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17.9.10

Colombia:Violaciones de los derechos humanos

AUMENTAN LAS MATANZAS DE SINDICALISTAS,36 EN LO QUE VA DE AÑO, EL ACOSO A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EXPANSIÓN DE LOS NARCOPARAMILITARES

MONTAJE JUDICIAL CONTRA UN DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS AMENAZADO

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia (Movice) denuncia que un prominente defensor de derechos humanos fue detenido en virtud de un montaje judicial por parte de paramilitares.

El arresto del activista David Ravelo Crespo se derivó de acusaciones infundadas de un antiguo paramilitar que busca beneficios jurídicos, según el Movice, organización no gubernamental (ONG) a la que también pertenece el detenido.







Ravelo,secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), fue detenido el martes en el puerto fluvial y petrolero de Barrancabermeja (nordeste).

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General en Bogotá ordenó la detención del defensor para que comparezca en un proceso por "concierto para delinquir y homicidio agravado".

El Movice denuncia en un comunicado que esta causa partió de las declaraciones de Mario Jaimes Mejía ("El Panadero"), paramilitar detenido en marzo de 1999 y condenado a cuarenta años de prisión como responsable de una matanza de siete personas y la desaparición forzada de otras 25.

Los crímenes fueron cometidos en Barrancabermeja, en mayo de 1998, por "El Panadero" y otros miembros de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac).

Para obtener una rebaja en la pena por colaboración con la justicia, Jaimes aseguró durante una diligencia judicial celebrada en abril de 2008 que Ravelo fue el instigador del asesinato, en abril de 1991, del entonces secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, según el Movice.

"Durante el proceso, sus abogados (los de Ravelo) demostraron que esos señalamientos eran mentiras y que las declaraciones obedecían a un montaje judicial en contra del defensor de derechos humanos", añade el Movice.
La ONG recuerda que Ravelo es uno de los supervivientes del llamado "Genocidio de la UP (Unión Patriótica)", formación política creada hace un cuarto de siglo al amparo del después fracasado acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 3.500 miembros de este partido, entre ellos varios candidatos presidenciales y legisladores, fueron asesinados y el caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

36 líderes sindicales han sido asesinados en 2010

Unos 36 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, 10 más que en el mismo periodo de 2009, según los datos facilitados por el director de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alberto Vanegas.

El sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido el más golpeado con cinco de sus afiliados muertos de forma violenta. Abril fue el mes más violento con once sindicalistas asesinados, seguido por enero y marzo con cinco.

Vanegas añade que los panfletos amenazantes contra los dirigentes sindicales son permanentes, en especial de parte de paramilitares dedicados al narcotráfico como "Las águilas negras" y "Los urabeños".

"Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados de paramilitares financiados por empresarios latifundistas", dice el dirigente de la CUT.

Colombia fue de nuevo en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que en 2008.

Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando se inició el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Uribe niega vínculos con los paramilitares


El ex presidente colombiano Alvaro Uribe negó haber recibido mensajes de paramilitares a través de su primo, Mario Uribe, quien se enfrenta a un proceso judicial por presuntos nexos con los escuadrones ultraderechistas.
"Reitero que nunca se recibieron mensajes o sugerencias de los grupos paramilitares a través del doctor Mario Uribe Escobar. Igualmente, éste nunca adelantó gestiones de ninguna índole, ante el presidente o ante el Gobierno a favor de esos grupos", afirmó Uribe.

El ex presidente presentó su declaración escrita ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Mario Uribe. Como varias decenas de ex congresistas, Mario Uribe es investigado bajo sospecha de haberse aprovechado de la presión armada de los paramilitares para salir electo en la legislatura 2002-2006.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien entregó el poder el 7 de agosto a Juan Manuel Santos, gobernó entre 2002-2008, con más de un tercio de sus aliados en el Congreso investigada por nexos con los paramilitares.

Uribe negoció con los grupos paramilitares lo que fue llamado oficialmente regreso a la vida civil y entrega de armas. Los jefes principales debían cumplir condenas de cárcel de 8 o menos años, pero a la larga la mayoría fue extraditada a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. ACZ

Miles de narco-paramilitares se reagrupan de nuevo

Un estudio reciente asegura que ya han surgido más de diez nuevas organizaciones . A pesar de que en 2006 las organizaciones paramilitares colombianas se desmovilizaron, de acuerdo a un estudio elaborado por un centro de investigación de ese país, una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes ha surgido para ocupar su lugar.

El informe, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que estos grupos al margen de la ley, que la ONG denomina como "narcoparamilitares", están presentes en 314 municipios de 29 de los 32 departamentos del país, involucrando a unas seis mil personas, número que aumentaría si se considera su red de apoyo, que se calcula podría llegar a tener hasta doce mil integrantes.

El reporte de Indepaz fue realizado en base a su propia investigación de campo y a datos obtenidos de agencias del gobierno y de medios de comunicación locales.

Durante el gobierno del ex Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se desmovilizaron más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de derecha conformado por terratenientes y capos de la droga que enfrentaban a grupos rebeldes de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las AUC estaban también involucradas en el narcotráfico y en violaciones a los derechos humanos contra la población civil, incluyendo masacres y desplazamientos forzados.

Las Aguilas Negras

Con nombres como Los Rastrojos, Los Paisas o las Aguilas Negras, las bandas de narcoparamilitares que menciona la investigación combinarían la producción y exportación de cocaína con actos de violencia extrema, siendo una diferencia importante con sus antecesores la falta de una agenda política clara.

De todas formas, el director del centro de investigación, Camilo González, destacó que además del narcotráfico estos grupos también tendrían negocios de apropiación de rentas y regalías de los municipios. "La situación de violencia en el país no se supera", señala González frente a los datos obtenidos por Indepaz, agregando que la reagrupación de este tipo de asociaciones es una fuente de preocupación para el país, donde se estima que el 45% de los municipios tiene presencia de actores armados como guerrilleros o narcoparamilitares.

Los departamentos más afectados llegarían a tener hasta un 70% de sus municipios bajo la influencia narcoparamilitar, según el estudio.

(Fuentes: EFE, ANSA-Latina, La Tercera y Agencia PÚLSAR)

16.6.10

Honduras:Los golpes de la 'democracia'

ASESINAN UN EX ALTO CARGO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ZELAYA Y A OTRO PERIODISTA, EL NOVENO EN LO QUE VA DE AÑO

El político liberal hondureño Roland Valenzuela, ex funcionario del Gobierno del derrocado Manuel Zelaya, ha sido asesinado en el bar de un hotel de la localidad de San Pedro Sula en medio de una fuerte discusión con un supuesto empresario, según la informado la Policía Nacional.


Valenzuela, quien fue gerente del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (Pronaders), murió de un disparo en la cabeza propinado por un hombre que ha sido identificado por la Fiscalía como Carlos Yacamán, con quien tuvo una «acalorada» discusión en los aseos. Tras la agresión el ex ministro fue trasladado a un hospital donde llegó sin signos vitales. El fiscal de turno, Marco Cartagena, no ha querido desvelar más detalles a la prensa a la espera de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del bar. El informe de Medicina Forense indica que la bala entró por la parte posterior del cuello y salió por la nariz, provocando al ex funcionario una muerte casi inmediata.


Valenzuela era considerado una persona cercana a Zelaya. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, pasó a formar parte del Frente Nacional de Resistencia que exige el retorno a Honduras del mandatario derrocado y se opone al Gobierno «de facto» de Roberto Micheletti, así como a las elecciones generales de noviembre en las que resultó electo Porfirio Lobo como nuevo presidente de Honduras


Nueve periodistas asesinados este año


Un periodista hondureño, el noveno en lo que va de 2010, fue asesinado la noche del lunes por desconocidos que le dispararon desde un vehículo en marcha en la ciudad de El Paraíso, según informaron familiares y autoridades a medios locales.

Luis Arturo Mondragón, que trabajaba como director de noticias del Canal 19 del cable local, fue abatido hacia las diez de la noche, cuando estaba sentado con uno de sus hijos en la acera de su casa minutos después de salir de su programa, según los informes.

Mondragón había sido amenazado por criticar a funcionarios locales y diputados por actos de corrupción.

Las autoridades forenses no habían llegado a practicar el reconocimiento del cuerpo que estaba aún en la acerca hacia la medianoche del lunes.

El asesinato de periodistas en Honduras es un fenómeno en alza desde que las Fuerzas Armadas y la oligarquía del país llevaron a cabo un Golpe de Estado el pasado 29 de junio de 2009, para sacar de la presidencia al Presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya Rosales.

Tras ese suceso, se inició el cierre de medios de comunicación y la persecución de periodistas que se posicionaron abiertamente contra los golpistas.

En el mes de noviembre pasado, en un contexto dictatorial y sin garantías democráticas, se celebraron unas elecciones generales en las que salió electo Porfirio Lobo, quien preside actualmente el país.

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado denunció que los comicios fueron un intento de lavado de cara de la Dictadura para legitimarse en el poder.

En lo que va de 2010 ya son nueve los periodistas asesinados en Honduras., un hecho alarmante y denunciado por distintas organizaciones pro-derechos humanos.

Los otros periodistas hondureños asesinados durante al año son Georgino Orellana (el 20 de abril), Luís Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo), Nahum Palacios (14 de marzo), David Meza (11 de marzo), Joseph Ochoa (1 de marzo) y Nicolás Asfura (18 de febrero).

(Fuentes:Europa Press, LibreRed.net y AFP )

26.2.10

Honduras:Represión postgolpe

NUEVO ASESINATO DE UN MIEMBRO DE LA OPOSICIÓN, EL TERCERO BAJO PROFIRIO LOBO. MILES DE PERSONAS EN LAS CALLES, EN LA PRIMERA MARCHA CONTRA EL NUEVO PRESIDENTE


Claudia Larissa Brizuela, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, fue asesinada este miércoles en su casa. Con ella son ya 3 los hondureños asesinados durante el Gobierno de Porfirio Lobo.

Los asesinos llamaron a la puerta de Brizuela, en San Pedro Sula, a las 2 de la tarde y le dispararon varias veces causándole una muerte instantánea. Fue en la víspera de una movilización convocada por el Frente en la capital del país, Tegucigalpa.

Claudia era hija de Pedro Brizuela, un reconocido militante del Partido Unificación Democrática (UD, izquierda) e integrante de la Resistencia.

Tras el asesinato de su hija, Pedro Brizuela declaró que en Honduras hay un Estado policiaco que vigila, persigue y mata a las personas que decidieron salir a las calles para reclamar el retorno a la institucionalidad.

Este asesinato se suma a los de Vanessa Zepeda y Julio Fúnez Benítez, también muertos durante el Gobierno de Porfirio Lobo. Según el Frente Nacional de Resistencia Popular en menos de un mes de Gobierno ya se cometieron 254 violaciones a los derechos humanos de los hondureños.

Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) destacó que en sólo 28 días del actual régimen se han producido 53 detenciones ilegales, 2 agresiones sexuales, 3 asesinatos, 8 casos de torturas, 2 secuestros y 14 allanamientos. Además, 23 barrios han sido definidos por las Fuerzas de Seguridad como 'Resistentes' y han sido peinados en horas inhábiles.

Porfirio Lobo llegó a la presidenciatras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, con elecciones no transparentes, totalmente militarizadas y bajo una fuerte represión contra las masivas protestas de los partidarios del presidente derrocado Manuel Zelaya.

El Frente mantiene el rechazo a las nuevas autoridades y continúa dpidiendo una Asamblea Nacional Constituyente.

AUDIOS:
-Porfirio Ponce, Frente de Resistencia (Gobierno de Porfirio Lobo)archivo mp3
-Porfirio Ponce, Frente de Resistencia (Asesinatos)archivo mp3
-Hermano de Julio Funez Benítez, asesinadoarchivo mp3
-Rafael Alegría, Frente de Resistencia archivo mp3

La Resistencia pide que cesen los crímenes políticos


El Frente Nacional de Resistencia Popular exige una reforma constitucional y el cese de los asesinatos contra sus miembros. Unos 10 mil integrantes de esa organización salieron a las calles de Tegucigalpa y se dirigieron este jueves 25 de febrero a la casa de Gobierno para pedir una Constituyente, el respeto a los derechos humanos y el cese de los asesinatos de la corrupción, explicó a la prensa el dirigente Rafael Alegría.

Específicamente, protestaron por el asesinato de tres de sus miembros durante el gobierno que preside Porfirio Lobo. Condenaron el crimen contra Claudia Brizuela, de 36 años, en San Pedro Sula, y la muerte de Vanessa Zepeda y Julio Fúnez, también miembros activos de la resistencia. La manifestación contó con el apoyo de miles de integrantes de organizaciones obreras, campesinas, docentes, estudiantiles, indígenas y defensoras de los derechos humanos.

Repelidos por un cordón militar que custodiaba la residencia presidencial, cambiaron su ruta hacia el Congreso de la República.Esta es la primera manifestación del Frente contra el presidente Porfirio Lobo, quien asumió el poder el pasado 27 de enero."El pueblo hondureño está en pie de lucha frente a la dictadura y día a día consolida su respuesta organizada frente al régimen totalitario que se instaló con la fuerza de la armas para preservar un sistema de privilegios que se beneficia de la explotación y el robo", indicó un comunicado del Frente. Reiteraron, además, que no descansarán hasta lograr la refundación del Estado a través de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Amenazas contra los familiares y miembros de la Resistencia


El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denuncia que recibe amenazas contra sus miembros. El integrante del Comité, Daniel Martínez, relató que se encontraba el domingo 7 de febrero en la sede de la organización a las 8 de la mañana y recibió la llamada de una mujer que le advirtió: "Tengan cuidado que va a haber un atentado contra ustedes, en especial la gente que anda en la calle".
Martínez indicó que cuando le preguntó a la mujer quién hablaba, ella colgó el teléfono.

El COFADEH considerNegritaa que esta nueva amenaza "se da en momentos en que los cuerpos represivos del Estado mantienen una cacería contra varias personas que están vinculadas a la Resistencia".

Al respecto, destacaron el asesinato de Vanesa Zepeda y del maestro líder de la etnia Pech, Blas López, ambos miembros activos de la Resistencia. También mencionaron el secuestro y tortura de los camarógrafos Manuel de Jesús Murillo Varela y Ricardo Rodríguez, y la captura de Ariel Lobo y Ricardo Domínguez, todos integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Ante estos hechos, el COFADEH pide a la comunidad internacional, y en especial a los organismos de Derechos Humanos, "mantenerse alerta y a expresar su preocupación por la situación existente".

Zelaya demanda que cese la represión contra el pueblo


El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, señaló que debe ser abolido cualquier tipo de represión contra la población hondureña como punto central en el restablecimiento de la democracia. Zelaya envió un comunicado a su país sugiriendo medidas para que la justicia y la democracia sean restablecidas.

En primer lugar, el ex mandatario depuesto por un Golpe de Estado en junio de 2009, expresó que aún hay perjuicios de ese Golpe que se mantienen en Honduras. Así, destacó que "la Corte Suprema de Justicia absolvió con descaro, dictando la libertad definitiva a la cúpula militar ejecutora del Golpe de Estado". Y consideró que esta situación prueba que los demás delitos, asesinatos, torturas y violaciones cometidas durante el Golpe podrán quedar impunes.

Además, indicó que hasta el momento los autores del Golpe de Estado y los cómplices de las violaciones de los derechos humanos, como la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General, continúan impunes. Por ello, Zelaya indicó que para reparar la situación, el Gobierno de Porfirio Lobo sólo debe ser reconocido después de aceptar las resoluciones de organismos como el Grupo de Río, la ONU) y la OEA.

Zelaya pidió también que se retire de sus cargos a todos los implicados en el Golpe y que cese la persecución judicial y política contra su persona, sus ministros y los líderes de la Resistencia.
El ex mandatario pidió que finalice la represión contra las personas que no reconocen al nuevo Gobierno y llamó a los hondureños y a la comunidad internacional a apoyar la creación de un Gran Acuerdo Nacional para el Retorno a la Democracia. Este acuerdo incluiría la creación de espacios deliberativos para tratar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución.


Vanessa y el lobo
Por Alberto Ampuero(*)
(especial para ARGENPRESS.info)
Una vez encaramado a la presidencia de Honduras (el 27 de enero)Porfirio Lobo comenzó priorizando la seguridad, es decir, se dedicó a desarticular el movimiento popular surgido a raíz del golpe de Estado.

En su primera noche en funciones ordenó allanamientos en 23 barrios pobres de los suburbios de la capital. La policía detuvo a 50 personas, de las cuales sólo once tenían orden de captura previa, reconoció el mismo ministro de Seguridad, Oscar Álvarez.

El 2 de febrero la vida se puso aun más fea con el secuestro y tortura de dos jóvenes camarógrafos de Radio Globo Honduras; la quema de medios de comunicación de las comunidades pobres, y con la represión a los campesinos que intentaban recuperar las tierras que Zelaya liberó del latifundio pero que la dictadura devolvió a los terratenientes.

Pero fue el día 4, con el asesinato de la enfermera Vanessa Yaneth Zepeda Alonso, del Frente Nacional de la Resistencia Popular, FNRP, que el carácter represivo del ‘nuevo gobierno’ quedó al descubierto.


“Vanessa fue lanzada de un carro en marcha en la colonia Loarque, al sur de Tegucigalpa, la capital, reportó COFADEH (Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras). No se encontraron señas de balas de arma de fuego, ni de armas blancas. Tampoco le robaron nada. Había comprado nuevas zapatillas pocos días antes de su asesinato y hasta el celular fue encontrado con el cadáver. Sus asesinos trataron de no dejar huellas en su cuerpo. El hermetismo de los empleados de la Morgue que no permitieron al COFADEH ver el cuerpo, dejó más dudas”, informaron.

Sus compañeras de la Resistencia (las mujeres del FNRP), denuncian que Vanessa fue perseguida por grupos paramilitares antes de ser asesinada por su militancia política. Los mismos grupos paramilitares que florecieron bajo la sombra de Micheletti y que le fueron transferidos a Porfirio Lobo, igual que la banda, el mismo día que tomó su cargo, el 27 de enero.
No olvidemos los crímenes anteriores. El Frente Nacional de Resistencia sitúa las cifras de asesinatos en más de 130. El Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras tiene documentado ya 95 casos de torturas y varios cientos de detenciones ilegales.

Ese reino del terror influyó, sin duda, sobre el día de las votaciones, el 29 de noviembre, que sumadas al boicot de las mismas por el movimiento de resistencia antigolpista, la cifra de votantes estuvo posiblemente cercana al 30 por ciento. Fracaso imperial tremendo que tuvo que ser tapado rápidamente por Washington izando la bandera del “reconocimiento”.

Tanto Estados Unidos como Canadá elogiaron con toda rapidez las elecciones por haber transcurrido de forma pacífica y limpia, anunciando así su apoyo inevitable al régimen de Lobo. Por su parte, el Subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, prometió ayudar a reintegrar totalmente a Honduras en la comunidad internacional y hemisférica, inclusive en la Organización de Estados Americanos.

A cambio le piden a Lobo cumplir con el requisito de promover la reconciliación nacional. Y le señalan que un buen paso en esa dirección es la creación de una Comisión de la Verdad, “Crear la comisión de la verdad es un paso muy positivo en el acercamiento de Honduras a la comunidad internacional”, afirmó el embajador USA en Tegucigalpa, Hugo Llorens.

Lobo debe designar a referentes de todo el arco político local, inclusive dirigentes zelayistas, para discutir cómo funcionará la Comisión de la Verdad que “deberá investigar los sucesos que llevaron al golpe”.
Los hondureños de la Resistencia no se lo tragan: “Nos quieren vender un supuesto proyecto de integración nacional”,dicen. “El objetivo, esencialmente, es decir que nada ha ocurrido aquí. Que los golpes pueden ser un método democrático para corregir una democracia que se estaban torciendo. El objetivo es legalizar el golpe”.
En su último comunicado el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP), mantiene su decisión de seguir desconociendo el régimen de Porfiro Lobo, así como la no participación de ninguno de sus miembros en responsabilidades gubernamentales ni institucionales.

Conducta que tiene a Washington sin cuidado, porque aún si Lobo no consigue convencer a los zelayistas y a la Resistencia de que participen de la Comisión de la Verdad, a los ojos de Washington y sus aliados, “el esfuerzo de Lobo es lo que vale”, dice Craig Kelly, del Departamento de Estado USA, para seguir aupándolo.

(*)Alberto Ampuero es un periodista residente en Riverside, California, Estados Unidos.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, Adital, Prensa Latina, y ArgenPress.info)

8.2.10

Honduras:Postgolpe

EL GOBIERNO POSTGOLPISTA CONTINÚA LA REPRESIÓN CONTRA LA RESISTENCIA POPULAR. GRUPOS PARAMILITARES ASESINAN A MIEMBROS DEL FRENTE Y EL NUEVO GABINETE PREPARA DESPIDOS MASIVOS PARA DEPURAR LA ADMINISTRACIÓN


Una activista del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP), Vanesa Yaneth Zepeda, fue secuestrada y asesinada por desconocidos, según denunciaron este fin de semana organismos de derechos humanos.

Zepeda fue dada por desaparecida eNegrital pasado martes y su cadáver fue identificado el domingo en la morgue de Tegucigalpa por familiares. Según las denuncias, el cuerpo sin vida de la joven, de 29 años y madre de tres hijos, fue lanzado desde un automóvil en un sector de la colonia Loarque, en el sur de la capital.

Dirigentes del FNRP aseguran que el asesinato de Zepeda es otra muestra de que la represión continúa en ascenso contra los miembros de la resistencia.

Dos camarógrafos del canal Globo TV, Manuel de Jesús Murillo, de 24 años, y Ricardo Vásquez Vásquez, de 27, denunciaron haber sido secuestrados y torturados por policías de civil. Los dos jóvenes informaron a las organizaciones de derechos humanos que fueron capturados la noche del martes y golpeados violentamente por los agentes, quienes les interrogaban sobre presuntos depósitos de armas.

Globo TV comenzó sus tansmisiones recientemente y es propiedad de la misma entidad que Radio Globo, emisora que desarrolló una activa oposición al golpe militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado.


El gobierno prepara despidos masivos


El gobierno de Honduras estudia la reducción drástica de empleados de las empresas públicas, alegando un elevado número de contratos en los últimos años, de acuerdo con funcionarios de la administración. La escoba "azul" -en alusión al color del gobernante Partido Nacional- está lista para limpiar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), asegura en su versión digital el oficialista y progolpista diario El Heraldo.

Con un total de 3.500 empleados, la ENEE podría ser reducida a alrededor de 1.700. Según fuentes cercanas al nuevo gerente de la empresa, Roberto Martínez. Según Martínez, en la ENEE y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), hay el doble de empleados que las que recomiendan las "normas internacionales".

Esta versión es desmentida por el presidente del sindicato de la ENEE, Miguel Aguilar, quien sostiene que sólo el seis por ciento del presupuesto se invierte en recursos humanos. No obstante, Aguilar cuestiona el nombramiento injustificado de funcionarios, con altos salarios, durante el gobierno del dictador Roberto Micheletti, impuesto por las fuerzas armadas con el golpe militar del 28 de junio pasado.

El Frente Nacional de Resistencia Popular anuncia para la próxima semana una marcha nacional contra los despidos masivos de empleados públicos.


El Cardenal Rodríguez elogia a los golpistas



El cardenal Oscar Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, elogió al ex dictador hondureño Roberto Micheletti, porque a su juicio "supo defender", junto a las Fuerzas Armadas, la libertad, la democracia y la "independencia" del país, y hasta lo equiparó con próceres nacionales. Negrita

El alegato pro-golpista lo prnunció el purpurado durante la misa del Día de la Virgen Suyapa, patrona de Honduras, a la que asistieron los principales funcionarios públicos, entre ellos el presidente, Porfirio Lobo, y la cúpula militar.

La mayoría de los jerarcas católicos apoyaron desde el primer momento el golpe de estado mediante el cual fue derrocado el 29 de junio de 2009 el presidente constitucional, Manuel Zelaya.

El régimen dictatorial que tomó el poder fue acusado de asesinato y desapariciones de opositores. "Hoy es un día especial para darle gracias a Dios, por medio de la virgen María, por nuestra Honduras, por la libertad, la soberanía y la independencia que don Roberto Micheletti supo defender con las Fuerzas Armadas y junto a miles de hondureños y hondureñas que deseamos ser parte de las soluciones y no de los problemas", dijo el cardenal, presidente de la organización Caritas Internacional, designado por el Vaticano en 2007.


Zelaya pide que cese la represión


Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras, exiliado en la República Dominicana, envió un comunicado a su país sugiriendo una serie de medidas para que la justicia y la democracia sean restablecidas . Entre los principales puntos del comunicado está la demanda de que sea abolido de inmediato cualquier tipo de represión contra la población hondureña.

Antes de sugerir cambios, Zelaya relata una serie de hechos que comprueban que los perjuicios del Golpe de Estado continúan echando sombras sobre Honduras. "Hace ocho días, la Corte Suprema de Justicia absolvió con descaro, dictando la libertad definitiva a la cúpula militar ejecutora del Golpe de Estado". Para el ex-presidente, situaciones como éstas comprueban que los demás delitos, asesinatos, torturas y violaciones cometidas durante el Golpe podrán quedar impunes.

Zelaya también llama la atención sobre el hecho de que hasta el momento los autores del Golpe de Estado y los cómplices de las violaciones de los derechos humanos, entre ellos la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General, continúan impunes. "El Golpe de Estado Militar en Honduras entronizó la impunidad", afirma.

Para intentar reparar estas situaciones y resolver la crisis política que todavía reina en Honduras, Zelaya sugiere como acción prioritaria que el Gobierno de Porfirio Lobo sólo sea reconocido después de la aceptación de las Resoluciones aprobadas por organismos como el Grupo de Río, la ONU, la OEA o entre otros.

También propone una fuerte reestructuración del sistema de justicia, retirando de sus cargos a todos los involucrados en el Golpe de Estado "aunque estén amparados por la amnistía, aprobada con el fin de concederles impunidad". Exige además el fin de la persecución judicial como instrumento político contra el propio Zelaya, sus ministros y los líderes de la oposición al Golpe de Estado.

Debido a la fuerte represión que todavía se registra en el país contra sectores de la población que no reconocen a Porfirio Lobo como presidente, Manuel Zelaya solicita, de inmediato, que cesen todas las acciones represivas y que el Ejército y la policía retomen sus funciones constitucionales.

El ex-presidente llama a la población hondureña y a la Comunidad Internacional a reforzar y apoyar su propuesta de creación de un Gran Acuerdo Nacional para el Retorno a la Democracia, que propone entre otras cosas la reactivación de los procesos de Democracia Participativa.

Otra proposición del Acuerdo es la creación de espacios deliberativos para debatir la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución.

Zelaya propone, entre otroa, a la Comunidad Internacional que "modifiquen sus instrumentos constitutivos para que se incluyan mecanismos coercitivos efectivos que permitan sancionar y revertir los Golpes de Estado, o cualquier acto de agresión a contramano de la voluntad soberana de los pueblos". Entre esas modificaciones, apunta el expresidente, sanciones económicas y comerciales, terminar con la asistencia militar, crear Tribunales Internacionales contra la Impunidad, o instalar Comisiones de la Verdad.


(Fuentes: LibreRed, Prensa Latina, Agencia PÚLSAR, ANSA-Latina y Adital)

24.8.09

Colombia:Bases EE.UU-DD.HH-Reelección

TRISTE Y DESOLADOR PANORAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA MISMA SEMANA QUE SE CONSUMA EL CAMINO HACIA LA REELECCIÓN DE URIBE Y EL 'ACUERDO' PARA EL USO DE SIETE BASES POR LOS EE.UU


En la misma semana que el Senado abre la penúltima cancela para que Álvaro Uribe marche hacia la segunda reelección, una vez firmado y sentenciado el "acuerdo" entre los gobiernos de Bogotá y Washington, o viceversa, para que tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, pese al desasosiego y las protestas de todos los países vecinos menos uno, utilicen siete bases en suelo colombiano, basta echar un vistazo al resumen del boletín virtual de la organización independiente dhcolombia, para hacerse una idea de lo que es el día a día para miles, millones de colombianos.


S.O.S. POR EL DERECHO A LA VIDA DE NUESTROS JOVENES
Por: Diócesis de Chocó





La Diócesis de Quibdó, preocupada por la ola de muerte entre los jóvenes de la ciudad, especialmente de los barrios más empobrecidos, pone en alerta a la comunidad Quibdoseña y a las instituciones del gobierno locales, departamentales y nacionales.
No es ajeno para la comunidad Quibdoseña, la mal llamada limpieza social que se viene realizando en la ciudad desde hace varios años ante el silencio y la mirada cómplice de muchos de nosotros y nosotras. (...) Leer >>
http://www.dhcolombia.info/spip.php?article804

ASESINADO TRABAJADOR DE NESTLE- COMESTIBLES LA ROSA
Por: SINALTRAINAL

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, fuetrasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article803


SE INICIA JUICIO POR LA MASACRE DE 8 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (AntioquiaColombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ
FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article802



CIDH EXPRESA PREOCUPACION ANTE OPERACIONES DE INTELIGENCIA SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA EN COLOMBIA
Por: Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article800

Atentado contra líder del movimiento indígena Nietos de Quintin Lame
Por: Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes

En el Resguardo Indígena de Huellas, vereda Bodega Alta, cerca de las 9:45 de la noche, en momentos en que el ciudadano indígena ALBERTO GUETIA, retornaba a su hogar, a escasos metros de su casa de habitación, dos individuos que se ocultaban tras la vegetación del lugar aprovechando la soledad de un paraje y la oscuridad de la noche, dispararon sus armas de
fuego en contra de la humanidad de ALBERTO GUETIA. Ante esta situación ALBERTO reacciono tendiéndose al piso y un proyectil de arma de fuego le impacto sobre la pierna derecha. Los pobladores del lugar atemorizados guardaron silencio y pasados unos minutos salieron y encontraron a ALBERTO tendido en el piso, ante esta situación comenzaron a gritar que habían
matado a ALBERTO. ALBERTO herido permaneció tendido durante aproximadamente 10 minutos tiempo en el cual los agresores, se retiraron del lugar. Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article799
CRISIS HUMANITARIA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
Por: Nomadesc y otros



Las organizaciones de derechos humanos del suroccideten denuncian: El día 1 de agosto, en la cabecera Corregimental de Sidón, Municipio de Cumbitara, el grupo paramilitar los Rastrojos y los autodenominados Águilas Negras, se enfrentaron dejando un saldo de 42 muertos entre miembros de estos grupos y población civil. Estos hechos fueron denunciados por el Diario del Sur en el cual textualmente informan:
"Cuarenta y dos muertos dejan hasta el momento los cruentos combates entre bandas al servicio del narcotráfico que se disputan el dominio territorial de Policarpa y Cumbitara, zona nororiente del departamento donde inicia el piedemonte costero de Nariño. Los combates, según el asesor departamental de Paz, Xabier Hernández, se registran desde el pasado 11 de julio en 20 veredas de la zona, entre miembros de las Águilas Negras, Nueva Generación y los Rastrojos." A estos hechos se suma el control territorial permanente que ejercen estos actores armados que vienen generando terror y zozobra en el territorio, desde hace más de una década y quienes son responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento, cobro de impuestos que agudiza la crisis económica y social en la que sobreviven las comunidades.(...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article798

Panfletos: El papel que mata
Por: Alejandro Angulo, S.J.


El papel que mata. Los tigres de papel pueden morder. Y los asesinos de papel pueden asaltar y ultimar. Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años
cincuenta, los ‘bandoleros' dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, los ‘paracos' lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror. (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article796
La carta y los argumentos para suspender las negociaciones sobre las bases militares en Colombia, que la señora Clinton no quiso atender.


Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU hicieron un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que “suspenda las negociaciones para expandir el acceso de EEUU a bases u operaciones militares en Colombia”, en carta remitida el 12 de agosto. este es el texto:

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y
ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

. El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.

. El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.

. A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.

. El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.

. Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.

. También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre
las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde 2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzosos masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de
drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas.

La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudaméricanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.
Atentamente,

(Fuentes: dhcolombia.info, Codhes-Colombia y Agencia Prensa Rural-Colombia)

30.1.09

Guatemala:Violencia

VARIOS MUERTOS, INDÍGENAS, CAMPESINOS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN ACCIONES VIOLENTAS DEL EJÉRCITO Y LA POLICÍA CONTRA COMUNIDADES EN EL PETÉN Y EN HUEHUETENANGO

La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) de Guatemala denuncia las muertes de campesinos a manos de las fuerzas de la policía y del ejército. La última, el pasado 26 de enero, durante un desalojo masivo de familias indígenas y campesinas en las comunidades de Santa Amelia, San Andrés en el departamento de Petén fueron asesinados al menos un hombre, llamado Fermín García de la comunidad Los Tubos, y un niño del que se desconoce el nombre.
"La policía y el ejército disparó indiscriminadamente en contra de la población civil" denuncia el texto de la CONIC y expresa que no hay certeza sobre la cantidad de víctimas "porque la misma policía recogió a los muertos y heridos los trasladó en las radiopatrullas a lugares desconocidos".
Unos días antes, el 20 de enero la mism organización había denunciado la violencia desatada por el Ejército y la Policía Nacional Civil durante el desalojo de las localidades de El Vergelito, Laguna del Tigre y Peten.

Los dirigentes indígenas y campesinos responsabilizan al gobernador departamental, Rudel Álvarez, y la directora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Mariela López, "porque no han dado lugar al diálogo con estas comunidades que cuentan con el respaldo de un Acuerdo de Permanencia firmado desde 1996".
También exigen al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que finalice la persecución a las familias, que entregue los cadáveres y libere a los detenidos, que procese a los responsables y que conforme una comisión de Alto nivel para abordar el conflicto.
AUDIO Dolores Sales, CONIC- 01 min. 24 seg- (658 KB) archivo mp3

Así fue el desalojo de la comunidad Santa Amelia


El ejército y la policía nacional civil, CONAP procedió al desalojo por segunda ocasión de las 45 familias concentradas en la comunidad , desde las 6:00 de la mañana del día 26 de enero.

Dispararon indiscriminadamente en contra de la población civil, según líderes de dichas comunidades murieron el señor Fermín García de la comunidad Los Tubos un niño. Hay más muertos y heridos, pero no se saben los nombres, porque la misma policía recogió los muertos y heridos y los trasladó en las radiopatrullas a lugares desconocidos.
Los líderes de las comunidades expresan el temor de ser desaparecidos los cadáveres de sus seres queridos y que sus heridos puedan ser ejecutados extrajudicialmente.
Además hay varios miembros de las comunidades detenidas, que los han conducido a lugares desconocidos, donde se teme por su seguridad y su vida.
Además, soldados y agentes saquearon las pequeñas tiendas y robaron el ahorro de las familias de la comunidad, rompiendo puertas de las casas y armarios.
Los líderes de las comunidades afectadas afirman, “rechazamos categóricamente que seamos narcotraficantes y delincuentes, como afirma el señor presidente de la República, somos 37 comunidades, de más de 20,000 personas que vivimos más de 15 años en el área de Laguna del Tigre, donde desarrollamos la actividad agrícola, sin embargo no nos dejan en paz para desarrollar nuestra vida, nos quitan los machetes, animales domésticos y a los ganaderos del mismo área no le dicen nada, tampoco a la empresa PERENCO que perfora pozos y extrae petróleo en el área".

Asesinatos de defensores de derechos humanos



La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y el Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS) denunciaron el asesinato, en la madrugada del día 23 de Enero, de Santiago Pérez Domingo y de María de las Mercedes Ordoñez Méndez, ambos del cantón Chucup del municipio de San Idelfonso Ixtaguacán, Huehuetenango, miembros activos de estas organizaciones.

Los asesinados se encontraban coordinando la presentación del informe "Violación del derecho al territorio de los pueblos indígenas: Situación de la explotación minera en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango".

"El asesinato de nuestro hermano Santiago y nuestra hermana Mercedes se enmarcan en todo una serie de acciones sistemáticas de intimidación y ataques contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos en general, lo que evidencia que los grupos paralelos siguen impunes", señalan. Entre las demandas de las organizaciones, se pide al gobierno Álvaro Colom que asegure el respeto a la vida y la integridad física de los que luchan por defender a la madre tierra.

Demandan al Ministerio Publico una investigación profunda y ágil para esclarecer y capturar a los responsables y que se les aplique la ley.
"Solicitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos desarrolle una investigación que coadyuve al esclarecimiento de los hechos denunciados. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que la escalada de violencia en contra de las comunidades, organizaciones, líderes y lideresas indígenas continua", resaltan.
El presidente Colom atribuye la violencia al atraso social

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afirmó ayer que la violencia en su país tiene origen “en los atrasos sociales y la falta de políticas” de los gobiernos para darle oportunidades a toda la población.
"La violencia de la injusticia social ha sido tan dramática como la de los años 60 o 70, o como la provocada por el crimen organizado", dijo el mandatario en un acto de homenaje al político Alberto Fuentes Mohr, asesinado en 1979.

Fuentes Mohr, fundador del desaparecido Partido Socialista Democrático (PSD), fue asesinado por un "escuadrón de la muerte" vinculado a las fuerzas de seguridad del presidente golpista Romeo Lucas García, el 25 de enero de 1979, en una zona residencial del sur de la capital.

Ayer, Colom pidió perdón como presidente, como comandante del ejército y como jefe de Estado a los familiares de Fuentes Mohr y abogó porque hechos como éste no se repitan.
"Si condenamos los crímenes, abusos y excesos de la guerra, repudiemos también los crímenes sociales que causaron los gobiernos anteriores", dijo el mandatario.
Recordó que millones de niños y mujeres han muerto durante el parto y otros perecieron en las montañas y aldeas por el abandono del Estado.
El mandatario se mostró convencido de que aunque llenen el país de policías y soldados, la seguridad no se logrará “si no se cambian las condiciones de vida de la población”.
Periodistas en riesgo

Mientras tanto, periodistas guatemaltecos denuncian que sufren agresiones, amenazas e intimidaciones por parte del narcotráfico y el crimen organizado, lo que obstaculiza el ejercicio de su labor.
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), dijo que la situación es más grave en apartados departamentos del país, donde las organizaciones criminales tienen mayor presencia.

En particular, las zonas más peligrosas para la prensa son Zacapa, en el oriente, Izábal y Alta Verapaz, en el norte, y Huehuetenango y San Marcos, en el occidente.
Recordó que durante 2008 tres periodistas fueron asesinados en circunstancias aún no aclaradas, 10 más sufrieron amenazas de muerte y 13 fueron agredidos durante sus funciones.
Como consecuencia de esta situación, muchos i9nformadores optan por la autocensura y el silencio como una forma de garantizar su seguridad y la tranquilidad de sus familiares, señala un informe de Cerigua.
En la conferencia de prensa, Alamilla reconoció como otra grave amenaza para la libertad de expresión la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unas pocas empresas transnacionales.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, cnoc.org.gt, Adital, Prensa Latina, ACAN-EFE y Madrid Digital)

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