Saharauis, los ojos del desierto

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20.8.08

Perú: Indígenas

PESE AL ESTADO DE EMERGENCIA, SE EXTIENDEN LAS PROTESTAS CONTRA LA LEY QUE PERMITE LA ENAJENACIÓN DE LAS TIERRAS COMUNALES Y LA VENTA DE LA AMAZONÍA A EMPRESAS EXTRANJERAS. EL PARLAMENTO DA LA RAZÓN A LOS INDÍGENAS PERO EL GOBIERNO HABLA DE 'COMPLOT'

Los indígenas del Amazonas dan 48 horas al gobierno de Alan García


Los dirigentes de 65 etnias amazónicas acordaron otorgar una tregua de 48 horas al gobierno peruano y 'congelar' la huelga iniciada hace 12 días, hasta que el Congreso revise este viernes una ley sobre tenencia de tierra, cuya derogación exigen.

El acuerdo fue alcanzado en Lima en una reunión entre el presidente del Congreso Javier Velásquez y Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Momentos antes, un choque entre policías e indígenas en la ciudad amazónica de Bagua (noreste) dejó 11 heridos, la mayoría de ellos nativos."Hay 11 heridos entre nativos y policías tras los disturbios presentados en esa provincia amazónica",informaba el médico Alejandro Falcón, director de Salud de Bagua. Los enfrentamientos ocurrieron por la tarde cuando decenas de manifestantes armados de lanzas y piedras intentaron tomar por asalto la comisaría de la localidad. Más de medio millar de policías repelieron el ataque.
El pleno del Congreso definirá mañana, en sesión extraordinaria, si se deroga o no el decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073, rechazados por las comunidades indígenas de la selva, porque, entre otras cosas, facilita la venta de sus tierras comunales al mejor postor. La convocatoria a la sesión extraordinaria fue aprobada también en la reunión entre el presidente del Congreso y el de Aidesep. Ambos acordaron también que el parlamento gestione ante el Ejecutivo la anulación del Estado de Emergencia impuesto por el gobierno en las regiones selváticas donde ha prendido la protesta de los nativos.También se pactó la formación de una comisión multipartidista para estudiar y recomendar soluciones a los problemas de los pueblos indígenas y amazónicos.
Días atrás, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso ya votó a favor de la derogación de los decretos que han provocado la protesta indígena.

Decretos de privatización de la selva y las tierras indígenas


El movimiento indígena amazónico de Perú cumplió ayer 12 días de protestas, con nuevos respaldos a su demanda de anulación de al menos dos decretos que afectan sus derechos a la tierra y el entorno.
Tras el dictamen favorable a la derogación aprobado en una comisión del Congreso, los pueblos originarios recibieron el reiterado apoyo de la
Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.
La magistrada, quien presentó meses atrás una demanda de nulidad de uno de esos decretos ante el Tribunal Constitucional, demandó que dicte su fallo con celeridad.
Esa norma facilita la venta o parcelación de las tierras comunales ancestrales de las comunidades andinas y selváticas y es la principal de las leyes rechazadas por el movimiento iniciado el 9 de agosto con la toma de instalaciones petroleras y carreteras.
El otro decreto cuya anulación aprobó la comisión legislativa posibilita la venta de áreas amazónicas a inversionistas extranjeros, lo cual, según sus críticos, permitirá la ocupación de la floresta por grandes transnacionales, proceso que, afirman, ya ha avanzado.
La legalidad de ambas directivas fue cuestionada también por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el cual recuerda que esas y otras normas impugnadas por los indígenas responden a exigencias del tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El Centro difundió un análisis en el que advierte que "la política económica del gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas” por no proteger sus derechos colectivos.

Se extienden las protestas

Las comunidades de la Cuenca del Río Urubamba (integrada por pueblos Machiguengas, Ashaninkas, Yine-Yami, Kakintes, Awajun y otros) respaldaron el paro pacífico de los pueblos indigenas amazónicos del Perú contra el paquete de medidas legislativas del gobierno peruano que atentan contra los derechos de las poblaciones amazónicas.
En Quillabamba se concentraron de forma pacífica indígenas que se encuentraban de paso en esa ciudad realizando trámites y gestiones, junto a los que son residentes allí por diversas razones; son estudiantes, profesores y trabajadores. La protesta contó con el apoyo de las organizaciones de base de la provincia de la Convención (Federación de Campesinos, Federación de Trabajadores, Municipalidad Provincial de La Convención y otros), que se sumaron a la movilización.
En La Convención, región de Cusco, las comunidades nativas decidieron radicalizar las medida de lucha en los territorios en los que se desarrollan actividades hidrocarburíferas, si el gobierno no acude debidamente representado a las negocioaciones.

En la Región Pasco, los pueblos Ashaninkas y Yaneshas del Valle Pichis paralizaron Puerto Bermúdez. Allí, las organizaciones indígenas convocaron a las protestas 'pidiendo permiso y fuerzas a sus ancestros' para resistir en la lucha . Luego se movilizaron por las principales calles, y en grupos organizaron piquetes para tomar parte de la Carretera Marginal que comunica con La Merced y Pucallpa; y los puertos de la ciudad.


Los indígenas se movilizaron por las principales arterias de la ciudad hasta lograr que ningún establecimiento comercial, ni institución abrieran sus puertas. Bajo la consigna '¡El territorio no se vende, el territorio se defiende!, ¡Están cansados no, combativos si, con la lucha del Pueblo Indígena nadie se cansa! Y ¡Tierras no, Territorios Si!', entregaron los movilizados entregaron un escrito al Teniente gobernador, quien es el representante del Estado en la zona.
Los indígenas paralizan las regiones amazónicas y el gobierno habla de 'complot'

Mientras el gobierno del presidente Alan García exige que se levanten las protestas para acceder a dialogar, 65 etnias indígenas amazónicas aceptan un acercamiento, pero sin dejar la lucha, ahora en un receso hasta que el Congreso vote este vierne la derogación de los decretos.

El transporte de personas y mercancías en las regiones amazónicas está afectado. En las poblaciones de las provincias de Bagua y Utcubamba (departamento Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y el distrito Echerate (Cusco) no se puede transitar con normalidad.
Unos 200 indígenas awajun y wapis, de la comunidad de El Muyo, siguen apostados en el puente Corral Quemado. Este paso es el principal acceso hacia los departamentos de Amazonas y de San Martín. La medida afecta a otras vías ubicadas en esta zona. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, existe un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía para vigilar el oleoducto ubicado en el norte de Perú y la central de gas de Camisea. Esto impedirá posibles problemas con el suministro de gas, principalmente en Lima.

Cuando ya hasta el Congreso de dispone a derogar los decretos, el Gobierno dice que 'elementos ajenos a las comunidades indígenas influyen en el paro'. Según Jorge del Castillo, presidente del Consejo de MInistros, algunas ONG's y el movimiento Patria Roja (Partido Comunista del Perú) están detrás de las protestas:“Ellos desinforman a las comunidades para hacerles creer que el Gobierno les arrebatará sus tierras. Esta es una posición que significa estar contra el Perú y contra todos los peruanos”. En declaraciones anteriores Del Castillo señaló al congresista Víctor Isla, del Partido Nacionalista del ex candidato Ollanta Humala. El parlamentario lo emplazó para que demuestre esa acusación.

Los indígenas, por su parte, no declinan. Alberto Pizango, dirigente de la AIDESEP insiste en que los decretos, que conforman la llamada ‘Ley de la Selva’, presentados como la forma de regula y permitir la inversión privada para el uso agroforestal de las tierras amazónicas, lo que hace es flexibilizar la venta de tierras sin tener en cuenta los derechos ancestrales de sus habitantes originarios. Por ello, dice PizangoLos compañeros irán hasta las últimas consecuencias”.
El Estado de Emergencia, 'una provocación'

Las posiciones en pugna elevaron el clima de tensión a lo largo de la selva peruana, donde entre 10.000 y 12.000 indígenas amazónicos de distintas etnias, tanto al norte como al sur del país, se mantienen en huelga desde el 9 de agosto.
Las ocupaciones de instalaciones petroleras e hidroeléctricas llevaron el lunes al gobierno a declarar el estado de emergencia, con despliegue de militares y policías en tres provincias del noreste y un distrito en la selva sur.
Los nativos "no tienen miedo al estado de emergencia" y consideran esa medida como una "provocación", según declaró Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), que canaliza las demandas de los indígenas amazónicos.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo justifica la medida en la protección de enclaves estratégicos como el yacimiento de Camisea, al sur, y el oleoducto Norperuano. De producirse la toma del campamento principal de Camisea, que surte de gas a la costa, "la mitad del Perú se quedaría a oscuras", dijo Del Castillo. El primer ministro considera un 'complot' que, como parte de la protesta, los nativos tomaran un estratégico puente en el nororiente que conecta la selva con la costa, tres subestaciones del oleoducto -ya liberadas- y el campamento de la argentina Pluspetrol. "Esto evidentemente responde a un complot contra el país, va más allá de un reclamo indígena y no lo podemos permitir", precisó.

Los indígenas se han declarado en abierta protesta contra un conjunto de leyes que, a juicio de sus líderes, violan sus derechos de propiedad y que favorecen concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos que los obligarán a migrar.
"Decimos al gobierno que tenga mucho cuidado porque ésta no es una movilización común y corriente; los pueblos indígenas han decidido defender sus territorios, pues están amenazados porque el gobierno les ha declarado una guerra abierta y ellos van a estar ahí
", dice Pizango.
"Lo único que están haciendo los pueblos indígenas es defendiéndose frente a la agresión del gobierno porque sus vidas están en peligro", añade.
El dirigente nativo subrayó que la declaración de la emergencia, lejos de solucionar el problema, exacerba los ánimos y no contribuye a crear un ambiente de diálogo para tratar las demandas de las etnias amazónicas.
Alan dice ahora que no venderá la selva


El año pasado el presidente Alan García anunció su intención de explotar la Amazonía mediante concesiones privadas.
"Plantear esa descabellada idea de dar en propiedad los bosques de la Amazonía es privar a los peruanos de sus pulmones verdes y recursos naturales. Es entregárselos a las transnacionales y olvidarnos de nuestra Amazonía", criticó en su momento la propuesta el congresista opositor Isaac Meckler.

Ahora, tras el estallido de la protesta el presidente García, asegura que el Gobierno central no venderá las tierras de las comunidades nativas “Se trata de una versión completamente falsa producto de temores políticos o la mala intención”, dijo. García Pérez aseveró que de ahora en adelante la comunidad nativa que lo desee podrá asociarse, comprar tierras y desarrollarse, y no está esclavizada a requerir el 66 por ciento de la votación positiva de sus integrantes.“Este sistema era parte del paternalismo virreynal que detuvo el progreso de las comunidades. Restituimos ahora con estos decretos legislativos el derecho a la libertad”, dijo durante la ceremonia de inauguración del programa edil Ecoeficientes. Incluso, el mandatario destacó la labor del ministro del Ambiente, Antonio Brack, pese al paro amazónico. “Ha prestado su buen talante, su buen gestión para un diálogo difícil, audaz y valoroso para explicar algunos temas que son de difícil comprensión”, remarcó horas después de imponer el Estado de Emergencia y desplegar miles de soldados y policías para hacer frente a los indígenas.

El apoyo a Alan García, en el mínimo histórico


El presidente Alan García, se encuentra en el momento de menor popularidad de su mandato, con sólo un 22 por ciento de apoyo, según la última encuesta (realizada antes del levantamiento indígena) de Ipsos Apoyo para el diario 'El Comercio'. Los peruanos dan una cierta ventaja al opositor Luis Castañeda (20%) frente a sus rivales, la fujimorista Keiko Fujimori (18%) y el nacionalista Ollanta Humala (18%) de cara a las elecciones de 2011.
La caída en la aprobación de García con respecto al último sondeo es de cuatro puntos, pero los motivos siguen siendo los mismos: el alza de los precios (63%) y el rechazo por el incumplimiento de las promesas (48%).
En el sur del país, la zona más afectada por el grave terremoto de hace un año, la aprobación del presidente solo llega al 4%. Los entrevistados que consideran que no se ha avanzado nada son el 41%, mientras que el 44% cree que se ha avanzado menos de lo esperado y el 9% considera que se ha avanzado más de lo esperado.
También es significativa la caída en el norte, donde el García pierde 16 puntos (de 32% a 16%).



Entendiendo la sublevación indígena



Por Wilfredo Ardito Vega (*)

Hace menos de un año, la delegación peruana ante las Naciones Unidas promovió activamente una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas donde se consagraba el respeto a los territorios tradicionales de los indígenas y a la participación de sus autoridades en las decisiones que les afecten, entre otros derechos políticos, sociales y culturales.

Estos derechos ya habían sido reconocidos por el Estado peruano en 1993, cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, las protestas que millares de nativos amazónicos llevan a cabo desde el 9 de agosto reflejan su descontento porque los compromisos internacionales del gobierno están muy alejados de su verdadero comportamiento.
Desde la violenta expedición de Francisco de Orellana, quien hacía capturar y torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, en sucesivos períodos históricos, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas.
Sin embargo, en el siglo XVIII, los españoles habían perdido el control sobre la Amazonía debido a dos acontecimientos. En 1742, Juan Santos Atahualpa dirigió una masiva sublevación de asháninkas, yáneshas y nomatsiguengas en la Selva Central, expulsando a las misiones franciscanas y a los soldados que les apoyaban. Un cuarto de siglo después, en 1767, fue la propia Corona española la que dispuso la expulsión de los misioneros jesuitas que laboraban en los actuales departamentos de Loreto y Amazonas.

De esta forma, cuando San Martín proclamó la Independencia, los indígenas amazónicos vivían libres e independientes desde hacía varias décadas. Sin embargo, los nuevos gobernantes criollos no los percibían como ciudadanos ni como peruanos y consideraban al suelo amazónico res nullius, es decir sin ningún propietario reconocido. Por lo tanto, el Estado se consideraba facultado para adjudicarlo a quien quisiera, menos a los propios indígenas.


Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos. Los reclamos internacionales por los abusos cometidos eran considerados por las autoridades como una inaceptable interferencia en los asuntos internos.
Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, lo cual no solamente afectaba la propiedad de los indígenas, sino su propia vida. Uno de los episodios más crueles es relativamente reciente: los indígenas matsés o mayorunas fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Peruana durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde.
Recién en 1974, durante el gobierno de Velasco, se dictó la Ley de Comunidades Nativas y la Constitución de 1979 estableció que sus tierras sólo podían ser vendidas si dos tercios de sus integrantes estaban de acuerdo. Sin embargo, la relación que los indígenas tienen con la tierra va más allá del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a ella. Por eso, les parece absurda la posibilidad de vender las tierras comunales.
En la actualidad, los títulos de propiedad parecen tener poco valor para las autoridades peruanas, porque el Estado otorga concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas. Aún las actividades extractivas que se realizan fuera de los territorios comunales pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente y a la salud de los nativos. La ausencia o la complicidad de las autoridades hacen muy difícil que estos hechos sean sancionados. El canon o las regalías que pagan las empresas tiene el mismo destino que las donaciones por el terremoto: la población no percibe ningún beneficio concreto.

El gobierno de Alan García parece empeñado en otorgar toda la Amazonía en concesión y, para que no queden dudas de sus intenciones, hace unas semanas, mediante el Decreto Legislativo 1064, dispuso que pueden realizarse actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre.
De hecho, para el actual gobierno los indígenas amazónicos parecen ser, en el mejor de los casos, un atractivo turístico. Para mí, siempre ha sido conmovedor ver a los nativos izar la bandera y cantar el Himno Nacional en sus comunidades, porque demuestran lealtad hacia un Estado que no se preocupa por respaldar sus derechos.

Cuando, en lugar de bailar y para los turistas, los indígenas exigen respeto, se vuelven sumamente incómodos y, entonces, el Estado sí se hace presente, pero para reprimir de manera violenta e indiscriminada, como sucedió en marzo en Andoas y en julio en Puerto Maldonado.
El gobierno ha anunciado que no derogará las normas cuestionadas por los nativos. ¿Pretenderá nuevamente resolver esta crisis en base a la violencia o comenzará a cumplir con sus compromisos internacionales?


(*) Abogado peruano. Master en Derecho Internacional de los DD.HH. Catedrático universitario. Miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de DD.HH. Responsable del Programa de Jueces de Paz del Instituto de Defensa Legal

(Fuentes: La Primera-Lima, TeleSur,Prensa Latina, El Comercio-Lima, AFP, AIDESEP, CNR, y Adital)

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