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4.7.13

Colombia: Crímenes militares

POR QUÉ EJÉRCITO Y POLICÍA REPRIMEN A SANGRE Y FUEGO LAS LUCHAS CAMPESINAS EN EL CATATUMBO. ¿SERÁ PORQUE SE TRATA DE UN TERRITORIO DE GRAN VALOR GEOESTRATÉGICO?


10.2.12

Brasil:Huelga policial

EL CONFLICTO SALTA A RÍO Y OBLIGA A SUSPENDER EL PRIMER DESFILE DEL CARNAVAL. LA PRESIDENTA ROUSSEFF DESPLIEGA EL EJÉRCITO



   La huelga policial y de bomberos ha saltado este viernes de Salvador Bahía a Río de Janeiro y amenaza el carnaval.  El grupo carnavalesco "Bola Preta", que suele reunir más de un millón de personas en las calles de Río de Janeiro, anunció la suspensión de los festejos. Los directivos del "Cordón de Carnaval Bola Preta" informaron a través de un comunicado que no realizarán el recorrido danzante por calles del centro de Río  previsto para las 20 horas (22 GMT) de este viernes, considerado como el comienzo de las fiestas, que culminan con los desfiles de las comparsas profesionales en el Sambódromo. "Bola Preta" es una de las agrupaciones carnavalescas de mayor arraigo popular en Río y sus festejos son la antesala de los fastuosos desfiles de las Escolas do Samba profesionales en el Sambódromo que deben comenzar el domingo 19 de febrero. Estaba previsto que otros 120 cordones carnavalescos populares que cada año recorren barrios y la costanera carioca iniciaran sus marchas este fin de semana, pero estas actividades aún no fueron ratificadas. A pesar del paro policial el gobierno aseguró que habrá actividades en el Sambódromo Marques de Sapucaí, considerado el mayor espetáculo del carnaval brasileño. "El carnaval está garantizado en un 100 por ciento, vamos a actuar con efectivos propios" dado que fueron convocados efectivos que realizan tareas administrativas, declaró el jefe de la defensa civil, coronel Sergio Simoes, quien también es jefe del Cuerpo de Bomberos. Simoes señaló que cerca de 700 hombres estarán disponibles para trabajar en el Sambódromo y luego opinó que la huelga "es una cobardía, inaceptable.no se puede negociar nada si la condición impuesta es la huelga". Pero de momento, el inicio del carnaval ya se ha visto afectado por el conflicto.

Senadores apoyan a los huelguistas

 
 Varios senadores brasileños han expresado hoy su apoyo a las demandas de los policías de varios estados, que reclaman un aumento salarial y que se establezca un salario base que rija para todos los estados del Brasil. Desde 2008 está en el parlamento la Propuesta de Enmienda Parlamentaria 300 (PEC 300) que fija un salario mínimo para todos los efectivos de las policías de los estados. Esta es la principal demanda tanto de los agentes que están en huelga en Río de Janeiro y Bahía, como de los de otros estados en los que los policías convocaron a asambleas. "Estoy a favor de la PEC 300, creo que ella será bienvenida pero, al mismo tiempo, hay que ver de donde van a salir los recursos para pagarla" declara  Pedro Taques, titular de la subcomisión de Seguridad Pública de la Cámara alta. En 2011 policías de varios estados intentaron invadir el palacio del Congreso en Brasilia para presionar en favor de que fuera  aprobada la PEC 300, y desde entonces ha ido en aumento el movimiento policial en varios estados.  "La tarea policial debe ser valorizada.el trabajador de la seguridad pública está muy próximo al crimen, hay un pequeño muro que separa a la ley del crimen" declara el senador Randolfe Rodrigues. Sin embargo los senadores del oficialista Partido de los Trabajadores se oponen, en su mayoría, a la PEC 300, aun sin debatirse ni votarse   en el plenario de Diputados. La crisis policial surgida en Bahía el 31 de enero, a la que se suma ahora el paro de Río desde este viernes,  fortalecen el peso de la llamada "bancada policial", tanto en el Senado como en Diputados. Ese bloque "se comportó de forma populista al impulsar la PEC 300 e incentivar esta ola de inestabilidad en varios estados, si se aprobara la PEC habrá que desembolsar 13.000 millones de reales (7.000 millones de dólares) más que todo el presupuesto del ministerio de Justicia" dice la antropóloga Jaqueline Muniz, especialista en seguridad.

La Presidenta Rousseff despliega al ejército en Río


     El paro de la policía de Río de Janeiro, iniciado a las 0 horas de este viernes, parece contar con la adhesión de muchos efectivos, y la presidenta Dilma Rousseff anuncia el envío de 14.000 militares para garantizar el orden, a una semana del inicio del carnaval.

   Veinte unidades móviles estaban estacionadas ya en la madrugada pasada frente a la unidad policial de Olaría, mientras otras 10 permanecían en la comisaría Penha en señal de adhesión a la huelga y desacatando la orden de las autoridades para que realizarann sus rondas habituales. Esas bases policiales se encuentran en las proximidades del Complexo do Alemao, el mayor conjunto de favelas de la región norte carioca. Unos dos mil policías del estado de Río de Janeiro participaron en la noche del jueves en la asamblea realizada en el barrio céntrico de Cinelandia durante la cual fue aprobada la huelga que exige un salario base de 3.500 reales (cerca de 2.000 dólares). El gobernador de Río, Sergio Cabral solicitó anoche a Rousseff el envio de 14.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 300 policías de elite de la Fuerza Nacional de Seguridad para garantizar el orden y evitar el aumento de homicidios, como ha sucedido   en la huelga policial del estado de Bahía. En tanto 10 patrulleros estaban estacionados en la mañana de hoy frente a la unidad policial de Botafogo, en la zona sur de la ciudad. La asamblea de los policías de Río de Janeiro resolvió mantener de guardia al 30% de los efectivos pese a que una minoría propuso suspender por completo las actividades como ocurre en el paro del estado de Bahía. El director jurídico del Sindicato de Policías Civiles (policía investigaciones) Francisco Chao dijo que pese al paro está descartada la hipótesis de tolerar "actos de vandalismo" como los registrados en Bahía.

La seguridad de los carnavales, en peligro

   En Bahía continúa la huelga y las autoridades ya sacaron allí esta semana a miles de soldados a las calles de Salvador para recuperar el control de una ciudad donde se realiza el segundo mayor carnaval del país.
La decisión de ir a la huelga en Río fue adoptada a última hora del jueves por cientos de dirigentes sindicales de la policía militar, civil y los bomberos del estado.Los asambleístas consideraron insuficiente una propuesta del gobierno estatal para conceder un reajuste salarial.También demandan la liberación de un bombero, Benvenuto Daciolo, detenido el jueves acusado de incitar a extender la huelga de Bahía a otros estados.

    La situación ha causado inquietud en la Presidencia brasileña y en gobiernos locales.El gobernador de Río, Sergio Cabral, afirma que existe una coordinación nacional de profesionales de seguridad para crear un clima de inestabilidad. El ministro José Eduardo Cardozo declaró esta semana al diario O Estado de Sao Paulo que hay "un aumento de situaciones que buscan sembrar el pánico entre la población".
Diferentes medios brasileños informaron el jueves que funcionarios de seguridad de siete estados de Brasil, incluido Río, analizaban declararse en huelga.

Las escuelas de samba siguen adelante con los preparativos. Sin embargo hay preocupación por la seguridad debido a la huelga.



Lo que revela la huelga policial 

   La huelga se inició en el estado de Bahía y desató una ola de violencia, que el Ejército intenta ahora frenar y que  refleja la falta de límites con que operan los agentes de seguridad en este país, opinan según los  expertos. La situación en Bahía llegó a un máximo de tensión este lunes cuando cientos de soldados cercaron la Asamblea Legislativa del estado, donde están refugiados desde la semana pasada los policías militares en huelga. Los huelguistas prometen resistir si las tropas federales buscan desalojarlos por la fuerza del legislativo de Salvador, capital estatal, tercera ciudad de Brasil y una de las sedes del Mundial de fútbol 2014.

    La protesta en demanda de mejoras salariales dio pie a una ola de violencia con al menos 87 homicidios y cogió por sorpresa al país.  "En momentos en que Brasil parece un país moderno, integrado, vemos niveles de violencia muy altos y una arquitectura jurídico-político-institucional muy precaria para lidiar con conflictos de este orden", dice Eduardo Paes-Machado, profesor de sociología y criminología de la Universidad Federal de Bahía.  Paes-Machado piensa que en la huelga policial está en juego el poder real de la policía en una sociedad que en la práctica le ha dado un poder "desorbitado" para actuar en la vida cotidiana. "Aquí hay una creencia de que una policía superpoderosa va a solucionar los problemas de crimen y violencia y en realidad es al contrario: va a crear problemas de corrupción, violencia y brutalidad. Cuando ellos hacen lo que están haciendo están usando parte de ese mandato que la sociedad y el Estado le dio a la policía. Es un poco la metáfora del hechizo que se vuelve en contra del hechicero. Esta huelga no es una huelga de un sector frágil y sin poderes: es de un sector que sabe muy bien usar el poder que tiene para poner al gobierno y la sociedad en jaque".

    Según la secretaría de Seguridad Pública de Bahía, la huelga iniciada el martes de la semana pasada afectó a un tercio de los 31.000 policías del estado. Además de ocupar la Asamblea estatal, los huelguistas tomaron autobuses para cortar avenidas importantes de Salvador. La situación de caos empeoró el viernes tras una serie de saqueos a comercios, asaltos y asesinatos. En los seis días de huelga policial, la cifra de al menos 87 homicidios cometidos en Salvador y sus alrededores supera por más del doble la de la semana anterior, según cifras oficiales.

   Con el fin de retomar el control de la ciudad, el fin de semana fueron movilizados unos 3.500 efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Nacional de Seguridad. La justicia declaró ilegal la huelga y emitió órdenes de captura contra 12 de sus líderes. Este lunes, cerca de un millar de soldados y policías federales fueron desplegados alrededor de la Asamblea Legislativa para rodear a los huelguistas allí recluidos y obligarlos a salir. Los efectivos que cercaron el edificio utilizaron balas de goma y bombas de gas para impedir que se acercaran personas que apoyan a los policías en huelga desde fuera . El desalojo de la Asamblea fue reclamado por su presidente, Marcelo Nilo, quien protestaba por la presencia de  "hombres armados por los corredores y por las rampas".

    Otros dos estados brasileños del nordeste, Maranhão y Ceará, también enfrentaron en las últimas semanas huelgas de policías militares. El líder de la huelga de Bahía, Marco Prisco, participó en una huelga de policías militares en el mismo estado en el año 2001, lo que le costó su cargo como bombero, y ahora promete resistir dentro de la Asamblea estatal. Ivone Freire Costa, coordinadora de proyecto de seguridad publica en la Universidad Federal de Bahía, sostiene que una protesta como la actual, "con características de motín, como fue caracterizada, es problemática porque ya tiene otras connotaciones". La experta considera que la situación de Bahía podría repetirse en otras partes del país.

(Fuentes: ANSA-Latina y  BBC-Mundo)


21.11.09

Argentina:DD.HH y Represión

CERCA DE TRES MIL JÓVENES ASESINADOS DURANTE LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS, ENTRE 1983 Y 2009. UN MUERTO CADA 28 HORAS A MANOS DE POLICÍAS.


La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de la Argentina investigó y documentó la muerte de 2.826 jóvenes en democracia entre los años 1983 y 2009.

El grupo de abogados y especialistas en criminalidad que integran la Correpi presentó los datos actualizados del informe anual sobre represión policial e institucional este viernes 20 de noviembre en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe detalla que entre 1991 y 2009 "miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención". Agrega que muchos de ellos "murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas".

"Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2 mil 826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer", sostiene la Correpi. También detalla que "desde el 25 de mayo de 2003, el Gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, mil 323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395".

Audios
-María del Carmen Verdú, Correpi (politicas represivas de los Gobiernos Kirchneristas) archivo mp3
-María del Carmen Verdú, Correpi (cómo surge Correpi) archivo mp3


Un muerto cada 28 horas por represión policial


Una persona muere cada 28 horas en Argentina por la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, según el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), difundido por la prensa argentina.

El informe, el décimo cuarto elaborado por la entidad, indica que en los primeros diez meses del año se registraron 269 muertes y que desde 1996 hasta ahora suman 2.826 personas fallecidas como consecuencia de la represión policial.

El archivo "es un relevamiento de todos los casos que se conocen en los que el aparato represivo del Estado mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades", destaca del informe el diario Página/12, de Buenos Aires.
El texto remite a prácticas ilegales utilizadas por las fuerzas de seguridad: "el gatillo fácil", muertes en cárceles y comisarias, fusilamiento en movilizaciones u otras protestas, y las muertes "intrafuerza o intrafamiliares" (cuando el autor usa los recursos del Estado para resolver un conflicto familiar), entre otras.
Aunque el informe considera "imposible calcular la cifra negra del gatillo fácil" y de la muerte en cárceles y comisarías, los casos registrados por esta modalidad superan la mitad del total (1.453), mientras que ha habido 52 víctimas en movilizaciones populares o protestas.

Más de la mitad de las muertes corresponde a hombres de clase baja menores de 25 años, por lo que apuntan a los jóvenes como "el blanco favorito" de estas acciones represivas.

Cómo se elabora el Informe Correpi


Desde 1996, Correpi presenta, a fin de año, el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado. La elaboración del Archivo surgió entre los abogados asociados como una necesidad de mostrar, desde los datos concretos, el alcance y la extensión de la represión y sus víctimas. Por eso, este documento refleja y enumera todos los casos de los que tienen conocimiento y en los que el aparato represivo mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades.

No se trata de es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. Como explica Correpi, "a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.".

En la elaboración del Informe, Correpi clasifica los casos así: " gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).

Y como explica la Coordinadora :"A pesar de que los asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, están debidamente registrados (Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes entre 2000 y 2001, los del 19 y 20 de diciembre de 2001, los del 26 de junio de 2002, Luis Cuéllar y Carlos Fuentealba), es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías. Esta marcada desproporción (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2826) pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo “preventivo”, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase."

Modalidades de la represión



Correpi establece en su Informe las formas habituales de actuación de los cuerpos policiales argentinos.

1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”,
la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;

2- La muerte de personas privadas de su libertad,
sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;



3- La muerte de transeúntes o terceros
provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;

4- Los asesinatos en el marco de la protesta social,
en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.

5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística”
y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.


6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas

(Fuentes: Agencia Púlsar, EFE y CORREPI-www.correpi.lahaine.org)

12.2.09

Ecuador:Relaciones con EE.UU.

LA EMBAJADA NORTEAMERICANA OBLIGADA A DEVOLVER INFORMACIÓN RESERVADA EXTRAÍDA DE LOS ARCHIVOS DE LA POLICÍA, DÍAS DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN DE UN DIPLOMÁTICO POR SU INJERENCIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL POLICIAL ECUATORIANO

El Gobierno ecuatoriano denuncia que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Quito sustrajeron información de los computadores de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional. La denuncia fue revelada por el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien calificó el hecho como “inaceptable”. El incidente, según Carvajal, afecta la seguridad nacional

El gobierno también exigirá una explicación a la Policía sobre los convenios relacionados con la lucha contra el narcotráfico, investigaciones especiales y otras áreas.
Si esa ha sido una práctica durante algunos años, exigimos a la Policía que nos diga desde cuándo y a base de qué aprobaciones de nivel político se han ejecutado estos convenios”, dijo Carvajal.
El presidente de la República, Rafael Correa, dijo que “se presentarán los reclamos dignos” a los funcionarios extranjeros que “osaron y tuvieron la audacia de realizar aquello”.
Correa denunció que la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando de los Estados Unidos sustrajo la información entre el miércoles y jueves de la semana pasada.
Por esta razón, el gobierno del Ecuador expulsó esta semana al funcionario de la embajada norteamericana Armando Astroga.

Finalmente, este miércoles, personal de la Embajada de Estados Unidos entregó a la Policía de Ecuador la información sustraída de unos ordenadores de la unidad contra el contrabando, que obtuvo luego de que suspendiera la financiación que entregaba a esa oficina. Así lo confirmó el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, quien señaló que la información recibida por la Policía ecuatoriana será revisada para descartar una posible manipulación.
"La Policía nacional está haciendo una investigación informática sobre lo que se ha entregado", señaló Carvajal ."Esperamos que no haya sido manipulada" dicha información, añadió Carvajal, quien recordó que la embajada de EE.UU. obtuvo los ordenadores tras decidir suspender la ayuda financiera a la unidad contra el contrabando.

La embajada participaba en el nombramiento de policías


La situación trae cola. Previamente, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, Armando Astorga, había escrito una carta al comandante de Policía Jaime Hurtado, haciéndole conocer que su gobierno suspendía el convenio de apoyo logístico y operativo a la Unidad Centro de Operaciones Anticontrabando del Ecuador. Esta unidad pertenece, a su vez, a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. El argumento que esgrimió el funcionario de los Estados Unidos fue que no funcionaba satisfactoriamente la coordinación entre la Embajada y la Policía para decidir el personal que se asignaba al Centro de Operaciones Anticontrabando.

La comunicación del diplomático estadounidense da a conocer un hecho sorprendente, que los EE.UU. han tenido injerencia en el nombramiento de policías ecuatorianos. Para Adrián Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el asunto es tan dramático que permite la existencia de un convenio que otorga esa posibilidad. "No solamente la relación fue política e informal, sino que fue tan grave que el gobierno ecuatoriano suscribió por error, por descuido o voluntariamente un convenio que permitió esa barbaridad".

Por esta acción, el domingo pasado el ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodges, para informarle "la indignación del Gobierno ecuatoriano y el rechazo a los términos con que Astorga se dirigió al comandante de Policía".

Para Adrián Bonilla, lo que existe es un convenio que revela una relación de subordinación histórica por parte de ciertos organismos del Estado ecuatoriano a entidades de fuera del país, que ha marcado las formas de procesar los temas de seguridad a lo largo de los últimos 30 años. Este convenio, según Bonilla, estaba en vigencia y fue renovado recientemente.

Según el comandante general de Policía, Jaime Hurtado, dicho convenio era verbal, no escrito. Sobre esto, el ministro Carvajal expresó que, en adelante, todo tipo de acuerdo tiene que realizarse por escrito sobre la base del respeto a la soberanía. También manifestó que la Policía tendrá que dar explicaciones sobre este tipo de prácticas.

Bonilla opina que si el convenio, en efecto, fue verbal, hay responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales en aquellas personas que transfirieron la información. "Esto, sin embargo, tiene que verificarse, porque tanto el presidente de la República, Rafael Correa, como la Policía y los funcionarios de la Embajada norteamericana mencionaron siempre la existencia de un convenio ".

Correa ordena investigar y despedir a los policía implicados


El Presidente Rafael Correa, arremetió ayer contra la Policía y ordenó a su nuevo Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, que averigüe los nombres de los oficiales que entregaron información de inteligencia a la Embajada de Estados Unidos, para sacarlos de la institución. El diplomático estadounidense Armando Astorga solicitó al comandante de Policía, Jaime Hurtado, el 8 de enero pasado, que devuelva los equipos, vehículos y computadoras que donó su gobierno al Centro de Operaciones de Contrabando (COAC), por no ser consultado en la designación del comandante de esta unidad.

El gobierno expulsó el sábado pasado del país a Astorga por considerar su misiva una ofensa a la soberanía. El presidente Correa dijo entonces que “Policías obsecuentemente se prestaron para eso. Tal vez están confundidos y creen que trabajan para una embajada y no para su propia patria; entregaron todos esos equipos e información de quince años de unidades especiales sobre redes delictivas, etcétera. Eso no lo vamos a tolerar. Quiero saber quiénes son los policías que se prestaron para inmediatamente separarlos de la institución". Calificó de “un hecho gravísimo” que la Policía no haya informado que en las computadoras había información clasificada:“Hay enemigos desde adentro que están enquistados tratando de torpedear este cambio para boicotearlo y desestabilizar al Gobierno. Se acostumbraron a vivir de la limosna del poderoso”, denunció.

Por su parte, el Ministro de Gobierno ,Gustavo Jalkh ,calificó al hecho como un acto de traición a la Policía y se comprometió a cumplir con la disposición presidencial. Dijo que revisará el informe de la Comisión civil-militar, creada por el Gobierno para que investigue la supuesta infiltración de la CIA en las Fuerzas Armadas y Policía, en cuyo informe final sugiere la desaparición de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía. A finales de 2008, el gobierno de Correa denunció una infiltración de la CIA en los servicios de inteligencia del Ecuador. También denunció que la CIA conocía previa y detalladamente el bombardeo y la invasión colombiana del 1º de marzo contra una base clandestina de las FARC en territorio ecuatoriano. Este incidente provocó una crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Entre tanto, el Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, confirmó que la Embajada de EE.UU. devolvió la información robada tras una enérgica protesta diplomática. “Esta información fue devuelta ayer (martes) al mediodía, pero evidentemente es un hecho que tiene que ser explicado”, aseguró el ministro.

La ruptura del conveno policial



Rafael Correa, explicó la expulsión del agregado de la Embajada de Estados Unidos en Quito, Armando Astorga Junior, quien dirigió una carta al Comandante General de la Policía, Jaime Hurtado Vaca, dando por terminado “el entendimiento de apoyo logístico brindado a la Unidad del Centro de Operaciones Anticontrabando de la Dirección Nacional del Inteligencia de la Policía Nacional”.

Según el Presidente de Ecuador el agregado estadouniense actuó con insolencia al pretender que Ecuador es “colonia de Estados Unidos”, al no permitir que se designe al personal que dirige esa Unidad. Según Correa, Astorga dio por terminado el convenio porque “ellos ya no seleccionan el personal, sino que lo seleccionamos como país soberano” y que antes quien lo hacía era la Embajada.

La conclusión del convenio suspende la financiación de 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo; y 160.000 dólares anuales que se iban a entregar a la Unidad Nacional de Trata de Personas.“Señor Astorga quédese con su sucio dinero. No lo necesitamos. Aquí hay soberanía y dignidad”, dijo el mandatario, tras ordenar al Comandante de la Policía entregar “inmediatamente” todos los equipos que hayan recibido. “Que se queden con sus cosas. Ecuador no necesita de caridad de nadie”, afirmó Correa. Visiblemente molesto, el Presidente añadió que propondrá la donación de los 160.000 d´lares anuales para que Estados Unidos financie proyectos para evitar la tortura en cárceles como la de Guantánamo.


Una base en Colombia para sustituir a la de Manta


El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, confirmó que ha conversado con el gobierno colombiano sobre la posibilidad de trasladar a ese país la base militar estadounidense ubicada en el puerto ecuatoriano de Manta. El convenio sobre esta instalación concluye este año y el gobierno del Ecuador no aceptó renovarlo. La nueva Constitución ecuatoriana prohíbe las instalaciones militares extranjeras en suelo nacional.

"Estamos en conversaciones para ver cuales son las opciones y alternativas para el futuro . Colombia es uno los gobiernos con los cuales estamos conversando", declaró Brownfield a la prensa. Brownfield anticipó que la iniciativa podría definirse en el encuentro entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas de abril próximo en Trinidad y Tobago; aunque no existe confirmación del encuentro. Anteriormente se filtró la posibilidad de que fuera Perú el país que albergará las instalaciones que sustituyan a las de Manta.

Al respecto, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa reveló que la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges le pidió que, tras la salida norteamericana este año de la Base de Manta, se permita el aterrizaje de aviones de control antidrogas. Correa aseguró que Ecuador aceptará los aterrizajes, pero con una condición: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país” "Nosotros calificaremos a los pilotos si no, no me aterriza ningún avión norteamericano", afirmó.

(Fuentes: Agencia PÚLSAR, El Universo-Guayaquil, Radio Nederland, El Ciudadano-Ecuador, El Comercio-Quito y Confirmado.net)

16.1.09

Brasil:Derechos Humanos

LA VIOLENCIA POLICIAL, PROBLEMA CRÓNICO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, TORTURAS, MALTRATOS EN LAS HACINADAS CÁRCELES, ETNOCIDIOS Y TRABAJO ESCLAVO, EN EL INFORME ANUAL DE HRW

La violencia policial es un "problema crónico" en Brasil, según la organización internacional humanitaria Human Rights Watch (HRW), que denuncia las ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por algunos grupos de las fuerzas de seguridad. "Al afrontar una crisis de seguridad pública con altos niveles de violencial criminal, algunas fuerzas de la policía están involucradas en prácticas abusivas" contra los derechos humanos, dice HRW en su informe anual de 2008 sobre Brasil.

El informe destaca que cerca de "50.000 homicidios ocurren cada año en Brasil", la mayoría de los cuales suceden en las áreas metropolitanas, donde la población local sufre los embates de la violencia perpetrada por "bandas criminales", así como de los "abusos policiales". "En Río de Janeiro, cientos de comunidades de bajos recursos están ocupadas y controladas por bandas que están involucradas en el tráfico de drogas ilegales, actos de extorsión y crímenes violentos", indica el informe. "La violencia policial, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, es un problema crónico. Por ejemplo, en el estado de Rio de Janeiro, la policía fue la responsable de cerca de uno de cada cinco asesinatos intencionales en los primeros seis meses de 2008, de acuerdo a las estadísticas oficiales".

El informe se refiere también a las condiciones del sistema carcelario, el trabajo esclavo, la violencia contra pueblos indígenas y campesinos sin-tierra, la impunidad y las amenazas a los defensores de derechos humanos .

Torturas, maltrato carcelario...


El informe es enfático al afirmar que la tortura permanece siendo un serio problema en Brasil. El documento cita datos de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las condiciones del sistema carcelario, en la cual se concluyó que el sistema nacional de detención está contaminado por "tortura física y psicológica". En diversos estados, la comisión registró la presencia de "cicatrices de tortura" en los detenidos. Los atrasos en el sistema judicial contribuyen al atraso, según el análisis de la HRW.

Sobre el trabajo esclavo, el informe resalta que a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicarlo, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) registró 8.653 personas en condiciones de esclavitud en 2007. De ese total, 5.974 fueron liberadas. La ONG elogia los avances ocurridos en el combate del trabajo forzado, pero enfatiza la necesidad de responsabilizar a los empleadores, que permanecen en la impunidad.

La cuestión agraria también fue abordada por el informe, principalmente en lo que respecta a los conflictos rurales y a la violencia contra los indígenas. Datos de la CPT evidencian que, en 2007, 28 personas fueron asesinadas y 428 detenidas en conflictos rurales en todo el país. En marzo de 2008, Welinton da Silva, líder del Movimiento de los Sin-Tierra fue alcanzado por un tiro en la pierna durante una protesta en Marañao.
El informe destaca además que asegurar la responsabilización de las violaciones de los derechos humanos continúa siendo un gran desafío en el país. El documento cita el caso del asesinato de la misionera Dorothy Stang, en 2005. El instigador del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura, fue declarado inocente en mayo de 2008. Menciona también el hecho de que Brasil nunca procesó a los responsables de las atrocidades cometidas durante el período de la dictadura militar.
Finalmente, el documento cita la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo de 2008, en la que se afirma que Brasil no cumplió completamente la sentencia de 2006, sobre el caso Damião Ximenes Lopes. "A pesar de que las indemnizaciones fueron pagadas a la familia Ximenes, nadie fue culpado por la tortura y por el asesinato, en 1998, de Damião, un paciente psiquiátrico en Ceará".


El trabajo esclavo, disminuye muy lentamente


El problema del trabajo esclavo aún continúa en Brasil. Una realidad que las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), reflejan con claridad. Así, en 2008 aproximadamente 4.600 trabajadores fueron rescatados de condiciones análogas a las de la esclavitud en 133 operaciones realizadas por los fiscales del MTE. El estado de Goiás encabeza la lista con 867 rescates. Pará quedó en segundo lugar, con 741 rescates, seguido por el estado de Alagoas, con 656 y Mato Grosso, con 519.

Para con el coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Fray Xavier Plasta, los datos son preocupantes, ya que desde 2002 los números no pasan de cuatro a seis mil rescates por año. Aunque el religioso admite que los rescates podrían ser más y también mayor el número de esclavos, ya que algunas delegaciones regionales del ministerio no enviaron el informe final.“Estamos descubriendo nuevos casos de trabajo esclavo en regiones que hasta ahora no tenían registro de trabajo esclavo en Brasil. Observamos que hubo crecimiento en la región centro oeste. Esto es una señal de que algunas actividades en las que no hacíamos fiscalización acabaron entrando en la lista. Hablo específicamente de los cañaverales. En los últimos años ellos presentaron la mitad de los trabajadores rescatados de condiciones de esclavitud.”

El sector de azúcar y etanol encabeza las listas de rescates con más de 21.000 trabajadores rescatados, seguido por la ganadería bovina, con 954 personas. Desde 1995, año en que el grupo móvil del MTE inició sus actividades de fiscalización, más de 30 mil trabajadores han sido rescatados. El MTE divulga semestralmente la “lista sucia” del trabajo esclavo, con nombres de empleadores que utilizan esa mano de obra esclava. En la última, divulgada en el mes de diciembre, consta el nombre de más de 200 empleadores.

Vía Campesina denuncia genocidio del pueblo kaiowá


Unos cien indígenas del pueblo Kaiowá Guaraní mueren cada año en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul como consecuencia de la “voracidad” de los agronegocios y los monocultivos. A eso hay que sumarle la ineficiencia del gobierno federal al momento de concretar la demarcación de tierras indígenas y la criminalización de sus protestas, denuncia la Vía Campesina .
La impunidad de sicarios contratados por grandes estancieros; el encarcelamiento de los principales líderes y la militarización de poblaciones indígenas terminan de pintar un cuadro de “violencia y muerte”, propio de una situación de genocidio.
Son decenas de asesinatos, atropellos, muertes por inanición, suicidios y una situación de gran fragilidad económica que hace inviable cualquier proyecto de vida y de futuro. En la actualidad, más de cien kaiowá guaraníes se encuentran presos en cárceles del Estado”, denuncia la Vía Campesina.
En los últimos años, los indígenas de Mato Grosso fueron amenazados por la expansión sojera, y en tiempos más recientes por la producción de caña de azúcar. Este último modelo está asociado a las peores condiciones de trabajo, básicamente durante el corte, y en esta zona de Brasil se han denunciado prácticas análogas a la esclavitud.

La falta de tierras y el confinamiento de las comunidades son problemas con más de cien años de antigüedad, y se trata de un proceso que no se detiene. “Hay más de 40.000 Kaiowá Guaraníes concentrados en 20.000 hectáreas de tierra. Esto ha generado la peor situación en Brasil, en términos de negación de los derechos fundamentales”, advierte la Vía Campesina.
Los principales líderes indígenas lo repiten siempre y lo expresan con dolorosa convicción: “el pueblo kaoiwá está condenado a desaparecer”.

El gobierno fomenta el agronegocio y frena la reforma agraria


La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publica un documento de evaluación del año 2008 , en el que afirma que el gobierno de Brasil ha "intensificado" su apoyo al agronegocio a través de su programa público de agrocombustíbles, centrado en el impulso al etanol. Beneficios fiscales, entrega de tierras y préstamos con facilidades a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) son algunas de las políticas de incentivo que implentó la administración para el sector sucroalcoholero.

Sin embargo, advierten desde la CPT, los coletazos de la crisis financiera internacional provocaron una importante caída de las inversiones privadas en este sector, lo que refleja una vez más la "conocida dependencia" del empresariado con los recursos públicos y la acción del Estado.
El cuello de botella provocado por la mala elección que tomó el gobierno, al momento de fijar prioridades ya tiene sus consecuencias a la vista de todos. "La reforma agraria está paralizada, y el gobierno sigue sin adoptar las medidas indispensables para valorizar y multiplicar la agricultura campesina; revertir la elevada concentración de la propiedad de la tierra en Brasil, que es una de las mayores del mundo", se queja la CPT en su informe.
La conclusión desde los movimientos sociales brasileños es bastante contundente: el 2008 fue el peor año para la reforma agraria desde que el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva llegó al poder. En una línea similar se han manifestado los principales dirigentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y los datos oficiales también respalda esa sensación.
En los ùltimos doce meses el nùmero de familias asentadas en el marco de los planes de reforma agraria fue un 20% menos que en 2007, según datos que difunde la CPT en su documento de evaluación."Las principales banderas que levantaron los movimientos sociales en 2008 no fueron tenidas en cuenta por las autoridades", agregan. Se refieren a la limitación en la propiedad de la tierra; la revocación de normativas que criminalizan la ocupaciòn de tierras improductivos y la aprobación de leyes para combatir el trabajo esclavo, entre otras demandas de los movimientos sociales del Brasil.
(Fuentes: ANSA-Latina, Adital, Radio Mundo Real y Radio Agencia Noticias do Planalto)

12.8.08

México: Corrupción policial

EL REINO DE LA IMPUNIDAD CRIMINAL




Por Joaquim Ibarz (*)

El brutal secuestro y asesinato por una banda de policías de un joven de 14 años ha provocado la rabia e indignación de los mexicanos. "¡Basta ya!", proclaman los ciudadanos que se sienten indefensos ante la impunidad de los criminales.

Aunque en México se producen cada año centenares de asesinatos y secuestros, la muerte de Fernando Martí puso en pie a una sociedad civil que pide justicia ante tanta impunidad. Decenas de agrupaciones e instituciones hacen oír su voz para que se ponga fin a las mafias organizadas o amparadas por los cuerpos de seguridad. Al conocer que los jefes de la policía que debían investigar el crimen de Fernando eran los capos de la banda de secuestradores, la desprotegida población no sabe a quién acudir.

Fernando Martí era un joven deportista de 14 años, aplicado en los estudios. Como hijo de un acaudalado empresario dueño de una cadena de gimnasios y tiendas de artículos deportivos, el muchacho vivía con todos los peligros que implica pertenecer a una familia acaudalada en un país que está a merced de la delincuencia. Sus padres, conscientes de la inseguridad que reina en el país, pusieron a disposición de Fernando un coche blindado, un chofer y un guardaespaldas. No fue suficiente. El pasado 6 de junio fue secuestrado en un falso retén policial.

Durante casi dos meses, los padres del chico padecieron la angustia de tratar de negociar el rescate con los secuestradores. No dieron parte a la policía porque no se fiaban de las complicidades de agentes y maleantes. Como suele hacerse en este país, contrataron a un negociador privado. Desesperados por la falta de resultados, finalmente acudieron a las autoridades. Tras pagar un cuantioso rescate, pasaron semanas sin saber de la banda de secuestradores. Hasta el pasado 1 de agosto, cuando el cadáver de Fernando apareció en el portaequipajes de un vehículo abandonado. Fue el olor del cuerpo en descomposición lo que llamó la atención de los vecinos e hizo que se abriera el maletero del automóvil. Hacía más de un mes que el joven había sido secuestrado.


Doce muertos en una redada a la discoteca News Divine



Los asesinos de Fernando pertenecen a la misma policía de la capital que en una redada provocó doce muertes (nueve jóvenes y tres uniformados) en la discoteca News Divine, frecuentada por chicos de familias humildes. Con el brutal operativo tan sólo se buscaba robar a los chicos y extorsionar a sus padres para que pusieran en libertad a los hijos sin cargos inventados. La tragedia del News Divine destapó una cloaca de corrupción, impunidad, insensibilidad y brutalidad policial, y puso en evidencia la baja calidad humana y profesional de los funcionarios políticos y policiales. Fueron 24 horas de horrores para los muchachos detenidos. Hubo vejaciones a las chicas, golpes a menores, malos tratos.

El dramático desenlace del secuestro de Fernando indignó a México y volvió a poner los reflectores sobre el enemigo número uno que enfrenta el gobierno para combatir al crimen: la corrupción dentro de la policía, aunada a su ineficiencia. En el secuestro de Fernando estuvieron implicados varios policías; la falta de comunicación entre los cuerpos de seguridad capitalinos y federales complicó la investigación.
La red de corrupción de la policía de la capital provoca pavor. El analista Pablo Hiriart escribe en el diario "Excelsior" que los hechos muestran que Marcelo Ebrard, alcalde del Distrito Federal (DF), "está rodeado de criminales, no se puede creer que el edil no sabía nada de que los mandos de la policía judicial son los cabecillas de los secuestros y de la delincuencia".

José Luis Romero Ángel, comandante de la Policía Judicial de la capital, está acusado por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí. Hace menos de dos meses fue ascendido como comandante en jefe de la policía judicial. El alcalde Marcelo Ebrard y el en aquel entonces fiscal general de la capital, Rodolfo Félix, felicitaron a Romero como agente ejemplar cuando el adolescente ya había sido secuestrado por su banda.

El secuestrado está condenado a muerte


No sólo la policía está corroída por la corrupción, ya que el sistema judicial también está penetrado por los criminales. La sociedad está conmocionada por la muerte del joven Martí. Este crimen ha provocado un clamor de peticiones para que se castigue a jueces, fiscales y policías que están al servicio del hampa. María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, asociación civil formada por la madre de un secuestrado asesinado, exige un "compromiso de Estado" para que las autoridades se pongan de acuerdo para atender el incremento de los secuestros y el salvajismo con que ahora operan los secuestradores. "Ya no es tan sólo la mutilación, quien es secuestrado está de antemano condenado a la pena de muerte", señala Morera.


La condena de la sociedad civil a la policía, que se sirve de la información interna para planear sus desmanes, es unánime. Los políticos intentan aparentar que hacen algo para combatir a la delincuencia. Alguno incluso pidió que se reinstaure la pena de muerte. La propuesta es un auténtico disparate en un país con un sistema judicial tan corrupto y politizado, que obliga a purgar condena a muchos inocentes, encarcelados por la misma policía que protege a los grandes delincuentes y que en algún momento necesitaron un chivo expiatorio.

La industria del secuestro florece no porque sean pocos los años de prisión para un secuestrador (a los de Fernando Martí les corresponderían, en caso de ser sentenciados, por lo menos 50 años), sino porque los criminales saben que es muy baja la probabilidad de que sean atrapados y sentenciados. La cadena perpetua no cambiaría esta ecuación. Como no lo ha alterado el aumentar las penas para este crimen. El secuestro y asesinato del joven Martí tuvo que convertirse en escándalo mediático para que se destapara la cloaca de la policía judicial.

Muchas veces se ha dicho que hay que profesionalizar a la policía, pero nada cambia. No se ha podido construir ni un cuerpo de élite para atender los crímenes más odiosos. Tienden a corromperse muy rápido.

Sólo se denuncia un secuestro de cada cinco



En 2007 se denunciaron en México 751 secuestros, un 60 % más que en 2006. En 2008 el incremento es aún mayor. Y con el miedo llegan las cifras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es comunicado a las autoridades. La familia no los denuncia por el temor a las complicidades entre malhechores y policías. En lo que va del año se ha tenido conocimiento, oficialmente, de 438 secuestros; es decir, realmente han ocurrido, en promedio, alrededor de dos mil en todo el país. Y aún más: únicamente 0.7% de estos casos son sentenciados.
El flagelo afecta ya a todos los niveles sociales. Según un informe oficial de la fiscalía general de la República, dos mexicanos son secuestrados en promedio cada día. El delito se ha incrementado a nivel nacional 9.1 por ciento entre enero y mayo de este año respecto al mismo periodo de 2007. El Distrito Federal, el estado de México, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Michoacán son los puntos del país donde se registran más crímenes de este tipo.


Marcelo de Fuentes, director de la encuestadora Merc GfK, afirma que un mexicano de cada tres ha sufrido en carne propia los embates de los delincuentes. También asegura que las cifras oficiales de secuestros están muy por debajo de la realidad; según él, en el último año se habrían cometido cerca de siete mil secuestros en todo México.

Un Estado impotente frente a la delincuencia


Las autoridades federales, las de los estados y las de los municipios, son las principales responsables del crecimiento de la delincuencia, con su secuela de crueldad y terror. La complicidad de la policía con narcotraficantes y secuestradores afecta a muchas ciudades mexicanas. El resultado de esta suma de ineptitudes y complicidades es un Estado impotente frente a la delincuencia organizada, y ante la desorganizada también. Las críticas a los policías -no sólo ineficientes, sino criminales y desleales, al servirse de los datos internos para planear sus desmanes- es unánime, sin distinción de partidos. En Jalisco hubo otro caso terrible en el que un jefe policial fue parte activa del delito. Toda la familia Bautista Campos fue asesinada por orden del policía que negociaba el pago de un secuestro. No se salvaron ni los tres niños. Al darse cuenta de que había más dinero del ya abonado, el comisario decidió buscar un mecanismo atroz para obtenerlo.
Carlos Elizondo Mayer-Serra, comentarista del diario "Reforma", señala que una posible razón de la incapacidad para mejorar la policía "es la falsa confianza, sobre todo en los grupos más influyentes, de que a nosotros no nos va a pasar lo que a otros". El analista recalca que una policía corrupta tiene sus ventajas: "Cuando un hijo de alguien influyente mata por exceso de velocidad y alcohol a un peatón inocente, es muy poco probable que pase algunos años en la cárcel, como sucedería en un país donde las policías sí funcionan".

El presidente Felipe Calderón se subió al carro del populismo al pedir cadena perpetua a los secuestradores de menores y a los criminales que son policías o ex policías. Pero ni la pena de muerte ni el endurecimiento de sanciones para determinados delitos van a resolver el problema del aumento de la criminalidad, que tiene su principal origen en la impunidad de la que gozan los delincuentes. El problema en México es de impunidad, no de contar con leyes más rígidas. La criminalidad aumenta por la corrupción de jueces, magistrados y policías. Aunque hay funcionarios honestos, resultan horripilantes los grados de vileza que se acumulan en juzgados, fiscalías y comisarías.

"Investigan a mi familia, incluso a un hijo con síndrome de Down, por denunciar a funcionarios secuestradores"



José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, señala con dedo acusador: "Cuando yo denuncié a funcionarios por estar involucrados con secuestradores, el investigado fui yo junto con mis hijos, entre ellos Juan José, que tenía 16 años y síndrome de Down. Persiguen a mi familia en lugar de investigar las denuncias, formuladas incluso por secuestradores detenidos que declararon haber sido extorsionados por funcionarios". Ortega Sánchez dice que desconoce cuántos secuestradores operan en la Ciudad de México, pero sabe bien que muchos actúan con protección policial. "Ya habíamos presentado una denuncia contra la banda que, haciendo pasar a sus miembros como policías judiciales, secuestraba sin correr ningún riesgo. No descarto que este grupo sea el mismo que privó de la libertad y de su vida a Fernando Martí", dice Ortega.

Los mexicanos se preguntan cómo es posible que, en el caso del secuestro y asesinato del joven Martí, hayan podido confabularse policías para montar un retén en plena capital, justo en el tiempo y el lugar por el que iba a pasar su víctima. Existe la certeza de que una extensa red de uniformados está colaborando para delinquir. ¡Desde los propios despachos de los comisarios preparan los delitos!

El articulista Martín Moreno se muestra indignado en el diario "Excelsior" al denunciar sin tapujos: "Tenemos una policía preventiva del DF corrompida y desprestigiada. Tenemos a judiciales del DF secuestrando, asesinando y protegiendo a criminales profesionales". El comentarista aún se muestra más duro al señalar la negligencia del alcalde capitalino: "Esta criminalidad sin control es la consecuencia de tener un alcalde, Marcelo Ebrard, empeñado en instalar pistas de hielo, playas artificiales o apadrinar a quinceañeras, en lugar de dedicar recursos e inteligencia a construir policías más eficaces y confiables".

Los interrogantes sin respuesta son muchos. ¿Por qué México, como hacen la gran mayoría de países, no prohíbe la compra de bienes inmuebles o de automóviles en efectivo? ¿Por qué en México se siguen vendiendo celulares de prepago sin una identificación confiable del comprador? ¿Por qué no se limita el uso de efectivo en ciertas transacciones? Todo contribuye a la impunidad, sin que el presidente, el Congreso, los gobernadores y las autoridades locales hagan algo.


En México no existe una policía nacional


Los delincuentes tienen una gran ventaja inicial al no existir en México una policía nacional. Cada municipio tiene su propio cuerpo de seguridad, sin que se haya creado una base confiable de datos para identificar a los agentes con antecedentes penales y, cotejando antecedentes, evitar que sean contratados por otra corporación en el estado vecino o en la ciudad más cercana. Tampoco existe una eficaz coordinación entre entidades. Simplemente basta con cruzar una frontera estatal o trabajar en otra población para que se pierda la pista de los criminales. Por otro lado, el secuestro no está considerado como delito federal, por lo que sólo la policía local puede investigar este tipo de fechoría. La Agencia Federal de Investigación (AFI) puede intervenir en el caso de que los familiares requieran su ayuda sin que hayan metido mano los agentes municipales.

Todo este desbarajuste policial contribuye a que la probabilidad de impunidad sea de 98.7%. Al tener la certeza los criminales de que no hay riesgo de ser detenidos y juzgados, los criminales no dejarán de delinquir por la simple amenaza de que se aumentan las penas de cárcel. Ni piensan en que pueden acabar entre rejas ya que sólo una ínfima parte recibe una condena. En México se denuncia sólo uno de cada ocho delitos, y de los casos conocidos sólo el 10% culmina en sentencia.


Decepciona el presidente Felipe Calderón

El presidente Felipe Calderón decepcionó cuando al proponer cadena perpetua a los secuestradores no hizo ninguna referencia a la red de complicidades de jueces y policías. Buscó el aplauso fácil, sin combatir las causas de tanta delincuencia.
Los políticos no toman medidas efectivas para crear un cuerpo policial honesto porque hacen lo que les resulta más rentable y visible. Es más sencillo impulsar una reforma legal para ampliar las penas de los malhechores, que la construcción de cuerpos policiales efectivos.
"La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad. La condena perpetua no sirve, pero se oye bien", escribió el comentarista Jorge Zepeda Patterson en el diario "El Universal".

Según Zepeda Patterson, dar más poder a los cuerpos de seguridad sobre la sociedad "es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes".
(*) Joaquim Ibarz es corresponsal de La Vanguardia en México. Este artículo fue publicado en ese diario catalán este 11 de agosto.

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