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16.1.09

Brasil:Derechos Humanos

LA VIOLENCIA POLICIAL, PROBLEMA CRÓNICO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, TORTURAS, MALTRATOS EN LAS HACINADAS CÁRCELES, ETNOCIDIOS Y TRABAJO ESCLAVO, EN EL INFORME ANUAL DE HRW

La violencia policial es un "problema crónico" en Brasil, según la organización internacional humanitaria Human Rights Watch (HRW), que denuncia las ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por algunos grupos de las fuerzas de seguridad. "Al afrontar una crisis de seguridad pública con altos niveles de violencial criminal, algunas fuerzas de la policía están involucradas en prácticas abusivas" contra los derechos humanos, dice HRW en su informe anual de 2008 sobre Brasil.

El informe destaca que cerca de "50.000 homicidios ocurren cada año en Brasil", la mayoría de los cuales suceden en las áreas metropolitanas, donde la población local sufre los embates de la violencia perpetrada por "bandas criminales", así como de los "abusos policiales". "En Río de Janeiro, cientos de comunidades de bajos recursos están ocupadas y controladas por bandas que están involucradas en el tráfico de drogas ilegales, actos de extorsión y crímenes violentos", indica el informe. "La violencia policial, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, es un problema crónico. Por ejemplo, en el estado de Rio de Janeiro, la policía fue la responsable de cerca de uno de cada cinco asesinatos intencionales en los primeros seis meses de 2008, de acuerdo a las estadísticas oficiales".

El informe se refiere también a las condiciones del sistema carcelario, el trabajo esclavo, la violencia contra pueblos indígenas y campesinos sin-tierra, la impunidad y las amenazas a los defensores de derechos humanos .

Torturas, maltrato carcelario...


El informe es enfático al afirmar que la tortura permanece siendo un serio problema en Brasil. El documento cita datos de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las condiciones del sistema carcelario, en la cual se concluyó que el sistema nacional de detención está contaminado por "tortura física y psicológica". En diversos estados, la comisión registró la presencia de "cicatrices de tortura" en los detenidos. Los atrasos en el sistema judicial contribuyen al atraso, según el análisis de la HRW.

Sobre el trabajo esclavo, el informe resalta que a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicarlo, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) registró 8.653 personas en condiciones de esclavitud en 2007. De ese total, 5.974 fueron liberadas. La ONG elogia los avances ocurridos en el combate del trabajo forzado, pero enfatiza la necesidad de responsabilizar a los empleadores, que permanecen en la impunidad.

La cuestión agraria también fue abordada por el informe, principalmente en lo que respecta a los conflictos rurales y a la violencia contra los indígenas. Datos de la CPT evidencian que, en 2007, 28 personas fueron asesinadas y 428 detenidas en conflictos rurales en todo el país. En marzo de 2008, Welinton da Silva, líder del Movimiento de los Sin-Tierra fue alcanzado por un tiro en la pierna durante una protesta en Marañao.
El informe destaca además que asegurar la responsabilización de las violaciones de los derechos humanos continúa siendo un gran desafío en el país. El documento cita el caso del asesinato de la misionera Dorothy Stang, en 2005. El instigador del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura, fue declarado inocente en mayo de 2008. Menciona también el hecho de que Brasil nunca procesó a los responsables de las atrocidades cometidas durante el período de la dictadura militar.
Finalmente, el documento cita la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo de 2008, en la que se afirma que Brasil no cumplió completamente la sentencia de 2006, sobre el caso Damião Ximenes Lopes. "A pesar de que las indemnizaciones fueron pagadas a la familia Ximenes, nadie fue culpado por la tortura y por el asesinato, en 1998, de Damião, un paciente psiquiátrico en Ceará".


El trabajo esclavo, disminuye muy lentamente


El problema del trabajo esclavo aún continúa en Brasil. Una realidad que las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), reflejan con claridad. Así, en 2008 aproximadamente 4.600 trabajadores fueron rescatados de condiciones análogas a las de la esclavitud en 133 operaciones realizadas por los fiscales del MTE. El estado de Goiás encabeza la lista con 867 rescates. Pará quedó en segundo lugar, con 741 rescates, seguido por el estado de Alagoas, con 656 y Mato Grosso, con 519.

Para con el coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Fray Xavier Plasta, los datos son preocupantes, ya que desde 2002 los números no pasan de cuatro a seis mil rescates por año. Aunque el religioso admite que los rescates podrían ser más y también mayor el número de esclavos, ya que algunas delegaciones regionales del ministerio no enviaron el informe final.“Estamos descubriendo nuevos casos de trabajo esclavo en regiones que hasta ahora no tenían registro de trabajo esclavo en Brasil. Observamos que hubo crecimiento en la región centro oeste. Esto es una señal de que algunas actividades en las que no hacíamos fiscalización acabaron entrando en la lista. Hablo específicamente de los cañaverales. En los últimos años ellos presentaron la mitad de los trabajadores rescatados de condiciones de esclavitud.”

El sector de azúcar y etanol encabeza las listas de rescates con más de 21.000 trabajadores rescatados, seguido por la ganadería bovina, con 954 personas. Desde 1995, año en que el grupo móvil del MTE inició sus actividades de fiscalización, más de 30 mil trabajadores han sido rescatados. El MTE divulga semestralmente la “lista sucia” del trabajo esclavo, con nombres de empleadores que utilizan esa mano de obra esclava. En la última, divulgada en el mes de diciembre, consta el nombre de más de 200 empleadores.

Vía Campesina denuncia genocidio del pueblo kaiowá


Unos cien indígenas del pueblo Kaiowá Guaraní mueren cada año en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul como consecuencia de la “voracidad” de los agronegocios y los monocultivos. A eso hay que sumarle la ineficiencia del gobierno federal al momento de concretar la demarcación de tierras indígenas y la criminalización de sus protestas, denuncia la Vía Campesina .
La impunidad de sicarios contratados por grandes estancieros; el encarcelamiento de los principales líderes y la militarización de poblaciones indígenas terminan de pintar un cuadro de “violencia y muerte”, propio de una situación de genocidio.
Son decenas de asesinatos, atropellos, muertes por inanición, suicidios y una situación de gran fragilidad económica que hace inviable cualquier proyecto de vida y de futuro. En la actualidad, más de cien kaiowá guaraníes se encuentran presos en cárceles del Estado”, denuncia la Vía Campesina.
En los últimos años, los indígenas de Mato Grosso fueron amenazados por la expansión sojera, y en tiempos más recientes por la producción de caña de azúcar. Este último modelo está asociado a las peores condiciones de trabajo, básicamente durante el corte, y en esta zona de Brasil se han denunciado prácticas análogas a la esclavitud.

La falta de tierras y el confinamiento de las comunidades son problemas con más de cien años de antigüedad, y se trata de un proceso que no se detiene. “Hay más de 40.000 Kaiowá Guaraníes concentrados en 20.000 hectáreas de tierra. Esto ha generado la peor situación en Brasil, en términos de negación de los derechos fundamentales”, advierte la Vía Campesina.
Los principales líderes indígenas lo repiten siempre y lo expresan con dolorosa convicción: “el pueblo kaoiwá está condenado a desaparecer”.

El gobierno fomenta el agronegocio y frena la reforma agraria


La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publica un documento de evaluación del año 2008 , en el que afirma que el gobierno de Brasil ha "intensificado" su apoyo al agronegocio a través de su programa público de agrocombustíbles, centrado en el impulso al etanol. Beneficios fiscales, entrega de tierras y préstamos con facilidades a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) son algunas de las políticas de incentivo que implentó la administración para el sector sucroalcoholero.

Sin embargo, advierten desde la CPT, los coletazos de la crisis financiera internacional provocaron una importante caída de las inversiones privadas en este sector, lo que refleja una vez más la "conocida dependencia" del empresariado con los recursos públicos y la acción del Estado.
El cuello de botella provocado por la mala elección que tomó el gobierno, al momento de fijar prioridades ya tiene sus consecuencias a la vista de todos. "La reforma agraria está paralizada, y el gobierno sigue sin adoptar las medidas indispensables para valorizar y multiplicar la agricultura campesina; revertir la elevada concentración de la propiedad de la tierra en Brasil, que es una de las mayores del mundo", se queja la CPT en su informe.
La conclusión desde los movimientos sociales brasileños es bastante contundente: el 2008 fue el peor año para la reforma agraria desde que el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva llegó al poder. En una línea similar se han manifestado los principales dirigentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y los datos oficiales también respalda esa sensación.
En los ùltimos doce meses el nùmero de familias asentadas en el marco de los planes de reforma agraria fue un 20% menos que en 2007, según datos que difunde la CPT en su documento de evaluación."Las principales banderas que levantaron los movimientos sociales en 2008 no fueron tenidas en cuenta por las autoridades", agregan. Se refieren a la limitación en la propiedad de la tierra; la revocación de normativas que criminalizan la ocupaciòn de tierras improductivos y la aprobación de leyes para combatir el trabajo esclavo, entre otras demandas de los movimientos sociales del Brasil.
(Fuentes: ANSA-Latina, Adital, Radio Mundo Real y Radio Agencia Noticias do Planalto)

16.7.08

Brasil: Indígenas

EL AGRONEGOCIO PONE EN PELIGRO LA SUPERVIVENCIA DE LAS RESERVAS. EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI SALVA A 19.000 INDIOS O DA LA RAZÓN A LOS LATIFUNDISTAS ARROCEROS DE RAPOSA SERRA DO SOL


Una decisión judicial puede determinar el futuro de los indígenas de Brasil. El próximo mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal decidirá si permite a seis latifundistas arroceros permanecer en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol (en el estado de Roraima) reconocida por el presidente Lula en 2005, y donde viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó. Si la decisión favorece al agronegocio se creará un precedente que pone en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas tierras indígenas demarcadas en Brasil hasta el momento, que podrán ser cuestionadas, revisadas y ambicionadas por los latifundistas. La tensión en la zona es muy alta y los latifundistas han llegado a usar la violencia, con ataques a los centros comunitarios indígenas, como ya denunció Pepitorias en mayo (Ver informe)
Un momento difícil



Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos más vulnerables de su historia. El cambio climático y la escasez de recursos naturales, ha llevado a muchas grandes empresas del agronegocio y el mercado energético a fijar sus ojos en las tierras ocupadas por los indígenes brasileños, vulnerando la propia Constitución brasileña.
Si , pese a las presiones de los poderosos, el Supremo se decanta a favor de los indígenas, se teme una reacción violenta por parte de los arroceros y los políticos locales hacia las comunidades indígenas. El pasado mes de mayo, pistoleros del latifundista Paulo César Quartiero, quemaron puentes, incendiaron aldeas y dispararon e hirieron a un grupo de indígenas en la comunidad Dez Irmaos.

La permanencia de los latifundistas amenaza también el medio ambiente. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) en Roraima ha constatado graves alteraciones del curso de ríos y lagos por parte de los arroceros, así como el envenenamiento de agua y fauna por la utilización de los agrotóxicos. La ONG Pueblos Hermanos y la empresa de comunicación CIPÓ, se han unido para llevar a cabo una campaña de concienciación a nivel internacional sobre la desprotección en que se encuentran los pueblos indígenas de Brasil, incluso cuando la ley ha reconocido sus derechos. “Brasil vive un momento crucial en la lucha por la tierra. Los latifundistas buscan tierras para ampliar las extensiones del agronegocio por encima de los derechos indígenas reconocidos en la Constitución brasileña”, afirma Sonia Ortega, responsable de Educación para el Desarrollo de la ONG Pueblos Hermanos. “Se trata de una lucha entre dos modelos económicos: el que explota la naturaleza buscando la rentabilidad económica y el que ve la tierra como algo sagrado y usa los recursos de manera sostenible

Los indígenas de Raposa Serra do Sol buscan apoyo internacional


En Junio los líderes indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol , Jacir Macuxí y Pierlânga Wapixana, designados por el Consejo Indígena de Roraima, comenzaron en Europa la campaña "Anna Pata, Anna Yan" (Nuestra Tierra, Nuestra Madre), que busca apoyos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a su lucha por la protección de sus tierras en la selva amazónica y la detención de la violencia ejercida en su contra. En Madrid y en la Casa de América, denunciaron la violencia en contra su pueblo, que es cometida por los productores de arroces que invadieron las tierras indígenas y que se ha intensificó semanas antes de su viaje con la quema de decenas de casas y dos escuelas indígenas. Los líderes indígenas explicaron también sus problemas a la Vicepresidencia del Gobierno y a la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.
También estuvieron en Londres, como en otras capitales europeas, y allí se reunieron con diputados y responsables del ministerio de Exteriores británico, a quienes pidieron apoyo para frenar las invasiones perpetradas por "grupos de arroceros poderosos. Es nuestro lugar, el de nuestros antepasados y el de nuestros hijos, que ahora peligra por la codicia de los terratenientes", denunciaron.
"Esta es una batalla crucial para los indígenas brasileños y para la Amazonia. Si los arroceros y los políticos consiguen el robo de Raposa Serra do Sol, indígenas de todo Brasil podrían ver cómo a ellos también se les roban sus tierras", advirtió Stephen Corry, director de Survival International.
Las presiones ante la sentencia del Supremo


La reserva de Raposa Terra do Sol, de 1,6 millones de hectáreas, fue legalizada por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en 2005, tras 30 años de demandas de los cerca de 19.000 indígemas macuxi, wapichana, ingarikó, taurepang y patamona, pero varios productores arroceros continuaron ocupando enormes áreas y ampliando sus plantaciones, a veces por medio de la fuerza.

En agosto el Tribunal Supremo Federal de Brasil, debe pronunciarse sobre un recurso contra ese "decreto de Homologación" firmado por Lula.
Las autoridades del estado de Roraima consideran que las comunidadades indígenas son demasiado pequeñas para ocupar tanto terreno (un 7% del Estado), por lo que presentaron un recurso judicial para recuperar el control sobre parte de la tierra.
La creación de esa reserva choca también con sectores nacionalistas y militares que proponen separarla de la frontera con Venezuela y Guyana en nombre de la "defensa de la soberanía nacional".

Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos históricos de mayor vulnerabilidad. La presión del poder del agronegocio y energético amenazan con dejar a los pueblos indígenas sin tierra vulnerando la Constitución brasileña. Según datos del Censo brasileño, más de 700 mil indígenas, de 215 grupos distintos, viven en Brasil, tanto en reservas como en zonas urbanas. De ese total, 345 mil viven en aldeas. Sólo en 2007 fueron
asesinados 86 indígenas.

El caso de Raposa Serra do Sol


La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol está situada en el Estado de Roraima (norte de Brasil). En ella viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, distribuidos en 149 comunidades.
Primero fueron los colonizadores portugueses y los grandes ganaderos que ocuparon enormes extensiones de Raposa Serra do Sol. Esclavizaron a los indígenas, hasta tal punto, que los marcaban con hierro ardiendo como al ganado.

Luego, llegaron los buscadores de oro –garimpeiros-, que incrementaron el clima de violencia en Raposa, introdujeron enfermedades, el alcohol, y causaron enormes daños al medio ambiente.

En 1992 desembarcaron los grandes empresarios del agronegocio, que ocuparon enormes extensiones donde plantaron arroz. Gran parte de la ocupación se realizó en época muy reciente, cuando la demarcación de tierra indígena ya había sido reconocida. Las agresiones y los daños ambientales se han intensificado: 21 líderes indígenas asesinados, cientos de indígenas heridos (incluidos mujeres y niños), comunidades enteras arrasadas y actos terroristas como la utilización de bombas para destruir las casas, hospitales y escuelas indígenas. El Gobierno del Estado de Roraima ha premiado a los arroceros con la exención de impuestos y respalda su lucrativo negocio mediante medidas legales que van contra los derechos indígenas. Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental impuestas por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente). Tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas.
La influencia del lobby del agronegocio ha conseguido que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, máximo órgano judicial, haya suspendido la operación de la Policía Federal para expulsar a los latifundistas, y haya aceptado un recurso del gobierno de Roraima contra la demarcación de la tierra indígena.

Los arroceros se quedaron en 2005



En abril de 2005 el Gobierno brasileño reconoció el derecho originario de los indígenas de Raposa Serra do Sol sobre sus tierras. La victoria fue muy importante, pero parcial. Ganaderos y buscadores de oro se retiraron, pero no los arroceros. Seis poderosos latifundistas se niegan a salir del territorio tal como les obliga la ley. Disponen de grandes superficies de tierra fértil: más de 14.000 hectáreas. En este tiempo han ampliado sus tierras y sus plantíos, han aumentado los daños ambientales (contaminan el agua, utilizan agrotóxicos, desecan lagunas y desvían el agua de los ríos) y han generado permanente violencia y terror. Mantienen el apoyo explícito de la clase política de Roraima, de los medios de comunicación locales y de una gran parte de la población del Estado de Roraima que ve en los indios un impedimento al 'progreso' económico de la región. Políticos y arroceros quieren la demarcación en un área discontinua, “islas” donde puedan permanecer con sus tierras invadidas.

En marzo de 2008, el Gobierno de Lula decide, después de agotar la vía de negociación, enviar una fuerza policial para expulsar a los arroceros. La reacción de los invasores fue la formación de pequeños grupos paramilitares que comenzaron actos terroristas: quemas de puentes, cortes de carreteras, bombas en viviendas indígenas, etc. Cuando la operación policial estaba preparada para retirar los arroceros, el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano judicial del país, suspendió la operación y aceptó un recurso presentado por el gobierno de Roraima, entrando en contradicción con su propia jurisprudencia. Está previsto que el Tribunal haga pública su postura el próximo mes de agosto.

Raposa, una reserva en peligro


Si el Supremo da la razón en agosto a los arroceros, acabará con un trabajo en marcha que es un ejemplo. En Raposa Serra do Sol actúan 251 profesores indígenas en 116 escuelas, 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Dentro de la reserva funciona el Centro Indígena de Formación y Cultura en el que se forman los futuros líderes indígenas y los técnicos en agricultura y ganadería.
Estas comunidades se han distinguido por la defensa no violenta de sus derechos e identidad, así como de la puesta en práctica de un modelo de desarrollo sostenible, ejemplo para muchas comunidades del país.

(Fuentes: guiaongs.org, Pueblos Hermanos-Cipó, Adital y AFP)

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