La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de la Argentina investigó y documentó la muerte de 2.826 jóvenes en democracia entre los años 1983 y 2009.
El grupo de abogados y especialistas en criminalidad que integran la Correpi presentó los datos actualizados del informe anual sobre represión policial e institucional este viernes 20 de noviembre en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe detalla que entre 1991 y 2009 "miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención". Agrega que muchos de ellos "murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas".
"Policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios y vigiladores privados nos mataron 2 mil 826 chicos desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ayer", sostiene la Correpi. También detalla que "desde el 25 de mayo de 2003, el Gobierno peronista de los Kirchner mató, con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, mil 323 chicos. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, 928. En los dos años que lleva su esposa, 395".
Audios
-María del Carmen Verdú, Correpi (politicas represivas de los Gobiernos Kirchneristas) archivo mp3
-María del Carmen Verdú, Correpi (cómo surge Correpi) archivo mp3
Un muerto cada 28 horas por represión policial
Una persona muere cada 28 horas en Argentina por la represión de las fuerzas de seguridad del Estado, según el informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), difundido por la prensa argentina.
El informe, el décimo cuarto elaborado por la entidad, indica que en los primeros diez meses del año se registraron 269 muertes y que desde 1996 hasta ahora suman 2.826 personas fallecidas como consecuencia de la represión policial.
El archivo "es un relevamiento de todos los casos que se conocen en los que el aparato represivo del Estado mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades", destaca del informe el diario Página/12, de Buenos Aires.
El texto remite a prácticas ilegales utilizadas por las fuerzas de seguridad: "el gatillo fácil", muertes en cárceles y comisarias, fusilamiento en movilizaciones u otras protestas, y las muertes "intrafuerza o intrafamiliares" (cuando el autor usa los recursos del Estado para resolver un conflicto familiar), entre otras.
Aunque el informe considera "imposible calcular la cifra negra del gatillo fácil" y de la muerte en cárceles y comisarías, los casos registrados por esta modalidad superan la mitad del total (1.453), mientras que ha habido 52 víctimas en movilizaciones populares o protestas.
Más de la mitad de las muertes corresponde a hombres de clase baja menores de 25 años, por lo que apuntan a los jóvenes como "el blanco favorito" de estas acciones represivas.
Cómo se elabora el Informe Correpi
Desde 1996, Correpi presenta, a fin de año, el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado. La elaboración del Archivo surgió entre los abogados asociados como una necesidad de mostrar, desde los datos concretos, el alcance y la extensión de la represión y sus víctimas. Por eso, este documento refleja y enumera todos los casos de los que tienen conocimiento y en los que el aparato represivo mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades.
No se trata de es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. Como explica Correpi, "a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.".
En la elaboración del Informe, Correpi clasifica los casos así: " gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
Y como explica la Coordinadora :"A pesar de que los asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, están debidamente registrados (Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes entre 2000 y 2001, los del 19 y 20 de diciembre de 2001, los del 26 de junio de 2002, Luis Cuéllar y Carlos Fuentealba), es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías. Esta marcada desproporción (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2826) pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo “preventivo”, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase."
Modalidades de la represión
Correpi establece en su Informe las formas habituales de actuación de los cuerpos policiales argentinos.
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”,
la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad,
sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros
provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social,
en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística”
y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas
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