Por Joaquim Ibarz (*)
El brutal secuestro y asesinato por una banda de policías de un joven de 14 años ha provocado la rabia e indignación de los mexicanos. "¡Basta ya!", proclaman los ciudadanos que se sienten indefensos ante la impunidad de los criminales.
Aunque en México se producen cada año centenares de asesinatos y secuestros, la muerte de Fernando Martí puso en pie a una sociedad civil que pide justicia ante tanta impunidad. Decenas de agrupaciones e instituciones hacen oír su voz para que se ponga fin a las mafias organizadas o amparadas por los cuerpos de seguridad. Al conocer que los jefes de la policía que debían investigar el crimen de Fernando eran los capos de la banda de secuestradores, la desprotegida población no sabe a quién acudir.
Fernando Martí era un joven deportista de 14 años, aplicado en los estudios. Como hijo de un acaudalado empresario dueño de una cadena de gimnasios y tiendas de artículos deportivos, el muchacho vivía con todos los peligros que implica pertenecer a una familia acaudalada en un país que está a merced de la delincuencia. Sus padres, conscientes de la inseguridad que reina en el país, pusieron a disposición de Fernando un coche blindado, un chofer y un guardaespaldas. No fue suficiente. El pasado 6 de junio fue secuestrado en un falso retén policial.
Durante casi dos meses, los padres del chico padecieron la angustia de tratar de negociar el rescate con los secuestradores. No dieron parte a la policía porque no se fiaban de las complicidades de agentes y maleantes. Como suele hacerse en este país, contrataron a un negociador privado. Desesperados por la falta de resultados, finalmente acudieron a las autoridades. Tras pagar un cuantioso rescate, pasaron semanas sin saber de la banda de secuestradores. Hasta el pasado 1 de agosto, cuando el cadáver de Fernando apareció en el portaequipajes de un vehículo abandonado. Fue el olor del cuerpo en descomposición lo que llamó la atención de los vecinos e hizo que se abriera el maletero del automóvil. Hacía más de un mes que el joven había sido secuestrado.
Doce muertos en una redada a la discoteca News Divine
Los asesinos de Fernando pertenecen a la misma policía de la capital que en una redada provocó doce muertes (nueve jóvenes y tres uniformados) en la discoteca News Divine, frecuentada por chicos de familias humildes. Con el brutal operativo tan sólo se buscaba robar a los chicos y extorsionar a sus padres para que pusieran en libertad a los hijos sin cargos inventados. La tragedia del News Divine destapó una cloaca de corrupción, impunidad, insensibilidad y brutalidad policial, y puso en evidencia la baja calidad humana y profesional de los funcionarios políticos y policiales. Fueron 24 horas de horrores para los muchachos detenidos. Hubo vejaciones a las chicas, golpes a menores, malos tratos.
El dramático desenlace del secuestro de Fernando indignó a México y volvió a poner los reflectores sobre el enemigo número uno que enfrenta el gobierno para combatir al crimen: la corrupción dentro de la policía, aunada a su ineficiencia. En el secuestro de Fernando estuvieron implicados varios policías; la falta de comunicación entre los cuerpos de seguridad capitalinos y federales complicó la investigación.
La red de corrupción de la policía de la capital provoca pavor. El analista Pablo Hiriart escribe en el diario "Excelsior" que los hechos muestran que Marcelo Ebrard, alcalde del Distrito Federal (DF), "está rodeado de criminales, no se puede creer que el edil no sabía nada de que los mandos de la policía judicial son los cabecillas de los secuestros y de la delincuencia".
José Luis Romero Ángel, comandante de la Policía Judicial de la capital, está acusado por su presunta participación en el secuestro de Fernando Martí. Hace menos de dos meses fue ascendido como comandante en jefe de la policía judicial. El alcalde Marcelo Ebrard y el en aquel entonces fiscal general de la capital, Rodolfo Félix, felicitaron a Romero como agente ejemplar cuando el adolescente ya había sido secuestrado por su banda.
El secuestrado está condenado a muerte
No sólo la policía está corroída por la corrupción, ya que el sistema judicial también está penetrado por los criminales. La sociedad está conmocionada por la muerte del joven Martí. Este crimen ha provocado un clamor de peticiones para que se castigue a jueces, fiscales y policías que están al servicio del hampa. María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, asociación civil formada por la madre de un secuestrado asesinado, exige un "compromiso de Estado" para que las autoridades se pongan de acuerdo para atender el incremento de los secuestros y el salvajismo con que ahora operan los secuestradores. "Ya no es tan sólo la mutilación, quien es secuestrado está de antemano condenado a la pena de muerte", señala Morera. La condena de la sociedad civil a la policía, que se sirve de la información interna para planear sus desmanes, es unánime. Los políticos intentan aparentar que hacen algo para combatir a la delincuencia. Alguno incluso pidió que se reinstaure la pena de muerte. La propuesta es un auténtico disparate en un país con un sistema judicial tan corrupto y politizado, que obliga a purgar condena a muchos inocentes, encarcelados por la misma policía que protege a los grandes delincuentes y que en algún momento necesitaron un chivo expiatorio.
La industria del secuestro florece no porque sean pocos los años de prisión para un secuestrador (a los de Fernando Martí les corresponderían, en caso de ser sentenciados, por lo menos 50 años), sino porque los criminales saben que es muy baja la probabilidad de que sean atrapados y sentenciados. La cadena perpetua no cambiaría esta ecuación. Como no lo ha alterado el aumentar las penas para este crimen. El secuestro y asesinato del joven Martí tuvo que convertirse en escándalo mediático para que se destapara la cloaca de la policía judicial.
Muchas veces se ha dicho que hay que profesionalizar a la policía, pero nada cambia. No se ha podido construir ni un cuerpo de élite para atender los crímenes más odiosos. Tienden a corromperse muy rápido.
Sólo se denuncia un secuestro de cada cinco
En 2007 se denunciaron en México 751 secuestros, un 60 % más que en 2006. En 2008 el incremento es aún mayor. Y con el miedo llegan las cifras de la vergüenza: de cinco secuestros, solamente uno es comunicado a las autoridades. La familia no los denuncia por el temor a las complicidades entre malhechores y policías. En lo que va del año se ha tenido conocimiento, oficialmente, de 438 secuestros; es decir, realmente han ocurrido, en promedio, alrededor de dos mil en todo el país. Y aún más: únicamente 0.7% de estos casos son sentenciados.
El flagelo afecta ya a todos los niveles sociales. Según un informe oficial de la fiscalía general de la República, dos mexicanos son secuestrados en promedio cada día. El delito se ha incrementado a nivel nacional 9.1 por ciento entre enero y mayo de este año respecto al mismo periodo de 2007. El Distrito Federal, el estado de México, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Michoacán son los puntos del país donde se registran más crímenes de este tipo.
Marcelo de Fuentes, director de la encuestadora Merc GfK, afirma que un mexicano de cada tres ha sufrido en carne propia los embates de los delincuentes. También asegura que las cifras oficiales de secuestros están muy por debajo de la realidad; según él, en el último año se habrían cometido cerca de siete mil secuestros en todo México.
Un Estado impotente frente a la delincuencia
Las autoridades federales, las de los estados y las de los municipios, son las principales responsables del crecimiento de la delincuencia, con su secuela de crueldad y terror. La complicidad de la policía con narcotraficantes y secuestradores afecta a muchas ciudades mexicanas. El resultado de esta suma de ineptitudes y complicidades es un Estado impotente frente a la delincuencia organizada, y ante la desorganizada también. Las críticas a los policías -no sólo ineficientes, sino criminales y desleales, al servirse de los datos internos para planear sus desmanes- es unánime, sin distinción de partidos. En Jalisco hubo otro caso terrible en el que un jefe policial fue parte activa del delito. Toda la familia Bautista Campos fue asesinada por orden del policía que negociaba el pago de un secuestro. No se salvaron ni los tres niños. Al darse cuenta de que había más dinero del ya abonado, el comisario decidió buscar un mecanismo atroz para obtenerlo.
Carlos Elizondo Mayer-Serra, comentarista del diario "Reforma", señala que una posible razón de la incapacidad para mejorar la policía "es la falsa confianza, sobre todo en los grupos más influyentes, de que a nosotros no nos va a pasar lo que a otros". El analista recalca que una policía corrupta tiene sus ventajas: "Cuando un hijo de alguien influyente mata por exceso de velocidad y alcohol a un peatón inocente, es muy poco probable que pase algunos años en la cárcel, como sucedería en un país donde las policías sí funcionan".
El presidente Felipe Calderón se subió al carro del populismo al pedir cadena perpetua a los secuestradores de menores y a los criminales que son policías o ex policías. Pero ni la pena de muerte ni el endurecimiento de sanciones para determinados delitos van a resolver el problema del aumento de la criminalidad, que tiene su principal origen en la impunidad de la que gozan los delincuentes. El problema en México es de impunidad, no de contar con leyes más rígidas. La criminalidad aumenta por la corrupción de jueces, magistrados y policías. Aunque hay funcionarios honestos, resultan horripilantes los grados de vileza que se acumulan en juzgados, fiscalías y comisarías.
"Investigan a mi familia, incluso a un hijo con síndrome de Down, por denunciar a funcionarios secuestradores"
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, señala con dedo acusador: "Cuando yo denuncié a funcionarios por estar involucrados con secuestradores, el investigado fui yo junto con mis hijos, entre ellos Juan José, que tenía 16 años y síndrome de Down. Persiguen a mi familia en lugar de investigar las denuncias, formuladas incluso por secuestradores detenidos que declararon haber sido extorsionados por funcionarios". Ortega Sánchez dice que desconoce cuántos secuestradores operan en la Ciudad de México, pero sabe bien que muchos actúan con protección policial. "Ya habíamos presentado una denuncia contra la banda que, haciendo pasar a sus miembros como policías judiciales, secuestraba sin correr ningún riesgo. No descarto que este grupo sea el mismo que privó de la libertad y de su vida a Fernando Martí", dice Ortega.
Los mexicanos se preguntan cómo es posible que, en el caso del secuestro y asesinato del joven Martí, hayan podido confabularse policías para montar un retén en plena capital, justo en el tiempo y el lugar por el que iba a pasar su víctima. Existe la certeza de que una extensa red de uniformados está colaborando para delinquir. ¡Desde los propios despachos de los comisarios preparan los delitos!
El articulista Martín Moreno se muestra indignado en el diario "Excelsior" al denunciar sin tapujos: "Tenemos una policía preventiva del DF corrompida y desprestigiada. Tenemos a judiciales del DF secuestrando, asesinando y protegiendo a criminales profesionales". El comentarista aún se muestra más duro al señalar la negligencia del alcalde capitalino: "Esta criminalidad sin control es la consecuencia de tener un alcalde, Marcelo Ebrard, empeñado en instalar pistas de hielo, playas artificiales o apadrinar a quinceañeras, en lugar de dedicar recursos e inteligencia a construir policías más eficaces y confiables".
Los interrogantes sin respuesta son muchos. ¿Por qué México, como hacen la gran mayoría de países, no prohíbe la compra de bienes inmuebles o de automóviles en efectivo? ¿Por qué en México se siguen vendiendo celulares de prepago sin una identificación confiable del comprador? ¿Por qué no se limita el uso de efectivo en ciertas transacciones? Todo contribuye a la impunidad, sin que el presidente, el Congreso, los gobernadores y las autoridades locales hagan algo.
En México no existe una policía nacional
Los delincuentes tienen una gran ventaja inicial al no existir en México una policía nacional. Cada municipio tiene su propio cuerpo de seguridad, sin que se haya creado una base confiable de datos para identificar a los agentes con antecedentes penales y, cotejando antecedentes, evitar que sean contratados por otra corporación en el estado vecino o en la ciudad más cercana. Tampoco existe una eficaz coordinación entre entidades. Simplemente basta con cruzar una frontera estatal o trabajar en otra población para que se pierda la pista de los criminales. Por otro lado, el secuestro no está considerado como delito federal, por lo que sólo la policía local puede investigar este tipo de fechoría. La Agencia Federal de Investigación (AFI) puede intervenir en el caso de que los familiares requieran su ayuda sin que hayan metido mano los agentes municipales. Todo este desbarajuste policial contribuye a que la probabilidad de impunidad sea de 98.7%. Al tener la certeza los criminales de que no hay riesgo de ser detenidos y juzgados, los criminales no dejarán de delinquir por la simple amenaza de que se aumentan las penas de cárcel. Ni piensan en que pueden acabar entre rejas ya que sólo una ínfima parte recibe una condena. En México se denuncia sólo uno de cada ocho delitos, y de los casos conocidos sólo el 10% culmina en sentencia.
Decepciona el presidente Felipe Calderón
El presidente Felipe Calderón decepcionó cuando al proponer cadena perpetua a los secuestradores no hizo ninguna referencia a la red de complicidades de jueces y policías. Buscó el aplauso fácil, sin combatir las causas de tanta delincuencia.
Los políticos no toman medidas efectivas para crear un cuerpo policial honesto porque hacen lo que les resulta más rentable y visible. Es más sencillo impulsar una reforma legal para ampliar las penas de los malhechores, que la construcción de cuerpos policiales efectivos.
"La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad. La condena perpetua no sirve, pero se oye bien", escribió el comentarista Jorge Zepeda Patterson en el diario "El Universal".
Según Zepeda Patterson, dar más poder a los cuerpos de seguridad sobre la sociedad "es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes".
(*) Joaquim Ibarz es corresponsal de La Vanguardia en México. Este artículo fue publicado en ese diario catalán este 11 de agosto.
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