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4.7.13
Colombia: Crímenes militares
POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?
2.7.11
Colombia-Paramilitares
ESTABLECIDA POR LEY LA IMPUNIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE 'DESMOVILIZADOS', MIENTRAS SIGUEN LAS MASACRES
En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (las Bacrim), como las Águilas Negras. Las autoridades policiales aseguran que las Águilas Negras son una de las organizaciones criminales integradas por antiguos paramilitares al servicio del narcotráfico. Y también según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Bacrim, están formadas por ex paramilitares y narcotraficantes. Este informe establece que a finales de 2010, estas bandas actuaban en 15 de los 32 departamentos del país, y contaban con al menos siete mil hombres armados.
Resaltamos la situación que padece en todo el país los y las líderes y comunidades que exigen restitución legítima de sus tierras, el gobierno y los organismos de control no han tenido una verdadera voluntad política para frenar los ases
La entrada en vigor el pasado miércoles de la nueva ley da amparo unos 25.000 paramilitares colombianos y suspende la ejecución de penas dictadas por crímenes distintos a los de lesa humanidad. La norma ha sido ya recurrida ante la Corte Suprema por varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La ley protege a los miembros de los grupos paramilitares en Colombia entre 2003 y 2006 a los que da la oportunidad de poder “aclarar su situación jurídica, siempre y cuando, como lo estipula la norma, no hayan cometido delitos de lesa humanidad”.
La norma establece que bajo el nuevo marco legal las órdenes de captura y ejecuciones de condena se podrían suspender si los paramilitares “han dejado las armas, cumplen con los programas de reinserción y colaboran con la Justicia”.Los desmovilizados tendrán hasta el 28 de diciembre de 2011 para acceder a los beneficios que impone esta nueva Ley, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, y que busca de garantizar que “se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas”, según el gobierno colombiano.
El gobierno de Bogotá ha explicado que la norma 1424, también conocida como Ley de Desmovilizados, resolverá de una vez por todas el estatus jurídico de los paramilitares que supuestamente dejaron las armas durante la administración de Uribe, que pese a haber delinquido, no habían cometido los denominados "delitos atroces".
Durante la presidencia de Álvaro Uribe, alrededor de 32.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron las armas y se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, que les brinda a cambio de su cooperación con las autoridades, beneficios legales y penas máximas de 8 años.
Además, los paramilitares debían reparar a las víctimas de sus crimenes. También dentro de la Ley de Justicia y Paz hay un programa de reinserción social para ellos, una vez que purguen sus penas.
En los últimos años en Colombia ha surgido el fenómeno de las Bandas Criminales (las Bacrim), como las Águilas Negras. Las autoridades policiales aseguran que las Águilas Negras son una de las organizaciones criminales integradas por antiguos paramilitares al servicio del narcotráfico. Y también según un reciente informe de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las Bacrim, están formadas por ex paramilitares y narcotraficantes. Este informe establece que a finales de 2010, estas bandas actuaban en 15 de los 32 departamentos del país, y contaban con al menos siete mil hombres armados.Estas bandas emergentes, según Indepaz, serían herederas de las estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, entre 2003 y 2006 realizaron una negociación de paz con el gobierno de Uribe (2002-2010).
Las Águilas Negras son la tercera generación de los grupos paramilitares. Están asociadas con los carteles de la droga y envueltas en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el robo, los secuestros y el terrorismo. Estos grupos también atacan a miembros de la guerrilla y a luchadores sindicales, sociales y políticos de izquierdas y a defensores de los derechos humanos.
ASESINADO DIRIGENTE DE LOS DESPLAZADOS EN SAN ONOFRE, SUCRE
Comunicado del MOVICE Julio 1 de 2011.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, rechaza y denuncia ante la opinión pública, nacional e internacional los recientes hechos acaecidos en el departamento de Sucre, y exige al gobierno nacional que brinde garantías serias y reales e inmediatas a la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que valientemente promueven, defienden la tierra y exigen derechos de las víctimas de Crímenes de Estado.
Hechos
El día 30 de junio fue asesinado por desconocidos, el compañero ANTONIO MENDOZA MORALES, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento.
ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.
Este hecho se suma a un grave contexto de violencia y persecución, donde tan solo en el mes de junio ya son 5 (cinco) las agresiones contra dirigentes del MOVICE Capítulo – Sucre.
inatos, desplazamientos y amenazas que siguen padeciendo estas comunidades.
Exigimos que:
Se garantice la vida y la integridad física de las y los líderes y comunidades que defienden su derecho a la tierra en Sucre y a lo largo y ancho del país.
Se investiguen a fondo estos crímenes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación y garantías para la no repetición.
Al gobierno nacional reactivar la interlocución con el Movimiento, según acuerdos establecidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha dilatado este proceso de concertación y demostrado poca voluntad para el dialogo y la disposición de salvaguardar los derechos de las víctimas
Garantías políticas inmediatas para quienes se encuentran en riesgo y amenaza por su condición de defensor(a) de derechos humanos, líderes y comunidades organizadas en pro de la defensa de sus derechos.
LAS MASACRES NO SON CASOS AISLADOS
Por Carlos Jaime Fajardo (*)
La rapiña por los recursos naturales de diferentes regiones del país, ha llevado a que se presenten procesos de desplazamiento, masacres y estigmatización de los pobladores de diversos lugares, con el fin de asegurar la explotación mineral.
Esto también sucedió con la invasión española hace mas de quinientos años, donde los genocidios y explotación de indígenas fue la constante. Según Eduardo Galeano “Antes de que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo...”. Después se lanzó sobre el Cuzco para saquear el Templo del Sol. Casos como este se repitieron durante toda la conquista.
Lo sucedido el pasado 27 de junio en Villanueva, un corregimiento al norte de Nariño, en límites con el sur del Cauca, donde masacraron 8 campesinos con el fin de atemorizar a sus pobladores no es un hecho aislado. Como antecedentes vale recordar que desde agosto de 2002, se asentaron en el corregimiento grupos paramilitares del “Bloque Libertadores del Sur”, en cabeza de alias Brayan, desde donde asesinaron y desplazaron a lideres populares de diferentes municipios de la zona.
En la actualidad, se han lanzado una serie de multinacionales en busca de oro y cobre en las veredas del corregimiento; vale mencionar que hace algunas semanas se realizó una encuesta casa por casa, por parte de la Anglogold Ashanti, la misma que va ha explotar oro en Cajamarca Tolima, indagando sobre la percepción que las familias de la región tenían sobre la explotación minera, calificando de familias conflictivas a quienes rechazaran tal proyecto. De igual manera el pasado 17 de junio se realizó en Génova su cabecera municipal un foro minero para debatir la presencia de las multinacionales mineras en la región, lo cual sin duda preocupa a los potenciales inversionistas.
Casos similares han sucedido en el sur de Bolívar, Tolima y Caldas, situación que no debe ser indiferente para el resto de los colombianos, pues hoy están detrás de los minerales y del agua, mañana del oxigeno y de nuestra vida para esclavizarla, como ya sucedió con la invasión española.
(*)Sociólogo, ensayista, investigador independiente e integrante de la revista Viento del Sur.
(Fuentes: LibreRed, AFP, TeleSur, Prensa Libre Cauca y Viento del Sur)
15.10.10
Colombia:Narcoparamilitarismo
EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE IMPLICADO POR UN EX ALTO CARGO DEL D.A.S. EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE ORGANISMO POLICIAL AL SERVICIO DEL NARCOTRÁFICO Y LAS TRAMAS PARAMILITARES
17.9.10
Colombia:Violaciones de los derechos humanos
AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES
MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.
El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.
MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.
El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.
Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).
Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".
El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.
Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).
Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.
"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.
Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".
El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.
Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).
Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.
"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.
La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010
Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.
El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.
Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".
"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.
Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.
Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
Uribe niega vínculos con los paramilitares
El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.
Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".
"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.
Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.
Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
Uribe niega vínculos con los paramilitares
El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.
"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.
El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.
El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.
Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ
Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo
Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.
El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.
El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.
Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.
Las Aguilas Negras
Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.
De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.
Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.
El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.
El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.
Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.
Las Aguilas Negras
Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.
De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.
Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.
(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)
23.2.10
Colombia:Paramilitares
MÁS DE 30.000 ASESINADOS POR LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE Y LOS CRÍMENES SERÁN IMPUNES GRACIAS A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE URIBE. LOS 'PARAS' CONTINÚAN ACTIVOS EN 24 DE LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS
En las declaraciones ante la Fiscalía de los paramilitares desmovilizdos han ido surgiendo datos que han permitido abrir investigaciones por la complicidad con paramilitares. Ya hay involucrados 311 dirigentes políticos, 106 funcionarios públicos y 240 militares y policías.
Los asesinatos confesados por los paramilitares que quieren acogerse a la Ley de Justicia y Paz son ya más de 30.000, según ha informado esta semana la Fiscalía de Colombia. Exactamente 30. 470 personas en las últimas dos décadas. También reconocieron mil masacres y 2.500 desapariciones. El informe de la Fiscalía se produce tras oir las declaraciones de unos cuatro mil paramilitares desmovilizados entre 2003 y 2006, en el marco de la Ley, promovida por Álvaro Uribe. Esta ley establece un máximo de 8 años de cárcel a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que relaten sus crímenes y reparen a sus víctimas.
El informe da cuenta de más de mil secuestros, 1.400 casos de reclutamiento ilícito, 2.300 desplazamientos forzados y 1.600 extorsiones. No obstante, la Fiscalía ha señalado que la cantidad de homicidios podría cuadriplicarse si se tiene en cuenta todavía no han sido trascritos todos los datos.
Estos crímenes colocan a Colombia, país que se precia de ser una de las democracias más antiguas de América Latina, a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-1983), que dejó 30.000 muertos y desaparecidos y muy por encima de la del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), que provocó unas 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Álvaro Villarraga.
En las declaraciones ante la Fiscalía de los paramilitares desmovilizdos han ido surgiendo datos que han permitido abrir investigaciones por la complicidad con paramilitares. Ya hay involucrados 311 dirigentes políticos, 106 funcionarios públicos y 240 militares y policías.
Abogados y organizaciones de víctimas han señalado que todavía existen grupos paramilitares que actúan en el país. Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), recordó que "estos grupos han estado bajo la conducción de agentes del Estado, de multinacionales y de instancias del poder político y económico".
AUDIOS:
-Iván Cepeda, del Movice. (no actuaron solos) archivo mp3
-Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"(siguen movilizados)archivo mp3
-Julio César Pichoti, víctima de paramilitares(denuncia)archivo mp3
Los paramilitares, presentes en 24 departamentos
Democracia formal, pero bajo amenaza
Una misión internacional de observación denuncia graves amenazas en vísperas de las elecciones parlamentarias que se realizarán en Colombia el 14 de marzo, cuando se elegirán 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, y de los comicios presidenciales de finales de mayo.
La misión, integrada por diez organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Canadá, informa que las amenazas consisten en asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, compra de votos, y chantajes con el otorgamiento de subsidios oficiales.
Estas amenazas son atribuidas a grupos armados legales e ilegales y también a funcionarios como "alcaldes y gobernadores", según Laura Carlsen, directora del programa de las Américas del Centro de Política Internacional.
"En algunas regiones se identificó que pese al aumento del pie de fuerza de la policía y el ejército, la confianza ciudadana no se ha logrado y las tasas de homicidio siguen amentando", dice Ted Lewis, de Global Exchange.
Los observadores informaron que "en muchas regiones del país organizaciones ciudadanas insisten en que los grupos paramilitares que se desmovilizaron siguen actuando contra la población civil".
"Mientras las autoridades consideran que los grupos paramilitares se han desmovilizado y ya no existen y que las estructuras que se nutren del narcotráfico están desarticuladas y representan expresiones aisladas de violencia, la población civil se muestra inquieta ante su presencia y control territorial", señala Lewis.
Pero hay amenazas de otro tipo, según los observadores, quienes dicen que recibieron quejas sobre concesiones de subsidios de la agencia Acción Social, adscrita a la Presidencia de la República. "Aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con beneficiarios de los subsidios, en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la presidencia del Partido de la U (el partido de Uribe), los subsidios que reciben del Presidente de la República se acabarán", relata Lewis.
La misión de observación dice también que recibió muchas quejas de los partidos políticos sobre la presunta compra de votos por parte de otras organizaciones partidistas.
A Silvia 
Por María Jimena Duzán(Revista Semana)
La impunidad no ha sido lo más difícil de sobrellevar todos estos años. Peor ha sido ver la degradación humana a que ha llegado la sociedad colombiana a la hora de justificar la violencia narcoparamilitar.
Van a cumplirse 20 años de aquel 26 de febrero de 1990 en que mi hermana Silvia y tres líderes campesinos de Cimitarra, Josué Vargas, Raúl Barajas y Saúl Castañeda fueron asesinados a mansalva por un comando narcoparamilitar del Magdalena Medio y aún me cuesta poner en palabras lo difícil que han sido para mí estos años de impunidad.
Durante este tiempo he ido de la ira al miedo y de la indignación al temor que deja en uno la amenaza. Sin embargo me considero una víctima afortunada a pesar de todo. Yo terminé en un exilio forzoso mientras que la hija de Josué Vargas se convirtió en desplazada y le tocó llegar a Bucaramanga sin dios ni ley a vivir arrimada en un cuarto, luego de que los victimarios la despojaron de sus tierras. En esos tres años que estuve por fuera del país me dediqué a escribí un libro sobre la tenebrosa década de los 90 desde mi condición de reportera de El Espectador. En él relaté innumerables asesinatos y recordé los últimos días de Guillermo Cano antes de su muerte pero deliberadamente evité ahondar en el que más me dolía.
En mis intentos por olvidar lo inolvidable llegué al extremo de borrar de mi memoria la razón por la cual mi hermana y yo llegamos a Cimitarra. Adrede borré el día que conocí a estos líderes campesinos y sepulté sin mayor contemplación su gesta solitaria al frente de la Cooperativa del Carare, Atcc, cuyo objetivo era el de hacer un laboratorio de paz para defenderse de los violentos y de la guerra que se les venía encima. Olvidé sus rostros sólo para no tener que recordar la sonrisa de Silvia. Olvidé su modo de andar y hasta su voz. Por mucho tiempo no quise saber cuáles fueron las circunstancias de su muerte ni quise conocer a las familias de los campesinos.
Mientras yo me consumía en la desmemoria, la impunidad hacía de las suyas. En septiembre de 2004, 14 años después de la masacre, la justicia colombiana condenó a 11 años de prisión a tres agentes de la Policía Nacional, a un militar del Ejército y a dos civiles por el delito de conformación de grupos de justicia privada. Sin embargo, el Tribunal Nacional en segunda instancia los absolvió. La investigación contra el oficial comandante de la Policía de Cimitarra fue remitida a la justicia penal militar, que lo absolvió, y al comandante del batallón Rafael Reyes del Ejército Nacional se le prescribió la investigación. Lo mismo sucedió con los paramilitares Hermógenes Mosquera Obando, alias el 'Mojao', y Joaquín Emilio Cataño alias 'Gerónimo'. A ellos se les prescribió la investigación por fuerza mayor, para ese momento ya estaban 'chupando gladiolo' hacía rato: los dos ya habían sido "ajusticiados" por los propios narcoparamilitares. En cuanto a los autores intelectuales de la masacre, todos -o casi todos- los jefes de las autodefensas del Magdalena Medio de ese momento están hoy muertos.
Henry de Jesús Pérez, quien se presume habría dado la orden para ejecutar la masacre, fue asesinado a los pocos meses. Lo mismo sucedió con su sucesor Ariel Otero. Los únicos comandantes de las autodefensas del Magdalena Medio que quedan vivos, Ramón Isaza, gerente en ese entonces de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y 'Ernesto Báez', para la época, jefe político de las autodefensas de la zona, no han sido vinculados a la masacre, a pesar de que los dos se desmovilizaron y están dentro de Justicia y Paz. Ramón Isaza dice sufrir de alzhéimer aunque sí se acuerda que él no cometió ninguna masacre. Y 'Báez' ha hecho cerca de 10 versiones ante los fiscales de Justicia y Paz pero ninguno ha encontrado méritos para vincularlo. Qué importa que una semana antes de la masacre él hubiera acusado por Caracol a los dirigentes campesinos de ser un frente civil de las Farc.
La impunidad no ha sido lo más difícil de sobrellevar todos estos años. Peor ha sido ver la degradación humana a que ha llegado la sociedad colombiana a la hora de justificar la violencia narcoparamilitar.
La tesis macabra de reducir al periodista que investiga, al campesino que no se somete ni a las Farc ni a los paras, a cómplice de la guerrilla ya no sólo es potestad de un sujeto como 'Báez', sino que forma parte de la artillería de varios precandidatos uribistas y hasta del lenguaje del propio Presidente de la República. "No andarían recogiendo café", fue la primera reacción del Presidente cuando se denunciaron los primeros falsos positivos.
Si hay algo que he aprendido en estos años de incomprensión es que nadie se merece morir como murió asesinada mi hermana y los tres líderes campesinos. Ni siquiera los guerrilleros. De la misma forma que no hay víctima que se merezca vivir para siempre en la impunidad. Hace unos años tuve la intención de ir a donde 'Báez' o a donde Isaza a preguntarles si podían vivir tan tranquilos con tantos muertos encima. Ahora ya no pierdo el tiempo.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, AFP, TeleSur, BBC-Mundo, Prensa Latina y Semana.com)
18.6.09
Colombia:Paramilitares
EL CONGRESO CONCEDE LA IMPUNIDAD A LOS AUTORES DE LOS CRÍMENES MÁS ATROCES, UNOS 19.000 "DESMOVILIZADOS"; PARTE DE ELLOS SIGUEN MATANDO E IMPONIENDO EL TERROR EN ALGUNAS REGIONES DEL PAÍS
El Congreso colombiano aprobó la Ley de principio de oportunidad que permitirá suspender todas las acciones que mantiene el gobierno de Álvaro Uribe contra unos 19 mil paramilitares desmovilizados, informó el legislador Nicolás Uribe, quien aseguró que con esta iniciativa se promoverá el proceso de paz.
Con la aprobación de ese proyecto de ley, “el fiscal tendrá la oportunidad de solicitar ante los jueces de garantías la suspensión de procedimientos para que estas personas puedan resolver su situación jurídica siempre y cuando no hayan cometido ningún delito de lesa humanidad”, dijo Uribe a medios locales.
El legislador reiteró que la condición para que aplique esta ley a un desmovilizado es que no “hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido delitos ni antes ni después de la desmovilización”. Asimismo, recordó que la aprobación del “principio de oportunidad” permitirá avanzar en esta negociación de paz con los paramilitares y en futuros diálogos con otros grupos armados ilegales.
Con la aprobación de ese proyecto de ley, “el fiscal tendrá la oportunidad de solicitar ante los jueces de garantías la suspensión de procedimientos para que estas personas puedan resolver su situación jurídica siempre y cuando no hayan cometido ningún delito de lesa humanidad”, dijo Uribe a medios locales.
El legislador reiteró que la condición para que aplique esta ley a un desmovilizado es que no “hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido delitos ni antes ni después de la desmovilización”. Asimismo, recordó que la aprobación del “principio de oportunidad” permitirá avanzar en esta negociación de paz con los paramilitares y en futuros diálogos con otros grupos armados ilegales.
“Lo que busca esta figura es materializar un acuerdo, que hizo la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese limbo jurídico en el que estaban más de 19 mil desmovilizados”, agregó.
La reforma también permitirá al fiscal solicitar la terminación, suspensión o terminación de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando la persona que se beneficie testifique en contra de otras o sirva para desarticular las bandas, según Uribe.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, explicó que el principio de oportunidad permitirá también “desarticular organizaciones mafiosas y bloques terroristas”.
Por su parte, el congresista Germán Navas, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que ese proyecto posibilita “19 mil impunidades”, en tanto las víctimas no tendrán “la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño”.
Esta iniciativa de ley deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Uribe y pasar por una revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizaron entre 2003 y 2006 a unos 31mil combatientes, de los cuales unos 19 mil se podrán acoger a los beneficios del principio de oportunidad por ser rasos y no tener delitos pendientes ante la justicia.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, explicó que el principio de oportunidad permitirá también “desarticular organizaciones mafiosas y bloques terroristas”.
Por su parte, el congresista Germán Navas, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que ese proyecto posibilita “19 mil impunidades”, en tanto las víctimas no tendrán “la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño”.
Esta iniciativa de ley deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Uribe y pasar por una revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizaron entre 2003 y 2006 a unos 31mil combatientes, de los cuales unos 19 mil se podrán acoger a los beneficios del principio de oportunidad por ser rasos y no tener delitos pendientes ante la justicia.
Hallados más de dos mil cuerpos en fosas comunes
Forenses colombianos han hallado los cuerpos de dos mil 329 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado que afecta a Colombia, la mayoría en acciones atribuidas a paramilitares, informó hoy la Fiscalía.
En un nuevo informe, la Fiscalía reveló que los restos humanos fueron encontrados en 1.906 fosas comunes ubicadas en distintas zonas de Colombia, gracias a los datos aportados por desmovilizados.
En un nuevo informe, la Fiscalía reveló que los restos humanos fueron encontrados en 1.906 fosas comunes ubicadas en distintas zonas de Colombia, gracias a los datos aportados por desmovilizados.
Del total de cuerpos hallados, 636 son sometidos a pruebas de ADN para su identificación y otros 527 han sido entregados a sus familiares, según el informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz.
Los restos, en su mayoría, han sido exhumados en los departamentos norteños de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde hubo la mayor concentración paramilitar en la década de los años 90.
Los paramilitares, agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptaron en 2004 desmovilizarse a cambio de beneficios como penas bajas de prisión y condiciones especiales de reclusión. Las AUC son acusadas por grupos humanitarios de desaparecer y dar muerte a miles de civiles durante la guerra que por más de 20 años libraron contra las guerrillas en Colombia.
Los restos, en su mayoría, han sido exhumados en los departamentos norteños de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba, donde hubo la mayor concentración paramilitar en la década de los años 90.
Los paramilitares, agrupados en las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aceptaron en 2004 desmovilizarse a cambio de beneficios como penas bajas de prisión y condiciones especiales de reclusión. Las AUC son acusadas por grupos humanitarios de desaparecer y dar muerte a miles de civiles durante la guerra que por más de 20 años libraron contra las guerrillas en Colombia.
Encuentro de víctimas del Sur de Bolívar y Sur del Cesar
Más de 300 víctimas de crímenes de estado, de desapariciones y desplazamiento forzado, de torturas y ejecuciones extrajudiciales de los municipios del sur de Bolívar y sur del Cesar se reunirán del 20 al 22 de junio de este año en el municipio de Aguachica (Cesar).
Según Zoraida Hernández, portavoz de la Corporación Sembrar, organización defensora de derechos humanos en la zona que hace parte de los impulsores del encuentro, lo que se busca es “habilitar un escenario para que las víctimas de estas dos subregiones se encuentren para que construyan esperanza y desarrollen propuestas de verdad, justicia y reparación en el marco de toda esta impunidad que reina en el país”.
La situación de violencia que vive el municipio de Aguachica (Cesar) también será analizada en detalle durante la jornada. Zoraida Hernández explicó que esta población ha sido afectada recientemente por casos de ejecuciones extrajudiciales: “La situación que se presenta en este momento en el sur del Cesar es muy grave . Estamos hablando de unos 6 casos recientes de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. La mayor parte de estos casos hacen referencia a personas que han sido trasladadas desde Aguachica hasta la ciudad de Ocaña (departamento de Norte de Santander) y asesinados allí por parte de la Brigada y el Batallón de Ocaña”.
Además de la Corporación Sembrar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Asociación Nomadesc, entre otras organizaciones sociales, también participan en la convocatoria del
Según Zoraida Hernández, portavoz de la Corporación Sembrar, organización defensora de derechos humanos en la zona que hace parte de los impulsores del encuentro, lo que se busca es “habilitar un escenario para que las víctimas de estas dos subregiones se encuentren para que construyan esperanza y desarrollen propuestas de verdad, justicia y reparación en el marco de toda esta impunidad que reina en el país”.
La situación de violencia que vive el municipio de Aguachica (Cesar) también será analizada en detalle durante la jornada. Zoraida Hernández explicó que esta población ha sido afectada recientemente por casos de ejecuciones extrajudiciales: “La situación que se presenta en este momento en el sur del Cesar es muy grave . Estamos hablando de unos 6 casos recientes de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido. La mayor parte de estos casos hacen referencia a personas que han sido trasladadas desde Aguachica hasta la ciudad de Ocaña (departamento de Norte de Santander) y asesinados allí por parte de la Brigada y el Batallón de Ocaña”.
Además de la Corporación Sembrar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y la Asociación Nomadesc, entre otras organizaciones sociales, también participan en la convocatoria del
‘Estamos cansados de la muerte’: Carta al relator de la ONU(*)
San José de Cúcuta, Junio 13 de 2009
Estimado
PHILIP ALSTON
RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Bucaramanga
"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata".
(Eduardo Galeano)
Nosotros los campesinos que habitamos la región del Catatumbo queremos extenderle un fraternal saludo y aprovechamos su importante visita para visibilizar la realidad en la que vivimos y por la que hoy en día luchamos para lograr que sea más digna la vida.
San José de Cúcuta, Junio 13 de 2009
Estimado
PHILIP ALSTON
RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Bucaramanga
"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata".
(Eduardo Galeano)
Nosotros los campesinos que habitamos la región del Catatumbo queremos extenderle un fraternal saludo y aprovechamos su importante visita para visibilizar la realidad en la que vivimos y por la que hoy en día luchamos para lograr que sea más digna la vida.
En nuestra región son evidentes las persistentes, sistemáticas y masivas violaciones a la dignidad humana por agentes del estado o con la complicidad de estos, fruto del histórico abandono y del incumplimiento en la garantía de la defensa integral de los derechos humanos del campesinado Catatumbero, por ello un considerable número de veredas del Catatumbo nos hemos declarado desde el pasado 29 de abril de 2009 en Campamento Refugio Humanitario "Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la defensa del territorio" ubicado en la vereda Caño Tomás del corregimiento de San Juancito del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander al nororiente de Colombia.
El refugio ha sido un mecanismo alternativo que no solo pretende evitar el desplazamiento indiscriminado[1] de los campesinos, sino también un espacio de resistencia pacífica en donde podamos plantear alternativas concertadas para superar la grave crisis humanitaria que vivimos en la región generada por los continuos atropellos que la Fuerza Pública viene ejerciendo contra la población civil: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales, señalamientos, entre otras acciones, y, por la falta de inversión social real que mejore la calidad de vida de nuestras comunidades.
La "crisis humanitaria" por la que atraviesa hoy la región tiene su origen en la arremetida paramilitar desde 1999 mediante el control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales por parte de estos grupos que aun siguen actuando (ahora conocidos como las águilas negras), dejando como resultado masacres, innumerables desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa y expresión, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, criminalización de las organizaciones sociales, destrucción del tejido social, el despojo de nuestras legitimas tierras, y bienes de la población, el desproporcional gasto militar y la mínima inversión social.
Con la supuesta desmovilización paramilitar en diciembre de 2004 y en marzo de 2006[2] y con la implementación de la "ley de justicia y paz", (ley promovida por el gobierno central a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez), las víctimas del paramilitarismo seguimos siendo víctimas de la impunidad que se implementa desde el gobierno central. Mientras que para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones graves a los derechos humanos son beneficiados por parte del gobierno nacional con programas de educación, proyectos productivos, vivienda propia, salud y demás, los campesinos que levantamos nuestra voz de protesta ante el abandono estatal, somos señalados de ser subversivos, o hacer parte de las estructuras de las organizaciones insurgentes por el solo hecho de luchar y exigir inversión social para nuestras comunidades en la búsqueda de una vida digna para toda la población.
De la implementación del proyecto paramilitar y la supuesta desmovilización en la región del Catatumbo, se paso a una fuerte militarización, de 1500 hombres que componía el pie de fuerza del ejército nacional en el 2005 paso a 10.000. A finales de 2005 e inicios del 2006 entraron a operar a la región del Catatumbo dos nuevas brigadas del Ejército Nacional: la Brigada No. 30 con sede en Cúcuta con jurisdicción en Norte de Santander y Sur del Cesar la cual es financiada con recursos del Plan Colombia, y la Brigada Móvil No. 15 con sede en Ocaña y con jurisdicción en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.
Coincidentemente, la militarización trajo consigo el aumento de los atropellos por parte de la fuerza pública contra la población campesina, ejemplo de ello son las 68[3] ejecuciones extrajudiciales que miembros de la Brigada Móvil No. 15 realizaron en la región del Catatumbo. Sumado a lo anterior, la desaparición de jóvenes procedentes de Soacha Cundinamarca quienes fueron hallados sin vida en fosas comunes en el municipio de Ocaña y presentados por los militares como guerrilleros dados de baja en combate, situación que genero la destitución de los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco comandante de la II División del Ejército, Paulino Coronado Gámez comandante de la Brigada No. 30, y los coroneles Rubén Darío Castro comandante de la Brigada Móvil No. 15, Gabriel Rincón Amado jefe de operaciones de la Brigada Móvil No. 15, y un número considerable de oficiales y subofiales del ejércitos nacional, entre otros..
El refugio ha sido un mecanismo alternativo que no solo pretende evitar el desplazamiento indiscriminado[1] de los campesinos, sino también un espacio de resistencia pacífica en donde podamos plantear alternativas concertadas para superar la grave crisis humanitaria que vivimos en la región generada por los continuos atropellos que la Fuerza Pública viene ejerciendo contra la población civil: ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarias e ilegales, señalamientos, entre otras acciones, y, por la falta de inversión social real que mejore la calidad de vida de nuestras comunidades.
La "crisis humanitaria" por la que atraviesa hoy la región tiene su origen en la arremetida paramilitar desde 1999 mediante el control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales por parte de estos grupos que aun siguen actuando (ahora conocidos como las águilas negras), dejando como resultado masacres, innumerables desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa y expresión, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército, criminalización de las organizaciones sociales, destrucción del tejido social, el despojo de nuestras legitimas tierras, y bienes de la población, el desproporcional gasto militar y la mínima inversión social.
Con la supuesta desmovilización paramilitar en diciembre de 2004 y en marzo de 2006[2] y con la implementación de la "ley de justicia y paz", (ley promovida por el gobierno central a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez), las víctimas del paramilitarismo seguimos siendo víctimas de la impunidad que se implementa desde el gobierno central. Mientras que para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones graves a los derechos humanos son beneficiados por parte del gobierno nacional con programas de educación, proyectos productivos, vivienda propia, salud y demás, los campesinos que levantamos nuestra voz de protesta ante el abandono estatal, somos señalados de ser subversivos, o hacer parte de las estructuras de las organizaciones insurgentes por el solo hecho de luchar y exigir inversión social para nuestras comunidades en la búsqueda de una vida digna para toda la población.
De la implementación del proyecto paramilitar y la supuesta desmovilización en la región del Catatumbo, se paso a una fuerte militarización, de 1500 hombres que componía el pie de fuerza del ejército nacional en el 2005 paso a 10.000. A finales de 2005 e inicios del 2006 entraron a operar a la región del Catatumbo dos nuevas brigadas del Ejército Nacional: la Brigada No. 30 con sede en Cúcuta con jurisdicción en Norte de Santander y Sur del Cesar la cual es financiada con recursos del Plan Colombia, y la Brigada Móvil No. 15 con sede en Ocaña y con jurisdicción en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.
Coincidentemente, la militarización trajo consigo el aumento de los atropellos por parte de la fuerza pública contra la población campesina, ejemplo de ello son las 68[3] ejecuciones extrajudiciales que miembros de la Brigada Móvil No. 15 realizaron en la región del Catatumbo. Sumado a lo anterior, la desaparición de jóvenes procedentes de Soacha Cundinamarca quienes fueron hallados sin vida en fosas comunes en el municipio de Ocaña y presentados por los militares como guerrilleros dados de baja en combate, situación que genero la destitución de los brigadieres generales José Joaquín Cortés Franco comandante de la II División del Ejército, Paulino Coronado Gámez comandante de la Brigada No. 30, y los coroneles Rubén Darío Castro comandante de la Brigada Móvil No. 15, Gabriel Rincón Amado jefe de operaciones de la Brigada Móvil No. 15, y un número considerable de oficiales y subofiales del ejércitos nacional, entre otros..
Estos hechos generaron que la brigada Móvil No. 15 fuera retirada de la zona y remplazada el 29 de enero de 2009 por la Brigada Móvil No. 23, además, fueron detenidos el Coronel Gabriel Rincón Amado [4] y el soldado Medardo Ríos a quienes se le imputa concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada por las muertes de Jonathan Orlando Soto y Julio César Mesa, dos de los jóvenes desaparecidos en Soacha.
Todo este panorama nos ha llevado a convertir el espacio del refugio en una esperanza, en un escenario que nos permita exigir lo que por tantos años se nos ha negado desde el Estado, el respeto a la vida, el respeto a nuestro derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación, a nuestro proyecto de vida y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores entre campesinos y gobiernos anteriores.
Estamos cansados de la muerte, hemos sido amedrentados, amenazados, perseguidos, detenidos, judicializados, robados, estigmatizados y señalados como enemigos del estado, nuestras organizaciones campesinas han sido duramente perseguidas para provocar su desaparición.
Nuestros cultivos de pan coger han sido fumigados con el perjudicial glifosato: pretendiendo erradicar la coca y el narcotráfico, nos están erradicando la yuca, el plátano, el maíz, las gallinas, los pastos... Están erradicando la cultura campesina, nos están desplazando y desarraigando, están desocupando los campos para garantizar la entrega de nuestra ancestral y legítima tierra con todos sus recursos a los capitales extranjeros de las empresas transnacionales, a las empresas del narcotráfico que invierten en los proyectos estatales, a los latifundistas y a los grandes ganaderos, comprometidos todos en la barbarie paramilitar.
Es clara la estrategia de aniquilamiento contra nosotros los campesinos, nos quieren desplazar de nuestros territorios para dar vía libre al saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales y favorecer a unos pocos. Por esto, para nosotros es muy importante poderle contar a usted la situación en la que nos encontramos 250 delegados de los campesinos del Catatumbo, porque si bien desde el mes de octubre de 2008 hasta la fecha no se han presentado más casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, esto no significa que hayan parado los atropellos, nos siguen señalando, deteniendo, empadronando y ahora más que nunca, por levantar una vez más nuestra voz, exigiendo el derecho legitimo a existir y permanecer en el territorio.
Nosotros los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, que hoy estamos persistiendo desde el espacio del refugio humanitario queremos solicitarle amablemente que esté atento al rumbo que va tomando nuestra lucha, para ello nos gustaría generar canales de comunicación directa, para que la organización que Ud. representa siga conociendo las realidades que vivimos.
Nosotros no queremos ser desplazados, ni lo seremos nunca, es nuestra voluntad retornar a cada una de nuestras parcelas a seguir trabajo la tierra, pero solo eso será posible cuando nos escuchen y cumplan con lo pactado, cuando se garanticen, pero de verdad y dignamente, nuestros derechos a la vida e integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra y al trabajo, a vivir con dignidad.
Nuestra lucha es por la tenencia de la tierra y defensa de nuestro territorio, es una iniciativa agraria de paz, es una propuesta de producción de alimentos limpios, de explotación de nuestros recursos de manera racional, de protección de la naturaleza, de la defensa de la vida, la cultura y el territorio.
Fraternalmente,
(*)Asociación Campesina del Catatumbo.
Notas:
[1] Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas después de Sudán.
[2] El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 1424 paramilitares del Bloque Catatumbo y el 8 y 10 de marzo de 2006 se desmovilizaron 4759 paramilitares del Bloque Norte.
[3] Estos 68 casos fueron recogidos por la Asociación Campesina del Catatumbo en dos comisiones de verificación, sin embargo el total de casos presentados en la región del Catatumbo son 111.
[4] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/coronel-y-soldado-no-aceptaron-cargos-por-dos-falsos-positivos-de-soacha_5416189-1
(Fuentes:TeleSur,EFE-ElFinanciero, Codhes y Adital)
Todo este panorama nos ha llevado a convertir el espacio del refugio en una esperanza, en un escenario que nos permita exigir lo que por tantos años se nos ha negado desde el Estado, el respeto a la vida, el respeto a nuestro derecho a la tierra, al trabajo, a la salud, a la educación, a nuestro proyecto de vida y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores entre campesinos y gobiernos anteriores.
Estamos cansados de la muerte, hemos sido amedrentados, amenazados, perseguidos, detenidos, judicializados, robados, estigmatizados y señalados como enemigos del estado, nuestras organizaciones campesinas han sido duramente perseguidas para provocar su desaparición.
Nuestros cultivos de pan coger han sido fumigados con el perjudicial glifosato: pretendiendo erradicar la coca y el narcotráfico, nos están erradicando la yuca, el plátano, el maíz, las gallinas, los pastos... Están erradicando la cultura campesina, nos están desplazando y desarraigando, están desocupando los campos para garantizar la entrega de nuestra ancestral y legítima tierra con todos sus recursos a los capitales extranjeros de las empresas transnacionales, a las empresas del narcotráfico que invierten en los proyectos estatales, a los latifundistas y a los grandes ganaderos, comprometidos todos en la barbarie paramilitar.
Es clara la estrategia de aniquilamiento contra nosotros los campesinos, nos quieren desplazar de nuestros territorios para dar vía libre al saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales y favorecer a unos pocos. Por esto, para nosotros es muy importante poderle contar a usted la situación en la que nos encontramos 250 delegados de los campesinos del Catatumbo, porque si bien desde el mes de octubre de 2008 hasta la fecha no se han presentado más casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, esto no significa que hayan parado los atropellos, nos siguen señalando, deteniendo, empadronando y ahora más que nunca, por levantar una vez más nuestra voz, exigiendo el derecho legitimo a existir y permanecer en el territorio.
Nosotros los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, que hoy estamos persistiendo desde el espacio del refugio humanitario queremos solicitarle amablemente que esté atento al rumbo que va tomando nuestra lucha, para ello nos gustaría generar canales de comunicación directa, para que la organización que Ud. representa siga conociendo las realidades que vivimos.
Nosotros no queremos ser desplazados, ni lo seremos nunca, es nuestra voluntad retornar a cada una de nuestras parcelas a seguir trabajo la tierra, pero solo eso será posible cuando nos escuchen y cumplan con lo pactado, cuando se garanticen, pero de verdad y dignamente, nuestros derechos a la vida e integridad física, a la salud, a la educación, a la tierra y al trabajo, a vivir con dignidad.
Nuestra lucha es por la tenencia de la tierra y defensa de nuestro territorio, es una iniciativa agraria de paz, es una propuesta de producción de alimentos limpios, de explotación de nuestros recursos de manera racional, de protección de la naturaleza, de la defensa de la vida, la cultura y el territorio.
Fraternalmente,
(*)Asociación Campesina del Catatumbo.
Notas:
[1] Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas después de Sudán.
[2] El 10 de diciembre de 2004 se desmovilizaron 1424 paramilitares del Bloque Catatumbo y el 8 y 10 de marzo de 2006 se desmovilizaron 4759 paramilitares del Bloque Norte.
[3] Estos 68 casos fueron recogidos por la Asociación Campesina del Catatumbo en dos comisiones de verificación, sin embargo el total de casos presentados en la región del Catatumbo son 111.
[4] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/coronel-y-soldado-no-aceptaron-cargos-por-dos-falsos-positivos-de-soacha_5416189-1
(Fuentes:TeleSur,EFE-ElFinanciero, Codhes y Adital)
23.4.09
Colombia:Derechos Humanos
EL JEFE PARAMILITAR Y CAPO DEL NARCOTRÁFICO 'DON BERNA' INCRIMINA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE AL REVELAR ANTE LA JUSTICIA DE LOS EE.UU QUE SU ORGANIZACIÓN FINANCIÓ LA PRIMERA CAMPAÑA DEL ACTUAL MANDATARIO COLOMBIANO
El gerente de las campañas de Uribe lo niega
En la negociación de los paramilitares con el gobierno de Uribe, Murillo Bejarano se hacía llamar "Adolfo Paz" y se presentaba como inspector general de las AUC. Pero antes de ser comante paramilitar "Don Berna" fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL).En los años 80 se vinculó al narcotraficante Cartel de Medellín de Pablo Escobar, pero luego se enfrentó a él. "Don Berna" actuó en Medellín y sus alrededores donde, según Verdad Abierta, el principal archivo colombiano en Internet sobre el paramilitarismo, "consiguió votos para candidatos de su preferencia". Sus hombres en la zona, reunidos en el Bloque Cacique Nutibara, fueron los primeros en desmovilizarse, en noviembre de 2003, cuando el gobierno aún dudaba de reconocer a "Don Berna" como paramilitar.
Un año antes, en octubre de 2002, en la Operación Orión, una toma militar de la Comuna 13 de Medellín para expulsar de allí a unidades urbanas de la guerrilla, el ejército habría actuado en forma coordinada con fuerzas de "Don Berna", según diversas denuncias, incluida la presentada ante el juez por el propio jefe paramilitar: “Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, afirma don Berna en su escrito al juez.
Tras la desmovilización, algunos de los integrantes del Bloque Nutibara consiguieron ser elegidos en las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ciudadanas de interlocución con el Estado y reconocidas por la ley. Verdad Abierta cita el caso de William López, alias "Memín", quien fue elegido en octubre de 2007 como representante de la Comuna 8 de Medellín, pero "luego fue capturado por constreñimiento de los electores".
El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', condenado a 31 años y 3 meses años de prisión y a pagar una multa de cuatro millones de dólares por exportar cocaína a Estados Unidos, asegura que los grupos ultraderechistas aportaron dinero para la primera campaña a la presidencia de Álvaro Uribe, en 2002.
"Es muy importante que hoy Murillo Bejarano haya señalado que contribuyó con grandes cantidades de dinero a la campaña del presidente Alvaro Uribe Vélez, creemos que esta es una afirmación muy grave que tiene que merecer un debate político en Colombia, pero también una acción judicial", dice Iván Cepeda, hijo de asesinado y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Cepeda, quien se trasladó a Nueva York para estar presente en el juicio, anunció que la acusación del jefe paramilitar fue hecha por la abogada de 'Don Berna' en el marco de la declaración final de la defensa. Murillo Bejarano, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo del año pasado, junto con una decena jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmente disueltas en 2007, tras negociar su desmovilización con el gobierno entre 2003 y 2006. La justicia estadounidense los reclamaba por narcotráfico.
El gerente de las campañas de Uribe lo niega
Como dio a conocer Cepeda, durante la audiencia del proceso a Murillo, celebrado en un tribunal de Nueva York, una de sus abogadas leyó un documento en el que presentó a su defendido como víctima de la violencia comunista, como un patriota que quedó lisiado y sin embargo siguió trabajando por la comunidad. La abogada pidió al juez federal Richard Berman que, antes de imponer la pena, valorara que Murillo y las AUC contribuyeron a la campaña de Uribe y apoyaron sus aspiraciones. Cuando la abogada terminó de leer la declaración, el juez le preguntó a Murillo si tenía alguna objeción a lo leído por su defensa, y él contestó que no y añadió que utilizar su dinero proveniente del narcotráfico fue "la única manera de contrarrestar el avance de las guerrillas comunistas". Sus abogados anunciaron que "Don Berna" está dispuesto a ampliar ante la justicia colombiana su declaración incriminando al presidente, que presentará pruebas, y que esperan que esto pueda hacerse lo más pronto posible.
En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dice que la declaración de Murillo "es falsa". Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostiene que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria. Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirma.
En Bogotá, el gerente de las campañas de Uribe en 2002 y 2006, Fabio Echeverri Correa, dice que la declaración de Murillo "es falsa". Echeverri, durante 18 años portavoz de la Asociación Nacional de Industriales, sostiene que las campañas se financiaron a través de donaciones de empresas y de personas naturales, cuyos cheques ingresaron a una única cuenta bancaria. Los cheques pasaban por un proceso de entre 15 y 20 días antes de ser consignados, mientras se constataba la procedencia y el origen de los fondos, afirma.
En la oposición, el Partido Liberal, a través de su portavoz, la senadora y precandidata presidencial Cecilia López, expresa preocupación por la declaración de Murillo. "Uno no puede hacer en este momento ningún juicio, pero necesitamos la verdad".
Para Gloria Flórez, directora de la Asociación Minga, "si es cierto, él ("Don Berna") tiene que mostrar las pruebas. Si no es cierto, que se aclare ante la sociedad que la campaña presidencial fue limpia y que no tuvo ninguna injerencia del narcotráfico", dice. Por eso "hay que iniciar un proceso (judicial) que le permita a la sociedad conocer la verdad", estimó la defensora de derechos humanos.
Don Berna, de extremo a extrema
En la negociación de los paramilitares con el gobierno de Uribe, Murillo Bejarano se hacía llamar "Adolfo Paz" y se presentaba como inspector general de las AUC. Pero antes de ser comante paramilitar "Don Berna" fue guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL).En los años 80 se vinculó al narcotraficante Cartel de Medellín de Pablo Escobar, pero luego se enfrentó a él. "Don Berna" actuó en Medellín y sus alrededores donde, según Verdad Abierta, el principal archivo colombiano en Internet sobre el paramilitarismo, "consiguió votos para candidatos de su preferencia". Sus hombres en la zona, reunidos en el Bloque Cacique Nutibara, fueron los primeros en desmovilizarse, en noviembre de 2003, cuando el gobierno aún dudaba de reconocer a "Don Berna" como paramilitar.
Un año antes, en octubre de 2002, en la Operación Orión, una toma militar de la Comuna 13 de Medellín para expulsar de allí a unidades urbanas de la guerrilla, el ejército habría actuado en forma coordinada con fuerzas de "Don Berna", según diversas denuncias, incluida la presentada ante el juez por el propio jefe paramilitar: “Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”, afirma don Berna en su escrito al juez.
Tras la desmovilización, algunos de los integrantes del Bloque Nutibara consiguieron ser elegidos en las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ciudadanas de interlocución con el Estado y reconocidas por la ley. Verdad Abierta cita el caso de William López, alias "Memín", quien fue elegido en octubre de 2007 como representante de la Comuna 8 de Medellín, pero "luego fue capturado por constreñimiento de los electores".
Margaret M. Shalley, la abogada que leyó este miércoles en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el alegato de Murillo Bejarano le presentó como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia. Es difícil saber aún, hasta donde el confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y sanguinario jefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, dijo la verdad o hasta donde fabricó esta versión con la pretensión de que el juez Berman atenuara su pena a último momento.
En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las varios ex congresistas. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano , notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad. Además, se espera que precise los apoyos que recibieron los bloque paramilitares, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.
Para Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados. “Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”.
En un escrito enviado el pasado 8 de abril, desde su lugar de reclusión en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde está preso desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado Murillo Bejarano dijo que había acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las varios ex congresistas. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano , notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de Comuna 13 de Medellín, y explique no solo los detalles de su presunta colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino que aporte también pruebas acerca de la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad. Además, se espera que precise los apoyos que recibieron los bloque paramilitares, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.
Para Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados. “Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”.
ENTREVISTA CON JAVIER GIRALDO
(Jesuita, sociologo y activista de Derechos Humanos)
(Jesuita, sociologo y activista de Derechos Humanos)
"GOBIERNO DE URIBE DIO ESTATUS POLÍTICO AL NARCOTRÁFICO Y AL PARAMILITARISMO"
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica".
Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.
En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.
INQUIETANTE DENUNCIA
Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con WWW.CRONICÓN.NET, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio "estatus político", habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la "parapolítica".
Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.
En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.
INQUIETANTE DENUNCIA
Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.
Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.
La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.
MASACRE PLANIFICADA
El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad".
"Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.
"Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO
Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias "H.H.", uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.
La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.
MASACRE PLANIFICADA
El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, "fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad".
"Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad", denuncia Giraldo, pero lo más grave es que "la línea de investigación estaba trazada por el Ejército" para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.
"Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo", afirma el sacerdote jesuita.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO
- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?
- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.
- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?
- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.
- También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno?
- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.
- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?
- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.
- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?
- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.
- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.
- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?
- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.
- También ha señalado usted que Colombia vive un "proceso de neofascismo" ¿A qué atribuye ese fenómeno?
- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo 'más decente', por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.
- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?
- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.
- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?
- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.
www.cronicon.net, marzo de 2009.
(Fuentes: ANSA-Latina, IPS,Semana,Agencia IPC-Medellín y Cronicon.net)
(Fuentes: ANSA-Latina, IPS,Semana,Agencia IPC-Medellín y Cronicon.net)
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