesoro en su huida). Pero, para obtener el préstamo del Fondo, se exigía que Haití redujera sus aranceles comerciales que protegían su producción arrocera y de otros productos agrícolas con la finalidad de que se abrieran los mercados del país a la competencia con otros países. Los Estados Unidos fueron, por mucho, la principal voz en las decisiones del FMI.
El doctor Paul Farmer estaba entonces en Haití, y vio lo que sucedería: “antes de dos años será imposible para los agricultores haitianos competir con lo que ellos llaman el ‘arroz de Miami’. Todo el mercado de arroz local en Haití se desmoronará cuando el arroz estadounidense, barato y subsidiado o incluso en la forma de ‘ayuda alimentaria’, invada el mercado. Habrá violencia, ‘guerras por el arroz’ y se perderán muchas vidas”.
“El arroz estadounidense invadió el país”, recordó Charles Suffrard, un importante productor de arroz en Haití en una entrevista con el Washington Post en 2000. Hacia 1987 y 1988, había tanto arroz entrando al país que muchos productores dejaron de trabajar la tierra. El padre Gerard Jean-Juste, un cura haitiano que había sido pastor en la iglesia de Santa Clara y un defensor manifiesto de los Derechos Humanos, concuerda: “en la década de los 80, el arroz importado se vertía en el país a un precio muy por debajo del costo de lo que nuestros agricultores podían producirlo. Éstos perdieron sus trabajos y huyeron a las ciudades. Después de unos pocos años de arroz barato importado, la producción local cayó estrepitosamente”. Aun así, la comunidad empresarial internacional no estaba satisfecha.


En 1994, EEUU, el FMI y el Banco Mundial pusieron como condición para ayudar al presidente electo Jean Baptiste Aristide al reasumir su cargo, que Haití abriera aun más sus mercados.
Pero si Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, ¿qué razón pudo tener Estados Unidos para destruir el mercado del arroz de este diminuto país?
No cabe duda de que Haití es pobre. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos informa que el ingreso anual per capita es menor a los 400 dólares. La ONU señala que la esperanza de vida en Haití es de 59 años, mientras que en Estados Unidos es de 78. Alrededor del 78% de los haitianos malvive con menos de 2 dólares al día, y más de la mitad lo hace con menos de un dólar diario.
Haití se ha convertido en uno de los principales importadores de arroz estadounidense. Las cifras de 2008 que ha mostrado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos muestran que Haití es el tercer mayor importador de arroz procedente de ese país (alrededor de 243.000 toneladas de arroz).

El negocio del arroz está fuertemente subsidiado en los Estados Unidos. Estos subsidios representaron el monto de 11 mil millones de dólares entre 1995 y 2006. Un solo productor, Riceland Foods Inc. de Stuttgart, Arkansas, recibió alrededor de 500 millones de dólares en subsidios al arroz entre 1995 y 2006. El Instituto Cato informó recientemente que el arroz es una de las materias primas a la que más contundentemente se ayuda en los Estados Unidos –con tres subsidios diferentes que alcanzan los mil millones de dólares por año desde 1998, y que se proyecta que alcancen una media de 700 millones por año hasta 2015. ¿El resultado? “en los países pobres, decenas de millones de cultivadores de arroz se han visto imposibilitados de sacar a sus familias de la pobreza debido a los precios más baratos y volátiles, producto de las políticas intervencionistas de otros países”.


Además de los tres subsidios para los productores de arroz, en Estados Unidos existen barreras arancelarias directas del 3% al 24%, informa Daniel Griswold del Instituto Cato –exactamente el mismo tipo de protecciones, aunque mucho más altas, que el FMI y los Estados Unidos exigieron a Haití eliminar entre las décadas