Saharauis, los ojos del desierto

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14.8.14

Colombia: Proceso de paz

LA ULTRADERECHA, QUE INTENTA SABOTEAR LAS NEGOCIACIONES DE LA HABANA, INFILTRÓ FALSAS VÍCTIMAS DE LAS FARC EN EL FORO DE CALI






Foro Nacional de Víctimas: “La paz duradera pasa porque el Estado se reconozca como victimario”


En días pasados, Cali fue el punto de encuentro para víctimas de todas las regiones del país, quienes llegaron para participar de los diversos escenarios de discusión y debate sobre propuestas de paz y reparación hechas por el gobierno y las FARC-EP.   
En el marco del proceso de negociación adelantado en La Habana – Cuba, organizaciones sociales, gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron la discusión en torno a los mecanismos de reparación para las víctimas del conflicto político, social y armado en el país. Por ello, se dispusieron algunos escenarios promovidos tanto por organizaciones sociales, entre las que se encuentran el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Marcha Patriótica, como los institucionalizados y avalados por entes gubernamentales, para este caso se hace referencia al más reciente Foro Nacional de Victimas realizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Nacional de Colombia (UN).
Todo lo anterior, se enmarca en una serie de acciones que según el gobierno y la nombrada guerrilla, buscan dar respuesta e inclusión a las víctimas en la mesa de negociación de La Habana. Según los organizadores de dichos espacios, lo que se pretendía era recoger elementos que permitieran desarrollar un proceso de justicia y reparación incluyente que conlleve a la reconciliación.
No obstante, fueron evidentes las inconformidades ya fuera por la metodología empleada, la restricción en la convocatoria o por el trato desigual dado a las víctimas por parte del Estado, según varios de los participantes como María Elena Vallejo del Movice Capitulo Valle, que dijeron: “las víctimas como primera medida de las FARC, ¿y las victimas del Estado qué? Para mi inclusive esas deberían de ser las primeras. Porque es que el Estado como Estado debe cuidarnos a nosotros, no asesinarnos para que digan que ellos si actúan y que ellos si son la ley y que tienen el poder”.
Ante esta situación, organizaciones como el Movice manifestaron la necesidad de repensarse estos espacios, ya que la complejidad que rodea el tema de la reparación estuvo manifiesta de forma permanente en la multiplicidad de intereses y necesidades que se expresaron, lo cual terminó por evidenciarse en tensiones y disputas entre las víctimas de los diferentes actores armados.
En cuanto al tema del esclarecimiento de la verdad, según Edison Caicedo proveniente del municipio de Guapi, en el pacifico caucano, se han generado un sin número de interpretaciones, por parte de los diferentes actores involucrados: Estado, grupos armados y por supuesto las víctimas. Lo que ha conllevado, a la construcción de procesos que no han dado cumplimiento a las promesas de reparación, como lo manifestó Edgar Mora quien también es víctima: “no hay garantías, ni verdad, lo que hay son señalamientos y mientras eso persista no hay condiciones”.
Al tema del esclarecimiento de la verdad, se sumó la exigencia de varios grupos al Estado para que haya un reconocimiento de su culpabilidad y su participación como victimario dentro del conflicto, por lo que José Santos representante del Proceso de Comunidades Negras de Colombia expresó: “la paz duradera pasa porque el Estado se reconozca como victimario”. En ese sentido, también la organización Marcha Patriótica mediante un comunicado dijo: “frente a esta realidad es absolutamente indispensable el reconocimiento de la criminalidad estatal como un fenómeno sistemático y estructural, para avanzar en el desmantelamiento de la actual institucionalidad criminal…y así avanzar en una sociedad en paz”.
Por su parte, las FARC-EP respondieron a través un comunicado firmado por su comandante Timochenko: “No nos sorprende por eso el manto de silencio con el que la gran prensa ha tratado los distintos foros sobre víctimas celebrados hasta la fecha. En todos ellos ha salido a relucir esa gran verdad. Los verdaderos autores y responsables por los horrores de este largo conflicto son ellos…Y es eso en realidad lo que se oculta tras la nueva andanada retórica y mediática. Sus amanuenses en la gran prensa chillan que el Estado reconoció las víctimas y expidió una ley para repararlas, que ha pedido perdón un par de veces. Como si eso bastara para cambiar las cosas, como si no estuvieran empeñados en dejar intacta la máquina del crimen”.
Por otro lado, vale la pena resaltar que estos encuentros fueron propicios para comenzar a discutir el posible inicio de los diálogos del gobierno con el Ejercito de Liberación Nacional -ELN-, a lo que Darío Monsalve arzobispo de Cali en dialogo con Colombia Informa dijo: “yo valoro mucho esto, se van a cumplir 50 años de la conmemoración de la muerte de Camilo Torres Restrepo, un sacerdote católico dentro de esta filas y es hora que el mensaje de Camilo se convierta en un mensaje muy actual…precisamente para dejar la lucha armada y reintegrarse a una sociedad que ya no resiste más años de conflicto”.
Finalmente, victimas discutieron, propusieron y sobre todo hicieron el llamado a que se les escuche en un proceso que ha reducido su participación a un mero formalismo y que no ha dado lugar, ni voz, a muchas de las víctimas, quienes han reiterado mediante comunicados y espacios alternativos la necesidad de proponer un proceso que sea realmente incluyente y que los reconozca como sujetos políticos. Por tanto, queda clara la necesidad de empezar a pensar cuál es la verdad que se ofrece dentro de este nuevo escenario de negociación con las insurgencias, que pone de cara la vulneración a las víctimas en otros procesos como el de justicia y paz con los paramilitares, que según víctimas no dio cuenta de sus necesidades y que por el contrario, dejó una estela de olvido e injusticia que se revive con el fantasma de la impunidad.

Las principales víctimas han sido los humildes
"La victimización ha sido para el despliegue pleno de las nuevas formas de acumulación capitalista (...). Las víctimas de semejante cometido han sido esencialmente los humildes", declaró la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Ricardo Téllez.
Las víctimas "deben ser reconocidas y resarcidas en todos sus derechos", agregó.
La reparación de las víctimas es uno de los temas más complejos de la agenda de paz, pues ambos bandos se acusan mutuamente por la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y cinco millones de desplazados en medio siglo, según cifras oficiales.
Las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron el martes la discusión de este sensible tema, el cuarto de los seis puntos de la agenda de paz, tras haber consensuado los tres primeros.
"En la larga historia del conflicto colombiano hemos tenido que padecer las guerras y los enemigos inventados por el imperialismo: desde 'la guerra contra el comunismo' hasta la 'guerra contra el terrorismo'", dijo Téllez.
"El Estado de terror, las maquinarias de la destrucción y las técnicas de la muerte, con evidentes rasgos fascistas (...), se han puesto en movimiento para preservar el statu quo" en Colombia, agregó.
La fase crucial de esta discusión arrancará este sábado cuando una primera delegación de 12 víctimas entregue sus testimonios ante los dos equipos negociadores, con el fin de que sus demandas sean consideradas en un eventual acuerdo de paz.
En total 60 víctimas entregarán su testimonio en La Habana, en cinco delegaciones.
Tanto la guerrilla como el Gobierno reconocieron el año pasado tener una cuota de responsabilidad en las víctimas.
La delegación del gobierno, encabezada por el exvicepresidente Humberto De la Calle, no formuló declaraciones a la prensa al ingresar al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de los diálogos.
(Fuentes: Pazífico NoticiasTV, Colombia INFORMA y El Espectador)

25.7.14

España: Medios de comunicación

LO LLAMAN LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y NO LO ES

Por Javier Sáenz Munilla

“La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua” Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote.
  
La idea expresada por Don Quijote, aun puede ser válida, en el sentido de que, tarde o temprano, la verdad, por mucho que se oculte, termina conociéndose. Lo vemos en la España actual, con tantos casos, entre ellos los de corrupción. Pero también sabemos que hay un aparato de poder, no sólo político, y sobre todo mediático, dedicado a tergiversar, ocultar, esconder o, al menos, disfrazar la realidad, mediante mentiras, verdades a medios, silencios, campañas de difamación…La verdad termina sabiéndose, pero, a veces eso sucede demasiado tarde. Tarde como para poder perseguir judicialmente el delito oculto bajo la mentira finalmente desvelada. Demasiado tarde para que los ciudadanos puedan decidir libremente si dan o no su voto a tal o cual político, a este o aquel partido del que no sabían, aunque sospecharan, que se trataba de delincuentes.
   España sufre en los últimos años notables retrocesos en la libertad de información y expresión, consagrados en la Constitución. Algo que está llamando la atención de organismos internacionales, como la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que el pasado 1 de abril de 2014 emitió un comunicado condenando las agresiones policiales a periodistas en las manifestaciones. A esto hay que añadir la falta de un marco jurídico que proteja los derechos de los profesionales de la comunicación. Tampoco existe un marco que regule la actividad de los medios comunitarios, de los medios digitales independientes, cada vez más numerosos y seguidos gracias al avance imparable de las nuevas tecnologías de la información.

Los dueños de la información
   


 Pero el mayor peligro para la libertad de información y expresión está en la concentración de la propiedad de los medios. Y en España, la gran prensa está en muy pocas manos y, básicamente, en las de los bancos.

   PrisaUnidad EditorialPlanetaVocentoGrupo Godó…y detrás de estos  conglomerados, la banca entre sus principales accionistas, como mostró recientemente, en un número especial, la revista Mongolia, dando acceso al gran público a una verdad mil veces demostrada, año tras año, en tesis doctorales y otros estudios académicos en las universidades españolas.
  -El Grupo Prisa: El País, Cinco Días, Cadena Ser, Digital Plus, está en manos Liberty Holding, un conglomerado de Wall Street, del Banco Santander, CaixaBank y el HSBC entre otros.
   -Grupo Planeta: La Vanguardia, La Razón, cuyo editor es vicepresidente de CaixaBank y de Banco Sabadell.  Onda Cero, Antena 3, cuyos consejeros son directivos de DeA Capital y Banco Renta 4.  La Sexta….
   -Vocento: ABC, El Correo y varios periódicos regionales (entre ellos La Rioja) y locales, participados por varias familias históricas españolas como los Ybarra y los Luca de Tena. Su consejo de administración incluye delegados del BBVA, el Banco Santander y Lazard.
   -Unidad Editorial: El Mundo y Marca. Propiedad del grupo italiano Rizzoli Corriere della Sera.
   -Grupo Godó: La Vanguardia. Su dueño, Javier Godó, es vicepresidente de La Caixa y consejero de CaixaBank. En su consejo de administración hay representantes de Catalunya Caixa y de Lazard)
   -Grupo Zeta: Bajo administración de los acreedores; el principal, CaixaBank.

Más grave es lo de la TV


Y lo de la televisión, no tiene parangón. Aparte, el caso de la televisión de titularidad pública, tanto la de carácter estatal (RTVE) como las autonómicas, en manos de direcciones impuestas a dedo por el poder político y habitualmente integradas por hábiles manipuladores al servicio de los intereses del partido en el poder. En algunos casos (Tele Madrid, la valenciana Canal Nou y, si nadie lo remedia, es la deriva que el PP parece querer imponer en mi querida RTVE), el control político lleva a un desprestigio y a una pérdida de audiencia que parece teledirigida hacia el cierre y/o privatización del servicio, a favor, claro está, de empresas de amiguetes dispuestos a forrarse y seguir manipulando bajo el amparo del dinero de todos.
  Pero el caso de la televisión privada es, como decía, sin parangón. Porque la televisión privada en España, de concesión gubernamental, no lo olvidemos,  tiene, en este momento, sólo dos dueños:
-Mediaset: Grupo propiedad del italiano Silvio Berlusconi (el mismo). Agrupa a Tele Cinco, Cuatro, La Siete, Energy,…
-Planeta: propiedad del Marqués José Manuel Lara Bosch. Y agrupa a Antena 3, la Sexta. Noox, Nova, Nitro…además de Ediciones Planeta, la radio Onda Cero y el periódico La Razón.

Concentración=Desinformación


La concentración a la que ha sido llevada la propiedad de los medios en España está en la más pura lógica neoliberal, en la que por encima de los derechos y garantías de los ciudadanos, están los derechos de los propietarios y los accionistas.
La concentración permite clasificar, censurar, imponer una sola óptica en la interpretación del espacio público. Restringe la pluralidad, el acceso a diversas fuentes; coarta la libertad de información e imposibilita que el ciudadano se forme una opinión propia, que pueda debatir y decidir con libertad. Por tanto, impone y dirige, como en las peores dictaduras, la opinión pública. En definitiva, impide que los ciudadanos sean libres. Y sin libertad, la democracia es un cuento.


Por el control público de los medios
  
   La reciente propuesta del grupo político “Podemos” sobre la necesidad de consensuar un mecanismo de control público de los medios de comunicación, plantea una salida a este grave problema. Como expresa este grupo textualmente se trataría de garantizar, “la libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o la voluntad de partidos políticos”.
  Una propuesta, no obstante, que no es nada nueva, pero que, por fin asume una demanda que la profesión periodística lleva años y años reclamando. Pidiendo una regulación, que imponga el fin de la lógica especuladora de los medios financieros  en los medios de comunicación; que procure medios públicos al servicio de los ciudadanos e independientes de los gobiernos de turno, que limite la concentración de la propiedad de los medios, que fomente la creación de organismos independientes (como los consejos audiovisuales) que regulen, vigilen y sancionen. Y que establezcan medidas de protección laboral y de la libertad de los periodistas.
  El actual eurodiputado de PodemosPablo Iglesias, dice sobre la concentración de los medios: “Si el Derecho a la Información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho. La gestión de la información no puede depender únicamente de hombres de negocios y de su voluntad por permitir la libertad de expresión. No puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté sólo en manos de multimillonarios”.

9.7.14

EE.UU.-LATINOAMÉRICA

MILES DE NIÑOS CENTROAMERICANOS SE HACINAN DETENIDOS EN REFUGIOS Y BASES MILITARES, EN UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES NORTEAMERICANAS. DENUNCIAS DE MALTRATOS Y ABUSOS SEXUALES


 No es la primera vez que sucede, pero sí la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos se ve desbordado. La llegada masiva de niños migrantes, mayoritariamente centroamericanos y en una gran mayoría hondureños, es ya una verdadera tragedia. Desde octubre de 2013 se calcula que más de 50.000 niños y adolescentes han cruzado cruzaron la frontera sur. El gobierno de Obama se ve desbordado y mantiene alojados a miles de estos pequeñosen condiciones de hacinamiento, sin una alimentación adecuada y en instalaciones poco adecuadas, como centros de refugiados y bases militares. Ya se han registrado denuncias por maltratos y abusos sexuales.
  Las imágenes que tomaron los medios que ingresaron a los centros de Brownsville (Texas) y Nogales (Arizona) amplificaron la dimensión del conflicto migratorio. Miles de niños duermen en el piso envueltos en cobertores de aluminio, y en lo que se asemejan a pajareras iluminadas por tubos fluorescentes, los más pequeños descansan unos sobre otros. Se ven también bebés con sus madres, baños químicos, integrantes de las patrullas fronterizas y muchos adolescentes solos. Ese es el principal problema. Que viajan sin la compañía de un mayor a Estados Unidos o con hermanos menores y ahora, la gran mayoría, espera por la deportación.
    Según la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU), una activa ONG que denuncia los atropellos contra los inmigrantes en proceso de ser deportados,denuncia “ la forma terrible de cómo los menores están siendo abusados sexual y físicamente, con agresiones verbales; no les dan tratamiento médico y obviamente los niños están en condiciones terribles e inhumanas. Es un problema que hemos documentado por años”, explicó Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU.
“Había, por ejemplo, una chica de 16 años con un bebé de 2 años, y no le querían dar leche al niño. Otra chica tenía un ataque asmático y no era atendida”, agregó la representante de la ONG en declaraciones publicadas por el diario Prensa Libre, de Guatemala. Once mil niños detenidos en EE.UU. son oriundos de ese país.
Honduras es otra de las naciones más afectadas por la migración de sus menores indocumentados. La embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, lejos de aportar una solución civilizadora, declaró: “No tienen status legal para quedarse en los Estados Unidos. Y punto. No importa si son niños o adultos, serán deportados”
El consulado de El Salvador en Tucson, Arizona, relevó que en esa ciudad había 1154 menores indocumentados, de los cuales 379 eran de ese país.  La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, constató que al menos en un centro de recepción, los menores “están en una condición deprimente y de total falta de espacio, higiene y alimentos. Es en el Centro McAllen de la Patrulla Fronteriza”.
  Los menores capturados en la frontera –se estima que por día unos 400 intentan entrar a EE.UU.–, son por lo general retenidos 72 horas en centros como los de Brownsville y Nogales. Muchos de ellos, vencido ese plazo ya son enviados a bases militares en California, Oklahoma y Texas. El 60 por ciento terminarán deportados, según la ONG Niños en Necesidad de Defensa (KIND). México, por donde necesariamente deben pasar los menores indocumentados, también deporta: 8577 fueron expulsados del país en 2013. En los primeros cuatro meses de este año, Estados Unidos tomó una medida semejante con niños mexicanos. Rechazó a unos seis mil.
Es un círculo vicioso que relató con agudeza el escritor hondureño Roberto Quesada, un especialista en temas migratorios y autor de la novela Nunca entres por Miami: “Estados Unidos debe recordar que Centroamérica no es Afganistán, ni Irak, ni esos países lejanos en donde se va a promover el caos, sino los vecinos inevitables, y ante la catástrofe local, el destino se llama Estados Unidos. Si continúan patrocinando y respaldando la antidemocracia, los fraudes electorales, la impunidad, entonces abran espacio que masivamente se moverán los centroamericanos hacia los Estados Unidos”.
Una bomba de tiempo
El padre Alejandro Solalinde, conocido defensor de los derechos de los emigrantes y director en México del albergue Hermanos en el camino, alerta de que si el gobierno de Estados Unidos elude darle un trato humanitario a la crisis de los niños migrantes no acompañados, ésta se le revertirá.“Esto es una bomba de tiempo. Se pueden quitar a los niños de enfrente y tomarse la foto, pero será un bumerán y será un problema social incontenible, no nada más para ese país, sino para toda la región”.
Solalinde, señaló que los gobiernos "lo asumen todo como una cuestión de seguridad y su perspectiva no es realmente humanitaria, sólo la revisten de humanitaria...el fenómeno de los niños migrantes no acompañados va a crecer, pero sólo los están exponiendo a la delincuencia, los están poniendo de pechito, los están entregando para que formen parte del crimen organizado”.

Estados Unidos viola sus propias leyes

La política del Gobierno de Estados Unidos de detener a niños y adolescentes migrantes no acompañados y someterlos a procedimiento inadecuado, como un largo período de reclusión, ha puesto a esos niños y niñas en peligro. La evaluación es de Human Rights Watch (HRW), organización estadounidense de derechos humanos, que sostiene que el Congreso debería proteger en vez de castigar a esa clase de migrantes. 
   El Gobierno de Estados Unidos estima que 90 mil niños no acompañados van a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México durante 2014, 10 veces más que en 2011.
"La política del gobierno de Estados Unidos de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple normas internacionales”, evalúa Clara Long, investigadora de la HRW. "El Congreso debería explorar alternativas a la detención, como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en cruzamientos fronterizos de este tipo”, agrega Long.

   La legislación de Estados Unidos permite la detención de adolescentes por un lapso máximo de 72 horas. Sin embargo, el reciente aumento de jóvenes que llegan al territorio estadounidense no acompañados ha servido de justificación para detenciones más prolongadas, registrando casos de 10 días o de hasta dos semanas de privación de libertad. Después de ese período, los jóvenes son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde nuevamente pueden ser detenidos.

  Las normas internacionales de derechos humanos, sin embargo, prevén la detención, únicamente, como último recurso y por un período de tiempo corto. Una amplia variedad de estudios vincula la detención migratoria con consecuencias para la salud mental de los niños y niñas, incluyendo daños que perduran más allá de los períodos de detención. Y los jóvenes no acompañados, en particular, son reconocidos como especialmente vulnerables.
De acuerdo con la organización, las actuales políticas de Estados Unidos que se aplican a quienes cruzan la frontera no cumplen las normas internacionales que requieren una cuidadosa revisión de los casos de los adolescentes en favor de sus intereses, ya que pueden ser víctimas de tráfico humano, ser refugiados, pueden enfrentar represalias de traficantes o de violadores de derechos cuando sean regresados. "A los niños no se les proporciona sistemáticamente un abogado de oficio, ni tutores, aunque ambas cosas sean sugeridas por las normas internacionales”, señala HRW.

Medidas de cambio


En ese contexto, HRW solicitó al Gobierno de Estados Unidos que implemente alternativas a la detención para todos los adolescentes migrantes no acompañados, como por ejemplo ponerlos en libertad bajo supervisión de tutores aprobados o situando a los jóvenes en centros con pleno acceso a la educación, nutrición, saneamiento, integración social y esparcimiento adecuados. Pide también que se asegure que la detención sea aplicada solamente en casos excepcionales.
La organización defiende también que, en el caso que haya una real necesidad de detención, que se realice por el período más breve posible y que se efectúe en ambiente apropiado. Solicita además que el Gobierno  proporcione exámenes completos y justos a adolescentes migrantes proporcionados por un especialista en bienestar infantil. Se suma a esto la necesidad de asegurar que los jóvenes no acompañados, especialmente aquellos que necesitan asilo, reciban asistencia de abogado y tutor encargado de representar sus intereses.

Se piden medidas urgentes


   Desde Honduras se pide al gobierno estadounidense que se cumplan los derechos humanos de esos adolescentes, se vele por su libertad, integridad física, psíquica y moral. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavon Murillo, solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la adopción inmediata y urgente de medidas cautelares en favor de más de 2 mil jóvenes en esas condiciones.
Según Murillo, entre esos adolescentes hay hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que se encuentran en diferentes casas de detención en Estados Unidos. Él entiende que tales detenciones no están reguladas bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. "Esos niños hicieron el viaje en busca de sus padres que, de antemano, estaban radicados en Estados Unidos; muchos de ellos andan en busca de una oportunidad económica que les permita enviar dinero a casa”, afirmó en documento enviado a la CIDH.
"Los índices de pobreza todavía son perceptibles en los países centroamericanos, conocidos como los países del triangulo norte de América Central, donde mucha gente quiere huir de la violencia o del abuso”, complementó. Según él, se suma a esto el riesgo de tráfico de personas. "Lo que obliga a la solidaridad con esos países para evitar que continúe creciendo el delito amparado en la impunidad”, defendió Murillo.

Serán deportados

La Casa Blanca aseguró este lunes 7 de agosto que la "mayoría" de los niños inmigrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos serán deportados.
Es "improbable" que estos niños "puedan cumplir los requisitos para la asistencia por razones humanitarias, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en una rueda de prensa.
Earnest aseguró que estas declaraciones no deben interpretarse como un intento de "juzgar de antemano" el resultado del proceso judicial que atraviesan estos menores y que se evalúa caso por caso.
El Gobierno estadounidense presentará  al Congreso su plan definitivo para acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera.
(Fuentes: Página12, La Jornada, Adital y BBC Mundo) 

Centroamérica: Agricultura

Campesinos salvadoreños se enfrentan a EEUU que quiere imponerles las semillas de Monsanto

Cruz Esmeralda Mejía, Maybelyne Palacios y Rosa María Rivera cuidan plantas de semillas mejoradas de maíz en la cooperativa La Maroma, en la zona conocida como el Bajo Lempa, en El Salvador. Foto de: Edgardo Ayala/IPS
JIQUILISCO, El Salvador, 4 jul 2014 (IPS) - Bajo un sol inclemente, entre un mar de plantitas de maíz recién brotadas, Gladys Cortez muestra su preocupación porque se acabe su empleo en la cooperativa que produce semillas para el gobierno salvadoreño, si Estados Unidos logra que sus empresas participen en el negocio.
“Aquí tenemos nuestra fuente de ingresos para mantener a nuestros hijos”, dijo la agricultora a IPS, mientras realizaba sus habituales tareas en la Cooperativa La Maroma, una de las productoras de semillas, ubicada en el cantón La Noria, del municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután.
El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, condiciona la entrega al país de un paquete de ayuda no reembolsable de 277 millones de dólares, el llamado Fondo del Milenio II, a que este país centroamericano licite y abra a compañías estadounidenses la compra de semillas certificadas.
Excluirlos, ha dicho la diplomática a medios locales, viola cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica-República Dominicana (CAFTA RD, en inglés), suscrito por El Salvador en 2004.
Desde el 2011, el gobierno salvadoreño compra anualmente a 18 productores los 88.000 quintales de semilla de maíz que anualmente distribuye para la siembra unos 400.000 campesinos, para reanimar el Plan de Agricultura Familiar. A cada uno le entrega 10 kilógramos de semilla mejorada y 45 kilógramos de fertilizantes.
Entre esos 18 productores están la cooperativa La Maroma y cuatro más de la zona del El Bajo Lempa, en el sur del departamento de Usulután.
Estas tierras fueron parceladas y entregadas a excombatientes del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tras los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil, en la que hubo 75.000 muertos.
Fue el primer gobierno del FMLN, en el poder desde 2009, el que abrió la participación de productores locales en el negocio de la semilla certificada.
La administración de Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero que llegó a la Presidencia el 1 de junio, mantiene la relación con las cooperativas, pero también ha mostrado su disposición a que las licitaciones incluyan a compañías internacionales.
Las semillas certificadas son variedades que ofrecen mejor rendimiento y reaccionan mejor a los efectos adversos del clima. Son resultado de cruzar material genético pero sin modificarlo, a diferencia de las transgénicas. Las cooperativas también producen algunas semillas nativas, aunque a menor escala.
La calidad del grano es monitoreada y avalada por el Ministerio de Agricultura salvadoreño, que en conjunto pagó 25,9 millones de dólares en 2013 por la adquisición de semillas, mayormente de maíz y frijol, fundamentales en la dieta salvadoreña.
Hasta que en 2011 se aplicó el nuevo modelo, 70 por ciento del mercado lo copaba una subsidiaria del gigante estadounidense de la biotecnología Monsanto, Semillas Cristiani Burkard. Desde entonces se sumaron otros actores, como las cooperativas, con semillas certificadas de mejor calidad y precios más competitivos.
La compra del año pasado se hizo por decreto ejecutivo, aprobado por el Congreso legislativo en diciembre del 2012, que en la práctica dejaba fuera a las empresas estadounidenses. La embajada exigió una licitación pública y “transparente”.
En enero del 2014, los legisladores aprobaron un nuevo decreto que permitió un proceso de licitación con participación a las empresas internacionales. Pero el proceso, realizado en abril, lo ganaron los mismos 18 productores.
La embajadora Aponte presiona ahora para una licitación distinta, que favorezca a sus compañías, en una posición muy criticada por organizaciones sociales y productores rurales, que en junio protestaron ante la sede diplomática en San Salvador.
“La posición de la embajada es para promover las semillas de Monsanto”, dijo a IPS el ambientalista Ricardo Navarro, en referencia al líder mundial en semillas transgénicas, contra la que abundan movilizaciones en países latinoamericanos.
La embajadora nunca mencionó a la transnacional en sus argumentos, pero para Navarro “está implícito que ella se refiere a Monsanto, la más grande del sector”, cuya filial local “perdió un mercado que creía suyo”.
La sede diplomática no otorgó una entrevista con el asesor económico John Barret, que solicitó IPS.

Pero el miércoles 2 emitió un comunicado de prensa en el que dice estar complacida de que el gobierno salvadoreño se haya comprometido a poner en marcha “un mecanismo transparente, competitivo y de respeto” a leyes nacionales como la del CAFTA, en las futuras compras de semillas.
Monsanto, por su parte, se limitó a enviar a IPS un correo electrónico, firmado por el vocero Tom Helscher, en el que niega cualquier participación en la campaña de la embajada.
La disputa llegó hasta Washington. Dieciséis congresistas enviaron el martes 1 una carta al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en la que expresan su preocupación por la presión ejercida por la Oficina del Representante del Comercio (USTR, en inglés), que impulsa la campaña de su embajada en San Salvador.
Nathan Weller, director de EcoViva, una organización estadounidense que trabaja en proyectos de desarrollo en el Bajo Lempa, dijo a IPS que ha habido compañías del país norteamericano que ganaron contratos del gobierno salvadoreño, pero no a través de licitaciones públicas, sino por compras directas o por invitación.
Ambas mecanismos son legales, pero carecen de la transparencia que exige ahora la embajada para las semillas.
Por ejemplo, en el 2009 y 2010 se otorgó a Chevron Caribbean el suministro de combustible por contratación directa, por 340.000 dólares y 361.000 dólares respectivamente, según información del Ministerio de Agricultura.
Esas empresas “ofrecieron un producto a un precio mucho más alto (que la competencia), y sin embargo, el USTR no comentó esto”, alegó Weller.
La simiente de una vida mejor
La siembra de semillas, además, ha promovido fuentes de empleo en una zona con mucha pobreza.
En el área rural, 43 por ciento de los hogares viven en pobreza, frente a 29,9 por ciento de los urbanos, según la encuesta anual del Ministerio de Economía de 2013.
“Además de la generación de empleo, estamos poniendo en evidencia el potencial productivo de las cooperativas de la zona”, señaló a IPS el dirigente campesino Juan Luna, Coordinador del Programa Agrícola de la Asociación Mangle.
Gladys Cortez, afanada en cuidar las plantitas de maíz en la cooperativa La Maroma, es una de las beneficiadas con un empleo generado por el programa de semillas.
“Además de que tenemos trabajo, también nos regalan las semillas para que nosotros las cultivemos para nuestra alimentación”, comentó Cortez, una mujer de 36 años, que debe lidiar sola con el cuidado de sus dos hijos, de un adolescente de 17 años y una niña de 13.
Junto a ella, medio centenar de hombres y mujeres laboraban en uno de los sembradíos de maíz, en La Maroma. Casi todos vestían camisas de manga larga y gorras o sombreros, para evitar las quemaduras del sol, la jornada en que IPS visitó el lugar. Todos ganan cinco dólares diarios.
Solo en esta zona del Bajo Lempa, alrededor de 15.000 campesinos dedicados al cultivo del grano mejorado tienen empleo, calculan los cooperativistas, por periodos más largos que en las tradicionales siembras, ya que requiere de mayor atención y cuidado.
“No es que estemos ganando mucho, pero ya el que tengamos un ingreso, es una gran cosa para una madre sola como yo”, dijo Cortez.
 Fuente: IPS

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