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9.7.12

Perú: Ya gobierna el Ejército


NO ES NECESARIO UN GOLPE DE ESTADO, COMO EN PARAGUAY, YA SE HIZO LEGALMENTE
                                    

Por Hugo Blanco(*)

El 3 de julio fueron asesinadas 3 personas en la provincia de Celendín, Cajamarca. No fue una manifestación contra el proyecto minero Conga, sino de los trabajadores de construcción a quienes el municipio no pagó.

En una ocasión anterior, cuando hubo una marcha antiminera, un grupo de provocadores al servicio del alcalde, acérrimo defensor de la minera, intentó llevar la marcha de la gente indignada por enfrente del local municipal. Su intención era tirar piedras contra el local, lo cual hubiese sido continuado por la gente y con eso facilitar la represión. El compañero nombrado para dirigir la marcha, se dio cuenta de la maniobra y no condujo la marcha por la calle donde está el local del municipio, los provocadores, indignados, se retiraron.

El día 3 sí tuvieron éxito, debido a la inexperiencia de los trabajadores, iniciaron el ataque al local municipal, lo que fue aprovechado por la policía para asesinar a 3 personas y herir a 20. También fueron heridos tres policías, con heridas de bala según el premier Valdés, y heridos por pedradas según los médicos que los atendieron.

Días antes un ministro citó a los alcaldes de Cajamarca para una reunión donde se iba a tratar el tema de obras de desarrollo. Después de la reunión, en la que se presentó Humala, el gobierno informó que los alcaldes se habían reunido para manifestar su apoyo al proyecto Conga. Esto fue desmentido con indignación por el alcalde de Cortegana (distrito de Celendín) Marino Vásquez, quien manifestó que fue elegido por su pueblo para defender el agua y la vida y que cumple con ese mandato.

El día anterior Humala había amenazado al movimiento anti-Conga: "Que se atenga a las consecuencias". Antes delas 24 horas cumplió su amenaza. Los hechos sucedieron en Celendín, sin embargo las garantía se han suspendido, además de Celendín. En otras dos provincias, Cajamarca y Hualgayoc con su capital Bambamarca. No es casual, son las tres provincias que serían más afectadas por el proyecto Conga.

Además, al día siguiente fue muerta otra persona en Bambamarca.

La suspensión de garantías prohíbe las reuniones públicas, sin embargo el padre Marco Arana (ecologista y dirigente del partido inscrito en el Jurado Nacional Electoral, quien no estuvo en las movilizaciones anteriores por encontrarse enfermo y está convaleciente) no fue capturado en ninguna reunión, cuando estaba sentado en una banca de la plaza principal de Cajamarca, fue violentamente agredido por 20 policías quienes con golpes de vara y puntapiés lo tendieron en el suelo donde continuaron golpeándolo. La agresión puede verse en un video:http://www.youtube.com/watch?v=4Bw8FCelp8w&feature=em-share_video_user



Se reitera la medida anticonstitucional de enviarlo para que sean juzgado en Lambayeque en lugar de Cajamarca, se le acusa de inducir a disturbios en Celendín, lugar al que no va hace meses.

Su captura es una actitud anticonstitucional más de este gobierno, el decreto de estado de emergencia no faculta a agredir a una persona sentada en un banco de la plaza. No permitieron que su abogada le entreviste.

Otras actitudes anticonstitucionales

Antes de la declaratoria de estado de emergencia golpearon y sacaron a empellones de la comisaría a la abogada representante de la Coordinadora de Derechos Humanas y a la representante del organismo estatal Defensoría del Pueblo.

Envían a gente que según ellos ha delinquido en Cusco para que sea juzgada en Ica y a quienes supuestamente han delinquido en Cajamarca para que sea juzgada en Lambayeque. La anterior suspensión de  garantías debía haber sido decretada por el gabinete, pero lo hizo el presidente.

Apresaron sin motivo alguna al alcalde de la provincia de Espinar, elegido por el pueblo, sólo por denunciar la contaminación minera, anunciaron que estría detenido por 5 meses antes de investigación alguna (luego se vieron obligados a darle libertad).

Podemos decir que ahora quien gobierna es la institución de las fuerzas armadas, quien  ordenó a Humala que públicamente manifieste al premier Oscar Valdés, ex militar propietario de minas, dispusieron además que en dicho acto apareciera la esposa del presidente, quien disfruta de mayor aceptación popular que Humala.

Las respuestas a las encuestas señalan un vertiginoso descenso de aprobación, en primer lugar de Valdés (quien recientemente fue felicitado por la Fuerza Armada), en segundo lugar de Humala y en tercer lugar de su esposa.

Las manifestaciones oficiales y sus acciones, muestran la voluntad de atacar violentamente la protesta social y la defensa absoluta de los intereses del gran capital transnacional (minas a tajo abierto, agroindustria, represas para hidroeléctricas, vías rápidas de comunicación, pesca de arrastre, etc.) feroz depredador de la naturaleza, enemigo del agua y de la vida, que son defendidas en varias partes del país.

Hay un acelerado empeoramiento de la situación. En el Perú no es necesario un golpe de estado como un Paraguay, ya se hizo "legalmente", repito, hoy gobierna el ejército.

El Polvorín, 7 de julio de 2012

(*)Hugo Blanco es un dirigente histórico de la izquierda revolucionaria y del movimiento campesino peruano. Es director del periódico "Lucha Indígena".

 (Fuente: SinPermiso.info)


18.1.10

Chile:Presidenciales 2010

LA INTERNACIONAL PINOCHETISTA

Finalmente en Chile ganó la derecha, con su candidato el empresario Sebastián Piñera, según parece un convencido demócrata de toda la vida, a juzgar por los análisis habituales de la prensa habitual. Los elogios son hoy, una vez el caballo es ganador, descomunales. El dirigente de la izquierda peruana, Javier Díez Canseco publicó el artículo que sigue en el diario limeño La República el pasado 11 de enero. Su opinión es muy distinta.


Por Javier Diez Canseco

El próximo domingo Chile decidirá, en segunda vuelta, la Presidencia de la República entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. El tema, siendo chileno, moviliza fuerzas y recursos internacionales, implica hondo simbolismo y plantea serios asuntos políticos.Piñera es un multimillonario. Dueño de LAN –la reina de los aires del Perú– y grandes negocios, está entre los tres chilenos más ricos. Es un conocido pinochetista y simboliza la restauración del bloque en el poder que reprimió al pueblo chileno y saqueó sus recursos durante la dictadura. Concentró capital y propiedades como nunca, junto a las transnacionales, impuso las AFP y se sostuvo –durante largo periodo– en un régimen de terror de Estado encabezado por Pinochet. Este último no fue desalojado del poder. Impuso una transición en la que siguió de Comandante en Jefe de las FFAA, dejó una Constitución candado de su modelo neoliberal, impuso un sistema electoral binominal que marginó a la izquierda comprometida con el cambio, y designó una parte del Senado directamente, para garantizarse impunidad. Luego, se le abrieron procesos por delitos de lesa humanidad y por corrupción (torturas, asesinatos y compra de armas), pero murió de viejo y sin prisión, aunque algunos de sus lugartenientes fueran procesados y condenados.

Piñera es uno de sus herederos. Él compró cuando, bajo Fujimori, Pinochet llamó a los empresarios chilenos a “comprar el Perú, que está barato”, asegurándoles que las FFAA serían su principal seguro de inversión. De allí una de las razones del militarismo chileno aliado al gran capital y, hoy, del expreso apoyo del Gral. Juan Cheyre, ex Cdte. en Jefe del Ejército, a su candidatura.
Piñera promovió las AFP con Boloña (y lo asoció), tiene “LAN ¿Perú?” y varios negocios más. Es uno de los dueños del Perú, como de alguno de “nuestros” prestigiosos intelectuales: Mario Vargas Llosa (y J. Edwards, el chileno). MVLl
(*), retirado de la política tras su desastre del 90, encabeza la internacional pinochetista en Santiago, con el rechazo de migrantes peruanos. Defiende el fracasado neoliberalismo que concentró la riqueza en pocas manos, abrió enormes brechas sociales y entregó a manos extranjeras los principales recursos naturales y las rentas que generan. Lo apoyan los recursos de Aznar de España, de Uribe de Colombia, el lobby anticubano de Miami, la derecha argentina de Mauricio Macri, es decir, los que están contra la integración por el cambio en AL.
Piñera tuvo 44% de los votos en primera vuelta. Expresa la fuerza que mantiene el pinochetismo, pero también el agotamiento de los gobiernos de la Concertación (alianza de la DC, el PPD y el PS) que se dedicaron a “humanizar” o maquillar el neoliberalismo y lanzaron una candidatura desgastada y expresión de la ausencia de renovación: la de Eduardo Frei, ya ex presidente. Ello generó más descontento y obtuvo apenas 30% de votos. Surgió un outsider juvenil, Marco Enríquez-Ominami que llegó a un 20% con un mensaje de renovación, pero ambiguo. Y resurgió la izquierda, tras la candidatura de Jorge Arrate, ex PS, que con 6.2% de votos colocó tres diputados comunistas, por primera vez, desde el golpe pinochetista de los 70.

Arrate, colocando condiciones respecto a eliminar el sistema electoral restrictivo a la renovación y la pluralidad y demandándole recuperar soberanía sobre los recursos naturales, ha comprometido el voto por Frei. Enríquez-Ominami ha dicho que no votará por Piñera, pero no se ha plegado a Frei.
Piñera (hoy con 46% de intención de voto, frente a 41% de Frei) sería una restitución del pinochetismo manchado de sangre y corrupción, y acentuaría la prepotencia con el Perú y el expansionismo militarista vinculado al gran capital. ¡Qué pena ver a MVLl
(*) tan carente de identidad con el Perú, de brújula, y tan opuesto a la integración latinoamericana! ¡En un momento clave para esta A. Latina que cambia, los chilenos ¿votarán por Chile y AL o por Vargas Llosa y la internacional pinochetista?
(*)MVLl:Mario Vargas Llosa

2.9.09

EE.UU-Latinoamérica:Intervención militar

ESTADOS UNIDOS PODRÍA INSTALAR OTRA BASE EN AYACUCHO. MIEMBROS DEL GOBIERNO DEL PERÚ CALIFICAN PÚBLICAMENTE DE NECESARIA LA PRESENCIA MILITAR NORTEAMERICANA EN EL TERRITORIO NACIONAL


El Ministro de Defensa del Perú Rafael Rey ha dado el aldabonazo, al confirmar este domingo o que ya se rumoreaba hace meses, que Estados Unidos tenía la vista puesta en Perú para instalar allí una base militar en sustitución de la de Manta en Ecuador. El rumor se desvaneció al anunciarse el acuerdo con Colombia, para la presencia militar norteamericana en siete bases de ese país. Pero por estar militarmente presentes, parece ser que, en el Perú, también va a ser.

El ministro Rey dio a conocer que en los últimos meses ha hablado con distintos funcionarios norteamericanos, como son miembros de la Cámara de Representantes, senadores y algunos embajadores para hacerles ver la necesidad, según su opinión de una "corresponsabilidad en esta lucha contra el narcotráfico". Aunque horas más tarde, mediante comunicado, Rey intentó aclarar que no sugirió la instalación de una base militar de EE.UU. en el Perú, terminó ratificando que es "su deseo" que los norteamericanos "participen en la lucha antisubversiva en el VRAE". (Valles de los ríos Ene y Apurímac, donde tiene presencia militar Sendero Luminoso)

El ministro de Defensa peruano Rafael Rey, dijo además que lamentaba que el Perú no cuente con ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que, dijo, ahora se encuentra mezclada con el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

“En el Perú, la colaboración de los norteamericanos para la lucha contra el narcotráfico es muy positiva, y lamentablemente no contamos con la ayuda norteamericana para la lucha antisubversiva, que ahora se encuentra mezclada con el narcotráfico en la zona del VRAE”, dijo el ministro en una radio local.

Tras este primer tanteo, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez confirmó de alguna forma la noticia, al asegurar que el Ejecutivo podría debatir la posibilidad de una instalación de bases militares de Estados Unidos en el Perú, aunque, matizó aun no se ha abordado.

Reacciones en contra


Las declaraciones han provocado reacciones de diversos sectores; algunos le recomendaron que se informe mejor antes de hablar y que deje el cargo a una persona preparada en temas de defensa y seguridad nacional. Otros llegaron a pedirle que se vaya a vivir a Estados Unidos si le gusta tanto ese país.

El legislador Daniel Abugattás dijo, comentando que no le extrañaría que pronto el ministro pida que el Perú se convierta en una colonia de Estados Unidos y que las palabras de Rey demuestran "su afán entreguista en desmedro de la soberanía nacional". Este congresista de la oposición no descartó que detrás de lo manifestado por el titular de Defensa esté la intención del gobierno de medir la reacción pública ante la posibilidad de permitir presencia militar estadounidenses en el Perú .

Por su parte, el ex comandante general del Ejército, general José Graham rechazó lo dicho por Rey en su condición de ministro de Defensa, y enfatizó que Rey, con sus declaraciones, pone en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas del Perú para luchar contra la subversión. Agregó que las fuerzas castrenses están preparadas para hacer frente a los remanentes terroristas que operan en el VRAE y lamentó las palabras de Rey.

El ex titular de Defensa, David Waisman, dijo por su parte que Rafael Rey carece de información necesaria para opinar sobre seguridad nacional y lucha contrasubversiva y no es un persona adecuada para ostentar el cargo confiado por el presidente Alan García.

Aeropuerto militar en Ayacucho

Estados Unidos busca cercar los procesos políticos progresistas que se están desarrollando en estos momentos en América con la instalación de nuevas bases ahora también en Perú, según Carolus Wimmer, Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista de Venezuela.

“Barack Obama persigue recolonizar y disciplinar su tradicional patio trasero, que se le había ido de las manos por haberse distraído en otras regiones como el Medio Oriente y ahora pretende recolonizar el hemisferio con las bases en Colombia, Guyana Francesa e incorporando ahora a Perú en este plan”, agrega.

El diputado comunista asegura que los Estados Unidos pretenden instalar un aeropuerto militar en Ayacucho, ubicado a 575 kilómetros al sudeste de Lima.
“Esto no es un invento de nosotros, acaba de ser confirmado por el jefe del Ejército peruano, general Edwin Donayre, y de concretarse esta negociación, Washington podría sumar otro punto de utilidad geopolítica y militar en un futuro cercano en nuestra región”, asegura.

Dice que la zona seleccionada por el Comando Sur fue el epicentro de la guerra de contrainsurgencia que vivió Perú en los años 80 y 90, y que guarda una importancia geopolítica de primer orden, pues está equidistante del conflicto interno colombiano, la llamada Media Luna boliviana y la amazonía brasileña.

Recuerda que los Estados Unidos ya tienen presencia militar en Ayacucho, donde vienen realizando las maniobras “Nuevos Horizontes” con las Fuerzas Armadas peruanas y que además, cuentan con una base naval en Iquitos, región amazónica estratégica del norte peruano, en la cual disponen de lanchas de combate.
Para Wimmer el plan con Perú persigue instalar nuevas bases militares para los Estados Unidos aunque lo digan en estos momentos sea que quieren es un aeropuerto militar.


Perú-Colombia, la vanguardia andina de Washington


No se trata de ninguna sorpresa. Perú y Colombia son, en este momento, los primeros aliados de Estados Unidos en Suramérica y sus presidentes, Alan García Pérez (AGP)y Álvaro Urive Vélez (AUV) sus primeros adalides. AGP, por el Perú ha sido y es el único país de la región en apoyar a Uribe ante la Unasur y, previamente en la fracasada gira del presidente colombiano para convencer a sus vecinos de la necesidad que tiene Colombia de permitir a EE.UU el uso de siete bases militares colombianas.

El Gobiern canciller peruano, José Antonio García Belaúnde reafirmaba en una entrevista publicada del diario limeño El Comercio, esa posición. "Respetamos y creemos conveniente que los países sientan que la decisión colombiana no es una amenaza", dijo García Belaúnde, al referirse a la posición peruana en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se celebró en Bariloche para debatir sobre el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, que causado tanta preocupación en la región.

Ambos países, Perú y Colombia, hicieron causa común y quedaron en minoría en la reunión de Bariloche , a la que, con la compañía de Alan García, sí acudió Uribe, quien se abstuvo de ir a la de Quito del pasado día 10 de agosto.

Ahora el gobierno del Perú muestra cómo, defendiendo la decisión colombiana, se estaba defendiendo a sí mismo. Este mismo domingo, el ministro de Defensa peruano, Rafael Rey volvió a repetir que "las bases militares que Estados Unidos planea instalar en Colombia no significan una amenaza para la región" , tal como manifestaron algunos países en Bariloche.

UNASUR:
¿Empate técnico?

Por Miguel Guaglianone (*)

Culminó una muy difícil y compleja reunión de Unasur cuyo tema principal fue el acuerdo realizado entre Colombia y Estados Unidos para la instalación en territorio colombiano de un número no determinado de bases militares (u operaciones militares) de las fuerzas armadas de EE.UU. Tan compleja fue esta reunión, que rompió varios paradigmas en eventos de este tipo. Diez minutos antes de finalizar, todavía nadie tenía claro cual iba a ser la resolución final, o si siquiera habría una. El primer acuerdo al que se llegó apenas iniciada la sesión fue que el debate sería público, con la manifiesta disconformidad del presidente Lula de Brasil, quien argumentó que no se podría llegar a soluciones concretas, ya que todas las intervenciones estarían (incluida la suya) condicionadas a ser destinadas a un público. Lo que además olvidó -o no quiso- mencionar es que en las reuniones cerradas es posible manejar razones y argumentos que generalmente no pueden hacerse públicos por razones de seguridad de estado.

El desarrollo del debate

Uribe comenzó la discusión con un extenso discurso muy razonado y elaborado. Presentó allí la posición tradicional de su gobierno respecto a la situación en su país. Fundamentó el tratado militar con los Estados Unidos basado en una tradición de ayuda que viene desde 1952, y en la necesidad de esta ayuda para solucionar los problemas de Colombia, que estarían centrados en la acción de los grupos irregulares, a los que no sólo calificó como terroristas, sino que además conminó a la Unasur a definirlos como tales, tal como lo hicieran Europa y EE.UU. Como novedad (por lo menos es la primera vez que tenemos noticia de que lo explique así) usó por igual la calificación de terroristas tanto para los grupos guerrilleros como para los paramilitares. En el caso de la guerrilla explicó que las razones de su existencia nacieron de la concepción de la lucha armada de clases, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en "mercenarios narcotraficantes". La misma adjetivación fue utilizada para los paramilitares. Con la vieja técnica de "encender el ventilador", distribuyó acusaciones a sus países vecinos, "protectores de terroristas", advirtió el peligro de su "creciente armamentismo", denunció que sus gobiernos suministran armamento a estos grupos "terroristas", se quejó de que Estados Unidos es el único país que ha ayudado a Colombia a combatir estos flagelos, y llegó a pedir a la Unasur la condena del consumo personal de drogas como delito, como forma de combatir el problema. En definitiva, elogió a su gobierno y sus acciones, nos mostró una Colombia de maravillas, adalid de libertades y paraíso de los derechos humanos, cuyos graves problemas tienen como única causa la existencia de los grupos armados que se oponen al gobierno quienes son además los únicos responsables del grave problema del narcotráfico. Llegó inclusive a afirmar, que ya no son los Estados Unidos el principal consumidor de la droga que se produce en su país, sino el consumo ha aumentado intensamente en América Latina. Apelando a una cierta teatralidad, hablo de masacres y mostró fotos (que no se diferencian en nada del horror de cualquiera de las actuales guerras) de víctimas de la guerrilla (no mostró fotos de víctimas de los paramilitares).
Esta intervención fue el disparador de la discusión. Tabaré Vázquez explicó que para su gobierno y su pueblo, es de principios oponerse a la instalación de bases militares extranjeras. El próximo en hablar sería el presidente Hugo Chávez, pero antes que lo hiciera la presidenta Cristina Kitchner pidió moderación en las respuestas, temiendo que la controversia desbordara las posibilidades de que el encuentro llegara a conclusiones necesarias. El presidente Chávez fue realmente muy concreto y directo. Leyó partes de un documento del "Libro Blanco del Comando Sur" de las fuerzas armadas estadounidenses, en las cuales se muestra claramente que los planes estratégicos para la instalación de bases norteamericanas en el exterior, responde fundamentalmente a las políticas generales de los EE.UU. Inclusive en ese documento se muestran mediciones que determinan un alcance de intervención de sus aviones C-17, desde la base de Palanquero en Colombia, cubriendo prácticamente todo el territorio sudamericano (quedando sólo fuera de su alcance operativo la región más Sur del continente, el Cabo de Hornos). Intervino luego el presidente Evo Morales, con una declaración principista, su país y su gobierno condenan la instalación de bases militares, y así debería hacerlo la Unasur. El presidente Alan García realizó una intervención muy inteligente, aparentemente muy preocupada por el destino de Unasur, pero basada en que la condena o no de las bases estadounidenses debería realizarse según el tipo de operaciones y el tipo de equipos que se utilicen. El presidente Rafael Correa, que delegó en la presidenta de Argentina la dirección del debate para poder intervenir, advirtiendo su formación académica, realizó una prolija exposición apoyada por imágenes, en la que mostró con números, gráficas y mención de sus fuentes, como muchas de las afirmaciones del presidente Uribe no eran ciertas, sobre todo aquellas que implican a los países vecinos en los problemas de Colombia. Mostró además como las inmensas inversiones del plan Colombia no habían logrado cumplir los objetivos de reducción de áreas sembradas de coca, y que si bien había una cierta reducción, la producción total había no disminuido sino aumentado. Mostró además con cifras oficiales de varios países respecto a la compra de armas y al gasto militar en relación con sus respectivos PBI, como la "carrera armamentista" que denunciara Colombia no estaba en sus países vecinos, sino que el mayor gasto, el mayor porcentaje sobre PBI y la mayor cantidad de tropas está precisamente en Colombia. Explicó además (dando siempre cifras y fuentes) como Ecuador, Venezuela y Bolivia habían aumentado la captura de cargamentos ilegales de droga, después de haber quitado a la DEA (la agencia norteamericana antidrogas) la conducción de la lucha contra el narcotráfico en sus territorios. La presidenta Michelle Bachelet intervino explicando que las formas de combate al narcotráfico son diferentes para cada país, pero que será necesario activar la comisión de Unasur creada en la reunión anterior, para coordinar la acción de sus miembros al respecto. El presidente Fernando Lugo intervino, explicando la posición de su país, contraria a la instalación de bases militares extranjeras, y aprovechó para desmentir la matriz internacional de opinión, de que existiera en Paraguay alguna base norteamericana. Intervino también el presidente de Surinam, dando la posición de su país frente a la instalación de bases extranjeras en el continente. Lula da Silva realizó una exposición donde destacó la necesidad (que ya había sido expuesta por algunos de los anteriores expositores) de recurrir al ya creado pero todavía inoperante Consejo de Seguridad de Unasur, quien según el sería el organismo adecuado para evaluar la peligrosidad o no de las bases.
Este debate duró varias horas, luego contestó nuevamente Uribe, intentando descalificar el documento del Comando Sur que mostrara Chávez y que Correa usara en su exposición, y desmintiendo algunas de las cifras que diera el presidente de Ecuador, y otra vez se intentó comenzar una nueva ronda de intervenciones en nueva respuesta. En medio de ésta, al intentar un receso por parte de la presidencia de debates recuperada por Correa, nuevamente el presidente Lula mostró su malestar por la forma en que se condujo la discusión, que según el tuvo una excesiva extensión que ninguno de los asistentes podía permitirse. Allí se limitó el resto del debate, con una intervención final de Evo Morales quien volvió a explicar el principio de no aceptar bases imperiales en el territorio sudamericano, y de Hugo Chávez que realizó algunas precisiones a su intervención anterior.
Inmediatamente se realizó (en una especie de tiempo récord) una redacción de declaración final, que con mínimas modificaciones fue rápidamente aceptada por los presentes.
La declaración final(1)


Era mucho lo que se estaba jugando en esta reunión de Unasur. Si el novel mecanismo interamericano no lograba resolver con precisión el problema de la instalación de un número indefinido de bases militares extranjeras (de características operativas también indefinidas) en su territorio; corría el riesgo de convertirse en un mero foro declarativo, sin capacidad real para enfrentar los problemas que sacuden a la región. De eso estaban claros todos los asistentes, aquellos cuyo interés está centrado en la integración, y también aquellos cuyos intereses son los exactamente opuestos. Inclusive, esta situación pudo traslucirse en los discursos de varios de los mandatarios, cuando hablaron de que las decisiones a tomar irían más allá de la situación coyuntural, y estarían generando doctrina para el mecanismo de integración colectivo.
A primera vista la declaración final de la reunión parece ser de una tibieza extraordinaria. Escasos cinco puntos, de los cuales los tres primeros son meras declaraciones generales de principios, aparentemente no responden a las expectativas creadas por muchos de nosotros en el continente. Una condena expresa a la instalación de bases militares, tal como lo propusiera Evo Morales, hubiera sido una decisión más acorde con esas expectativas y con la necesidad de la Unasur de consolidarse como un verdadero mecanismo multinacional efectivo. Máxime cuando no parecen haberse cumplido requisitos básicos, como el conocimiento público del acuerdo firmado entre Colombia y los Estados Unidos, cosa a la cual el presidente Uribe se resistió, a pesar de haber nombrado en sus intervenciones más de uno de los puntos de este convenio.
Considerando además que ya la Unasur había sido efectiva en dos ocasiones anteriores. Respondió inmediatamente y con firmeza al intento separatista en Bolivia, y condenó rápidamente el golpe de estado en Honduras (del cual también se habló lateralmente en esta ocasión, como punto en consideración permanente de la Unasur).
Muchos entonces pueden pensar que este es un triunfo para las derechas en el continente, o que Uribe logró en esta ocasión salirse con la suya, colocando al mecanismo multinacional en una difícil situación de supervivencia.

¿Quién dijo que todo está perdido?
¡Yo vengo a entregar mi corazón!(2)
Sin embargo, si nos ponemos a hilar fino vemos que no ha sido tan así. Es posible que por el contrario, el resultado de la reunión, aunque no lo aparente, haya sido un rotundo triunfo para la vocación progresista e integracionista que es hoy mayoría en la región. Veamos por qué:

1) A pesar que las declaraciones de principios pueden ser consideradas en general como saludos a la bandera (máxime en situaciones como ésta en que el peligro militar está presente) sin embargo la claridad expresada en el tercer punto de la declaración sienta un principio de doctrina. La Unasur declara que, aún existiendo la presencia de bases militares extranjeras, esto no puede afectar la soberanía e integridad de ninguna de las naciones miembros, ni la paz y seguridad del continente.

2) La diferencia entre este caso y los dos anteriores que mencionamos, es que aquí estuvo siempre pendiente (y Uribe estuvo manejándolo por debajo), la posible salida de Colombia del mecanismo regional. El haber podido llegar a una declaración final que, véase bien, no contempló ninguno de los puntos, propuestas o peticiones de Uribe, sin producir una ruptura interna, es ya de por sí un logro importante. La estrategia de ruptura oculta es conveniente para la visión hegemónica, es la aplicación del viejo principio de "divide y vencerás".

3) Es también importante haber podido llegar (y esto fue una especie de prueba de fuego) a una declaración final sin recurrir a ninguno de los mecanismos habituales en este tipo de reunión (conversaciones y acuerdos previos, lobbys, diplomacia de pasillos). El haber llegado a un acuerdo en una reunión pública, transmitida en vivo por los medios, es algo insólito e inusual que quizás haya sido logrado a partir del "nuevo trato" de acercamiento y relación personal que se trasluce públicamente entre los mandatarios sudamericanos (estilo que inaugurara y aparentemente lograra generalizar, al principio con grandes resistencias, el presidente Hugo Chávez).

4) Pero el punto fundamental está en el párrafo cuatro de la declaración final. El llamado a reunión para la primera quincena de septiembre (de inmediato) del Consejo Suramericano de Defensa, recién creado por la Unasur y compuesto de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de los países del bloque, y el mandato expreso para que "…diseñen medidas de fomento de la confianza y de la seguridad…incluyendo mecanismos concretos de implementación y garantías para todos los países aplicables a los acuerdos existentes con países de la región y extrarregionales…" constituye la puesta en marcha de un mecanismo, que en los hechos evaluará el convenio entre Colombia y Estados Unidos, y propondrá las formas para el control de la situación por parte de la Unasur. Elaborado precisamente por los especialistas diplomáticos y militares, quienes están en la mejor capacidad de evaluar y proponer frente a esta situación. De esta manera, se realiza un desplazamiento de la confrontación, a un ámbito dónde Colombia tendrá una mucho menor capacidad de movimiento (recuérdese que fue el gobierno de Uribe quien más resistencia ejerció ante la creación del Consejo de Defensa). De igual manera, el encargo expreso de que el Consejo de Defensa evalúe el Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea, documento clave para demostrar las intenciones estratégicas detrás de la instalación de las bases en Colombia, constituye un avance más hacia una decisión irrefutable de condena del convenio. Es muy posible que la molestia del presidente Lula durante toda la reunión tuviera que ver con una evaluación previa de Itamaraty (que sabemos es siempre muy diligente en estos análisis) de la situación, y de que estuviera claro para el gobierno de Brasil que el pasaje del problema a manos del Consejo de Defensa era el paso más adecuado. La discusión que se dio entonces no constituiría lo fundamental para tomar decisiones. Según este enfoque, la reunión debía haber concentrado desde el principio todo el esfuerzo en activar el mecanismo del Consejo de Defensa.

5) El último punto de la declaración tiene también su importancia. El narcotráfico, además de las implicaciones en el caso colombiano, es un problema creciente en el continente. El llamado a la urgente activación del Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico representa un esfuerzo de comenzar a generar mecanismos comunes de enfrentar este problema, incluido el lograr generar mecanismos propios, que vayan mucho más allá de la "ayuda" ofrecida por EE.UU. y la DEA.

6) Finalmente, desde el punto de vista político, quedó claramente al descubierto el aislamiento de Uribe y su gobierno dentro del contexto continental. La tímida intervención de Alan García, que en principio pudo echar agua a ese molino, se disolvió en la indefinición, máxime cuando el presidente del Perú abandonó la reunión mucho antes de su final.

En conclusión, es muy posible que el aparente "empate" pueda volverse una goleada a favor de la integración suramericana, si los mecanismos diplomáticos operan con inteligencia y logran posible una condena final por parte de la Unasur a las bases norteamericanas, sin permitir escisiones en su seno.

(2) Fito Páez
(*) Jefe de Redacción de Barómetro Internacional

(Fuentes: La Primera, LibreRed, Peru.com, EFE y Adital)

8.7.09

Peru:

VUELVEN LAS PROTESTAS, CON HUELGAS, CORTES DE CARRETERAS Y MARCHAS PACÍFICAS EN TODO EL PAÍS TRAS LAS MATANZAS DE INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA. ALAN GARCÍA SE VE OBLIGADO A CAMBIAR EL GOBIERNO QUE PERPETRÓ LA MASACRE

El gobierno peruano enfrenta desde el martes tres días de paros y protestas sindicales y regionales, por una variada plataforma de demandas, que incluye la renuncia del presidente Alan García. En la ciudad amazónica de Bagua, fueron masacradas, según las cifras del gobierno, 34 personas el 5 de junio tras, en la represión policial y militar de las protestas indígenas contra los decretos para la privatización y exploytación de los territorios amazónicos.

En las nuevas jornadas de protestas covocadas para el 7,8 y 9 de Julio, las mayores movilizaciones tuvieron lugar este martes en las regiones de Arequipa (sur del país), en la centroandina de Junín y en la surandina de Puno, por demandas sociales contra la política económica y las concesiones mineras y por derogación de la ley de recursos hídricos, que introduce la gestión privada del uso del agua.

La primera de las tres jornadas se desarrolló también en otras regiones del Perú hoy de manera pacífica, con paros regionales y bloqueos viales. El presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, uno de los dirigentes de las protestas, calificó de falsedad las afirmaciones en los mensajes televisivos de propoaganda del gobernante Partido Aprista que acusaban a Venezuela de estar detrás de las manifestaciones.
Palacín reivindicó como un éxito, la huelga agraria y campesina que, según dijo, se cumplió en 13 regiones del país.
La CAOI, junto a la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y otras organizaciones sociales y partidos, integran el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía, organizadora de las protestas.

Entretanto, la región de Arequipa fue escenario de un paro general con cierres de vías y calles, y algunos incidentes, como el registrado en la localidad de La Joya, cuando la policía intentó desalojar a los bloqueadores de una ruta y dejó un herido.

La región surandina de Puno inició un paro parcial con bloqueo de carreteras que cerró escuelas, universidades y otras actividades. Esta protesta impidió el tránsito hacia el colindante territorio de Bolivia y los dirigentes sociales aseguran que mañana será más intensa.

La ausencia del transporte urbano e interprovincial y el cierre de los mercados de abastos y las escuelas fueron decisivos para la efectividad de un paro similar en la centro andina región de Ayacucho.

Los productores algodoneros de la sureña y costera región de Ica bloquearon la carretera que lleva a la región andina de Ayacucho y en la ciudad de Ica hubo un paro parcial que puede intensificarse desde mañana.

La Federación Departamental de Trabajadores de la sur andina región de Cusco anunció que este miércoles iniciará un paro general de 48 horas con marchas y otras protestas. También para este día, el movimiento sindical de la ciudad de Iquitos, principal de la Amazonía, anunció un paro de 24 horas y en otros puntos del país se alistan paralizaciones similares. El miércoles también va a ser el día central de las protestas, con una marcha sindical y popular contra el modelo económico neoliberal en Lima, donde un gremio de transportistas urbanos iniciará una huelga de 48 horas. La marcha se celebrará ambié en otras ciudades en lo que han venido a llamar "una jornada nacional de lucha", para poner fin a la disputa en torno a la explotación de los recursos naturales de las regiones indígenas.


Derogar los decretos, asamblea constituyente e investigación de las muertes en Bagua


El Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía pide, entre otras reivindicaciones, la derogación de los decretos, además de la renuncia del gabinete de Alan García, una nueva constitución y una investigación independiente que aclare los violentos hechos acontecidos ocurridos en la zona de Bagua el pasado 5 de junio..

Estas organizaciones, conformadas por grupos de izquierda, indígenas y nacionalistas, exigen al gobierno cesar la "criminalización" de los líderes nativos peruanos y permitir la vuelta del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, quien recibió asilo político en Nicaragua tras ser acusado de traición y sedición.
Además, el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) llamó a un paro de transportistas y de profesores de escuelas para el miércoles para reclamar mejoras laborales.

Ante esta sucesión de protestas, el Ministerio del Interior autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en apoyo a la policía, para "garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados", según reza una declaración oficial.
"Las Fuerzas Armadas están preparadas para una guerra, y esto no es ninguna guerra, es sólo una medida de protesta reconocida por la Constitución", dijo el coordinador del Frente, Miguel Palacín.

El presidente de la República suscribió además un decreto de urgencia instando a las empresas públicas, "de manera excepcional y por única vez", a evitar el absentismo laboral durante los días de marcha a través de incentivos económicos.

"Al gobierno no le queda otra alternativa que atender nuestras demandas. Si éstas no se dan llegamos a un periodo sumamente delicado, y (el gobierno) se deslegitima cada día más porque vulnera la constitución y los tratados internacionales". "Cambia el modelo o cambia el gobierno", advirerte el coordinador del Frente.

Otros dos líderes indígenas piden asilo en Nicaragua


Dos dirigentes indígenas peruanos, los hermanos Servando y Saúl Puerta Peña ingresaron a la embajada de Nicaragua en Lima y solicitaron asilo político, informó este martes Tacha del Pozo, secretaria de la embajada nicaragüense en Perú.

Una juez de Lima, Carmen Araujo, había dictado contra ellos orden de captura,acusados de presuntos delitos contra la tranquilidad pública y apología de la sedición y el motín. El sumario está relacionado con las masacres de Bagua .

Los hermanos Puerta siguen los pasos de Alberto Pizango, principal líder amazónico que encabezó una protesta indígena que duró dos meses, quien se refugió en esa sede diplomática el 8 de junio y obtuvo el asilo un día después del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Ahora los hermanos Puerta "están en calidad de refugiados bajo la protección del gobierno de Nicaragua que está evaluando el pedido de asilo presentado por ellos". Cuando se resuelva el caso la embajada comunicará su decisión a la cancillería peruana, agregó.

Servando y Saúl Peña son integrantes de la dirigencia de la Asociación Interétnica de la Selva peruana (Aidesep), que representa a las etnias amazónicas y que era dirigido por Pizango.

Otros dos dirigentes indígenas, Marcial Mudarra Taki y Teresita Antaza López, también son acusados de los mismos cargos que los hermanos Puerta, pero "están a buen recaudo" en algún lugar de la selva peruana, dijo Marco Barreto, abogado de Aidesep.
Cae el gobierno de Yehude Simón
El presidente peruano confirmó la salida del jefe del gabinete Yehude Simón, quien ya había anunciado su intención de renunciar. Después de más de un mes de presiones por las matanzas de Bagua, Alán García, anunció el cambio "Les puedo decir que al fin de semana tendremos nuevo Gabinete, esto significa nuevo premier".

García no dio más detalles sobre quién asumiría este puesto, ni si será un independiente, como Simón, o un miembro de su Partido, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).

Hace apenas dos semanas, García había apoyado a su jefe de gobierno, quien había puesto su renuncia a disposición del mandatario. "No creo que ante cualquier circunstancia hay que quemar a las personas", dijo entonces.

Ahora también se espera la sustitución de los titulares de Defensa e Interior, sobre todo tras la contestada decisión de permitir que las Fuerzas Armadas supervisen las manifestaciones.

Las encuestas de opinión no dejan en buen lugar al presidente, que en este tercer año de mandato vivió la peor crisis de su mandato. Según los últimos sondeos, la mayoría de los peruanos culpan a García de los resultados violentos de las marchas de Bagua, en la que los indígenas rechazaban unos polémicos decretos firmados por el presidente para favorecer la implementación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
(Fuentes: ANSA-Latina,Prensa Latina AFP y BBC-Mundo)

22.6.09

Perú:Indígenas de la Amazonía

BAGUA
Por Hugo Blanco (*)


Comienzo señalando una diferencia entre la “modernidad” y la cosmovisión indígena:
El mundo civilizado ve el pasado como algo superado. “Primitivo” tiene implicancia peyorativa. Lo moderno, lo último, es lo mejor.

En mi idioma, el quechua, “Ñaupaq” significa “adelante” y a la vez “pasado”. “Qhepa” significa “posterior”, en el lugar y en el tiempo.

Ahora vemos que “el progreso” está llevando a la extinción de la especie humana a través del calentamiento global y de muchas otras formas de ataque a la naturaleza.

¿Qué son los pueblos amazónicos?

La población amazónica peruana abarca al 11% de la población. Habita la más extensa de las tres regiones naturales del Perú, el norte, centro y sur orientes. Habla decenas de lenguas y está compuesta de decenas de nacionalidades.

Los habitantes de la selva sudamericana son los indígenas menos contaminados por la “civilización” cuya etapa actual es el capitalismo neoliberal.

No fueron conquistados por el incanato, tampoco los invasores españoles los dominaron. El indígena serrano rebelde Juan Santos Atawallpa, al ser acosado por las tropas españolas, se replegó a la selva, al seno de esos pueblos, una de cuyas lenguas había aprendido, las fuerzas coloniales no consiguieron vencerle.

En la época de la explotación del caucho ingresó el capitalismo a la selva donde redujo a la esclavitud y masacró a poblaciones nativas, por esa razón muchas de ellas se mantienen hasta hoy en aislamiento voluntario, no desean ningún contacto con la “civilización”.

Los hermanos amazónicos no comparten los prejuicios de origen religioso del “mundo civilizado” de cubrirse el cuerpo con trapos aunque haga un calor intenso. La fuerte ofensiva moral de los misioneros religiosos y las leyes que defienden esos prejuicios han conseguido que algunos de ellos deban cubrirse partes del cuerpo, especialmente cuando van a las ciudades.
Se sienten integrantes de la Madre Naturaleza y la respetan profundamente. Cuando tienen que cultivar no hacen sembríos de un producto. Despejan un lugar del bosque, ponen en él diferentes plantas de distinta contextura, de diferente ciclo vital, juntas, imitando la naturaleza. Un palto o aguacate y enredado en él una calabaza, al lado un plátano, maíz, yuca (mandioca), una palmera de frutos comestibles. Luego de un tiempo devuelven ese lugar a la naturaleza y abren otro lugar para el cultivo.

Salen de cacería y recolección, cuando ven algo digno de ser cazado lo hacen, pasan por su cultivo, si ven que algo está maduro, lo recogen, si notan que hay que hacer algún arreglo lo hacen, después de un tiempo regresan a su vivienda, no se puede afirmar si han estado paseando o trabajando.

Beben el agua de ríos y arroyos y también se alimentan de peces.
Inclusive los indígenas serranos, más contaminados por la “civilización” les califican de ociosos, no quieren “progresar”, sólo quieren vivir bien.

Habitan chozas colectivas. No hay “partidos” ni votaciones, su organización social y política es la comunidad. No manda el jefe, manda el personaje colectivo, la comunidad.
Ellos han vivido ahí desde milenios antes de la invasión europea, milenios antes de la constitución del Estado Peruano que jamás les consultó para elaborar sus leyes con las cuales ahora les ataca pretendiendo exterminarlos.


Las empresas multinacionales


Esa vida apacible como parte de la naturaleza ahora se ve agredida por la voracidad de las empresas multinacionales: Extractoras de petróleo, gas y minerales. Depredadoras de los bosques.

A esas empresas, como reza la religión neoliberal, no les importa la agresión a la naturaleza ni la extinción de la especie humana, lo único que les interesa es la obtención de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.

Envenenan el agua de los ríos, arrasan los árboles convirtiéndolos en madera: Matan la selva amazónica, madre de los nativos amazónicos. Eso es también matarlos a ellos.
Hay abundante legislación peruana que los protege, entre otras el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que es ley de nivel constitucional pues fue aprobada por el Congreso. Ese convenio estipula que cualquier disposición sobre los territorios indígenas debe ser consultada con las comunidades. También existen leyes de protección del medio ambiente.

Pero la legislación peruana es apenas un pequeño obstáculo para las grandes compañías que mediante el soborno logran poner a su servicio a todo el Estado Peruano: Presidente de la República, mayoría parlamentaria, Poder judicial, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Los medios de comunicación también están en sus manos.

Al servicio de esas empresas que son sus amos, Alan García ha elaborado la teoría del “perro del hortelano”. Señala que los pequeños campesinos o las comunidades indígenas, como no tienen grandes capitales que invertir, deben dejar el paso libre a las grandes compañías depredadoras de la naturaleza como las compañías mineras en la sierra y las extractoras de hidrocarburos en la selva. En todo el territorio nacional deben dejar el paso libre a las grandes compañías agroindustriales que matan el suelo con el monocultivo y los agroquímicos y que trabajan productos de exportación y no para el mercado interno. Según él esa es la política que se necesita para que el Perú progrese.

Para implementar esa política obtuvo del Poder Legislativo la autorización para legislar, según dijo para adecuarnos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.

Esa legislación fue una catarata de decretos leyes contra la organización comunal de indígenas de la sierra y de la selva que estorba el saqueo imperialista y abrió las puertas a la depredación de la naturaleza con el envenenamiento de los ríos, la esterilización del suelo con el monocultivo agroindustrial con el uso de agroquímicos y el arrasamiento de la selva con la extracción de hidrocarburos y madera.

Por falta de espacio no he de hacer un análisis de esos decretos leyes, quien lo requiera que busque otras fuentes.

Reacción indígena

Naturalmente indígenas de la sierra y la selva reaccionaron contra ese ataque y realizan muchas valientes luchas.

Pero es indudable que los indígenas menos contaminados, los que mejor conservan los principios indígenas de amor a la naturaleza, de colectivismo, de “mandar obedeciendo”, del “buen vivir”, son los amazónicos, quienes están a la cabeza de las luchas.

La mayor organización de los indígenas amazónicos es la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) que tiene bases en el norte, centro y sur de la amazonía peruana.
Exigen la derogatoria de los decretos leyes que afectan su vida impulsando la contaminación de ríos y la tala de bosques.

Su método de lucha consiste en interrupción de vías de transporte terrestre, interrupción del transporte fluvial, muy usado por las empresas multinacionales, toma de instalaciones, toma de campo de aviación. Cuando viene la represión se repliegan denunciando que el gobierno lo que quiere es represión y no diálogo.

En agosto del año pasado obtuvieron un triunfo logrando que el congreso derogara dos decretos ley antiamazónicos.

Este año iniciaron su lucha el 9 de abril. El gobierno con maniobras evitó debatir con ellos. Y con más maniobras evitó que el parlamento discutiera la inconstitucionalidad de un decreto ley que la comisión parlamentaria encargada de estudiarlo encontró anticonstitucional.

5 de junio
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, fue elegido por Alan García para desfogar su rabia anti-ecológica contra los defensores de la Amazonía.Usó al cuerpo policial especializado en la represión a los movimientos sociales, la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).

Fueron atacados los hermanos awajun y wampis que bloqueaban la carretera cerca de la población de Bagua. A las 5 de la mañana comenzó la masacre desde los helicópteros y desde tierra. No se sabe cuántos son los muertos. Los policías no permitían la atención a los heridos, a quienes tomaban presos, ni el recojo de los cadáveres por los familiares.

Paso la palabra a Juan, quien estuvo en Bagua:

Por asuntos netamente laborales, el día de ayer tuve la oportunidad y el “privilegio” de estar por algunas horas en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, el ambiente que se respira es tenebroso, las “historias” que se cuentan son macabras y hasta inverosímiles, pero las personas que lo cuentan son personas que vivieron el terror, son testigos privilegiados de la otra realidad que el Perú oficial, los medios de comunicación, están tratando de ocultar, porque tuve la oportunidad de ver a varios reporteros de canales como el 2, 4, 5, 7, 9 etc. etc. pero no se dice nada de lo que la gente, testigos presenciales, repiten con insistencia y hasta el cansancio de la matanza que se produjo el viernes 05.

Dicen los bagüinos, prácticamente el 100% con los que converse, producidos los enfrentamientos, controlada la situación, los cadáveres de los nativos quedaron regados por toda la carretera próxima y en las inmediaciones de la Curva del Diablo, la policía tomó el control, de inmediato se declaró el toque de queda, empezó el apilamiento de los cadáveres, la cremación en plena carretera, otros fueron traslados a lugares no determinados, ni ubicados, embolsados y trasladados a los helicópteros de la policía que en un número de hasta 3 apoyaron el operativo. Muchos de estos cadáveres de humildes peruanos fueron arrojados a los ríos Marañón y Utcubamba, los mestizos de Bagua Chica y Bagua Grande estiman en un mínimo de 200 a 300 muertos de civiles.

Dicen que los hombres no lloran o no deben de llorar, soy un hombre hecho y derecho, en mi vida adulta sólo lloré en tres oportunidades, cuando fallecieron mis padres y dos de mis hermanos mayores, pero anoche viendo el reportaje de enemigos íntimos y recordando lo que en el día y la tarde de ayer fui testigo, les confieso que me puse a llorar como un niño
Para mí no hay distinción entre los muertos buenos y malos, tanto los nativos y los policías, son seres humanos, los únicos culpables de este horrendo crimen contra la humanidad son los políticos, muy especialmente el APRA, y los fujimoristas .

Amigos y compatriotas, no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos nativos amazónicos, hagamos llegar nuestra protesta a los medios de comunicación que manipulan, esconden y tergiversan la información, pidamos que los responsables políticos del gobierno aprista sean sancionados, que los decretos en su totalidad sean derogados ¡¡¡¡Ahora!!!!
Muchas gracias por haber leído mi experiencia.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) relata: "Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran". Llama la atención sobre "la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.

Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad. Se comprobaron maltratos hacia algunos detenidos.

Los hermanos amazónicos se defendieron con lanzas y flechas; luego usaron las armas arrebatadas a los agresores. La ira hizo que tomaran una instalación petrolera en la que capturaron a un grupo de policías a quienes condujeron a la selva, ajusticiaron a algunos de ellos.
La población mestiza urbana de Bagua indignada por la masacre asaltó el local del APRA, el partido de gobierno y oficinas públicas, quemando sus vehículos. La policía asesinó a varios pobladores, entre ellos niños.

El gobierno decretó suspensión de garantías y toque de queda a partir de las 3 p.m.
Amparados por estas medidas los policías entraban a las casas a capturar nativos refugiados en ellas. Muchos de ellos debieron refugiarse en la iglesia.
No se sabe el número de presos y éstos no pueden tener el auxilio de abogados.
Se menciona centenares de desaparecidos.

Solidaridad

Afortunadamente la solidaridad es conmovedora. En el Perú se ha organizado un frente de solidaridad.
El día 11 hubo manifestaciones de protesta por la masacre en varias ciudades del país: En Lima, que tradicionalmente se encPunouentra de espaldas al Perú profundo se menciona 4,000 personas, que hicieron la marcha bajo la amenaza de 2,500 policías, hubo enfrentamiento cerca del local del congreso de la república. En Arequipa más de 6 mil, en la zona de La Joya hubo bloqueo de la carretera Panamericana. En hubo paralización de actividades, se atacó la sede del partido de gobierno. Hubo manifestaciones en Piura, Chiclayo, Tarapoto, Pucallpa, Cusco, Moquegua y muchas otras ciudades.

En el exterior son numerosas las acciones de protesta frente a las embajadas peruanas, tenemos noticias de Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, París, Grecia, Montreal, Costa Rica, Bélgica, entre otras.

Ha levantado su voz de protesta la encargada de asuntos indígenas de la ONU.
También se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechso Humanos.

Hay periódicos del exterior que denuncian la masacre, como La Jornada de México.

La cólera aumenta por las declaraciones de Alan García a la prensa europea de que los nativos no son ciudadanos de primera categoría.

La selva continúa movida en Yurimaguas, en la zona Machiguenga del Cusco y otras regiones.
Los hermanos amazónicos y quienes les apoyan exigen la derogatoria de los decretos leyes 1090, 1064 y otros, que abren las puertas a la depredación de la selva.

A pesar de que la comisión del parlamento encargada del tema dictaminó la derogatoria de algunos decretos leyes por ser anticonstitucionales, la cámara optó por no discutirlos y declararlos “en suspenso” como quería el APRA. A 7 congresistas que protestaron por esta irregularidad los suspendieron por 120 días, de modo que la ultraderecha del parlamento (APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo) tendrá en sus manos la elección de la próxima mesa directiva del parlamento.

El gobierno ha creado una “mesa de diálogo” en la que se excluye al organismo representativo de los indígenas amazónicos, AIDESEP, cuyo dirigente ha tenido que refugiarse en la embajada de Nicaragua pues el gobierno lo acusa de los crímenes del 5 de junio ordenados por Alan García.

La lucha amazónica ha de continuar, exigiendo el respeto a la selva.

Los nativos amazónicos saben que lo que está en disputa es su propia supervivencia.
Esperamos que la población mundial tome conciencia de que ellos están luchando en defensa de toda la especie humana, ya que la selva amazónica es el pulmón del mundo.
13 de junio del 2009

5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente
5 de junio: Alan García masacra a los defensores del Medio Ambiente.

(*)Hugo Blanco
, ex guerrillero, ex diputado, dirigente social, es un viejo luchador y dirigente de la izquierda peruana, actualmente miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que distribuye este artículo.

(Fuente:www.sinpermiso.info)

16.6.09

Perú:Matanza de indígenas

EL GOBIERNO RETROCEDE Y ACEPTA REVISAR LOS DECRETOS DE LA AMAZONÍA, PERO LA GUERRA DEL ESTADO POR MERCANTILIZAR LOS TERRITORIOS RICOS EN HIDROCARBUROS NO HA CONCLUÍDO; TAMPOCO LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A diez días de la violenta arremetida del ejército y la policía en la Amazonía peruana, que dio lugar a los violentos choques con los indígenas con la pérdida de las vidas de decenas de personas entre policías y manifestantes, el gobierno del presidente Alan García se comprometió a derogar los decretos que generaron el conflicto. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, tras reunirse con representantes de diversas comunidades originarias.

El funcionario dio cuenta de la firma de un acta de 12 puntos en la que el Poder Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto para derogar los decretos 1.090 y 1.064 que regulan el manejo y explotación de los recursos forestales e hídricos.

Ambas normas habían sido promulgadas en 2008 como parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. La protestas contra los decretos se iniciaron el 9 de abril.

Desde la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresan reservas sobre este anuncio. "En primer lugar, debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades", sostiene Daysi Zapata, quien asumió la presidencia de la organización en reemplazo de Alberto Pizango, el líder indígena que tuvo que pedir asilo en la embajada de Nicaragua en Lima después de que el gobierno ordenara su captura.

"¿Tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?", se pregunta Daysi Zapata, quien recuerda que la primera demanda de anular los decretos la formularon en marzo, de acuerdo con los derechos a ser escuchados en materias que les interesan, que la propia ley peruana da a los indígenas. Sin embargo los decretos fueron dictados sin consulta alguna.

El trágico saldo de los incidentes del 5 y 6 de junio pasado es también objeto de discusión. Mientras el gobierno reconoce poco más de 30 muertes, diversas organizaciones indígenas sostienen que la cantidad de civiles fallecidos elevaría el total a más de 50 víctimas.

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el Congreso aprobó crear una comisión parlamentaria que deberá investigar los hechos en un plazo de 120 días.


El gobierno también acepta discutir otros decretos


El contenido de esas normas será evaluado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que comenzará a deliberar este martes en Lima.
Los indígenas consideran que la polémica legislación vinculada al TLC habilita un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral. Por esa razón, el pasado 9 de abril iniciaron una serie protestas con cortes de carreteras y bloqueos a la navegación de los ríos.

La crisis por la matanza de Bagua se complicó al insistir el presidente Alan García, en culpar del levantamiento indígena a los gobienos de Bolivia y Venezuela . El lunes, el gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en La Paz como una muestra en protesta por las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre el conflicto. Morales llamó a la masacre "genocidio del TLC".

Desde la cancillería boliviana le quitan dramatismo a la situación y sostienen que la medida dispuesta por Perú es una "práctica normal" en el ámbito de la diplomacia. Ambos países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones que tienen su origen en las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

Además del reciente conflicto indígena, autoridades de ambos países han mantenido diversos entredichos sobre el diferendo por límites marítimos entre Perú y Chile que podría afectar a Bolivia y sobre los asilos otorgados por Lima a ex funcionarios bolivianos acusados de genocidio.


Reportaje sobre la matanza de Bagua Grande


Radio Nizkor
7 de Junio

El 05 jun09, a las 05:30 a.m. hora local de Perú, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) atacaron sin previo aviso a unos 4.000 indígenas awajún-wampis que a esa hora se encontraban durmiendo. Las fuerzas especiales atacaron con armamento y bombas lacrimógenas y a los 15 minutos se produjo además la intervención de al menos un helicóptero artillado.

Estas comunidades vienen realizando un paro que dura ya casi dos meses en reivindicación de sus derechos humanos y en cuanto colectividad, básicamente en defensa de su territorio, de su derecho a consulta y del diálogo con el Gobierno central. Esta movilización pacífica tiene su origen en la promulgación de un paquete de normas cuya derogación es demandada por las comunidades. Los decretos en cuestión garantizarían la explotación minera y petrolera al margen del derecho a consulta de las comunidades y en violación de las normas internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas.

Durante casi día y medio, desde que empezara la persecución indiscriminada de estas comunidades en la zona de Bagua Grande, Radio Nizkor ha tratado de conseguir un testimonio directo de personas del lugar, lo que finalmente conseguimos al establecer contacto con el Centro Pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande, donde se hallan refugiados unos 700 de esos 4.000 nativos. Del resto no se tienen noticias y se les considera con paradero desconocido o desaparecidos. Aunque se supone que muchos están escondidos, no se sabe cuántos de ellos han sido asesinados, dado que las fuerzas militares y policiales impiden que los grupos de apoyo localicen a los sobrevivientes escapados.

Sobre la grave crisis humanitaria que esta intervención ha provocado, hemos entrevistado a la hermana Ricardina Ramos, así como a un comunero de la comunidad nativa Nazareth. Ambos relatan que la situación es lamentable, que el cómputo de muertos entre los indígenas ha alcanzado ya al menos los 60. Además, parte de los cadáveres habrían sido arrojados al río, otro calcinados... Muchos cuerpos yacen en los cerros cercanos, pero no hay posibilidad de levantarlos ni reconocerlos ante el bloqueo de las fuerzas públicas. Los nativos han sido tiroteados y perseguidos a tiros.

Los entrevistados señalan que lo que piden es que se dé a conocer la verdad de lo que ha sucedido y está sucediendo, pues la prensa desplazada al lugar d elos hechos está informando lo contrario y no está haciendo su trabajo con objetividad. Además es necesario que se garantice el retorno en condiciones de seguridad de los refugiados a sus lugares de origen.

Las comunidades afectadas son 64 y los refugiados se encuentran en una situación angustiosa al impedírseles hacer lo posible para encontrar a sus compañeros...
ESCUCHAR CRÓNICA RADIO NIZKOR


En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional
Por Joan Martínez Alier y Martí Orta (*)


La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

S e sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García está dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

La negociación previa a la arremetida del gobierno



Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.

Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.
El desalojo

En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.

Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.

El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.

Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.

Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?

Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.
El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?

Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.
Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.

Una vez más, "mecidos" y baleados


Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.

Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.

El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.

Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).

(*) Joan Martínez Alier y Martí Orta son investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona. Este texto fue publicado en http://www.sinpermiso.info/ el 14 junio de 2009

(Fuentes: BBC-Mundo,Radio Nizkor y SinPermiso)
(Fotos:Viento Sur)

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