Saharauis, los ojos del desierto

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5.8.08

Colombia: Paramilitares

BLANCO Y EN BOTELLA: LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DE URIBE NO HA SERVIDO PARA FRENAR NI ESCLARECER LOS CRÍMENES PARAMILITARES. EL EJÉRCITO, PRINCIPAL SOSTÉN DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE DE ULTRADERECHA

Tres años después de haber entrado en vigor, la controvertida Ley de Justicia y Paz presenta resultados nulos por falta de sanciones para los criminales y de reparación a las víctimas, según la denuncia hecha por Camilo González Posso, director de la Fundación INDEPAZ, organización no gubernamental dedicada a ayudar a consolidar en Colombia un clima de reconciliación, diálogo y respeto a la vida humana.

En un artículo publicado en el diario bogotano El Tiempo, señala que de tres mil cuatrocientos treinta y un acusados de 'crímenes atroces' acogidos a los beneficios de a ley, solo nueve han concluido las declaraciones, ninguna víctima ha podido tramitar sus demandas de reparación ni ha sido indemnizada por los victimarios.

Añade que de 3,5 millones de víctimas de los paramilitares, solo 147 mil se han atrevido a inscribirse para buscar alguna satisfacción.
INDEPAZ advierte que los 20 grandes capos paramilitares que han declarado ante la justicia solo entregaron una mínima parte de sus posesiones adquiridas a punta de pistola, amenazas o como beneficio del narcotráfico, apenas dos millones de dólares y 99 fincas, destinadas a reparar a los damnificados por sus delitos.
Esto contrasta con los cinco mil millones de dólares acumulados por los paramilitares en operaciones de narcotráfico, expropiación de más de 1,5 millones de hectáreas y apropiación de fondos públicos en alianza con políticos.
La denuncia añade, además que para empeorar la situación, cuando los detenidos comenzaban a hacer las declaraciones más comprometedoras, el gobierno de Álvaro Uribe decidió extraditarlos sorpresivamente a Estados Unidos, donde solo serán juzgados por narcotráfico.
González Posso concluye que la controvertida ley de Justicia y Paz ha sido desvirtuada por el propio gobierno y puntualiza que en Colombia, donde se acostumbra a que la ley es para burlarla, esta legislación constituye en sí misma una burla.

El ejército colombiano, principal apoyo de las AUC



El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, a punto de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, admite en una entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, para lo que contaban con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.
Mejor conocido con el alias de HH, Veloza describió cómo los jefes paramilitares tenían libre acceso a los cuarteles del ejército y sus recursos, y dijo que no se explica por qué varios generales en activo y en retiro no están siendo investigados por su participación en estos hechos.
En particular se refirió al general Rito Alejo del Río, que le facilitó las instalaciones de un cuartel para mantener secuestradosa dos guerrilleros de las FARC, quienes luego fueron asesinados.
Según Veloza, el general Alejo conversó en varias ocasiones con el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, asesinado en 2004 por subalternos inconformes con su jefatura.
Asimismo, los paramilitares y los soldados habrían realizado patrullajes conjuntos, por lo que, según HH, deberían ser castigados.“Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”.
El ex capo de las AUC considera también que el proyecto de los paramilitares no fracasó, porque logró debilitar a la guerrilla y arrebatarle el control de vastas zonas del país, aunque admite que su perdición fue vincularse con el narcotráfico.
Veloza confiesa que las tropas a su cargo “asesinaron a tres mil personas o más”, y que “murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”.
La mayoría de los integrantes de las AUC, alrededor de 32 mil hombres, se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en una negociación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que puso a disposición la llamada ley de Justicia y Paz para perdonar sus crímenes y legalizar sus posesiones a cambo de confesar sus delitos y reparar a las víctimas o a sus deudos.

Asesinado otro líder de los desplazados en Antioquia


El joven Alexander Gómez, de solo 18 años, fue asesinado cuando hombres armados le propinaron dos disparos mientras se dirigía de su casa al trabajo. Pese a sus escasos 18 años era el presidente de la Acción Comunal de su vereda, Santa Bárbara, en la zona rural del municipio de San Luís, Antioquia, y miembro de una organización de población desplazada llamada La Legión del Afecto. Hasta el momento las autoridades no han determinado quienes son los autores del crimen, pero aseguran que podría tratarse de grupos armados al servicio del narcotráfico que buscan recuperar terrenos para el cultivo de coca.
La muerte de Alexander fue denunciada por funcionarios de Acción Social quienes seguían de cerca y apoyaban la importante labor que este joven realizaba con su comunidad en la vereda Santa Bárbara, pues fue el quien lideró el retorno a principios de 2008 y desde entonces se dedicaba a trabajar con los niños y jóvenes en programas para incentivar en ellos el trabajo y la convivencia pacífica.

Colombia pide solidaridad mundial por asesinato de desplazados



La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) llama la atención del mundo sobre la población desplazada por la guerra en Colombia, tras denunciar que 19 de sus líderes han sido asesinados. En un estudio, la organización no gubernamental señala que la mayoría de los crímenes de los dirigentes sociales ocurrieron en el norte de Colombia, con una fuerte influencia de grupos paramilitares de ultraderecha.

Según el informe de la Codhes, la espiral de violencia se inició en marzo de 2002, con el asesinato de Gilma Graciano, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y desde entonces ha tocado varias regiones del país sudamericano. La "lista roja" la encabeza la líder de la Organización Popularde Vivienda (OPV), Yolanda Izquierdo, quien fue asesinada por presuntos paramilitares en el norteño departamento de Córdoba, el 8 de enero de 2007.

En la nómina también figuran la dirigente indígena FabiolaLargo, asesinada en 2002; Martha Cecilia Aguirre, líder de los desplazados de Apartadó, muerta en 2005 y Guillermo Sosa, tiroteado en el puerto de Buenaventura en 2007.
Una situación similar padecieron Germán Crillo, Giovanny Montoya, Eislen Escalante, Freddy Espitia, Oscar Cuadrado, Carmen Cecilia Santana, Jesús Durán, Manuel López y Miguel Orozco.

Este año no ha sido ajeno en ataques a los portavoces de la población desplazada en Colombia, y según Codhes, cuatro de ellos han caído en acciones atribuidas a paramilitares de ultraderecha. Entre el 17 de junio y 1 de julio del año en curso han sido asesinados los líderes sociales Julio Cesar Molina, Azael Hernández, Martha Obando y Valdiris Padrón, en regiones del Valle, Córdoba y Antioquia. A los que hay que añadir el último, el joven Alexánder Gómez, también en Antioquia.

En total, son 19 los representantes de los desplazados por elc onflicto armado en Colombia que han muerto en forma violenta, a lo que se suma el drama del éxodo de cientos de familias. Según recientes cifras de la Codhes, en el primer trimestre de 2008 fueron desplazadas 113 mil 473 personas, 17 mil 817 más que en el primer trimestre de 2007.

Colombia arrastra un conflicto armado interno de 44 años, en el que intervienen guerrilleros , paramilitares y agentes estatales, cuya confrontación ha dejado más de 100 mil muertos y alrededor de 3.5millones de desplazados. El presidente de Codhes, Marco Romero, afirma que tras la campaña de intimidación contra los desplazados "se mueven intereses oscuros que buscan quedarse con las tierras destinadas para reparar a las familias desplazadas".Por eso, el dirigente humanitario invita a la sociedad internacional a apoyar a la población afectada por el conflicto, en su propósito de exigir la restitución de sus derechos "de forma integral y digna".La Codhes advierte que han crecido las amenazas a los desplazados por parte de las "Aguilas Negras", grupo paramilitar surgido tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en 2004.

Diputado italiano desmiente acusaciones del gobierno Uribe sobre apoyo a las FARC


El ex presidente de la Cámara de Diputados y jefe de la Unión Democrática de Centro (UDC), Pier Ferdinando Casini, declaró sobre las afirmaciones publicadas en el diario El Tiempo de Bogotá que puede "testimoniar personalmente un compromiso político y parlamentario del ex diputado Ramón Mantovani (Refundación Comunista) para favorecer el proceso de paz en Colombia". "Durante mi mandato de presidente de la Cámara y también sucesivamente como presidente de la Unión Interparlamentaria, en más de una ocasiones recibí a Mantovani empeñado en favorecer un deshielo entre el gobierno de Alvaro Uribe y las FARC, con la cual mantuvo relaciones políticas", agrega.

El partido italiano Refundación Comunista (RC) "tuvo relaciones políticas durante años" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero "siempre a la luz del sol, para favorecer el proceso de paz y de diálogo en América Latina".

Así replicaron el lunes Ramon Mantovani y Marco Consolo a la tesis de los servicios militares colombianos, sostenida el domingo por el "El Tiempo" de Bogotá, y retomada el lunes por La Repubblica de Roma, según la cual en Italia existe una asociación que apoya a las FARC. El mismo medio dijo que esos nombres fueron hallados por el ejército colombiano en el ordenador atribuido al número dos del movimiento revolucionario, Raúl Reyes, abatido el 1 de marzo pasado en Ecuador.

25 niños mueren de hambre en el departamento de Vichada



La muerte por hambre de 25 menores en Cumaribo, Vichada, confirma las denuncias hechas por esa comunidad en abril sobre las consecuencias que tendría reanudar fumigaciones para destruir cultivos de coca.
El anuncio hecho por Cantalicio Moroy, Gobernador indígena de la comunidad Barranco Siare , ubicada en el municipio de Cumaribo, Vichada, sobre la muerte de 25 niños por hambre, confirmó las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado sobre las consecuencias que traerían las fumigaciones en ese municipio.

A pesar de varios requerimientos hechos por una comisión de esa comunidad en abril pasado a entidades como la Defensoría del Pueblo y Acción Social para gestionar la no reanudación de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, esta comenzó en abril con los mismos efectos nocivos para la comunidad: destrucción de los cultivos de 'pancoger' -con los que se alimentan las comuniades-y afectación económica. El resultado, una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que solo se puede salir cuando cesan las lluvias y baja el caudal de los rios y caños que la rodean..
La carta enviada en abril relataba como en 2007 las fumigaciones produjeron una terrible hambruna de la que los habitantes de Cumaribo solo pudieron escapar en enero pasado cuando el verano les permitió a cerca de 5.000 personas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreño y la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.
En esa misiva los miembros de la comunidad Barranco Siare anunciaron lo que pasaría si el gobierno continuaba fumigando “Las consecuencias de la fumigación, además de la devastación en los cultivos sería la contaminación de las fuentes de agua como el río Uvá y sus afluentes, afectando especialmente la salud de niños y madres gestantes”.
La comunidad solicitó también conformar una comisión interinstitucional que viajara a la zona para conocer de primera mano la problemática y mediar con el Gobierno para encontrar soluciones urgentes. Pero nadie hizo el menor caso y las consecuencias están de nuevo ahí.

El regreso del macartismo

por Juan Diego García (*)


A instancias de la fiscalía colombiana las autoridades españolas han detenido a Remedios García acusada de vínculos con las FARC y en consecuencia responsable de colaboración con banda armada, un delito que en España supone máximas penas y en Colombia penas que de hecho significan la cadena perpetua si es que antes un pistolero paramilitar o algún militar no ejecutan al acusado.
Se alega que su nombre aparece en la computadora del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, agregando que pronto darán los nombres de otros ciudadanos españoles igualmente implicados en las actividades delictivas de esa guerrilla. De momento no parece que en España se haya dado mucha credibilidad a tamaña acusación (¿a excepción de la fiscalía?). Y no faltan razones. Como alega su abogado y es ya de público conocimiento, las supuestas informaciones que la policía colombiana extrae a conveniencia de esa computadora carecen de toda validez legal. En primer lugar, por su origen, un acto de agresión a un país vecino, violando todas las normas del derecho internacional y según denuncian las autoridades ecuatorianas, ejecutando guerrilleros fuera de combate y abandonando los heridos a su suerte. Así, pruebas obtenidas mediante un acto ilegal carecen por completo de valor.
En segundo lugar, no se permitió a las autoridades judiciales hacer el normativo acopio de las pruebas. El ejército colombiano las retuvo y las envió luego a los Estados Unidos para su “revisión” rompiendo la llamada “cadena de custodia” y hasta INTERPOL anota que al menos durante los tres primeros días existió la oportunidad de manipularlas a conveniencia, agregando que efectivamente eso había ocurrido al menos con parte del material.
En tercer lugar, los expertos independientes que han realizado análisis (dos conocidos profesores estadounidenses, entre otros) consideran imposible que Raúl Reyes haya logrado escribir el enorme volumen de información recogida: necesitaría muchas vidas para hacerlo. Además, parece bastante inverosímil que Reyes llevara a un campamento provisional tal cantidad de elementos (un computador portátil, varios discos duros y otros materiales informáticos). También suscita suspicacias que en un lugar calcinado por las bombas se recuperen precisamente unas “pruebas” que se utilizan luego para acusar a todo el que convenga: primero a quienes han estado directamente comprometidos con el intercambio humanitario y la solución pacífica del conflicto; luego a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Suiza y Brasil, y ayer mismo, a un conocido periodista colombiano crítico del gobierno.
Aún aceptando que ese material informático fuese efectivamente de Reyes es apenas natural que cientos de responsables políticos y activistas de derechos humanos de Colombia y el extranjero aparezcan mencionados allí pues han tenido contactos con la guerrilla. De la misma forma que aparecerán funcionarios gubernamentales, sobre todo cuando se trata de gobiernos que tienen intereses directos en la solución del conflicto. Más aún, Reyes habría registrado igualmente sus contactos con el gobierno colombiano y con las propias autoridades estadounidenses. Lo extraño sería que dichos contactos no tuviesen lugar. Si aparecer mencionado es prueba de ayuda a los insurrectos, se podría acusar entonces a cientos de políticos, decenas de diplomáticos, autoridades religiosas y hasta el mismísimo director de la bolsa de Nueva York, quien departió cordialmente con Manuel Marulanda en memorable entrevista.


En este contexto no debería sorprender que Remedios García y cientos de activistas de derechos humanos hayan tenido (y tengan) contactos con las FARC. Además, y en su caso concreto, ha sido público su compromiso como promotora de paz y búsqueda negociada del conflicto tanto como su desaprobación de prácticas de la guerrilla como la retención de civiles con fines económico, por ejemplo. Si aceptó traer un dinero a Europa no fue como “tesorera” de los insurgentes sino por razones estrictamente humanitarias como está demostrado: un exilado colombiano en Suiza necesitaba ese dinero para sufragar los gastos de una delicada y urgente intervención quirúrgica. Otras personas han traído de los campamentos guerrilleros mensajes, señales de vida y otras cosas que están lejos de constituir “apoyo al terrorismo”.
En síntesis Bogotá no tiene nada; como tampoco lo tuvo cuando intentó presionar a Dinamarca para extraditar a quienes habían recolectado en un festival algunos cientos de dólares para la resistencia armada en Colombia y Palestina. Los jueces desestimaron la calificación de “terrorista” para las guerrillas colombianas –un asunto que en su opinión antes debería ser probado judicialmente, no siendo el caso en su país- y rechazaron la petición de extradición sugiriendo que Colombia no era precisamente un Estado de Derecho que ofreciera mínimas garantía procesales. Además, sus autoridades eran reiteradamente condenadas por violación grave de derechos humanos en instancias internacionales como la ONU y la OEA y denunciadas permanentemente por prestigiosas organizaciones de distinto tipo como AI, HRW y otras.

¿Qué explica entonces la conducta de Uribe y su fiscal, el sr. Iguarán (tan comprensivos y generosos con los paramilitares “desmovilizados”)?. Solo cabe una motivo: Bogotá intenta ganar la batalla de la opinión pública en Europa, esta vez con la esperanza de encontrar unos jueces españoles menos rigurosos que sus colegas daneses.

A Uribe Vélez le preocupa mucho que Remedios García y personas como ella rompan el cerco de silencio que la UE y los medios han tendido sobre Colombia; sus actividades llevan a la opinión pública informaciones incómodas sobre la realidad colombiana, un motivo suficiente para que –de repente- Remedios aparezca como por arte de magia en el mágico computador de Reyes.
Si Remedios García estuviera en Colombia podría olvidarse de un juicio justo. Por eso es de esperar que España no la juzgue siquiera y mucho menos permita su extradición. De ocurrir lo primero, estaríamos ante un preocupante precedente además de una aberración jurídica. De ocurrir lo segundo, las autoridades españolas echarían sobre su conciencia la comisión de un atentado grave contra la libertad y los derechos que la ley garantiza.

La ciudadanía española tiene todo el derecho (y el deber) de exigir al gobierno que explique los motivos por los cuales ignora olímpicamente la naturaleza verdadera del régimen colombiano; que justifique el apoyo sin fisuras que da a un gobierno desprestigiado, responsable de prácticas sistemáticas de terrorismo, alcahueta de los crímenes de la extrema derecha y cuyos respaldos políticos y electorales aparecen tan viciados que le quitan cualquier atisbo de legitimidad.

¿Importa poco que casi una cuarta parte de los parlamentarios esté entre rejas por connivencia con el paramilitarismo? ¿Nada significa que más del 90% de esos políticos presos sea precisamente uribista? ¿Resulta más importante asegurar los intereses de las empresas españolas en Colombia que defender la inocencia de una ciudadana española?.

La opinión pública tiene igualmente el derecho de saber que la información que recibe sobre América Latina (y en particular sobre Colombia y su conflicto armado) está lejos de ser objetiva y veraz; por el contrario, la escriben aquellos que desean congraciarse con el pequeño tirano que señorea en aquel país andino, y asegurar así sus beneficios.(medios de comunicación como Prisa y Planeta compiten ahora febrilmente por alcanzar los favores de Uribe y asegurarse el tercer canal de la televisión local).
En eso queda finalmente la libertad de prensa: en convertir ante la opinión pública a una promotora de paz y voluntaria en labores de entendimiento, en miembro destacado del terrorismo internacional. Por lo visto, regresa el macartismo de antaño bajo formas nuevas pero igualmente siniestras. Se empieza debilitando el estado de derecho en nombre de la seguridad; se arguye que las garantías ciudadanas constituyen un estorbo para la acción del estado; proliferan las leyes “antiterroristas” y se propala una atmósfera de sospechas y miedos. Así ocurre ya, de forma extrema en países como Colombia. Al parecer, alguien pretende que esas fórmulas del nuevo fascismo se vuelvan también comunes en los países de democracias consolidadas. Y se empieza por encarcelar a personas como Remedios García, por ejemplo.
(*) Juan Diego García es un colaborador de ABP (Agencia Bolivariana de Prensa), que distribuye este artículo.

(Fuentes: El Tiempo-Bogotá, Prensa Latina, Dpa, Afp, Reuters , Notimex, CODHES, ANSA-Latina y ABP-Agencia Bolivariana de Prensa)

1 comentario:

Anónimo dijo...

felicidades por el blogs. esta muy bien quisiera añadirme como seguidor
mi blogs es http://asiestamipaisparaguay.blogspot.com/
hata pronto, saludos

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