Honduras:Golpe y Elecciones

ENSOMBRECIDA POR EL GOLPE, LOS INFORMES NEGATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y EL RECHAZO POPULAR , COMIENZA LA CAMPAÑA ELECTORAL QUE PRETENDE LA LEGITIMACIÓN DEL RÉGIMEN IMPUESTO POR EL CUARTELAZO DEL 28 DE JUNIO

La campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre próximo comenzó formalmente este lunes en Honduras, rechazada por vastos sectores sociales opuestos al golpe militar del 28 de junio pasado. La comunidad internacional ya avanzó que desconocerá los resultados de los comicios si son celebrados bajo las condiciones del gobierno que fue impuesto por el golpe militar del 28 de junio pasado.

En un comunicado previo al inicio de la campaña, el Frente Nacional contra el golpe de Estado aseguró que las elecciones "sin la restitución del orden constitucional, serían la legalización de la violencia militar contra el Estado, por tanto, inaceptables".El Frente decidió desconocer la campaña, el proceso y los resultados electorales si no es restablecido el estado de derecho y el presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Similar postura adoptó el aspirante presidencial independiente Carlos Humberto Reyes, quien pidió "que los candidatos no golpistas a todo nivel de elección popular se retiren del proceso electoral si se mantiene la dictadura".

El Partido Unificación Democrática, que postuló al diputado César Ham, aseguró también que no puede acudir a unos comicios bajo las condiciones del golpe militar.

Hasta el momento, sólo han iniciado la campaña los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales: Elvin Santos, del Liberal y Porfirio Lobo, del conservador Nacional. Santos, quien adelantó este domingo su acto en un hotel de Tegucigalpa , se enfrenta a la rebelión de las bases liberales, que en una asamblea nacional hace tres semanas, con la asistencia de más de cinco mil personas, decidieron desconocerlo como candidato del partido. Esas fuerzas, agrupadas en la Coordinadora Nacional de Liberales contra el golpe, decidieron desconocer los comicios si no son restablecidos el orden constitucional y el presidente Zelaya. Igual posición asumió el estadista, reconocido por los liberales de base como su líder.

Los otros dos candidatos presidenciales son Felícito Avila, del pequeño Partido Demócrata Cristiano; y Bernard Martínez, de Innovación y Unidad Socialdemócrata, con un sector opuesto al gobierno golpista.

Comunicado del Frente Nacional de Resistencia

"Las elecciones generales sin restitución del orden constitucional serían la legalización de la violencia militar contra el estado, y por lo tanto, inaceptables. En consecuencia, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado declara:

1. Desconocer la campaña, el proceso y los resultados electorales, si no es restituido el orden constitucional cuyo fundamento básico es reinstalar en el cargo al legítimo Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

2. Exhortamos al Partido Unificación Democrática (UD), candidaturas independientes, candidatos y candidatas no golpistas a cargos de elección popular por el Partido Liberal y el PINU que manifieste su posición política con respecto al proceso electoral en el país.

3. Condenar la militarización de la sociedad y del llamado “proceso electoral” por los golpistas que, con su presencia armada, introducen un elemento adicional de violencia política partidaria y que agudizan las condiciones de exclusión, oscuridad y represión en perjuicio de las y los participantes.

4. Reiterar el llamado a promover la instalación directa de una Asamblea Nacional Constituyente popular, participativa, incluyente, no discriminatoria y democrática.

“A 61 DÍA DE LUCHA AQUÍ NO SE RINDE NADIE”

Tegucigalpa M.D.C. 28 de agosto de 2009

Una campaña sin acuerdo ni reconocimiento

El calendario electoral puesto en marcha por los golpistas hondureños, arranca sin un acuerdo político interno y sin el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). En este proceso claramente ilegítimo, los hondureños son llamados a elegir el 29 de noviembre a un nuevo presidente, además de 128 diputados del Congreso, 20 representantes del Parlamento Centroamericano y cerca de 300 alcaldías, entre otros cientos de cargos de elección popular.

Para Susanne Gratious, experta alemana en América Latina, el avance sin freno del calendario electoral no puede traer nada bueno a Honduras."Las implicaciones son negativas porque es un país polarizado y es de suponer que los seguidores de Zelaya no van a participar. Además el gobierno que salga de estas elecciones tampoco va a tener ninguna legitimidad". Investigadora de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, con sede en Madrid, Susanne dice que un gobierno que llegó al poder mediante un golpe de Estado "no puede legitimarse con elecciones".

"Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) venía de la ayuda internacional y un país así vive también del reconocimiento internacional. Si esto no llega, vamos a ver un Honduras -que ya es un Estado frágil- mucho más debilitado".

La analista manifiesta sorpresa por que la Unión Europea no haya tomado cartas en el asunto de manera más decisiva. "La Unión Europea es uno de los principales donantes y por tanto tiene una responsabilidad histórica con Centroamérica", señala. "Pero no ha hecho nada y me sorprende mucho".

Para la investigadora de lo que se trata, en todo caso, es de defender los principios democráticos y dejar claro que un golpe de Estado no puede ser permitido. Para Susanne Gratious, "es que no hay un actor crucial en este momento para lograr un acuerdo entre las partes" y descarta que Estados Unidos pueda llegar a serlo.
"Yo creo que el papel de EE.UU. no es tan crucial. Puede ser que con Obama cambien las cosas, pero EE.UU. casi nunca ha sido parte de la solución, y menos en Centroamérica".

Los golpistas prepararían un fraude como el de 2005

Los golpistas tienen planificado presentar una altísima votación en las elecciones de noviembre y así lo anuncian ya. Y no porque la ciudadanía se vaya a movilizar a las urnas, sino quizá mediante la manipulación de las actas, como se ha comprobado que sucedió en las elecciones de 2005, cuando se infló la participación, mediante proyecciones de datos de hasta casi un cincuenta por ciento por encima de las cifras reales.

Hace varios meses un técnico del Tribunal Superior Electoral (TSE), denunció en una emisora de cobertura nacional que en noviembre de 2005 no se contaron miles de actas electorales, pero en el informe final de las elecciones aparecen contabilizadas. Aunque se trataba de una denuncia muy seria, los periodistas no investigaron, el Tribunal no desmintió la versión, ni tampoco se tomó ninguna acción contra el denunciante como debió ser si la información fuera falsa.

La denuncia tenía fundamento. De acuerdo con información oficial obtenida del TSE, 2.695 actas de Mesas Electorales Receptoras de todo el país no fueron computadas. El total de 2,695 actas sin contar suman una carga electoral mayor de 800.000 electores, considerando que se asignan al menos 300 electores por urna.

En el Departamento de Francisco Morazán casi el 40 por ciento de las actas no se computaron y como en los demás lugares se procedió a realizar la proyección en el mismo porcentaje de cuarenta por ciento o más. El último corte del escrutinio se hizo el 12 de diciembre y tal parece que se aburrieron de contar o no quisieron seguir discutiendo sobre las inconsistencias de las actas faltantes. En ese corte la diputada más votada del Partido Liberal, Lizzi Flores, tenía 115.704 votos, pero le proyectaron un 40 por ciento y en el informe final aparece con 192.962. De igual manera, David Matamoros Batson, quien encabezó la lista del Partido Nacional, tenía 83.402, le hicieron su proyección y subió a 135.860.

El reparto fue más o menos parejo puesto que la más votada del Partido Unificación Democrática, Doris Gutiérrez, pasó de 42.721 a 75.760. Se sabe que esto fue con el consentimiento del entonces presidente de la UD, César Ham, quien estuvo de acuerdo con que se parara de contar las actas y se realizaran las proyecciones a todos los resultados parciales.

Donde más actas quedaron sin contar fue en Francisco Morazán con 990, Cortés con 707, Yoro 201, Santa Bárbara 141, Lempira 121 y Olancho 107.

El Departamento de Islas de la Bahía fue el de mayor escrutinio real al computar 87 de 89 urnas instaladas.

Así es que la fórmula para la votación "masiva" está probada y afinada. La manipulación de datos del 2005 la conocieron los representantes de los cinco partidos participantes y desde luego que todos los magistrados del TSE, pero nunca lo supo el pueblo, que supuestamente es el que elige al ganador y, al parecer, ninguno de los observadores internacionales.

Como les salió tan perfecto el 2005, ahora deben estar listos y afinados para repetirlo el 2009. El consenso ahora es mayor y el objetivo es "un verdadero compromiso patriótico: mostrarle al mundo que millones de hondureños fueron a las urnas para retornar al país al orden constitucional". Es decir, engañar al mundo diciendo que los hondureños apoyan a los golpistas y por lo tanto tienen el derecho a ser reconocidos como los nuevos gobernantes.

De esa manera, aunque sólo voten 500.000 personas, basta con aplicarles el mismo porcentaje a todos y todas las candidatas, se mantendrán las diferencias porcentuales; pero se puede decir en los resultados finales que votaron 2 o 3 millones de personas.

Según los mismos datos del TSE el abstencionismo en 1980 fue de 18.66% y para 2005 aumentó a un 44.62% en todo el país y a más del 50 por ciento en importantes municipios. En un momento de crisis y desencanto de la población con los políticos, sería de esperar que el abstencionismo se elevara ahora, sin embargo el Tribunal, los candidatos y los defensores del golpe de Estado aseguran que éstas serán las elecciones de mayor participación en la historia. Si así lo presentan tras las votaciones, ya sabemos qué hicieron.

La Resistencia, hasta el último rincón

El Frente Nacional contra el golpe de Estado anuncia que extenderá las estructuras de la resistencia hasta el último rincón del país para demandar la restitución del Estado de Derecho.

El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores, Israel Salinas, informó que con ese propósito será celebrada el próximo domingo en la capital hondureña una asamblea con representantes de toda la nación. Salinas agregó que entre los objetivos que se persiguen está el fortalecimiento de la lucha del Frente a nivel de regiones, departamentos, municipios y comunidades para exigir el retorno al orden constitucional.

El Frente Nacional va a estar hasta en los últimos rincones de Honduras, apuntó, al recordar que "surgió del corazón del pueblo el día 28 (de junio, día de la asonada militar) frente a la Casa Presidencial". El líder sindical señaló el carácter pacífico, democrático, patriótico y solidario del Frente, una vasta alianza de agrupaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, femeninas, de derechos humanos, entre otras. Añadió que la firmeza de la lucha pacífica va a derrotar a los golpistas, de quienes aseguró se encuentran desesperados ante la creciente condena mundial y la resistencia, en su jornada 65 consecutiva este lunes.

El Frente acordó este domingo en una asamblea nacional mantener las manifestaciones en las calles hasta la recuperación del orden constitucional y la reinstalación del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El coordinador general, Juan Barahona, informó que habrá acciones todos los días de la semana, pero que serán dadas a conocer al final de las marchas de cada día, para entorpecer las acciones de seguimiento de la policía y las fuerzas armadas.

Barahona adelantó que la tarde del próximo miércoles se reunirán las tres centrales sindicales del país para analizar una nueva convocatoria a una huelga general del sector público el jueves y viernes de esta semana. Ambos días coinciden con una huelga de maestros y profesores, convocadapor la Federación de Organizaciones Magisteriales, que decidió mantener las clases los lunes, martes y miércoles.

El golpe ha propiciado la unión de los movimientos sociales


"Hace dos meses [el 28 de julio], Honduras inició un proceso de reorganización de sus movimientos sociales y de las fuerzas de izquierda. El Golpe de Estado contribuyó para que se unifiquen los grupos populares del país". El análisis es del dirigente nacional del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), Marcelo Buzetto, quien participó en la misión brasileña que visitó Honduras del 10 al 13 de este mes. El dirigente brasileño consideró que en términos comparativos"todo lo que existe en cuanto a mejor organizado, está presente en los movimientos sociales tanto de Brasil como de Honduras". Actualmente, las principales organizaciones hondureñas están reunidas en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado.

"La diferencia es que ellos [los hondureños] están viviendo una situación histórica de ascenso del movimiento de masas. Es una situación de ofensiva. El desafío, ahora, es construir una unidad bastante sólida y permanente", reflexionó.
Para Buzetto, los movimientos sociales del país están consiguiendo ampliar las discusiones y prepararse para pautar otras necesidades sociales, políticas y económicas del pueblo hondureño. "Consiguieron alcanzar una cierta madurez política. Cuando estuve allá, escuché otras reivindicaciones además de la vuelta del Presidente Zelaya. Algunos hablan de una asamblea nacional constituyente".

Sin embargo, existe la dificultad de mantener el mismo nivel de organización en las calles. "Hay una participación bastante activa de todos los sectores de la sociedad. Sólo que hay sectores más y menos organizados. Algunos sectores necesitaron volver al trabajo, pero los dirigentes continúan organizando a los trabajadores en las fábricas", señaló.

El representante del MST enfatizó además las medidas represivas del Ejército hondureño contra las manifestaciones pacíficas, principalmente, en las calles de la capital Tegucigalpa y de la ciudad industrial de San Pedro Sula. "Hay personas infiltradas en las marchas populares, policías de civil, que incentivan discusiones para comenzar peleas y desestructurar al movimiento. Presenciamos el toque de queda [impuesto por el presidente provisorio Roberto Micheletti, desde las 22h a las 6h] y eso es algo muy malo para la población. Los comercios tales como restaurantes, cierran a las 20h porque los trabajadores necesitan llegar a casa a tiempo", se indigna.

La misión brasilera que visitó Honduras del 11 al 13 de agosto estuvo compuesta por el diputado estadual del PDT-SC (Partido Democrático Laborista - Santa Catarina), Amauri Soares; el secretario general del PCB-RJ (Partido Comunista Brasilero - Río de Janeiro), Ivan Pinheiro; y por Marcelo Buzetto.

(Fuentes:Prensa Latina, Minga Informativa, BBC,Mundo, Radio LaPrimerísima y Adital)

Brasil:Derechos Humanos

LA VIOLENCIA POLICIAL, PROBLEMA CRÓNICO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, TORTURAS, MALTRATOS EN LAS HACINADAS CÁRCELES, ETNOCIDIOS Y TRABAJO ESCLAVO, EN EL INFORME ANUAL DE HRW

La violencia policial es un "problema crónico" en Brasil, según la organización internacional humanitaria Human Rights Watch (HRW), que denuncia las ejecuciones extrajudiciales perpetuadas por algunos grupos de las fuerzas de seguridad. "Al afrontar una crisis de seguridad pública con altos niveles de violencial criminal, algunas fuerzas de la policía están involucradas en prácticas abusivas" contra los derechos humanos, dice HRW en su informe anual de 2008 sobre Brasil.

El informe destaca que cerca de "50.000 homicidios ocurren cada año en Brasil", la mayoría de los cuales suceden en las áreas metropolitanas, donde la población local sufre los embates de la violencia perpetrada por "bandas criminales", así como de los "abusos policiales". "En Río de Janeiro, cientos de comunidades de bajos recursos están ocupadas y controladas por bandas que están involucradas en el tráfico de drogas ilegales, actos de extorsión y crímenes violentos", indica el informe. "La violencia policial, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, es un problema crónico. Por ejemplo, en el estado de Rio de Janeiro, la policía fue la responsable de cerca de uno de cada cinco asesinatos intencionales en los primeros seis meses de 2008, de acuerdo a las estadísticas oficiales".

El informe se refiere también a las condiciones del sistema carcelario, el trabajo esclavo, la violencia contra pueblos indígenas y campesinos sin-tierra, la impunidad y las amenazas a los defensores de derechos humanos .

Torturas, maltrato carcelario...

El informe es enfático al afirmar que la tortura permanece siendo un serio problema en Brasil. El documento cita datos de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre las condiciones del sistema carcelario, en la cual se concluyó que el sistema nacional de detención está contaminado por "tortura física y psicológica". En diversos estados, la comisión registró la presencia de "cicatrices de tortura" en los detenidos. Los atrasos en el sistema judicial contribuyen al atraso, según el análisis de la HRW.

Sobre el trabajo esclavo, el informe resalta que a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicarlo, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) registró 8.653 personas en condiciones de esclavitud en 2007. De ese total, 5.974 fueron liberadas. La ONG elogia los avances ocurridos en el combate del trabajo forzado, pero enfatiza la necesidad de responsabilizar a los empleadores, que permanecen en la impunidad.

La cuestión agraria también fue abordada por el informe, principalmente en lo que respecta a los conflictos rurales y a la violencia contra los indígenas. Datos de la CPT evidencian que, en 2007, 28 personas fueron asesinadas y 428 detenidas en conflictos rurales en todo el país. En marzo de 2008, Welinton da Silva, líder del Movimiento de los Sin-Tierra fue alcanzado por un tiro en la pierna durante una protesta en Marañao.

El informe destaca además que asegurar la responsabilización de las violaciones de los derechos humanos continúa siendo un gran desafío en el país. El documento cita el caso del asesinato de la misionera Dorothy Stang, en 2005. El instigador del crimen, Vitalmiro Bastos de Moura, fue declarado inocente en mayo de 2008. Menciona también el hecho de que Brasil nunca procesó a los responsables de las atrocidades cometidas durante el período de la dictadura militar.

Finalmente, el documento cita la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo de 2008, en la que se afirma que Brasil no cumplió completamente la sentencia de 2006, sobre el caso Damião Ximenes Lopes. "A pesar de que las indemnizaciones fueron pagadas a la familia Ximenes, nadie fue culpado por la tortura y por el asesinato, en 1998, de Damião, un paciente psiquiátrico en Ceará".

El trabajo esclavo, disminuye muy lentamente


El problema del trabajo esclavo aún continúa en Brasil. Una realidad que las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), reflejan con claridad. Así, en 2008 aproximadamente 4.600 trabajadores fueron rescatados de condiciones análogas a las de la esclavitud en 133 operaciones realizadas por los fiscales del MTE. El estado de Goiás encabeza la lista con 867 rescates. Pará quedó en segundo lugar, con 741 rescates, seguido por el estado de Alagoas, con 656 y Mato Grosso, con 519.

Para con el coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Fray Xavier Plasta, los datos son preocupantes, ya que desde 2002 los números no pasan de cuatro a seis mil rescates por año. Aunque el religioso admite que los rescates podrían ser más y también mayor el número de esclavos, ya que algunas delegaciones regionales del ministerio no enviaron el informe final.“Estamos descubriendo nuevos casos de trabajo esclavo en regiones que hasta ahora no tenían registro de trabajo esclavo en Brasil. Observamos que hubo crecimiento en la región centro oeste. Esto es una señal de que algunas actividades en las que no hacíamos fiscalización acabaron entrando en la lista. Hablo específicamente de los cañaverales. En los últimos años ellos presentaron la mitad de los trabajadores rescatados de condiciones de esclavitud.”

El sector de azúcar y etanol encabeza las listas de rescates con más de 21.000 trabajadores rescatados, seguido por la ganadería bovina, con 954 personas. Desde 1995, año en que el grupo móvil del MTE inició sus actividades de fiscalización, más de 30 mil trabajadores han sido rescatados. El MTE divulga semestralmente la “lista sucia” del trabajo esclavo, con nombres de empleadores que utilizan esa mano de obra esclava. En la última, divulgada en el mes de diciembre, consta el nombre de más de 200 empleadores.

Vía Campesina denuncia genocidio del pueblo kaiowá

Unos cien indígenas del pueblo Kaiowá Guaraní mueren cada año en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul como consecuencia de la “voracidad” de los agronegocios y los monocultivos. A eso hay que sumarle la ineficiencia del gobierno federal al momento de concretar la demarcación de tierras indígenas y la criminalización de sus protestas, denuncia la Vía Campesina .

La impunidad de sicarios contratados por grandes estancieros; el encarcelamiento de los principales líderes y la militarización de poblaciones indígenas terminan de pintar un cuadro de “violencia y muerte”, propio de una situación de genocidio.
“Son decenas de asesinatos, atropellos, muertes por inanición, suicidios y una situación de gran fragilidad económica que hace inviable cualquier proyecto de vida y de futuro. En la actualidad, más de cien kaiowá guaraníes se encuentran presos en cárceles del Estado”, denuncia la Vía Campesina.

En los últimos años, los indígenas de Mato Grosso fueron amenazados por la expansión sojera, y en tiempos más recientes por la producción de caña de azúcar. Este último modelo está asociado a las peores condiciones de trabajo, básicamente durante el corte, y en esta zona de Brasil se han denunciado prácticas análogas a la esclavitud.

La falta de tierras y el confinamiento de las comunidades son problemas con más de cien años de antigüedad, y se trata de un proceso que no se detiene. “Hay más de 40.000 Kaiowá Guaraníes concentrados en 20.000 hectáreas de tierra. Esto ha generado la peor situación en Brasil, en términos de negación de los derechos fundamentales”, advierte la Vía Campesina.
Los principales líderes indígenas lo repiten siempre y lo expresan con dolorosa convicción: “el pueblo kaoiwá está condenado a desaparecer”.

El gobierno fomenta el agronegocio y frena la reforma agraria

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publica un documento de evaluación del año 2008 , en el que afirma que el gobierno de Brasil ha "intensificado" su apoyo al agronegocio a través de su programa público de agrocombustíbles, centrado en el impulso al etanol. Beneficios fiscales, entrega de tierras y préstamos con facilidades a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) son algunas de las políticas de incentivo que implentó la administración para el sector sucroalcoholero.

Sin embargo, advierten desde la CPT, los coletazos de la crisis financiera internacional provocaron una importante caída de las inversiones privadas en este sector, lo que refleja una vez más la "conocida dependencia" del empresariado con los recursos públicos y la acción del Estado.

El cuello de botella provocado por la mala elección que tomó el gobierno, al momento de fijar prioridades ya tiene sus consecuencias a la vista de todos. "La reforma agraria está paralizada, y el gobierno sigue sin adoptar las medidas indispensables para valorizar y multiplicar la agricultura campesina; revertir la elevada concentración de la propiedad de la tierra en Brasil, que es una de las mayores del mundo", se queja la CPT en su informe.

La conclusión desde los movimientos sociales brasileños es bastante contundente: el 2008 fue el peor año para la reforma agraria desde que el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva llegó al poder. En una línea similar se han manifestado los principales dirigentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y los datos oficiales también respalda esa sensación.

En los ùltimos doce meses el nùmero de familias asentadas en el marco de los planes de reforma agraria fue un 20% menos que en 2007, según datos que difunde la CPT en su documento de evaluación."Las principales banderas que levantaron los movimientos sociales en 2008 no fueron tenidas en cuenta por las autoridades", agregan. Se refieren a la limitación en la propiedad de la tierra; la revocación de normativas que criminalizan la ocupaciòn de tierras improductivos y la aprobación de leyes para combatir el trabajo esclavo, entre otras demandas de los movimientos sociales del Brasil.

(Fuentes: ANSA-Latina, Adital, Radio Mundo Real y Radio Agencia Noticias do Planalto)

Latinoamérica: Agricultura

MILLONES DE TRABAJADORES RURALES CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA, POR LA REFORMA AGRARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTRA EL AGRONEGOCIO

La celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina cada 17 de abril se reañliza en recuerdo y en homenaje a los 19 militantes sin tierra asesinados por la policía brasileña hace 12 años, en la masacre de Eldorado dos Carajás. Una matanza que aun sigue impune.

El movimiento se manifestaba ese día de 2006 en la región de Carajás, sur del estado de Pará, cuando la Policía Militar abrió fuego contra los activistas. Además de matar a 19 trabajadores, dejó 69 agricultores heridos.
El gobierno del estado de Pará considera que su obligación se limita a cumplir con el fallo de un tribunal en 2005 de pagar un total de 800.000 dólares de indemnización a las familias de las víctimas de la masacre .

Para recordar esta fecha, militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil realizaron ayer en Brasilia un acto de protesta. Además, en Río de Janeiro, el MST entregó una carta al INCRA, el órgano responsable por la reforma agraria. En ella, el MST de Brasil no solo reivindica la realización de la reforma agraria y cambios en el modelo de desarrollo en el campo. También exige que sean castigadas las autoridades responsables de la masacre.
De acuerdo con un informe sobre el tema lanzado por la Comisión Pastoral de la Tierra, en 2007 aumentaron en un 50 por ciento las muertes y amenazas contra trabajadores rurales en comparación con el año pasado.
Por otra parte, la Vía Campesina difundió este jueves un comunicado en el que señala que organizaciones rurales de 25 países realizaronn actividades para defender su derecho a la alimentación y a ser proveedores de alimentos.

La organización internacional asegura que "la crisis alimentaria actual se debe principalmente a la especulación y a la liberalización del mercado en el sector agrícola"
Vía Campesina considera que "la agricultura sustentable y la producción alimentaria local pueden solucionar la crisis actual".

Los problemas del campo siguen potencializándose, especialmente en América Latina, debido a la concentración de tierras cultivables en las manos de las transnacionales y del agronegocio. Las actividades expulsan a los pequeños productores de sus tierras y concentran cada vez más la producción y la distribución de alimentos a escala mundial.

Actos en Brasil, Argentina, Uruguay

En Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) covocó acciones de lucha en el campo. Empleados garimpeiros de la Vale do Río Doce participaroin en protestas, en Pará, y 600 familias del MST iniciaron la ocupación de la hacienda Aguas do Pilintra, de la Ambev, ubicada en el municipio de Agudos a 325 kilómetros de Sao Paulo.

En Argentina, en las ciudades de Tilcara, San Pedro y Córdoba capital hubo marchas de repudio al agronegocio. En Buenos Aires, la Plaza de Retiro fue escenario de un acto de denuncia de la multinacional Monsanto.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) emitió un comunicado en el que "rechaza el actual modelo agropecuario, promueve la reforma agraria integral, la soberanía alimentaria y expresa las voces campesinas e indígenas en lucha, lejos de las entidades patronales que pretenden representar 'al campo'".
Además, pide la suspensión de los desalojos, el reconocimiento de los territorios campesinos indígenas y la formulación de una ley nacional de acceso a la tierra para las familias que fueron expulsadas del campo. El MNCI desarrolla un modelo distinto de desarrollo, que produce alimentos sanos para los pueblos y que respeta la naturaleza y la vida.

En Uruguay , la Comisión de Apoyo x Tierra (CAxTierra) convocaba las manifestaciones rn una nota en la que indicaba que la "agresiva política de expansión de las multinacionales no sólo causa la miseria de los pequeños productores, sino que también es responsable del aumento de precio de la canasta básica".

En Brasil, un mes de protestas

El Movimiento de los Sin Tierra (MST) inició ayer una serie de protestas que durarán todo el mes - conocido como "abril rojo" - para presionar al gobierno a que acelere la reforma agraria.
Las movilizaciones del movimiento campesino incluyen la ocupación de instalaciones de infraestructura, la invasión de grandes haciendas y el bloqueo de importantes vías de transporte.

El MST informó que 850 familias sin tierra ocuparon la estatal hidroeléctrica Xingó, aunque el gobierno comunicó que no se habían paralizado las operaciones.
Otras acciones causaron la interrupción de una importante vía férrea cuando militantes del movimiento la invadieron y tomaron el control de puestos de cobro de peaje en carreteras.
Así mismo ocuparon haciendas que consideran improductivas.
"Después de 12 años de una masacre de repercusión internacional, el país todavía no resolvió los problemas de los pobres del campo, que continúan siendo blanco de la violencia de los hacendados y la impunidad de la justicia", dijo el movimiento en un comunicado.
"Estamos protestando porque la reforma agraria fue retirada de la agenda y homenajeando a los compañeros caídos", dijo Ulisses Manacas de la coordinadora del MST. "La verdad es que estamos descontentos porque la reforma agraria es sólo promesas que no fueron cumplidas", añadió.

El gobierno de Lula prima el agronegocio

El MST considera que el gobierno está dando prioridad al agronegocio. Sólo el Banco do Brasil prestó 7 mil millones de dólares a 13 grupos económicos, mientras los asentamientos campesinos no reciben inversión suficiente. El MST sigue reclamando tierras para las familias acampadas e inversión en las áreas de asentamiento para ampliar la producción y construir viviendas rurales.

En su Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria el MST, en este mes de denuncia la lentitud de la Reforma Agraria, los efectos negativos del agronegocio y presenta propuestas para revertir la situación. "Necesitamos cambiar la política económica vigente, que beneficia a las grandes empresas y al capital financiero, mientras la población sufre por el irrespeto de sus derechos sociales, previstos en la Constitución, y por la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar la desigualdad y la pobreza.Brasil está retrasado en el proceso de democratización de la tierra y en la organización de la producción para garantizar la sostenibilidad de los pequeños y medianos agricultores. No podemos admitir la perpetuación del latifundio, símbolo de la injusticia en el campo, tanto improductivo como productivo. Nuestra jornada de luchas presenta propuestas de desarrollo para el campo brasileño, defendemos un proyecto de generación de empleo, con promoción de educación y salud".

Los Sin Tierra exigen del gobierno federal que reanude las expropiaciones de tierra y los asentamientos de las familias acampadas por todo el país. Como hay familias de trabajadores rurales que permanecen años y años bajo una lona negra en la lucha por la Reforma Agraria, exigen un plan urgente de asentamiento de las 150 mil familias acampadas. Piden que se apruebe el proyecto de ley que determina que las haciendas que utilizan trabajo esclavo sean destinadas a la Reforma Agraria. Destinar las áreas hipotecadas en el Banco do Brasil y en la Caja de Ahorros Federal para la Reforma Agraria, una línea de crédito específica para asentamientos, que viabilice la producción de alimentos para la población de las ciudades,etcétera, etcétera.


Guatemala: Los campesinos denuncian la pobreza en el país

Miles de campesinos guatemaltecos que participaron en una marcha por el país hicieron un alto frente a la embajada de Estados Unidos para protestar contra las transnacionales mineras y los Tratados de Libre Comercio (TLC). "No a la minería, sí a la vida", "Yanquis no, pueblo sí" y "la organización y la lucha aumenta, porque el territorio no está en venta", fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes.
Al llegar a la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la ciudad, pese al cansancio que se reflejaba en sus rostros, los campesinos e indígenas no cesaban de alzar su voz en demanda de acceso a la tierra y seguridad alimentaria, principales exigencias de la marcha denominada 'Grito por la madre tierra'.
La marcha se realizó en el marco del trigésimo aniversario del Comité de Unidad Campesina (CUC), cuyos dirigentes aseguraron que prevalecen las condiciones que dieron origen al conflicto armado interno de 36 años que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. Según cifras oficiales, siete de cada 10 indígenas viven en condiciones de pobreza , lo que representan el 42 por ciento de los 13.3 millones de guatemaltecos. En Guatemala más del 50% de los 13 millones de habitantes viven en pobreza, aunque está más acentuada en indígenas, que representan el 42% de la población.
Durante la marcha de 127 kilómetros que partió desde Los Encuentros (oeste), se rindieron homenaje a los cientos de campesinos que fueron secuestrados y masacrados durante la guerra interna que desangró al país y que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).

El movimiento campesino guatemalteco rechaza la presencia de empresas transnacionales que se dedican a la explotación de los recursos naturales y minerales, por considerar que "están causando contaminación y más pobreza".

Argentina: Protestas del campo profundo


Marchas, escraches, cortes de ruta y recitales serán algunas de las actividades que comunidades rurales y pueblos ancestrales realizaron en siete provincias en conmemoración del Día Mundial de la Lucha Campesina.

La acción es impulsada por organizaciones de base no representadas por las cuatro entidades tradicionales del agro argentino, familias que no siembran soja, sufren desalojos de sus tierras ancestrales y cuestionan el actual modelo de monocultivo. “Rechazamos el modelo agropecuario, no entendemos la tierra como un negocio, es nuestra cultura y nuestra vida. La reforma agraria integral y la soberanía alimentaria son nuestra propuestas”, explica el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que impulsa una legislación específica para el sector.

La sede porteña de Monsanto fue uno de los lugares señalados por las organizaciones urbanas, huerteros comunitarios y agrupaciones estudiantiles para denunciar el impacto social y ambiental que produce la soja transgénica y el químico Roundup, de la compañía estadounidense. “Monsanto es el mayor símbolo, aunque no el único, de un modelo de agronegocios que contamina suelos y ríos, expulsa campesinos y envenena poblaciones enteras”, afirmaron los convocantes, que como pruebas exhiben estudios, en base a datos oficiales, donde confirman el éxodo de 300 mil familias campesinas en los últimos diez años y pruebas judiciales con los efectos nocivos de los agrotóxicos. La Secretaría de Ambiente confirma las denuncias del Movimiento Campesino Indígena. “La soja es una poderosa amenaza a las biodiversidad, produce deforestación, degradación de suelos, concentración de tierras, expulsión de población rural y reducción de la seguridad alimentaria”, resalta el informe “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias”.

El MNCI, integrado por 15.000 familias campesinas, completa el estudio: sólo entre 2003 y 2008, la superficie sembrada con soja creció 32 por ciento, cuatro millones de hectáreas se sumaron al negocio de la soja.Con el conflicto por las retenciones aún sin resolver, las organizaciones de base que conmemoran el Día de la Lucha Campesina destacan que están en las antípodas de Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. “Los empresarios que desarrollan el modelo sojero son los responsables del genocidio ambiental de 17 millones de hectáreas de bosques y suelos, el desalojo y el ataque a comunidades campesinas y pueblos originarios, la falta y encarecimiento de alimentos”, denuncian, pero también toman distancia del poder político: “En los últimos 30 años, todos los gobiernos promovieron los agronegocios y ningunearon a trabajadores rurales, campesinos e indígenas”.

Según un estudio de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Argentina subsisten 220 mil pequeños productores, el 79 por ciento (174 mil) abarca a los menos capitalizados, de pocas parcelas, que trabajan y viven de lo que siembran, la base de la pirámide del campo, sector lejano a las entidades tradicionales que sostienen los agronegocios.

Las protestas se desarrollaron también en Mendoza (departamento de Lavalle), Misiones (San Pedro), Salta (Cafayate), Jujuy (Tilcara), Córdoba y Santiago del Estero (en ambas capitales provinciales).

Colombia: Por la defensa de la vida y la recuperación del campo


En Colombia, las movilizaciones tienen el trasfondo de los miles de campesinos asesinados, amenazados y desplazados y los movimientos rurales denuncian que su lucha por un campo en el que sea posible, simplemente, la 'sobrevivencia' se ve amenazada " por las políticas que el sistema impone, donde reina la desigualdad, el abandono, la explotación, la segregación, el racismo y la pobreza, políticas aplicadas e implementadas desde las instituciones financieras internacionales, con legislaciones, militarización, guerra sucia, y directrices nefastas para el campo; donde nos imponen la producción de alimentos para los carros y no para la humanidad, la explotación y el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales, el robo de nuestros conocimientos ancestrales, la perdida de nuestra soberanía, autonomía cultura e identidad; nos utilizan con nuestra mano de obra barata y como consumidores de sus sobras", como asegura la Coordinadora Nacional Agraria(CNA).

Esta organización asegura que en América latina, el objetivo es dejar el campo sin campesinos para entregarlo a la "explotación irracional del capital transnacional." Y así explica que "Esta política es también manifestada y aplicada en Colombia, donde hoy contamos más de 4.000.000 de desplazados, mas de 15.000 personas asesinadas, más 10.000 desaparecidos, mas de 950 ejecuciones civiles presentados como “muertos en combate”, cientos de inocentes campesinos, indígenas y afrocolombianos detenidos en las cárceles acusados de “terroristas; para aplicar todo esto han utilizan la fuerza publica, los grupos paramilitares, y las legislaciones, hoy recordamos como en Colombia al igual que sucede en el mundo, al igual que sucedió en Carajas, solo en el año 2003 se presentaron 317 masacres, recordamos el asesinato de varios lideres del C.N.A. como Fernando Lombana asesinado por la policía metropolitana de Bogota en agosto del 2005, la desaparición de Edgar Quiroga en noviembre de 1999 por el ejercito nacional en unión con los paramilitares en el sur de Bolívar, el asesinato de Angel Maria Rodríguez por paramilitares en marzo del 2004 en el Tolima, el asesinato de Héctor Alirio Martínez por el ejercito nacional en Agosto del 2005 en Arauca, hombres que encarnan a los millones de campesinos que soñaban y sueñan con un mundo mejor, mas justo y dieron su vida como ejemplo para conseguirlo.

Ecuador: Día Internacional de la lucha campesina

En Ecuador, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras-FENOCIN, encabezó las movilizaciones, en las que se recordaron las antiguas batallas en contra los tratados de libre comercio, como el ALCA y el TLC, considerados como los peligros a evitar "en defensa de nuestra Soberanía Alimentaria defendiendo una verdadera Revolución Agraria que permita que los campesinos vuelvan a cultivar la tierra que los vio nacer, y seguir luchando con dignidad".

Impulsar, proteger y fortalecer la producción nacional por encima de los agronegocios, fomentar los cultivos orgánicos y oponerse a los llamados biocombustibles, son añlgunas de las metas del movimiento campesino ecuatoriano. "Debemos tomar conciencia real que tal como lo indica la Vía Campesina, que agrupa a organizaciones del mundo, la crisis alimentaria mundial está comenzando a aparecer en su imagen real este año, porque las empresas transnacionales están entrado al negocio de los biocombustibles para alimentar autos", asegura la FENOCIN.
La organización campesina asegura que en Latinoamérica la tierra cultivable ya no pertenece a población rural y los campesinos se ven obligados a trabajar la tierra de la que fueron propietarios como mano de obra barata. Las grandes empresas transnacionales de agronegocios aumentan su control sobre la alimentación mundial y la economía agrícola, gracias a que las medidas de liberalización del comercio han petmitido que se hagan con las tierras en los países productores de alimentos. Después de expropiar a muchos pequeños agricultores y campesinos, explotan a los consumidores aumentando lo precios mundiales de alimentos."Pero esto es algo que podemos cambiar a través de nuestro trabajo, y toda vez que más personas tomen conciencia de la importancia de apoyar la Soberanía Alimentaria, de volver a cultivar las tierras, de sembrar sin dañar el ecosistema", afirma en su llamamiento la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador.

(Fuentes: Adital, Agencia PÚLSAR, BBC-Mundo, MST-Brasil, Vía Campesina y Página12)

Brasil: MST y Transgénicos

JORNADA INTERNACIONAL DE PROTESTA CONTRA LA MULTINACIONAL SUIZA SYNGENTA SEEDS, POR EL ASESINATO DE UN MIEMBRO DE LOS 'SIN TIERRA'

La organización Vía Campesina, que agrupa movimientos reivindicativos agrarios en todo el mundo, convocó para el próximo jueves, 8 de noviembre una jornada internacional de protesta frente a las sedes de la transnacional Syngenta Seeds para repudiar el asesinato del militante del MST, Valmir Mota de Oliveira, asesinado el 21 de octubre a manos de un grupo parapolicial, presuntamente contratado por la empresa suiza, cuando con un grupo de familias del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra ocupaba una finca de la empresa suiza en Santa Tereza do Oeste, en el estado de Paraná.
Vía Campesina pide a las deferentes organizaciones que el jueves 8 de noviembre entreguen, en sus respectivos países, a las embajadas de Suiza y Brasil, pliegos demandando el castigo a los autores materiales e intelectuales del crimen, la expropiación de las tierras de Syngenta para la producción de semillas originales y la expulsión de la empresa de Brasil.

El crimen se produjo cuando ese domingo de octubre, un grupo de parapolicías atacó a los miembros del MST. Valmir Mota de Oliveira, de 42 años, fue ejecutado con dos tiros en el pecho y otros cinco militantes más resultaron heridos. El área de Syngenta fue ocupada por cerca de 200 integrantes de Vía Campesina que denunciaban la realización de experimentos con organismos genéticamente modificados y la multiplicación de semillas de maíz transgénico, incumpliendo leyes federales y estatales.

Vía Campesina indicó en un comunicado que horas después un grupo de 40 parapolicías llegó al predio y entró ametrallando a las personas que se encontraban en el campamento. El MST venía denunciando las acciones de milicias parapoliciales desde hace varios meses, incluso varios de sus dirigentes han sido objeto de amenazas constantes. Vía Campesina exigió inmediatamente el castigo a los autores materiales e intelectuales del ataque, la desarticulación de la milicia armada en la región y la protección de todos sus militantes en la zona. En una nota divulgada el viernes 26 de octubre, Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los 200 agricultores Sin Tierra que continúan acampados en el área y pidió que las autoridades investiguen el ataque.

La jornada de protesta del jueves

La Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina y organizaciones amigas llaman a la población a realizar, el 8 de noviembre, un día de protestas frente a las oficinas de la transnacional suiza Syngenta Seeds en sus respectivos países, en solidariedad con Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno.
La demanda para que los culpables sean castigados por la Ley ha sido enviada también al presidente de la republica de Brasil, Luis Inázio Lula Da Silva, a quien se solicita que adopte medidas para asegurar la integridad física de las campesinos amenazados por los pistoleros contratados por Syngenta.

Visita del Relator de Ejecuciones Sumarias de la ONU

Phillip Alston, Relator de Ejecuciones Sumarias de Naciones Unidas, , visita Brasil, para hacer un seguimiento directo a los casos denunciados de ejecuciones sumarias en diversos Estados del país. Llegó el domingo 4 y estará hasta el 14 de noviembre. La visita de Alston está coordinada por la Red de Justicia Global y acompañada por varias organizaciones de Derechos Humanos. El Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) ha movilizado a sus delegaciones en los Estados para acompañar la visita. Además, ha elaborado informes sobre los con casos de ejecuciones sumarias de los Estados que el relator no visitará.
La coordinadora nacional del MNDH, Rosiana Queiroz, afirma que es "de extrema importancia la visita de Phillip Alston, ya que es necesario monitorear las recomendaciones realizadas por la relatoría en su primera visita realizada en 2005".

El relator de la ONU investigará las denuncias de ejecuciones sumarias y de muertes en las cárceles denunciadas en Sao Paulo en mayo de 2006, cuando la policía reaccionó a una serie de ataques lanzados por una organización criminal conocida como Primer Comando de la Capital y que llegó a paralizar la ciudad.
Alston proseguirá su visita por Río de Janeiro, adonde llegará en momentos de una intensa polémica por las denuncias de que la política de seguridad del actual gobierno regional esconde ejecuciones sumarias en las favelas, en operaciones contra el narcotráfico.
La semana pasada, un informe de la secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia brasileña consideró que existen pruebas de que varias personas muertas en un operativo policial en junio pasado en una favela en Río de Janeiro fueron ejecutadas cuando ya estaban rendidas y en posición de indefensión.

El relator estará entre el 11 y el 12 de noviembre en el estado de Pernambuco, en el nordeste del país y uno de los que registra mayores índices de violencia. Allí escuchará las versiones tanto oficiales como de las organizaciones sociales sobre las denuncias de operaciones de grupos de exterminio y sobre violencia en las áreas rurales contra indígenas y campesinos.

En su visita a Brasilia, el funcionario de la ONU se reunirá con diferentes autoridades federales, incluyendo oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros del Supremo Tribunal Federal, miembros del Congreso y altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Alston, elaborará un informe sobre los resultados de su visita a Brasil, que deberá ser presentado el próximo año ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe relatará si Brasil cumplió o no "sus obligaciones en términos de derechos humanos y hará recomendaciones con el objetivo de hacer más efectivas las medidas de prevención", según un comunicado de la ONU.
(Fuentes: Agencia PÚLSAR, ADITAL Y EFE)