22.9.13

Argentina-España:Querella contra los crímenes del franquismo

LA RESOLUCIÓN DE UNA JUEZA DE BUENOS AIRES ABRE UNA BRECHA EN LA IMPUNIDAD DEL GENOCIDIO FRANQUISTA

Lo que la justicia española no ha sido capaz de hacer, lo ha tenido que hacer la jueza argentina María Servini de Cubría, quien tras admitir la querella presentada por víctimas de la dictadura franquista y asociaciones, ha dictado cuatro órdenes de detención internacional vía Interpol contra cuatro torturadores de la dictadura franquista "para declaraciones indagatorias". Son un comisario de la policía política fascista, la Brigada Político Social, un escolta de Franco y de la Casa Real española, uno de los policías con más denuncias por torturas, y un guardia civil que participó con Tejero en el intento de golpe de estado de febrero de 1981, el 23F. Casi 38 años después de la muerte de Franco, la impunidad del régimen dictatorial que dirigió con mano de hierro España comienza a resquebrajarse. La jueza bonaerense ha dictado cuatro órdenes de detención internacional contra tres miembros de la Brigada Político y Social de la dictadura(Juan Antonio González Pacheco-'Billy el niño', Celso Galván y Giralte González) y contra el ex guardia civil Jesús Muñecasgolpista del 23-F. Así, la Justicia argentina también emitirá un exhorto para reclamar la colaboración del Gobierno y de la Justicia del Estado español.

"Es un día histórico. La resolución de la jueza es, además, fundamental no sólo por lo que representa sino porque nos permite entrar en la segunda parte del proceso: en el juicio contra el franquismo", aseguraba  Ana Messuti este jueves 19, nada más conocer la noticia.
Los querellantes han solicitado también la detención, entre otros, de tres exministros: Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga general en Vitoria , de José Utrera Molina (suegro del actual Ministro de Justicia Ruiz Gallardón), por firmar la condena a muerte del anarquista Puig Antich, ejecutado a garrote-vil; y de Fernando Suárez, exministro de Trabajo, por las cinco últimas ejecuciones del franquismo, el 27 de septiembre de 1975.
Este es el perfil de los cuatro torturadores que, desde hoy, están en búsqueda y captura:

Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño


Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño está considerado como uno de los mayores torturadores del régimen franquista. Tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por torturas en los últimos años del franquismo. Su implicación en las torturas es testificada en la querella presentada en Argentina por 17 damnificados. 

   González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de Amnistía. El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley".
Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional  en Madrid por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha -crimen de las tramas negras fascistas en enero de 1977- y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
   Para mayor escarnio, el 1 de julio de 1977, dos años después de la muerte de Franco, el Ministro del Interior del gobierno de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista con gobiernos del PSOE. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actuó como segundo del comisario Roberto Conesa, que también fue su superior en la policía política franquista, la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Peugeot-Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.

Celso Galván Abascal, acusado de asesinar al estudiante Enrique Ruano

Fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Ha sido denunciado por haber diseñado diversas estrategias de tortura. Fue acusado por el asesinato del estudiante Enrique Ruano el 17 de enero de 1969 cuando era inspector de la Brigada Político-Social del franquismo.
Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió su absolución por "falta de pruebas", si bien indicaba el propio auto que no es posible admitir sin dudas razonables la versión oficial del suicidio por parte del estudiante. Tras dictarse la resolución de la jueza argentina, se ha sabido que falleció en 2009.

Jesús Muñecas, golpista del 23-F


Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de equitación en Valdemoro (Madrid). En el intento de golpe del 23-F, fue el primero en dirigirse a los diputados para comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar, por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las puertas del Parlamento. Fue condenado "delito consumado de rebelión militar" a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena .
 Jesús Muñecas, quien  disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado. Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas.

José Ignacio Giralte González

Fue miembro destacado de la Brigada Político Social hasta su disolución y, posteriormente, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía. En su trayectoria como policía del régimen siguió un camino similar al de Billy el Niño. Su nombre aparece en, al menos, cuatro de las querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil del tardofranquismo.

Rueda de prensa de los querellantes para anunciar las órdenes de detención


La impunidad del franquismo se quiebra en Argentina

Por Emilio Silva (*)
Son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Desde ese contundente argumento, la jueza argentina, María Servini de Cubría, ha dictado una orden internacional de detención contra cuatro torturadores de la dictadura del general Francisco Franco. Su auto relata y argumenta con contundencia la actividad represiva del régimen franquista y explica someramente por qué la justicia argentina es competente para investigación de esos crímenes.
La que se conoce entre las víctimas de la dictadura franquista como Querella Argentina, fue presentada el 14 de abril de 2010, centrada fundamentalmente en el caso de Darío Rivas, un nonagenario que reside en Argentina desde los años treinta del pasado siglo, cuyo padre fue ilegalmente detenido, asesinado y hecho desaparecer por un grupo de falangistas.
Desde el momento en que la justicia argentina acepto el casó, el Gobierno español comenzó a dificultar la evolución de la investigación. Primero el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; después el actual Gobierno que bloqueó hace unas semanas unas vídeoconferencias que se iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quería tomar declaración a algunas de las víctimas.
En estos casi tres años y medio se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y víctimas, que tratan de obtener la verdad, la justicia y a la reparación a la que tiene derecho y que sistemáticamente les ha negado el Estado español. Uno de los principales pilares sobre los que se consolidó lo que para algunos es una transición ejemplar fue la impunidad. La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los años en una cultura política, un hábito para una élite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qué responder con ellos.
La dura represión que permitió al dictador Francisco Franco morir en la cama abarca innumerables delitos. Desde las más de 113.000 desapariciones forzadas, pasando por el robo de bebés a las familias republicanas, la negación de derechos a las mujeres, la persecución de homosexuales, los miles de presos y presas por razones políticas, los niños y niñas que contrajeron la poliomielitis por ser hijos de la “antiespaña” y no poder acceder a las vacunas o los miles de presos políticos que trabajaron como esclavos para enriquecer en sus orígenes a algunas de las constructoras más importantes que hoy cotizan en el IBEX 35.
Todas aquellas inmensas e incontables violaciones de derechos humanos quedaron supuestamente saldadas en la transición. Con la colaboración de la izquierda parlamentaria que aceptó la amnistía y el secuestro del debate sobre el modelo de Estado, la dictadura franquista quedó convertida en el crimen perfecto. El Estado comenzó a fabricar ignorancia, secuestrando de los centros de enseñanza el conocimiento de ese pasado y numerosos franquistas han podido morir en estos años enterrados como progenitores de la democracia.
Nuestra élite política convivió con la impunidad, como un precio que se pagaba para obtener desarrollo económico y ni siquiera la Unión Europea le puso como condición al Estado español en su ingreso las mínimas prácticas de higiene democrática. Lo mismo ocurrió con las élites académicas y culturales, formadas mayoritariamente por las universidades de la dictadura a las que habían tenido acceso en la mayoría de los casos por pertenecer a familias del régimen.

En ese proceso ha sido muy importante la aparición de los presos y presas del último franquismo, cuyos testimonios han sido la base para la imputación de los cuatro torturadores a los que la Interpol ordenará su detención que finalmente dependerá del Gobierno español.
Argentina es quizás el país que más ha avanzado en la persecución de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detención y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigación judicial de la trama económica, algo que si ocurriera en España pondría patas arriba buena parte de su estructura económica.
De los cuatro torturadores cuyos crímenes considera perseguibles la justicia argentina viven tres. Alguno de ellos, José Antonio González Pacheco alias Billy  el niño, ha sido condecorado tras la muerte del dictador e incluso podría decirse que han disfrutado de cierto amparo en ámbitos políticos o económicos que tienen mucho que agradecer a la dictadura.
Durante mucho tiempo la élite franquista ha disfrutado de la posibilidad que le dio la transición de blanquear su biografía. El actual presidente de Alemania, Joachim Gauck, afirmó hace algunos años que la transición española había sido un ataque contra los derechos. Añadía que un modelo de recuperación de la democracia como el nuestro parecía a corto plazo solucionar los problemas pero el coste que supone dejar toda esa impunidad impregnando el sistema político suponía un enorme lastre.
El cierre de puertas que el sistema judicial español ha reiterado a las víctimas de la dictadura franquista ha propiciado la oportunidad que ahora surge en Argentina. Tras estas imputaciones puede que ocurran otras a responsables políticos del franquismo, algo que removerá la tranquilidad de esa élite que ha vivido a sus anchas en una democracia que para buena parte de la ciudadanía resulta demasiado estrecha.
El Poder Judicial español aceptó la persecución de delitos similares cometidos a miles de kilómetros; en Chile, Argentina o Guatemala. Ahora vamos a comprobar si la Justicia Universal que tanto avanzó gracias a esa labor lo es realmente o era simplemente una forma de simular que aquí las cosas ya estaban resueltas.
(*)Asociación para la recuperación de la memoria histórica.
Carlos Slepoy, abogado querellante, habla en Buenos Aires sobre la orden le la jueza Servini de Cubría

"España está obligada a extraditar o juzgar" a los torturadores franquistas

Por Natalia Chientaroli (*)
El prestigioso jurista Joan Garcés, que se puso al frente de la defensa de Herve Falciani, sostiene que la decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de imputar y pedir la captura internacional de cuatro de los acusados en la querella contra los crímenes franquistas abre horizontes políticos y judiciales inexplorados para las víctimas de la dictadura. 
¿Cuál es la importancia de este auto de la juez Servini de Cubría para la justicia internacional y para las víctimas de delitos cometidos durante el franquismo en España?
Abre la protección del espacio judicial del Convenio Americano de Derechos Humanos a las víctimas republicanas cuyos crímenes siguen impunes en España, después de que entre 2008 y 2013 acciones coordinadas desde el Estado español les cerraran el espacio del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La querella inicial fue interpuesta en Buenos Aires un 14 de abril (de 2010), en homenaje al aporte que los juristas republicanos hicieron a la nación argentina, entre ellos el penalista Prof. Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución de la República española de 1931.
De momento no hay una orden de extradición sino un pedido de detención preventiva (en el marco del procedimiento de extradición previsto en el tratado de extradicion y asistencia penal...).
Las etapas subsiguientes están normadas en los convenios bilaterales y multilaterales vigentes entre España y Argentina, que vinculan a ambos países.
¿Este procedimiento necesita una decisión política para activarse?
La decisión de solicitar la detención a efectos de extradición es judicial, y ha sido tomada el 18 de septiembre por la Juez Federal de Argentina.
A los cuatro imputados por la juez se les pretende juzgar por el delito de torturas, tipificado en el Código Penal argentino, y que es delito también en España. Pero si España no cumple con la extradición y no van a declarar a Argentina no se les puede juzgar, ¿verdad?
España está obligada a respetar y aplicar el principio jurídico que dice "o los extraditas o los juzgas", que busca evitar la impunidad.
Los argumentos de la denuncia se basan en el principio de justicia universal y en los acuerdos a los que España está suscrito, como el convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. ¿Un país puede incumplir deliberadamente con este pedido? ¿Con qué argumentos?
La decisión de la justicia argentina es trascendente en sí misma y abre horizontes políticos y judiciales inexplorados más trascendentes aún. Según cómo se desarrollen los hechos, cabría la posibilidad de que, en su momento, algún Estado de la Comunidad Iberoamericana, en el interés de sus propios miembros y de la Humanidad, pudiera demandar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el incumplimiento por España, hoy, de sus obligaciones según el Convenio sobre la prevención y sanción del genocidio en relación con la destrucción del grupo nacional republicano español. Esa sería una decisión política soberana. O también que se inicien acciones de compensación económica ante Tribunales de América contra empresas españolas, hoy con inversiones en América, sucesoras de las que se beneficiaron del trabajo esclavo de republicanos españoles entre 1936 y los años cincuenta. Esa es una iniciativa que está en manos de los familiares herederos de los trabajadores forzados. Existe una jurisprudencia internacional al respecto desde que Krupp, Farben y otras grandes empresas privadas fueron juzgadas y sancionadas por explotar a trabajadores forzados en Alemania
La Ley de Amnistía es desmontada con argumentos jurídicos por la juez Servini de Cubría. ¿El Gobierno se podría amparar en ella?
La ley española de amnistía de 1977, si se interpreta y aplica conforme al derecho internacional vinculante para España, no hace falta ni abrogarla ni modificarla. No cubre los delitos de genocidio ni de lesa humanidad prohibidos desde antes de 1936.
¿Por qué cree que no han prosperado las denuncias presentadas por crímenes franquistas en los tribunales españoles desde 2006?
Por razones conocidas. Entre otras, porque fueron resueltas en último extremo por la cúspide del Tribunal Supremo cuando la mayor parte de los integrantes que la formaban eran, y son hoy, magistrados que juraron lealtad a los Principios del Partido Único Fascista y al Caudillo y que rechazaron ser recusados cuando se les hizo presente este aparente conflicto de intereses.
¿Y tampoco en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Sucesivas resoluciones del TEDH en 2012-2013 han negado a admitir a trámite denuncias de matanzas y crímenes de lesa humanidad cometidos de manera continuada contra españoles entre 1936 y 1977. En contraste, el tribunal condenó a Rusia por negarse a investigar la matanza de los bosques de Katin en 1940. No se puede perder de vista que entre 1936 y 1939 cuerpos del Ejército profesional de Alemania e Italia mataron a miles de civiles desarmados en Barcelona, Mallorca, Valencia, Guernica y muchos otros lugares de España.
No atender este exhorto por parte del Gobierno español ¿en qué lugar dejaría a España?
La tramitación de la petición argentina ofrece a España una oportunidad para actualizarse y dejar de ser el único país de Europa que no ha investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Siglo XX.
(*) Entrevista publicada en el digital Eldiario.es. Joan Garcés, asesor de Salvador Allende, facilitó a Garzón la documentación que permitió la detención en Londres del general Pinochet.
Carne Cruda 2.0 (20/09/13) - Los crímenes del franquismo se juzgan en Argentina
   Programa de radio "Carne Cruda" de la Cadena Ser dedicado a la memoria histórica con familiares y víctimas directas de la represión fascista y con Ana Messuti, una de las abogadas de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. 
Carne Cruda 2.0 en su edición extendida del viernes 20 de septiembre de 2013

(FUENTES: Publico.es, eldiario.es, Cadena SER La Comuna de presxs del franquismo )

4.7.13

Colombia: Crímenes militares

POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?


26.6.13

Colombia: Cuatro muertos en la represión de la huelga campesina del Catatumbo

MIENTRAS EL GOBIERNO NEGOCIA LA PAZ EN CUBA, EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA SIGUEN ASESINANDO CAMPESINOS 

La Policía y el Ejército colombiano asesinó a dos campesinos e hirió al menos a 13 este martes durante la represión de una marcha campesina que se dirigía hacia el municipio de Ocaña. departamento de Norte de Santander, para exiigirle al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que atendiera las necesidades de los campesinos de la zona del Catatumbo.

 Con ellos son ya cuatro
los muertos registrados desde que el 10 de junio comenzó el paro campesino en la región.


   Según César Jerez, un de los portavoces campesinos, la masacre se produjo en el lugar conocido como "La Y", una intersección de carreteras en la salida de Ocaña hacia la costa Atlántica y los municipios vecinos de Convención y Teorama. Los huelguistas habían bloqueado la carretera. Los disparos contra los manifestantes salieron desde la posición que mantenían entre 500 y 1000 unidades del Ejército y de la Esmad (Ecuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía). "No eran disparos al aire sino en contra de la población”, denuncian los campesinos.
Uno de los líderes del movimiento campesino, Jhony Orril, detalló que los efectivos de la fuerza pública arremetieron contra ellos sin compasión, por lo que repudió el hecho. “Este gobierno no quiere la paz, ellos quieren la represión, repudiamos y responsabilizamos a la cúpula militar y al gobierno del presidente Juan Manuel Santos” dijo.

Contra la erradicación de cultivos ilícitos

El sábado la protesta se cobró las dos primeras víctimas mortales en una refriega con la fuerza pública en el mismo sector, cuando un grupo de campesinos trataba de tomar el control del aeropuerto de Ocaña, que queda en la misma vía.

   Los campesinos comenzaron hace 15 días la movilización para reclamar que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se implanten proyectos productivos, así como la creación de una zona de reserva campesina y el respeto a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo.

La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 11.000 se han congregado en Ocaña, la segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, y 5.000 en Tibú, una importante zona petrolera, según los propios campesinos.

Tras conocerse esta nueva víctima mortal, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió un comunicado en el que exige al Gobierno "que no siga asesinando al campesinado del Catatumbo".

"Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos por estos hechos y le exhortamos a que de la orden inmediata de cese al fuego", agrega el comunicado.

Por otro lado, representantes de los campesinos recibieron este miércoles en Tibú, uno de los focos de la protesta, a la comisión enviada por el Gobierno nacional para negociar con manifestantes e integrada además por autoridades del Norte de Santander.


Los representantes del Gobierno pidieron a los manifestantes que para iniciar una negociación se mitigue la situación alimentaria en la zona, que tras dos semanas de protesta sufre problemas de abastecimiento. 

Militarización de la zona

 Los campesinos del municipio de Ocaña denuncian la militarización de la zona como parte de la política represiva emprendida por el Gobierno de Santos. Los habitantes de la zona informan sobre la presencia de varios aviones que transportaron aproximadamente a 200 efectivos castrenses del escuadrón antidisturbios, que arribaron acompañados de la Policía Nacional para reprimir las protestas que llevan a cabo -desde el pasado 11 de junio- agricultores que han salido a la calle a pronunciarse por el abandono estatal.

  Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.

Bogotá apoya protestas campesinas

   
Mientras tanto, frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá,  se concentraron unas 100 personas para apoyar las protestas de los campesinos del Catatumbo , quienes llevan aproximadamente quince días esperando que el Gobierno los atienda.
La intención es lograr un impacto político y hacer un llamado de atención de las autoridades, según indicaron los portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo, quienes portaban pancartas con lemas como “El Catatumbo resiste y persiste”, “Sí a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)” y “Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el terreno”.



COMUNICADO DE LA MARCHA PATRIÓTICA DE ANTIOQUIA
Ante la arremetida del régimen de Santos contra los campesinos del Catatumbo

Marcha Patriótica Antioquia manifiesta su más enérgico rechazo a la represión militar que lleva a cabo el gobierno de la “prosperidad democrática” que dice querer la paz, pero que en los hechos hace la guerra frontal contra el pueblo. Hasta hoy tras 13 días de legítima protesta campesina las balas, granadas y ataques del régimen policial han causado dos muertos, ocho heridos con balas de fusil, más de una decena de heridos y cerca de treinta detenidos.
Los campesinos del Catatumbo, Norte de Santander y los municipios de Hacarí, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen y Tibú, organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) llevan a cabo una justa protesta demandando el cumplimiento de acuerdos incumplidos por el gobierno.
El pliego de 10 puntos que reclaman al Estado incluye que se decrete la Zona de Reserva del Catatumbo, en el Marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER; la suspensión de la erradicación forzosa de los cultivos de coca a cambio de un programa de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito;  subsidio durante dos años a las familias afectadas por la erradicación y fumigación de los cultivos de coca; la suspensión de los planes minero energéticos que se quiere adelantar en la región; suspender la política del plan de consolidación en la ZRC del Catatumbo que solo trae represión y desplazamiento para los campesinos; la conformación de una comisión de verificación que aborde las violaciones a los derechos humanos y los graves ataques con armas de fuego y abusos policiales contra los manifestantes; el respeto y garantías a la vida, la dignidad e integridad de los manifestantes; hospital, universidad, suministro de gas, agua potable, electricidad y vías para Tibú y los municipios aledaños, etc.
Marcha Patriótica Antioquia expresa igualmente la más franca y sentida solidaridad con el campesinado del Catatumbo que protesta justamente por sus derechos y reivindicaciones y hace una llamado a todos y todas las integrantes de Marcha a difundir y denunciar ampliamente el brutal atropello a que son sometidos los campesinos de Norte de Santander, y sus municipios.
Igualmente respaldamos íntegramente el pliego de diez puntos que exigen con justa protesta al gobierno que dice querer la paz pero responde con la guerra.
Comité de Impulso de Marcha Patriótica Antioquia
Medellín, 24 de junio del 2013

(Fuentes: EFE, LibreRed, Agencia Prensa Rural y Marcha Patriótica)

25.6.13

Brasil: Protestas populares

LOS BRASILEÑOS SE REBELAN PARA LOGRAR UN REPARTO MÁS JUSTO DE LA RIQUEZA: MÁS ESCUELAS Y HOSPITALES, MEJORES TRANSPORTES Y MENOS SUPER-ESTADIOS





Un rayo iluminó el paisaje social y político brasileño, que había permanecido calmo una década hasta el pasado lunes 17. La velocidad con que se expandió la protesta social, iniciada por jóvenes autoconvocados por las redes sociales bajo el nombre de Movimiento  Pase Libre (MPL) sacudió al gobierno, al conjunto de las clases rectoras y a los medios de comunicación tradicionales, entretenidos con la copa de las Confederaciones de fútbol en curso y encandilados hasta ese día con los próximos fastos de la Copa Mundial de fútbol y de las Olimpíadas. Cientos de miles de manifestantes en las calles de las principales ciudades del país cambiaron la agenda política y social y abrieron nuevos debates.  Más rápido en reflejos que varios de sus intelectuales orgánicos, el gobierno federal y los gobiernos locales dieron marcha atrás con el aumento de las tarifas del  transporte, el detonante de la crisis. La presidenta Dilma reconoció la justicia de la protesta callejera en materia transporte, salud, educación y seguridad.  El gobernador de Río Grande do Sul, Tarso Genro, que siempre fue una referencia de la izquierda del PT, advirtió sobre la importancia de la siempre aplazada reforma política e insistió en la perentoria necesidad de más democracia y transparencia en la gestión. En la misma línea,  Raul Pont (miembro del Consejo Editorial deSinPermiso) aseguró que el MPL  es  un movimiento "saludable, ciudadano,  que ha logrado movilizar con éxito a la población y cuyas victorias benefician a toda la sociedad".  Los obreros metalúrgicos organizados del ABC,  particularmente los de la región Este de San Pablo, se sumaron a las movilizaciones, al mismo tiempo que sus dirigentes se reunían con Lula  para discutir la coyuntura y el futuro de la acción sindical en Brasil. Como ocurre en la naturaleza, en los aluviones políticos también las aguas bajan turbias. Grupos de la ultraderecha aprovechan el río revuelto para ver qué pueden sacar de allí: sin embargo, poner el ojo en ellos  –como hacen os sectores menos inteligentes del oficialismo— es obnubilarse con el dedo que señala a la luna. La derogación del aumento del transporte, un triunfo incontestable del movimiento, estimula nuevas marchas a favor de ulteriores reivindicaciones y exigencias populares: salud, educación, seguridad, violencia policial, infraestructura pública básica, etc. Según la última encuesta de Datafolha, el 65 por ciento de los paulistas que participaron en las protestas dijeron que las mismas traían más beneficios que perjuicios. Ofrecemos aquí cuatro artículos que dan cuenta de las movilizaciones, de sus causas y de las opciones que se le plantean a la izquierda y a los movimientos sociales brasileños. 

Una noche de aquellas

Por Gilberto Maringoni (*)
São Paulo.– La noche de este lunes (17) tiene todo lo necesario para entrar en la historia.  Tal vez en los próximos días tengamos más claridad de lo que está sucediendo en el país. No es frecuente que las multitudes irrumpan en el centro de la escena política con exuberancia y bronca.  No se ha visto nada parecido desde las marchas por las Directas Ya, en 1984.
Pero si la campaña que culminó en abril de aquel año conoció un crecimiento iniciado seis meses antes, con una pequeña protesta en la Plaza Charles Miller de san Pablo, la protesta actual comenzó hace menos de dos semanas.
Explosión popular
Hasta el martes 11, las movilizaciones reunían a pocos miles de jóvenes en Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Maceió y Porto Alegre. La consiga era clara: contra el aumento de las tarifas. Los actos fueron castigados violentamente por truculentas acciones de la policía.
 Sólo después de la represión paulista del jueves 13, hubo la expectativa de que algo mayor podría suceder. Y este lunes superó todas las expectativas.
 Ahora hay un movimiento nacional, todavía sin una dirección clara, que suma repercusiones hasta en las colonias de  brasileños en el extranjero.
 El móvil inmediato de la lucha sería el aumento en las tarifas del transporte público en algunas ciudades. Pero no en todas. En Brasilia, por ejemplo, un lugar de formidables movilizaciones no es ese el motivo.
 Si analizamos la situación empíricamente, vamos a ver que no hay ningún indicador objetivo que consiga captar el descontento que se manifiesta.
Encuestas de opinión y Economía
Los sondeos de opinión que evalúan una pérdida de popularidad del gobierno federal, de hacen diez días, no demuestran nada excepcional. Aunque importante, la caída de ocho puntos deja  a la presidenta con niveles de aceptación muy altos. 
El retroceso en la tasa de empleo no es tan fuerte  hasta el punto de prender una luz amarilla en el gobierno. En el campo de la macroeconomía, hay nubes cargadas en el horizonte, que se traducen en la tendencia a un PIB mediocre al finalizar el año. Pero el consumo sigue en alza y no hay, aparentemente, una percepción generalizada de que estamos al borde de una crisis.
 Lo que retrocedió fueron las expectativas. Sin embargo, sería demasiado subjetivismo afirmar que cientos de miles de personas salen a las calles y se enfrentan con las fuerzas de seguridad en virtud de las expectativas sombrías para el mediano plazo.
Límites del Lulismo
Hay  un descontento creciente con las obras de la Copa (Mundial de Fútbol) que ganó visibilidad con el inicio de la Copa Confederaciones. Obras faraónicas, que pronto serán elefantes blancos como el estadio Mané Garrincha, generan malestar. Esto se da  especialmente  cuando son comparadas con las deficiencias en los servicios públicos como el transporte, salud, educación y asistencia social (por cierto, una de las más creativas pancartas vistas en  la manifestación de São Paulo era: "¿Su su hijo enfermó?" "Llévelo para el Estadio").
Es posible que el descontento con la mala calidad de los servicios públicos tenga un peso relevante en la furia popular. Y tal vez estemos viendo los límites del Lulismo.
 Hay una pista en una de las campañas de publicidad montadas por los marquetineros de Fernando Haddad. Uno de los anuncios de campaña decía algo más o menos así: "con Lula,  tienes TV, coche, casa, heladera y electrodomésticos. De la puerta para adentro de la casa la vida cambió. De la puerta para afuera todavía no cambió".
Servicios de mala calidad
De "la puerta para afuera" se refiere a los servicios públicos colapsados, horas perdidas en transportes caros y de pésima calidad, escuelas públicas carecientes de materiales y docentes  y las debilidades de la salud pública, sin dejar de mencionar un creciente clima de inseguridad pública en las ciudades.
O sea, el Lulismo – como ha sido analizado por André Singer – aumentó la capacidad de consumo de los sectores que estaban prácticamente al margen del mercado, pero no amplió significativamente el acceso a derechos básicos de ciudadanía.
Si fuera eso, el momento es ideal para quien desea el cambio social.  Existe legitimidad para transformaciones más profundas de las que han sido realizadas en los últimos años, como la recuperación del valor del salario mínimo, elevar el nivel de empleo y políticas sociales focalizadas. Pueda ser que la expresión popular abra el espacio para una real distribución de la renta.
Marco en disputa
Pero las movilizaciones están en disputa. El programa de la derecha se resume en decir que las movilizaciones tienen como causa la corrupción del gobierno de Dilma, como apunta la increíble revista Veja, en la portada de esta semana.
Los diversos grupos "movimientistas" y anarquistas que protestan contra la presencia de los partidos políticos en las concentraciones y apuntan toda la energía hacia la derogación de los aumentos o por una  tarifa cero. Pero son reacios a cualquier tentativa de organización del formidable impulso cívico desatado en los últimos días.
Brasil mejoró en varios aspectos en los últimos diez años, pero la naturaleza continúa siendo devastada, el caos se apodera de las ciudades, la reforma agraria no marcha, los grandes medios de comunicación se asociaron al gobierno federal, el sector financiero sigue exigiendo radicalización en la ortodoxia económica y la gestión de Dilma afirma su fe privatista.
El hecho es que el movimiento despertó energías que ni los propios organizadores imaginaban que existían.
Declaración al mundo
De hecho,  la  presidenta dio muestras de perplejidad y la opción preferencial por lo obvio con la bombástica revelación que hizo al mundo la noche del lunes: "las manifestaciones pacíficas son legítimas y propias de la democracia. Es característico de los jóvenes manifestarse".
 En  San Pablo, Fernando Haddad se comportó como un político de horizontes limitados. Optó por fingir estar muerto el día de las manifestaciones.  
Geraldo Alckmin, responsable por la truculencia policial, realizó  un movimiento audaz y retiró el patrullaje de las calles. Dejó la tropa de choque acuartelada y dejó la ciudad casi literalmente en manos de los manifestantes. Todo podía ocurrir, inclusive nada. Fue esto lo que ocurrió. No hay ninguna noticia de depredación o acto de vandalismo de cierta monta esa noche, en São Paulo.  En eso, actuaron  de manera diferente gobernadores como Sergio Cabral,  Agnelo Queiroz y Tarso Genro, que pusieron las tropas en la calle.
Los acontecimientos de este segundo lunes cambiaron la coyuntura. En los próximos meses, las multitudes, según todos los indicios,  serán los actores centrales de la escena política. Pero no está claro que este volcán popular dirigirá sus energías.
(*)Gilberto Maringoni, periodista colaborador habitual de Carta Maior
(Fuente: Carta Maior 18-06-2013)

El fin del letargo
Por Ricardo Antunes (*)

Nuestro país estuvo al frente de las luchas políticas y sociales en la década de 1980, consiguiendo retardar la implantación del neoliberalismo en Brasil haciendo que la llamada "década perdida" fuera, para los movimientos sociales y políticos populares, su exacto revés.
En esos años, floreció un fuerte sindicalismo de oposición. Las huelgas caminaron en sentido inverso a las tendencias regresivas presentes en el mundo occidental. Nacieron  numerosos movimientos sociales. Se amplió la oposición a la dictadura militar. Se diseñó una Asamblea Nacional Constituyente y vivimos, en 1989, un proceso electoral que dividió Brasil en dos proyectos distintos.
La década siguiente fue avasalladora: neoliberalismo, reestructuración productiva, financierización, desregulación, privatización y desmonte. Cuando ocurrió la victoria política de 2002, con la elección de Lula, el escenario era profundamente distinto de los años 1980. Como la historia está llena de sorpresas, marchas y contramarchas, la elección de 2012 terminó por convertirse en la victoria de la derrota.
Oscilando entre gran continuidad con el gobierno de FHC y poco cambio, pero ninguno con sustancia, el primer mandato de Lula terminó de modo desolador, lo que lo obligó a hacer cambios de ruta, siempre con mucha moderación y ninguna confrontación. Bolsa Familia y altísimas ganancias bancarias; aumento del salario mínimo y enriquecimiento creciente en la cumbre; nada de reforma agraria y mucho incentivo para el agro-negocio.
Nuestro hombre duplicado renació de las cenizas en el segundo mandato. Terminó el gobierno en alza: al mismo tiempo en que construyo su sucesor, desorganizó la casi totalidad del movimiento opositor. Era difícil oponerse al  ex  líder metalúrgico, cuya densidad fuera sólidamente construida en los años 1970-1980.
Quien se acuerda  de su situación en 2005, atascado en el "mensalâo" /1/, y del que se recuerda al fin de su mandato, en 2010, sabía que estaba frente a una variante  de las más destacadas de político.  Si  Dilma, su criatura política – una especia de gestora de hierro – supo vencer en las elecciones, podemos aquí, en este mismo espacio, recordar que algo mayor le faltaba: la densidad social, que a Lula le sobraba.
 Con paciencia, espíritu crítico y mucha persistencia, los movimientos populares habrían de superar ese difícil ciclo. Terminarían por percibir que, más allá del crecimiento económico, del mito faccioso de la "nueva clase media", hay una realidad profundamente crítica en todas las esferas cotidianas de los asalariados. En la salud pública vilipendiada, en la enseñanza pública depauperada, en la vida absurda de las ciudades, abarrotadas de automóviles por los incentivos anti-ecológicos del gobierno del PT. En la violencia que no para de crecer y en los transportes públicos, relativamente más caros (y precarios) del mundo.  En la Copa "blanqueada", sin negros y pobres, en los estadios que enriquecen constructoras y que, en el caso del Engenhâo /2/  se está desmoronando; en los asalariados que se endeudan en el consumo y ven sus salarios evaporarse;  en el foso colosal existente entre las representaciones políticas tradicionales y el clamor de las calles. En la brutalidad d ele Policía Militar de Alckmin y Haddad. Eso ayuda a comprender por qué el movimiento por el pase libre encuentra tanta acogida en la población. Estamos sólo comenzando.
1: así llamado el escándalo que estalló en 2004 en el gobierno de Lula, por el que fueron procesados colaboradores del gobierno de Lula y parlamentarios de la oposición.
2: como se conoce popularmente el Estadio Olímpico Joao Havelange, en Río de Janeiro.
(*)Ricardo Antunes, profesor titular de Sociología en la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) y autor de Riqueza y Miseria del Trabajo en el Brasil.
(Fuente: Folha de São Paulo.  20/06/2013)

Echar cuentas

Por Cristovam Buarque(*)

Hace ocho años la población de Brasil se dedica a la construcción de estadios para la realización de la Copa. No se puede esperar diferente en un país que ya fue llamado una "patria del fútbol".  La población del Distrito Federal, por ejemplo, todavía no tiene equipos que atraigan a los aficionados, pero está deslumbrada con un estadio monumental para 71 mil espectadores a un costo superior a los R$ 1,6 mil millones. Sin embargo, pocos, han hecho las cuentas de lo que significa este costo.
La obra costó  800 Reales para cada uno de los brasilienses. Considerando sólo los adultos, el costo aumentaría a unos  3.000 Reales para cada persona. Si se considera el dinero que dejó de ir a los 208 mil residentes más necesitados, con ingresos de hasta un salario mínimo mensual, el costo fue de aproximadamente 8.000 Reales más o menos un año de trabajo de cada uno de ellos. Si cada brasiliense supiese que este valor salió de su bolsillo y conociese sus usos alternativos, la euforia con el estadio no sería tan grande.
Con los recursos gastados en el estadio sería posible financiar la formación de 6.800 ingenieros de excelencia, desde el primer grado de primaria en súper escuelas de calidad internacional, al costo  de  9.000 Reales por alumno al año, pagando  9.500 Reales por mes para cada maestro, hasta el final del curso en ingeniería de excelencia, en cursos universitarios de excelencia iguales a los del Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Este número es mayor que la suma de todos los ingenieros que se han formado ya en el ITA en sus 64 años de funcionamiento. Además de eso, la formación sería pública, igual para los hijos de los más pobres y de los más ricos que tengan vocación y persistencia.
Si consideramos que cada uno de estos profesionales contribuiría al desarrollo del país y generaría un ingreso igual o superior al salario, tomando a los efectos de la simulación de la cantidad de R$ 20.000 por mes, la cantidad generada a lo largo de más de 35 años de trabajo, daría lugar a ingresos de aproximadamente R$ 63,6 mil millones. Algo equivalente a 40 estadios similares al nuevo Mané Garrincha  del Distrito Federal. Más importante aún es que esos profesionales servirían como base para el desarrollo científico y tecnológico que Brasil  tanto necesita.
Si tenemos en cuenta el costo de todos los 12 estadios de la Copa del mundo, actualmente presupuestados en R$ 7,2 mil millones, y que seguramente será mayor, formaríamos unos 30.400 científicos y tecnólogos de la más alta calidad. Por más beneficios que traiga la Copa del Mundo, no hay duda que invertir en Ciencia y Tecnología sería un mejor uso del dinero para la construcción del futuro del país. Algunos dicen que aproximadamente unos 4 mil trabajadores recibirán sus salarios por tener empleos generados directamente por la obra en el D.F., sin embargo ellos podrían ganar lo  mismo construyendo hospitales y escuelas. Podemos decir también que los Estadios van a permitir actividades deportivas y culturales, pero esto ya sería posible con pequeñas mejoras en los actuales.
Brasil tiene muchos problemas, pero uno de los más graves es no hacer cuentas.
(*)Cristovam Buarque, ex ministro de Educación, senador y profesor de la UnB.
(Fuente: SinPermiso, 18-06-2013 )


Protestas

Por Henrique Carneiro(*)

Una revolución es cuando el pueblo invade el escenario en que se decide su propio destino y comienza a ser protagonista principal por medio de acciones de masas.
Brasil nunca tuvo una revolución. Todas las transiciones en este país, desde la Independencia hasta la proclamación de la República fueron acuerdos entre las elites con poquísima o ninguna participación del pueblo.
Los movimientos que adoptaron el nombre de "revolución" fueron también acciones de sectores de la burguesía y de los militares. Como en 1930 y 1964.
Nunca el pueblo derrocó un gobierno de forma revolucionaria en el Brasil. El Fuera Collor  fue un movimiento controlado por el sistema político que consiguió que el pueblo soportara al vice de Collor, Itamar.
Nunca el sistema político brasileño fue realmente cuestionado por un proceso revolucionario. El ascenso del PT al poder fue el resultado de una enorme ola huelguística que, después de la elección de Lula, fue anestesiada por la expectativa del nuevo gobierno. 
El PT con dos mandatos de Lula y un medio mandato de Dilma consiguió ocultar la reprimida insatisfacción social por medio de una combinación entre asistencialismo social a los más pobres y alianza con la gran burguesía tradicional, que nunca ganó tanto.
La frustración con las promesas de cambio del PT son el motor de la explosión social actual.
El sistema de transporte es una faceta de las carencias estructurales del país que no fueron cambiadas, pero el desencadenante real del 17 de junio reside en otro legado de la dictadura que continúa presente: ¡el sistema policial militar!
¡El gran grito del 17 de junio fue contra la represión de la PM a las manifestaciones de masa!
Estos dos motivos son causas populares y democráticas. Derogación del aumento y contra la represión de la PM.
Ante esta situación, ahora la gran pregunta es: ¿A dónde vamos?
La derogación de los aumentos de las tarifas, a esta altura, me parece inevitable. Los gobiernos van a tener que entregar 20 centavos para no perder los mandatos.  Pero ¿después de eso?
La gran cuestión para el movimiento es cómo construir un programa de exigencias además de la derogación del aumento y cómo constituir una forma orgánica de articulación popular… ¿Cuál va a ser el foro popular para ese movimiento?
En relación al contenido programático del movimiento, es obvio que él no se reduce solamente al tema del transporte colectivo. El impacto del terremoto político es tan grande que los medios tratan de reorientarse hacia una tentativa de despolitizar el movimiento, apoyándose en un justo sentimiento de repudio al sistema político en su conjunto, como "el que se vayan todos" de la Argentina, para apuntar a que el movimiento es contra los partidos en general, especialmente los de la extrema izquierda.
El mayor horror de la burguesía es que el movimiento se incline hacia la adhesión a propuestas revolucionarias socialistas. Para eso, los medios se lanzan desesperadamente a la demonización de la izquierda revolucionaria y a la tentativa de jugar con el espíritu anarquista de los jóvenes contra cualquier organización de izquierda. ¡Vístanse sólo de blanco y solamente canten el himno nacional y prohíban las banderas rojas de los partidos radicales, es la letanía de una prensa que vio por primera vez en la historia el cerco a la red Globo por la multitud furiosa!
El Movimiento Pase Libre (MPL), en la participación de la Roda Viva, sostuvo una posición correcta de mantenerse intransigente en la reivindicación de la derogación del aumento, que, obviamente, no puede ser negociada.
Pero en la perspectiva estratégica faltaron dos cosas:
La primera es no cuestionar la existencia de la propiedad privada de gran transporte público.  En lugar de acentuar la necesidad de la estatización, recuperar la Compañía Municipal de Transporte Colectivo en San Pablo, continúan hablando de cómo obtener más subsidios para las empresas privadas para que lleguen al punto de una tarifa cero, lo que significa mantener la mafia de los transportes recibiendo dinero público!
Por eso, es bueno ahora identificar claramente quien son esas empresas, cuál es su ganancia, cuánto ponen para la campaña del Prefecto y de los concejales, vamos a ver quién es esa mafia que lucra con el transporte apiñado y chatarra protegida por los subsidios públicos.
La segunda ausencia en el discurso del MPL es no incluir la exigencia de desmilitarización de la PM, de prohibición del uso de balas de goma y de otras armas menos letales.  ¡Más que la tarifa, fue la violencia de la policía lo que indignó al pueblo brasileño!
El movimiento necesita avanzar hacia un contenido programático más profundo que permita la ampliación para los movimientos sociales y sindicales más amplios que luchan contra Belo Monte (la mega represa en el corazón de la Amazonia NdT), contra el agro negocio, la especulación inmobiliaria, el rentismo financiero parasitario, el exterminio indígena y que apunten a una salida política estratégica.
El rechazo del MPL en asumir el socialismo es la expresión de una falta de definición programática más amplia, que puede limitar a profundización del contenido reivindicatorio.
Pues, aunque se desprecien las elecciones, ellas vendrán y para Dilma será cada vez más difícil la reelección, llevando al PT a retomar nuevamente la carta de Lula como candidato; en ausencia de una propuesta política nacional socialista revolucionaria, llenará e vació político con nuevas salidas capitalistas travestidas de eco-capitalismo neo-evangélico, como la Red Marina, o "socialistas" de pacotilla del PSB de Eduardo Campos.
El movimiento social y popular necesita buscar un foro común, una Asamblea Popular que sea un polo alternativo, no sólo para una candidatura unificada de la izquierda en 2014, sino para tener un norte claro.
La acción burguesa por medio de los medios intentará secuestrar el movimiento social para reducirlo a una acción "cívica" y "patriótica", sin contenido anticapitalista. La infiltración de grupos de derecha e incluso fascistas, intentando apoyarse en el saludable sentimiento anti-institucional, para direccionar ese rechazo a los partidos y movimientos organizados de la izquierda revolucionaria es un síntoma de que la indignación sin programa claro puede ir para cualquier lado.
Esos, me parecen, en resumen, que son los grandes dilemas:
Profundizar el programa de reivindicaciones, no sólo para la derogación de la tarifa y el pase libre como próximo paso, sino para un modelo alternativo de sociedad y de política económica que sea un medio de unificar todas las reivindicaciones de los movimientos sociales.
Destacar la exigencia del fin de la PM y prohibición de usar de las balas de goma como eje central del momento.
Encontrar un foro más amplio que pueda reunir el MPL con los movimientos contra Belo Monte, huelgas obreras, luchas indígenas, de los Sin techo, de los Sin Tierra. La reunión realizada el domingo pasado en San Pablo entre el MPL, Conlutas, partidos de izquierda, etc. Debe ser continuada de una forma más amplia y transparente posible.
Vivimos un primer terremoto político. Se no hubiera una alternativa real de poder, como en cierta forma Syriza consiguió construir en Grecia, el riesgo es repetir a los indignados españoles que tomaron la Puerta del Sol y después, sin alternativa política el pueblo terminó votando a la derecha, que ganó las elecciones.
Una revolución es un largo proceso, con idas y vueltas, con confusión ideológica y manipulaciones sofisticadas de la conciencia popular, que tiene una acción corajuda y resuelta, pero con una ausencia completa de perspectivas más estratégicas.
El aprendizaje político de estos momentos tiene la velocidad de la luz. Hace diez días quien hubiese previsto que esto iba a pasar se lo habría calificado de loco delirante. Lo que ocurrió ayer fue sólo un comienzo. Lo que viene en adelante es un largo proceso revolucionario. Mañana va a ser mayor,  pero además de luchar necesitamos saber claramente a dónde queremos llegar.
(*)Henrique Carneiro es historiador, profesor en la Universidad de San Pablo (USP).
(Fuente: Correo da Ciudadanía  19-06-2013)
                                         Traducciones para www.sinpermiso.info: Carlos Abel Suárez
(Fuente: Sin Permiso) 

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