Latinoamérica-Cumbre del G-20

DURAS CRÍTICAS EN LA REGIÓN AL REFORZAMIENTO DE UNA INSTITUCIÓN TAN DAÑINA COMO EL F.M.I. "ES COMO PONER AL LOBO A CUIDAR LAS OVEJAS, SE LAS VA A COMER" DICE EVO MORALES

El presidente boliviano, Evo Morales, pidió "una revolución" dentro del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para enfrentar la crisis económica mundial. La alternativa a transformar profundamente esos organismos, según Morales, sería crear uno nuevo, para que administre el billón de dólares que los 20 países más ricos y algunos de desarrollo intermedio decidieron destinar al sistema financiero en busca de resolver la crisis económica. "Hay dos caminos -afirmó-, o se reforman o hay nueva estructura, una nueva estructura propuesta por los países, que sea parte de las Naciones Unidas", para lo que debería convocarse a una reunión de jefes de estado. De lo contrario, consideró el presidente boliviano, "sería entregar la plata al lobo y que el lobo cuide a las ovejas". Morales aplaudió, sin embargo, la decisión de acabar con los paraísos fiscales.

El FMI, polémico ganador

En medio de todo el ruido mediático, las cifras del comunicado del G-20 indican una cosa: la mayoría del dinero prometido va al Fondo Monetario Internacional (FMI) que aparece como el gran ganador de la cumbre.

En su comunicado el G-20 anunció una inyección de 500.000 millones de dolares al FMI, además de aumentar en 250.000 millones sus emisiones de giro, es decir, el dinero que puede desembolsar el organismo.

Si se tiene en cuenta que los otros dos temas de la cumbre -el estímulo fiscal coordinado y la regulación financiera- fueron despachados con una mera enunciación de principios, no cabe duda que el FMI se lleva la parte del león de la cumbre. Evo Morales ha sido de los primeros en poner el grito en el cielo, pero no es el único en América Latina.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también condenó la inyección de dinero a la entidad. "Decidieron aplicar la misma medicina que está matando al paciente: un billón de dólares, más dinero para un hueco sin fondo; pero no sólo eso, sino que decidieron fortalecer a uno de los grandes culpable de la crisis que es el FMI, que por el contrario habría que cerrarlo".

La mera mención del FMI suele disparar protestas desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Y aun cuando todavía se desconoce cómo se financiarán estos nuevos fondos del FMI, nadie duda en Latinoamérica que el primer destino que tendrán serán los países de la Europa del Este.

El problema es que el historial de intervenciones del FMI no suele tranquilizar a los países receptores porque sus programas de ayuda vienen con las llamadas "condicionalidades", es decir, recetas económicas que se deben aplicar para hacerse acreedores de los préstamos.
Según los críticos, estas condicionalidades suelen agravar las crisis económicas y provocar estallidos sociales como el de Venezuela de 1989 y Argentina en 2001.

Mark Weisbrot codirector del Centro de Investigación Económica y de Políticas de Washington señala que en los nueve acuerdos que el FMI negoció desde septiembre de 2008 con distintos países (de El Salvador a Pakistán) las recetas no cambiaron: contracción del gasto publico, aumento de las tasas del interes y reducción salarial.

Con todas las salvedades del caso, la situación de los países de Europa del Este se puede comparar con la de América Latina en la década del 80. Cuando en 1982 se desató la crisis de la deuda, el sistema bancario internacional quedó en una situación de extrema fragilidad por su exposición en países como México, Brasil y Argentina.La intervención del FMI sirvió para sostener al sistema bancario, pero terminó de hundir a América Latina en lo que se llamó la década perdida.

A mediados de marzo, el FMI anunció cambios en el otorgamiento de préstamos por los que no habría "condicionalidades" una vez que un país califique para recibir una ayuda gracias a sus "sólidas políticas económicas". Mexico fue el primer receptor de esta nueva línea flexible de crédito esta semana por unos 47.000 millones de dólares. El promblema es que, con las nuevas 'condiciones' del FMI, los países más pobres no calificarían para este tipo de préstamos.

La cumbre de Londres del G-20 ha potenciado al FMI para que ejerza de una especie de banco central mundial. El G-20 anunció fondos adicionales por valor de 250.000 millones de dólares en emisiones de giro del FMI. La suma se distribuirá entre los países de acuerdo a la contribución que cada uno hace al FMI. En consecuencia, los paises más ricos se llevarán la mayor tajada: un 44 por ciento del total.

Las sumas serán mucho menores para países como Argentina, Brasil y México, pero suficientes como para que acordaran firmar este acuerdo. No pueden decir lo mismo otros muchos países latinomericanos.

Chávez: El FMI debe ser eliminado

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo este jueves en Teherán que al Fondo Monetario Internacional (FMI) habría que eliminarlo en vez de inyectarle más dinero, como acordó en G-20 pues es "el villano"."Carne para los zamuros, un desastre", dijo Chávez al referirse a la triplicación de fondos para el FMI aprobada por los mandatario del G-20 "lo están poniendo como un salvador cuando es el villano (...) deberían eliminar el FMI", insistió en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde la capital de Irán, en donde se encuentra en visita oficial.

Sobre los resultados de la Cumbre del G-20, se preguntó: "¿Qué se puede esperar de una cumbre como esa? ... los resultados son peores de lo que se esperaba". añadió que los grandes culpables de la actual crisis financiera, a la que definió como una "crisis de los valores" del capitalismo son Estados Unidos y el Reino Unido, por haber impuesto sus modelos al mundo."Los grandes culpables de esto son Inglaterra y EE.UU. He oído a lideres europeos quejarse en privado con mucha firmeza contra la política que Washington le impone a Europa ....., Inglaterra y EE.UU. son los más grandes culpables por aquellos modelos que impusieron (...). El padre es Inglaterra y el hijo predilecto es EE.UU.".

En cuanto a la medida que anunció el G-20 sobre el castigo a los países que apliquen medidas proteccionistas, Chávez, dijo que según esto ahora "ningún país debe tomar medidas para protegerse del cáncer". Añadió que el capitalismo "no tiene salvación" y que debe hundirse para darle paso a un nuevo modelo, que ponga el poder y los beneficios en manos de los productores asociados y la clase obrera, y donde también existirá un sector privado pero sometido a estrictas medidas de regulación. Y sobre el llamamiento del G-20 a aumentar la regulación de los mercados internacionales, Chávez calficó este punto como "un saludo a la bandera" .

Para los grandes de la región, Latinoamérica sale reforzada

"Es la primera vez que los países ricos y los emergentes hablamos de igual a igual", manifestó Lula en Londres después de la cumbre. "He participado en muchas reuniones y hoy ocurrieron cosas muy importantes para la historia de los países y la historia de la humanidad".

"Todo el dinero que se inyecta en la economía es para generar crédito y dinamizarla", declaró el presidente brasileño. "Este dinero se va a prestar a quien lo necesita y, gracias a Dios, el FMI no va a poner las condiciones de crédito de hace unos años".

Durante la llamada 'foto de familia' con todos los presidentes posando , Barak Obama dijo que Lula era el presidente más popular del mundo. El mandatario brasileño respondió "No me considero líder de nada. El liderazgo internacional es un concepto teórico. Todos quieren ser líderes", afirmó. "Lo importante es que América Latina inicie una nueva relación con Estados Unidos".

Lula anunció que Brasil aportará su granito de arena al FMI para ayudar a los países que lo soliciten con el objetivo de hacer frente a la crisis y precisó que su país no tiene intención de pedir un crédito al Fondo, porque no lo necesita. Para Lula, los compromisos adoptados contra el proteccionismo abren definitivamente a la Ronda de Doha -que persigue la liberalización del comercio mundial-, tal vez el objetivo principal de Brasil en esta cumbre.
"Doha ha pasado de la mesa de los técnicos a la agenda de los políticos. Se asume este acuerdo, se asume que el comercio debe ser libre", señaló. "Las cosas van a empezar a mejorar. No mañana, pero es un proceso".

Cristina Fernández, también festeja

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández , celebra lo que considera éxitos logrados por los países latinoamericanos en la Cumbre del G20, entre ellos la eliminación de un párrafo de la declaración final que defendía una flexibilización de la legislación laboral. La presidenta argentina dijo que propuso la eliminación del párrafo, porque "fue nefasta la experiencia que tuvo Argentina" con ese sistema.

La mandataria también destacó como una victoria latinoamericana los cambios en los criterios de concesión de créditos por parte del Fondo Monetario Internacional .Según Cristina Fernández, el documento reconoce asimismo el "estigma" que enfrentaban algunos países frente al Fondo y también que las condiciones antes impuestas para la concesión de préstamos han sido "muy perjudiciales" para los países que adoptaron las políticas recomendadas por la institución.

La presidenta argentina elogió además la decisión del G-20 de poner en marcha una ofensiva contra los paraísos fiscales, una propuesta que presentó por primera vez en noviembre pasado y que en esa ocasión no fue aceptada. "Fue un salto cualitativo muy importante", afirmó la gobernante argentina, quien consideró que la Cumbre de Londres revela un "cambio de discurso" de los países más ricos frente al sistema financiero internacional.

Latinoamérica sentirá los efectos de la crisis en 2009

En este mieo año de 2009, la economía de América Latina y el Caribe puede sufrir su primer retroceso después de seis años de crecimiento. Los efectos serán fuertes, según anunió la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, en el Foro de Economías Emergentes de América Latina, comenzó el primero de abril en Bogotá, Colombia.

Según la Cepal, la economía de la región debe sufrir una reducción de 0,3% en 2009. La tasa de desempleo regional aumentaría a niveles próximos a los 9%, después de haberse situado en 7.5% en 2008, lo que correspondería a un crecimiento de la pobreza.

Los países más afectados serían México (-2,0% de su crecimiento), Brasil (-1,0%), Costa Rica (-0,5%) y Paraguay (-0,5%). Panamá, Perú, Cuba y Bolivia mantendrían un crecimiento positivo igual o superior a 3%. Ecuador y Chile registrarían aumento nulo en su Producto Interno Bruto (PIB)

Entre los efectos negativos, la Cepal destaca la desaceleración del comercio internacional, caída de los precios de los bienes primarios, fuerte disminución de las exportaciones, reducción de las remesas, menores rentas provenientes del turismo y disminución de los flujos de inversión extranjera directa. De acuerdo con la Comisión, todo eso debe ocurrir en un escenario de creciente incertidumbre en ámbito regional y global, afectando las expectativas del sector privado, con consecuencias negativas sobre la inversión y el consumo.

La secretaria ejecutiva de la Cepal alertó aun que la disminución de la disponibilidad de financiamiento internacional y el aumento de los premios de riesgo de la deuda soberana latinoamericana, también traerán consecuencias para la región. Alicia Bárcena agregó que las economías regionales están teniendo solidez para enfrentar los impactos, aprovechando las reservas acumuladas en años anteriores.

La Cepal considera que la actual coyuntura provoca la necesidad de implementar políticas contracíclicas, al mismo tiempo que las autoridades enfrentan un panorama de falta de espacio macroeconómico para implementar medidas. Alicia Bárcenas destacó que la crisis puede convertirse en una oportunidad para redefinir los paradigmas de desarrollo económico dominantes.
Algunas de las medidas que tienen como finalidad reducir los impactos negativos citadas por la Cepal son: evitar el proteccionismo; preservar la capacidad de mantener el gasto social, especialmente para aumentar el capital humano; concentrar la inversión en infraestructura productiva y social.
El informe que contiene las medidas adoptados por los gobiernos de la región frente a la crisis esta siendo constantemente actualizado por la Cepal. El documento abarca las siguientes áreas: política monetaria, políticas cambiarias y comerciales, políticas sectoriales, políticas laborales y sociales.
(El infome puede consultarse en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/35349/2009-121-Rev.2-Lareacciondelosgobiernos-27FEBRERO-WEB.pdf )

(Fuentes: ANSA-Latina, BBC-Mundo, TeleSur, El Economista-México, Dpa y Adital)

Brasil: Indígenas

EL AGRONEGOCIO PONE EN PELIGRO LA SUPERVIVENCIA DE LAS RESERVAS. EL SUPREMO DEBE DECIDIR SI SALVA A 19.000 INDIOS O DA LA RAZÓN A LOS LATIFUNDISTAS ARROCEROS DE RAPOSA SERRA DO SOL

Una decisión judicial puede determinar el futuro de los indígenas de Brasil. El próximo mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal decidirá si permite a seis latifundistas arroceros permanecer en la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol (en el estado de Roraima) reconocida por el presidente Lula en 2005, y donde viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó. Si la decisión favorece al agronegocio se creará un precedente que pone en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas tierras indígenas demarcadas en Brasil hasta el momento, que podrán ser cuestionadas, revisadas y ambicionadas por los latifundistas. La tensión en la zona es muy alta y los latifundistas han llegado a usar la violencia, con ataques a los centros comunitarios indígenas, como ya denunció Pepitorias en mayo (Ver informe)

Un momento difícil

Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos más vulnerables de su historia. El cambio climático y la escasez de recursos naturales, ha llevado a muchas grandes empresas del agronegocio y el mercado energético a fijar sus ojos en las tierras ocupadas por los indígenes brasileños, vulnerando la propia Constitución brasileña.
Si , pese a las presiones de los poderosos, el Supremo se decanta a favor de los indígenas, se teme una reacción violenta por parte de los arroceros y los políticos locales hacia las comunidades indígenas. El pasado mes de mayo, pistoleros del latifundista Paulo César Quartiero, quemaron puentes, incendiaron aldeas y dispararon e hirieron a un grupo de indígenas en la comunidad Dez Irmaos.

La permanencia de los latifundistas amenaza también el medio ambiente. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) en Roraima ha constatado graves alteraciones del curso de ríos y lagos por parte de los arroceros, así como el envenenamiento de agua y fauna por la utilización de los agrotóxicos. La ONG Pueblos Hermanos y la empresa de comunicación CIPÓ, se han unido para llevar a cabo una campaña de concienciación a nivel internacional sobre la desprotección en que se encuentran los pueblos indígenas de Brasil, incluso cuando la ley ha reconocido sus derechos. “Brasil vive un momento crucial en la lucha por la tierra. Los latifundistas buscan tierras para ampliar las extensiones del agronegocio por encima de los derechos indígenas reconocidos en la Constitución brasileña”, afirma Sonia Ortega, responsable de Educación para el Desarrollo de la ONG Pueblos Hermanos. “Se trata de una lucha entre dos modelos económicos: el que explota la naturaleza buscando la rentabilidad económica y el que ve la tierra como algo sagrado y usa los recursos de manera sostenible”

Los indígenas de Raposa Serra do Sol buscan apoyo internacional


En Junio los líderes indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol , Jacir Macuxí y Pierlânga Wapixana, designados por el Consejo Indígena de Roraima, comenzaron en Europa la campaña "Anna Pata, Anna Yan" (Nuestra Tierra, Nuestra Madre), que busca apoyos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil a su lucha por la protección de sus tierras en la selva amazónica y la detención de la violencia ejercida en su contra. En Madrid y en la Casa de América, denunciaron la violencia en contra su pueblo, que es cometida por los productores de arroces que invadieron las tierras indígenas y que se ha intensificó semanas antes de su viaje con la quema de decenas de casas y dos escuelas indígenas. Los líderes indígenas explicaron también sus problemas a la Vicepresidencia del Gobierno y a la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados.

También estuvieron en Londres, como en otras capitales europeas, y allí se reunieron con diputados y responsables del ministerio de Exteriores británico, a quienes pidieron apoyo para frenar las invasiones perpetradas por "grupos de arroceros poderosos. Es nuestro lugar, el de nuestros antepasados y el de nuestros hijos, que ahora peligra por la codicia de los terratenientes", denunciaron.

"Esta es una batalla crucial para los indígenas brasileños y para la Amazonia. Si los arroceros y los políticos consiguen el robo de Raposa Serra do Sol, indígenas de todo Brasil podrían ver cómo a ellos también se les roban sus tierras", advirtió Stephen Corry, director de Survival International.

Las presiones ante la sentencia del Supremo

La reserva de Raposa Terra do Sol, de 1,6 millones de hectáreas, fue legalizada por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en 2005, tras 30 años de demandas de los cerca de 19.000 indígemas macuxi, wapichana, ingarikó, taurepang y patamona, pero varios productores arroceros continuaron ocupando enormes áreas y ampliando sus plantaciones, a veces por medio de la fuerza.

En agosto el Tribunal Supremo Federal de Brasil, debe pronunciarse sobre un recurso contra ese "decreto de Homologación" firmado por Lula.
Las autoridades del estado de Roraima consideran que las comunidadades indígenas son demasiado pequeñas para ocupar tanto terreno (un 7% del Estado), por lo que presentaron un recurso judicial para recuperar el control sobre parte de la tierra.
La creación de esa reserva choca también con sectores nacionalistas y militares que proponen separarla de la frontera con Venezuela y Guyana en nombre de la "defensa de la soberanía nacional".

Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos históricos de mayor vulnerabilidad. La presión del poder del agronegocio y energético amenazan con dejar a los pueblos indígenas sin tierra vulnerando la Constitución brasileña. Según datos del Censo brasileño, más de 700 mil indígenas, de 215 grupos distintos, viven en Brasil, tanto en reservas como en zonas urbanas. De ese total, 345 mil viven en aldeas. Sólo en 2007 fueron asesinados 86 indígenas.

El caso de Raposa Serra do Sol

La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol está situada en el Estado de Roraima (norte de Brasil). En ella viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, distribuidos en 149 comunidades.
Primero fueron los colonizadores portugueses y los grandes ganaderos que ocuparon enormes extensiones de Raposa Serra do Sol. Esclavizaron a los indígenas, hasta tal punto, que los marcaban con hierro ardiendo como al ganado.

Luego, llegaron los buscadores de oro –garimpeiros-, que incrementaron el clima de violencia en Raposa, introdujeron enfermedades, el alcohol, y causaron enormes daños al medio ambiente.

En 1992 desembarcaron los grandes empresarios del agronegocio, que ocuparon enormes extensiones donde plantaron arroz. Gran parte de la ocupación se realizó en época muy reciente, cuando la demarcación de tierra indígena ya había sido reconocida. Las agresiones y los daños ambientales se han intensificado: 21 líderes indígenas asesinados, cientos de indígenas heridos (incluidos mujeres y niños), comunidades enteras arrasadas y actos terroristas como la utilización de bombas para destruir las casas, hospitales y escuelas indígenas. El Gobierno del Estado de Roraima ha premiado a los arroceros con la exención de impuestos y respalda su lucrativo negocio mediante medidas legales que van contra los derechos indígenas. Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental impuestas por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente). Tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas.
La influencia del lobby del agronegocio ha conseguido que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, máximo órgano judicial, haya suspendido la operación de la Policía Federal para expulsar a los latifundistas, y haya aceptado un recurso del gobierno de Roraima contra la demarcación de la tierra indígena.

Los arroceros se quedaron en 2005

En abril de 2005 el Gobierno brasileño reconoció el derecho originario de los indígenas de Raposa Serra do Sol sobre sus tierras. La victoria fue muy importante, pero parcial. Ganaderos y buscadores de oro se retiraron, pero no los arroceros. Seis poderosos latifundistas se niegan a salir del territorio tal como les obliga la ley. Disponen de grandes superficies de tierra fértil: más de 14.000 hectáreas. En este tiempo han ampliado sus tierras y sus plantíos, han aumentado los daños ambientales (contaminan el agua, utilizan agrotóxicos, desecan lagunas y desvían el agua de los ríos) y han generado permanente violencia y terror. Mantienen el apoyo explícito de la clase política de Roraima, de los medios de comunicación locales y de una gran parte de la población del Estado de Roraima que ve en los indios un impedimento al 'progreso' económico de la región. Políticos y arroceros quieren la demarcación en un área discontinua, “islas” donde puedan permanecer con sus tierras invadidas.

En marzo de 2008, el Gobierno de Lula decide, después de agotar la vía de negociación, enviar una fuerza policial para expulsar a los arroceros. La reacción de los invasores fue la formación de pequeños grupos paramilitares que comenzaron actos terroristas: quemas de puentes, cortes de carreteras, bombas en viviendas indígenas, etc. Cuando la operación policial estaba preparada para retirar los arroceros, el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano judicial del país, suspendió la operación y aceptó un recurso presentado por el gobierno de Roraima, entrando en contradicción con su propia jurisprudencia. Está previsto que el Tribunal haga pública su postura el próximo mes de agosto.

Raposa, una reserva en peligro

Si el Supremo da la razón en agosto a los arroceros, acabará con un trabajo en marcha que es un ejemplo. En Raposa Serra do Sol actúan 251 profesores indígenas en 116 escuelas, 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Dentro de la reserva funciona el Centro Indígena de Formación y Cultura en el que se forman los futuros líderes indígenas y los técnicos en agricultura y ganadería.

Estas comunidades se han distinguido por la defensa no violenta de sus derechos e identidad, así como de la puesta en práctica de un modelo de desarrollo sostenible, ejemplo para muchas comunidades del país.

(Fuentes: guiaongs.org, Pueblos Hermanos-Cipó, Adital y AFP)

Cumbre sobre la seguridad alimentaria

LA FAO RECLAMA LOS MEDIOS PARA ENFRENTARSE AL AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, PRINCIPALES CAUSAS JUNTO A LA ESPECULACIÓN DE LA ATROZ HAMBRUNA QUE AZOTA AL PLANETA

La Cumbre sobre la Alimentación, que se abre este martes en Roma ofrecerá "una oportunidad histórica para relanzar la lucha contra el hambre y la pobreza", afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO. La agencia de la ONU ilustró, en ese marco, las directrices fundamentales para afrontar la emergencia alimentaria y el alza de los precios. La posición propuesta por la FAO es dar asistencia de emergencia a las poblaciones más pobres y, al mismo tiempo, impulsar la producción agrícola en los países en desarrollo. En un documento sobre políticas clave preparado para la cumbre, sostiene que la comunidad internacional debería tomar "medidas urgentes y concretas para abordar los temas del hambre, la malnutrición frente a la subida de precios alimentarios, la escasez de aguas y tierras, el cambio climático, el aumento las necesidades energéticas y el crecimiento de la población". "La dramática situación alimentaria mundial nos recuerda la fragilidad del equilibrio entre el suministro de alimentos y las necesidades de la población mundial", afirma el director general de la FAO, Jacques Diouf, quien recuerda que "los compromisos tomados en el pasado para erradicar el hambre no se cumplieron".

La cumbre la abrirá el presidente italiano, Giorgio Napolitano; el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon y el de la FAO, Jacques Diouf.

Ban Ki-moon presentará un plan para garantizar la soberanía alimentaria. Se trata de un plan elaborado por una célula de crisis creada hace un mes, que reúne a los jefes de las agencias de la ONU, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y contiene principios de acción para encarar la estampida de precios de los alimentos básicos. El plan será discutido durante la reunión de tres días por los 193 países miembros y será mencionado en la declaración final, en vista de una posible aprobación en la Asamblea General de la ONU, en setiembre en Nueva York.

El hambre, un problema mundial que se desborda

En la actualidad unos 850 millones de personas en todo el mundo sufren hambre y de esa cifra 820 millones viven en países en desarrollo, zonas en las que se espera afecte más el cambio climático, según datos de la FAO. Esas cifras, unidas al aumento de los precios de los alimentos y al hecho de que el pasado año la provisiones mundiales de cereales fueran de 420 millones de toneladas, un mínimo histórico desde 1983, hizo que la FAO diera la alarma y comenzara a gestarse esta conferencia.

La cumbre se celebra en medio de una escalada de los precios de los principales productos alimentarios, lo que está causando malestar social en todo el mundo en desarrollo e impulsando a los gobiernos de esos países, tanto exportadores como importadores, a adoptar medidas que pueden desestabilizar los mercados mundiales, según un informe de la FAO.

Esta situación se produce en medio del crecimiento de la producción de biocarburantes, a los que muchos gobernantes acusan de ser en parte los causantes del aumento de los precios. Según un informe de la OCDE, un tercio de la subida de los precios agrícolas previstos para los próximos nueve años se debe a los biocarburantes.

Uno de los más críticos ha sido el experto de Naciones Unidas Jean Ziegler, que recientemente pidió que la producción de esos carburantes, a los que calificó de "crimen contra la humanidad", se paralice inmediatamente. La FAO no descarta, según el documento "Aumento de los precios alimentarios. Hechos perspectivas, impactos y medidas necesarias" presentado recientemente, que se deba revisar las subvenciones y la protección arancelaria para los biocarburantes, "a la vista de sus efectos sobre la seguridad alimentaria".

El secretario general de la FAO, Jacques Diouf, considera que esta cumbre sobre seguridad alimentaria es "una oportunidad histórica" para relanzar la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo e incrementar la producción agrícola en los países en vía de desarrollo.

A la cumbre, asistirán, entre otros, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva; la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Bolivia, Evo Morales; el presidente electo de la Republica Dominicana, Leonel Fernández; el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.También asistirán el vicepresidente de Cuba José Ramón Machado Ventura; la ministra de Agricultura de Chile, Marigen Hornkohl. Asimismo estarán el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy; de Egipto, Hosni Mubarak; de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y de Argelia, Abdelaziz Buteflika, así como el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el japonés, Yasuo Fakuda.

Coincidiendo con la conferencia, organizaciones sociales se reunirán de manera paralela en la capital italiana, según anunció Antonio Onorati, del Centro Internacional Crocevia, que precisó que en ese foro darán voz a los pequeños productores.

Lula defiende el etanol y ataca al petróleo

El presidente Luiz Lula da Silva denunció en Roma la "especulación" que impulsa el alza del precio del petróleo, y defendió la "revolución energética" que promueve su país, en especial el programa de agrocombustibles, de los que Brasil es el segundo productor mundial.

Esos fueron los ejes de la rueda de prensa que ofreció Lula da Silva en la embajada de su país en Roma, donde llegó para participar en la cumbre de la FAO. Las declaraciones del mandatario brasileño dejaron en claro que no piensa terminar en el banquillo de los acusados de la cumbre, que se desarrollará del 3 al 5 de junio, a causa de su programa para la fabricación de etanol, combustible que muchos expertos incluyen entre las principales causas del alza de los precios internacionales de los alimentos. El objetivo de Brasilia es demostrar, por el contrario, que la producción de etanol es compatible con la producción de alimentos y que su país lleva adelante planes de "seguridad alimentaria", dijo Lula da Silva.

Según el mandatario brasileño, los enemigos del etanol de su país son las "lobbys" petroleras, además de "la industria automotriz europea, que no piensa cambiar su propio modelo productivo". La Conferencia Internacional sobre Seguridad Alimenticia de la Fao "es una oportunidad para el mundo de reflexionar sobre los beneficios de los biocombustibles", destacó Lula, para quien el combustible fabricado a partir de la caña de azúcar "no amenaza la producción alimenticia", subrayó, criticando el que se produce con maíz o trigo.

La paradoja entre la producción de alimentos y el hambre

No todo el mundo opina igual que Lula da Silva, ni siquiera en el propio Brasil. Así, la presidente del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea-CE) del estado de Ceará, Helena Selma Azevedo, habla con la página web Adital sobre la paradoja entre la capacidad de producción de alimentos y las miles de personas que mueren o tienen su desarrollo perjudicado a causa de la carencia de nutrientes. Conflicto que se siente incluso en un gobierno en el que la erradicación del hambre fue una de las grandes metas durante el período de campaña.
-Adital-¿Cuál es su expectativa en relación con la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial?
-Helena Selma Azevedo - Es más un deseo que una expectativa. Que sean establecidos principios para la producción y comercialización de alimentos teniendo como directriz la garantía de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y Naciones. Deseo por encima de todo, que no sucumba a la presión de las grandes corporaciones hacia otra revolución verde, con los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) como una salida para la actual crisis de alimentos.
- Adital-¿Cuáles son los desafíos para promover la seguridad alimentaria en la actualidad, ante los cambios climáticos, la escasez y la consecuente alza mundial de los precios de los alimentos?
Helena Selma Azevedo - Las cuestiones referentes a la Seguridad Alimentaria y Nutricional siempre son muy complejas, porque son sistémicas y las variables que intervienen están bastante entrelazadas. Por lo tanto, las explicaciones y propuestas presentadas en este corto espacio serán incompletas. Varias causas están siendo señaladas como las que producen la actual crisis mundial de alimentos con fuerte impacto en los países pobres, pero todas ellas son resultantes del hecho de que los alimentos son tratados como meras mercaderías y de que la actual sociedad de consumo ha olvidado que nuestro cuerpo está compuesto por los alimentos que ingerimos, nuestra salud depende de la cantidad y calidad de lo que comemos. Este pensamiento refuerza otras causas que están relacionadas con el modelo de producción y distribución de las riquezas que históricamente viene provocando enormes desigualdades entre los países, concentrando riquezas de un lado y pobreza del otro.
Las guerras y los conflictos étnicos son otra causa de la degradación de los medios de producción de alimentos y la consecuente intensificación del hambre. Las causas inmediatas son los ajustes estructurales impuestos por el FMI (Fondo Monetario Internacional), que retiraron de los países pobres la capacidad de producir sus propios alimentos; el alza del precio del petróleo que incide sobre sus derivados utilizados en el proceso de producción y transporte de alimentos; el uso del maíz para combustible; la especulación del precio con una "financierización" de los alimentos; simultaneidad de varias catástrofes ambientales y aumento de la demanda de alimentos. La solución a corto plazo es implementar medidas que contengan la especulación de los alimentos. En el caso de Brasil, que se regule la comercialización de los alimentos en stock priorizando la Seguridad Alimentaria antes que el lucro de la exportación. Brasil no tiene crisis de producción de alimentos, sino lo contrario, es productor de alimentos. El único alimento que no produce en cantidad suficiente para el consumo interno es el trigo y parte de maíz que es usado como ración animal. Nuestro gran problema es el acceso a los alimentos por parte de las poblaciones pobres, que no disponen de poder de compra, y el empobrecimiento de los pueblos del campo. Las soluciones a mediano y largo plazo son: realizar una reforma agraria con tierra, agua, conocimiento e inversiones; intensificar el apoyo a la agricultura familiar campesina; estimular la agroecología y la economía solidaria; reducir el desperdicio de alimentos en la producción, comercialización, transporte y consumo, y en especial, promover la equidad de territorio, clase, género, etnia, raza, generación y orientación sexual, pues las diferencias existentes son utilizadas para justificar todas las desigualdades que generan pobreza e inseguridad alimentaria. Sin esas medidas podremos correr el riesgo de exportar alimentos mientras una gran parte de nuestra población pasa hambre, con campos desiertos de gente que está amontonada en el cinturón de pobreza de las grandes, medianas y pequeñas ciudades.

Adital - La preocupación por la seguridad alimentaria alcanzó status de política gubernamental en el gobierno de Lula a través del Consea. Pero, en los últimos meses, Brasil viene recibiendo críticas de otros países a causa del incentivo del etanol, que quitaría tierras por estar destinadas a producir alimentos para combustibles. En su opinión, ¿habría aquí un conflicto de políticas?

Helena Selma Azevedo - El gobierno de Lula es un gobierno que está marcado por la disputa, un gran ejemplo de esto es la existencia simultánea del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Otro ejemplo es la reciente renuncia de Marina Silva y su presencia en la toma de posesión de su sucesor en el Ministerio de Medio Ambiente. Podemos computar muchas conquistas y derrotas en relación con las políticas de SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional). Esta misma disputa se refleja en las decisiones relacionadas con los agrocombustibles, envuelta en una gran tensión entre los que defienden la ampliación indiscriminada y otra, con la que comulgamos, que defiende una reglamentación que garantice como prioridad la Seguridad y Soberanía Alimentaria, de tal forma que no haya sustitución de las áreas de producción de alimentos. El problema en la tendencia actual de la producción de agrocombustibles es la expansión de áreas de cultivo de alimentos como el maíz y el poroto, en grandes extensiones de tierra, en la forma de monocultivo que degrada el ambiente, expulsa a las comunidades tradicionales del campo y explota la fuerza de trabajo. Será, sin embargo, una buena alternativa energética si su práctica viniera combinada con la policultura de la agricultura familiar campesina.

Proyecto de Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después
Alianza internacional contra el hambre

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno1, o nuestros representantes, reunidos en Roma en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (CMA:cad) por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);
Recordando la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA), celebrada en Roma en noviembre de 1996, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno, o sus representantes, aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la CMA y prometieron consagrar su voluntad política y su dedicación común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas subnutridas a la mitad de su nivel no más tarde del año 2015;
Reconociendo la urgente necesidad de reforzar los esfuerzos de todos los asociados interesados a modo de alianza internacional contra el hambre, con miras al cumplimiento de los objetivos de la Cumbre de 1996;
Reafirmando el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos;
Reiterando que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política y económica y reafirmando la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de adoptar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que pongan en peligro la seguridad alimentaria; Reafirmando los compromisos que asumimos en la Declaración de Roma y el Plan de Acción, que tomando en consideración el carácter polifacético de la seguridad alimentaria comprenden una acción nacional e iniciativas internacionales eficaces para complementar y reforzar la acción nacional;
Reconociendo los esfuerzos considerables que se han realizado en muchos países para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria, así como el compromiso de la comunidad internacional de contribuir a esos esfuerzos, expresado en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
Tomando nota de que la tasa anual media de reducción del número de personas subnutridas en el mundo ha sido de ocho millones y que, si se mantiene esta tendencia, no se alcanzará el objetivo de la CMA, reafirmado en la Declaración del Milenio, de reducir el número de personas subnutridas a la mitad para el año 2015;
Tomando nota de que el hambre es tanto causa como efecto de la pobreza extrema, e impide a las personas pobres aprovechar las oportunidades de desarrollo, que la erradicación del hambre es un paso decisivo para mitigar la pobreza y la desigualdad, y que la comunidad internacional ha reafirmado su compromiso con respecto a la mitigación de la pobreza. Observando además que el 70 por ciento de las personas pobres en el mundo viven en zonas rurales y dependen casi totalmente de la agricultura y el desarrollo rural para su subsistencia; y tomando nota del rápido incremento del número y la proporción de habitantes de las zonas urbanas afectados por la pobreza, el hambre y la malnutrición;
Conscientes de las dificultades especiales con que se enfrentan todos los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países afectados por conflictos violentos, disturbios civiles, minas terrestres y explosivos no detonados, o expuestos a la desertificación y a catástrofes naturales; observando además que el calentamiento mundial y el cambio climático pueden tener graves repercusiones para la seguridad alimentaria y la subsistencia, especialmente en esos países;
Reconociendo también las dificultades con que se enfrentan los países con economías en transición para hacer frente a sus necesidades de seguridad alimentaria en el proceso de aplicación de reformas orientadas al mercado;
Preocupados por las actuales estimaciones de la tendencia descendente de los presupuestos nacionales de los países en desarrollo y la disminución de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y de los fondos de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) directamente destinados a la agricultura y el desarrollo rural, como contribución a la seguridad alimentaria;
Reconociendo el importante papel de la asistencia alimentaria en situaciones de crisis humanitaria, y como instrumento para el desarrollo, al funcionar como inversión previa de facilitación;
Reafirmando el Compromiso Cuarto del Plan de Acción de la CMA y que el comercio es un elemento decisivo para conseguir la seguridad alimentaria mundial;
Reafirmando la importancia fundamental que tienen la producción y la distribución nacionales de alimentos, la agricultura y el desarrollo rural sostenibles, la pesca y los bosques, para conseguir la seguridad alimentaria;
Reiterando nuestra profunda preocupación por la carga de la deuda para los países en desarrollo, especialmente los países pobres muy endeudados (PPME), y por sus efectos negativos sobre los recursos para la seguridad alimentaria, pese a los progresos realizados en la aplicación de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados;
Reconociendo que las crisis económicas y financieras internacionales han mostrado de forma dramática la vulnerabilidad de los países en desarrollo;
Tomando nota con preocupación de la grave amenaza de la pandemia de VIH/SIDA, y la incidencia del paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades, en particular las causadas por la contaminación del agua en los países en desarrollo y sus efectos devastadores sobre la seguridad alimentaria;
Reafirmando nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, en el que se hacía referencia a la necesidad de establecer asociaciones eficaces entre los países desarrollados y en desarrollo, sobre la base del reconocimiento de la iniciativa y el control nacionales respecto de los planes de desarrollo en los que se plasman las estrategias de reducción de la pobreza, y reconociendo el valor de estudiar fuentes innovadoras de financiación a condición de que esas fuentes no constituyan una carga excesivamente pesada para los países en desarrollo, en cuanto pasos importantes para alcanzar la seguridad alimentaria sostenible;
Reconociendo la importancia del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a fin de apoyar los objetivos relativos a la seguridad alimentaria;
Tomando nota de los resultados de las conferencias mundiales, como la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2001 y 2002, sobre el VIH/SIDA y sobre la infancia, y la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Doha, y destacando la próxima Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002.
Voluntad política
1. Renovamos nuestros compromisos mundiales contraídos en la Declaración de Roma de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 en particular de reducir a la mitad el número de personas hambrientas en el mundo para el año 2015 a más tardar, tal como se reafirmó en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Decidimos acelerar la aplicación del Plan de Acción de la CMA.
2. Pedimos a todas las partes (gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado), que refuercen sus esfuerzos a fin de actuar como alianza internacional contra el hambre para alcanzar los objetivos de la CMA en 2015 a más tardar. Con este propósito, las partes deberían promover la acción coordinada. Teniendo presente la contribución de todas las partes, los países deberían seguir informando de los progresos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), con arreglo a su mandato como centro de coordinación para la aplicación del Plan de Acción de la CMA.
3. Reconocemos que los progresos hechos no son suficientes para alcanzar el objetivo de la CMA. Reconociendo que la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria nacional incumbe a los gobiernos nacionales en cooperación con la sociedad civil y el sector privado y con el apoyo de la comunidad internacional, decidimos acelerar la aplicación de medidas con objeto de reducir a la mitad el hambre para el año 2015 a más tardar. Para ello será necesario un ritmo de reducción del hambre de más de 22 millones de personas al año en promedio.
4. Subrayamos que las estrategias de reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria deberían, entre otras cosas, incluir medidas encaminadas a aumentar la productividad agrícola y la producción y distribución de alimentos. Acordamos promover el acceso de los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad a los alimentos, el agua, la tierra, el crédito y la tecnología, lo que ayudará también a generar ingresos y a crear oportunidades de empleo para las personas pobres y, en consecuencia, contribuirá a reducir la pobreza y el hambre.
5. Reafirmamos la importancia de reforzar el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión del derecho al desarrollo, la democracia, el estado de derecho, el buen sistema de gobierno, las políticas económicas adecuadas, la igualdad de derechos para todos sin distinción de sexo, raza, idioma o religión, la solución de los conflictos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el respeto del derecho internacional humanitario, y la cooperación internacional, a fin de resolver los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, que son esenciales para conseguir la seguridad alimentaria.
6. Pedimos a los asociados en el desarrollo interesados que hagan cuanto sea necesario para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo de la Declaración del Milenio, en particular los relativos a la reducción a la mitad de la pobreza y el hambre para el año 2015, mejorar y reforzar los indicadores necesarios para medir los progresos y vigilar los progresos con arreglo a su mandato; y renovar y reforzar el compromiso con los sistemas nacionales e internacionales existentes para evaluar la seguridad alimentaria; reafirmamos la función de la FAO, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF, en la vigilancia de los progresos hacia el objetivo de desarrollo del milenio relativo al hambre y la importancia del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Sistemas de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria y la Vulnerabilidad (SICIAV) con miras a reforzar la vigilancia nacional e internacional de la seguridad alimentaria.
7. La inmensa mayoría de quienes padecen hambre y viven en condiciones de pobreza absoluta se encuentran en las zonas rurales. Reconocemos que para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el número de personas hambrientas es necesario que los países más empobrecidos y cuya inseguridad alimentaria es mayor promuevan la mitigación de la pobreza rural especialmente mediante un crecimiento sostenido de la producción agrícola, en particular en el África subsahariana.
8. Confirmamos de nuevo que la FAO ha de desempeñar una función importante ayudando a los países a aplicar las disposiciones del Plan de Acción de la CMA con arreglo a su mandato teniendo presente que la CMA encomendó al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial la vigilancia de los progresos.
9. Consideramos que unas asociaciones internacionales amplias son de suma importancia para la aplicación del Plan de Acción de la CMA. Pedimos a los gobiernos, las organizaciones y las instituciones financieras internacionales que utilicen sus recursos con eficacia, que mejoren su funcionamiento y fortalezcan la cooperación y que emprendan iniciativas conjuntas para combatir el hambre; y que refuercen el papel fundamental de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles en la seguridad alimentaria.
10. Invitamos al Consejo de la FAO a que, en su 123º período de sesiones, establezca un Grupo de Trabajo Intergubernamental, con la participación de los interesados, en el contexto del seguimiento de la CMA, con el fin de elaborar, en un período de dos años, un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; pedimos a la FAO que, en colaboración con los órganos pertinentes creados en virtud de tratados, organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, preste asistencia al Grupo de Trabajo Intergubernamental, el cual deberá informar sobre sus trabajos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
11. Instamos expresamente a los gobiernos a que examinen sus políticas nacionales actuales de seguridad alimentaria con el fin de subsanar deficiencias, identificar nuevas iniciativas, suprimir los obstáculos a la aplicación y simplificar las iniciativas en materia de políticas entre ministerios y departamentos.
12. Reafirmamos el Consenso de Monterrey e instamos a todos los miembros de la OMC a aplicar los resultados de la Conferencia de Doha, especialmente los compromisos relativos a la reforma del sistema de comercio agrícola internacional, con particular referencia a los párrafos 13 y 14, habida cuenta del papel que el comercio agrícola internacional debe desempeñar, de conformidad con el Compromiso Cuarto del Plan de Acción de la CMA, con miras a promover el desarrollo económico, aliviar la pobreza y conseguir los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en particular en los países en desarrollo.
Desafíos
13. Reafirmamos la necesidad de garantizar la igualdad de género y de apoyar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer. Reconocemos y valoramos el papel vital que desempeña constantemente la mujer en la agricultura, la nutrición y la seguridad alimentaria, y la necesidad de integrar una perspectiva basada en la paridad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la seguridad alimentaria; y reconocemos la necesidad de adoptar medidas a fin de garantizar que se reconozca y valore el trabajo de la mujer, con objeto de aumentar su seguridad económica, su acceso a los recursos y los planes, servicios y beneficios de crédito, y su control sobre éstos.
14. Subrayamos la necesidad de disponer de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos y resaltamos la necesidad de prestar atención a las cuestiones nutricionales como parte integrante de los esfuerzos para promover la seguridad alimentaria. En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia recientemente celebrado se abordó la necesidad de realizar inversiones en infraestructura económica y social básica y servicios sociales, así como en la protección social para personas vulnerables y en la protección social para los grupos vulnerables y desfavorecidos. Debería prestarse atención a la mejora de la calidad de la dieta; el acceso al agua potable, la atención de la salud y la educación; y el saneamiento. Reconocemos la importancia de intervenciones encaminadas a hacer frente a las carencias de micronutrientes que sean eficaces en función de los costos y aceptables a nivel local.
15. Reafirmamos nuestro empeño en luchar contra las condiciones imperantes en todo el mundo que plantean graves amenazas para la salud, y especialmente la propagación del VIH/SIDA que puede tener efectos extraordinariamente devastadores sobre todos los sectores y niveles de la sociedad y, por consiguiente, sobre la seguridad alimentaria. Para ello son precisos nuevos enfoques, tecnologías y cultivos para las familias campesinas afectadas por el VIH/SIDA con carencia de mano de obra. A este respecto, acogemos con satisfacción la creación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, que constituye un importante paso adelante para la acción concertada a nivel nacional y para la movilización de recursos nuevos y adicionales con miras a la prevención y el tratamiento de esas enfermedades.
16. Reafirmamos la importante función del Codex Alimentarius, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) para proporcionar normas eficaces, con un fundamento científico e internacionalmente aceptadas sobre inocuidad de los alimentos y sanidad vegetal y animal, así como para facilitar el comercio agrícola y alimentario internacional en su capacidad de órganos normativos reconocidos por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la OMC.
17. Nos comprometemos a seguir apoyando los esfuerzos encaminados a reforzar la capacidad de los países en desarrollo en relación con la gestión de la inocuidad de los alimentos y la sanidad vegetal y animal.
18. Habremos de reforzar la acción nacional e internacional a fin de estar preparados para las situaciones imprevistas y de emergencia y para aumentar la eficacia de las medidas de urgencia, tanto mediante intervenciones basadas en la alimentación como de otro tipo. Estas medidas deben estar integradas en iniciativas de desarrollo sostenible con todas las partes interesadas para conseguir una seguridad alimentaria sostenible. Subrayamos la importancia de ampliar el alcance y la cobertura de los mecanismos de protección social, en particular las redes de seguridad para los hogares vulnerables y afectados por la inseguridad alimentaria. Nos comprometemos a asegurar, mediante el desarrollo económico, la utilización de sistemas de alerta, así como la asistencia de emergencia, que nunca jamás se volverán a ver situaciones de hambre.
19. Reconocemos el valor de la alimentación escolar en cuanto programa de desarrollo social. Debería basarse en la compra a nivel local o regional cuando sea posible, y organizarse de forma tal que se respeten las pautas de consumo locales. En este sentido, alentamos la ampliación de los programas de alimentación escolar del Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros, siempre que se ejecuten de conformidad con las prioridades y los programas educativos nacionales.
20. Resolvemos contribuir al resultado de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, reconociendo la importante función de las tres organizaciones con sede en Roma, la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y fortalecer la coordinación y la cooperación entre las organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de utilizar los recursos de manera eficiente, especialmente en las esferas de la cooperación técnica y financiera, la ordenación sostenible de los recursos naturales, la lucha contra las enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas y la consecución de la seguridad alimentaria.
21. Subrayamos la necesidad de seguir promoviendo la ordenación sostenible de los bosques y la pesca, incluidas la conservación y la utilización sostenible de los recursos acuáticos vivos, en vista de la contribución que esos sectores hacen a la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
22. Subrayamos la importancia de apoyar actividades de desarrollo alternativo que permitan a quienes se dedican a la producción de cultivos ilícitos lograr la seguridad alimentaria sostenible y vivir con dignidad.
23. Reconociendo el alcance de la pobreza en las regiones montañosas, destacamos el papel esencial de las zonas de montaña y su potencial respecto de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles con objeto de alcanzar la seguridad alimentaria. Subrayamos la necesidad de establecer asociaciones entre los países en desarrollo y desarrollados en ese sentido.
24. Nos comprometemos a trabajar en un espíritu de cooperación y solidaridad para reforzar las actividades comprendidas en el mandato de la FAO que permiten a los países en desarrollo y los países con economías en transición hacer frente a los problemas de la inocuidad de los alimentos, sacar mayor provecho de los beneficios de la investigación y las tecnologías y responder con eficacia a los desafíos y las oportunidades que presenta la globalización, en particular en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria. Nos comprometemos también a ayudar a esos países, en especial a sus productores de alimentos, a tomar decisiones informadas sobre los conocimientos científicos y técnicos necesarios en relación con estas nuevas tecnologías orientadas a la reducción de la pobreza y el hambre y a lograr el acceso a ellos.
25. Pedimos a la FAO que promueva conjuntamente con el GCIAI y otros institutos internacionales de investigación la investigación agrícola y la investigación de nuevas tecnologías, incluida la biotecnología. La introducción de nuevas tecnologías de eficacia probada, incluida la biotecnología, debería realizarse de forma inocua y adaptada a las condiciones locales para contribuir al aumento de la productividad agrícola en los países en desarrollo. Estamos resueltos a estudiar, compartir y facilitar el uso responsable de la biotecnología con miras a hacer frente a las necesidades de desarrollo.
26. Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en transición se enfrentan con dificultades para responder a los desafíos y oportunidades que presenta la globalización, en particular en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria, y por consiguiente acordamos en un espíritu de cooperación y solidaridad aunar las actividades de la FAO en apoyo de esos países, para permitirles afrontar los desafíos y aprovechar los beneficios de la globalización.
Recursos
27. Pedimos a todos los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, el sector privado y todos los demás asociados en el desarrollo que consideren la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la FAO para la Seguridad Alimentaria y la Inocuidad de los Alimentos y a otros instrumentos voluntarios. El Fondo Fiduciario debería servir de catalizador con miras a acelerar la producción de alimentos y mejorar el acceso a los mismos en los países menos adelantados, los PBIDA y los pequeños estados insulares en desarrollo, y para prevenir, combatir y erradicar las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas y los animales, y para preparar proyectos de inversión, y de cooperación Sur-Sur, en las esferas mencionadas.
28. Subrayamos la relación intrínseca entre un rápido avance hacia la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, y reafirmados en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y la magnitud, orientación y utilización eficaz de la inversión para la seguridad alimentaria, la agricultura, el desarrollo rural y la producción, elaboración y distribución de alimentos. Como acordamos en el Consenso de Monterrey, la movilización de recursos nacionales e internacionales para alcanzar esos objetivos depende de varios factores, como por ejemplo: i) un entorno favorable para el ahorro y la inversión en las zonas rurales en el marco de un sistema macroeconómico nacional apropiado, ii) una estrategia nacional de base amplia para la reducción de la pobreza orientada a mejorar el acceso a los alimentos incluso mediante el aumento de la producción y distribución de alimentos, iii) la promoción de oportunidades para la inversión privada interna y externa, iv) el comercio, v) una atención adecuada en el presupuesto nacional al desarrollo socioeconómico, vi) la complementación de los esfuerzos nacionales con AOD en esferas fundamentales de la infraestructura social y el desarrollo humano, y vii) una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.
29. Instamos a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que realicen esfuerzos concretos en pos del objetivo del 0,7 por ciento del producto nacional bruto (PNB) en forma de AOD a los países en desarrollo, y del 0,15 al 0,20 por ciento del PNB de los países desarrollados a los países menos adelantados, como se confirmó nuevamente en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, y alentamos a los países en desarrollo a aprovechar los progresos realizados para asegurarse de que la AOD se utilice efectivamente para ayudar a alcanzar los objetivos y las metas de desarrollo. Reconocemos los esfuerzos de todos los donantes, elogiamos a los donantes cuya contribución a la AOD supera los objetivos, los alcanza o está aumentando para conseguirlos, y subrayamos la importancia de comprometerse a examinar los medios y los plazos para la consecución de las metas y los objetivos.
30. Acogemos con satisfacción la aprobación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y la inclusión de la agricultura y la seguridad alimentaria como componente de esta iniciativa. Invitamos a la comunidad internacional a responder a esta iniciativa financiando programas o proyectos, del modo más apropiado, que reflejen los principios y compromisos de la NEPAD.
31. Alentaremos a la comunidad internacional a que siga prestando asistencia técnica y financiera a los países con economías en transición con miras a mejorar su seguridad alimentaria.
32. Con vistas a invertir la tendencia general a la disminución de las asignaciones a la agricultura y el desarrollo rural en los presupuestos nacionales de los países en desarrollo, en la AOD y en los préstamos totales de las instituciones financieras internacionales, pedimos que se destine a esos sectores una proporción adecuada de la AOD bilateral y multilateral, de los préstamos de las IFI y de las consignaciones presupuestarias de los países en desarrollo, en el marco del Consenso de Monterrey.
33. Reafirmamos que la Iniciativa ampliada a favor de los países pobres muy endeudados (PPME) ofrece la oportunidad de mejorar las perspectivas económicas y los esfuerzos para la reducción de la pobreza de sus países beneficiarios, incrementando con ello la seguridad alimentaria. Es decisiva la aplicación rápida, eficaz y completa de la Iniciativa ampliada, que debería financiarse plenamente con recursos adicionales. Los países pobres muy endeudados deberían adoptar las medidas de política necesarias para llegar a poder beneficiarse de la iniciativa.
34. Reafirmamos asimismo el Consenso de Monterrey con objeto de alentar el estudio de mecanismos innovadores para hacer frente a los problemas de la deuda de los países en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios y los países con economías en transición.
35. Pedimos a todos los países que aún no lo hayan hecho que consideren la posibilidad de firmar y ratificar el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a fin de que entre en vigor lo antes posible.

(Fuentes:EFE-ANSA-Latina, Adital, Radio La Primerísima-Managua y FAO)

Brasil: Indígenas

UN FRENTE CÍVICO MILITAR TRATA DE IMPEDIR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO DE LULA A LAS ETNIAS AMAZÓNICAS EN RORAIMA Y AMENAZA A 18.000 INDÍGENAS

El gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrenta a un grave problema en el estado amazónico de Roraima. Su intento por proteger a los indígenas de la zona de Raposa mediante la creación de una reserva, es contestado por 6 (Seis) poderosas familias arroceras que se niegan a desalojar los territorios indios. Tienen el apoyo del Gobernador y, lo que es más grave, de la cúpula militar brasileña. En 2007 fueron asesinados al menos 76 indígenas en Brasil. Y en Roraima sufren constanteds agresiones, recientemente, fue atacado y destruido el Centro Indígena.

El jefe del Estado mayor del Ejército brasileño, general Luiz Edmundo Carvalho, y sus colegas de Aeronáutica y Marina, respaldaron la creación de un frente parlamentario en "Apoyo de las Fuerzas Armadas en la Amazonia". El general Carvalho, el brigadier Paulo Brito, titular del estado mayor de la Aeronáutica y el almirante Aurelio Ribeiro, jefe de operaciones navales de la Marina, participaron en el acto de lanzamiento del bloque en el Congreso. Carvalho afirmó que "la creación de este frente podrá traer enormes beneficios al país y a la seguridad nacional". La agrupación estará integrada por legisladores que se oponen a la creación de una reserva indígena en Roraima, frontera con Venezuela y Guyana, que fue homologada por el presidente Lula da Silva. El ministro de Defensa Nelson Jobim dijo no estar molesto por la formación de esa agrupación legislativa. "Los órganos de defensa están volcados prioritariamente hacia la Amazonia" aseguró el funcionario. Recientemente, el jefe del Comando Militar de la Amazonia, general Heleno Ribeiro, criticó públicamente al gobierno por su política en esa región.

El Frente Cívico Militar contra la reserva está encabezado en Roraima por el Gobernador de ese estado del nordeste brasileño, José Anchieta Junior, un personaje pintoresco. Ayer acusó a las organizaciones no gubernamentales de utilizar a los indígenas para permitir la penetración de las potencias extranjeras en la selva amazónica. "Me preocupo más con los europeos y estadounidenses y sus centenas de ONG en la Amazonia y no con Venezuela, con el que compartimos frontera. Las ONG extranjeras quieren un cadáver indígena para decir que Brasil no sabe cuidar del tema", dijo este gobernador, opositor al presidente Lula da Silva.

El gobernador fustigó a las ONG's que actúan en su estado, durante un discurso ofrecido en el Club de la Aeronáutica de Rio de Janeiro, en un acto que forma parte de la campaña contra la homologación de tierras de tres municipios hecha en 2005 por el presidente Lula, y que crea la reserva indígena Raposa Serra do Sol, lo que implica la salida del lugar de los no indios. En la región hay temor a una escalada de violencia a raíz de que los productores arroceros se niegan a salir de la reserva indígena ubicada

Contra política indigenista de Lula

La batalla por defender la Amazonia brasileña "empezó por Roraima", según Paulo Cesar Quartiero, personaje central de los conflictos que enturbian la fronteriza tierra indígena Raposa Serra do Sol (RSS) y que están movilizando a políticos y militares en un frente opositor.
Quartiero, un agrónomo de 55 años, migró del extremo sur al norte hace 32 años, instalándose en Roraima, donde adquirió dos haciendas que suman 9.200 hectáreas, y se convirtió en gran productor de arroz. En 2004 ganó la alcaldía de Paracaima, municipio de unos 9.000 habitantes. Detenido nueve días en Brasilia a inicios de mayo, bajo cargos de posesión de explosivos y de armar a los hombres que balearon a 10 indígenas que intentaban invadir su hacienda, se afirmó como líder de los que rechazan la demarcación de la RSS como un territorio indígena único y continuo de 1,7 millones de hectáreas. "No somos mercaderes, no aceptamos indemnización" para dejar las haciendas que se encuentran comprendidas en esa área, pues eso "representaría la muerte, después de 32 años cultivando y preparando la tierra", dijo Quartiero a IPS. "Queremos sólo 4,7 por ciento de esa tierra", señaló, para "acomodar a los 200 agricultores" que siguen en el área, ya demarcada pero aún no entregada en posesión a los indígenas que la habitan y que suman entre 15.000 y 20.000.

Lo que pide Quartiero significaría dividir en "islas" la reserva RSS, cuya demarcación como área continua fue oficializada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005, después de superar cuestionamientos judiciales y debates de casi dos décadas. El proceso obedeció a los principios definidos en la Constitución de 1988.

La mayoría de los agricultores que ocupaban parte de su área aceptaron dejarla, pero el grupo encabezado por Quartiero se resiste. Policías de la Fuerza Nacional de Seguridad y del Ministerio de Justicia iniciaron el 27 de marzo la Operación Upatakon 3 para retirar a todos los habitantes "no indígenas" de la RSS, pero el Supremo Tribunal Federal la suspendió dos semanas después, ante la petición del gobierno de Roraima, para evitar víctimas. El máximo tribunal de justicia debe ahora decidir si la demarcación de la RSS como área continua, homologada por Lula, es válida o debe ser revisada.

Quartiero reconoce que la mayoría de los agricultores locales no tienen títulos legales de propiedad de las tierras ocupadas, "sólo algunos". En su caso, una de sus haciendas fue adquirida a personas que la poseían legalmente desde 1922, "mucho antes de la actual política" y de la instalación de instituciones indigenistas, destacó.

El gobernador de Roraima, José de Anchieta Junior, y Quartiero estuvieron este jueves en Río de Janeiro, en un seminario promovido por el Club de Aeronáutica, hablando ante centenares de personas, buena parte oficiales retirados de la fuerza aérea. La constitución de una alianza político-militar que pone en cuestión la política indigenista y ambiental del gobierno y reclama la defensa de la Amazonia ante una supuesta amenaza extranjera, avanza impulsada por esta polémica sobre la reserva RSS.

Un Frente Parlamentario de Apoyo a las Fuerzas Armadas en la Amazonia se constituyó el martes en la Cámara de Diputados, en una sesión en Brasilia a la que asistieron generales y muchos otros oficiales de las tres Fuerzas Armadas. Sus miembros se oponen a la demarcación de territorios indígenas como la RSS y a la presencia de organizaciones no gubernamentales que, desde su punto de vista, representan intereses extranjeros en la Amazonia.

Un temor más explícito a la invasión extranjera fue expuesto por João Ricardo Moderno, presidente de la Academia Brasileña de Filosofía, cuando habló en el Club de Aeronáutica. Sería una "traición a la Patria" si el presidente o el parlamento de Brasil acogen la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007. Moderno se manifestó también contra la integración sudamericana, por seguir el modelo "bolivariano" del presidente venezolano Hugo Chávez, inspirado en las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El sociólogo Helio Jaguaribe, de 84 años y miembro de la Academia Brasileña de Letras, aportó al movimiento contra el indigenismo actual sus ideas a favor de la "adaptación voluntaria y gradual" de las tribus nativas a la cultura moderna, a través de la educación, la asistencia social y la capacitación profesional de alto nivel. Es "imprescindible revisar" la política oficial, dictada por antropólogos y basada en la "falacia" de que la "cultura primitiva" debe ser preservada y es incompatible con la cultura occidental.

Esto es lo que pasa en Roraima

"Casi 18.000 indígenas de cuatro etnias diferentes en la región norte del estado de Roraima están siendo vilmente agredidos por seis familias de arroceros que se apoderaron ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí." Así comienza la carta enviada recientemente por Roberto Jaramillo, superior de los jesuitas del Amazonas. En su misiva expone una situación desesperada: "Las comunidades indígenas de la Reserva Indígena "Raposa Sierra do Sol" están en pié de lucha ocupando SU PROPIO territorio. Hoy 6 de mayo, en la mañana, diez indígenas fueron baleados por mercenarios al servicio de los invasores. "

En estos momentos el del territorio indígena Raposa Serra do Sol en Roraima es el ejemplo más emblemático en la lucha por la defensa de los territorios indígenas. El presidente Lula determinó, desde abril de 2005, la homologación en área continua de la reserva indígena. Pero, tres años después, cuando la Policía Federal fue al lugar a hacer cumplir la ley, los arroceros iniciaron una serie de agresiones contra los cuatro pueblos indígenas que viven en el área.
El sacerdote Herminio Canovo, coordinador de la CPT Nacional, dice que la situación en el lugar es de extremo conflicto. "Por lo menos ocho jóvenes indígenas fueron baleados, uno tenía 12 balas en el cuerpo". Además, los caminos continúan bloqueados; la policía y el ejército están supervisando la seguridad del lugar y sólo entra en Surumú quien está llevando productos alimenticios y remedios.
Los pequeños agricultores que ocupaban el área se retiraron con la homologación del presidente Lula. Ahora, sólo quedan en el lugar seis grandes empresarios productores de arroz, que intentan a toda costa desmovilizar a los indios, captando a los miembros de las comunidades. Según el líder indígena Jacinaldo Barbosa, ellos van a reaccionar hasta alcanzar al último indio.
Para Canovo, lo que está ocurriendo en Raposa Serra do Sol es "la resurrección del movimiento indígena de Roraima, que no va a ceder".

La situación en el área indígena está en las manos del Supremo Tribunal de Justicia. El Ministro(magistrado) del Supremo, Gilmar Mendes, quiere ir al lugar personalmente para analizar el caso. Pero, si la decisión del Supremo fuera a favor de los no-indios -con la revocación del decreto presidencial-, estará en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas las reservas indígenas del país, que pasarán a ser todavía más ambicionadas por los latifundistas.
Para proteger las reservas indígenas y, antes que nada, democratizar la tierra en Brasil, con una reforma agraria real, desde abril, organizaciones de la sociedad civil que integran el Forum Nacional por la Reforma Agraria y por la Justicia en el Campo debaten sobre el límite de la propiedad de la tierra en Brasil. El objetivo es fortalecer la organización de la Campaña por el Límite de la Propiedad de la Tierra.
Según Canovo, están preparándose videos, cartillas y carteles, para presentar a la sociedad brasilera los motivos físicos, sociales, económicos, ambientales, geográficos y éticos de ese límite. La idea inicial es formar a la sociedad sobre el tema. Mientras tanto, un equipo de especialistas que incluye abogados, geógrafos, agrónomos, está elaborando un proyecto para ser presentado al país, pero la discusión sobre el límite de la propiedad de la tierra demandará más tiempo.

La escasez de tierras detrás de los asesinatos de indígenas

En Brasil fueron asesinados por lo menos 76 indígenas en 2007, 58 por ciento más que en el año anterior. Ese aumento se concentró en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde los guaraníes viven confinados en tierras insuficientes para sostener sus tradiciones.
El total de asesinatos en 2007, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) según datos aún preliminares. Pero ya es claro que los problemas más graves están en Mato Grosso do Sul, donde se perpetraron 48 de los 76 crímenes, destacó. En 2006, en ese estado se habían cometido 20 de los 48 asesinatos registrados. La causa principal es el "confinamiento" en que vive el grupo kaiowá de los guaraníes, según los indigenistas.

En la reserva de Dourados, donde la violencia es más visible, "hay 12.000 indígenas viviendo en poco más de 3.000 hectáreas", según el padre Liebgott, presidente del CIMI. La vida en las reservas de extensión limitada es particularmente grave para los guaraníes, que son por tradición un pueblo caminante, que suele cruzar las fronteras con Paraguay y Argentina, donde también es numeroso. En consecuencia, los conflictos internos y con la sociedad circundante estallan de forma violenta.

La Fundación Nacional del Indígena (Funai), órgano del gobierno encargado de la política hacia la población autóctona, se comprometió a crear 35 nuevos territorios indígenas en Mato Grosso do Sul, pero no cumplió y en consecuencia las tensiones prosiguen. En Mato Grosso do Sul viven más de 60.000 indígenas, casi la mitad del pueblo guaraní-kaiwoá, en el que también son numerosos los suicidios de jóvenes, en general atribuidos a la falta de perspectivas de vida por la escasez de tierras. Pero en el mismo estado viven también, según datos del CIMI, cerca de 16.000 terenas que no presentan una incidencia anormal de asesinatos y suicidios, pese a sufrir una restricción de tierras similar. "Somos un pueblo con poca tierra, tenemos una aldea de 400 personas en cuatro hectáreas", dice Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal y director del Memorial de los Pueblos Indígenas. Es muy grande la diferencia entre el kaiwoá, un pueblo que "sufre el síndrome de víctima" y que "no es agricultor", y los terenas, que cultivan la tierra en forma comunitaria y se adaptaron mejor a la vida impuesta por los blancos colonizadores, explica.

Además, los kaiwoás sufrieron mucha influencia de los jesuitas, sacerdotes católicos que se dedicaron a la evangelización desde que los portugueses llegaron a tierras sudamericanas en el siglo XVI, con el mito de la "tierra prometida, que coincide con la muerte", añade. Para Egon Heck, coordinador del CIMI en Mato Grosso do Sul, "el cuadro es aterrador por el aumento absurdo de la violencia", agravada por la combinación de varios factores.

Los agrocombustibles también matan indios

Las grandes inversiones para expandir la caña de azúcar, ante la euforia del etanol como sustituto de la gasolina, fortalecen la presencia de monocultivos y encarecen la tierra, convirtiéndola en objeto de disputas más intensas y agresivas. En lo político, los gobiernos locales están completamente "alineados con los intereses del agronegocio", afirma Heck. Esa situación en los alrededores deteriora las perspectivas de vida futura para los indígenas, "desatando la violencia interna en las aldeas", señala. Además, muchos de ellos trabajan afuera, en el corte de caña, por ejemplo, por lo que permanecen alejados de sus comunidades cerca de 70 días, "y al regresar traen problemas como el alcohol y otras drogas, lo que contribuye a hacer más frágiles las relaciones sociales internas y con la vecindad". Hay 11 centrales azucareras y destilerías de alcohol carburante operando en el estado y otras 30 en construcción, con perspectivas de que alcanzarán a ser 60 en total, según Heck.

Una empresa productora de azúcar y alcohol de Mato Grosso do Sul fue clausurada al comprobarse que sometía a más de 800 trabajadores indígenas a condiciones análogas a la esclavitud. La acción estuvo a cargo del Grupo Móvil de combate al trabajo esclavo, compuesto de inspectores del Ministerio del Trabajo, la Fiscalía y la Policía Federal.

Otra fuente de violencia procede de los terratenientes locales, que aún tienen espíritu de "coroneles" --tradicionales exponentes de la oligarquía rural brasileña-- y recurren a la fuerza para dirimir conflictos generados por la nueva táctica de los guaraníes de ocupar tierras que consideran suyas, e instalar en ellas campamentos, siguiendo el ejemplo del Movimiento de los Sin Tierra que lucha por la reforma agraria. Es así como viejos líderes de los guaraníes han sido asesinados brutalmente, a cuchillazos y apaleados.

Con la revalorización de la tierra, ante la expansión de la soja y la caña de azúcar, "incluso cien hectáreas son motivo de mucha pelea", comenta Terena.

Raposa Sierra del Sol:

CUESTIÓN DE JUSTICIA
Por Frei Betto (*)

El 15 de abril del 2005 el presidente Lula firmó la homologación, en un área continua, de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en RORAIMA . Este año la Policía Federal, en cumplimiento de la ley, se movilizó para retirar de la reserva a seis arroceros. Los invasores de la zona, convencidos de que "el indio atrasa el progreso", reaccionaron con violencia, incluyendo bombas. Hicieron un acto político capaz de inducir al STF a suspender la medida legal y reiniciar el doloroso camino ya transitado por los tres poderes de la República. RORAIMA contiene poco más de 400 mil habitantes en un territorio de 224.298 km2 (poco menor que el Ecuador).

Raposa Serra do Sol es una zona de 1,67 millón de hectáreas situada al nordeste del estado, en la frontera con Venezuela y Guyana. La zona fue demarcada por el Ministerio de Justicia a través del protocolo 820/98, en 1998, durante el gobierno de Cardoso. Del área de RORAIMA , 46,35 % está reservada para los indígenas. Allí ellos suman 46.106, distribuidos en 152 aldeas de los pueblos yonomami (15 mil), macuxi, wapixana, wai-wai, ingaricó, taurepang, waimiri-atrari y patamona. Políticos y arroceros querían la demarcación en un área descontinua, "islas" donde pudiesen permanecer con sus tierras (invadidas) y propiedades (ilegales). Fueron creados tres municipios dentro de la reserva indígena: Normandia, Uiramutã y parte de Pacaraima. Raposa Serra do Sol no es sólo una selva salpicada de tribus. Allí actúan 251 profesores indígenas en 113 escuelas de enseñanza elemental y tres de enseñanza media. Los indígenas manejan un rebaño de 27 mil cabezas de ganado. Dentro de la reserva funciona la Escuela Agropecuaria de Surumu, que profesionaliza técnicos de nivel medio. En convenio con Funasa hay 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en microcopio, trabajando en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Se valora la medicina tradicional indígena.

Dentro del territorio demarcado seis arrozales ocupan 6 mil hectáreas, con tierras de regadío, en las márgenes de los ríos Cotingo, Tacutu y Surumu. Todos en tierras apropiadas de la Unión. Utilizan agrotóxicos, destruyen la vegetación folicular, desecan lagunas y canales, abren surcos para canalizar el agua de los ríos hacia sus tierras. La misma agua, contaminada con agrotóxicos e inutilizable para el consumo, vuelve al río, matando los peces.

En verano, impedidas de hacer uso del agua de los ríos, las comunidades indígenas se ven obligadas a cavar pozos. Con la destrucción de lagunas y de la vegetación folicular desaparece la caza. Los aldeanos dentro de la reserva dan apoyo a los ocupantes ilegales y eso hace que circulen las bebidas alcohólicas, ofrecidas muchas veces a los jóvenes indígenas… Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el artículo 231 de la Constitución, que les asegura la posesión permanente y el uso exclusivo de sus tierras. Una demarcación fraccionada de la zona favorecería la invasión de forasteros, aumentaría la incidencia de conflictos y pondría en riesgo la sobrevivencia de culturas milenarias.

En la primera semana de enero del 2004 el Jornal Nacional mostró la movilización de arroceros y latifundistas cortando carreteras en su empeño por evitar la homologación de Raposa Serra do Sol. Con el apoyo de líderes indígenas comprados, secuestraron a tres misioneros católicos de la Misión Surumu: los padres Ronildo Pinto França, brasileño, César Avellaneda, colombiano, y el hermano español Juan Carlos Martínez, todos ellos miembros del Instituto Misión Consolata. El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, advirtió al gobernador Flamarion Portela, de RORAIMA , que el gobierno federal tomaría medidas para liberar a los rehenes y desmovilizar la protesta. La Policía Federal actuó y liberó a los secuestrados. Eran las seis de la mañana del 23 de noviembre del 2004, cuando la comunidad jaguari fue despertada por tiros, gritos y ruidos de máquinas. Cuarenta hombres armados mataron gallinas, cerdos y perros y le dieron dos tiros, uno de ellos en la cabeza, al macuxi Jocivaldo Constantino. De allí se fueron a destruir las comunidades indígenas Brilho do Sol, Retiro São José y Homologação. En las cuatro aldeas derribaron con tractores 37 casas e incendiaron los escombros, sin dejar la iglesia, la escuela y el puesto de salud; aislaron la zona y cerraron los caminos. 131 personas quedaron sin vivienda.

Retrotraer la homologación de Raposa Serra do Sol a un área no continua representa un grave precedente jurídico en relación a los demás procesos demarcatorios, y podría estimular a los abusivos y oportunistas a realizar invasiones por el mismo estilo de las habidas en RORAIMA . En cuanto a la Seguridad Nacional, recuerdo que los pueblos indígenas históricamente han desempeñado un papel fundamental en la preservación y defensa de nuestros actuales límites territoriales. No son los indios quienes promueven la degradación ambiental, el contrabando, la proliferación de buscadores de oro y la tala de maderas preciosas. La hipótesis de crear una franja de 10 a 20 kms de anchura a lo largo de nuestras fronteras tiene el peligro de traer a la región un intenso movimiento migratorio de no-indios, causando degradación ambiental y social, deforestación y contaminación de los ríos. Le toca al STF hacer cumplir la Constitución, o sea confirmar la homologación en un área continua, y al gobierno trasladar la sede del municipio de Uiramutã hacia las márgenes de la autovía BR-401 (que llega a la Guyana); promover la regularización agraria de RORAIMA y reasentar a los habitantes en zonas definidas por el Incra, pagándoles justas indemnizaciones; y preservar las actuales autovías, como bienes públicos, para uso de los ciudadanos sean indígenas o no.
Dividir Raposa Serra do Sol es dividir la Constitución Brasileña, reforzar la discriminación de los indígenas y premiar la obstinación de quienes apoyan los intereses de apenas seis arroceros.

(*) Frei Betto, teólogo de la liberación brasileño, asesor de Lula da Silva, autor de "La mosca azul. Reflexión sobre el poder", entre otros libros.

(Fuentes:ANSA-Latina, Agencia IPS, Soitu.es y Adital)