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22.6.09

Perú:Indígenas de la Amazonía

BAGUA
Por Hugo Blanco (*)


Comienzo señalando una diferencia entre la “modernidad” y la cosmovisión indígena:
El mundo civilizado ve el pasado como algo superado. “Primitivo” tiene implicancia peyorativa. Lo moderno, lo último, es lo mejor.

En mi idioma, el quechua, “Ñaupaq” significa “adelante” y a la vez “pasado”. “Qhepa” significa “posterior”, en el lugar y en el tiempo.

Ahora vemos que “el progreso” está llevando a la extinción de la especie humana a través del calentamiento global y de muchas otras formas de ataque a la naturaleza.

¿Qué son los pueblos amazónicos?

La población amazónica peruana abarca al 11% de la población. Habita la más extensa de las tres regiones naturales del Perú, el norte, centro y sur orientes. Habla decenas de lenguas y está compuesta de decenas de nacionalidades.

Los habitantes de la selva sudamericana son los indígenas menos contaminados por la “civilización” cuya etapa actual es el capitalismo neoliberal.

No fueron conquistados por el incanato, tampoco los invasores españoles los dominaron. El indígena serrano rebelde Juan Santos Atawallpa, al ser acosado por las tropas españolas, se replegó a la selva, al seno de esos pueblos, una de cuyas lenguas había aprendido, las fuerzas coloniales no consiguieron vencerle.

En la época de la explotación del caucho ingresó el capitalismo a la selva donde redujo a la esclavitud y masacró a poblaciones nativas, por esa razón muchas de ellas se mantienen hasta hoy en aislamiento voluntario, no desean ningún contacto con la “civilización”.

Los hermanos amazónicos no comparten los prejuicios de origen religioso del “mundo civilizado” de cubrirse el cuerpo con trapos aunque haga un calor intenso. La fuerte ofensiva moral de los misioneros religiosos y las leyes que defienden esos prejuicios han conseguido que algunos de ellos deban cubrirse partes del cuerpo, especialmente cuando van a las ciudades.
Se sienten integrantes de la Madre Naturaleza y la respetan profundamente. Cuando tienen que cultivar no hacen sembríos de un producto. Despejan un lugar del bosque, ponen en él diferentes plantas de distinta contextura, de diferente ciclo vital, juntas, imitando la naturaleza. Un palto o aguacate y enredado en él una calabaza, al lado un plátano, maíz, yuca (mandioca), una palmera de frutos comestibles. Luego de un tiempo devuelven ese lugar a la naturaleza y abren otro lugar para el cultivo.

Salen de cacería y recolección, cuando ven algo digno de ser cazado lo hacen, pasan por su cultivo, si ven que algo está maduro, lo recogen, si notan que hay que hacer algún arreglo lo hacen, después de un tiempo regresan a su vivienda, no se puede afirmar si han estado paseando o trabajando.

Beben el agua de ríos y arroyos y también se alimentan de peces.
Inclusive los indígenas serranos, más contaminados por la “civilización” les califican de ociosos, no quieren “progresar”, sólo quieren vivir bien.

Habitan chozas colectivas. No hay “partidos” ni votaciones, su organización social y política es la comunidad. No manda el jefe, manda el personaje colectivo, la comunidad.
Ellos han vivido ahí desde milenios antes de la invasión europea, milenios antes de la constitución del Estado Peruano que jamás les consultó para elaborar sus leyes con las cuales ahora les ataca pretendiendo exterminarlos.


Las empresas multinacionales


Esa vida apacible como parte de la naturaleza ahora se ve agredida por la voracidad de las empresas multinacionales: Extractoras de petróleo, gas y minerales. Depredadoras de los bosques.

A esas empresas, como reza la religión neoliberal, no les importa la agresión a la naturaleza ni la extinción de la especie humana, lo único que les interesa es la obtención de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.

Envenenan el agua de los ríos, arrasan los árboles convirtiéndolos en madera: Matan la selva amazónica, madre de los nativos amazónicos. Eso es también matarlos a ellos.
Hay abundante legislación peruana que los protege, entre otras el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que es ley de nivel constitucional pues fue aprobada por el Congreso. Ese convenio estipula que cualquier disposición sobre los territorios indígenas debe ser consultada con las comunidades. También existen leyes de protección del medio ambiente.

Pero la legislación peruana es apenas un pequeño obstáculo para las grandes compañías que mediante el soborno logran poner a su servicio a todo el Estado Peruano: Presidente de la República, mayoría parlamentaria, Poder judicial, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Los medios de comunicación también están en sus manos.

Al servicio de esas empresas que son sus amos, Alan García ha elaborado la teoría del “perro del hortelano”. Señala que los pequeños campesinos o las comunidades indígenas, como no tienen grandes capitales que invertir, deben dejar el paso libre a las grandes compañías depredadoras de la naturaleza como las compañías mineras en la sierra y las extractoras de hidrocarburos en la selva. En todo el territorio nacional deben dejar el paso libre a las grandes compañías agroindustriales que matan el suelo con el monocultivo y los agroquímicos y que trabajan productos de exportación y no para el mercado interno. Según él esa es la política que se necesita para que el Perú progrese.

Para implementar esa política obtuvo del Poder Legislativo la autorización para legislar, según dijo para adecuarnos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.

Esa legislación fue una catarata de decretos leyes contra la organización comunal de indígenas de la sierra y de la selva que estorba el saqueo imperialista y abrió las puertas a la depredación de la naturaleza con el envenenamiento de los ríos, la esterilización del suelo con el monocultivo agroindustrial con el uso de agroquímicos y el arrasamiento de la selva con la extracción de hidrocarburos y madera.

Por falta de espacio no he de hacer un análisis de esos decretos leyes, quien lo requiera que busque otras fuentes.

Reacción indígena

Naturalmente indígenas de la sierra y la selva reaccionaron contra ese ataque y realizan muchas valientes luchas.

Pero es indudable que los indígenas menos contaminados, los que mejor conservan los principios indígenas de amor a la naturaleza, de colectivismo, de “mandar obedeciendo”, del “buen vivir”, son los amazónicos, quienes están a la cabeza de las luchas.

La mayor organización de los indígenas amazónicos es la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) que tiene bases en el norte, centro y sur de la amazonía peruana.
Exigen la derogatoria de los decretos leyes que afectan su vida impulsando la contaminación de ríos y la tala de bosques.

Su método de lucha consiste en interrupción de vías de transporte terrestre, interrupción del transporte fluvial, muy usado por las empresas multinacionales, toma de instalaciones, toma de campo de aviación. Cuando viene la represión se repliegan denunciando que el gobierno lo que quiere es represión y no diálogo.

En agosto del año pasado obtuvieron un triunfo logrando que el congreso derogara dos decretos ley antiamazónicos.

Este año iniciaron su lucha el 9 de abril. El gobierno con maniobras evitó debatir con ellos. Y con más maniobras evitó que el parlamento discutiera la inconstitucionalidad de un decreto ley que la comisión parlamentaria encargada de estudiarlo encontró anticonstitucional.

5 de junio
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, fue elegido por Alan García para desfogar su rabia anti-ecológica contra los defensores de la Amazonía.Usó al cuerpo policial especializado en la represión a los movimientos sociales, la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).

Fueron atacados los hermanos awajun y wampis que bloqueaban la carretera cerca de la población de Bagua. A las 5 de la mañana comenzó la masacre desde los helicópteros y desde tierra. No se sabe cuántos son los muertos. Los policías no permitían la atención a los heridos, a quienes tomaban presos, ni el recojo de los cadáveres por los familiares.

Paso la palabra a Juan, quien estuvo en Bagua:

Por asuntos netamente laborales, el día de ayer tuve la oportunidad y el “privilegio” de estar por algunas horas en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, el ambiente que se respira es tenebroso, las “historias” que se cuentan son macabras y hasta inverosímiles, pero las personas que lo cuentan son personas que vivieron el terror, son testigos privilegiados de la otra realidad que el Perú oficial, los medios de comunicación, están tratando de ocultar, porque tuve la oportunidad de ver a varios reporteros de canales como el 2, 4, 5, 7, 9 etc. etc. pero no se dice nada de lo que la gente, testigos presenciales, repiten con insistencia y hasta el cansancio de la matanza que se produjo el viernes 05.

Dicen los bagüinos, prácticamente el 100% con los que converse, producidos los enfrentamientos, controlada la situación, los cadáveres de los nativos quedaron regados por toda la carretera próxima y en las inmediaciones de la Curva del Diablo, la policía tomó el control, de inmediato se declaró el toque de queda, empezó el apilamiento de los cadáveres, la cremación en plena carretera, otros fueron traslados a lugares no determinados, ni ubicados, embolsados y trasladados a los helicópteros de la policía que en un número de hasta 3 apoyaron el operativo. Muchos de estos cadáveres de humildes peruanos fueron arrojados a los ríos Marañón y Utcubamba, los mestizos de Bagua Chica y Bagua Grande estiman en un mínimo de 200 a 300 muertos de civiles.

Dicen que los hombres no lloran o no deben de llorar, soy un hombre hecho y derecho, en mi vida adulta sólo lloré en tres oportunidades, cuando fallecieron mis padres y dos de mis hermanos mayores, pero anoche viendo el reportaje de enemigos íntimos y recordando lo que en el día y la tarde de ayer fui testigo, les confieso que me puse a llorar como un niño
Para mí no hay distinción entre los muertos buenos y malos, tanto los nativos y los policías, son seres humanos, los únicos culpables de este horrendo crimen contra la humanidad son los políticos, muy especialmente el APRA, y los fujimoristas .

Amigos y compatriotas, no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos nativos amazónicos, hagamos llegar nuestra protesta a los medios de comunicación que manipulan, esconden y tergiversan la información, pidamos que los responsables políticos del gobierno aprista sean sancionados, que los decretos en su totalidad sean derogados ¡¡¡¡Ahora!!!!
Muchas gracias por haber leído mi experiencia.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) relata: "Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran". Llama la atención sobre "la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.

Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad. Se comprobaron maltratos hacia algunos detenidos.

Los hermanos amazónicos se defendieron con lanzas y flechas; luego usaron las armas arrebatadas a los agresores. La ira hizo que tomaran una instalación petrolera en la que capturaron a un grupo de policías a quienes condujeron a la selva, ajusticiaron a algunos de ellos.
La población mestiza urbana de Bagua indignada por la masacre asaltó el local del APRA, el partido de gobierno y oficinas públicas, quemando sus vehículos. La policía asesinó a varios pobladores, entre ellos niños.

El gobierno decretó suspensión de garantías y toque de queda a partir de las 3 p.m.
Amparados por estas medidas los policías entraban a las casas a capturar nativos refugiados en ellas. Muchos de ellos debieron refugiarse en la iglesia.
No se sabe el número de presos y éstos no pueden tener el auxilio de abogados.
Se menciona centenares de desaparecidos.

Solidaridad

Afortunadamente la solidaridad es conmovedora. En el Perú se ha organizado un frente de solidaridad.
El día 11 hubo manifestaciones de protesta por la masacre en varias ciudades del país: En Lima, que tradicionalmente se encPunouentra de espaldas al Perú profundo se menciona 4,000 personas, que hicieron la marcha bajo la amenaza de 2,500 policías, hubo enfrentamiento cerca del local del congreso de la república. En Arequipa más de 6 mil, en la zona de La Joya hubo bloqueo de la carretera Panamericana. En hubo paralización de actividades, se atacó la sede del partido de gobierno. Hubo manifestaciones en Piura, Chiclayo, Tarapoto, Pucallpa, Cusco, Moquegua y muchas otras ciudades.

En el exterior son numerosas las acciones de protesta frente a las embajadas peruanas, tenemos noticias de Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, París, Grecia, Montreal, Costa Rica, Bélgica, entre otras.

Ha levantado su voz de protesta la encargada de asuntos indígenas de la ONU.
También se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechso Humanos.

Hay periódicos del exterior que denuncian la masacre, como La Jornada de México.

La cólera aumenta por las declaraciones de Alan García a la prensa europea de que los nativos no son ciudadanos de primera categoría.

La selva continúa movida en Yurimaguas, en la zona Machiguenga del Cusco y otras regiones.
Los hermanos amazónicos y quienes les apoyan exigen la derogatoria de los decretos leyes 1090, 1064 y otros, que abren las puertas a la depredación de la selva.

A pesar de que la comisión del parlamento encargada del tema dictaminó la derogatoria de algunos decretos leyes por ser anticonstitucionales, la cámara optó por no discutirlos y declararlos “en suspenso” como quería el APRA. A 7 congresistas que protestaron por esta irregularidad los suspendieron por 120 días, de modo que la ultraderecha del parlamento (APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo) tendrá en sus manos la elección de la próxima mesa directiva del parlamento.

El gobierno ha creado una “mesa de diálogo” en la que se excluye al organismo representativo de los indígenas amazónicos, AIDESEP, cuyo dirigente ha tenido que refugiarse en la embajada de Nicaragua pues el gobierno lo acusa de los crímenes del 5 de junio ordenados por Alan García.

La lucha amazónica ha de continuar, exigiendo el respeto a la selva.

Los nativos amazónicos saben que lo que está en disputa es su propia supervivencia.
Esperamos que la población mundial tome conciencia de que ellos están luchando en defensa de toda la especie humana, ya que la selva amazónica es el pulmón del mundo.
13 de junio del 2009

5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente
5 de junio: Alan García masacra a los defensores del Medio Ambiente.

(*)Hugo Blanco
, ex guerrillero, ex diputado, dirigente social, es un viejo luchador y dirigente de la izquierda peruana, actualmente miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, que distribuye este artículo.

(Fuente:www.sinpermiso.info)

16.6.09

Perú:Matanza de indígenas

EL GOBIERNO RETROCEDE Y ACEPTA REVISAR LOS DECRETOS DE LA AMAZONÍA, PERO LA GUERRA DEL ESTADO POR MERCANTILIZAR LOS TERRITORIOS RICOS EN HIDROCARBUROS NO HA CONCLUÍDO; TAMPOCO LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A diez días de la violenta arremetida del ejército y la policía en la Amazonía peruana, que dio lugar a los violentos choques con los indígenas con la pérdida de las vidas de decenas de personas entre policías y manifestantes, el gobierno del presidente Alan García se comprometió a derogar los decretos que generaron el conflicto. La decisión fue anunciada este lunes por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, tras reunirse con representantes de diversas comunidades originarias.

El funcionario dio cuenta de la firma de un acta de 12 puntos en la que el Poder Ejecutivo se compromete a enviar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto para derogar los decretos 1.090 y 1.064 que regulan el manejo y explotación de los recursos forestales e hídricos.

Ambas normas habían sido promulgadas en 2008 como parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. La protestas contra los decretos se iniciaron el 9 de abril.

Desde la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) expresan reservas sobre este anuncio. "En primer lugar, debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades", sostiene Daysi Zapata, quien asumió la presidencia de la organización en reemplazo de Alberto Pizango, el líder indígena que tuvo que pedir asilo en la embajada de Nicaragua en Lima después de que el gobierno ordenara su captura.

"¿Tantas vidas tenían que morir para que el gobierno se dé cuenta que las leyes estaban mal dadas?", se pregunta Daysi Zapata, quien recuerda que la primera demanda de anular los decretos la formularon en marzo, de acuerdo con los derechos a ser escuchados en materias que les interesan, que la propia ley peruana da a los indígenas. Sin embargo los decretos fueron dictados sin consulta alguna.

El trágico saldo de los incidentes del 5 y 6 de junio pasado es también objeto de discusión. Mientras el gobierno reconoce poco más de 30 muertes, diversas organizaciones indígenas sostienen que la cantidad de civiles fallecidos elevaría el total a más de 50 víctimas.

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el Congreso aprobó crear una comisión parlamentaria que deberá investigar los hechos en un plazo de 120 días.


El gobierno también acepta discutir otros decretos


El contenido de esas normas será evaluado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que comenzará a deliberar este martes en Lima.
Los indígenas consideran que la polémica legislación vinculada al TLC habilita un desembarco masivo de empresas privadas extranjeras en zonas de propiedad ancestral. Por esa razón, el pasado 9 de abril iniciaron una serie protestas con cortes de carreteras y bloqueos a la navegación de los ríos.

La crisis por la matanza de Bagua se complicó al insistir el presidente Alan García, en culpar del levantamiento indígena a los gobienos de Bolivia y Venezuela . El lunes, el gobierno peruano llamó a consultas a su embajador en La Paz como una muestra en protesta por las declaraciones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre el conflicto. Morales llamó a la masacre "genocidio del TLC".

Desde la cancillería boliviana le quitan dramatismo a la situación y sostienen que la medida dispuesta por Perú es una "práctica normal" en el ámbito de la diplomacia. Ambos países mantienen una relación vecinal cargada de tensiones que tienen su origen en las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos.

Además del reciente conflicto indígena, autoridades de ambos países han mantenido diversos entredichos sobre el diferendo por límites marítimos entre Perú y Chile que podría afectar a Bolivia y sobre los asilos otorgados por Lima a ex funcionarios bolivianos acusados de genocidio.


Reportaje sobre la matanza de Bagua Grande


Radio Nizkor
7 de Junio

El 05 jun09, a las 05:30 a.m. hora local de Perú, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) atacaron sin previo aviso a unos 4.000 indígenas awajún-wampis que a esa hora se encontraban durmiendo. Las fuerzas especiales atacaron con armamento y bombas lacrimógenas y a los 15 minutos se produjo además la intervención de al menos un helicóptero artillado.

Estas comunidades vienen realizando un paro que dura ya casi dos meses en reivindicación de sus derechos humanos y en cuanto colectividad, básicamente en defensa de su territorio, de su derecho a consulta y del diálogo con el Gobierno central. Esta movilización pacífica tiene su origen en la promulgación de un paquete de normas cuya derogación es demandada por las comunidades. Los decretos en cuestión garantizarían la explotación minera y petrolera al margen del derecho a consulta de las comunidades y en violación de las normas internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas.

Durante casi día y medio, desde que empezara la persecución indiscriminada de estas comunidades en la zona de Bagua Grande, Radio Nizkor ha tratado de conseguir un testimonio directo de personas del lugar, lo que finalmente conseguimos al establecer contacto con el Centro Pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande, donde se hallan refugiados unos 700 de esos 4.000 nativos. Del resto no se tienen noticias y se les considera con paradero desconocido o desaparecidos. Aunque se supone que muchos están escondidos, no se sabe cuántos de ellos han sido asesinados, dado que las fuerzas militares y policiales impiden que los grupos de apoyo localicen a los sobrevivientes escapados.

Sobre la grave crisis humanitaria que esta intervención ha provocado, hemos entrevistado a la hermana Ricardina Ramos, así como a un comunero de la comunidad nativa Nazareth. Ambos relatan que la situación es lamentable, que el cómputo de muertos entre los indígenas ha alcanzado ya al menos los 60. Además, parte de los cadáveres habrían sido arrojados al río, otro calcinados... Muchos cuerpos yacen en los cerros cercanos, pero no hay posibilidad de levantarlos ni reconocerlos ante el bloqueo de las fuerzas públicas. Los nativos han sido tiroteados y perseguidos a tiros.

Los entrevistados señalan que lo que piden es que se dé a conocer la verdad de lo que ha sucedido y está sucediendo, pues la prensa desplazada al lugar d elos hechos está informando lo contrario y no está haciendo su trabajo con objetividad. Además es necesario que se garantice el retorno en condiciones de seguridad de los refugiados a sus lugares de origen.

Las comunidades afectadas son 64 y los refugiados se encuentran en una situación angustiosa al impedírseles hacer lo posible para encontrar a sus compañeros...
ESCUCHAR CRÓNICA RADIO NIZKOR


En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional
Por Joan Martínez Alier y Martí Orta (*)


La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

S e sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García está dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

La negociación previa a la arremetida del gobierno



Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.

Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.
El desalojo

En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.

Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.

El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.

Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.

Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?

Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.
El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?

Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.
Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.

Una vez más, "mecidos" y baleados


Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.

Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.

El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.

Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).

(*) Joan Martínez Alier y Martí Orta son investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona. Este texto fue publicado en http://www.sinpermiso.info/ el 14 junio de 2009

(Fuentes: BBC-Mundo,Radio Nizkor y SinPermiso)
(Fotos:Viento Sur)

9.6.09

Perú:Matanza en la Amazonía

ACUSAN A LA POLICÍA DE ESCONDER LOS CADÁVERES DE 100 INDÍGENAS ASESINADOS EN BAGUA . LAS MOVILIZACIONES CONTRA LOS DECRETOS CONTINÚAN Y LA OPOSICIÓN PIDE LA INVESTIGACIÓN DE LAS MASACRES Y QUE SE LEVANTE EL TOQUE DE QUEDA


La ONG Amazon Watch, comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, denuncia que la Policía peruana está haciendo desaparecer cadáveres de nativos, con el fin de minimizar el número de víctimas civiles en los violentos disturbios ocurridos el viernes en Bagua.

Según Gregor McLennan, enviado por Amazon Watch a Bagua, centro de las protestas, "numerosos testigos oculares" le han confirmado que fuerzas especiales de la Policía se deshacen de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los queman para impedir su identificación. El Gobierno peruano lo niega. En su comunicado, Amazon Watch acusa además a la Policía de haber disparado indiscriminadamente a los indígenas desde un helicóptero, versión también negada por el Gobierno, que asegura que desde la aeronave solo se lanzaron gases lacrimógenos.
Elbert Bazán, jefe de la división médica en Utcubamba, encargada de proceder al levantamiento de cadáveres, dijo haber escuchado esos rumores y confirmó que su personal también ha participado en la búsqueda de cuerpos en los ríos, pero no ha encontrado ninguno.

Los enfrentamientos del pasado viernes dejaron un saldo de 24 policías muertos y según los primeros informes más de 30 nativos muertos, además de decenas de heridos, según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). También hubo numerosos detenidos, cuya localizaciò ahora es poco precisa.



A este respecto, Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades peruanas que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencias policiales y militares, y a que garanticen el derecho de todos los arrestados a la vida, a la integridad física y a la defensa
Amnistía Internacional emitióun comunicado en el que muestra su "profunda preocupación" por la situación en la Amazonía peruana y recuerda que corresponde al Estado hacer "un uso proporcional de la fuerza". "El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias", afirmó Nuria García, investigadora para Perú de AI.

Denuncian la desaparición de 100 INDIGENAS
Dirigentes indígenas denunciaron este lunes la desaparición de 100 nativos durante la represión lanzada el viernes por el gobierno del presidente peruano, Alan García, que sigue hablando de influencia "extranjera" en las protestas.

Nérida Díaz, dirigente de la comunidad awajun, denunció hoy desde el centro parroquial de Bagua Grande la desaparición de 100 aborígenes.

El viceministro del Interior, Wilson Hernández, desmintió este lunes la existencia de fosas comunes y el hallazgo de otros 15 indígenas asesinados y dijo que las autoridades están buscando a los "supuestos" desaparecidos.

Aunque la Defensoría del Pueblo de Perú informa que recibió información sobre el hallazgo de entre 12 y 15 cadáveres en las cercanías de la localidad del Reposo, noreste del país cerca del lugar donde donde policías y militares se enfrentaron a los indígenas. La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, informó que su representante en la región de Amazonas, Roberto Guevara, le entregó esa información, y que por ello fueron enviados a la zona cuatro fiscales y cinco médicos legistas.
La zona donde se denuncia que están los cadáveres, presumiblemente de indígenas, se localiza en un tramo entre las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica, en Amazonas,

El periodista Carlos Torres, de la radio La Voz de Bagua, relató el lunes que decenas de nativos deambulan por esa ciudad y otros puntos de la región a la búsqueda desesperada de sus familiares desaparecidos.
En las ciudades de Bagua Grande y de Bagua Chica, 900 kilómetros al noreste de Lima, las actividades cotidianas se reanudaron hoy, aunque en medio de un severo control policial y militar, y con los nativos temerosos de ser perseguidos.
Representantes de Bolivia, Chile y Venezuela condenaron la violencia y reclamaron investigaciones que lleven al castigo de los responsables de la matanza de indígenas.
El ex mandatario Alejando Toledo pidió a Alan García que identifique a los supuestos "extranjeros" que según dijo están "conspirando" contra el país, mientras diputados oficialistas apuntaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, y al dirigente nacionalista Ollanta Humala.

Aidesep: “Este Gobierno ha manchado la sangre de nuestro Perú”

La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysie Zapata, responsabilizó al Gobierno de la masacre.

A su vez, Zapata reiteró que las movilizaciones continuarán hasta que el Congreso debata la derogatoria del decreto 1090, considerado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La dirigente responsabilizó de las muertes en Bagua al presidente, Alan García, a la ministra de interior, Mercedes Cabanillas, y al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. También culpan al gobierno de Alan García por la masacre de Bagua organizaciones sociales e indígenas de todo el país.

Las organizaciones también acusan el gobierno y el presidente García de tratar de impedir que la información llegue normalmente a la población, tanto del Perú como en el exterior. Así, el corresponsal de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) en Bagua, Carlos Flores, informó que "hay intenciones de hacer desaparecer radio La Voz", que ya fue sacada del aire por la policía. La CNR, verdadera red de emisoras comunitarias, está jugando un papel primordial en esta y en otras crisis, al informar correctamente de cuanto ocurre desde los puntos más alejados y calientes, gracias a su excelente red de corresponsales. Además, no acepta las presiones del Gobierno y las fuerzas militares y policiales, que les acusan de
"instigar a la población" a cometer hechos violentos. Además, el Gobierno canceló ya la licencia de funcionamiento de otras dos emisoras en la zona de Amazonas.

La oposición pide investigar las muertes


Ante los sucesos ocurridos el último fin de semana en Bagua, capital de la provincia de Utcubamba, en el Departamento de Amazonas, partidos de oposición reiteraron la demanda de diversos sectores para que se conforme una comisión multipartidaria que investigue esos hechos.

A través de un pronunciamiento, Unión Por el Perú (UPP)solicitó que el Congreso instale un grupo de trabajo para determinarlas responsabilidades de las muertes de policías y civiles durantelos enfrentamientos en Bagua, Condorcanqui y Jaén.

El parlamentario José Vega (UPP) solicitó además que la Junta de Portavoces del Congreso convoque a una sesión extraordinaria paraderogar el Decreto Legislativo 1090. “A partir de ahí podemosbuscar un camino de salida al conflicto de la Amazonía”.

Vega exigió asimismo al gobierno el levantamiento del toque de queda, decretado desde el último viernes, así como la renuncia del gobierno de Simon.

De la misma opinión fue Yhony Lescano (AP), quien consideró prioritario convocar a una sesión extraordinaria para derogar el 1090, porque , le daría "tranquilidad a los pueblos".
Propuso asimismo que se retome la mesa de diálogo entre losamazónicos y el Ejecutivo, y que una comisión especial deparlamentarios baje a la zona de conflicto para conversar con la población porque hay una situación de zozobra. “Por ahí pasa lasolución más urgente”, dijo a la CNR.

Asimismo, Lescano Ancieta consideró que la decisión de llevar ala policía a intervenir una zona tan convulsionada fue“desafortunada”. “El asunto se pudo manejar de otra manera”. También consideró “absurda” la versión de que hubo injerencia extranjera. “No han podido manejar a los aymaras en Puno y van a manejar a los asháninkas que están en el otro extremo del país. Esas explicaciones no son coherentes”.

Apoyo a los indígenas peruanos desde los países vecinos


En Colombia, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones e instituciones sociales se concentraron este lunes frente a la Embajada de Perú, en Bogotá con el objetivo de rechazar las masacres y respaldar la lucha indígena en defensa de la vida, de los derechos humanos, de la tierra y de la biodiversidad amazónica.

En México, la delegación de indígenas que participaron de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala también da su apoyo a los peruanos a través de una carta, que se envia al presidente de Perú, Alan García. En el comunicado, organizaciones, grupos sociales y pueblos indígenas de México se muestran indignados por los últimos acontecimientos en Perú y exigen al gobierno que paren las agresiones contra los indígenas peruanos y la "cancelación de los acuerdos internacionales -como el TLC [Tratado de Libre Comercio]- que violentan la vida de los pueblos indígenas peruanos".

La organización Survival International pide a las empresas petroleras que suspendan las operaciones en la Amazonía peruana ya que el país "vive uno de los peores episodios de violencia política". En nota divulgada en el sitio web de la organización (http://www.survival.es/), el director de Survival, Stephen Corry, afirma que las protestas demuestran que los indígenas no están más dispuestos a tolerar las ilegalidades y violencias que se emplean en contra de las comunidades. "Las empresas petroleras que trabajan en Perú deberían suspender sus operaciones hasta que la calma se restablezca y los derechos territoriales de los indígenas sobre sus tierras ancestrales sean adecuadamente respetados: sólo entonces podrán negociar en términos de igualdad", comenta el director.
El próximo jueves (11), el Frente Nacional por la Vida y por la Soberanía realizará una marcha, en Lima, contra la masacre de los indígenas y por la derogación de los Decretos Legislativos que amenazan al medio ambiente y a los pueblos amazónicos del país. La marcha se inciará a las 14h, en la Plaza Dos de Mayo, desde donde se dirigirá hasta el Palacio de Gobierno.



(Fuentes:La República-Lima, EFE, ANSA-Latina, Agencia PÚLSAR, CNR y Adital)




(Fotos:IPS- Fedepaz)

13.2.09

Colombia:Conflicto interno

INDIGNACIÓN POR LA DOS MATANZAS CONSECUTIVAS DE INDÍGENAS AWÁ PERPETRADAS POR GUERRILLEROS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN LOGRAR UNA SALIDA NEGOCIADA A LA GUERRA PIDEN EXPLICACIONES A LAS FARC


En total serían 27 los indígenas awá asesinados presuntamente por las FARC en el sureño departamento de Nariño, según denuncia la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La última masacre fue perpetrada contra diez indígenas que huían tras la matanza de 17 de sus compañeros a manos de las FARC.
"Recibimos información de autoridades de la región que en el día de ayer diez personas que venían desplazadas, huyendo de la masacre anterior, fueron asesinadas a la altura de la comunidad de Guangarial", denunció este jueves Luis Evelis Andrade, líder de la ONIC.
El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, antiguo dirigente de la guerrilla del M-19, confirmó que miembros de la etnia Awá le comunicaron "que en la madrugada del miércoles habían matado a diez personas" en el municipio de Ricaurte, detallando "el sitio exacto de la matanza y el nombre del dueño de la casa donde se produjo".
"Nos dicen que fueron las FARC las que igualmente cometieron estos crímenes", indicó Andrade, mientras que Navarro afirmó no tener aun información sobre los responsables del hecho, cuyas circunstancias se desconocen.

"No sé si fueron las FARC, la persona que me dio la información no me lo dijo, pero fue en el área general donde se cometió la primera masacre", el 4 de febrero en la localidad de Barbacoas, declaró el gobernador a radio Caracol.
"De la primera (matanza) estoy totalmente seguro que fueron las FARC, en este segundo caso no puedo todavía confirmar el autor material", subrayó Navarro.
La ONIC y las autoridades civiles de Nariño denunciaron que los guerrilleros torturaron y asesinaron el 4 de febrero a por lo menos 17 indígenas Awá, acusándolos de cooperar con el Ejército al no comunicar a los rebeldes la presencia de militares en la zona.
Con alrededor de 21.000 personas, los Awá son el pueblo indígena más numeroso de Nariño, un departamento del suroeste de Colombia que sufre una de las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado.
En los últimos dos años, desde Nariño se han registrado más de un 10 por ciento de los casos de nuevos desplazamientos forzados en este país de alrededor de 44 millones de habitantes que enfrenta un conflicto interno de más de cuatro décadas.
Los Awá son unos de los 87 pueblos indígenas de Colombia y está entre los que enfrentan peligro de extinción como resultado del conflicto armado y el desplazamiento forzado, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La crisis humanitaria y territorial del pueblo Awá


“El arraigo a su territorio, el concebirse como un pueblo con autonomía, con gobierno propio y su identidad son los pilares de la cosmovisión del Pueblo Awá; no estar sometidos a ninguna ideología, a ningún actor armado, sino basados en la autodeterminación”. Son palabras de Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC, pronunciadas en la conferencia de prensa en la que denunció estas matanzas.

Luis Evelis Andrade, considera estos actos de las FARC como 'demenciales' y lamenta que aunque era algo que se venía denunciando, el gobierno no haya tomado las medidas de prevención para salvaguardar la vida y la integridad de este pueblo que desde hace décadas viene padeciendo el rigor del conflicto armado que vive Colombia.
Sólo al pueblo Awá, desde septiembre del 2008, que comenzó la movilización de los indígenas colombianos en la denominada Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, les han asesinado 44 de sus miembros, cifra que puede aumentar con las masacres de esta semana. En los 43 primeros días del 2009, han sido asesinados más de 58 indígenas en todo el país.
Los más recientes ocurrieron este miércoles 11 de febrero, cuando en la comunidad de Tangarial, entre los resguardos El Sande y Tortugaña, a dos días de camino del municipio de Samaniego, fueron masacrados más de 10 indígenas cuando se aprestaban a desplazarse, del territorio. “No es fácil el acceso, son dos días de camino de herradura hasta Tangarial, y otras dos comunidades más que hacen parte del resguardo El Sande, como El Recodo y Charco Largo, donde viven más de 400hermanos, de quienes no sabemos su suerte”, según el informe de una autoridad indígena de la zona. Por lo que ninguna comisión ha podido llegar al lugar para conocer con certeza la dimensión de la masacre. Tampoco han sido rescatados los cadáveres ni de los 10 últimos ni de 17 primeros. Además hay 5 desaparecidos, "tres indígenas que se arriesgaron a entrar al territorio en busca de sus familiares y que no han regresado”.

El consejero Mayor de la ONIC, afirma que el exterminio 'de los hermanos Awá', ocurre , “en el marco de la Política de Seguridad Democrática que no protege a los indígenas, sino que ha llevado la guerra a sus territorios ancestrales. El Pueblo Awá ha sido además sometido a bombardeos, ametrallamientos por parte de la Fuerza Aérea y del Ejército, a fumigaciones aéreas sin aviso, cuyos comandantes niegan incluso los combates previos y posteriores a la masacre cometidas por las FARC, o por otro actor armado en la zona”. Así mismo, denuncia que “los militares violan los derechos humanos de las comunidades Awa y en general de los pueblos indígenas y el DerechoInternacional Humanitario. Violan el principio a la proporcionalidad de fuerzas y el principio del respeto por la población civil, incluso sus propias directivas diferenciales”.

¿ Qué hay detrás de esta masacre?


Luis Evelis Andrade explica que el departamento de Nariño es una zona estratégica de frontera donde están en marcha muchos proyectos económicos y de infraestructura, además del control territorial que se disputan los actores armados legales e ilegales, y que también es corredor de tráfico de drogas.

Por la zona, donde viven los indígenas se proyecta incluso el paso de una línea de infraestructura como es el IIRSA, un ambicioso megaproyecto que vendría desde el Caribe, “una serie de intereses sobre los recursos naturales existentes se juegan allí y esto hace que haya una fuerte militarización para proteger la entrada de las multinacionales que vienen a explotar las riquezas. A esto se suma los constantes enfrentamientos entre guerrillasde las FARC y ELN, entre estas y el Ejercito nacional, entre guerrillas y paramilitares, entre narcotraficantes, que cada cual quiere controlar elterritorio, irrespetando la Autonomía y el Gobierno Propio de los Indígenas, violando así sus derechos como pueblos, los humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

La ONIC le exige a las FARC que entreguen los responsables materiales e intelectuales de estas masacres para ser juzgados por la Justicia Indígena y pide la solidaridad nacional e internacional , para que se pronuncie sobre estos hechos y adopte las mediadas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y territorial del pueblo Awá. También exige que todos los actores armados sin excepción desmilitaricen y acaben con la ocupación de sus territorios indígenas.
El ACNUR se muestra conmocionado


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pide una rigurosa investigación de los hechos, el respeto a todas las partes involucradas del Derecho Internacional Humanitario y exhorta al gobierno colombiano a cumplir su obligación de proteger a los civiles y tomar medidas especiales para preservar la población indígena.
El ACNUR informa que en la zona de Nariño donde se produjeron los crímens, la población se encuentra extremadamente atemorizada, lo cual incrementa la preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo en los próximos días. La zona, ubicada a lo largo del río Telembi, entre los pueblos de Ricaurte y Barbacoas, se encuentra considerablemente aislada y es dedifícil acceso, con presencia de minas antipersonales.

La oficina del ACNUR en la zona ha venido trabajando de cerca con la comunidad Awá, que como muchos grupos indígenas colombianos han luchado por años para mantenerse fuera del conflicto. Esta oficina considera que el pueblo Awá, ubicado en el departamento de Nariño, aunque vive en un territorio protegido, eso no ha impedido el ingreso de los grupos armados a sus tierras. Y los indígenas Awá han sufrido graves violaciones de sus derechos , incluyendo constante presión y persecución, reiterados asesinatos y desplazamientos forzados. En los últimos años, ellos han sido forzados a abandonar sus tierras enrepetidas ocasiones. Algunos indígenas han cruzado la frontera para buscar refugio en Ecuador.

"El ACNUR se encuentra conmocionado, lamentamos profundamente los asesinatos y ofrecemos las más sinceras condolencias al pueblo Awá, reiterando nuestro apoyo a su derecho a vivir en paz en su territorio y reafirmando nuestro compromiso para continuar trabajando con ellos. Además, hacemos un llamado para realizar una investigación urgente e independiente a cerca de los hechos ocurridos, y a tomar medidas deprevención, rápidas y efectivas, como seguir las alertas tempranas que repetidamente emite la Defensoría del Pueblo del departamento deNariño", dice esta organizacón de la ONU en un comunicado.
Con 12 oficinas en Colombia, el ACNUR trabaja con el Estado, apoyándolo para cumplir su deber de protección, y con las organizaciones indígenasa lo largo del país. Parte del esfuerzo que se esta llevando a cabo consiste en aumentar la conciencia acerca de la magnitud de la crisis que vive el país .

La senadora Piedad Córdoba pide el esclarecimiento de los hechos



El grupo de intelectuales "Colombianos y Colombianas por la Paz" pide a la jefatura de las FARC que se pronuncie sobre el asesinato de indígenas de la comunidad Awá presuntamente por guerrilleros de esa agrupación.

En un comunicado, exigen a las autoridades el "esclarecimiento total de los hechos" y al Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "un pronunciamiento publico respecto de ese vergonzoso" suceso.
El documento, suscrito por 125.000 personas, entre ellas la senadora de oposición Piedad Córdoba, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el sur de Colombia.
El grupo de intelectuales y las FARC mantienen un intercambio epistolar desde hace varios meses y, gracias a él, la guerrilla liberó de forma incondicional a dos políticos, tres policías y un militar entre el 1 y el 5 de febrero.
Por petición de esa guerrilla, la senadora Córdoba encabezó la comisión humanitaria, en la que también participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Brasil.
(Fuentes: AFP, Reuters, ONIC, EFE y Codhes)

15.9.08

Bolivia: Crisis Política

LA DERECHA SE VE OBLIGADA A NEGOCIAR, DESPUÉS DE LA MASACRE PERPETRADA CONTRA LA POBLACIÓN DESARMADA POR GRUPOS PARAMILITARES AUTONOMISTAS


.Pruebas y testimonios de la matanza y los ataques racistas.

Zaida: “Disparaban al agua para matarnos”

Vanesa: "Lloraban niños, tenían ametralladoras”


Nos amanecimos en una zanja profunda toda la noche, cuenta Zaida del municipio de Filadelfia. “Había una mujer que no sabía nadar con sus niños, como lloraban… ¡mamá no quiero que te maten! No tenían compasión de nosotros”, señala Vanesa Yubacero. “Nosotros íbamos en una camioneta, y escuchamos el tiroteo en contra nuestra”, narra un estudiante de la Normal de Maestros de Filadelfia.

Estas frases corresponden a los testimonios de los sobrevivientes de la Masacre de Pando, recopilados por la cadena radial boliviana Red Erbol durante tres días.

-La señora Zaida una campesina del municipio de Filadelfia relata la odisea que vivió el pasado jueves:(AUDIO)Ahí nos amanecimos en una zanja profunda que la abrió a las tres de la mañana, estaban las volquetas del Servicio Departamental de Caminos (SEDECAM), nos han traicionado los policías, ellos no nos han protegido, nos pedían que nos quedemos, y nos alcanzó una volqueta que desde ella nos dispararon…intentamos escapar por el río, pero disparaban al agua para matarnos”.

-Vanesa Yubacero, campesina, con su voz entrecortada por las lágrimas recordó la emboscada de la que fue víctma : (AUDIO)“Yo estuve de la comunidad Nuevo Triunfo, llegamos al Puente Pozo menor de cinco metros, ahí estábamos cuando amaneció nos dijeron mejor que retrocedan y nos siguieron… seguimos adelante y los policías nos detuvieron, vamos a ver cómo pueden, esperamos nadie nos regalaba agua, nos rodearon no nos dio tiempo, dispararon a los niños, cómo morían, con tiros en el corazón como lloraban esos niños, con esas ametralladoras. Escapaban por el monte y ahí se largaban los tiros, había una mujer que no sabía nadar con sus niños, como lloraban… ¡mamá no quiero que te maten! no tenían compasión de nosotros”, concluyó una de la sobrevivientes.

-Otro testimonio de una señora que vive en Cobija quien no quiso idntificarse por temor a las represalías (AUDIO) señaló a los funcionarios de la Prefectura como los culpables del asesinato de los campesinos en El Porvenir.

-Una mujer que vive en Cobija denunció ante los micrófonos de Erbol que los grupos que dominan Pando son muy violentos:(AUDIO) “Son dos grupos, han saqueado, han robado no es posible que entre los bolivianos nos matemos

-Un campesino de Filadelfia, municipio que sigue siendo "blanco" de los ataques de los sicarios, agradecio la presencia militar que para él es una garantía para poder circular libremente:(AUDIO)Cobija ya está tranquila por la presencia de los militares, pero ahora la guerra se ha trasladado a los municipio, tenemos entendido que hay mucha gente que está malherida en el monte, y hay compañeros que siguen en el camino pero no podemos retornar al campo porque no tenemos seguridad”.

-Oscar estudiante de la Normal de Filadelfia, quien notablemente nervioso relató relató:(AUDIO) “Nosotros íbamos en una camioneta, y por nuestro lado se apareció una volqueta de la Prefectura y nos empezaron a disparar en contra de nosotros". Oscar ahora está escondido en Cobija porque tome por su vida.

-A 25 sube el número de muertos, 25 son los heridos y hay 106 desaparecidos tras la brutal masacre del pasado jueves en el municipio de El Porvenir, según los datos de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando.


Así opera la Unión Juvenil Cruceñista

Varios sicarios al servicio del prefecto de Pando, huyeron a Brasil tras las matanzas


El gobierno boliviano informó este domingo que varios sicarios que masacraron a campesinos en la población pandina del Porvenir, presuntamente por órdenes del prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández, huyeron al Brasil, por lo que gestiona su detención y extradición inmediata ante las autoridades brasileñas. "Se han ido al lado brasileño , estamos haciendo las gestiones con Brasil para que puedan detener allí a las personas que estén portando armas, por supuesto eso de portar armas es ilegal en cualquier lugar del mundo", dijo ministro de Defensa, Walter San Miguel, al referirse a los matones que acribillaron a varios campesinos en Pando.

En la madrugada del domingo sin necesidad de hacer uso de armas letales, las Fuerzas Armadas ingresaron en la ciudad de Cobija y luego se dirigieron a otras poblaciones conflictivas como Filadelfia y Porvenir para restablecer el orden y frenar la violencia criminal desatada por paramilitares y sicarios promovidos por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. La matanza, se produjo cuando campesinos e indígenas que se dirigían a Cobija para realizar un cabildo, fueron embocados en el sector Tres Barracas, cerca de Porvenir, luego masacrados y acribillados por sicarios al servicio de principal acusado de genocidio, el prefecto Leopoldo Fernández.
El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, y el viceministro de Descentralización, confirmaron a su turno, que el ejército ha retomado de forma paulatina la capital pandina y que un destacamento se dirigió al lugar de la masacre campesina para pacificar el lugar y prestar ayuda a humanitaria a los familiares de las víctimas y a las decenas de heridos.
La masacre campesina más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, dejó cerca a 20 muertos, decenas de heridos y desaparecidos.
El Ministro de Defensa añadió que muchos 'cívicos' (como se denominan los grupos autonomistas) que actuaron en calidad de sicarios contra campesinos huyeron al Brasil, ante la llegada de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del estado de sitio dictado por el Ejecutivo el último viernes.

La derecha obligada a dialogar tras las masacres y el pillaje autonomista

Los opositores de derecha agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde) suspenden temporalmente las violentas movilizaciones callejeras y comienzan a negociar en desventaja con el gobierno de Evo Morales, estigmatizados dentro y fuera del país como articuladores de un movimiento delincuencial y "golpista".

Los dirigentes políticos, cívicos y empresariales del Conalde encargaron al prefecto tarijeño Mario Cossío abrir el diálogo con el gobierno con el desafío urgente de pacificar el país y preparar el terreno para un acuerdo nacional de reconciliación.
El dirigente cívico cruceño Branco Marinkovic instruyó a sus grupos de choque a levantar el bloqueo de carreteras en el departamento para pacificar el país, pero no aclaró si devolverá al Estado las instituciones tomadas o si se designará a nuevas autoridades al mando del prefecto Rubén Costas.

El Ejecutivo se abre al diálogo pero al mismo tiempo el Presidente Evo Morales inicia la campaña oficial para aprobar la nueva Constitución Política del Estado, rechazada por la oposición derechista.
Además, el Vicepresidente, Álvaro García Linera, recalcó que las negociaciones se enmarcan sólo en las demandas regionales de autonomía y que los crímenes no son parte de la agenda del diálogo: "Con el crimen no vamos a negociar, con la masacre no vamos a transar". El Vicepresidente dijo que "los asesinos no son interlocutores"; que el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández debe ser detenido y juzgado. Y que, de momento, los demás prefectos de los departamentos indsurrectos "son interlocutores válidos mientras se demuestre su responsabilidad en los actos delictivos", precisó García Linera.

El movimiento autonomista se ha desprestigiado en Santa Cruz.

El saqueo impune y la destrucción de oficinas públicas indigna a gran parte de la población cruceña, sobre todo del Plan 3000, populosa barriada de indígenas pobres.

En esta barriada varias veces fueron derrotados unionistas armados con palos, hondas, bombas molotov y armas de fuego que intentaron saquear y golpear a los collas rebeldes. Activistas de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista, de ideología fascista) huyeron con las cabezas partidas del combativo el Plan 3000 en los últimos días.
El sábado, el clan cívico empresarial movilizó a grupos de choque hacia la localidad de Tiquipaya, a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, con el fin de romper el bloqueo de cientos de opositores. Los activistas de la Unión Juvenil Cruceñista fueron duramente castigados y expulsados.

Las organizaciones sociales que forman el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) suspendieron la marcha nacional que debía partir el martes 16 de Caracollo (Oruro) hacia La Paz para sitiar el Congreso hasta que se apruebe la ley de convocatoria al referéndum constitucional.

Cerco a Santa Cruz y movilización nacional

El Conalcam decidió mantener el cerco a Santa Cruz para hacer fracasar la Expoferia de los empresarios.
Organizaciones sociales afines al gobierno bloquean caminos en Yapacaní y San Julián en el departamento de Santa Cruz. Cocaleros y campesinos cortaron rutas en Bulo Bulo y Pojo, departamento de Cochabamba. También están bloqueadas la ruta en Puerto Suárez, fronteriza con Brasil, y el ingreso a San Matías. En Quillacollo, campesinos impiden el paso de alimentos destinados a la ciudad de Santa Cruz.
El cerco a Santa Cruz comenzó el martes de la semana pasada exigiendo la convocatoria a un referéndum por el nuevo texto constitucional. En un ampliado de emergencia, colonizadores de Yapacaní, Santa Cruz, decidieron iniciar el bloqueo en las carreteras hacia Cochabamba y Trinidad, con el apoyo de regantes, campesinos y cocaleros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una movilización nacional el martes 16 contra los prefectos fascistas y no se descartó una marcha hacia la ciudad de Santa Cruz para realizar un ampliado nacional de los trabajadores, campesinos y pueblo pobre en general.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declaró en estado de emergencia y anunció movilización en defensa de la democracia y la unidad del país. No se permitirá que se repita la masacre que se desató en contra de los campesinos y colonizadores.
Organizaciones sociales ya piensan en acciones de hecho para recuperar las tierras usurpadas por los terratenientes. El líder de los colonizadores y presidente del Conalcam ,Fidel Surco amenazó "ahora sí con tomar tierras si los prefectos no devuelven las instituciones estatales tomadas".

(Fuentes: Red Erbol, Bolpress y ABI-Agencia Boliviana de Información)

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