Colombia:Bases EE.UU-DD.HH-Reelección

TRISTE Y DESOLADOR PANORAMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA MISMA SEMANA QUE SE CONSUMA EL CAMINO HACIA LA REELECCIÓN DE URIBE Y EL 'ACUERDO' PARA EL USO DE SIETE BASES POR LOS EE.UU

En la misma semana que el Senado abre la penúltima cancela para que Álvaro Uribe marche hacia la segunda reelección, una vez firmado y sentenciado el "acuerdo" entre los gobiernos de Bogotá y Washington, o viceversa, para que tropas de los Estados Unidos de Norteamérica, pese al desasosiego y las protestas de todos los países vecinos menos uno, utilicen siete bases en suelo colombiano, basta echar un vistazo al resumen del boletín virtual de la organización independiente dhcolombia, para hacerse una idea de lo que es el día a día para miles, millones de colombianos.


S.O.S. POR EL DERECHO A LA VIDA DE NUESTROS JOVENES
Por: Diócesis de Chocó

La Diócesis de Quibdó, preocupada por la ola de muerte entre los jóvenes de la ciudad, especialmente de los barrios más empobrecidos, pone en alerta a la comunidad Quibdoseña y a las instituciones del gobierno locales, departamentales y nacionales.
No es ajeno para la comunidad Quibdoseña, la mal llamada limpieza social que se viene realizando en la ciudad desde hace varios años ante el silencio y la mirada cómplice de muchos de nosotros y nosotras. (...) Leer >>

http://www.dhcolombia.info/spip.php?article804

ASESINADO TRABAJADOR DE NESTLE- COMESTIBLES LA ROSA
Por: SINALTRAINAL

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009, siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé-Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, fuetrasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article803


SE INICIA JUICIO POR LA MASACRE DE 8 PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ

Medellín, agosto 24 2009. Hoy lunes 24 de agosto 2009, a las 2:00 p.m., se inicia el Juicio en la ciudad de Medellín, ante el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia en contra de 10 militares por la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (AntioquiaColombia) ocurrida el 21 de febrero 2005.

Los militares llamados a juicio son: TC ORLANDO ESPINOSA BELTRAN, MY JOSÉ
FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, TTE ALEJANDRO JARAMILLO GIRALDO, SS ANGEL MARÍA PADILLA PETRO; CP (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article802



CIDH EXPRESA PREOCUPACION ANTE OPERACIONES DE INTELIGENCIA SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION INTERAMERICANA EN COLOMBIA
Por: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Según la información recibida por la CIDH, un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica ("G3") del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, fue conformado a fin de dar seguimiento a las actividades vinculadas al litigio de casos a nivel internacional y habría realizado un operativo de inteligencia contra una visita de la CIDH a Valledupar en 2005, encabezada por la entonces Comisionada y Relatora para Colombia, Susana Villarán. Según el expediente del DAS, el objetivo fue "determinar los casos que la Relatora estudia y los testimonios que presentan las ONG, además del lobby que adelantan para presionar una condena del Estado". Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article800

Atentado contra líder del movimiento indígena Nietos de Quintin Lame
Por: Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes

En el Resguardo Indígena de Huellas, vereda Bodega Alta, cerca de las 9:45 de la noche, en momentos en que el ciudadano indígena ALBERTO GUETIA, retornaba a su hogar, a escasos metros de su casa de habitación, dos individuos que se ocultaban tras la vegetación del lugar aprovechando la soledad de un paraje y la oscuridad de la noche, dispararon sus armas de
fuego en contra de la humanidad de ALBERTO GUETIA. Ante esta situación ALBERTO reacciono tendiéndose al piso y un proyectil de arma de fuego le impacto sobre la pierna derecha. Los pobladores del lugar atemorizados guardaron silencio y pasados unos minutos salieron y encontraron a ALBERTO tendido en el piso, ante esta situación comenzaron a gritar que habían
matado a ALBERTO. ALBERTO herido permaneció tendido durante aproximadamente 10 minutos tiempo en el cual los agresores, se retiraron del lugar. Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article799

CRISIS HUMANITARIA, ECONOMICA Y SOCIAL EN EL TERRITORIO DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO
Por: Nomadesc y otros

Las organizaciones de derechos humanos del suroccideten denuncian: El día 1 de agosto, en la cabecera Corregimental de Sidón, Municipio de Cumbitara, el grupo paramilitar los Rastrojos y los autodenominados Águilas Negras, se enfrentaron dejando un saldo de 42 muertos entre miembros de estos grupos y población civil. Estos hechos fueron denunciados por el Diario del Sur en el cual textualmente informan:

"Cuarenta y dos muertos dejan hasta el momento los cruentos combates entre bandas al servicio del narcotráfico que se disputan el dominio territorial de Policarpa y Cumbitara, zona nororiente del departamento donde inicia el piedemonte costero de Nariño. Los combates, según el asesor departamental de Paz, Xabier Hernández, se registran desde el pasado 11 de julio en 20 veredas de la zona, entre miembros de las Águilas Negras, Nueva Generación y los Rastrojos." A estos hechos se suma el control territorial permanente que ejercen estos actores armados que vienen generando terror y zozobra en el territorio, desde hace más de una década y quienes son responsables de los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento, cobro de impuestos que agudiza la crisis económica y social en la que sobreviven las comunidades.(...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article798

Panfletos: El papel que mata
Por: Alejandro Angulo, S.J.

El papel que mata. Los tigres de papel pueden morder. Y los asesinos de papel pueden asaltar y ultimar. Una modalidad nueva de la violencia colombiana es el panfleto amenazante que ya, en repetidas ocasiones, ha precedido al homicidio, a la desaparición, o a la paliza. En los años
cincuenta, los ‘bandoleros' dejaban el papel sobre los cadáveres, decían que para escarmiento. Hoy, los ‘paracos' lo reparten con anticipación destinada a provocar y administrar el terror. (...) Leer >> http://www.dhcolombia.info/spip.php?article796

La carta y los argumentos para suspender las negociaciones sobre las bases militares en Colombia, que la señora Clinton no quiso atender.

Más de 100 colectivos y líderes religiosos, civiles y académicos de EEUU hicieron un llamamiento formal a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para que “suspenda las negociaciones para expandir el acceso de EEUU a bases u operaciones militares en Colombia”, en carta remitida el 12 de agosto. este es el texto:

Secretaria Hillary Rodham Clinton
Departamento de Estado
2201 C St. NW
Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

Escribimos esta carta remitida a su atención con una urgente preocupación por las negociaciones que recientemente han salido a la luz en torno al posible acceso por parte del aparato militar de EEUU a siete bases militares en Colombia y su impacto sobre las relaciones entre los países de la Región Andina –que sufren un rápido deterioro-- y entre aquellos y EE UU. Al mismo tiempo, deseamos trasladarle nuestra inquietud por el efecto que esta decisión tendrá sobre las propuestas de acuerdo en las políticas contra el narcotráfico y en la promoción de los derechos humanos, dos cuestiones que consideramos prioritarias.

Quisiéramos hacer hincapié en las palabras que el presidente Obama pronunció ante los líderes americanos del Hemisferio en abril: “Si nuestra única interacción con la mayoría de estos países es la intercepción del tráfico de drogas –si nuestra única interacción es militar– entonces no podemos desarrollar las relaciones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y suponer un efecto beneficioso”. Sin embargo, establecer bases militares en el área con amplios y
ambiguos mandatos es una inversión basada en dar respuestas militares para todo, desde la pobreza hasta las tensiones bilaterales.

Un acuerdo negociado de forma apresurada para lograr bases militares en Colombia supone enormes peligros para todo el Hemisferio. Los líderes de Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han respondido de forma crítica y públicamente contra las instalaciones propuestas, incluso sugiriendo medidas que abarcan desde la suspensión de las relaciones diplomáticas hasta un bloqueo comercial.

Las consecuencias potenciales de la creciente tensión en la región son amplias y profundas. En un contexto marcado por el golpe de Estado en Honduras, la sensación de inestabilidad en Latinoamérica es muy acusada. Además, Venezuela es el segundo socio comercial más importante de Colombia, país con el que intercambia alrededor de 7 mil millones anuales en transacciones comerciales. Una suspensión temporal del comercio bilateral generaría un impacto muy grave para una gran parte de la población. Y en el caso de que las relaciones entre Colombia y Venezuela se deterioraran en un futuro, la presencia del ejército norteamericano sería susceptible de ser utilizada por Colombia como una cobertura para actos que supondrían una escalada del conflicto, sabiendo que EE UU intervendría para proteger sus intereses en la zona.

En el contexto actual, resulta racional que los líderes regionales vean la instalación de varias bases militares norteamericanas en Colombia como una amenaza potencial hacia su seguridad. La base de esta percepción se sustenta en los siguientes hechos:

. El ataque ilegal del ejército Colombiano fuera de sus fronteras a un campo de las FARC en territorio de Ecuador en marzo de 2008, lo cual precipitó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, las cuales todavía no han sido restauradas. En aquel momento, el presidente Obama manifestó que respaldaba dicho ataque.

. El gobierno colombiano ha acusado a oficiales de alta jerarquía de Venezuela y Ecuador de prestar apoyo a las FARC basándose en unas evidencias que han sido cuestionadas por dichos gobiernos, circunstancia que ha dado una dimensión internacional a la lucha antiterrorista de las fuerzas armadas en Colombia.

. A pesar de que el acuerdo de Manta se refería exclusivamente al monitoreo aéreo en la interceptación y lucha contra el tráfico de drogas, las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo en Manta operaciones de arresto de indocumentados ecuatorianos en botes localizados dentro de aguas ecuatorianas. Aunque el acuerdo propuesto con Colombia presumiblemente prohibiría operaciones al otro lado de las fronteras sin el permiso del tercer país, las violaciones de los términos del acuerdo de Manta generan legítimas dudas en los líderes de los países vecinos.

. El Departamento de Defensa expone que persigue “una serie de acuerdos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en América Central y Sudamérica”. USSOUTHCOM persigue el establecimiento de una base con “movilidad aérea en el continente de Sudamérica” desde el año 2005, según la Comandancia de Movilidad Aérea.

. Establecer y expandir la presencia militar de EEUU en Colombia evoca la larga y dolorosa historia de las intervenciones norteamericanas en Latinoamérica y El Caribe.

. También manifestamos nuestro temor de que este acuerdo sobre las bases militares represente una puerta trasera para proseguir con el respaldo militar al ejército de Colombia, a pesar de que el pasado año se documentó que el ejército asesinó a más de 1.000 civiles, alegando que se trataba de guerrilleros muertos en combate, con el propósito de incrementar sus estadísticas. Fuentes del Ministerio de Defensa colombiano han desvelado que Colombia está intentado obtener un aumento en la ayuda militar de EEUU como parte de la negociación sobre
las bases militares. La propia base de Palanquero, la cual alberga una unidad del ejército del aire colombiano, fue proscrita a la hora de recibir ayuda norteamericana durante 5 años debido al papel que jugó en el ataque que mató a 17 civiles, incluidos 6 niños, en 1998.

Resulta necesaria una revisión de la política de Colombia encaminada a afrontar las serias violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas de Colombia y del Estado, prácticas que incluyen: los asesinatos de civiles cometidos por el Ejército Colombiano desde 2002, los cuales fueron calificados de “extendidos y sistemáticos” por el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de la ONU y cuyo grado de impunidad se sitúa en un 98%; la persistencia y el incremento de los desplazamientos forzosos masivos de población rural de sus tierras, con más de 380.000 personas obligadas a abandonar sus casas en el último año; vigilancia ilegal, acusaciones infundadas y operaciones encubiertas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, jueces de la Corte Suprema y líderes de los partidos de la oposición a manos de la agencia de seguridad presidencial y, en algunos casos, a manos de unidades de inteligencia militar.

A la luz de estas consideraciones, la Administración debería reconsiderar su intención de centrar sus estrategias en la región exclusivamente en la alianza con el ejército colombiano. Para extender las relaciones con Sudamérica y el reconocimiento de los derechos humanos, EEUU no debería crear una fortaleza en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la región, el ejército colombiano.

Cabe destacar también que la Administración todavía no ha iniciado una revisión de la política contra el narcotráfico en la Región Andina que sea capaz de evaluar el fracaso de las políticas que se centran en intentar bloquear la oferta y el suministro de droga. De hecho, estas políticas no están logrando el más mínimo impacto cuantificable a largo plazo en el precio, la pureza y la disponibilidad de cocaína en EEUU. En cualquier caso, la naturaleza internacional del tráfico de
drogas requiere un acercamiento regional que construya un consenso de las naciones implicadas.

La Administración debería utilizar la cercanía de la base de Manta como una oportunidad para derivar recursos hacia programas de tratamiento y prevención de la drogadicción que actualmente trabajan en reducir la demanda de narcóticos ilegales.

Por todos los motivos expuestos, le urgimos a que adopte las siguientes medidas:

-Suspensión de las negociaciones para expandir el acceso del ejército de EEUU a bases u operaciones en Colombia, así como el inicio de un diálogo con los líderes Sudaméricanos para abordar los problemas de seguridad comunes en la región, incluidos aquellos relacionados con el tráfico de narcóticos.

-Iniciar una revisión de la política de EE UU en lo relativo a Colombia al objeto de que su principal objetivo sea la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado y la promoción del respeto por los derechos humanos.

-Instar de forma urgente al presidente Obama a que requiera al director de la ONDCP, Gil Kerlikowske, para que lleve a cabo una revisión de la política estadounidense contra el narcotráfico que se traduzca medidas concretas de financiación prioritaria para hacer visible el problema del tráfico de droga como una cuestión de “crisis de salud pública” y no como una “guerra contra el narcotráfico”.

Quedamos a la espera de su respuesta a estas preocupaciones y requerimientos.
Atentamente,

(Fuentes: dhcolombia.info, Codhes-Colombia y Agencia Prensa Rural-Colombia)

Ecuador-EE.UU

ESTADOS UNIDOS HABRÍA USADO LA BASE DE MANTA PARA LUCHAR MILITARMENTE CONTRA LAS MIGRACIONES . EL GOBIERNO Y LA ASAMBLEA ECUATORIANA INVESTIGAN LAS DESAPARICIONES DE UNAS MIL PERSONAS

Un estudio realizado por organizaciones de derechos humanos señala que, supuestamente, mil personas desaparecieron durante los 10 años de permanencia del Puesto de Operaciones Avanzadas del Comando Sur de EE.UU, como se denominan las instalaciones militares de Estados Unidos en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, que se desmantelarán este año, al no ser renovado el contrato en cumplimiento de lo que determina la nueva Constitución del país, que prohíbe las instalaciones militares extranjeras en territorio nacional.
La Comisión de Legislación recibió esa nueva denuncia que señala que los principales afectados fueron inmigrantes que salieron con rumbo a Centroamérica y a los Estados Unidos. Incluso, resume el documento, las familias de los desaparecidos no han tenido información de su paradero durante los 10 últimos años.

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos informó que no se opone a las investigaciones que se realizan en la Comisión de Legislación. Advirtió que se dedicaron a las tareas de control de antinarcóticos, pero que varias embarcaciones sospechosas de traficar drogas llevaban a emigrantes ilegales.

El reporte de los DD.HH. será entregado el 15 de julio al presidente, Rafael Correa; al titular de la Asamblea, Fernando Cordero, y al fiscal general, Washington Pesántez, para que se continúe con las investigaciones.

Además, el Gobierno creará una comisión que será encargada de fiscalizar y auditar el trabajo de la Base de Manta durante la permanencia de EE.UU. El comité será civil y militar y recopilará la información necesaria para emitir un informe.

Según el informe que prepara la Subcomisión de Relaciones Internacionales, el Ejército de los Estados Unidos habría violado el convenio que suscribió ese país con el Estado ecuatoriano en relación al uso de las instalaciones de la Base de Manta.

El documento, incluirá las declaraciones de los pescadores de la zona, de autoridades locales, de organizaciones de los derechos humanos e, inclusive, de ex funcionarios de la Embajada estadounidense.

El presidente de la Subcomisión, Marcos Martínez, señala que en el convenio suscrito entre ambos países no estaba estipulado el combate al "coyotaje" (inmigración ilegal). En declaraciones la ex embajadora de los Estados Unidos en Ecuador, Cristy Kenny, reconoció que el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en ingles) ubicado en la Base Aérea de Manta era utilizado para combatir el coyotaje.

La Comisión analiza la posibilidad de aplicar la figura jurídica de "Traición a la Patria" a las personas que permitieron la violación del convenio. Entre los posibles imputados bajo esta causa estarían el ex presidente de la República, Jamil Mahuad; el ex presidente del desaparecido Congreso Nacional, Juan José Pons; y el ex canciller, Heinz Moeller.


El Gobierno respalda la investigación

El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, respaldó la investigación que realiza la Comisión Legislativa a la Base de Manta, donde están desplegadas tropas estadounidenses desde 1999. Hay "algunas sombras" en la actividad de las fuerzas norteamericanos que se deben aclarar, resaltó Ponce en declaraciones a un canal de televisión.

Estoy a favor de esa pesquisa, pues ese es un episodio que tiene algunas sombras en nuestro país; fue una base entregada sin beneficio de inventario y el país "nunca tuvo un control directo sobre la información que se generó en las acciones de la Base de Manta", subrayó.

"Todo lo que sea transparentar un proceso es válido", aseveró el titular, al aclarar que su Ministerio no planteó una indagación a la base, pero entregó la información requerida por la subcomisión de Relaciones Internacionales del Legislativo.

Ponce señaló que los militares norteamericanos no entregan información a los ecuatorianos sobre los vuelos que se realizan desde el enclave, ni había participación nacional en los vuelos.

Al momento, la Subcomisión de Relaciones Internacionales realiza una investigación de las actividades de las tropas estadounidense, después de recibir varias denuncias de abusos, violaciones a los derechos humanos y desapariciones de marinos por el hundimiento de embarcaciones pesqueras por parte de fuerzas castrenses de Estados Unidos.

El convenio para el uso de la base fue firmado en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad y concluirá este año, tras la negativa del actual mandatario, Rafael Correa, de renovar dicho acuerdo.


“Desde la base de Manta combatían coyoterismo”

Entrevista a Marcos Martínez, presidente de la subcomisión de Relaciones Internacionales

Por E.Zambrano

El Telégrafo

La Subcomisión de Relaciones Internacionales realizó una fiscalización sobre el Acuerdo de Uso de la Base de Manta y sus repercusiones en los diez años de vigencia. Las consecuencias respecto a los barcos hundidos tienen varias aristas. El informe se presentará el 15 de junio.

-¿Hubo mil desaparecidos en Manta?
-Son personas que partieron en barcos desde el puerto de Manta y que no han reportado su llegada. Eso en consideración de que un barco puede hacinar de 100 a 200 personas. Vamos a convocar a las organizaciones de derechos humanos para que nos den luces sobre este tema, porque son las que nos han presentado este dato, pero no todas manejan el mismo número.

-¿Esos mil desaparecidos son por barcos hundidos y migrantes?
-Son personas que se sabe llegaron a las costas de Ecuador, que se embarcaron y que durante estos diez años no se han reportado como vivas con ninguno de sus familiares. Una opción es que estuvieron en los barcos hundidos, que migraron, que están en Centroamérica detenidos o que, simplemente, no quieren reportarse a sus familiares porque rehicieron su vida allá. Eso lo debe investigar la Comisión Auditora de la Base de Manta que integre el Ejecutivo.

-¿No es por la presencia de la FOL?
-Exactamente. Pero, hay personas que aseguran que sus familiares salieron de Manta por vía marítima. ¿Qué pasó con esas personas? Necesitamos investigar con datos más precisos como el día que salieron, nombres y lugares a donde viajaron. Debemos investigar si las embarcaciones fueron hundidas, si estas personas están detenidas y fueron llevadas a cárceles fuera del país.

-¿Hubo varios usos de la Base de Manta?
-La Base de Manta no fue utilizada solo para el monitoreo del narcotráfico, sino para otros fines. Tengo declaraciones de la ex embajadora Kristy Keney, en la que afirmó que desde ahí combatían el coyoterismo, cuando eso no contemplaba el convenio.

Al parecer sirvió para el control de los coyoteros y se agredió a los derechos humanos y se hundieron barcos, atentando contra las normas de derechos naturales e internacionales.

-¿Han recabado más información que la entregada por las organizaciones de derechos humanos?
-Hemos recogido mucha información proporcionada por la sociedad civil y unos pocos casos más. Además, hay documentos en los que los marinos se responsabilizan del hundimiento de barcos y piden que vayan a reclamar a la embajada, pero nunca han logrado la reparación ni la indemnización.

-¿Son muchos los casos pendientes de un arreglo en la justicia?
-El más claro es el del atropellamiento del ciudadano Víctor Hugo Mieles por parte de Demon Flyer, quien se refugió en la FOL y de allí partió para Estados Unidos. Tenemos a pesqueros y mujeres que quedaron solas, hay una señora que se presentó como la viuda del Jorge IV (nombre de una embarcación). Hay una falla del Estado al no haber amparado a las víctimas.

-¿Cuáles podrían ser los efectos de una comisión auditora, si los marines ya se van?
-Los marines tienen responsabilidades ante los tribunales de los Estados Unidos, como personas y como país por la violación de los derechos humanos y la extralimitación y violación del acuerdo de uso de la Base. Ese acuerdo fue inconstitucional y fue violado. Cometieron delitos comunes.
Ela Zambrano
ezambrano@telegrafo.com.ec
Periodista - Quito


El extraño inquilino se va de Manta
Por Ana María Acosta

INREDH(Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-Ecuador)

En 1999, un extraño visitante cargado de aviones, radares y militares bien uniformados llegó a la casa de la señora Manta, quería alquilar un lugar donde instalar su base y así controlar a los narcotraficantes terroristas, según él, de los países latinoamericanos. La señora Manta nunca había visto un terrorista y no sabía nada de sustancias estupefacientes, pero por buena gente dejó que un extraño ingrese a su casa; es que el problema era que el dueño del condominio, Jamil Mahuad, por tener una amistad directa con el extraño visitante, firmó un convenio, sin preguntar a nadie, para que el extraño ocupase 10 años la casa de la Señora Manta… Después de 10 años el inquilino ha sido es expulsado de la casa de la Señora Manta ¿Cómo dejó la casa? ¿Cuál fue su relación con los vecinos? ¿Qué hizo en estos 10 años? Estas son las preguntas que ahora se hace Manta.

Antecedentes

En 1999, pocas fueron las voces que advertían sobre la instalación de la Base Militar Norteamericana en territorio ecuatoriano, pocos decían que era una pérdida de soberanía y una complicidad con el Plan Colombia que Estados Unidos empezaba a implantar en la zona, para el control del narcotráfico y la desarticulación de movimientos subversivos colombianos.

La información sobre las condiciones del convenio era escasa, no lo supo ni el Congreso Nacional; todo se hizo con total servilismo del gobierno de Jamil Mahuad y su amigo socialcristiano Heinz Moeler. Era el auge del neoliberalismo en nuestro país, los partidos de derecha tenían copados los espacios de poder, con un gobierno que se esforzaba por salvar a los banqueros llevando al país a la mayor crisis económica de su historia. Así que, el 12 de noviembre de 1999, en busca de apoyo de la Embajada Norteamericana, el tambaleante gobierno de Mahuad firmó el convenio para que Estados Unidos instale el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, Forward Operating Location), nombre con el que se maquilló a la Base Militar Norteamericana en Manta.

El nuevo Miami

“Aquí en Manta ofrecieron un Miami. A las élites de la ciudad les entusiasmó eso, y formaron un grupo Pro Manta. Los gobiernos en esa época no hacían nada por las provincias, por eso, en vista del abandono gubernamental, dijeron que esa era la salida. Así, el dólar se convirtió en todo, nos volvimos occidentales, aunque en la zona sur de Manabí siempre hubo resistencia”, dijo Miguel Morán a la Comisión Especializada de Asuntos Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, que ahora está interesada en saber qué hicieron los gringos en Manta.


Miguel Morán, abogado sindicalista y catedrático de derecho, es dirigente del Movimiento Antiimperialista Thoallí, y es una de las pocas voces disidentes que se escuchó desde 1999 en oposición a la instalación de la Base, en una época en que la mayoría de la población veía en su llegada la esperanza de crecimiento económico. Él cuenta que varios mitos se construyeron en torno a la instalación de la Base. Los medios de comunicación, las autoridades locales pertenecientes a partidos de la derecha Social Cristiana, anunciaban la llegada del bienestar norteamericano a Manta. “Los gringos van a traer dólares”, decían.

Pero, al pasar los años el sueño americano llegó a Manta con otro rostro. Los bares, discotecas y cabarets crecieron y los empleos que se crearon en la FOL tuvieron la duración de la remodelación de las instalaciones del aeropuerto, o sea 8 meses, y luego los trabajos ofrecidos fueron en labores de limpieza y transporte de carga, con sueldos muy inferiores a los de los norteamericanos. El crecimiento del turismo y el comercio que se esperaba llegó para pocos. Así lo cuenta un anciano de 90 años, el capitán retirado Jacobo Jara, quien en su largo camino de vida, vio los cambios que sufrió Manta:

“Yo he sido uno de los que ha sufrido. En la avenida Flavio Reyes mi familia y algunas docenas de personas más, tenían pequeños negocios. Antes de llegar los norteamericanos, los arriendos eran de 50 dólares, por un local, donde tenían sus negocios y vivían con decencia, ganaban con decencia. Pero llegaron los norteamericanos, no digo que sean ellos los que impusieron el precio, pero por la influencia de ellos, apenas llegaron y pagaban 1.500 dólares en el oro verde, los arriendos subieron de 50 a 500 dólares cada mes. Nuestros pequeños negocios salieron derrotados. Llegaron otros con alguna relación económica más poderosa, más grande, y personas humildes fueron despojados de sus sitios y dados a la quiebra, los pequeños comerciantes que ahí habían trabajado por tanto tiempo honorablemente perdieron sus negocios”

Según la Embajada de Estados Unidos “El FOL inyecta más de 6.5 millones de dólares anualmente a la economía local de Manta”. Esto según el Dr. Miguel Morán no es dinero que beneficia a la población de Manta, ya que: “los militares norteamericanos durante su estadía no consumieron productos locales, y el dinero se movió en un reducido círculo social alto, entre bares de lujo y sitios reservados. El crecimiento de Manta, si se puede llamar así, se debe a otras razones y no a la presencia de militares extranjeros”.


Además la Embajada afirma que la inversión que hicieron en Manta “incluye un componente importante en costos de operación del aeropuerto, con más de 2 millones para la operación del Departamento de Bomberos del FOL de Manta y aproximadamente 200.000 en costos de mantenimiento del aeropuerto”. Pero el jefe de Bomberos de Manta, Sofonías Rezabala, confronta este argumento y asegura que su trabajo es autónomo y que no han recibido algún vehículo por parte de la FOL, como afirmaron en un medio de comunicación local, además cuenta que “cuando hubo el incendio en el centro, todos los criollos de Manta estuvimos, los de la FOL llegaron ya para recoger las cenizas”.

Los ofrecimientos de “bienestar” derivados de la instalación de la base, creados por los medios de comunicación, por las autoridades locales y por la Embajada de Estados Unidos, ocultaban la incidencia geopolítica de esta base en el Ecuador. Es así, que organizaciones locales y nacionales empezaron a colocar en su agenda política la lucha contra la presencia de militares extranjeros en la FOL, más allá de un inocente Puesto de Operaciones de Avanzada, y se empezaron a preguntar sobre el rol de esta base en las nuevas políticas de seguridad de los Estados Unidos y su intención de tener libre acceso a los recursos naturales, en especial, a los recursos energéticos y a la biodiversidad; además se preguntaban cuál era su rol en el panorama de la implementación del Plan Colombia, ya que el propio Ex Comandante del Puesto de Operaciones de Avanzada de Estados Unidos, Javier Delucca declaró: “La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área”

Este peso de la Base de Manta en la militarización de la región, llamó la atención de organización internacionales antimilitaristas, convirtiendo al tema en un emblema de resistencia a la hegemonía militar norteamericana en el mundo.

En el 2003 empezó el trabajo de la Coalición No Bases Ecuador, conformada por más de 20 organizaciones que, a través de acciones, debates y educación, permitieron posicionar al tema y colocar en la agenda pública la no renovación del contrato de utilización de la Base Aérea Eloy Alfaro.

En el 2008 la Coalición propuso a la Asamblea Nacional Constituyente que incorporara en la Constitución el siguiente texto:

“El Ecuador es territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios con otros Estados”.

La esencia de esta propuesta fue aceptada por la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que el Artículo 5.- de la nueva Constitución aprobada dice: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

En cumplimiento de la Constitución y de su ofrecimiento de campaña, el Presidente Rafael Correa anunció que no renovará el convenio con Estados Unidos para la utilización de la Base de Manta, de esta forma, la FOL y sus inquilinos deberán dejar la Base Aérea Eloy Alfaro antes de noviembre del 2009. Pero, previa a su salida, como cualquier inquilino que arrienda una casa, los militares norteamericanos deberán rendir cuentas sobre qué actividades realizaron en estos 10 años. Por tal razón, la Coalición No Bases Ecuador antes que los militares abandonen Manta, pidió a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional que se investigue las operaciones realizadas desde Manta por las tropas extranjeras y que se verifique si son fundadas las sospechas que tienen diversos sectores gubernamentales y sociales de que el bombardeo colombiano de Marzo del 2008 en Angostura, en Ecuador, contó con ayuda logística o informativa proporcionada por aviones estadounidenses que decolaron desde Manta, la noche del 28 de febrero de 2008. La Comisión aceptó la propuesta, por lo que el 21 de Mayo, acompañada de representantes de la Coalición No Bases y de organización de Derechos Humanos, llegó a Manta para realizar una visita previa a una Auditoria Pública.

Después de 10 años que la Base Militar Norteamericana se instaló en Manta, el silencio con el que se aprobó el convenio ha sido roto. Organizaciones sociales, colectivos juveniles, asociaciones de pescadores, mujeres y personas particulares, recobraron la palabra para contar a la Comisión y al mundo los impactos de la presencia de militares extranjeros en Manta.

Testimonios de la Audiencia Pública: “Los radares no me devuelven a mi esposo”

En una casa de caña guadua, en las afueras de Manta, donde no existen edificios enormes, ni sucursales de bancos internacionales, tampoco restaurantes de lujo y se percibe el aliento de la boca abierta de una fábrica empacadora de pescado; en este sitio fue donde mujeres, ancianos, jóvenes, todos pescadores, se reunieron para expresar su rechazo a la base militar estadounidense, en la Audiencia Pública que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional instaló.

A pesar del pequeño espacio estaban todas y todos reunidos, no era para menos, era la primera vez que representantes del Estado los visitaban sin ser época de campaña electoral. Así, la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, como si fuera una sesión normal, tomó el quórum y abrió la Audiencia.

El primero en tomar la palabra fue Milton Ayala Castro, Vicepresidente de la Asociación de Pescadores Autónomos Artesanales de Manabí, Miramar, quien todavía no creía que una Comisión entera estuviera presente para escucharlos. Después, impulsada por una fortaleza notable, una mujer con manos curtidas, mirada que guarda tristeza, pero con una voz de retumbar de olas, tomó la palabra. Ella es María Urgilés, esposa de uno de los 18 pescadores desaparecidos el 15 de junio del 2003. Su esposo y 17 pescadores más, salieron de su casa como todas las semanas a pescar en el barco “Jorge IV”, pero nunca regresaron.

El Jorge IV desapareció en el 2003, en un periodo en el que se dieron el mayor número de interdicciones de barcos. Existen indicios de que fue embestido por alguna nave muy grande, pero no se puede determinar con veracidad los hechos. Las mujeres de los pescadores y sus hijos aducen que este barco fue embestido por una nave estadounidense, de ahí la demora en iniciar un proceso de búsqueda, pues hasta dos días después de la desaparición, aún la Capitanía del Puerto y el propietario del barco Jorge Corral aseguraban a los familiares que el barco estaba bien y que habían hablado con la tripulación. Al final los radares, los satélites y la tecnología de punta con la que cuentan los Militares Norteamericanos en la Base de Manta no dieron respuesta sobre el barco y hasta el momento no existen rastros.

Los pescadores, las viudas y las madres piden que se investigue cuál es la información qué tiene la FOL sobre el hundimiento y desaparición del Barco y preguntan ¿Cómo pueden desaparecer 18 personas en el mar sin dejar huellas? ¿Cómo puede un Centro de Operaciones de Avanzada con toda la tecnología de punta no saber lo sucedido con un barco? En torno a este testimonio, los asambleístas decidieron extender esta investigación a la Capitanía de Puerto y a los propietarios del Jorge IV para saber si las comunicaciones existieron realmente o porqué no se dio paso a los operativos de búsqueda de manera oportuna. María quiere hacer un trato con el gobierno de Estados Unidos: que se lleve la FOL, los radares y aviones y le devuelvan a su esposo.

Mientras María hablaba, un anciano escuchaba conmovido el testimonio de María y en una hoja de papel arrugada como su piel, escribía con letra manuscrita: “Imperio Norteamericano… Ministra Larriva… Colombia Ataque Angostura… Soberanía ecuatoriana… pescadores nobles…” Eran palabras claves para recordar lo que diría cuando tomara la palabra. Él es el Capitán retirado Jacobo Jara, del Comité Patria Tierra Sagrada, tiene 90 años de edad y cuando tomó la palabra un silencio solemne ingresó en la casa de caña guadua: “Ya son 10 años, ¿qué hemos sacado, qué beneficio nos han dado los norteamericanos? Por la presencia de ello, hay un grande e inmenso perjuicio. En primer lugar, aquí porque están ellos no pueden aterrizar aviones norcoreanos, no pueden aterrizar aviones vietnamitas, de Irán, aquí no pueden aterrizar aviones que sean enemigos de ellos, pero que de nosotros no son enemigos, entonces ¿qué beneficios nos trae cuando ellos son los que escogen los amigos que pueden venir a nuestra patria a visitar o a hacer comercio?, solo lo que ellos les convenga, ese es un gran perjuicio”

Después el miedo a hablar se perdió, mujeres, madres, hijas tomaron la palabra, querían contar sobre su esposo, su padre, su hijo desaparecido, mientras los pescadores querían saber quién les reconocerá los daños a sus barcos, quién sacará su barco del fondo del mar, quién les devolverá la libertad de pescar en su mar, donde también pescaron sus padres y abuelos.

En la tarde, la Audiencia Pública se abrió en la Sala de Postgrados de la Universidad Laica Eloy Alfaro, donde más organizaciones y personas particulares acudieron al llamado de la Comisión de la Asamblea. Todos y todas querían hablar, parecía que esta vez, a diferencia de años atrás, el silencio no había sido invitado.

Poco a poco los testimonios comenzaron a evidenciarse, algunos mostraban su rechazo desde una visión política-ideológica, mientras que otros, aún con temor, contaban sus encuentros en el mar con militares extranjeros. Uno de ellos, fue el Capitán del Barco “Ochossi”, otro de los barcos afectados por la presencia de militares extranjeros, quien contó: “En el 2005 militares extranjeros nos abordaron, y un avión nos sobrevoló 8 horas, nos arrinconaron en un hueco, nos pusieron armas, nos hicieron tomar fotografías con nombre y apellido como narcotraficantes, al siguiente día recién nos dieron de comer, destruyeron nuestras lanchas, ingresaron material para perforaciones, al no encontrar nada, se fueron. Cuando le preguntamos que quién pagaba los daños, nos entregaron una hoja y nos dijeron que vayamos a la embajada, nos dejaron a la deriva”.

Luego, siguieron los testimonios de más pescadores, de pequeños barcos, de grandes buques, jóvenes, mujeres, contando las violaciones a los derechos humanos, barcos abordados, controles exagerados, incluso torturas. Sólo una profesora, de una escuela para niños con capacidades especiales, contó la ayuda que recibió de la FOL norteamericana. En total se recibieron denuncias de: 14 barcos hundidos, 4 barcos dañados y sin posibilidades de reparación, 1 barco desaparecido, 125 migrantes sometidos a tratos inhumanos y degradantes, reñidos incluso con la moral, 2 personas detenidas y desaparecidas. Todos estos testimonios se presentaron con la documentación requerida, incluso con fotografías y evidenciaron una realidad ocultada durante 10 años por medios de comunicación, autoridades locales, en complicidad con las autoridades de turno.

Estos testimonios, que confirman que la FOL durante su estadía en Manta realizó otras acciones, fuera de las bases del convenio, tendrán que ser investigados con mayor profundidad a través de la auditoría que propone la Comisión de Asuntos Internacionales, que se espera de respuestas a Manta y al Ecuador, para que los culpables sean sancionados y las personas afectadas sean reparadas física, económica y moralmente.

En busca de respuestas…

El tercer día de estadía en Manta, La Comisión de la Asamblea junto con organizaciones de Derechos Humanos y la Coalición NoBases visitó La Base Aérea Eloy Alfaro, donde tuvo un encuentro con los militares ecuatorianos y con funcionarios estadounidenses, el Teniente Coronel Jared Curtis, Comandante del FOL, el agregado militar de la Embajada y una oficial política.

Eduardo Cárdenas, Comandante de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta explicó que el control de la mayoría de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro está en manos de militares ecuatorianos y que las actividades se limitan a facilitar información, como manda el convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos que dice “el único y exclusivo propósito es de llevar adelante operaciones de detección, rastreo, y control de actividades ilegales del tráfico aéreo de narcóticos”

Así también, la Embajada Norteamericana en su página web dice que el trabajo de la FOL está limitada al campo de antinarcóticos y que las misiones aéreas proporcionan información para las operaciones de interdicción marítima de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de los países socios, pero no intervienen directamente en las operaciones y afirma que: “La información que recogen estos vuelos antinarcóticos que salen del FOL es analizada por la “Joint Interagency Task Force South (JIATF-South), una fuerza de tarea internacional y multilateral con base en Key West, Florida, que está formada por diferentes departamentos del Gobierno de los Estados Unidos y tiene funcionarios de coordinación de 12 países, incluso del Ecuador”

Pero Comandante de Base Aérea Eloy Alfaro afirmó que “La información es algo intangible que no se puede tocar y el valor de esa información es el procesamiento y lo que se hace con esa información. Se podría decir que esa información si la tuviéramos aquí no serviría para nada. Cada información está relacionada con un montón de cosas”

Entonces, la información viaja por el aire hacia Estados Unidos y los militares ecuatorianos no tienen conocimiento, ya que “es tecnología avanzada que no sabemos cómo funciona” Entonces. ¿Qué sucede con la información que se obtiene en territorio ecuatoriano? ¿Cuáles es el fin último?

Según la Embajada de Estados Unidos “Basándose en la información recibida desde el FOL y de otras fuentes, la JIATF-South puede proporcionar guías a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas para que puedan realizar operaciones de intercepción de drogas? En la Hoja Informativa, Contribución del FOL de Manta a la lucha antinarcóticos y a la comunidad de Manta, se dice que durante el 2008, con el personal de apoyo a las operaciones antidrogas del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL) localizado en la Base Aérea Eloy Alfaro “se respaldó 822 misiones antinarcóticos, contribuyendo al decomiso de 229 toneladas métricas de cocaína, que habrían tenido un precio estimado de 4.570 millones de dólares en las calles”

Según los norteamericanos en la FOL, se han capturado casi 1800 toneladas de cocaína. Estos datos no concuerdan con la información que tienen el CONSEP, por lo que cuando la Comisión le preguntó esto, el agregado militar tuvo que aceptar que esta cantidad de droga corresponde a operaciones de las tres FOL instaladas en América Latina y en operativos combinados con 11 países.

Los medios de comunicación nacionales que son llevados con frecuencia a visitar la FOL aceptan sin chistar los datos que les proporcionan los militares estadounidenses. A ningún reportero se le ocurrió preguntar dónde estaba la droga decomisada o dónde estaban los juicios y personas detenidas por estos operativos. Ahora resulta que toda la infraestructura militar estadounidense de tres FOL de América Latina, y la acción combinada de 11 países logró la captura de las 1756 toneladas de cocaína de la que habla la embajada estadounidense; esto quiere decir que sólo se tiene un grado de efectividad de alrededor de 15 toneladas de cocaína capturadas por año en cada país participante; esta es una efectividad nula, incluso ridícula, si se considera el número de misiones aéreas, el personal destinado y las inversiones realizadas. Si son tan poco eficientes en el control del tráfico de drogas, cabe la pregunta ¿qué más hicieron en Manta?

Pero hay otro tema que queda pendiente de ser investigado. Si la FOL se limitaba al control aéreo antinarcóticos ¿qué sucede con los abordajes, hundimientos y controles a pescadores en el mar de Manta?

Sobre esto el Comandante de las Fuerzas Armadas afirmó que “A nosotros nos compete solo el control del espacio aéreo todo lo que pase en el mar es responsabilidad de la marina ecuatoriana nosotros controlamos el espacio aéreo y eso es lo que hace el convenio. Entonces ¿qué papel jugó la Marina del Ecuador en los abordajes, interceptación de barcos de pescadores y migrantes? ¿Cuál fue el papel de los militares extranjeros acantonados en Manta? Estas son algunas de las preguntas que quedan flotando en el aire y que deben responderse lo más pronto posible.

La visita de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, recopiló abundante información para fundamentar la necesidad de realizar una auditoría, no solo para que las acciones de los soldados estadounidenses no queden en la impunidad, sino también para dar un ejemplo a los demás países sobre las formas en que un pueblo digno puede ejercer su soberanía.

La auditoría deberá encaminarse a buscar la real dimensión de las acciones estadounidenses, pero además, deberá establecer responsabilidades políticas y penales por los daños causados, tanto a las personas afectadas, como a todo un pueblo al que un sector político entreguista le impuso una base militar extranjera
La Comisión de la Asamblea deberá ahora llamar a comparecencia a quienes hicieron posible la firma del convenio y luego presentar un informe al Presidente Rafael Correa para que él haga realidad esta auditoría, no solo deseada por los ecuatorianas y ecuatorianos amantes de la paz, sino por todas las organizaciones que buscan construir un mundo sin armamentos y sin acciones militares.


INREDH y la Coalición No Bases - Ecuador, seguirán de cerca el proceso de la auditoría y realizarán acciones masivas como repudio y despedida a las tropas extranjeras, estas acciones se darán en el marco de una campaña nacional a la que hemos denominado “Lluksi Yanquis Forever”, en la que habrá conciertos, graffitis, foros y el acondicionamiento de una barco dañado que permanece en la playa de Tarqui, en Manta.

(Fuentes: El Comercio-Quito, CRE-Satelital, El Telégrafo-Guayaquil, Prensa Latina y LibreRed-INREDH)

Ecuador:Relaciones con EE.UU.

LA EMBAJADA NORTEAMERICANA OBLIGADA A DEVOLVER INFORMACIÓN RESERVADA EXTRAÍDA DE LOS ARCHIVOS DE LA POLICÍA, DÍAS DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE UN DIPLOMÁTICO POR SU INJERENCIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL ECUATORIANO

El Gobierno ecuatoriano denuncia que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Quito sustrajeron información de los computadores de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional. La denuncia fue revelada por el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien calificó el hecho como “inaceptable”. El incidente, según Carvajal, afecta la seguridad nacional

El gobierno también exigirá una explicación a la Policía sobre los convenios relacionados con la lucha contra el narcotráfico, investigaciones especiales y otras áreas.
“Si esa ha sido una práctica durante algunos años, exigimos a la Policía que nos diga desde cuándo y a base de qué aprobaciones de nivel político se han ejecutado estos convenios”, dijo Carvajal.
El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que “se presentarán los reclamos dignos” a los funcionarios extranjeros que “osaron y tuvieron la audacia de realizar aquello”.
Correa denunció que la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando de los Estados Unidos sustrajo la información entre el miércoles y jueves de la semana pasada.
Por esta razón, el gobierno del Ecuador expulsó esta semana al funcionario de la embajada norteamericana Armando Astroga.

Finalmente, este miércoles, personal de la Embajada de Estados Unidos entregó a la Policía de Ecuador la información sustraída de unos ordenadores de la unidad contra el contrabando, que obtuvo luego de que suspendiera la financiación que entregaba a esa oficina. Así lo confirmó el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien señaló que la información recibida por la Policía ecuatoriana será revisada para descartar una posible manipulación.
"La Policía nacional está haciendo una investigación informática sobre lo que se ha entregado", señaló Carvajal ."Esperamos que no haya sido manipulada" dicha información, añadió Carvajal, quien recordó que la embajada de EE.UU. obtuvo los ordenadores tras decidir suspender la ayuda financiera a la unidad contra el contrabando.

La embajada participaba en el nombramiento de policías

La situación trae cola. Previamente, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, Armando Astorga, había escrito una carta al comandante de Policía Jaime Hurtado, haciéndole conocer que su gobierno suspendía el convenio de apoyo logístico y operativo a la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando del Ecuador. Esta unidad pertenece, a su vez, a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. El argumento que esgrimió el funcionario de los Estados Unidos fue que no funcionaba satisfactoriamente la coordinación entre la Embajada y la Policía para decidir el personal que se asignaba al Centro de Operaciones Anticontrabando.

La comunicación del diplomático estadounidense da a conocer un hecho sorprendente, que los EE.UU. han tenido injerencia en el nombramiento de policías ecuatorianos. Para Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el asunto es tan dramático que permite la existencia de un convenio que otorga esa posibilidad. "No solamente la relación fue política e informal, sino que fue tan grave que el gobierno ecuatoriano suscribió por error, por descuido o voluntariamente un convenio que permitió esa barbaridad".

Por esta acción, el domingo pasado el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodges, para informarle "la indignación del Gobierno ecuatoriano y el rechazo a los términos con que Astorga se dirigió al comandante de Policía".

Para Adrián Bonilla, lo que existe es un convenio que revela una relación de subordinación histórica por parte de ciertos organismos del Estado ecuatoriano a entidades de fuera del país, que ha marcado las formas de procesar los temas de seguridad a lo largo de los últimos 30 años. Este convenio, según Bonilla, estaba en vigencia y fue renovado recientemente.

Según el comandante general de Policía, Jaime Hurtado, dicho convenio era verbal, no escrito. Sobre esto, el ministro Carvajal expresó que, en adelante, todo tipo de acuerdo tiene que realizarse por escrito sobre la base del respeto a la soberanía. También manifestó que la Policía tendrá que dar explicaciones sobre este tipo de prácticas.

Bonilla opina que si el convenio, en efecto, fue verbal, hay responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales en aquellas personas que transfirieron la información. "Esto, sin embargo, tiene que verificarse, porque tanto el presidente de la República, Rafael Correa, como la Policía y los funcionarios de la Embajada norteamericana mencionaron siempre la existencia de un convenio ".

Correa ordena investigar y despedir a los policía implicados

El Presidente Rafael Correa, arremetió ayer contra la Policía y ordenó a su nuevo Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, que averigüe los nombres de los oficiales que entregaron información de inteligencia a la Embajada de Estados Unidos, para sacarlos de la institución. El diplomático estadounidense Armando Astorga solicitó al comandante de Policía, Jaime Hurtado, el 8 de enero pasado, que devuelva los equipos, vehículos y computadoras que donó su gobierno al Centro de Operaciones de Contrabando (COAC), por no ser consultado en la designación del comandante de esta unidad.

El gobierno expulsó el sábado pasado del país a Astorga por considerar su misiva una ofensa a la soberanía. El presidente Correa dijo entonces que “Policías obsecuentemente se prestaron para eso. Tal vez están confundidos y creen que trabajan para una embajada y no para su propia patria; entregaron todos esos equipos e información de quince años de unidades especiales sobre redes delictivas, etcétera. Eso no lo vamos a tolerar. Quiero saber quiénes son los policías que se prestaron para inmediatamente separarlos de la institución". Calificó de “un hecho gravísimo” que la Policía no haya informado que en las computadoras había información clasificada:“Hay enemigos desde adentro que están enquistados tratando de torpedear este cambio para boicotearlo y desestabilizar al Gobierno. Se acostumbraron a vivir de la limosna del poderoso”, denunció.

Por su parte, el Ministro de Gobierno ,Gustavo Jalkh ,calificó al hecho como un acto de traición a la Policía y se comprometió a cumplir con la disposición presidencial. Dijo que revisará el informe de la Comisión civil-militar, creada por el Gobierno para que investigue la supuesta infiltración de la CIA en las Fuerzas Armadas y Policía, en cuyo informe final sugiere la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía. A finales de 2008, el gobierno de Correa denunció una infiltración de la CIA en los servicios de inteligencia del Ecuador. También denunció que la CIA conocía previa y detalladamente el bombardeo y la invasión colombiana del 1º de marzo contra una base clandestina de las FARC en territorio ecuatoriano. Este incidente provocó una crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Entre tanto, el Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, confirmó que la Embajada de EE.UU. devolvió la información robada tras una enérgica protesta diplomática. “Esta información fue devuelta ayer (martes) al mediodía, pero evidentemente es un hecho que tiene que ser explicado”, aseguró el ministro.

La ruptura del conveno policial

Rafael Correa, explicó la expulsión del agregado de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Armando Astorga Junior, quien dirigió una carta al Comandante General de la Policía, Jaime Hurtado Vaca, dando por terminado “el entendimiento de apoyo logístico brindado a la Unidad del Centro de Operaciones Anticontrabando de la Dirección Nacional del Inteligencia de la Policía Nacional”.

Según el Presidente de Ecuador el agregado estadouniense actuó con insolencia al pretender que Ecuador es “colonia de Estados Unidos”, al no permitir que se designe al personal que dirige esa Unidad. Según Correa, Astorga dio por terminado el convenio porque “ellos ya no seleccionan el personal, sino que lo seleccionamos como país soberano” y que antes quien lo hacía era la Embajada.

La conclusión del convenio suspende la financiación de 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo; y 160.000 dólares anuales que se iban a entregar a la Unidad Nacional de Trata de Personas.“Señor Astorga quédese con su sucio dinero. No lo necesitamos. Aquí hay soberanía y dignidad”, dijo el mandatario, tras ordenar al Comandante de la Policía entregar “inmediatamente” todos los equipos que hayan recibido. “Que se queden con sus cosas. Ecuador no necesita de caridad de nadie”, afirmó Correa. Visiblemente molesto, el Presidente añadió que propondrá la donación de los 160.000 d´lares anuales para que Estados Unidos financie proyectos para evitar la tortura en cárceles como la de Guantánamo.

Una base en Colombia para sustituir a la de Manta

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, confirmó que ha conversado con el gobierno colombiano sobre la posibilidad de trasladar a ese país la base militar estadounidense ubicada en el puerto ecuatoriano de Manta. El convenio sobre esta instalación concluye este año y el gobierno del Ecuador no aceptó renovarlo. La nueva Constitución ecuatoriana prohíbe las instalaciones militares extranjeras en suelo nacional.

"Estamos en conversaciones para ver cuales son las opciones y alternativas para el futuro . Colombia es uno los gobiernos con los cuales estamos conversando", declaró Brownfield a la prensa. Brownfield anticipó que la iniciativa podría definirse en el encuentro entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas de abril próximo en Trinidad y Tobago; aunque no existe confirmación del encuentro. Anteriormente se filtró la posibilidad de que fuera Perú el país que albergará las instalaciones que sustituyan a las de Manta.

Al respecto, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa reveló que la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges le pidió que, tras la salida norteamericana este año de la Base de Manta, se permita el aterrizaje de aviones de control antidrogas. Correa aseguró que Ecuador aceptará los aterrizajes, pero con una condición: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país” "Nosotros calificaremos a los pilotos si no, no me aterriza ningún avión norteamericano", afirmó.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, El Universo-Guayaquil, Radio Nederland, El Ciudadano-Ecuador, El Comercio-Quito y Confirmado.net)

Ecuador: Constituyente

CORREA SE PONE AL FRENTE DE LA CAMPAÑA POR EL SÍ EN EL REFERENDUM DEL 28 DE SEPTIEMBRE. MÁS DEL 62 % APOYA LA NUEVA CARTA QUE DEFINE UN PAÍS PLURICULTURAL Y SOBERANO, SIN PRESENCIA MILITAR EXTRANJERA

Comenzó la campaña por el referendo del 28 de septiembre sobre la nueva Constitución de Ecuador, con la que el presidente Rafael Correa busca instaurar el "socialismo del siglo XXI", y en ella están inscriptos 128 partidos y agrupaciones. El Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente al referendo en la noche del miércoles a través de un mensaje en cadena de radio y televisión. La prensa local publicó este jueves 14 la convocatoria oficial con la única pregunta que llevará la papeleta de votación: "¿Aprueba usted el texto de la nueva Constitución Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?" .

La campaña durará 44 días, hasta el 25 de septiembre, 72 horas antes de la elección, y están convocados 9,7 millones de ecuatorianos, de un total de 13,8 millones de habitantes. Para la aprobación, el sí deberá reunir 50 por ciento más un voto. El ejecutivo asegura que cuenta con 65% de las intenciones a favor. Aunque las encuestadoras privadas hablan de un apoyo de apenas el 47% y de que la suma de votos en contra, nulos y blancos da un 51% la encuesta que mantiene 'on line' el diario El Comercio de Quito, le concede al SÍ más del 62 %.

Los obispos, al frente de la Contra

Aunque la campaña comienza formalmente ahora, en realidad ya está en marcha desde hace semanas, al menos para la jerarquía de la Iglesia Católica, que no cesa de atacar el proyecto constitucional, especialmente por el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los obispos también dicen que la nueva constitución 'concentra' todos los poderes en el Presidente

El Presidente Rafael Correa llamó "mentirosos" a los obispos y texto en mano ha tratado de desmentirles. El artículo más cuestionado por la Iglesia Católica reza de manera textual: "El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción", según el proyecto difundido por la Asamblea.
Pero para el presidente de la Conferencia Episcopal , el arzobispo Antonio Arregui, , el párrafo es ambiguo y contradictorio con otro artículo que "reconoce a toda persona el poder de decidir cuándo y cuántos hijos tener, asumiendo así la aceptación del aborto".
En comandita con los jerarcas católicos, la derecha y los empresarios de oposición respaldan esos cuestionamientos y acusan a Correa de hacer una Constitución a su medida para extender su mandato, concentrar el poder y 'estatizar' la economía. Algunas figuras políticas de peso como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y los asambleístas de oposición también lideran el discurso en contra del actual texto constitucional

Además del gobierno, grupos como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas que reúne a 190 alcaldías del Ecuador, así como 23 prefecturas han manifestado su apoyo al Sí.

Acuerdo País inicia la campaña por el SÍ

El partido del presidente Correa no ha perdido ni un segundo en iniciar la campaña por el SÍ. Acuerdo País comenzaba a desplegar su maquinaria electoral este mismo miércoles 13, a las 17:00, en su sede principal de Quito, aunque sin la presencia del presidente Correa, de gira por el Cono Sur. Al lanzamiento asistieron miembros de la Asamblea Constituyente, que acabó a finales de julio de redactar el texto que será sometido a referendum el 28 de septiembre. El movimiento Alianza País planea realizar una campaña de puerta a puerta, para promocionar el texto constitucional. En el lanzamiento de la campaña se insistió en que la figura del presidente Correa será su eje.

El Gobierno deberá tener cuidado con su participación en la campaña. El artículo 21 de la Ley de Control del Gasto Electoral prohíbe “a todo organismo o entidad pública, funcionario, empleado o servidor público, la utilización de los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o partidos en la obra o proyectos a su cargo”. La sanción para el incumplimiento es la destitución del cargo. Y la oposición cree que Correa utilizará el aparato estatal para hacer campaña por el Sí.

Orlando Pérez, secretario de prensa de la Asamblea Constituyente y uno de los coordinadores del buró de campaña del movimiento oficialista Alianza País, cree que es "legítimo" que el presidente haga campaña por el Sí, siempre y cuando no se usen recursos públicos. "Me parece que legítimamente los actores políticos deben actuar, pero también encontramos a alcaldes utilizando recursos públicos que siguen haciendo campaña por el No" dice Pérez.
Por su parte Jorge Acosta presidente del Tribunal Supremo Electoral opina que "es normal" que el presidente realice campaña: "Él pidió la consulta, él patrocinó todo el tema de la Asamblea... he estado en muchos, muchos países como observador internacional (en procesos electorales), y jamás he visto que el presidente de la república se abstenga de participar por lo que él considera apoyo a su voto".

El apoyo a la nueva Carta Magna, en aumento

La nueva Constitución tenía a finales de Julio un apoyo de sólo el 41 por ciento de los votantes, según la encuesta de Cedatos-Gallup Internacionacional. Pero dos semanas antes, el "Sí" contaba con apenas un 32 por ciento. A día de hoy, según el Gobierno, el apoyo es ya del 65 por ciento, lo que parece algo exagerado y más bien el objetivo a lograr en el referendum de septiembre. El diario de Quito 'El Comercio' le da´al SÍ el 62 por ciento, en una encuesta abierta en su edición digital.

La propuesta constitucional, que se someterá a la aprobación de los ecuatorianos el 28 de septiembre fue aprobada el 23 de Julio por 94 votos a favor sobre 126 asambleístas presentes.
La Asamblea, que sesionó desde noviembre en el pueblo costero de Montecristi aprobó finalmente un texto que incluye cambios como la reelección presidencial inmediata por una sola vez, además de plantear cambios en las estructuras estatales y aumentar el poder del presidente y la presencia del Estado en áreas estratégicas. Igualmente, prohíbe la presencia militar extanjera en el territorio ecuatoriano, como son las instalaciones que Estados Unidos tiene en la base aeronaval de Manta, en el Pacífico. Como el gobierno del presidente Rafael Correa ya ha informado a Washington que no renovará el acuerdo militar que concluye en 2009, aun en el hipotético caso de que la nueva Constitución no fuera refrendada en septiembre, el Pentágono Estados Unidos tendría que sacar , igualmente, sus hombres y pertrechos de Manta.

¿Constitución de Correa?

Por Guido Proaño (*)

No. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente no es de Rafael Correa, pertenece al pueblo. Ha sido escrita en el transcurso de varios años de resistencia y lucha de los pueblos del Ecuador en contra de gobiernos neoliberales, fue concebida al tiempo que el anhelo de cambio se fortalecía en la conciencia de miles de ecuatorianos.

La propuesta de nueva Constitución, la instauración de la Asamblea Constituyente y el mismo gobierno de Rafael Correa no pueden ser explicados y comprendidos por sí mismos; es necesario mirar hacia atrás para entender que son el resultado de un proceso incubado durante años, en el que las organizaciones populares y las fuerzas de izquierda tienen responsabilidad directa.

El incansable bregar de los pueblos del Ecuador produjo un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas en el país: la derecha y el populismo perdieron espacios, la socialdemocracia ha mediatizado su acción, la oligarquía (pelucones como ahora son identificados) está en la mira de millones de ecuatorianos reconocida como corrupta y responsable de la crisis del país; en contraparte, se consolida una franja político-social -que se eleva a la condición de mayoritaria- animada por ideales progresistas, democráticos y de izquierda, que mantiene la iniciativa política y prefigura el cambio en tres palabras: la patria nueva.

Esa circunstancia explica lo que ahora ocurre en el país. El movimiento de masas arrinconó a las clases dominantes y abrió el camino para que Montecristi alumbre la nueva Constitución. Los asambleístas cumplieron el mandato popular: desbaratar el andamiaje neoliberal y elaborar una Constitución que genere condiciones para un cambio positivo, progresista. Las dificultades fueron diversas, se debió sobrepasar los obstáculos puestos por la derecha, y aún las inconsecuencias de algunos asambleístas de PAIS que, por error o 'convicción' pretendieron, por ejemplo, introducir la municipalización de la educación y la salud, separar el Seguro Social Campesino de la estructura general del IESS, desconocer el carácter plurinacional del país o impedir la gratuidad de la educación a nivel universitario.

Ahora tenemos una Constitución que, en esencia, responde al anhelo del pueblo; las limitaciones políticas que esa puede tener reflejan los límites organizativos y políticos del movimiento popular para avanzar más. En todo caso, esta nueva Carta expresa, justamente, ese cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales del país.

Finalizado el trabajo de la Asamblea empieza una nueva y no menos dura batalla, el referéndum del 28 de septiembre. Ganar en el referéndum con el SÍ es obligatorio para el movimiento popular en su propósito de afirmar el proyecto político en curso y para cerrar otros espacios a la burguesía. ç

Pero aún ganando en esa lid, el cambio no vendrá fácil. Habrá que pelear para que los elementos progresistas de la Constitución se cumplan; las fuerzas del viejo país que manejan hilos incluso desde altas esferas harán todo lo posible para impedir que las cosas cambien. De manera que no hay espacio para bajar la guardia. Así de agitada es la lucha de clases.

(*)Articulista del periódico Opción

(Fuentes: ANSA-Latina, AFP,El Comercio-Quito, BBC-Mundo, Reuters, La Jornada y Adital)