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8.8.16

Colombia: Derechos Humanos

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SANTOS REINAUGURA LAS ODIOSAS "CHUZADAS", INSTAURADAS POR SU ANTECESOR URIBE, Y TRATA DE AMEDRENTAR A QUIENES LAS DENUNCIAN

Juan Manuel Santos intenta que la periodista Claudia Julieta Duque, entre en pánico y deje de denunciar los desmanes del poder que él representa. Desde que denunció en un extenso y documentado reporte que publicamos aquí, el regreso de las "chuzadas" (el acoso y espionaje burdo a periodistas y oponentes,mediante grabaciones ilegales, realizado durante el siniestro mandato de su antecesor, Álvaro Uribe, líder en la sombra del proyecto paramilitar colombiano), no deja de ser incomodada mediante llamadas constantes,  como ella misma denuncia en una carta dirigida al Director de la UNP. Aquellas "chuzadas" las realizaba el  DAS, una especie de policía política, felizmente desmantelada. ¿Ha sido sustituida por la UNP? Lean la carta y el reporte y juzguen.





Distinguido doctor Mora,

Le escribo esta carta con copia a diversas organizaciones de libertad de prensa y derechos humanos con el objetivo de parar la desenfrenada serie de llamadas telefónicas y acoso que, por cuenta de mi reportaje "Botones de pánico: de las 'chuzadas' del DAS a las escuchas ilegales de la UNP" (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp4.html …) están sufriendo de parte suya personas allegadas a mí. Y lo hago abiertamente, porque considero que ya es hora de dejarle en claro a usted, y a ellos, varias cosas.

Entiendo que usted esté acostumbrado a un periodismo arrodillado, que se silencia frente a la menor presión, que cede frente a "favores" personales, que calla cuando se lo exigen desde el alto gobierno. Lo entiendo, porque ese es el periodismo que hoy prima en un país como el nuestro, tras años de ataques, obstrucciones y censura. Pero para fortuna mía y de los resquicios de libertad de información en Colombia, la trinchera desde la cual trabajo por los derechos humanos desde la investigación periodística ha sido construida con años de esfuerzo, dignidad y credibilidad, a prueba de obstáculos y presiones. Ni el Equipo Nizkor ni yo en lo personal hacemos parte de la cohorte de medios silenciados, a veces por miedo, a veces por complacencia.

Usted no necesita intermediarios para hablar conmigo, y esos intermediarios jamás se atreverían a pedirme que me calle o deje de hacer mi trabajo porque -se lo habrán dicho- si hay algo que me caracteriza es la persistencia y la resistencia frente a todo tipo de embates. Desde el día de la publicación del reportaje, usted inició un recorrido histérico por las organizaciones e instituciones que me han apoyado y salvado mi vida a lo largo de los años, para buscar silenciarme y, según usted, "desarmarme". Lamento que usted siga considerando que mi investigación periodística se debe a una venganza personal en contra suya, pero serán los hechos los que le demuestren lo contrario.   Estoy cansada de recalcarle que mi situación de riesgo y las desavenencias sobre mi esquema de protección NO tienen relación alguna con mi reportaje. Sin embargo, usted insiste en desprestigiarme con ese argumento.  Hoy me enteré que anda diciendo que yo pienso escribir un artículo tildándolo de paramilitar por haber sido dirigente del Cúcuta Deportivo.

Desconozco quién le está sembrando cizaña en mi contra y le está generando semejante nivel de paranoia, pero su actitud se asimila a aquella vez que Gustavo Petro estaba preparando un debate en el Congreso sobre las 2 mil personas vinculadas con el paramilitarismo, y para salirle al paso José Obdulio Gaviria publicó los nombres de 2 mil dueños de las Convivir.

 Posteriormente quedó claro que por allí no iba el agua al molino. Para su tranquilidad, quisiera informarle que no tengo ni he tenido nunca en mi poder la carpeta completa del contrato, que nadie me filtró los nombres de los protegidos con botón de pánico, que lo único que obtuve fue una copia del mismo en el mes de marzo,pero que
sólo pude comenzar a investigar el 27 de mayo porque mi incapacidad médica debido a la fractura de mi muñeca derecha terminó el día 26 de ese mismo mes.  Sin embargo, usted ha emprendido una cacería de brujas y una serie de actos intimidatorios contra una funcionaria de OACNUDH a quien yo conocí en el CERREM del 16 de mayo, y a quien le debo -al igual que a la FLIP y FECOLPER- toda mi gratitud por su decidido apoyo, sin el cual estoy segura hoy estaría sin esquema de seguridad.  Esa actitud también me recuerda al DAS de Jorge Noguera, que sorprendido porque con mi investigación y análisis yo me anticipaba constantemente a sus ataques, decidió ordenar acciones de Contrainteligencia en mi contra en el marco de la que llamó "Operación Filtración", para averiguar quién o quiénes me pasaban información desde el interior del DAS.

Se trata de la típica estrategia de quienes insisten en subestimar las capacidades de una periodista investigativa porque sólo conocen el chisme y la infiltración como método de información. Ese no es mi caso, doctor Mora, y mis próximos reportajes sobre el tema de los botones de pánico se lo demostrarán. Por favor no insista más, no busque enemigos donde no los hay. Mis conflictos con la UNP sobre el esquema de protección están siendo dirimidos ante un juez y es allí donde espero una resolución final frente a ese tema.  Mi labor periodística continuará pese las presiones directas e indirectas que usted ha ejercido en mi contra desde que pasé el derecho de petición del 27 de mayo.

No se trata de un ataque personal, pero sí de un hecho que usted insistió en mantener oculto y que yo encuentro de interés noticioso. Si alguien despertó mi curiosidad periodística sobre las características y especificidades del botón de pánico fue usted, al negarse a hablar de ellas.  En resumen, esta carta pretende decirle que seguiré informando. Mi libertad de prensa será siempre directamente proporcional a la medida de los temores y presiones del poder, pues como diría George Orwell "si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír".

Atentamente,
Claudia Julieta Duque Periodista


(A continuación reproducimos el informe-denuncia al que hace mención nuestra compañera Claudia Julieta Duque)


 


Botones de pánico: de las 'chuzadas' del DAS a las escuchas ilegales de la UNP


 Hace cinco años el presidente Juan Manuel Santos prometió que "en Colombia A NADIE, a NADIE se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación política o su participación en organizaciones no gubernamentales" |1|. Meses más tarde, al decretar la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señaló que el país conocía "muy bien" la razón de la liquidación, que no era otra diferente a las sucesivas denuncias por abusos de derechos humanos en los que estuvo involucrada la entidad en sus 58 años de historia, la última de ellas del 2009, recordada como el escándalo de las "chuzadas". De esta manera, con un paquete de reformas que incluyó la creación de la Unidad Nacional de Protección |2| (UNP) como un organismo de seguridad encargado de brindar medidas para garantizar la vida de las personas amenazadas en Colombia -función que hasta entonces le correspondía al DAS, lo que facilitó el espionaje masivo de defensores de derechos humanos, líderes sociales, congresistas, magistrados de las altas cortes y periodistas- Santos dio por superados los escándalos del pasado y anunció una modernización total del sector de la inteligencia y la seguridad en el país |3|. Ese mismo día fueron creadas la Unidad Especial de Migración, dependiente de la Cancillería, y la Dirección Nacional de Inteligencia, con lo que el Ejecutivo colombiano separó de forma tajante las labores de protección de las de inteligencia del Estado. Por ello, si bien la UNP es un organismo de seguridad, no tiene funciones de inteligencia. Aunque desde su creación la UNP no ha estado exenta de denuncias que van desde hechos de corrupción |4| hasta infiltración de los esquemas de seguridad |5|, pasando por amenazas |6|, montajes |7| y homicidios |8| de protegidos realizados por los propios escoltas, hasta ahora todo parecía ser un conjunto de graves hechos aislados producto, de un lado, de la permanencia en la entidad de los "herederos de las malas prácticas del DAS" y, del otro, de la falta de controles administrativos. Sin embargo, desde hace varios meses la Unidad ha comenzado a implementar una medida que, si bien a simple vista podría ser considerada como una adecuación tecnológica para ayudar en eventuales situaciones de riesgo a las personas amenazadas, incluye un dispositivo que le permite a la UNP escuchar -sin autorización- las conversaciones de los protegidos y revive los temores que parecieron haber sido enterrados con la liquidación del DAS.
 
Éste es el botón de pánico, de fabricación china, adquirido por la UNP a través de un contrato "reservado" con la empresa COMCEL S.A. (Claro).
Lateral izquierdo del botón de pánico entregado por la UNP.
Se trata de un botón de pánico que será entregado a 2 mil personas beneficiarias de los programas de protección de la UNP, y que, según las instrucciones dadas por los funcionarios de la Unidad a quienes hasta ahora lo han recibido, debe permanecer activado y cargado las 24 horas del día en todo tiempo y lugar. El "botón de ayuda", como lo llama la UNP, está equipado de un dispositivo de ubicación geográfica (GPS) y permite establecer conversaciones de voz entre quien lo tiene y quien lo monitorea, función que hasta ahora le ha sido ocultada a quienes ya les ha sido implementado, según se desprende de las 25 entrevistas realizadas en el marco de esta investigación. Entre abril y julio de este año, el botón de pánico le fue entregado a personas desplazadas, líderes sindicales, comunitarios, afrocolombianos, reclamantes de tierras, mujeres líderes de procesos locales con perspectiva de género, miembros de la Mesa de Víctimas en diferentes regiones del país, así como a algunos concejales, periodistas y defensores de derechos humanos. A ninguno de ellos la UNP le solicitó autorización para escuchar sus conversaciones, ni menos aún le dio instrucciones para establecer comunicaciones de voz a través del dispositivo en caso de emergencia, si bien algunos de los entrevistados, como Astrid Sabogal, de la Mesa de Víctimas en Pereira, o Jimmy Núñez, del Sindicato de Vendedores Ambulantes en Cali, manifestaron su extrañeza frente al hecho de que el botón tiene un "telefonito dibujado al lado izquierdo", pero sólo les enseñaron a presionar el "del centro, que dice SOS". De hecho, la principal queja de los beneficiarios consultados fue la de que si en una eventual emergencia alcanzaran a activar el botón de pánico, probablemente no tendrían una segunda oportunidad para contestar la llamada de la UNP a sus celulares, tal y como les indicaron era el protocolo establecido por la entidad. Shenzhen Co-Creation Technology Co.,Ltd., la empresa fabricante del botón de pánico adquirido por la UNP a través de la empresa COMCEL S.A (Claro), incluye en internet la descripción total de las funciones del dispositivo, entre las que se encuentran el "monitoreo de voz" y la "comunicación de voz de dos vías", como una de las innovaciones tecnológicas más importantes.
Funciones del botón de pánico proporcionadas por el fabricante. Extraído de:
http://www.aliexpress.com/item/sos-panic-button-gsm-gprs-gps-tracker-sos-gsm-alarm-system-anti-kidnapping-gps-tracker-ET017S/32612751979.html
Las irregularidades de un contrato que se tilda de "reservado" El contrato 981 para la adquisición de los botones de pánico fue firmado por el director de la UNP, Diego Fernando Mora, el 17 de diciembre de 2015. Se trata del primer y hasta ahora único contrato de carácter "reservado" de esa entidad, con el argumento de que el secreto es necesario para salvaguardar la vida de los 2 mil beneficiarios de los botones de pánico que serán implementados en los próximos meses. La contratación, por un valor de 1.341 millones de pesos -aproximadamente 435 mil dólares- se firmó en un tiempo récord de 15 días, durante los cuales la UNP elaboró los estudios previos (1º de diciembre) y expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (7 de diciembre) que sustentan el proceso y sus pagos. Si bien en el documento firmado por la UNP y Colombia Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. (Claro) se asegura que la compra de los botones de pánico estaba contemplada en el plan de adquisiciones de la entidad para el año 2015, en respuesta a un derecho de petición del Equipo Nizkor, Diego Fernando Mora reconoció que esto no era cierto, lo cual vulnera los requisitos de la contratación estatal, y anunció una investigación interna para determinar la razón de la irregularidad |9|. La UNP también asevera en el contrato que la implementación de los botones de pánico fue presentada en la propuesta de modificación de medidas de protección al Consejo Directivo de la entidad, encabezado por el ministro del Interior, "iniciativa que no fue objetada por el citado órgano directivo". Al solicitársele copia de dicha propuesta, la Unidad sólo adjuntó un certificado sobre la realización de una reunión el 19 de agosto de 2015 y manifestó que no existía un documento escrito y que, en todo caso, dicha información era reservada. Según la UNP |10|, el resultado de la propuesta presentada en agosto fue el decreto 567 de 8 de abril de 2016 |11|, expedido por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Luis Carlos Villegas. Sin embargo, en éste no aparece incluida la implementación de botones de pánico como nueva medida de seguridad para los protegidos. En los considerandos del contrato la UNP consagró que "los botones de pánico son una medida de seguridad de alta eficiencia y uso oculto en los esquemas de protección; para que sean efectivos es necesario que su descripción y ubicación no sean reveladas de ninguna forma, con el fin de no alertar el uso de estas nuevas medidas y así que no sean de público conocimiento es necesario acudir a los mecanismos que el estatuto de contratación contempla para este tipo de casos", y que "en virtud del uso que han de tener estos elementos como medida de seguridad, es necesario que el proceso sea reservado en aras de garantizar la eficacia de la misma". Para determinar la reserva del proceso de contratación la UNP se basó en un artículo del decreto 1082 de 2015, que a su vez cita otro de un decreto (1510 de 2013) suspendido por el Consejo de Estado |12| al considerar que el gobierno nacional no podía establecer reservas por decreto, pues éstas deben estar consagradas en leyes promulgadas por el Congreso de la República |13|. Para la UNP, la suspensión de dicha norma facultó a la entidad para decidir en forma autónoma qué contratos deberían tener carácter reservado, en este caso la compra de botones de pánico, "porque se estimó que constituye un bien que presta un servicio idóneo, efectivo, eficaz y adecuado que garantiza la protección de la vida, seguridad e integridad personal, pues permite obtener información inmediata y, de esta forma, generar una reacción rápida que asegura la aludida protección de dichos derechos fundamentales". De esta manera, la Unidad Nacional de Protección desconoció lo resuelto por el Consejo de Estado, que desde junio de 2014 había dejado en claro que "los bienes, obras y servicios que requieran reserva para su adquisición serán los que en esos términos y de manera expresa cuenten con el respectivo amparo legal, pues de lo contrario no podrá predicarse de los mismos condición reservada alguna". Peor aún, en una segunda respuesta enviada al Equipo Nizkor, la Unidad equiparó su accionar al de un organismo de inteligencia al justificar la reserva de la contratación de los botones de pánico citando un concepto del Consejo de Estado, según el cual, "la importancia del secreto justifica que la información relacionada con asuntos de inteligencia y contrainteligencia, los cuales hacen parte de actividades de defensa y seguridad nacional, sea reservada (…) |14|. No revelar la totalidad de las características técnicas vicia el consentimiento de los protegidos Como ya se dijo, las funciones, tamaño y características del botón de pánico se encuentran en internet y coinciden cien por cien con los que han sido otorgados por la Unidad Nacional de Protección a, al menos, 60 personas amenazadas en los últimos meses. El Equipo Nizkor ha tenido acceso a los embalajes, botones, especificaciones técnicas y folletos (en inglés) entregados a los protegidos, y dispone de fotografías de los mismos, lo que le ha permitido constatar que se trata del dispositivo puesto en el mercado por la empresa china Shenzhen Co-Creation Technology Co. Ltd., pionera en el desarrollo de los GPS a nivel mundial, de la cual fue posible obtener hasta los certificados de propiedad intelectual del botón de pánico, que es promovido bajo las etiquetas "panic button, gsm, gprs, gps tracker, sos, gsm alarm system, anti kidnapping gps tracker".


Colores ofrecidos para el botón de pánico por Shenzhen Co-Creation Technology Co., Ltd.
según información de distintos distribuidores del producto online


Fotografía del embalaje del botón de pánico entregado por la UNP a la periodista Amalfi Rosales.
De las especificaciones del botón ofrecidas por la empresa fabricante se desprende que éste tiene, entre otras funciones, las de "seguimiento en tiempo real por satélite GPS", "seguimiento en tiempo real de acuerdo a la ubicación de la red celular", "capacidad de seguimiento en ambientes cerrados", "sensor de movimiento incorporado", "sensor de velocidad", "monitoreo de voz", "comunicación voz a voz de alta calidad con manos libres", "registro de datos de hasta 60 mil ubicaciones", "alarma de movimiento" y "seguimiento en tiempo real en un mapa de computador o de equipo móvil". El Equipo Nizkor entrevistó a 25 personas a quienes el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) decidió otorgarles el botón de pánico como medida de seguridad -recomendación que surge de las consideraciones del Grupo de Valoración Preliminar (GVP) en el cual son escuchados los analistas de la UNP que realizan el estudio de riesgo y evalúan las medidas a adoptar. En todos los casos, según los protegidos, la Unidad se limitó a explicar el botón como un sistema de alerta que debe activarse en situaciones de emergencia y frente a cuya activación la Unidad hará una llamada al protegido o a las autoridades, dependiendo de si éste se encuentra en una zona rural o urbana. Varias de las personas entrevistadas se quejaron incluso porque el botón les fue entregado sin indicación alguna, como sucedió en el caso de la periodista Gisela Hurtado de Timaná (Huila), a quien el dispositivo le fue entregado en una panadería "sin mayores trámites y a toda carrera".
 
Diego Fernando Mora, director de la UNP.
(Fotografía tomada del sitio web www.unp.gov.co)
¿Por qué la UNP oculta las especificaciones técnicas del botón de pánico y las características de rastreo y escucha? En entrevista realizada al director de la Unidad, Diego Fernando Mora, afirmó éste que "en la medida en que menos se sepa y menos información haya de que un protegido pueda tener un dispositivo de éstos, aumenta la idoneidad de la medida. Sin contar que tiene otra serie de características que no son, llamémoslo que no es… que no es recomendable que se conozca. ¿Por qué? Porque tiene otra serie de propiedades que pueden utilizarse." Si bien se negó a entrar en detalle, tales propiedades se encuentran en internet y hasta en los embalajes de origen del botón, las cuales están resumidas en cuatro palabras: "rastrear, monitorear, llamar y proteger". Según Diego Fernando Mora, la UNP cuenta con "unas terminales que son dedicadas exclusivamente a eso, donde se encuentran precisamente los mapas, donde nos llegan las alertas, donde nosotros hacemos la verificación, todo eso lo controlamos nosotros basados en una plataforma de Claro. Todo eso está en cabeza de la Unidad basado en la plataforma. Nosotros nos estamos encargando directamente de la operación".
El fantasma de las "chuzadas" "Chuzadas" es el término coloquial con que en Colombia se conoció el escándalo de espionaje, persecución y escuchas ilegales del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) contra más de 300 personas, entre defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, congresistas de oposición, magistrados de las altas cortes y sus familias, y que llevó a la cárcel a no menos de 25 funcionarios del extinto DAS. La implementación del botón ha revivido temores en varios protegidos, que se han negado a aceptar la medida por considerarla un medio de espionaje y no una garantía de protección. A la fecha, según información obtenida por el Equipo Nizkor en el marco de esta investigación, dos sindicatos, dos organizaciones no gubernamentales y varios miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Mesa Nacional de Víctimas en diversas regiones del país, han rechazado la entrega de botones de pánico. En una carta enviada el pasado 27 de junio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación (Sintraproan) expresó su preocupación por las características de la medida al informar las razones por las cuales la presidenta de la Seccional Bogotá, Gloria Stella Angarita, no aceptó el botón. "Consideramos que se puede estar violentando una norma de estirpe Superior que protege y garantiza el derecho a la intimidad en el artículo 15 [de la Constitución], en la medida que el 'botón' contenga un chip que permita hacer seguimiento de todos los movimientos que realice la compañera. El derecho a la intimidad debe ser respetado por todos y el Estado tiene el deber de respetarlo y hacerlo respetar". "En lo que concierne a que ésta sea una medida de protección eficaz, debemos confesar, con toda sinceridad, que no la entendemos cómo puede prevenir la ocurrencia de un atentado en contra de la protegida en este caso. La catalogamos como una medida no idónea", afirmó el presidente del Sindicato, William Millán. En forma similar se expresó Rocío Campos, del Movice Barrancabermeja, quien afirmó que no recibiría el botón por considerar que la medida raya en la "estupidez", pues si cuando ha habido dificultades se ha llamado a la Policía y ésta ha tardado en llegar "qué puede esperarse de unos funcionarios que están en Bogotá pendientes de un botón". Según Campos, las organizaciones de derechos humanos de Barrancabermeja están estudiando la posibilidad de rechazar en forma conjunta el botón de pánico, que hasta ahora le ha sido entregado a miembros del Colectivo 16 de Mayo y de la Asociación Nacional para la Ayuda Solidaria (ANDAS). Asimismo, Bertha Cecilia Quiñones, de la Mesa de Víctimas del Valle, y Fernando Sanmiguel, investigador social de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, se han negado a aceptar el botón de pánico por considerarlo una medida "inapropiada" que podría generar mayores problemas y cuya idoneidad no está probada, pese a lo que afirma la Unidad Nacional de Protección. La mayoría de protegidos entrevistados por el Equipo Nizkor calificaron el botón de pánico como una medida "absurda", y se mostraron inconformes con el hecho de que ésta haya reemplazado en la práctica el auxilio de transporte que la UNP les brindaba para movilizarse en las regiones. Si bien el director de la UNP asegura que el botón de pánico no reemplaza el auxilio económico -medida que fue descartada mediante decreto- lo cierto es que los protegidos manifestaron que "ése es el cambio" que les han hecho. Para Diego Felipe Pardo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Bebidas Alcohólicas de Colombia, la garantía que brinda el botón "es mínima. Antes me daban un auxilio de transporte y yo contrataba un vehículo. Nunca he tenido un esquema, a pesar de que el anterior presidente de mi organización, Henry Ramírez Daza, fue asesinado. Nosotros hemos asumido demandas por corrupción en las licoreras del país que involucran a exparamilitares en Antioquia, al exgobernador del Cauca Juan José Chaux, a gente muy poderosa en todo el país". A Astrid Sabogal, de la Mesa de Víctimas de Pereira, el pasado 13 de julio le fue hurtada información sobre víctimas y procesos que apoya. "Ingresaron a mi sitio de residencia mientras yo no estaba. Mi hija estaba en pánico cuando llegué al lugar. De qué me sirve que a mí me protejan si mis hijos quedan vulnerables. El botón me parece riesgoso, no es igual a tener un apoyo de transporte. Uno en un bus con chaleco antibalas, escolta armado y un botón de pánico llama mucho la atención". Pese a que el director de la UNP fue categórico en afirmar que el botón de pánico sería entregado sólo para protegidos que residen en zonas urbanas, encontramos que éste ha sido implementado en lugares lejanos de Tumaco, Cauca, Arauca, Norte de Santander y Bolívar, entre otras regiones. Según defensores como Ernestina Cruz, de la Mesa de Víctimas del Valle, "a mí me dijeron que era sólo para la zona urbana, no para la rural. Pero la verdad yo viajo para el Cauca, para muchas partes del país. Debido a eso, me acerqué a denunciar ante la Defensoría del Pueblo y la respuesta fue que yo lo que quiero es plata. Me dijeron 'a ustedes los líderes no les sirve el botón porque a ustedes sólo les sirve plata'. Yo les respondí 'no importa que no me den plata, pero denme un transporte para moverme'. Hace poco me encontraba en carretera en la zona de El Bordo - Patía y había un bloqueo que me preocupó porque yo estoy creando un Consejo Comunitario allá. Activé el botón pero no me sirvió". Es claro que las características del botón de pánico permiten rastrear hasta la velocidad con que se mueven las personas que lo cargan, además de ubicarlas a través de geolocalización satelital y celular y escuchar sus conversaciones incluso en ambientes cerrados. Así lo han dejado saber a varios protegidos los funcionarios de la UNP encargados de entregar el botón a los beneficiarios. Por ejemplo, a Ernestina Contreras Cruz, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Víctimas en Cali y líder de la organización Tejedoras de Paz, le dijeron "si a usted le gusta la privacidad no lo vaya a activar en todo momento porque ahí vamos a estar nosotros".
Por Claudia Julieta Duque |*|
Investigación de Equipo Nizkor y Radio Nizkor

Nota documental del Equipo Nizkor: Las personas protegidas entrevistadas cuyos nombres y apellidos aparecen en la presente investigación, autorizaron expresamente la publicación de los mismos. Durante el desarrollo de esta investigación, la Unidad Nacional de Protección presionó en forma indebida a Claudia Julieta Duque con el ánimo de obstruir su trabajo periodístico. El director de la UNP la señaló de estar ejerciendo una venganza en su contra por conflictos presentados en la implementación de las medidas de seguridad en favor suyo y de su familia, los cuales se encuentran en discusión vía tutela, acción legal con la que en el pasado la periodista ha logrado ser protegida. En entrevista realizada el 14 de junio de 2016, Diego Fernando Mora acusó a Claudia Julieta Duque de intentar meterlo a la cárcel, de usar información "sustraída ilegalmente" de la UNP y de afectar la idoneidad del botón de pánico si llegara a publicar al respecto. Igualmente, en el marco de la acción de tutela ya referida, intentó excluir a la periodista del programa de protección de la UNP y hacer que ésta fuera incluida en un programa similar de la Fiscalía General de la Nación, solicitud que fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como si ello fuera poco, utilizó a la periodista Darcy Quinn para fustigar su trabajo y filtrar información sobre los detalles de su esquema de seguridad y su relación del último año y medio con la UNP, contrariando las normas legales que le imponen a la Unidad el deber de reserva absoluta sobre los esquemas de los protegidos. También utilizó al abogado Juan Pablo Estrada Sánchez, abogado contratista de la UNP y comentarista de Caracol Radio, para denigrarla en la red social de Twitter. Por ello desde el Equipo Nizkor responsabilizamos directamente al director de la UNP, Diego Fernando Mora, frente a cualquier empeoramiento de la situación de seguridad de Claudia Julieta Duque.
Gregorio Díaz Dionis
Presidente Equipo Nizkor

Notas: *. Claudia Julieta Duque es periodista y cuenta con medidas de la Unidad Nacional de Protección. Ninguna de ellas está relacionada con el botón de pánico, de cuya existencia se enteró como periodista. [Volver] 1. Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la presentación de 11 nuevos proyectos de ley. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Marzo/Paginas/20110328_04.aspx , 28 de marzo de 2011 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/santos16.html [Volver] 2. Decreto 4065 de 31 de octubre de 2011. [Volver] 3. Declaración del Presidente Juan Manuel Santos luego de firmar el decreto que liquida el DAS. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Octubre/Paginas/20111031_13.aspx 31 de octubre de 2011 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/das363.html. [Volver] 4. Red de corrupción en la Unidad de Protección, en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/red-de-corrupcion-unidad-de-proteccion-articulo-513028, 26 de agosto de 2014 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp5.html. [Volver] 5. RSF denuncia irregularidades en el mecanismo de protección a periodistas http://www.rsf-es.org/news/colombia-rsf-denuncia-irregularidades-en-el-mecanismo-de-proteccion-de-los-periodistas/, 11 de mayo de 2016 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp9.html. [Volver] 6. Escolta de la UNP aceptó responsabilidad en amenazas contra Piedad Córdoba y Aída Avella http://www.elespectador.com/noticias/judicial/escolta-de-unp-acepto-responsabilidad-amenazas-contra-p-articulo-568698, 26 de junio de 2015 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp7.html. [Volver] 7. Absuelto Teodoro Ibáñez http://elmeridianodecordoba.com.co/monteria/item/68503-absuelto-teodoro-ib%C3%A1%C3%B1ez, 26 de septiembre de 2014 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp6.html. [Volver] 8. Capturados dos funcionarios de la UNP por presuntos homicidios en Guacarí, Valle http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/capturados-dos-funcionarios-unp-por-presuntos-homicidios-guacari-valle, 6 de agosto de 2015 (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/unp8.html. [Volver] 9. Respuesta de la UNP del 13 de junio de 2016 al derecho de petición presentado por el Equipo Nizkor el 27 de mayo. [Volver] 10. Respuesta de la UNP del 13 de junio de 2016. [Volver] 11. Ver: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20567%20DEL%2008%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf (visitada por última vez el 1 de agosto de 2016). Permalink disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/coldecreto567.html [Volver] 12. Máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo en Colombia. [Volver] 13. "En cuanto la circunstancia de la contratación sometida a reserva constituye una excepción frente al aludido Principio Constitucional de Publicidad que constituye la regla general y que está llamado a orientar todas las actuaciones de la Administración Púbica, el desarrollo de tal excepción y su detallada regulación acerca de los eventos e hipótesis en los que tiene cabida, tal y como lo sostiene el demandante, sólo puede estar en cabeza del legislador, sin que sea posible que el Gobierno Nacional asuma, a través del reglamento, la definición de tales excepciones". Sección Tercera, proceso 50.222, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez. [Volver] 14. Respuesta de la UNP del 20 de junio de 2016 al recurso de insistencia presentado por el Equipo Nizkor el 14 de junio de 2016. [Volver]


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15.10.10

Colombia:Narcoparamilitarismo

EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE IMPLICADO POR UN EX ALTO CARGO DEL D.A.S. EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ORGANISMO POLICIAL AL SERVICIO DEL NARCOTRÁFICO Y LAS TRAMAS PARAMILITARES

3.8.10

Colombia-Venezuela

LOS COLOMBIANOS VOTAN POR VENEZUELA CON LOS PIES Y MÁS DE 300 HUYEN CADA DÍA DEL 'PARA'-PARAÍSO HACIA EL 'INFIERNO' BOLIVARIANO



Un estudio que realizó durante 90 días la Asociación de Colombianos en Venezuela arrojó que diariamente un promedio de unos 352 colombianos cruzan la frontera para huir y refugiarse en Venezuela, informó el coordinador de dicha organización, Juan Carlos Tanus.

Durante una entrNegritaevista concedida al programa Contra Golpe, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Tanus indicó que de esa cantidad, el 62% se queda en Venezuela y tratan de hallar allí una nueva vida. Las razones de esta migración son fundamentalmente económicas y, según es estudio, la mayoría de los inmigrantes manifiestan su deseo de no regresar a Colombia hasta tanto no se resuelva el problema de la escasez de puestos de trabajo que existe.

“Hay escenarios como el de la costa norte colombiana donde el avance del paramilitarismo en el departamento de Córdoba ha provocado que 12% de su población actualmente viva en Venezuela, mientras que en el departamento de Sucre el 20% de la población también vive en Venezuela”, explicó.

Tanus indicó que la inmigración se ha incrementado durante el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, prueba de ello es que en 2002, cuando éste asume la presidencia, alrededor de 23.000 ciudadanos se mudaron a Venezuela; en 2003 sobre los 66.000 y, en los últimos ocho años, se podría hablar de 480.000 colombianos que parten hacia Venezuela.

“Esto puede interpretarse como un fracaso de la política de seguridad del gobierno de Uribe. Sobre todo porque la mayoría de los desplazados huyen por motivo de la violencia paramilitar”, aseguró.

Detalló que son mayoría las mujeres , entre los colombianos que emigran a Venezuela. “Son el 58% de la migración, son mujeres que perdieron a su familia, a su pareja, mujeres que vienen con sus hijos a hacer nuevos proyectos de vida”.


La crisis colombo-venezolana y 'El otoño del padrino'
por Raúl Zibechi (*)

La crisis desatada por el gobierno saliente de Colombia, está siendo acotada por el resto de los gobiernos de la región, que dieron prioridad a la unasur en detrimento de una oea que siguen en caída libre por estar más aferrada al pasado que al futuro.

“Santos debe hacer su mejor esfuerzo para que Uribe acepte la embajada en Beijing”, escribió la revista británica The Economist como consejo sencillo para evitarle al nuevo presidente lo que puede convertirse en una pesadilla: la interferencia de Álvaro Uribe en todo lo que suceda en Colombia durante su ausencia en el Palacio de Nariño. A estas alturas son pocos los que dudan que detrás de la fuerte denuncia contra Venezuela exista otra cosa que no sea el temor a perder pie en la política interior, con riesgos graves para su propia persona.

Del lado bolivariano son también las cuestiones domésticas las que llevaron a Hugo Chávez a escenificar el drama de la agresión al país, con anuncio mediático que incluyó la presencia de Diego Armando Maradona, convirtiendo el asunto en un sainete diplomático. Si el colombiano teme por su futuro inmediato, el venezolano mira de reojo las elecciones legislativas del 26 de setiembre que, por primera en sus diez años de gobierno, pueden resultarle adversas llevando al régimen a una situación compleja y delicada.

Luiz Inazio Lula da Silva fue el más cáustico de los presidentes de la región: “Lo que me pareció extraño es que esto ocurre a pocos días de que el compañero Uribe deje la presidencia. El nuevo presidente dio señales claras de que quiere construir la paz. Marchaba todo bien hasta que Uribe hizo la denuncia” (Telam, 25 de julio). La pregunta que todos se hacen, es qué llevó al presidente de Colombia a desempolvar un tema archisabido, la presencia de miembros de las farc en suelo venezolano, apenas dos semanas antes de abandonar el cargo.

Colonia del imperio


La revista Semana pasa por ser un medio vinculado a la familia Santos, uno de los apellidos incrustados en la elite colombiana desde el período colonial. En la columna semanal de Antonio Caballero, uno de los más brillantes periodistas del país, el sábado 17 de julio, se develan algunos pormenores de la fuerte pugna entre Uribe y Santos. “Es una bofetada a Uribe nombrar canciller a la única funcionaria de su gobierno que tuvo la dignidad de renunciarle porque discrepaba de su clientelismo”, escribió en referencia a María Ángela Holguín, canciller designada por el presidente electo.

“Historia de romanos” se titula la formidable pieza periodística. Porque los emperadores de la decadencia romana solían asesinar a su antecesor, pero siempre fue imposible asesinar al sucesor. “Es precisamente eso lo que está intento hacer en los últimos días de su mandato: asesinar al presidente electo”. Caballero interpreta la denuncia de Uribe sobre la presencia de las farc en Venezuela como un intento de sabotear la normalización de las relaciones cuando Chávez ya había sido invitado a la asunción del mando el próximo 7 de agosto.

Más aún. La canciller designada había manifestado su deseo de “aclarar las diferencias” a raíz del bombardeo del campamento de Raúl Reyes en Ecuador, lo que supone el intento por despolarizar las relaciones bilaterales, algo que podría ser beneficioso para Colombia pero en modo alguno para el Comando Sur que ha diseñado una política anclada en escalar los conflictos como forma de ganar presencia en el patio trasero.

No quedan ahí las diferencias entre Uribe y Santos. El ministro de Agricultura designado, Juan Camilo Restrepo, se opuso durante años a las políticas agrarias del uribismo. Santos declaró su intención de propiciar la reconciliación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que tuvieron choques casi permanentes durante el uribismo, ya que el segundo denunció decenas de casos de parapolítica (parlamentarios financiados por los narcoparamilitares) en las filas del partido oficialista y finalmente impidió la segunda reelección de Uribe pese a que las encuestas lo daban como favorito.

“Sus últimos días de gobierno los está dedicando Uribe a raspar hasta la costra la olla de las finanzas públicas, dejando comprometidos para 20 años los gastos de la nación”, denuncia Caballero. Entregó minas de oro, firmó obras para el metro y un tren de cercanías, y llegó a nombrar embajadores. Ese es Uribe. El hombre venido de abajo que la oligarquía colombiana, a quien Santos encarna, nunca terminó de aceptar.

Pero las disputas no van a terminar con el emperador acuchillado. “Este país no es un imperio, sino una colonia del imperio. Así que es más probable que la cosa se resuelva con la extradición de Uribe a los Estados Unidos”, concluye Caballero. ¿Exagerado? Sin embargo, de eso se habla en voz baja en Bogotá, por lo menos desde hace cinco años. No es probable que algo así suceda, pero no son pocos los que le tienen ganas a Uribe. Y que se diga en voz alta, como se a hace ahora, es más que significativo.

Uribe integró el narcotráfico y fue aliado de los paramilitares, según figura en el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos revelado por la revista Newsweek (8 de agosto de 2004). Allí se establece que Uribe formaba, en los años 90, parte del cartel de Medellín, comandado por el narcotraficante Pablo Escobar, de quien era amigo íntimo.

El informe de la inteligencia estadounidense fue emitido en 1991, incluye a más de cien traficantes, sicarios y abogados vinculado a Escobar y dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel del Medellín desde altos niveles del gobierno”. En el mismo párrafo asegura que “es un amigo personal cercano de Pablo Escobar”.

¿Quién dijo cambios?


Nadie debe esperar cambios de fondo con el gobierno de Santos. Como ministro de Defensa de Uribe, fue quien dio la orden de atacar el campamento de las farc en Ecuador y es responsable directo de los “falsos positivos”, los cientos de jóvenes asesinados por el ejército para hacerlos pasar por bajas de la guerrilla. Sin embargo va a promover algunos cambios. Hasta ahora mantuvo silencio en la disputa Uribe/Chávez, y en su gira regional anunció que va a renovar totalmente la cúpula militar, colocando por vez primera a un almirante e como comandante en jefe.

Mientras Uribe y el canciller saliente, Guillermo Bermúdez, lanzaban gruesos ataques a Venezuela, el futuro vicepresidente, Angelino Garzón, ex sindicalista y hombre de izquierdas en los ochenta, valoró positivamente las declaraciones de Chávez al pedirle a la guerrilla que reconsidere su estrategia “porque el mundo de hoy no es el de los años sesenta”.

Las relaciones internacionales serán la prioridad de Santos. Su estrecha alianza con Estados Unidos está fuera de discusión, pero se propone diversificar las relaciones, darle prioridad a la diplomacia, la integración y la cooperación, y proceder a institucionalizar los vínculos internacionales. De hecho, antes de asumir realizó una gira por Europa y luego por Sudamérica.

“Para avanzar hacia la prosperidad democrática, será necesaria una mayor diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional”, dijo Santos al delinear lo que serán los próximos cuatro años. La “prosperidad democrática” sustituye como prioridad la “seguridad democrática”, lo que representa una nueva apuesta estratégica.

Derrotada la guerrilla luego de ocho años de cerco y aniquilamiento, reducida a su mínima expresión (menos de 10 mil combatientes aislados), fortalecido el Estado y sus aparatos armados, se trata de recuperar la economía como forma de pavimentar la estabilidad. En suma, la misma política que se inauguró en 2002 con Uribe, pero adaptada a las nuevas realidades, entre las que destaca un mundo multipolar y una superpotencia en declive gobernada por Barack Obama.

Mejorar las relaciones con los vecinos y pasar de la “diplomacia del micrófono” a una diplomacia más profesional. Por eso la opción de nombrar a Holguín como canciller: “Hasta ahora los nombramientos en esa cartera se han manejado como forma de pago por compromisos políticos”, dice un experto en política exterior a Semana, que llevó a que “en las embajadas el personal de carrera es tan sólo del 12 por ciento”. El objetivo sería pasar de las reacciones en caliente a una planificación a largo plazo.

Recomponer las relaciones con Venezuela tiene una lectura estrictamente económica. El ex vice caniller Diego Cardona opina que el modelo económico de Santos es similar al de los tigres asiáticos, “pero para poder hacerlo realidad necesita un mercado como el de Venezuela, que es un mercado natural”. En efecto, el país vecino fue siempre el segundo mercado de las exportaciones colombianas hasta que las sucesivas crisis diplomáticas lo hundieron.

En 2008 Venezuela importó de Colombia por 7.000 millones de dólares, cifra que caerá a menos de 1.500 millones este año. La industria manufacturera es la más afectada (papel, cartón, plásticos, material eléctrico, vestimenta y alimentación) que ahora busca otros destinos. En las zonas fronterizas la crisis es total y el contrabando creció hasta un 70 por ciento. La caída de sus exportaciones hacia el vecino explica por lo menos la caída de un punto del producto bruto que este año apenas crecerá un 2,5 por ciento, frente a un promedio de 4 por ciento de la región.

Por otro lado, Colombia ostenta el mayor nivel de desempleo y la mayor tasa de informalidad de Sudamérica. La pobreza llega al 46 por ciento y la indigencia al 16, tasas que se vienen reduciendo de forma demasiado lenta. Este conjunto de problemas estructurales convenció a Santos de la necesidad de priorizar la economía para poder sustentar los éxitos militares, ya que un crecimiento acelerado sería la mejor forma de evitar un renacimiento de la guerrilla y la protesta social.

La UNASUR, otra vez

El gobierno bolivariano aprovechó la crisis para cohesionar a su electorado con un discurso centrado en la dignidad nacional y disparando la sensación de país agredido por su vecino y, sobre todo, por Estados Unidos. Hasta que Uribe disparó las denuncias sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela, los temas dominantes eran la pérdida de 120 mil toneladas de alimentos por mala gestión, equivalentes a 7.000 millones de dólares en un país jaqueado por la escasez, la caída del producto bruto de casi un seis por ciento en lo que va de 2010 y una inflación del 30 por ciento en el primer semestre.

Por eso muchos observadores estiman que la crisis no resolverá hasta el 27 de setiembre, el día después de las legislativas. En la coyuntura internacional actual, a todos los países conviene una rápida solución del diferendo y un restablecimiento del buen clima regional, que no sólo lubrica las relaciones comerciales sino la integración.

Uno de los aspectos más destacados es el papel que está jugando la unasur como eje de resolución de conflictos. Si Uribe prefirió la oea como escenario para sus denuncias contra Venezuela, el resto de los países optaron por la alianza sudamericana que ya jugó un papel relevante en 2008 cuando tomó cartas en el conflicto interno boliviano respaldando a Evo Morales ante los intentos desestabilizadores de los autonomistas de Santa Cruz.

En la siguiente crisis, en 2009 ante la cesión de instalaciones militares a Estados Unidos por el gobierno de Uribe, la unasur sirvió como espacio para que Colombia defendiera el acuerdo que había firmado con Washington. Ahora muestra su consolidación como la institución en la que los países decisivos de la región confían para vehiculizar sus relaciones y resolver conflictos. La creciente marginación de la oea es uno de los resultados más esperanzadores de la crisis actual.

(*) Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales. Artículo distribuido por http://alainet.org



Colombia y las bases de datos basura
por Laurent Jones (*)
01/08/10

La reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de negar la solicitud de visado a uno de los periodistas más reconocidos por la denuncia de la vulneración de los DDHH en Colombia, Hollan Morris, le da la razón a los activistas que en múltiples oportunidades han manifestado el intolerable nivel de persecución al que el actual gobierno ha sometido a todo lo que huela a oposición.

Quizá lo primero que haya que decir es que Colombia se ha convertido en un patético país-prisión en el que sus ciudadanos no pueden trasladarse prácticamente a ningún lugar del mundo, salvo importantes excepciones como Brasil, sin haber sido previamente sometidos a un humillante cacheo en su vida financiera, profesional y familiar en aras de satisfacer las exigencias que a cada país se le antoje imponer, lo que en ningún caso garantiza la obtención del visado. La amplia potestad de los estados de negar el visado sin que medie ni la más minina justificación, permite que la discrecionalidad encubra vulgares criterios discriminatorios. Esta lamentable situación ha establecido una cómplice vulneración global de los DD.HH. a sus nacionales.

El origen de esta realidad ha sido producto de una combinación de dos aspectos, primero, la actuación del gobierno de Estados Unidos que en los 90, en el marco de su lucha antidrogas, incluyó a Colombia en la lista de los parias del mundo; y segundo, la gran debilidad de sus gobiernos, que, pese a ser excluidos de los grandes réditos del turismo y comercio internacional; y verse aislados social y políticamente, no han sido capaces de controvertir en forma seria dicho estatus.

De hecho si bien el origen del veto a los nacionales colombianos fue la lucha antidrogas, la misma no tenía ningún sustento cuando con los cambios políticos estadounidenses hacia el polo del antiterrorismo, se propició una profunda alianza entre el gobierno de Bush y Álvaro Uribe. Al parecer las dos veces que Uribe vino al rancho tejano de Bush no fueron suficientes para que este tema se ventilara.

En este contexto, el ascenso del presidente Obama fue recibido por la izquierda democrática como una esperanza de cambio en Colombia y en especial, de mayor control al gobierno de extrema derecha de Uribe inflado por el discurso antiterrorista tras los ataques del 11-S.

De hecho la apuesta de Uribe con el partido republicano llegó a tal nivel que recibió en Cartagena de Indias, y con honores de estado, al apenas candidato republicano John McCaine, cuando éste se encontraba en plena contienda política. Por lo que en sus inicios, el triunfo de Obama parecía una verdadera cachetada al mandatario del sur.

No obstante, las cosas no necesariamente se enrumbaron por el camino más evidente. Durante el gobierno de Obama las relaciones con USA han permanecido en una zona de turbulencia y constante ambigüedad, por una parte la distancia marcada por el mandatario estadounidense frente a la potencial reelección de Uribe con la célebre frase de que “dos periodos de gobierno son suficientes” fue leída como un gesto de rechazo a la gestión del presidente colombiano y de alguna manera un veto a las múltiples denuncias de 8 años de escándalos por extralimitaciones y abusos en las actividades de los organismos de inteligencia y de seguridad, dentro de los cuales se encuentran los conocidos como los “falsos positivos”, el desplazamiento masivo y forzado de la población campesina e indígena hacia las ciudades, y las allí denominadas “chuzadas” telefónicas: un plan de espionaje organizado por el mismo gobierno en contra de altos funcionarios de la rama judicial, congresistas de la oposición, periodistas críticos y prácticamente toda persona que se le interpusiese al entorno de unanimismo que pretendió crear el saliente gobernante.

Por otra, el aplazamiento de la discusión del Tratado de Libre Comercio –TLC- con Colombia, que definitivamente ha quedado de último en la lista de espera de los países en vías de desarrollo que buscan el supuesto beneficio (lo que por lo demás no está nada claro), quedando detrás de los recién llegados. Esto mostró otro gesto de rechazo, aunque el mismo no resultaba obvio con la actitud del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, muy cercano a Uribe y prácticamente indiferente a los escándalos, lo que pareció evidenciar que su gobierno no tenía directrices claras.

Quizá lo único que pueda afirmarse con relativa solidez es que para Obama, el país preferido de Bush en A.L., es realmente irrelevante y tal relajamiento ha permitido que se lleve a cabo el refrán de que “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”. Así, pese a no contar con su apoyo, Uribe ha hecho fiesta con la ausencia de un mayor seguimiento a sus movimientos por parte del gobierno del norte.

Ahora bien, es posible suponer que ante la inicial presión con el TLC, Uribe se haya visto obligado a ofrecer ciertos beneficios al gobierno estadounidense, el primero de ellos pudo ser la aceptación de las bases militares teniendo a todos sus vecinos en contra, el segundo pudo ser la entrega de la bases de datos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia creada con chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, claro, totalmente contaminada. Con lo que Uribe mataba dos pájaros de un tiro: quedaba bien con Obama y, de paso, le daba un escarmiento a sus contrincantes.

Así el gobierno demócrata de Obama le presta, sabiéndolo o no, un invaluable servicio al gobierno de derechas colombiano. El problema ahora es que hará el Presidente estadounidense con el titular del Nuevo Herald en Miami que dice “Polémica por visa de periodista colombiano” y en sus páginas interiores “niegan visa a fuerte crítico de Uribe”. En palabras del Director de la división para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien justamente había premiado a Morris en el 2007 por su destacado trabajo a favor de los DD.HH. “Aquí hay que asegurarse que la administración de Obama no se deje usar o manipular por el gobierno y los servicios de inteligencia de Colombia”. (Nuevo Herald, 13 de julio 2010).
Para terminar vale la pena anotar que la ley de inteligencia y contrainteligencia (1288 de 2009) que permite el espionaje a cualquier persona por los cifrados conceptos de seguridad nacional, terrorismo, orden democrático, por parte de los organismos de inteligencia colombianos, prácticamente sin ningún control institucional, ha sido recientemente demandada por la organización de defensa de DDHH -Asociación Colombiana de Juristas- y la Fundación Reiniciar, conformada por los sobrevivientes del genocidio al partido político de izquierda, la Unión Patriótica. En el Concepto que en dicho trámite debe rendir el Procurador General de la Nación se solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la integridad de la ley por vicios de fondo al no haber sido tramitada como ley estatutaria pese a comprometer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, el buen nombre, al habeas data, la honra, entre otros. Así, la Corte Constitucional tiene la palabra en Colombia, pero lo que no queda claro es quién parará esa rueda suelta de las bases de datos basura, creadas con datos falsos y con el único propósito de estigmatizar y perseguir a los defensores de derechos humanos en países con graves vulneraciones de estos derechos. Lo que está sucediendo en la embajada de Estados Unidos en Colombia nos alerta sobre esta nueva arma de la información creada con espionaje, mentirosa y secreta, recopilada, guardada e irresponsablemente negociada entre países en detrimento de los ciudadanos.

(*)
Laurent Jones es una joven jurista francesa actualmente radicada en Bogotá y colaboradora en Colombia de la Revista Sinpermiso, donde se publica este artículo.


(Fuentes: LibreRed-RNV, Alai.org y Sinpermiso.info)

24.8.09

Colombia:Bases EE.UU-DD.HH-Reelección

TRISTE Y DESOLADOR PANORAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA MISMA SEMANA QUE SE CONSUMA EL CAMINO HACIA LA REELECCIÓN DE URIBE Y EL 'ACUERDO' PARA EL USO DE SIETE BASES POR LOS EE.UU


En la misma semana que el Senado abre la penúltima cancela para que Álvaro Uribe marche hacia la segunda reelección, una vez firmado y sentenciado el "acuerdo" entre los gobiernos de Bogotá y Washington, o viceversa, para que tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, pese al desasosiego y las protestas de todos los países vecinos menos uno, utilicen siete bases en suelo colombiano, basta echar un vistazo al resumen del boletín virtual de la organización independiente dhcolombia, para hacerse una idea de lo que es el día a día para miles, millones de colombianos.


S.O.S. POR EL DERECHO A LA VIDA DE NUESTROS JOVENES
Por: Diócesis de Chocó





La Diócesis de Quibdó, preocupada por la ola de muerte entre los jóvenes de la ciudad, especialmente de los barrios más empobrecidos, pone en alerta a la comunidad Quibdoseña y a las instituciones del gobierno locales, departamentales y nacionales.
No es ajeno para la comunidad Quibdoseña, la mal llamada limpieza social que se viene realizando en la ciudad desde hace varios años ante el silencio y la mirada cómplice de muchos de nosotros y nosotras. (...) Leer >>
http://www.dhcolombia.info/spip.php?article804

ASESINADO TRABAJADOR DE NESTLE- COMESTIBLES LA ROSA
Por: SINALTRAINAL

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, fuetrasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article803


SE INICIA JUICIO POR LA MASACRE DE 8 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (AntioquiaColombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ
FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article802



CIDH EXPRESA PREOCUPACION ANTE OPERACIONES DE INTELIGENCIA SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA EN COLOMBIA
Por: Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article800

Atentado contra líder del movimiento indígena Nietos de Quintin Lame
Por: Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes

En el Resguardo Indígena de Huellas, vereda Bodega Alta, cerca de las 9:45 de la noche, en momentos en que el ciudadano indígena ALBERTO GUETIA, retornaba a su hogar, a escasos metros de su casa de habitación, dos individuos que se ocultaban tras la vegetación del lugar aprovechando la soledad de un paraje y la oscuridad de la noche, dispararon sus armas de
fuego en contra de la humanidad de ALBERTO GUETIA. Ante esta situación ALBERTO reacciono tendiéndose al piso y un proyectil de arma de fuego le impacto sobre la pierna derecha. Los pobladores del lugar atemorizados guardaron silencio y pasados unos minutos salieron y encontraron a ALBERTO tendido en el piso, ante esta situación comenzaron a gritar que habían
matado a ALBERTO. ALBERTO herido permaneció tendido durante aproximadamente 10 minutos tiempo en el cual los agresores, se retiraron del lugar. Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article799
CRISIS HUMANITARIA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
Por: Nomadesc y otros



Las organizaciones de derechos humanos del suroccideten denuncian: El día 1 de agosto, en la cabecera Corregimental de Sidón, Municipio de Cumbitara, el grupo paramilitar los Rastrojos y los autodenominados Águilas Negras, se enfrentaron dejando un saldo de 42 muertos entre miembros de estos grupos y población civil. Estos hechos fueron denunciados por el Diario del Sur en el cual textualmente informan:
"Cuarenta y dos muertos dejan hasta el momento los cruentos combates entre bandas al servicio del narcotráfico que se disputan el dominio territorial de Policarpa y Cumbitara, zona nororiente del departamento donde inicia el piedemonte costero de Nariño. Los combates, según el asesor departamental de Paz, Xabier Hernández, se registran desde el pasado 11 de julio en 20 veredas de la zona, entre miembros de las Águilas Negras, Nueva Generación y los Rastrojos." A estos hechos se suma el control territorial permanente que ejercen estos actores armados que vienen generando terror y zozobra en el territorio, desde hace más de una década y quienes son responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento, cobro de impuestos que agudiza la crisis económica y social en la que sobreviven las comunidades.(...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article798

Panfletos: El papel que mata
Por: Alejandro Angulo, S.J.


El papel que mata. Los tigres de papel pueden morder. Y los asesinos de papel pueden asaltar y ultimar. Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años
cincuenta, los ‘bandoleros' dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, los ‘paracos' lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror. (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article796
La carta y los argumentos para suspender las negociaciones sobre las bases militares en Colombia, que la señora Clinton no quiso atender.


Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU hicieron un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que “suspenda las negociaciones para expandir el acceso de EEUU a bases u operaciones militares en Colombia”, en carta remitida el 12 de agosto. este es el texto:

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y
ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

. El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.

. El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.

. A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.

. El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.

. Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.

. También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre
las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde 2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzosos masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de
drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas.

La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudaméricanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.
Atentamente,

(Fuentes: dhcolombia.info, Codhes-Colombia y Agencia Prensa Rural-Colombia)

24.2.09

Colombia:Espionaje

URIBE Y SU GOBIERNO TRATAN DE QUEDAR AL MARGEN DEL ESCÁNDALO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL D.A.S. -QUE DEPENDE DE LA PRESIDENCIA- A POLÍTICOS, MAGISTRADOS Y PERIODISTAS


El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de inteligencia colombiano que depende directamento del Presidente de la República, ha quedado una vez más tocado por la sospecha, tras revelarse que espiaba a políticos, periodistas y magistrados, incluso aliados del gobierno, lo que ha obligado al presidente, Alvaro Uribe, a desmentir que haya sido él quien ha dado una orden en ese sentido."Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas", dijo el lunes Uribe. El presidente culpó de las escuchas ilegales a un grupo de agentes del DAS que calificó de "banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno". Desde 2002, cuando se inició el gobierno de Uribe, el DAS ha sido blanco de múltiples acusaciones de nexos con grupos paramilitares y espionaje a la oposición.

En octubre, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, debió dimitir tras conocerse una orden interna para hacer seguimientos al senador Petro y otros dirigentes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
El primer director del organismo bajo la presidencia de Uribe, Jorge Noguera, también debió renunciar y es investigado por nexos con los paramilitares .Según una de esas denuncias, el DAS entregó a los escuadrones que operan en la costa Caribe los nombres de sindicalistas que debían ser asesinados por supuesta relación con la guerrilla.
En esta ocasión, el caso fue descubierto y revelado por la revista Semana y ya ha provocado la renuncia del subdirector de contrainteligencia del DAS, ,Jorge Alberto Lagos quien inmediatamente habría concentrado las grabaciones y documentos interceptados para destruirlos y así eliminar las pruebas.
Las escuchas, cuyas pruebas comenzaron a ser destruidas en enero según la revista, se hacían a congresistas, periodistas y magistrados considerados opositores, pero también a funcionarios cercanos al mandatario, como su jefe de seguridad y el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno.
La denuncia señaló además que funcionarios del DAS vendían servicios de espionaje a paramilitares, la mafia del narcotráfico e incluso a la guerrilla.
Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro, y la liberal, Piedad Córdoba. El diario El Espectador añadió este lunes nuevos nombres a la lista, incluyendo al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos -quien no ha descartado competir por la presidencia en 2010-, y el director de la Policía, general Oscar Naranjo.
La Corte Suprema de Justicia, varios de cuyos magistrados se encuentran entre los afectados, califica el escandalo de " atentado contra la democracia y la libertad de opinión", y pide al fiscal general que las investigaciones den resultados rápidos.
¿Quién controla la red?


El exministro de Defensa y actual precandidato presidencial Rafael Pardo, , dice que "Hay que saber quién es el Montesinos colombiano o los Montesinos colombianos". Este dirigente del opositor Partido Liberal cree que el DAS se convirtió en una entidad "al servicio del régimen", es decir, del 'uribismo'.
Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, directamente afectados ya que varios magistrados de ese tribunal fueron interceptados ilegalmente, apuntan en cierta dirección al recordar que uno de los jueces espiados, el que coordina el grupo que investiga las relaciones entre la clase política y los paramilitares, le escucharon por lo menos 1.900 llamadas telefónicas.

Y un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, en declaraciones a la revista Semana, indica que los informantes de la Presidencia de la República, tenían como objetivo controlar al congresista opositor Gustavo Petro y la senadora Piedad Córdoba.
Sólo hay que recordar los casos anteriores en los que el DAS se vio envuelto, dentro del actual régimen 'uribista'
En 2005, fue detenido Rafael García, primer director de informática del DAS durante el actual gobierno. García fue condenado a 11 años de prisión tras aceptar que trabajaba para las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que borraba antecedentes criminales en la entidad y que entregaba información para ser usada por grupos al margen de la ley.
A raíz de las confesiones de García, el primer director del DAS nombrado por Uribe, Jorge Noguera, fue sancionado disciplinariamente e inhabilitado por la Procuraduría General y ahora está en la cárcel. La Fiscalía investiga a Noguera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Se cree que los paramilitares asesinaron a varios dirigentes sindicales y militantes de izquierda por la información que le dio el DAS.
En medio de ese escándalo, en octubre de 2008, el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, y uno de los más enconados opositores del gobierno, mostró memorandos del DAS que ordenaban hacerle seguimientos e investigarlo. La entonces directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, tuvo que renunciar al cargo.

La Investigación de "Semana":
El DAS está fuera de control. Graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.


Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido", afirma.
La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS.

Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad. Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos. La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también hacen parte del material en poder de esta revista. Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera.

En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos ilegales a importantes personajes de la vida nacional.

Todos son enemigos
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a SEMANA un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros", afirmó el funcionario.

Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. (PARA SEGUIR LEYENDO-PULSAR AQUÍ)

(Fuentes: AFP, Agencia PÚLSAR, EFE, Madrid Digital, BBC-Mundo, Prensa Latina, TeleSur y Semana)

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